12 de junio de 1974: Bonapartismo de guerra contra la clase obrera
El peronismo gusta en estos días presentarse otra vez como el muro contra el avance de la derecha “quita derechos”, aun con un referente de la más profunda connivencia con el imperialismo y las patronales, Sergio Massa, ministro de economía y candidato presidencial de la Unión por la Patria.
El diario La Nación, vocero en su multimedio de la oposición derechista de Juntos por el Cambio, acaba de hacer una descripción de la política del pejota de Alberto, Cristina y Massa describiéndolo como un gran canal de desarrollo de las políticas “anti-derechos” y del ajuste de la derecha.
Bajo el título “Massa ajustó fuerte el gasto en jubilaciones y programas sociales durante el primer semestre”, el diario mitrista señala que la caída del gasto público fue del 9,8% real interanual, mientras que subieron los pagos de intereses de la deuda y, tomado en un año, fue casi del 20% (15.07.2023).
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, por primera vez en el año, se observan reducciones en todos los componentes de las prestaciones sociales: jubilaciones y pensiones (-4,6%), asignaciones familiares (-28,2%), pensiones no contributivas (-0,1%) y programas sociales (-23,8%). Entre estos últimos se encuentran el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar.
Esta política se aplica en forma conjunta con la regimentación de los sindicatos por parte de la burocracia sindical, pero cuando ello no alcanza, echan mano de las patotas sindicales y la represión, como ocurrió con el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra o en las represiones de Sergio Berni en la panamericana o en Guernica.
Y cuando las masas superaron incluso estas barreras, para frenar el alza obrera el peronismo no dudó en utilizar el terrorismo paraestatal en colaborar directamente con la dictadura genocida de 1976.
Las circunstancias que analizaremos en esta nota dan cuenta de esta afirmación.
Perón presidente por tercera vez
Juan Domingo Perón fue electo presidente por tercera vez en las elecciones del 23 de septiembre de 1973, imponiéndose con el 62% de los votos, contra el candidato radical Ricardo Balbín. Asumió el 12 de octubre, junto a su mujer, Isabel Perón, como vicepresidenta.
Los comicios se realizaron luego de un golpe derechista interno, que condujo a la renuncia de Héctor J. Cámpora, el candidato puesto por el propio Perón para las elecciones precedentes, en las que el peronismo retornó al poder, después de 18 años, con la fórmula Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima.
Cámpora había asumido el 25 de mayo de ese año, pero duró apenas 49 días. “Renunció” el 13 de julio.
El “operativo retorno” del peronismo, tan resistido por la burguesía argentina durante casi dos décadas, se puso raudamente en marcha luego de que la dictadura militar de Juan Carlos Onganía fuera derrotada a tres años de su instauración. Con la gesta del Cordobazo de mayo de 1969, la clase obrera, había puesto en retirada al régimen antiobrero y entreguista, abriendo una situación revolucionaria en el país.
La crisis política obligó a la burguesía argentina y a los sucesores del onganiato (los generales Levingston y Lanusse, especialmente este último) a instrumentar una salida electoral que evitase la caída de la dictadura por la movilización popular, rehabilitando un nuevo ciclo del proscripto peronismo en el gobierno nacional, en la expectativa de que este pudiera frenar el alza obrera.
El peronismo volvía al centro del escenario político, para regimentar a la clase obrera y defender el ajuste contra los trabajadores impuesto desde el golpe gorila de la autodenominada Revolución Libertadora del 16 de setiembre de 1955, que derrocó a Perón a mitad de su segunda presidencia.
La clase obrera desbordó a Cámpora
El peronismo volvió al gobierno en medio de un ascenso de las luchas obreras y de la juventud y de sus ilusiones de que restituiría sus conquistas y condiciones de vida. La juventud estaba mayormente enrolada en los sectores de la izquierda peronista de la época. El viejo pejotismo, en especial la burocracia sindical, estaba completamente desprestigiado ante las masas, por su colaboracionismo con los regímenes ajustadores, gorilas y anti-obreros del período 1955-1973.
El triunfo de Cámpora, que la burguesía esperaba fuera un muro de contención de la clase obrera, efectivamente fue un factor de desvío político después del Cordobazo, pero no de desmovilización de los trabajadores. Después de 18 años de gobiernos gorilas de explotación y miseria, la clase obrera argentina consideró que había conquistado el momento para la restauración de los derechos perdidos y redobló su movilización para obtenerlos, chocando objetivamente con la política de ajuste del peronismo, sostenida por el presidente Cámpora, la izquierda peronista (Montoneros) y los sectores de la derecha ortodoxa del PJ, encarnada por el ministro de Acción Social, José López Rega.
La convivencia entre facciones internas, pero unidas detrás de una política de ajuste, no es una novedad del período actual del peronismo de los Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Un pilar fundamental de esa política de ataque a la clase obrera fue el denominado “Pacto Social” que, apenas asumió Cámpora, congeló los salarios anulando las paritarias por dos años. El tijeretazo peronista se llevó a cabo con la plena conciencia de que era una continuidad pura de la reducción salarial impuesta por los gobiernos gorilas en el pasado. En el “Acta del Compromiso Nacional” firmada por la Confederación General Económica (CGE), representante de las patronales, por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el gobierno, el 8 de junio de 1973, se señalaba que “durante los últimos 18 años el país ha asistido a un proceso de injusta redistribución del ingreso por el cual los trabajadores asalariados, que alcanzaron una participación de más del 50% del ingreso nacional durante el gobierno del general Perón, hoy lo hacen en solo un 36,1%, lo que demuestra claramente el proceso de injusticia social” que, era claro, no se iba a revertir congelando salarios y paritarias. Acompañaba esta farsa demagógica de justicia social, el congelamiento de precios, luego de que los capitalistas los hubieran elevado hasta las nubes, creando un colchón astronómico. Efectivamente, “advertidas del signo distribucionista del futuro gobierno, las empresas incrementaron anticipadamente sus precios, antes de que este tomara posesión”1 (Juan Carlos Torre, Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo).
El Pacto Social suspendió paritarias y salarios pero no pudo congelar los conflictos y luchas obreras que lo enfrentaron: “20 días después del ascenso de Cámpora había 176 fábricas ocupadas por la clase obrera, y entre junio y setiembre de 1973, más de 120 conflictos salariales registrados” 2(Elizabeth Jenin, Conflictos laborales 1973-1976).
Los reclamos se establecían en muchos casos buscando subterfugios –que gambetearan la prohibición de reclamos de incrementos de sueldos– como “la reclasificación de tareas, o reinterpretación de cláusulas de convenios vigentes”. En el caso de los trabajadores públicos, especialmente en el interior, se exigía la equiparación de las escalas salariales con las de los empleados nacionales, que tenían salarios más altos. En las empresas privadas se perseguía también la vigencia de estatutos que ya habían sido aprobados pero que aún no se habían puesto en práctica. Además, se sumaban huelgas y conflictos por reincorporaciones de cesanteados, por condiciones laborales, con destacada intervención de las comisiones internas y de activistas anti-burocráticos. “Numerosas disputas comenzaron a manifestarse entonces en el plano sindical, con un alto grado de movilización popular y la actuación conspicua de militantes de oposición sindical o independientes. El descontento con la gestión de los sindicalistas locales se canalizaba a través de asambleas y reuniones en las fábricas, en las que se exigía a los delegados que asumieran las demandas obreras o renunciaran. Frecuentemente se elegían comisiones internas provisorias, demandando al sindicato la convocatoria a nuevas elecciones locales” 3(Elizabeth Jenin, ídem).
La efervescencia obrera estaba acompañada también por reclamos, manifestaciones y ocupaciones estudiantiles (en colegios y universidades), de organizaciones de lucha por la vivienda, etc.
Perón asume la ejecución de la política derechista
La consigna de la campaña electoral en 1973 fue “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. Cámpora fracasó rotundamente en llevar a cabo la política de Perón y del conjunto de la burguesía y fue superado por la movilización popular. Había que dar un rápido golpe de timón.
La “Masacre de Ezeiza” fue producida por el ataque a los tiros contra la multitud en el acto de recepción de Perón con motivo de su regreso definitivo al país el 20 de junio de 1973. Orquestada conscientemente o aprovechada por Perón, fue llevada adelante por los grupos de tareas de la derecha del PJ (especialmente contra las columnas de la izquierda peronista) y fue la excusa para el desplazamiento de Héctor Cámpora, quien fue reemplazado por el derechista Raúl Alberto Lastiri, en ese momento presidente provisional de la Cámara de Diputados. Para que Lastiri llegara a la presidencia debieron renunciar el vicepresidente y el presidente provisional del Senado. Todo un golpe de Estado. Lastiri, cuyas virtudes eran ser yerno de José López Rega y dueño de una colección de 1000 corbatas, convocó a nuevas elecciones para el mes de setiembre, que llevarían al viejo líder otra vez al ejercicio directo del poder.
Ese giro derechista de Perón para restaurar el régimen de dominación política que Cámpora no pudo sostener contó con dos ejes fundamentales, que anunciaron una tendencia que se profundizaría con el gobierno de Isabel Perón y que después se cristalizará con la dictadura genocida de 1976.
El primero de esos ejes es la unificación de la mayor parte de la burguesía detrás del plan de ajuste del peronismo contra la clase obrera. El segundo, el despliegue creciente de una política de represión paraestatal, de terrorismo de Estado, volcado a perseguir y asesinar a dirigentes y activistas del movimiento obrero y opositores en general a su gobierno.
En primer lugar, a comienzos de 1974, se produjo la fusión entre la Confederación General Económica (CGE) –representante de una burguesía nacional vinculada al peronismo– y la Unión Industrial Argentina (UIA) –referente de la gran burguesía industrial–. La integración dio por resultado a la CINA, la Confederación Industrial Nacional. De esta forma la mayoría de los capitalistas se encolumnaron con Perón, señalando “su coincidencia con los objetivos generales enunciados en materia económica por el superior gobierno y con los propósitos que han originado el Acta de Compromiso Nacional”, esta última, fue la que puso en marcha el pacto social.
En segundo lugar, desde la caída de Cámpora en adelante comenzó una avanzada ascendente de terrorismo paraestatal contra la clase obrera. “En los meses que siguieron, con Cámpora fuera de circulación y Raúl Lastiri como presidente interino, López Rega fue engrosando (por orientación expresa de Perón) su guardia armada en el Ministerio de Bienestar Social –ex policías exonerados por crímenes y robos, el primer círculo de la Triple A– y junto a un puñado de jóvenes peronistas –la Juventud Peronista República Argentina (JPRA)– a los que empleó en el Estado para “ganarles la calle” a los montoneros y “la zurda” y “defender la doctrina”. El microcine del Ministerio fue utilizado como depósito de armas, importadas por contrabando. En agosto de 1973, después de Ezeiza, comenzaron las primeras señales: ametrallamientos, bombas, incendios en unidades básicas de la Tendencia (la izquierda peronista), secuestros, y también algunos militantes muertos en Rosario, San Nicolás y Córdoba. Los “grupos de choque” del sindicalismo también se organizaban: autos, armas y las decisiones sobre posibles blancos: delegados de fábricas, militantes barriales” 4(Marcelo Larraquy, Revista Noticias, 02-03-2017).
En octubre de 1973, a días de asumir Perón su tercera presidencia, los grupos de tareas del peronismo comenzaron a operar públicamente bajo la sigla de la “Triple A” ―Alianza Anticomunista Argentina― asesinando a militantes de izquierda, peronistas y no peronistas. En los dos años siguientes asesinaron entre 683 y 1100 personas, según diferentes fuentes.
El 13 de diciembre de 1974 fueron secuestrados por la Triple A del gobierno peronista, con la abierta colaboración de la burocracia sindical, nuestros compañeros Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano. Dos jóvenes trabajadores de la fábrica Miluz. El primero, delegado general; el segundo, principal activista de la fábrica de pinturas de zona Norte del Gran Buenos Aires. Sus cuerpos acribillados fueron encontrados dos días después en Avellaneda. Ambos eran dirigentes del Comité Zona Norte de Política Obrera (antecesora de nuestro actual Partido Obrero). Fischer también era miembro del Comité Central del PO. Fueron arrastrados desde arriba de un colectivo que tomaron en puerta de fábrica y que fue bloqueado varias cuadras después por comandos en varios vehículos que los venían siguiendo.
El giro derechista sumó la destitución de los sectores de izquierda del peronismo y las renuncias a sus cargos de todos los legisladores y gobernadores que estaban ligados de alguna forma a la izquierda peronista. En el caso de Córdoba, el gobernador Ricardo Obregón Cano y su vice, Atilio López, fueron desplazados luego de un golpe de la policía provincial dirigida por Antonio Navarro, que pasó a la historia como el “Navarrazo”, para derrocar al gobernador y el vice.
A tres días del desplazamiento del gobernador bonaerense Oscar Bidegain, a instancias de Perón y con el acuerdo de la Unión Cívica Radical de Ricardo Balbín, se aprobó en el Congreso Nacional una reforma penal que dio vía libre al accionar legal e ilegal de las fuerzas represivas, incluidas las fuerzas armadas, profundizado por el régimen de dictadura cívico-policial de hecho Isabel Perón y José López Rega, cuya “metodología” represiva fue un precedente político de la dictadura genocida de 1976.
12 de junio: Testamento contra los trabajadores
Pero Perón también fracasó.
Al finalizar el año 1973, el Pacto Social crujía por todos lados: congelaba salarios y precios por dos años. El impacto de la crisis mundial –la crisis del petróleo– disparó los precios de los productos importados requeridos por la industria nacional, e impactó de lleno en la economía argentina. Los capitalistas comenzaron a deslizar aumentos de precios. Y para burlar el “congelamiento” avanzaron alentando el desabastecimiento y el mercado negro. Segundas “nuevas” marcas, con precios más elevados, reemplazaban a los faltantes desabastecidos. Por supuesto los obreros no se quedaron de brazos cruzados aceptando el deterioro salarial. Los conflictos obreros, ante la desvalorización de sus salarios congelados, se profundizaron.
Dos meses antes de la muerte de Perón (1 de julio de 1974) “se registró el promedio mensual de conflictos más alto de los tres años del gobierno peronista. El porcentaje mayor correspondió a los que perseguían aumentos salariales. Desencadenados al margen de los acuerdos de la reciente negociación del Pacto Social, las luchas salariales en las empresas permitieron obtener incrementos salariales superiores a los ya elevados conseguidos por la CGT” 5(Torre, ídem).
El 12 de junio, en un esfuerzo final, Perón convocó a un acto híper regimentado a la Plaza de Mayo, con una movilización muy menor a la del 1° de mayo de 1974, y en su discurso amenazó a la clase obrera con dar una respuesta virulenta desde el aparato del Estado si no cesaban los conflictos fabriles, acusando a los trabajadores de ser responsables de la crisis económica en curso.
“Hay pequeñas sectas –dijo en su alocución– perfectamente identificadas, con las que hasta el momento fuimos tolerantes, que se empeñan en obstruir nuestro proceso; son los que están saboteando nuestra independencia y nuestra independencia política exterior; son quienes intentan socavar las bases del acuerdo social, forjado para lanzar la Reconstrucción Nacional”.
“Frente a esos irresponsables, sean empresarios o sindicalistas –señaló Perón– creo que es mi deber pedirle al pueblo no solo que los identifique claramente, sino también que los castigue como merecen todos los enemigos de la liberación nacional. Los que hayan violado las normas salariales y de precios, como los que exijan más de lo que el proceso permite, tendrán que hacerse cargo de sus actos”.
Esta amenaza supuestamente dirigida también para los empresarios agiotistas, sin embargo, solo estaba dirigida directamente a la clase obrera que protagonizaba los conflictos salariales antes mencionados. Al revés, Perón exculpó a la burguesía, y centró toda la responsabilidad sobre la clase obrera: “Algunos diarios oligarcas están insistiendo, por ejemplo, con el problema de la escasez y el mercado negro. Siempre que la economía está creciendo y se mejoran los ingresos del pueblo –como sucede desde que nos hicimos cargo del poder– hay escasez de productos y aparece el mercado negro. Lo que subsistirá hasta que la producción se ponga a tono con el aumento de la demanda. Por otra parte, el gobierno ha fijado los precios, pero cuando se cobra más de los precios fijados, el que compra debe ser el encargado de hacerlos cumplir, ya que el gobierno no puede estar cuidando el bolsillo de los zonzos, que hacen el juego a los especuladores”.
La clase obrera debía subordinarse a la política de ajuste del gobierno peronista, o sufrir el escarmiento. El fracaso de Perón en desmovilizar a los trabajadores protagonistas del Cordobazo, a pesar de su enorme autoridad política sobre la clase obrera argentina, abrió definitivamente, a su muerte, el camino al régimen criminal de Isabel y López Rega.
Cuando después de las huelgas de junio-julio de 1975, los millones de trabajadores, que habían votado masivamente al peronismo, enfrentaron al Rodrigazo y a la camarilla terrorista de Isabel y López Rega, la clase obrera derrotó el objetivo del regreso del peronismo de cerrar la etapa revolucionaria abierta por el Cordobazo. La burguesía argentina y el imperialismo, con la colaboración del PJ y del resto de los partidos patronales comenzaron, entonces, a organizar el golpe genocida de 1976.
A la derecha solo la derrota la izquierda que se planta
Los que ayer pavimentaron el camino al golpe genocida, hoy se presentan desde el peronismo como la garantía para frenar a la derecha que alimenta a la campaña electoral presidencial del 2023 con un mensaje fascista de ajuste y represión. Pero los Albertos, Cristinas y Sergios no solo son herederos de esta política histórica del pejota. Son además los aliados del gobernador-dictador Morales en Jujuy, y los que en Santa Cruz persiguen y encarcelan a los trabajadores que enfrentan el ajuste de Alicia Kirchner.
La derrota de la derecha, en todos sus términos, es tarea de la izquierda que se planta y que es parte de las luchas de la clase obrera contra este régimen de hambre y entrega, y que llama a los trabajadores y la juventud a organizarse para enfrentar y derrotar los planes de guerra contra el pueblo, de la Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y Milei, que se profundizarán después de las elecciones presidenciales.
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