Rechaza acusaciones contra Bacherer
Se reunió en La Paz, del 20 al 23 de noviembre, el Tribunal Moral Internacional convocado para esclarecer las acusaciones levantadas por el dirigente máximo del POR —Partido Obrero Revolucionario—, Guillermo Lora, contra Juan Pablo Bacherer y otros ex-militantes de aquel partido.
Sus sesiones fueron realizadas en los salones de la Universidad de La Paz y como miembros participaron Esteban Volkof, nieto de León Trotsky, residente en México, como presidente; Waldo Albarracín, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia; Catalina Guagnini, fundadora de la Comisión de Familiares de Desaparecidos de la Argentina; José María de Almeida, miembro de la Ejecutiva Nacional de la CUT; Ricardo Catoira, dirigente de la Central Obrera de Santa Cruz; Osvaldo Coggiola, historiador, vice-presidente del Sindicato Docente de la USP —Universidad del Estado de Sao Paulo— y Raúl Liendo, profesor universitario y ex-candidato por la URDA-URUS (frente integrado por el POR), y obtuvo una gran repercusión en la prensa boliviana.
El Tribunal se realizó en medio de grandes movilizaciones que paralizaron la mayoría de las universidades bolivianas —en las cuales, más de dos mil estudiantes, profesores y funcionarios, se encuentran en huelga de hambre—, contra la "Reforma Universitaria” que el gobierno intenta imponer. El Tribunal recibió amplia cobertura también de la prensa burguesa local.
El porqué del Tribunal
En 1994, en la conferencia nacional del POR, Guillermo Lora, 73 años y hace más de cuatro décadas, el principal dirigente del partido, reivindicó la expulsión de Juan Pablo Bacherer Solís, 45 años, profesor de Economía de la Universidad de La Paz, militante del POR, desde 1975, y que durante 20 años integró los más altos puestos dirigentes del POR primero del comité regional de La Paz (1976) y, después, del comité central (a partir de 1980).
Bacherer, que había presentado al POR una serie de documentos conteniendo críticas a la línea impuesta al partido por Lora, fue expulsado bajo el alegato de que era un “delator” y su exclusión acatada mediante un ultimátum de Lora a los delegados de la Conferencia, en el sentido de que en caso que no acatasen su propuesta, sería él quien se retiraría del partido para siempre.
Según el relato de diversos militantes del POR, Bacherer exigió en la propia Conferencia que se formase un tribunal partidario a fin de investigar las acusaciones hechas por Lora. Esa posición inicialmente aceptada por los delegados, fue rechazada por Lora, que exigió que la exclusión se procesase inmediatamente, sin que el acusado pudiese defenderse, lo que fue acatado por una diferencia de dos votos.
Cerca de seis meses después de su exclusión, Bacherer apeló la decisión al Comité de Enlace, organización internacional integrada por el partido boliviano y por otros tres inexpresivos agrupamientos políticos, reclamando que el mismo estructurase un tribunal internacional en el cual le fuese asegurado un amplio derecho de defensa. Tal como ocurriera en el POR, el agrupamiento internacional se rehusó a recibirla petición de Bacherer siguiendo la determinación de Lora.
A partir de ese momento, Bacherer tomó la iniciativa de proponer públicamente la conformación de un Tribunal Moral Internacional compuesto por militantes independientes de las dos fracciones en pugna, a fin de que se estableciese un juicio acerca de las gravísimas acusaciones presentadas por Lora. Con tal finalidad se formó una comisión por el Tribunal, la cual procuró divulgar la situación y crear las condiciones para la realización del evento.
Funcionamiento
La estructuración del Tribunal procuró repetir determinados caminos adoptados en la década del 30 por León Trotsky, que ante los procesos de Moscú creados por Stalin, quién lo acusaba entre otras cosas de agente del imperialismo alemán, estructuró un tribunal independiente, llamado Comisión Dewey, para considerar y juzgar las acusaciones que le fueron imputadas.
El Tribunal invitó para sus sesiones a Guillermo Lora y a cuantos quisiesen exponer cuestiones relevantes sobre el tema. En la carta en que los miembros bolivianos del Tribunal comunican a Lora las fechas, composición y procedimientos del mismo, se afirma el “deseo que éste viniese a tomar parte del mismo”, a fin de que “contribuya con esta causa que tiene como única finalidad establecer la verdad”. Este, en tanto, se excusó de comparecer, limitándose a publicar en su boletín partidario (Masas) insultos contra Bacherer (“delator rufián”) y los miembros del Tribunal (“canallas”, “antitrotskistas”, “contrarrevolucionarios”, etc.). Lora no se limitó a no comparecer y a dirigir agresiones contra el Tribunal durante su realización. Informado de la participación en el mismo de dirigentes sindicales bolivianos simpatizantes del POR, Lora procuró intimidarlos y convencerlos para que no participaran.
Conclusiones
Después de una serie de sesiones, donde tomó declaración al propio Bacherer y a otros ex-militantes y simpatizantes del POR, y en los cuales tuvo acceso a un abudante material publicado, tanto por el POR, bajo orientación de Lora, como por Bacherer, acerca de la militancia del compañero y de las acusaciones en su contra (material éste que, según el relato final del propio Tribunal, “se encuentra abierto a la consulta del público”), el Tribunal “emitió una resolución afirmando claramente que no encontró prueba de peso para justificarla expulsión de Bacherer” (Post Meridium, 23/11).
El tribunal “concluyó que la acusación de ‘delación* y de ‘colaboración con los organismos de seguridad del gobierno y del imperialismo*, no encuentran sustento en ningún tipo de pruebas, de hecho o de circunstancias”, por lo que “considera falsas las acusaciones contra Juan Pablo Bacherer y sus compañeros”, y “considera que éstos son merecedores, por parte del movimiento obrero popular y democrático, de la misma confianza que goza cualquier militante honesto del mismo”.
Además de la conclusión acerca de las acusaciones, el Tribunal condenó los métodos utilizados por Guillermo Lora en la lucha política contra las críticas levantadas por Bacherer y otros compañeros que le hacían oposición, destacando que “bajo ningún pretexto, tales acusaciones pueden ser lanzadas contra militantes obreros y populares sin el debido fundamento y más aún para sustituir el debate de las diferencias políticas”, para enseguida agregar que su actuación estaba ampliamente justificada en función de que “las acusaciones (presentadas) extrapolan el estricto marco político-partidario para transformarse en un problema de todo el movimiento obrero, popular y democrático, lo que torna un deber para la parte acusadora la presentación de pruebas”, para concluir que “la gran lección dejada por este episodio… es la total incompatibilidad entre la democracia obrera y este tipo de acusaciones lanzadas sin fundamento, que caen en el campo de la calumnia y dan armas a la reacción, para dividir y desvirtuar al movimiento obrero y popular”.
