Brasil salió a la calle: ¿y ahora qué?

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El movimiento nacional que estalló en junio pasado tuvo un anuncio en abril, en Porto Alegre, donde miles de estudiantes salieron a la calle, enfrentando la represión policial contra el aumento de tarifas de los autobuses; el movimiento juvenil se ha extendido, y desde fines de mayo, las calles de varias ciudades y capitales fueron tomadas por la protesta, sobre todo en Río de Janeiro y São Paulo, donde las manifestaciones se enfrentaron con la policía militar y transformaron el centro de estas ciudades en una verdadera plaza de guerra. La demanda inmediata del movimiento fue la derogación del aumento de tarifas de los autobuses en todas las ciudades. El movimiento se extendió rápidamente por todo el país, el principal organizador de las protestas fue el Movimiento Passe Livre (MPL), que lucha por la adopción del arancel cero (transporte público y gratuito para todos) como objetivo final. Eran numerosas ciudades con movilizaciones: Curitiba, Florianópolis, Campinas, Feira de Santana, Piracicaba, Goiania, Natal, etc.

Las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro fueron las que tuvieron el mayor número de protestas, así como las de mayor intensidad y juventud combativa para enfrentar a la policía y la policía antidisturbios, quienes reprimieron a los manifestantes con bastones, gas lacrimógeno, balas de goma y la detención de activistas; el único efecto que se logró fue el aumento en la radicalización de las protestas.

La protesta comenzó en São Paulo, el 6 de junio, con cerca de dos mil manifestantes contra el aumento de tarifas de los autobuses a 3,20 reales (1,60 dólares, un 50% más caros que en los Estados Unidos o Europa, por no mencionar el servicio).

Además de la tarifa exorbitante, los empresarios de transporte reciben subsidios de los gobiernos estatales y locales. En la confrontación con la policía militar en la Avenida Paulista, además de la represión, hubo detenciones de varios manifestantes, entre ellos el presidente del sindicato de Metrovias (Conlutas) Altino Plazeres.

El día 7 se produjeron nuevas manifestaciones y el día 11 hubo una gran manifestación de 15 mil personas que, desafiando la lluvia, enfrentaron la dura represión policial, que atacó no sólo a los manifestantes, sino también a periodistas y transeúntes que estaban cerca en el momento de la confrontación. Más de una veintena de personas fueron detenidas y trece fueron acusadas de conspiración (sin fianza), en un claro intento de silenciar y aplastar el movimiento. El día 13 hubo nuevas manifestaciones, así como enfrentamientos y encarcelamientos, pero el MPL prometió que no sólo finalizarían las manifestaciones con la reducción de las tarifas.

El MPL reúne a estudiantes y jóvenes trabajadores y cada vez más desempleados de las periferias de las ciudades brasileñas y algunas organizaciones de izquierda. Durante las primeras manifestaciones, Dilma Rousseff ofreció el apoyo de «Fuerza Nacional» (un invento represivo de «contrainsurgencia» montado por el gobierno del PT), a los gobernadores y alcaldes «en problemas».

A principios de la manifestación del jueves 13 de junio frente al Teatro Municipal, todo estaba tranquilo, a excepción de las requisas hechas por la policía para arrestar a cualquier persona que pudiera estar con algo que consideraban sospechosos, incluyendo vinagre. Muchos manifestantes distribuyeron flores entre los activistas y los propios policías. Pero hubo muchos «P2», agentes encubiertos, entre los manifestantes. La marcha siguió organizada y sin ningún tipo de violencia, mientras los manifestantes habían caminado unos 30 minutos, la consigna era «sin violencia»; es decir, sin provocación. Cuando la manifestación llegó a la plaza Roosevelt, las tropas de choque entraron unos por la parte frontal del acto y otros por atrás, atrapando a los manifestantes. La Policía Militar (PM) comenzó una represión violenta y generalizada. La policía antidisturbios disparó y tiró contra la multitud: nuevamente balas de goma, gas pimienta y gas lacrimógeno. La represión generalizada duró cinco horas, aterrorizando también a los transeúntes que pasaban por la zona. Ni los periodistas con identificación se salvaron: siete de ellos de Folha de São Paulo fueron heridos, incluida una periodista que se lesionó un ojo por un disparo de bala de goma. Los estudiantes que salían de una facultad fueron revisados uno por uno. Algunos pocos trataron de improvisar, como defensa, barricadas con sacos de basura, lo cual alimentaba el fuego. La «violencia» de los manifestantes no pasó de eso. El mismo día 13, Río de Janeiro también paró y hubo manifestaciones contra el aumento de las tarifas cariocas.

El PM «subpreparado» (en realidad, demasiado preparado para su función principal) golpeó con una madera a un periodista que llevaba vinagre, un material declarado para la preparación de explosivos por un comandante de la PM, dentro de una línea de pensamiento abierto hace diez años, cuando los comandantes militares del ejército superpreparado de Estados Unidos en Irak exhibieron tambores de insecticidas como «armas de destrucción masiva», adhiriendo, tal vez sin proponérselo, a la campaña ecológica mundial contra el uso de pesticidas. Nadie se salvó en Sao Paulo. Gente desmayada, gritos, cientos de hombres y mujeres detenidos y heridos graves, incluyendo ancianos y niños. ‘Seguridad’: el gobierno justificaba los gastos mega-faraónicos de sus eventos con el argumento de que el principal resultado de la Copa Confederaciones, de la Copa Mundial 2014 y de los Juegos Olímpicos 2016 (más allá de las victorias de Brasil) sería la institucionalización de los «nuevos sistemas de seguridad…».

Después de la cuarta ronda de protestas, en las que una manifestación de 20 mil personas en Sao Paulo fue atacada salvajemente por la PM (con un saldo de 150 detenidos y 55 heridos), se nos informó que «la dirección del PT no estaba satisfecha con la actuación del alcalde Fernando Haddad en relación con las protestas contra la tarifa. Y por temor a la nacionalización del problema, decidió intervenir para evitar la contaminación de la imagen del partido en todo el país». Demasiado tarde. La presidenta Dilma Rousseff fue abucheada (tres veces) en la apertura de la Copa Confederaciones. La «contaminación» llegó a Brasilia. Más importante, quizá, Joseph Blatter (presidente de la Fifa y de la mafia internacional, de acuerdo a Diego Maradona, que aprendió algo sobre el tema en Nápoles) pidió respeto y fue abucheado aún más. El problema ya estaba «nacionalizado” (Río de Janeiro, Goiania, Porto Alegre Navidad tuvieron sus manifestaciones, además de Sao Paulo) e incluso «internacionalizado» (si no que lo diga Blatter), con piquetes en solidaridad con los manifestantes brasileños en varias capitales del mundo (Francia, Alemania, Portugal y Canadá).

Los fans del Estadio Mane Garrincha sólo fueron (circunstancialmente) los últimos de la lista. Hasta la juventud del PT declaró su apoyo a las protestas. Y la viuda de Mane, Elza Soares, cantó una nueva samba: «yo no pago 20 centavos de reales».

Brasil se puso de pie para luchar y los diarios del mundo se hicieron eco

El gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, había negado cualquier posibilidad de revocación de los aumentos, y el alcalde Fernando Haddad, del PT, se solidarizó con la represión, como también lo hizo la bancada de su partido en Alesp. Para los medios de comunicación, hasta el 13 de junio sólo había «matones» en las calles: desde el 17 de junio, el gran día del viraje había «manifestantes». Millones de personas salieron a las calles en más de 600 ciudades, sin coordinación previa. Cuando, a mediados de junio y antes del retiro de las autoridades en relación con el «tarifazo» urbano, el MPL -que hizo la convocatoria inicial- llamó a salir las calles, y las protestas aumentaron. Los comentaristas de turno expresaron su «sorpresa» e incluso se sintieron «aturdidos» por el crecimiento, geométrico y nacional, del movimiento. El editorial de Folha de São Paulo (18/6): «Todo parecía un maravilloso oasis en Brasil y, de repente, estamos reviviendo las manifestaciones en la plaza Tahrir de El Cairo, por lo pronto, sin previo aviso, y sin un crescendo. A todos nos tomó por sorpresa. Del paraíso, nos deslizamos como mínimo al limbo. ¿Qué está sucediendo en Brasil?». Es simplemente que el oasis de Folha de São Paulo tiene poco que ver con el desierto de los explotados brasileños. La lucha de la juventud comenzó una nueva fase política. En junio, el pueblo brasileño y los jóvenes comenzaron una movilización histórica. Se inició en rechazo al aumento de las tarifas de transporte urbano y rápidamente se convirtió en una movilización masiva en contra de todo el sistema político.

El MP pidió una tregua de 45 días para llegar a un acuerdo. Fernando Haddad -perfecto ejemplo de tecnócrata del PT, que creció a la sombra de los cargos administrativos, obtenidos a caballo del esfuerzo de miles de militantes populares en la década de 1980 (y la resistencia contra la dictadura en los años ’60 y ’70)- dijo desde la inspiradora París que aceptaría sentarse a discutir y negociar, pero sin renunciar a los 3,20 reales. Siendo doctor (y docente) en Ciencias Políticas en la USP, ¿será donde aprendió el significado de las palabras «debate» y «negociación»? El largo tiempo de licencia en los puestos docentes parece haberle hecho olvidar lo básico de la cátedra. Sentado a su lado estaba el gobernador, que se metió en los asuntos metropolitanos y dio carta blanca para que la PM estadual actuara, como si su partido no hubiese perdido las elecciones municipales, y demostró que se toma muy en serio su relación con el Opus Dei, declarando a los manifestantes como «vándalos» (para honra de los nobles guerreros paganos de las estepas de Europa). Ya el gobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), calificó a las manifestaciones como «políticas» e invocó su condición de ex militante del Partido Comunista para justificar la represión. En Río, todos los pasajeros del metro han sido sometidos a requisas policiales ordenadas por los ex comunistas.

(Desde las páginas de la Folha de São Paulo -un periódico que, como de costumbre, se tomó su tiempo para cambiar el adjetivo de «matones» a «manifestantes»-, Elio Gaspari también incursionó por el campo histórico/antropológico, calificando los enfrentamientos en las calles paulistas como «lucha entre caníbales y antropófagos», pasando por alto que los primeros son sólo una variante de los segundos. La lucha entre la tribu caribeña que utilizaba este nombre y los colonizadores europeos concluyó con la total aniquilación de este pueblo, a causa del 100×1 declarado por los evangelizadores españoles (100 caníbales muertos por cada español), los cuales, después de llevada a cabo la masacre, cristiana y civilizadamente, no los comieron.)

En la segunda quincena de junio, la revuelta de la calle ya tenía una agenda mucho más amplia que la original: la dignidad, la defensa de la juventud combativa, el derecho democrático a manifestarse en la calle (existe algún otro lugar?). Pero también es 20 centavos de reales. O más. Veinte centavos multiplicados por millones cada día, en una ciudad de 19,2 millones de habitantes. En los últimos 15 años, el costo de la tarifa de autobús se triplicó. ¿Quién recibe un salario mínimo en Sao Paulo y utiliza un autobús y el metro para ir y volver del trabajo, que tiene un costo equivalente a casi el 27% de sus ingresos y pasa tres horas al día en los medios de transporte hacinados; es decir, un mes por año: los 20 centavos de reales fueron la última gota de agua (pesada).

La gran prensa encontró un nuevo arcano a desentrañar: la identidad del Movimiento Passe Livre (MPL), en el que se registra la presencia de algunos partidos (izquierda) conocidos y otros acrónimos menos conocidos (o simplemente desconocidos). Un periodista de Metro -periódico que, como otros, es distribuido subversivamente gratis- señaló que «los que hacen el vandalismo es un grupo anarquista», una combinación dudosa de dos adjetivos (si hay prensa gratuita, ¿por qué no también los autobuses gratuitos?), llegó a determinar la presencia en el MPL del LER, «Liga de Estratificación (sic) Revolucionaria».

De hecho, el Movimiento Passe Livre, el principal organizador de las protestas, tuvo su origen en un levantamiento popular espontáneo en la ciudad de Salvador, en 2003, la «Revolta do Buzu». Más tarde ampliado a nivel nacional, protagonizó la «revolta da carraca» en Florianópolis, que dio lugar a fuertes debates políticos internos. La fuerza de la movilización de los jóvenes asustó a algunos de los gobiernos de las prefecturas, a tal punto que varias ciudades bajaron sus tarifas (Campinas) u obedecieron el fallo judicial en ese sentido (Goiania). El movimiento cuenta ya con diez años de historia.

En el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2005, el MPL «institucionalizó» su organización, en torno a entrar y salir de la ciudad como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el gobierno, así como la educación y la salud, reivindicando el cambio de modelo transporte, en forma de concesiones a empresas privadas hacia un modelo público. Para ello sería necesario, entre otros cambios necesarios (el nuevo desarrollo de la ciudad y el espacio), atacar el sistema social capitalista. De inmediato, se requiere discutir la deuda asombrosa de municipios y estados (177,5 mil millones de reales, sólo el estado de Sao Paulo, más del 150% de sus ingresos fiscales), y los beneficiarios (tiburones financieros), el control público de los increíbles beneficios de las empresas adjudicatarias de transporte urbano, por no hablar del presupuesto de las fuerzas de represión, en primer lugar la PM. Pero no es ésta la discusión de los acrónimos que todo el mundo conoce. Los jóvenes que luchan por un pase libre comenzaron así un cambio político en el país.

El gobierno (PT y «aliados») quedó en un estado catatónico durante dos semanas. Ante el silencio, un montón de «movimientos sociales», también mudos hasta entonces, incluyendo los burócratas habituales de la última década propusieron «la realización con urgencia de una reunión nacional, con la participación de los gobiernos estatales, alcaldes de las principales ciudades y representantes de todos los movimientos sociales», además del propio gobierno federal -o sea una pizza del tamaño de Brasil, incluidos los representantes de la derecha más corrupta y podrida del país. Por la apaciguadora trayectoria del MST -firmante del documento entre otros-, se esperaba algo más que una propuesta de conciliación con los «calheiros, cabrais» y otros «sarneys». Una propuesta de organización independiente del movimiento popular, a través de un plenario nacional de luchadores, y no de una propuesta de organización del régimen político para contener el movimiento popular.

El aumento en las tarifas del transporte fue el catalizador de una situación social degradada (y, en muchos aspectos, empeorada) en los últimos años, pero no cualquier cosa o cualquier reclamo puede ser un desencadenante. El transporte y sus tarifas eran (y son) el resumen de la pobreza brasileña cotidiana. ¿El MPL sería el hechicero que llamó a los demonios incluyendo a una derecha fascista que pasó ahora para disputar la hegemonía del movimiento en las calles, que el propio MPL no podría evitar? No. El MPL hizo exactamente lo que debía y anunció que iría a hacer desde hace mucho tiempo. Pero para que aquello no ocurriese (la derecha, los P2 y los criminales, no los «vándalos», vayan a la calle), era preciso no hacer nada. Los manifestantes supuestamente apolíticos, los millones de personas que no sabían de derecha, ni pitboys de academia del PCC, estaban haciendo en la calle el mejor curso de formación política acelerada imaginable.

Diez días después de la aparición de los síntomas, los periódicos evaluaban un promedio de 230.000 manifestantes en doce capitales. El 20 de junio, los manifestantes ya se contaban por «más de un millón», con un millón sólo en Río de Janeiro. Las cifras estaban subestimadas. En un momento económico de amenazas inflacionarias, el movimiento creció a una escala capaz de ruborizar a los mayores índices hiperinflacionarios de la historia. El uso masivo de las redes sociales, entre otros, fue la explicación dada para el fenómeno.

Sin duda, las redes sociales son un medio espectacular para acelerar y ampliar el alcance de la difusión de ideas y propuestas, con la condición de que (las ideas y propuestas) existan previamente. También es utilizado por el conformismo intelectual que caracteriza a la intelectualidad orgánica («crítica» incluida) del poder en las dos últimas décadas que dejó su cascada predecible de clichés pseudoexplicativos en las redes sociales (como las «dificultades de relación entre gobiernos y movimientos sociales populares» y vulgaridades similares). El MPL, creado hace diez años, tenía una estructura, propuestas e ideas, que sirvieron hasta ahora.

Hasta ahora. Hacer una apología tardía del MPL, de la «juventud brasileña en las calles» o la demagogia que la imaginación permita es situarse al final de la cola de la situación, o explotarla para mantenerse (desesperadamente) en el poder (gobierno, mejor dicho), o incluso para acceder a ella por exactamente los mismos medios (electorales) que ahora se dice que hay que superar. Hasta el 13 de junio teníamos «vándalos» en las calles, de acuerdo con el poder y la gran prensa, y de 17 de junio tuvimos «manifestantes», según ellos mismos. Este fue el primer recule de los gobernantes (viejos y nuevos) de un valor bien superior a 20 centavos.

Sacar 20 centavos de reales de la tarifa era una victoria, pero sólo era el principio. El transporte y las tarifas se sufren todos los días, en el bolsillo, la piel y el cuerpo. Y los nervios. Las redes sociales no tienen nada que ver con eso. No se puede utilizar un ordenador portátil viajando de pie en un autobús lleno de gente en las ciudades brasileñas. El/la sociólogo/a que dijo que estamos ante un movimiento de jóvenes de clase media por el uso masivo de las computadoras y las redes sociales estaba muy equivocado/a. Para proteger esta situación y sus ganancias privadas se activó, en la primera semana de junio, un aparato policial/militar heredado de la dictadura militar, preservado por los «neoliberales» y perfeccionado por el gobierno de «Brasil de Todos», a costa de fondos y más fondos (que faltan en la salud y educación), en contra de dos mil, en primer lugar, luego cinco mil manifestantes. Tratados con extrema brutalidad. Los millones de personas que salieron a las calles no estaban convencidos de hacerlo a través de facebook: estaban convencidos por el uso del transporte público, por las colas en los hospitales públicos, por escuelas públicas sin maestros y, finalmente, por las balas de goma y el gas lacrimógeno disparado a los manifestantes. El facebook se limitó simplemente a pasar (para algunos) el punto de encuentro.

«Manifestaciones como las actuales son calificadas como actos de terrorismo, en la definición de este delito propuesta por el relator Romero Jucá en la comisión especial del Congreso, que da prioridad a la legislación sobre seguridad ante los acontecimientos previstos en Brasil», señaló correctamente Janio de Freitas. La Casa Civil de la Presidencia dio un paso adelante y anunció la participación de los empleados federales en las manifestaciones. La revolución y contrarrevolución (en sus múltiples caras) acechaban. Este tardío desliz antiterrorista es la continuidad de la política por la cual los gobiernos (tanto tucanos como del PT) han convertido al país en una plataforma privilegiada de valoración ficticia del capital financiero e industrial, con intereses (remuneración del capital financiero) y grandes exenciones impositivas, así como una serie de privatizaciones; por lo cual el patrimonio y el servicio público (transporte, salud, educación y un largo etcétera) recibió un ataque en regla en nombre de la «flexibilidad», la «eficiencia» y otros fetiches que la mayoría de la izquierda pasó a adorar. El resultado fue una deuda (interna y externa) monstruoso, el aumento de tarifas y la imposición de tarifas donde antes no existían. Se buscó encubrir todo con incentivos y subsidios enfocados al consumo, con el resultado de un promedio récord de deuda del 44% de los ingresos anuales de la población, que se duplica al considerar sólo las capitales, y la perspectiva de una quiebra generalizada.

¿Para «crecer exportando», como decían los discursos oficiales del gobierno y la «oposición»? El año pasado hubo cero crecimiento y cayó el ingreso per cápita. La «recuperación» de este año se ha desinflado hasta un 2% del PIB, con un ingreso per cápita negativo, una inflación de más del 6% y un saldo comercial insignificante de 6,5 mil millones de dólares, después de alterar la estructura productiva del país, transformándola en una plataforma exportadora. Para tapar el agujero: más privatizaciones (subastas de petróleo, gestión privada de los hospitales públicos) y eventos, mini-eventos y mega-eventos, con sus consecuentes expropiaciones y leyes antiterroristas. Esa es la verdadera «derecha». El discurso de Dilma Rousseff del viernes 21 de junio confirmó este rumbo: proteger los super- eventos y algunos centavos del petróleo para la educación pública (92% de los ingresos petroleros corresponden a las multinacionales que se adjudicaron las subastas), para sacar a la juventud de las calles (sin tocar los intereses de Krotons, y los subsidios hacia ellos vía Prouni y Fies). Un programa hecho por un marketinero de la burguesía.

En el mismo momento que el seleccionado brasilero de fútbol ganaba la Copa de las Confederaciones, fuera del Maracaná, una multitud -equivalente a la que se encontraba dentro del estadio- protagonizó una batalla campal contra la policía -que nuevamente utilizó bombas, gases y balas de goma. Como saldo hubo decenas de heridos y detenidos. Que el fútbol, verdadera religión nacional, no haya desviado una movilización antigubernamental es un hecho inédito en la historia. Tan insólito como el hecho que la Presidenta ni siquiera pisó el estadio, por temor a un abucheo peor al sufrido en la inauguración de la Copa. Hasta el joven futbolista Neymar se pronunció (a pesar del cerco de seguridad que lo rodea permanentemente) en favor de las manifestaciones. El mismo domingo, la Cámara Municipal de Belo Horizonte fue ocupada por jóvenes que reivindicaban la apertura de los contratos de las empresas privadas de transporte urbano, con el objetivo de poner en evidencia las superganancias patronales y la corrupción descarada de los «representantes populares».

Los movimientos en las favelas paulistas (MTST, los «sin techo», y «Periferia Activa») pasaron a organizar manifestaciones y cortes de ruta contra las pésimas condiciones de vivienda, salud y transporte en los barrios pobres. Al mismo tiempo, se desenvolvió una formidable ofensiva represiva, no solamente en las calles, sino dentro de las favelas, mediante un gigantesco operativo de militarización para evitar que los sectores más explotados se incorporaran masivamente a la lucha. En la Favela da Maré, el operativo dejó una decena de jóvenes muertos, que fueron calificados (después de ser asesinados sumariamente) como «criminales». Luego quedó en evidencia que ninguno de ellos había tenido antecedentes ni acusaciones formales en toda su vida. El históricamente monstruoso aparato represivo brasilero se incrementó y sofisticó como nunca, en función de los «grandes eventos» (Campeonato Mundial de Fútbol y Olimpíadas) bajo la acción del «gobierno de los trabajadores».

La rebelión popular provocó una crisis institucional. La PEC 37, que fue enviada por el gobierno al Congreso, fue rechazada por 430 votos contra 9. La misma propugnaba transferir las atribuciones de investigación del Ministerio Público a la Policía Judicial. Una maniobra para que el Poder Judicial (que se desprende del PT) frenase la investigación de los casos de corrupción gubernamental. Los nueve votos a favor fueron de nueve derechistas hipercorruptos, que hasta ahora habían sido adversarios del gobierno. Toda la bancada del PT votó contra el gobierno, que quedó sin «base aliada» en el parlamento. Frente a la catástrofe política, Dilma sacó de la manga una propuesta de una Constituyente para tratar una Reforma Política (financiamiento público exclusivo de las campañas electorales), a la que el Poder Judicial y la mayoría de los parlamentarios se declararon hostiles. El gobierno dio marcha atrás y pasó a defender un plebiscito sobre una propuesta de reforma. En pocas semanas, el índice de aprobación de Dilma Roussef cayó de casi el 70 al 30%. En una reunión de Dilma con las centrales sindicales, el representante de Conlutas, denunció la propuesta del plebiscito como una maniobra de distracción. Las propuestas de las centrales sindicales al gobierno fueron simplemente ignoradas. Finalmente, fue convocada una huelga general para el 11 de julio, por parte de siete centrales sindicales.

Era un movimiento convocado para casi un mes y medio después de las primeras manifestaciones contra el aumento del transporte. La tentativa de la izquierda de participar con columnas propias («rojas») había sido literalmente rechazada durante la lucha. Muchos manifestantes, al grito de «oportunistas», no apreciaron el intento de diferenciación de la izquierda que llegaba tarde, como tampoco el propósito de hacer propio, como si fuera suyo, el movimiento. La izquierda replicó reclamando el derecho a participar con banderas propias en las movilizaciones. Pero la izquierda, en general, no había manifestado previamente ninguna consigna propia ni sumado nada a un movimiento que no era producto de su agitación política. No se pronunciaba sobre la Constituyente, siendo que la burguesía la rechazaba con el argumento de que las mismas sólo se convocan cuando se rompe un régimen político y se propone la creación de otro. Algunos miembros de la «izquierda progresista» (intelectuales sin partido, aliados del PT de todo tipo) llegaron a denunciar al conjunto de manifestaciones como montajes de la CIA contra el gobierno del PT en el mismo momento en que Lula salía de su silencio para decir que se debía estar en las calles para «empujar al gobierno hacia la izquierda». En el cuadro de una movilización callejera, la huelga general nacional del 11 de julio aparecía como un intento de recuperar las calles para las organizaciones populares del gobierno (CUT y otros).

Aun así, los movimientos callejeros continuaron dictando cada paso de la política del país durante julio, a pesar de su retroceso. Río de Janeiro fue escenario de manifestaciones diarias contra el gobernador Sergio Cabral (PMDB), electo en 2010 (con apoyo del PT) y que ahora cuenta con un (superes- timado) apoyo del 12% del electorado. Cabral fue acorralado por la población en Campo Grande, donde ocurrió un accidente trágico y tuvo que huir. Su propia casa sufrió un cerco cotidiano. El gobierno de San Pablo, histórica y actualmente en manos del PSDB, fue sacudido, cuando la empresa Siemmens se autoincriminó en la participación de un esquema de sobrefacturación en las obras de construcción del metro (280 millones de dólares), con la complicidad del gobierno del estado. Las manifestaciones en San Pablo, aun siendo minoritarias respecto a la lucha contra el aumento de tarifa de los transportes, también continuaron siendo diarias.

La huelga general del 11 de julio, sin embargo, no fue la continuación de las masivas movilizaciones de junio. Con un acatamiento muy parcial en la mayoría de las grandes ciudades, casi inexistente fuera de ellas, no consiguió parar, con excepción de Porto Alegre, el sistema de transporte. Los cortes de rutas y avenidas fueron acompañados por un pequeño número de personas. Las manifestaciones callejeras fueron muy pequeñas en relación con las marchas de junio: 10 mil personas, como máximo, en la Avenida Paulista. Buena parte de los manifestantes recibió dinero de las centrales sindicales, algunas de ellas (CUT, Força Sindical) dotadas de enormes recursos financieros. En los pocos lugares donde hubo actividad combativa (Foraleza, Porto Alegre, San José dos Campos, Belém, Natal) se destacó el trabajo de CSP-Conlutas, a pesar de representar solamente el 2% del movimiento sindical. Aun así, un partido de izquierda concluyó que ”11 de julio fue la continuidad de las manifestaciones de junio” (Opinião Socialista, 17 de julio). Los movimientos responsables de las jornadas de junio, el MPL en primer lugar, ignoraron la huelga. La CUT, por su parte, pagó a sus «manifestantes” para que llevaran las banderas (industrialmente confeccionadas) de apoyo al gobierno, que dominaron los actos públicos (en junio, no se vio ninguna, siquiera parecida).

La respuesta de Dilma Rousseff a “la voz de las calles” quedó reducida a la nada. La promesa de consagrar el 100% de los royalties de petróleo en alto mar (menos del 8% de la renta petrolera, en manos del capital privado internacional) fue mutilada y postergada por el Congreso. La “reforma política” -anunciada como Asamblea Constituyente y después reducida a una modificación de algunos mecanismos electorales- fue simplemente enterrada en el Congreso Nacional. Dilma, que no tenía tiempo de ir a la reunión de Dirección Nacional del PT, tuvo tiempo para recibir públicamente a un representante parlamentario del PSOL, que le manifestó su apoyo. Frente al obvio vendaval de críticas, el PSOL emitió un comunicado distanciándose de su senador, pero apoyando la (enterrada) reforma política, que no toca ni la extinción del Senado ni la reducción del mandato de los senadores (ocho años) ni promueve la elección popular de jueces y procuradores, ni anula la vergonzosa Ley de Amnistía, que declaró impunes para siempre a los asesinos, torturadores y corruptos comprobados del régimen militar. Para no hablar de la militarización de las policías, que matan impunemente y tienen fueros judiciales y tribunales propios.

En ese momento, Lula salió de su mutismo (a través de las páginas del New York Times) para caracterizar a las movilizaciones como producto del progreso de la última década: los automóviles particulares habían invadido las calles entorpeciendo el transporte público. Ninguna palabra sobre los lucros y monopolios del transporte privatizado. Convocó, también, porque era necesario, a una «renovación del PT». La reunión de dirección de este partido, a mediados de julio, fue un episodio de una crisis: manifestó su insatisfacción por la ausencia de Dilma y oficializó nueve listas para las elecciones internas del 10 de noviembre con seis candidatos a la presidencia del partido. La izquierda del PT apostó todas sus fichas a ese proceso.

Toda la suciedad acumulada del Estado (régimen) brasileño comenzó a aparecer. Los poco más de 5.500 municipios del país utilizan nada menos que 508 mil «cargos de confianza», muchos con salarios mensuales superiores a 10 mil dólares. Profesores y médicos municipales padecen, al mismo tiempo, salarios de hambre -para no hablar de la infraestructura con la que lidian. La corrupción y la crisis económica se cruzan en el BNDES, el banco estatal cuya cartera de créditos al sector privado aumentó de 25,7 mil millones de reales (12 mil millones de dólares) en 2001, a 168,4 mil millones de reales (84 mil millones de dólares) en 2010, con una taza decreciente de inversión privada. La mayoría de las empresas beneficiadas por los créditos oficiales registran pérdidas o se encuentran en quiebra. La más importante es la EBX, de Eike Baptista, el «capitalista de Lula», beneficiaria de 10,5 mil millones de reales en créditos con dinero público. La crisis capitalista está iluminando el agujero negro de la corrupción brasileña. El «grupo (holding) X» del «empresariado nacional» de Lula/Dilma, Eike Baptista (ex octava fortuna del mundo, actualmente fuera de la lista de las primeras doscientas), cuyas empresas perdieron el 90% en la bolsa en los últimos dos meses, ilumina la crisis del capitalismo brasileño. Vinicius Torres Freire dijo, en Folha de São Paulo, que hay una «huelga de inversiones» del sector privado desde 2012. Mientras las masas están votando con los pies en la calle, la burguesía está votando con el bolsillo.

El nuevo papa Francisco llegó al «mayor país católico del mundo», aun cuando la proporción de católicos cayó del 92% en 1970 al 65% en 2010; disminución que favoreció a las sectas mafiosas evangélicas, que gobernaran el país en la última década al lado del PT. El Papa llegó también para contener al movimiento juvenil, desviarlo, llamando al gobierno a «escuchar la voz de las calles» -abriendo más espacio para la Iglesia católica y reduciendo a los evangélicos. Los «teólogos de la liberación» se sumaron calurosamente a esta operación político-religiosa. El Vaticano no trabaja gratuitamente: pasó enormes gastos papales en Brasil en la cuenta del Estado, mientras los evangélicos presionaban al gobierno para que los redujeran. Ante este inmovilismo político, el PMDB intentó transformarse en el eje del régimen, reafirmando su alianza con el PT y su apoyo a Dilma, al mismo tiempo que bombardeaba al Congreso con todas sus iniciativas políticas. En las actuales condiciones, es casi una ruleta rusa. Las centrales sindicales convocaron a una nueva huelga general para el 30 de agosto. La juventud en lucha anda por otros caminos. Después de Belo Horizonte, los jóvenes de Porto Alegre, organizados en el «Bloque de Luchas», ocuparon el Concejo Deliberante, del cual sólo se retiraron con un compromiso escrito de los representantes por el boleto libre en ómnibus y trenes para estudiantes y desocupados, sin exención de impuestos a las empresas concesionarias. El caldo fermenta.

Bajo estas condiciones, el gobierno federal, después de un nuevo recorte presupuestario (10 mil millones de reales), que se suman a los 28 mil millones del recorte del primer semestre, para alcanzar las metas de superávit primario impuestas por el FMI (garantizando el pago en fecha de la deuda pública), liberó 6 billones de reales en «enmiendas parlamentarias» (corrupción disfrazada), con el objetivo de mantener el apoyo de la «base aliada», que podría devastar la gobernabilidad petista. El superávit primario de 2013, aun así, es el peor desde 2001. A la fuga de capitales (que invocan el peligro de un país cuyas calles son ocupadas cotidianamente) se suma ahora el déficit comercial, el primero en la década petista: cinco mil millones de dólares en los primero siete meses del año (contra un superávit de más de 25 mil millones de dólares en el mismo período en 2006). El boom exportador brasilero -«emergente»- fue así reducido en 30 mil millones de dólares. Solamente el capital financiero continúa ganando, beneficiado por la elevación de las tasas de interés: Itaú Unibanco (el mayor banco privado) ganó 3,6 mil millones de reales en el segundo semestre, récord histórico. El país se hunde al compás del parasitismo capitalista- financiero. El parasitismo estatal está a su servicio. Frente a las movilizaciones, la presidenta Dilma Rousseff anunció que estudia la fusión de algunos de los 39 ministerios (eran 13 en 1990), que emplean a 984.330 empleados -o sea, despidos de empleados públicos a la vista. Pero nada de tocar los 22.417 «puestos de confianza» de los ministros, un verdadero ejército de parásitos sociales.

La única noticia «positiva» fue la desaceleración del ritmo inflacionario (0,26 en julio) en parte debido a la caída del precio del transporte (la gran victoria de los manifestantes). Como la población sabe que esto no se lo debe al gobierno, el índice de popularidad de Dilma Rousseff no aumentó, el único consuelo de los petistas, oficialistas o no, es que los índices de los opositores electorales (declarados) se mantuvieron estables. Esto llevaría a la conclusión de que, con las debidas correcciones, el PT podría «navegar» en la actual crisis. La gran contribución de la Dirección Nacional (DN) del PT (olímpicamente ignorada por Dilma, como vimos) fue la producción de un parco documento (después de diez días de negociaciones entre todas sus corrientes) donde afirma que «la conducción de una nueva etapa del proyecto exige ratificaciones de la línea política del PT y el gobierno, que se refleje en la actualización del programa y la consolidación de la estrategia que expresa la radicalización de la democracia». O sea, nada. Sobre la pérdida de capitales, deuda pública (interna y externa), salarios, despidos (el desempleo creció 0,6% este año, y las empresas anuncian nuevos recortes) y, sobre todo, la represión (asesinatos en las favelas y un desaparecido en Río: Amarildo do Souza), ni una palabra.

Mientras la izquierda en general se limitaba a reclamar su derecho a la existencia, la izquierda del PT busca aprovechar la crisis para subir al aparato con la política del avestruz. «La reacción pública de la DN del PT, de la presidenta Dilma y de Lula fueron en la misma dirección: enfatizar la coincidencia entre las reivindicaciones de las calles y nuestros objetivos estratégicos», planteó un documento de la Articulaçao de Esquerda (AE). Para la AE, el problema sería que «las fuerzas de derecha, incluyendo la que alberga dentro del gobierno y controla el Congreso Nacional, no quiere ninguna reforma política». «Los acontecimientos confirmaron -continúa- que si el PT no cambia de estrategia será golpeado», lo que no impidió que AE firmara el documento de la DN (incluyendo el planteo de «consolidación y ratificación de la estrategia»).

La «fuerza de derecha gubernamental que controla el Congreso» (el PMDB) instituyó una comisión parlamentaria de reforma política, con un proyecto que flexibilizaría el financia- miento partidario, eliminando prácticamente las multas a los donantes privados (personas o empresas) y suprimiendo cualquier límite a la propaganda electoral por cualquier medio, liberando a los partidos y candidatos de la rendición de gastos, además de incrementar los recursos públicos de campaña -o sea, una juerga completa, para no utilizar otra palabra.

Lo sabroso es que la comisión está presidida… por el propio PT (Candido Vaccarezza). De esta manera, los gurúes ideológicos y políticos de la izquierda apuntan unánimemente al peligro de una derecha fascistoide, como el sujeto que grita «¡Al ladrón!» con el fin de encubrir una acción de verdaderos ladrones. La izquierda brasilera surgida al calor de la fase final de la lucha contra la dictadura militar y la pseudo-democratización de la década del ’80 agotó su ciclo histórico y político. En medio del colapso comercial y financiero del país, y la corrosión de su régimen político, una nueva izquierda clasista podría ver la luz sobre la base de un balance político de la izquierda actual, verdaderamente «golpeada».

Las tendencias para una crisis financiera, que se manifiestan en la salida de capitales del más importante de todos los «mercados emergentes» después de China, pasará a ser el principal combustible en el segundo turno de movilizaciones populares, probablemente al margen de las organizaciones sindicales tradicionales. Las pruebas de fuego no son las que quedaron atrás, son las que están por venir.

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