Argentina ingresa a la crisis mundial

Hacia el XXIII Congreso del Partido Obrero

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La transición planteada por la derrota electoral del kirchnerismo y la asunción del nuevo gobierno pone de manifiesto una aguda fractura económica, social y política. El rescate capitalista de la bancarrota que deja el gobierno anterior deberá conducir a graves convulsiones sociales y choques de fondo entre las clases. El régimen que buscó darle una salida a la quiebra y a la rebelión popular de 2001 se ha venido abajo, en el cuadro de un agotamiento más general del peronismo y de sus recursos políticos -el régimen de punteros del conurbano y la burocracia sindical. Otra organización política y económica deberá dar cuenta de la crisis planteada, pero deberá ponerse en pie y cobrar forma a través de crisis políticas sucesivas. La fracción que releva al kirchnerismo en el gobierno es la beneficiaria circunstancial de una extrema volatilidad electoral, y tendrá que probar su capacidad de poner en marcha un rescate que exige una confiscación social de gran alcance. Argentina es parte de una transición más general en América Latina, atravesada por la crisis mundial y por el fracaso de las experiencias nacionalistas o centroizquierdistas. El desarrollo de la izquierda revolucionaria -que contará con una tribuna de agitación privilegiada en el Congreso y las legislaturas- depende decisivamente de una comprensión de fondo de la etapa que se abre, y de presentar -en el terreno del programa y las iniciativas de lucha política- una delimitación implacable respecto del nacionalismo en descomposición.

Bancarrota capitalista y rescate

1. La política de pago serial de la deuda usuraria y rescate de los privatizadores a costa del Tesoro -el corazón de los trece años de gobierno kirchnerista- ha conducido a una nueva bancarrota nacional y a un cuadro de disolución del régimen económico. Los registros ruinosos de las instituciones que sostienen al sistema monetario o al Tesoro nacional no pueden ser considerados como categorías aisladas. Lo que ponen de manifiesto es una quiebra más general del régimen económico y de las relaciones sociales capitalistas. Por caso, los bancos privados tienen hoy una parte sustancial de sus activos en letras o títulos del Banco Central, el cual a su turno es acreedor de un Tesoro nacional también insolvente -ello, después de haber destinado recursos crecientes a subsidiar al capital. Pero, como resultado de esa cadena de potenciales quebrantos, la banca privada sólo capta depósitos a fuerza de ofrecer tasas de interés astronómicas, paralizando el crédito industrial y agravando la recesión. La bancarrota del Estado o sus organismos es sólo una manifestación de que la tasa de beneficio del capital se ha derrumbado y exige un rescate general para su recomposición.

Las medidas de viraje al capital internacional encaradas por el kirchnerismo anticiparon la actual línea de ajuste. Pero, al mismo tiempo, formaron parte de un intento último por evitar el desbarranque y salvar al ‘modelo’ oficial. Ese fue el sentido del acuerdo con Chevron, aun cuando su diseño, en última instancia, conducía a un replanteo general de la orientación económica (libertad para el movimiento de divisas y giro de utilidades, internacionalización de los precios de los hidrocarburos). La pretensión de apelar al gas no convencional para zafar del derrumbe económico fue frustrada, sin embargo, por la marcha de la crisis mundial: el desplome de los precios internacionales del petróleo hundió las perspectivas de Vaca Muerta. El kirchnerismo también buscó abrir un ciclo de endeudamiento a tasas usurarias y financiar al Estado mediante la exacción creciente de los trabajadores (impuesto al salario). Estas tentativas parciales chocaron con la crisis internacional -reflujo de capitales de los emergentes, caída de los precios de las materias primas- y con el agotamiento de los recursos políticos del propio kirchnerismo.

2. El rescate que se plantea ahora debe superar los límites de las medidas de ajuste de CFK-Kicillof. La gran burguesía, que se sirvió del intervencionismo económico para ser salvada de la quiebra anterior, reclama un cambio de frente y un socorro del capital internacional. El planteo del gobierno es gambetear la cesación de pagos mediante una operación de reendeudamiento. Este objetivo explica la adhesión de los economistas PRO a la principal tesis del kirchnerismo, a saber, la del supuesto “bajo endeudamiento” actual -a pesar de que la deuda pública total supera los 250.000 millones de dólares. Uno de los puntos de ese operativo es la conversión a títulos públicos de otras formas de deuda, como la que reclaman los fondos buitre, los importadores y las empresas que tienen pendiente la remisión de utilidades al exterior. Este paquete engrosaría la deuda en unos 50.000 millones de dólares, en forma más o menos inmediata. Pero la principal de estas operaciones es la conversión progresiva a títulos públicos de los pagarés que el Tesoro ha entregado al Banco Central para la cancelación de operaciones de deuda en todos estos años, y que orillan los 70.000 millones de dólares. Las garantías del capital internacional para este socorro son conocidas: una megadevaluación y un tarifazo de los servicios públicos, que libere al presupuesto público del sostenimiento de los subsidios. El tarifazo deberá compensar la reducción de impuestos (retenciones) en beneficio de los exportadores agrícolas. La devaluación buscará licuar la deuda pública en pesos y, desde luego, los salarios y jubilaciones. Pero, al mismo tiempo, acentuará el peso de la deuda dolarizada sobre la economía nacional, en beneficio del capital bancario que cuenta con una gran proporción de esos títulos y -según esperan los devaluadores- de quienes ingresen capitales para invertir en activos en la Argentina.

Pero una pseudocapitalización del Banco Central -que sólo captaría dólares a cambio de crear un nuevo tipo de pasivo- elevaría la deuda pública a niveles cercanos al 80/90% del PBI -o sea, a niveles de defol, ¡y sin que ello signifique nuevas inversiones o incorporación de capital productivo! Para habilitar a un nuevo endeudamiento por encima de la gravosa hipoteca actual, Argentina debería ofrecer mayores garantías de repago -o sea, un remate a gran escala del patrimonio nacional y golpes monumentales a las conquistas históricas de los trabajadores. Está planteada una alteración de fondo de las relaciones sociales. Hay que destacar, por ejemplo, la insistencia de los círculos capitalistas en “elevar la productividad del trabajo” -o sea, el llamado a una reforma laboral que refuerce las tendencias al trabajo precario, a la flexibilización de los jóvenes y la destrucción de las conquistas de los convenios colectivos. La presencia de varios representantes de los fondos de inversión en el nuevo gabinete macrista es sintomática, puesto que el papel de estos cuervos es el armado de ingenierías financieras para la absorción y “racionalización” (despidos) de empresas en quiebra. Esta tarea de liquidación de capital sobrante debe jugar, además, un papel disciplinador sobre la fuerza de trabajo -esto es, imponer el control de las paritarias y de la reacción obrera a los ajustes por la vía de un aumento de la desocupación.

En esto consiste la salida capitalista a la quiebra que deja el kirchnerismo. Argentina ingresa definitivamente en la crisis mundial dentro de la legión de países que están sometidos a grandes operaciones de rescate. Esta caracterización descarta una transición indolora y plantea el ingreso a una etapa de grandes convulsiones sociales y crisis políticas.

Contradicciones del rescate

3. En estas condiciones, está cuestionada la posibilidad un manejo ordenado o armónico de la bancarrota. En el pasado reciente, advertimos que había pasado el tiempo de una “devaluación programada”, y que el monumental impasse económico terminaría reservando esa instancia a un golpe de mercado -o sea, a una corrida. ¿El relevo político de CFK por Macri ha cancelado esa caracterización? El macrismo devalúa con escasas garantías externas (créditos) o nacionales (liquidación de divisas por parte de los exportadores) para el levantamiento del cepo.

Por otra parte, la tentativa de relanzar una escalada exportadora -para la cual se han otorgado enormes concesiones al capital agrario- y de arrancar un rescate financiero internacional deberá chocar con las actuales tendencias de la crisis mundial. En 2002, la devaluación de Lavagna-Duhalde se había apoyado en la salida de la economía mundial de la profunda crisis de 1996-2001 (derrumbe de los tigres asiáticos, de Rusia, devaluación brasileña). En cambio, la actual crisis argentina empalma con un agravamiento de la crisis mundial y su desembarco pleno en los emergentes, a partir del freno económico y la ola devaluatoria fogoneada por China. El flujo de capitales se ha revertido, otra vez, de los emergentes a los centros financieros (Estados Unidos acaba de elevar la tasa de interés). Argentina arriba a esta reversión sin haber usufructuado de la ola especulativa de la fase anterior. Los ajustadores locales deberán mirarse en el espejo de Brasil, donde las medidas devaluatorias han agravado las tendencias a la recesión industrial sin haber podido frenar la fuga de capitales.

El macrismo quiere salir del impasse económico replanteando los alineamientos económicos internacionales de Argentina, algo que va a agravar los choques al interior de la burguesía nacional. Una expresión de ello es el debate sobre el rol de China, y de sus posibilidades de digitar el comercio o inversiones de infraestructura en el marco del auxilio financiero tramitado por el kirchnerismo con ese país. Nada menos que el jefe de Techint salió con los tapones de punta contra estos acuerdos, denunciando sus posibles consecuencias en términos de dislocamiento industrial. Varias fuentes atribuyeron a esas divergencias el apartamiento de Sanz -fuertemente vinculado con Techint- del futuro gabinete nacional. Esta puja se instalará con seguridad al interior del macrismo porque éste no renunciará al salvavidas financiero de Pekín. La apertura económica es otro factor de división en la burguesía: una fracción de ella celebra la posibilidad de normalizar el abastecimiento de insumos -es la industria de armaduría cuya gravitación creció con los “nacionales y populares”- y otro sector teme una avalancha importadora y una ola de quiebras.

Otra expresión de estas pujas tiene lugar en el campo petrolero. Lo que está en el tapete es la continuidad del régimen que concentró en YPF los acuerdos de explotación no convencionales (Chevron) pactados por Galuccio-Kicillof. Este esquema está siendo sostenido por un régimen de subsidios a la extracción de crudo, cuya permanencia había prometido Scioli a los gobernadores petroleros. Por el contrario, el sector patronal que expresa el nuevo ministro de Energía, el ex Shell Juan José Aranguren, defiende un retorno al viejo esquema menemista de federalización de las concesiones petroleras, reduciendo el papel de YPF a expensas de otros pulpos.

En suma, el rescate de la quiebra no sólo plantea una confiscación a las masas, sino que será objeto de fuertes choques al interior de la propia burguesía.

Crisis de régimen político

4. La derrota del kirchnerismo ha significado el derrumbe de un conjunto de aparatos y personeros que encarnaban décadas de dominación política sobre las masas. Es el caso de los Othacehé o Curto, los barones del conurbano que perdieron sus municipios, incluyendo entre ellos a varios representantes de la burocracia sindical. El desmoronamiento del régimen económico anterior impone también una reorganización política en diversos aspectos -por ejemplo, el de la relación entre el Estado nacional y las provincias. El debate sobre el reparto de fondos es parte de esa crisis, incluso porque la progresiva reducción de las retenciones -que el Estado central recaudaba y redistribuía parcialmente- acentuará una “federalización” del sistema de ingresos y de gastos, abriendo un nuevo capítulo de las crisis provinciales y de los choques con el gobierno central.

El nuevo gobierno debe sustituir a un método de cooptación que se ha venido abajo por otro, sin que por ello renuncie a echar mano de los recursos del viejo régimen y que aún permanecen en pie. Pero ¿qué régimen emergerá de todas estas contradicciones? ¿Cuáles son los recursos de Macri para poner en pie un nuevo principio de autoridad estatal?

El macrismo resultó beneficiado por la corriente de rechazo político que fue despertando el kirchnerismo en vastos sectores de la población, a partir del agravamiento de la carestía, el impuesto al salario y, en ese cuadro, el gobierno de poder personal. Este proceso se vivió en los cacerolazos de 2012/2013 e, incluso, en las marchas por la muerte del fiscal Nisman. La explotación derechista de las reacciones populares de carácter democrático, frente a los regímenes nacionalistas o centroizquierdistas en descomposición, no constituye una peculiaridad argentina si se tienen en cuenta las movilizaciones masivas contra el régimen de Nicolás Maduro o las marchas en Brasil contra la corrupción del gobierno petista -ni qué decir de otros procesos internacionales como los de Ucrania o Egipto. En oportunidad de los cacerolazos de Argentina, el Partido Obrero señaló el carácter contradictorio de estos movimientos -o sea, el fermento popular contra las arbitrariedades oficiales, por un lado, y la pretensión derechista de explotar esa reacción popular, por el otro. Por ese motivo, y mientras nos delimitamos políticamente de los organizadores de estas marchas, buscamos siempre interpelar a sus concurrentes, sin la menor solidaridad con el gobierno que era repudiado. El rechazo al autoritarismo oficial -decretazos, cooptación de medios, cadenas nacionales- ha estado presente en el resultado electoral del pasado 25 de octubre.

5. Pero la relación entre esta reacción popular y su canalización derechista debe ser precisada, en sus contradicciones y sus límites. El macrismo no fue protagonista de esas reacciones populares. Más precisamente, ha sido un partido de Estado a lo largo de la década K, desde el gobierno de la capital del país. La gestión macrista de la Ciudad ha seguido la orientación general del ‘modelo’ -acaparamiento inmobiliario, entrega del presupuesto a una camarilla empresarial, Estado de servicios de inteligencia (“Fino” Palacios), regimentación de la clase obrera con el concurso de la burocracia sindical (la paz social que el macrismo se ufana haber conseguido en la Ciudad fue pactada con los sindicatos de la ‘izquierda’ kirchnerista, como el de los docentes o el del subte).

En el proceso político de estos últimos dos años, el macrismo demostró comprender la profundidad de la crisis de la camarilla oficial -y del peronismo en particular- cuando rechazó reiteradamente un frente con Massa, que expresaba al postkirchnerismo -o sea, a una porción del aparato oficial y de la burguesía que se distanciaba del gobierno en reclamo de un viraje económico. Macri, sin embargo, sólo se benefició de esa disgregación política en el último episodio de una serie de batallas electorales que se caracterizaron por su extrema volatilidad. Vale recordar su traspié en las elecciones provinciales de Santa Fe y luego el balotaje de la Ciudad de Buenos Aires, que Rodríguez Larreta estuvo a punto de perder (lo cual hubiera enterrado las pretensiones presidenciales de Macri). En el manifiesto político que editamos después del 25 de octubre señalamos que la misma base social que votó en la Ciudad a Lousteau para que no gane Macri, luego se inclinó por Macri en la general, en repudio al régimen de poder personal de CFK. Finalmente, el balotaje presidencial terminó con una arremetida final de Scioli, cuando comenzó a denunciar a Macri como devaluador y ajustador.

Esta volatilidad da cuentas de la precariedad sobre la que se asienta el conjunto de la transición política. Un sociólogo derechista afín al nuevo gobierno acaba de caracterizar al macrismo como “un movimiento de opinión que se vuelve mayoritario circunstancialmente, pero su victoria no se apoya en un hecho social consolidado” (La Nación, 6/12).

Todo lo anterior desmiente la conclusión que el PTS ha plagiado a los sociólogos del kirchnerismo: que el macrismo habría conquistado “cultural” o “ideológicamente” a todo un sector de la población. Los mismos que se habían deslumbrado con la “Argentina kirchnerista” (2011) y le atribuyeron una “victoria cultural” al gobierno de Chevron y Barrick Gold, se han encandilado ahora con la “cultura macrista”. Pero el macrismo no ha conquistado profundamente a ninguna fracción de los trabajadores o de los explotados, apenas ha canalizado circunstancialmente el hartazgo popular de un régimen agotado. Las crisis y los ajustes que se vienen lo van a poner de manifiesto.

Es esta fragilidad la que explica la tendencia del nuevo gobierno a buscar un pacto y un punto de apoyo con los elementos de la “vieja política” (PJ). Ello se manifestó tempranamente en ocasión de la crisis de Tucumán, cuando Macri rechazó el reclamo de que se volviera a votar y emplazó a los voceros locales de su bloque a aceptar las resoluciones de la junta electoral amañada por el gobierno. Un apoyo al reclamo de nuevas elecciones hubiera empujado a Macri a un choque con la liga de gobernadores, cuando está obligado a cogobernar con ellos. Del mismo modo, Vidal ha colocado al frente de la seguridad bonaerense a un duhaldista, para tender puentes con los barones del conurbano que sobrevivieron a la catástrofe electoral.

6. El macrismo buscará apoyarse en estos elementos para fracturar a la “vieja” coalición kirchnerista y proceder a la tarea de desmantelar el Estado camporista.

Otro terreno de los compromisos políticos será el Congreso, donde Macri carece de una mayoría propia y deberá establecer un sistema de acuerdos. El macrismo tendrá que lidiar con la fractura del aparato de Justicia y la descomposición de las llamadas fuerzas de seguridad o inteligencia, episodios en los cuales él mismo ha sido un nefasto protagonista. El resultado del balotaje es apenas el punto de partida de un conjunto de crisis políticas agudas, que deben ser abordadas con planteos e iniciativas políticas.

Por lo pronto, y de cara a los cimbronazos económicos que se vienen, los “republicanos” de Cambiemos se han volcado muy tempranamente a un régimen de decretos. Macri ha descartado la convocatoria a sesiones extraordinarias, por lo que las medidas nodales del ajuste -eliminación de retenciones, endeudamiento y otras- serán adoptadas por el Ejecutivo. El régimen de camarilla no es un atributo “nac & pop”, sino una imposición de la bancarrota. Es necesario denunciar este temprano autoritarismo político y el carácter encubridor de las convocatorias a la “unidad nacional” en ese marco.

Macri no se va a privar de los rasgos bonapartistas heredados del régimen anterior, aunque al mismo tiempo esté obligado a un relevo del personal que lo puso en marcha (o a su cooptación). De todos modos, los golpes de mano serán episodios en la búsqueda de un pacto político y de un acuerdo de gobernabilidad con el PJ.

Balance del kirchnerismo

7. La salida del kirchnerismo del gobierno sanciona el mayor fracaso del nacionalismo burgués para gobernar el país en términos de los intereses nacionales y de su mayoría trabajadora. En lo esencial, el kirchnerismo trabajó para rescatar a los intereses capitalistas que condujeron a la quiebra de 2001/2002. En primer lugar, el “modelo” re- encauzó a la Argentina en el pago de la deuda usuraria, después del defol de 2001. Los megacanjes de 2005 y 2010, la cancelación de la deuda con el FMI y, más recientemente, con otros organismos, caracterizan al “desendeudamiento” -que el kirchnerismo presentó como un factor de autonomía nacional- como un gigantesco operativo de vaciamiento de la economía nacional en beneficio del capital financiero. Para cancelar los vencimientos de deuda, el kirchnerismo apeló a las reservas del Banco Central, a los fondos de la Anses, del Banco Nación e incluso del Pami. Como resultado de este proceso, Argentina pagó casi 200.000 millones de dólares, al cabo de lo cual la deuda pública en dólares casi duplica a la que se registraba en vísperas del defol de 2001.

Junto a la deuda externa, el kircherismo rescató al otro pilar del menemo-cavallismo: las privatizaciones. El régimen de subsidios compensó a los monopolios privados de servicios públicos por el congelamiento de tarifas y, al mismo tiempo, le aseguró a la burguesía industrial una reducción en el valor de la fuerza de trabajo, que contabilizaba tarifas subsidiadas. El kirchnerismo rescató a las privatizaciones incluso cuando apeló a estatizaciones parciales -como ocurrió en YPF, al resarcir generosamente a Repsol por su salida de la petrolera y, al mismo tiempo, abrir paso a nuevas alianzas con petroleras internacionales.

El “modelo” financió este rescate apelando a las exportaciones de soja, a costa de acentuar la entrega de la producción agraria al capital financiero y a los monopolios de agroquímicos. Del otro lado, el llamado “modelo productivo” acentuó el dislocamiento industrial y el parasitismo -o sea, la industria de armaduría, dependiendo como nunca de las importaciones. La transferencia de riqueza social al capital financiero y a la burguesía industrial fue sostenida sobre la base de la precarización laboral y los bajos salarios. En su mejor momento (2007/8), los salarios reales de la “década ganada” no superaron los ya degradados ingresos de la década menemista. Luego, cuando comenzó el desmadre del régimen económico, la inflación superó a los ajustes paritarios -ni qué decir de la clase obrera en negro, que representa un tercio de la fuerza laboral del país.

La actual quiebra nacional, por lo tanto, no es el resultado de un modelo concesivo a los trabajadores, como se presentan a sí mismos los kirchneristas, sino del pago serial de la deuda y, en términos generales, del rescate del capital.

Desde la puja por las retenciones al “cepo” cambiario, el objetivo estratégico del intervencionismo oficial fue asegurar el pago de la deuda usuraria, que el kirchnerismo engrosó con los acuerdos del Club de París, Repsol y otros. En todos estos enfrentamientos, el gobierno nunca pudo oponerle una referencia nacional o democrática a los llamados “poderes concentrados”. La “democratización de la palabra” (ley de Medios) no pasó de una reasignación de la pauta oficial en beneficio de algunos capitalistas afines al gobierno. Del mismo modo, la supuesta “democratización de la Justicia” fue una manipulación de nombramientos en favor de la impunidad de la camarilla oficial -otra camarilla, la de los jueces y camaristas tradicionales, se encargó de voltearla. Del lado de los explotados, la regimentación oficial se valió del concurso de la burocracia sindical para manipular las paritarias y, a cambio de ello, protegió el unicato sindical y la supervivencia de los Gerardo Martínez o Pedraza. El kirchnerismo concluye su ciclo entregándole el poder a una variante derechista, sin haber podido encarnar nunca una polarización política en términos progresistas.

8. El valor de un balance de la experiencia kirchnerista es que pone de manifiesto sus límites insuperables para levantarse como oposición al macrismo. Los camporistas han sido un producto del Estado y sus prebendas. Su oposición al macrismo estará determinada por la defensa de estas prerrogativas, nunca por la agenda de las necesidades populares. La pretensión del kirchnerismo de levantar una oposición en nombre de la lucha contra el ajuste está cuestionada por su propia naturaleza ajustadora -por caso, cuando anunciaron la “sintonía fina” para la cuestión de las tarifas, una tentativa de tarifazo que se vino abajo después de la masacre de Once. Todo esto debe ser puesto de manifiesto una y otra vez. La disolución política con el nacionalismo en decadencia en nombre de un “frente antimacrista” sería un crimen, en primer lugar, para la propia agenda de lucha contra el gobierno de Macri. La experiencia de ocho años en la Ciudad es demostrativa de los múltiples pactos del kirchnerismo y el PRO, traicionando la agenda popular. Si el movimiento obrero combativo se subordina al kirchnerismo, sólo aportará a un recauchutaje del decadente nacionalismo capitalista, no a su propia agenda de reivindicaciones históricas o inmediatas. La cuestión es crucial porque la izquierda chavista ya se ha sumado abiertamente a esta operación de reconstrucción del kirchnerismo. Lejos de borrar diferencias, la “lucha contra la derecha” debe acentuar la diferenciación política con el nacionalismo que le pavimentó el camino y reforzar los planteos de independencia política y de lucha por una alternativa política propia de los trabajadores.

Argentina en la tormenta de América Latina

9. La situación argentina se inscribe en una transición más amplia que recorre a América Latina, como consecuencia del derrumbe inapelable de las experiencias nacionalistas o centroizquierdistas que gobernaron la última década y media. La llegada de la crisis mundial al continente -con el derrumbe de los precios de las materias primas exportables- colocó sobre el tapete la completa incapacidad de los “nacionales y populares” para poner en pie la autonomía continental y, por el contrario, su dependencia agravada del mercado mundial capitalista. La izquierda desmoralizada del continente caracteriza a los últimos acontecimientos como un “giro a la derecha”, algo que sirve, en primer lugar, para presentar a los gobiernos nacionalistas o centroizquierdistas como la estación terminal en la experiencia política de las masas. Sin embargo, el derrumbe de estas experiencias es la forma que asume una crisis de las relaciones sociales capitalistas y de los mecanismos de contención política que se pusieron en marcha para hacer frente a otro derrumbe -el de los Macri de la década del ’90.

La transición continental ha vuelto a colocar en el tapete un reordenamiento de los alineamientos internacionales. Macri y Rousseff han acordado el acercamiento del Mercosur a la alianza del Pacífico y a la Unión Europea, lo cual podría replantear el ingreso al Alca si Estados Unidos -como reclamaron en su momento los ‘nacionales’ Lula y Kirchner- levanta las barreras a las exportaciones agropecuarias, que el macrismo pretende relanzar. Un replanteo de este tipo sería el acta de defunción definitiva del Mercosur, al tiempo que acentuará el dislocamiento industrial y será fuente de numerosos choques al interior de la burguesía argentina.

El derrumbe del nacionalismo continental reabre una disputa por el liderazgo político de las masas y la orientación social de los países del continente. Las restauraciones derechistas sólo podrían avanzar en sus programas desatando grandes convulsiones sociales y situaciones revolucionarias. Se ha abierto el campo político al impulso de una acción continental por partidos obreros independientes. Una conferencia latinoamericana de la izquierda revolucionaria debería caracterizar la etapa y establecer las consignas y las tareas para ese cometido político.

Movimiento obrero

10. La clase obrera ingresó en esta etapa política habiendo colocado su voto mayoritario a las variantes en pugna de la burguesía. En el acto del 1° de Mayo de 2015, Jorge Altamira señaló que el resultado electoral del Frente de Izquierda estaría fuertemente relacionado con el porvenir de las luchas contra los ajustes del gobierno K. Los límites a nuestra votación son inseparables de un cuadro de reflujo en el movimiento obrero. La recesión industrial, los despidos y suspensiones fueron su telón de fondo. El ajuste llevado adelante por el gobierno kirchnerista ha tenido un impacto mayor en los eslabones más débiles de los trabajadores. Se han producido despidos masivos de contratados o tercerizados en los principales establecimientos fabriles del país. Esta división al interior de la clase obrera ha sido uno de los elementos determinantes para evitar una reacción colectiva. La “vuelta al trabajo”, bajo la década kirchnerista, ha significado más de un 40% de empleo precarizado.

Entre 2013 y 2015, las burocracias -oficial u opositora- se empeñaron en clausurar cualquier perspectiva de lucha contra el ajuste. La reacción contra despidos y suspensiones, que tuvo una amplitud en ciertos gremios -metalúrgicos, la carne-, fue sin embargo controlada por la burocracia sindical, que jugó a fondo para evitar una intervención obrera en el marco de la transición presidencial. También existió una reacción de un sector de los trabajadores contra el impuesto al salario. Claras expresiones de ello fueron las movilizaciones de Fate, Aluar, aceiteros, petroleros y bancarios. En muchos casos, lograron que las patronales tiraran lastre, lo que dio lugar a que luego se extendieran reclamos en otras fábricas.

Por último, estuvieron las batallas de las paritarias, en las cuales una fracción acotada de los trabajadores impuso los métodos de la huelga general y la intervención del conjunto del gremio para defender los reclamos vitales: fueron los casos de la enorme huelga aceitera, de las huelgas docentes en Buenos Aires y Salta, de la Línea 60 y de ATE Mendoza.

Aunque la burocracia de la UOM siguió obediente a los dictados del gobierno nacional, hubo enormes grietas en los mismos plenarios de delegados, con reclamos de paros y movilizaciones que golpearon a la dirección nacional. Junto al freno burocrático, la burguesía optó por realizar concesiones en el proceso paritario, con el fin de evitar cualquier tipo de desborde de la clase obrera durante el proceso de transición electoral

El reflujo, en este cuadro, no significa una derrota, ni para el clasismo ni para la clase obrera en su conjunto. Las tendencias históricas al agotamiento de la burocracia y al surgimiento de una nueva dirección en los sindicatos están más vigentes que nunca.

Los cimbronazos del ajuste van a sacudir profundamente la vida de los sindicatos, que ya están recorridos por una deliberación.

11. Estas luchas que precedieron al año electoral expresaron una falta de preparación para enfrentar las suspensiones y despidos, y pusieron a prueba a buena parte de las direcciones obreras ligadas a la izquierda. Por su parte, las patronales avanzaron hasta el final en aquellos sectores donde percibieron fracturas internas o falta de preparación del cuerpo colectivo de trabajadores. Tal es el caso de las luchas de Lear o Gestamp, donde los activistas despedidos quedaron aislados del resto de los compañeros de las fábricas, aún cuando dirigían la comisión interna. El “petardismo mediático”, que pretendió sustituir con acciones de aparato a una acción unitaria del colectivo de fábrica, agudizó el retroceso de los trabajadores, que rechazaron masivamente esos métodos.

La reciente derrota del PTS en la comisión interna de Kraft es el último episodio de un retroceso que es consecuencia de una política divisionista, autorreferencial y conservadora. En el caso de Kraft, el PTS ganó la comisión interna luego de la huelga de 2009 y, en los seis años siguientes, abortó cualquier tipo de lucha por las reivindicaciones de la fábrica, dejando pasar todo tipo de avance patronal, en nombre de no “poner en riesgo” a la interna. El PCR, junto con elementos del kirchnerismo y de la propia burocracia, ha retomado el control de la organización fabril.

El vaciamiento de Emfer-Tatsa es otro ejemplo, donde una dirección combativa con una gran organización interna, luego de votar en asamblea el proyecto presentado por nuestra bancada por la expropiación y la estatización bajo control obrero, culmina en un acuerdo con el kirchnerismo. Aunque el acuerdo implicó la integración de los trabajadores al ferrocarril, terminó sancionando el vaciamiento de la única fábrica de trenes de la Argentina. En contraste con esto, los intentos de avanzar contra el clasismo fracasaron cuando debieron vérselas con una férrea resistencia del colectivo de trabajadores. Así ocurrió en Ecotrans, Fate, Aluar, Acindar o la 60, por citar algunos casos.

La política de la izquierda en el movimiento obrero está guiada por la autoconstrucción y el faccionalismo. En gremios como gráficos, el neumático, ATE o docentes, este accionar se verifica en forma cotidiana. Esta política, junto con la negativa estratégica a la fusión de la izquierda y el movimiento obrero, ha llevado al fracaso a los encuentros de coordinación del activismo combativo y clasista, que sólo actuaron como factor de presión sobre distintas variantes de la burocracia. Los “encuentros” terminaron en un completo impasse cuando el moyanismo se llamó a cuarteles de invierno.

El surgimiento de sectores independientes a la burocracia que se abren paso en defensa de sus reivindicaciones, como es el caso de Cresta Roja, Bimbo y otras fábricas, debe ser tomado con mucha atención.

12. La etapa que se abre planteará una batalla de fondo, donde los capitalistas y el Estado se empeñarán en alterar las condiciones históricas de explotación de la clase obrera. Entre los elementos que el macrismo tomará del régimen anterior está la incorporación de la burocracia sindical a un sistema de acuerdos para contener al movimiento obrero. También, en el plano de los sindicatos, será archivada cualquier pretensión de una “democratización” desde el Estado.

El planteo de un “acuerdo económico y social”, ya anunciado por Macri y avalado por una importante porción de las direcciones sindicales, apunta a regimentar las paritarias una vez que los “mercados” y los decretazos oficiales -devaluación, tarifazos- hayan dispuesto una colosal confiscación contra el salario. El planteo del nuevo ministro de Trabajo -paritarias sobre la base de la “inflación futura”- delata esta intención, puesto que intentarán desconocer el impacto monumental de la devaluación y tarifazos ya consumados.

La burocracia sindical se propone ser el garante del ajuste contra el movimiento obrero. A cambio, le exige a Macri una normalización de los fondos de las obras sociales, la defensa del unicato sindical y el respaldo contra la izquierda y las direcciones combativas. Los elementos de este acuerdo están presentes en la designación de Triaca como ministro de Trabajo. Macri ya gobernó la Capital en base a acuerdos con Sutecba, UTE e incluso Moyano.

Pero, para avanzar en una regresión histórica de las conquistas obreras, el nuevo gobierno debería imponerle a los trabajadores derrotas equivalentes a las de los ferroviarios, telefónicos o Somisa de los años ’90. Para ello, no bastará con el concurso de la burocracia sindical. Tendrá que enfrentar la experiencia de lucha y la asimilación política de una nueva generación de direcciones clasistas, que tiene su origen en las luchas de finales de aquella década, que continuó con la irrupción del movimiento piquetero y luego con las conquistas de sindicatos y comisiones internas antiburocráticas en la década del kirchnerismo. Desde el punto de vista político, ello significa que debería cerrar el período abierto por el Argentinazo. La lucha de los trabajadores de Cresta Roja es un primer botón de muestra, puesto que el gobierno ha descartado por ahora un rescate estatal y quiere dejar a los trabajadores librados a la suerte de una reconversión empresarial -que un nuevo capitalista se haga cargo de la planta, adquiriéndola a precio de quiebra y procediendo a reducir a la tercera parte la planta de trabajadores.

13. De cara a esta realidad, y en una primera fase de nuestra agitación en el movimiento obrero, tenemos que colocar en primer plano la necesidad de una deliberación de las bases obreras, para elaborar un programa de la clase trabajadora que se oponga al programa de Macri. “Que la burocracia no decida por nosotros”.

El programa inmediato que surge de las medidas ajustadoras del nuevo gabinete es claro: por el bono de fin de año o aguinaldo doble; por el adelantamiento de paritarias a enero; por un salario mínimo igual al costo de la familiar; por un aumento de emergencia para las jubilaciones y el 82% móvil del mejor salario percibido en el último período de la vida laboral; por la integración de los precarizados a planta y el otorgamiento de poder a los cuerpos de delegados para supervisar los contratos laborales y, en el caso de tercerizaciones, la aplicación del convenio más favorable; por la indexación mensual de los salarios ante fuertes saltos de la carestía producidos por los tarifazos o la devaluación; por la prohibición de despidos y suspensiones; por la abolición inmediata del impuesto al salario a los trabajadores convencionados; por la ocupación de toda fábrica que cierre o despida masivamente y su estatización bajo control obrero; por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; ningún ajuste: por un impuesto extraordinario al gran capital -bancario, industrial o exportador- por los beneficios originados en la devaluación.

Es necesario abordar esta etapa de reagrupamiento y deliberación haciendo consiente el cuadro de férrea colaboración de la burocracia sindical con el nuevo gobierno. La preparación de un programa y una lucha contra el ajuste es inseparable, por ello, de la batalla por la expulsión de la burocracia de los sindicatos, que en el año que comienza tendrá con grandes episodios (gráficos, neumáticos, alimentación, entre ellos). En los plenarios sindicales que comienzan a agrupar activistas, unimos la necesidad del frente único contra el ajuste a la formación de listas de unidad antiburocrática en todos los sindicatos, y a una estrategia de independencia sindical y política de la clase obrera.

Intervenir en la crisis política

14. Las pujas por el desmantelamiento y relevo del régimen anterior serán otro fuerte terreno de crisis e intervención política. La izquierda revolucionaria no puede abstenerse de estos choques, so pena de entregarle al kirchnerismo un flanco precioso de oposición política al gobierno. Uno de sus puntos fuertes es el control de los organismos o entes que se encuentran presididos por personeros del gobierno anterior, y donde se planteará una pugna para su control. La lucha encierra una contradicción, pues el kirchnerismo es quien ahora alega la institucionalidad -o sea, la permanencia de estos directores hasta que venza su mandato-, cuando hasta ahora reivindicaba el carácter “militante” de los funcionarios. Inversamente, el macrismo apunta a perpetrar un golpe de mano contra ellos, revelando la intención de reemplazar a una camarilla por otra. Un escenario de esta crisis será el de los medios de comunicación del Estado. Al no poder desplazar al titular del AFSCA, el macrismo ha subordinado este organismo a un nuevo ministerio creado en el marco de los decretazos. O sea que, a través de un mecanismo de facto, el gobierno se ha asegurado la paralización de hecho de la ley de Medios, para el caso de que no logre el consenso necesario para derogarla. Los métodos conspirativos del macrismo para desplazar a la claque kirchnerista delatan la intención de avanzar en una mera reasignación de espacios o recursos mediáticos entre lobbies capitalistas. Tenemos que oponerle a este planteo la elección de los responsables del control de medios, las radios y la TV pública a través del voto, su control por parte de representantes electos de los trabajadores de prensa y el reparto de los espacios de los medios públicos entre las organizaciones políticas, sociales y culturales de acuerdo con su influencia.

En el caso de la Justicia se plantea una disputa inmediata por la Procuración General y la Magistratura, lo que se relaciona con las extorsiones a la camarilla kirchnerista por los casos de corrupción, de un lado, y con el blindaje judicial de las medidas de rescate, por el otro. La batalla de fondo, en este punto, es por la nueva composición de la Corte Suprema. A los conjueces y subrogancias del kirchnerismo, el macrismo le ha opuesto nada menos que el nombramiento de dos miembros de la Corte, incluso por decreto. La medida es un emplazamiento al Senado de mayoría pejotista, que deberá optar entre desafiar al macrismo o dar su primera señal de “gobernabilidad”, de cara a las medidas de ajuste que deberá refrendar después. A esta guerra de camarillas judiciales, entre los que buscan la impunidad del kirchnerismo y quienes convalidarán los decretazos del macrismo, le oponemos la elección popular de jueces y fiscales.

La agenda de las libertades democráticas y la lucha contra la impunidad estatal será otro campo de intensa lucha política. La asociación de camarillas capitalistas ligadas al delito organizado y los aparatos de seguridad ha conducido a un nivel inédito de descomposición estatal, que involucra a la Justicia, a las Fuerzas Armadas, a los aparatos policiales y de inteligencia. Por arriba, ello ha tenido expresión en las numerosas crisis policiales que han culminado con el barrido de gabinetes enteros. Por abajo, a través de un fuerte movimiento de lucha contra la impunidad, que integra la agenda popular en numerosas provincias. Este movimiento se liga, a su turno, con el ascenso del movimiento de la mujer contra la violencia de género, que ha tenido expresión multitudinaria en el “Ni una menos”.

Los planteos reaccionarios de los Massa-Macri en relación con la militarización de los barrios también tienen su antecedente en el régimen anterior, cuando los “nacionales y populares” entronizaron a un ex represor (César Milani) para resolver la fractura del aparato de espionaje y delación reforzado por ellos mismos. El nuevo gobierno ha debutado con una “emergencia en seguridad” -o sea, autoasignándose superpoderes en esta materia. Es claro que un planteo de mayor protagonismo militar en la seguridad interior es incompatible con un asedio judicial a los participantes de la represión dictatorial, y a ello apuntó el editorial con el cual La Nación acompañó la asunción de Macri. En esta etapa, el reclamo del juicio y castigo a todos los culpables, de cárcel común y efectiva a los genocidas de Estado, se unirá a la lucha por el derecho a la organización y movilización sin restricciones, y contra la militarización de los barrios. El próximo 24 de marzo será la oportunidad de una gran movilización democrática contra el macrismo, pero también, de delimitación política respecto de los socios políticos de Milani, Berni y Pedraza, hoy devenidos a la oposición.

Carácter de la etapa, programa

15. La burguesía le ha dado un crédito al macrismo que está condicionado a su capacidad de pilotear un rescate financiero internacional. Pero el progreso de ese rescate está supeditado a la marcha de la crisis mundial y, principalmente, a una compulsa de fuerzas con la clase obrera. Una estabilización del nuevo régimen deberá pasar la prueba de crisis políticas y sociales de fondo. Vale el ejemplo del menemismo, que pasó por dos años de crisis de gabinete y grandes huelgas obreras antes de alcanzar un principio de estabilización política. Aunque no podemos prever los ritmos del proceso político, el rescate va a conducir a bruscos virajes en el estado de ánimo de las masas -la “primavera” macrista podría derivar en explosiones sociales e incluso en situaciones revolucionarias. Los propagandistas del gobierno han exaltado la envergadura “técnica” del nuevo gabinete y, en concordancia con ello, la existencia de un supuesto “plan” económico. Este embellecimiento de las medidas del gobierno oculta la verdadera naturaleza del rescate en curso: en verdad, asistimos a una suerte de quiebra o concurso de acreedores, en favor de un puñado de bancos y monopolios cerealeros. Con la devaluación, los exportadores y pooles de siembra lograrán un beneficio extraordinario por la cosecha que acapararon, y cuyos costos afrontaron al “viejo” valor de dólar. Pero a renglón siguiente, podrán colocar los pesos obtenidos a una tasa de interés cercana al 40%. Una estabilización del tipo de cambio, aún de algunos meses, les permitirá obtener rendimientos exhorbitantes en dólares (bicicleta financiera). Esta afluencia de dólares para la liberación del cepo tendrá un enorme costo para los trabajadores y para el país, en términos de carestía, endeudamiento y recesión industrial. La muletilla de que “faltan dólares” es el recurso del gobierno y del capital financiero para montar esta nueva sangría nacional.

Pero el país no necesita nuevas hipotecas, sino sanear su bancarrota financiera a costa de quienes se beneficiaron con ella. Para ello, planteamos la investigación y repudio de la deuda usuraria, la recapitalización del Banco Central a través de un impuesto extraordinario a los grandes capitales, junto a la nacionalización de la banca y del comercio exterior bajo el control de los trabajadores. De ese modo, el ahorro nacional se aplicaría a la industrialización del país, a la mejora material y moral de los trabajadores y al reforzamiento del conjunto de sus derechos. En oposición al reforzamiento del “modelo sojero” -que ha implicado expulsión de campesinos, envenenamiento del suelo y concentración del capital- planteamos la nacionalización de la gran industria de agroquímicos y de la gran propiedad agraria, para establecer una reorganización de la producción agraria en función de las necesidades de la mayoría trabajadora. Frente a la tentativa de rescatar a los pulpos energéticos a costa de los trabajadores y consumidores, planteamos: ningún tarifazo, que se abran los libros y costos de toda la cadena energética y del transporte. Abajo los acuerdos secretos con Chevron. Por la nacionalización integral de la energía y los ferrocarriles, bajo control de los trabajadores.

No hay tal “plan” macrista, sino un remate de la riqueza social del país en beneficio del capital financiero. Le oponemos a ello un plan económico y la reorganización del país bajo la dirección de los trabajadores.

16. Ingresamos en este período con una capacidad de agitación política singular -la presencia de un bloque de diputados nacionales y de numerosas bancadas en las legislaturas y concejos de las principales provincias del país. Pero este registro vale, en primer lugar, para establecer la principal tarea de estas bancadas, como factor de agitación política. Se ha planteado en estos días un primer caso, con nuestro planteo de convocatoria a sesiones extraordinarias, en oposición a los decretazos de Macri.

La intervención en torno de los diferentes episodios de la crisis es un formidable factor de delimitación frente a la oposición patronal, y al kirchnerismo en primer lugar. Pero esto, en la medida en que esa intervención parlamentaria está regida por un programa, es parte de una acción política integral, en los sindicatos y en el movimiento de la juventud, en el impulso a plenarios de activistas, actos callejeros y pronunciamientos políticos. Con el mismo propósito concurriremos a los plenarios convocados por organizaciones obreras combativas.

La circunstancia de que el macrismo no cuenta con mayoría propia en el Congreso no sólo puede conducir a decretazos, sino a recursos plebiscitarios e incluso planteos de reforma constitucional, que sirvan de pretexto para una ulterior renovación completa de las dos cámaras. Bajo ciertas circunstancias de empantamiento político y agudización de la crisis de poder, habrá que evaluar el mérito de plantear una Asamblea Constituyente soberana, con un programa de reivindicaciones políticas y sociales de salida a la crisis en términos de los intereses de la mayoría trabajadora.

Es necesario hacer del debate de estos planteamientos una primera tarea de reagrupamiento político, interesando a activistas y luchadores en la discusión de las perspectivas de esta transición. Vamos a llevar esta deliberación a las reuniones y plenarios de activistas, para politizar sus conclusiones y enlazar las luchas contra el ajuste a un desarrollo político independiente de la clase obrera. Ese desarrollo depende decisivamente de una comprensión de fondo de las posibilidades revolucionarias de la etapa abierta en Argentina y en América Latina, y a ello pretende contribuir el XXIII Congreso del Partido Obrero.

Marcelo Ramal y Juan Pablo Rodríguez son miembros de la dirección nacional del Partido Obrero.

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