2019: El derrumbe del macrismo y los desafíos de la clase obrera.

Resolución política para el XXVI Congreso del Partido Obrero

1. La crisis mundial y la Argentina

La agudización de la crisis capitalista mundial golpea de un modo directo a la Argentina. El slogan de la “vuelta al mundo”, usado por el macrismo para diferenciarse del kirchnerismo, ha revelado su completa desorientación política; ahora, los mismos que lo pergeñaron culpan al contexto mundial por el agravamiento de la crisis nacional. La guerra comercial que encabeza Donald Trump -especialmente contra China, pero que alcanza también a la Unión Europea y países de la periferia- es un medio por el cual el imperialismo norteamericano pretende superar una de las manifestaciones más características de las crisis capitalistas: la sobreproducción de mercancías y, sobre todo, de capitales. Las barreras arancelarias impuestas por Trump amenazan con producir un dislocamiento del mercado mundial y una recesión económica global, de la cual ya hay varios indicios de que están en pleno desarrollo. Una recesión mundial golpearía aún más a la Argentina, alargando su propia recesión económica al bloquear una reactivación por el lado de las exportaciones y el comercio mundial. El endeudamiento explosivo de las corporaciones norteamericanas y de su propio Estado, sumado a la necesidad de repatriar capitales para reciclar esa deuda, ha conducido a una sistemática suba de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que aceleró la fuga de capitales de la periferia capitalista hacia el centro. Esta situación determinó la devaluación de todas las monedas de las semicolonias y aumentó el costo del reciclaje de sus propias deudas públicas y los compromisos asumidos por sus corporaciones capitalistas.

Los recortes impositivos establecidos por Trump se han traducido en una recuperación económica precaria. No han redundado en un aumento de la inversión ni la productividad. Los incentivos fiscales y utilidades corporativas derivadas de dichas medidas se han desplazado a la órbita financiera y a la recompra de las empresas de sus propias acciones y alimentaron una burbuja especulativa que tuvo su escenario central en el crecimiento de las empresas vinculadas con Internet (Facebook, Amazon, Google, etc.). El estallido de esta burbuja ha hundido la cotización de la Bolsa de Wall Street. Los límites de los estímulos implementados están a la vista: se va disipando su impacto inicial y la economía norteamericana viene registrando una desaceleración, coincidente con la que se viene constatando a escala global.

Un sector importante de la burguesía norteamericana cuestiona la política de Trump, fundamentalmente por los perjuicios a raíz de la guerra comercial. La escalada fogoneada por la Casa Blanca está provocando el cierre de mercados a las exportaciones yanquis, el encarecimiento de los insumos industriales y de los productos de consumo importados, afectando la actividad industrial y la capacidad de compra de la población. La decisión de General Motors -que podría ser seguida por Ford- de cerrar cinco empresas y despedir 14.000 personas es un aviso del escenario que se está configurando. Esto alimenta el peligro de recesión.

La envergadura de estos choques internacionales explica que los resultados del G20 realizado en Buenos Aires estuvieran muy lejos de lo que el macrismo esperaba. La supuesta tregua entre Estados Unidos y China duró un suspiro y fue seguida por nuevos choques y confrontaciones. El impacto de éstos se expresó de inmediato en nuevas caídas de las Bolsas de todo el mundo, agravando el retroceso de Wall Street, nuevas devaluaciones de las monedas y otra suba de la tasa de interés. A su vez, el ajuste del crecimiento de China -por primera vez, su PBI se incrementaría por debajo del 6%- viene a confirmar las tendencias al comienzo de una recesión internacional.

Los efectos de la crisis mundial se hacen sentir también en América Latina, afectando las relaciones comerciales del país. El triunfo de Jair Bolsonaro ha colocado en cuestión el futuro del Mercosur. Por el momento, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea sigue bloqueado debido a la resistencia de Brasil, y de la propia Unión Europea, fundamentalmente Francia, que defiende su sector agrario. Para la burguesía paulista, el acuerdo puede implicar un duro golpe, ya que debería competir con capitales que tienen mayor desarrollo industrial y un respaldo financiero de otra naturaleza. La intención de modificar el Mercosur, y rebajarlo de su estatus de mercado común a un mero acuerdo de libre comercio, representaría un duro golpe también al complejo industrial instalado en la Argentina, que tiene una dependencia enorme con respecto a Brasil. Las terminales automotrices y la industria autopartista sufrirían el impacto. Por otro lado, el G20 ha mostrado que América Latina se ha transformado en un escenario de batalla entre las distintas potencias internacionales. Los choques entre Estados Unidos y China tienen su expresión en América Latina, afectando intereses económicos y comerciales, con su correlato directo en los regímenes políticos. Macri ha debido hacer equilibrio entre Trump y Xi Jinping, debido a que necesita el apoyo de Estados Unidos para prorrogar el salvataje financiero del FMI, pero tiene en China el principal comprador de mercancías del país. Ese mismo equilibrio afectará con seguridad al gobierno de Bolsonaro, pues un alineamiento directo con Estados Unidos impactará negativamente sobre las exportaciones brasileras a China. Es probable que esos choques se desarrollen dentro del gabinete de Bolsonaro y se transformen en un factor de crisis y divisiones, que deberán atravesarse antes que el carácter de su gobierno quede saldado.

La política exterior de Trump/Bolsonaro también coloca agudamente la cuestión de la intervención en Venezuela, un planteo que ha desarrollado Bolsonaro, que converge con el del imperialismo y que tiene su correlato en la militarización de la frontera con el objetivo de contener la migración a Brasil. El macrismo se anota en el pelotón de provocaciones proimperialistas contra Venezuela desde el primer momento. La cuestión de la guerra imperialista no es ajena a América Latina.

Tomada de conjunto, América Latina se ha convertido en una región atravesada por grandes choques y crisis. La crisis capitalista internacional ha llevado al agotamiento de los regímenes nacionalistas y determinó su reemplazo por gobiernos de ofensiva abierta contra las masas. Estos gobiernos, entre los que se encuentra el de Macri, están lejos de haberse consolidado y menos aún de haber logrado sus propósitos. Hasta el momento, el tenor del ataque sobre las conquistas populares que la crisis capitalista demanda estuvo por encima de las posibilidades políticas de estos gobiernos. En Brasil, ello produjo una salida por derecha y el intento de que la agenda antiobrera, que Temer no pudo completar, sea llevada adelante ahora por medios más represivos por el gobierno pro-militar de Bolsonaro. En Argentina, los sistemáticos ataques de Macri sobre las condiciones de vida del pueblo no fueron suficientes para modificar decisivamente la relación histórica entre las clases.

El rescate del Fondo Monetario, en un marco de bancarrota capitalista y ofensiva imperialista, agudiza enormemente la dependencia respecto del imperialismo. Por eso, plantea la actualidad de las consignas antiimperialistas: fuera el FMI, abajo el pago de la deuda externa, abajo los convenios de cooperación militar, abajo la injerencia imperialista, por gobiernos de trabajadores, por la unidad socialista de América Latina. Estas consignas sirven, además, respecto de una delimitación del nacionalismo, que buscará dar garantías al imperialismo para poder acceder al poder nuevamente. En la campaña electoral, estas consignas ocuparán un lugar destacado, tanto por el hecho que hacen a los ejes principales de la situación política como por el valor que tienen de delimitación contra nuestro principal adversario, que disputa la dirección de las organizaciones populares, el nacionalismo de colaboración de clases.

2. Argentina, el eslabón más débil de la cadena

Aunque la crisis capitalista afectó a todos los países de la periferia, es claro que ha sido la Argentina quien, por lejos, ha sufrido los golpes mayores. La devaluación de la moneda local superó ampliamente la depreciación de las monedas de otros países periféricos. La tasa de riesgo país, a su vez, supera ampliamente la de otros países de la región. Comparada con Brasil o Uruguay, directamente la triplica para los bonos que vencen más allá del año 2020. Tipo de cambio y tasa de interés indican el nivel alcanzado por la fuga de capitales que, aunque nunca mermó bajo el gobierno macrista en 2018, se transformó en una verdadera estampida. El nivel de la recesión, a su vez, también alcanza un récord difícil de superar, salvo que la comparación sea con Venezuela. La gravedad de la crisis determinó la necesidad de recurrir al salvataje del FMI -como lo anticipamos en la Resolución Política del XXV Congreso-, pues de otro modo el gobierno marchaba a un defol que directamente implicaba su caída.

Esta ‘peculiaridad’ nacional se debe a que la política del macrismo agravó la crisis heredada por el kirchnerismo. Ha fracasado con Mauricio Macri toda una tentativa de salida capitalista a la desorganización económica del kirchnerismo en su etapa final: la vuelta al mercado mundial de deuda, la lluvia de inversiones, la liberación del movimiento de capitales, la eliminación de toda barrera comercial, el levantamiento del cepo, los tarifazos para reducir el déficit fiscal, como pilares de una recomposición económica. La consecuencia de esta crisis ha sido un enorme agravamiento de las condiciones de vida de las masas: pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones mediante paritarias a la baja y el robo a los jubilados, que implicó el cambio de la movilidad, despidos masivos estatales y privados, tarifazos a repetición, la perpetuación y ampliación de la base imponible del impuesto al salario, el ataque al sistema de seguridad y accidentes, el ataque a los convenios colectivos. Incluso, ciertas medidas que pretendieron reactivar la construcción, como los créditos UVA (de importante efecto en el período previo a las elecciones intermedias de 2017), se han transformado en un calvario porque sus cuotas aumentaron un 47% en el último año. La construcción, junto a la industria, lidera el desplome de noviembre último (13,3 y 15,9%, respectivamente). La maniobra de la “reparación histórica” a los jubilados fue una estafa y fracasó en eliminar la litigiosidad del sector.

La bancarrota fiscal no hizo más que incrementarse como resultado de la rebaja de impuestos a las patronales (retenciones, aportes patronales, etc.) y el incremento de los pagos de intereses de deuda que, a su turno, fueron el resultado de una política de endeudamiento voraz para financiar el levantamiento del cepo cambiario y la regularización de la deuda en defol; junto con ello, los tarifazos agravaron los costos internos y la inflación, pero no fueron suficientes para reducir significativamente los subsidios, que volvieron a incrementarse por el impacto que la devaluación tuvo en las tarifas dolarizadas; la creciente inflación y el endeudamiento crearon un cuadro de atraso cambiario (inflación en dólares) que condujo a un déficit de cuenta corriente imposible de financiar, que a su vez llevó al salto devaluatorio de los últimos meses; el ingreso de capitales de corto plazo para explotar las altas tasas de interés, especialmente de la deuda tomada por el Banco Central (Lebac), agravó la fragilidad financiera del país, acentuada por las medidas de desregulación impuestas por los especuladores. Un cambio de tendencia internacional, como ocurrió con la suba de la tasa de interés, fue suficiente para generar una salida de capitales masiva, un remate de los activos argentinos, sean del Estado o de las empresas, una devaluación monetaria muy superior a la del resto de los países de la periferia y hundir a la economía en la recesión. El endeudamiento asumido combinado con la recesión arrojó un salto en el ratio deuda/PBI, que superó ya el 90%, de la cual el 85% está en dólares, creando las condiciones de un nuevo defol. Este cuadro de bancarrota no fue alterado por el acuerdo con el FMI, como lo prueba el hecho que desde que éste fuese anunciado la devaluación se agravó, continuó la fuga de capitales y no fue capaz de reducir el riesgo país, para que Argentina accediera al financiamiento internacional y asegurar por esa vía el pago de la deuda.

El crecimiento del riesgo país es indicativo que el pacto con el FMI tampoco ha servido para aventar el riesgo de un defol. Las finanzas públicas y las reservas del Tesoro bajo el macrismo fueron utilizadas a fondo para el rescate al capital. Con las tasas de interés por las nubes y atrayendo capitales especulativos se financió la fuga que promovía la burguesía con el levantamiento del cepo. Luego, con las reservas (producto del endeudamiento) se financió el desarme de la bicicleta financiera, que dio origen a la devaluación y al nuevo acuerdo con el FMI. Mientras toda la economía argentina se desvalorizaba, el gobierno rescató las Lebacs pagando, peso sobre peso, sus tasas de interés usurarias y habilitando su salida a dólares. Por medio del segundo acuerdo armó una nueva bicicleta, las Leliq, igualmente explosivas y con riesgo de trasladar la crisis cambiaria y financiera a una crisis bancaria. Hay que señalar que el segundo acuerdo con el FMI está al servicio del rescate de poderosos fondos de inversión (Templeton, BlackRock y otros) que tuvieron fuertes quebrantos con la violenta devaluación, por las posiciones en pesos que colocaron en la etapa previa, para sostener la política de Caputo en el Banco Central y al conjunto del gobierno Macri. Pero, justamente, el precio de ese rescate son las tasas de las Leliq en niveles siderales, con una banda cambiaria garantizada. Cuestión que le vale una fricción con el resto de la burguesía prácticamente impedida del acceso al crédito. Conclusión: los sucesivos rescates han potenciado la quiebra del Tesoro y el Banco Central, y marcan el hundimiento de toda la política oficial.

Está en cuestión, incluso, la especie de que el problema sería el año 2020, pero no 2019, ya que los fondos del FMI alcanzarían para cubrir los vencimientos del año en curso. Esta afirmación carece de fundamentos. Sucede que los fondos del FMI alcanzan para cubrir aproximadamente el 50% de los pagos de deuda. El resto debiera refinanciarse. Ahora bien, si ese refinanciamiento no fuese posible por la suba de la tasa de interés, el gobierno no tiene condiciones de evitar un nuevo defol en el año en el que se juega su reelección. Pero 2019 no sólo debuta con el riesgo de un defol sino también de una nueva corrida cambiaria. El esquema monetario armado en el segundo acuerdo con el FMI es ultra-precario. Se sostiene mediante una tasa de interés altísima, en la cual el BCRA le paga a los bancos tasas usurarias por las Leliq, lo que le permite a los bancos pagarle a los ahorristas por los plazos fijos tasas también altas. Por la intermediación entre los ahorristas y el BCRA, los bancos se embolsan ganancias siderales. Pero si por distintas causas (reducción de tasas de interés sin que caiga sustancialmente la inflación, temor a nuevas devaluaciones, etc.) ocurriera que los ahorristas solicitasen sus depósitos, los bancos no podrían renovar las Leliq con el BCRA y entraríamos en un escenario de un corralito o de una hiperinflación (porque el BCRA debería emitir para devolver los pesos de las Leliq). Al tipo de cambio actual, el potencial de demanda de dólares de esos plazos fijos supera los 25.000 millones. Por lo tanto, es claro que el riesgo de defol se cruza con el de nuevas corridas, que podrían darse eventualmente en el comienzo o en el medio de la campaña electoral. Hay que agregar que las reservas del BCRA son esencialmente prestadas, y una vez que se restan los encajes y el swap chino, su neto es casi inexistente.

Pero, si incluso el gobierno lograse sortear el defol y una nueva corrida en 2019, el costo de ello sería realmente altísimo. Las altas tasas de interés han deprimido la economía y lo seguirán haciendo en el futuro, algo que prevé el FMI cuando pronostica un retroceso superior al 1% para el año en curso (2019). El riesgo país difícilmente se reduzca, ya que el uso de los fondos del FMI en este año dejará al próximo gobierno sin los recursos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda en 2020 y los años posteriores. El agravante de esos vencimientos es que a la deuda con los bonistas privados se sumará la deuda a pagarle al FMI, que no puede ser reducida por medio de un defol. Así, siendo el FMI un acreedor privilegiado, entra en competencia con los otros vencimientos de deuda.

Esta bancarrota económica condiciona todas las perspectivas de la campaña electoral. Un nuevo estallido y corrida cambiaria no sería una repetición de la previa, sino que involucraría además una crisis bancaria en el marco de una recesión enorme, crisis de la cadena de pagos y con los cartuchos del rescate del FMI a punto de agotarse. Por un lado, esta crisis es el terreno de un enorme debate de programa. El pueblo argentino no puede cargar sobre sus espaldas una nueva bancarrota.

A la fuga de capitales por el desarme de la bicicleta financiera, le oponemos la nacionalización de la banca, destinar el ahorro nacional a un plan de industrialización bajo control de los trabajadores. A la confiscación de los trabajadores para el pago de la deuda, le oponemos la confiscación de los acreedores, del FMI y de los pulpos de las finanzas internacionales. Contra la continuidad de este gobierno entreguista, planteamos “Fuera Macri, Asamblea Constituyente con poder para tomar las medidas de emergencia que requieren los trabajadores”.

Pero, además, el conjunto del arco político patronal buscará contener la crisis mediante el proceso electoral. La definición de Hugo Yasky, contraria a todo paro durante el año electoral, es expresiva del alcance del operativo de contención de todas las alas del peronismo, en este caso de su ala demagógica más radical, el kirchnerismo. A esta contención, le oponemos la intervención activa de los trabajadores con los métodos de la clase obrera y con una perspectiva de independencia política: paro activo de 36 horas, que la crisis la paguen los capitalistas, abajo el pago de la deuda externa, derrotemos el plan de guerra de Macri, el FMI y los gobernadores, fuera Macri y el régimen corrupto de macristas, kirchneristas y pejotistas, Asamblea Constituyente, Congreso de delegados con mandato de Bases de todos los sindicatos. Con estas consignas y llamando a la acción, desarrollaríamos un planteo de poder en el marco de la propia campaña presidencial, desnudando los límites insalvables de la oposición, que buscará un recambio electoral sin ninguna intervención de la clase obrera.

3. Choques y divisiones

El agravamiento de la crisis ha comenzado a delinear una división en la clase capitalista. El déficit cero comprometido con el FMI ha llevado al gobierno a reponer impuestos a la clase capitalista, generando rechazo, tanto de la burguesía industrial como agraria. Las altas tasas de interés benefician a los bancos, pero elevan el costo de financiamiento del resto de la clase capitalista a niveles imposibles. Existe un riesgo claro de ruptura de la cadena de pagos, por los efectos combinados de la recesión y las tasas altas. El acceso del financiamiento internacional que se había logrado en la primera parte del gobierno macrista ya es parte del pasado. No sólo los bancos cobran tasas usurarias, sino que también se ha caído el acceso a capitales por medio de la Bolsa. Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York se han ido a pique, y una retracción similar se vivió en el mercado de capitales local.

Los síntomas de descontento de la clase capitalista ante la crisis se han visto agravados por las causas de corrupción en marcha. La posibilidad de una reactivación por la vía de la obra pública ha sido sepultada, pues el Estado carece de fondos y las llamadas PPP debieron ser suspendidas hasta próximo aviso, dadas las altísimas tasas de interés. Los bancos tampoco pueden prestarles a empresas investigadas por corrupción, y la alternativa de zafar de estas trabas legales apelando a la creación de un fideicomiso no prosperó, ya que el costo financiero es usurario. La investigación de los cuadernos de la corrupción agrava el malestar de una parte de la clase capitalista, que entiende que detrás de las denuncias se encuentra la mano de grupos internacionales que buscan desplazarlos de resortes clave de la economía local. Así, la bancarrota capitalista se entrecruza con una disputa de buitres por el reparto de la propiedad y la apropiación de la plusvalía.

La Justicia, en esta crisis, viene de reducir el alcance de los procesamientos contra los empresarios, al tiempo que dictó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Opera con una intención deliberada de rescatar a la clase capitalista del banquillo de los acusados. El gobierno no es ajeno a esta tentativa, como lo muestra la visita de Macri con Paolo Rocca a Vaca Muerta. Aunque este intento de rescate choque con sectores del propio gobierno (Elisa Carrió), Macri se anota en las filas de los rescatistas de la gran burguesía nacional. Denunciamos esta absolución, que muestra a las claras la manipulación política de la Justicia. La prisión a CFK, en estas condiciones, mostraría una voluntad de proscripción política directa, alejadísima de la “lucha contra la corrupción”, porque todos los empresarios corruptos quedan impunes. La salida de fondo frente a la corruptela de kirchneristas y macristas es deponer el régimen corrupto de la patria contratista, mediante la confiscación de sus activos, la apertura de sus libros y la nacionalización de la obra pública bajo control de los trabajadores.

Un sector de la UIA quiso firmar un documento contra el gobierno con la CGT y la Iglesia, algo que finalmente no ocurrió por divergencias internas. Esta burguesía nacional adopta, sin embargo, posiciones más antiobreras en muchos puntos que el propio FMI. Es que estos grupos locales reclaman avanzar ya mismo con la reforma laboral, para compensar con una mayor tasa de explotación de los trabajadores el costo que produce la recesión y las tasas usurarias, que redistribuyen la plusvalía en favor de los bancos. El FMI, en cambio, habría pactado con el gobierno que tanto la reforma laboral como la previsional quedasen para después de las elecciones, sabiendo que cualquier intento de avanzar en estos puntos en los próximos meses dificultaría aún más la posibilidad del macrismo de conseguir su reelección. Este choque entre el FMI y un sector de la burguesía nacional está llamado a agravarse en el próximo período y traerá consecuencias en el plano político. Por lo pronto, Dante Sica finalizó el año anunciando que vuelven a la carga con la reforma laboral.

Los reclamos de la burguesía nacional no adquieren la forma de un plan de salida sino de una improvisación, que combina la exigencia de subsidios, rebajas impositivas, promociones industriales, créditos con tasas subsidiadas y otras. Estas medidas chocan con la crisis fiscal y la quiebra del Estado. El Estado Nacional no tiene condiciones para sostener una política de subsidios masivos a las patronales. Por eso, este sector discute la necesidad de una renegociación de los pactos con el FMI, con el objeto de ganar espalda para una política intervencionista.

La insolvencia de los planteos de la burguesía frente a la crisis es una muestra de la profundidad de la misma, ningún sector tiene un programa claro de salida. Los partidos patronales están condicionados por la crisis de fondo del régimen político y la bancarrota económica.

4. Impasse parlamentaria y crisis del régimen de coalición a la carta

El año parlamentario estuvo atravesado por las crisis políticas y el derrumbe económico. Fue “el año de menor producción parlamentaria desde 1983”. El régimen armado de coalición a la carta, que alumbró los pactos entre un gobierno de minoría parlamentaria con la oposición entró en crisis, aunque sin alcanzar una fractura. Las jornadas del 14 y 18 de diciembre fueron un golpe a estos pactos, que llevaron al gobierno y a la oposición a buscar eludir al Congreso para evitar nuevas intervenciones populares y disimular ante los trabajadores los intereses sociales comunes que anidan en los distintos bloques capitalistas.

El impasse reflejó los choques del gobierno con la oposición (reparto de recursos, fondo sojero, asignaciones a zonas desfavorables, etc.) y los choques hacia el interior de los propios bloques -en particular al calor del debate por el aborto legal y los compromisos de todos los partidos patronales con la Iglesia- condujeron al gobierno a actuar en gran medida por vías extraparlamentarias: los sucesivos “decretos de necesidad y urgencia”. Las medidas de ofensiva contra los trabajadores -especialmente en materia de reforzamiento represivo- fueron dispuestas por decretos, lo que muestra la estafa “republicana” de los Macri-Carrió. Desde nuestra banca lo hemos explotado con proyectos de anulación, que fueron replicados en las legislaturas, y de los que nos valimos para una campaña política de denuncia en el Parlamento y en los medios de comunicación.

De conjunto, y exceptuando el tratamiento del aborto legal, la agenda parlamentaria del año estuvo dominada por la ofensiva capitalista contra las masas. El Parlamento actuó como un bastión del endeudamiento y del pacto colonial con el FMI, porque en medio de la fuga de capitales que disparó la megadevaluación aprobó la ley de liberalización del mercado de capitales, luego eludió el tratamiento del endeudamiento con el FMI (anticonstitucional) y, más tarde, aprobó el Presupuesto del plan de guerra del Fondo para 2019.

Desde las jornadas de diciembre y con mayoría pejotista, el Parlamento estuvo contra los trabajadores en la calle. Fue el enterrador de las reivindicaciones populares y se reveló como un coto clerical, dando la espalda al mayor movimiento del año, el de la ola verde por el aborto legal. El rol jugado por nuestra bancada, que colocó a Romina Del Plá como una de las figuras nacionales de la izquierda, estuvo asociado a un planteo socialista en torno de la cuestión de la mujer (contra la sororidad transversal) y por la separación de la Iglesia del Estado, así como la denuncia del pacto colonial con el FMI, y fue un factor de agitación de la intervención de las masas para acabar con el gobierno y abrir paso a una Asamblea Constituyente en todas las intervenciones del debate del Presupuesto. El voto de la mitad de las diputadas contra el aborto legal permitió reforzar la lucha política al interior del FIT contra las posiciones democratizantes en materia de paridad de género.

Ante el vaciamiento ordinario del Congreso -sólo dos sesiones ordinarias-, el kirchnerismo ha tratado de compensar su papel de bombero de las luchas (detrás del “hay 2019”), con una política de demagogia parlamentaria (denuncian el pacto con el FMI porque no pasó con el Congreso, pero defienden mantener acuerdos con el Fondo), y de parlamentarización de los conflictos, particularmente los de los estatales contra los despidos. Los K hicieron desfilar algunos conflictos por comisiones que ellos presiden, con una acción enteramente demagógica. Una réplica devaluada de la política de toda la burocracia en 2016 (ley antidespidos). Como bancada de la clase obrera, intervinimos contra la burocracia sindical y ofreciendo una orientación de combate.

Los realineamientos políticos parlamentarios han sido reveladores de la crisis política oficial, como la ausencia de la Coalición Cívica en las últimas sesiones. En el peronismo resalta la quiebra del bloque de Sergio Massa, es decir que los movimientos por la “unidad” del PJ se expresan en nuevas fracturas, bloques e interbloques. En estos realineamientos interesa especialmente la completa disolución de la centroizquierda que hoy integra el interbloque de Felipe Solá, al igual que la kirchnerización de Pino Solanas. El Frente de Izquierda es la única expresión parlamentaria que escapa al operativo pro “frente anti-Macri”.

Cabe esperar que la crisis económica y política que atravesará el año electoral agudice el impasse del Congreso. Debemos ser implacables en la denuncia política de este vaciamiento y del rol del peronismo, cuya entrega parlamentaria es la prueba ácida ante la burguesía de su capacidad de relevo “confiable” del gran capital y el FMI, especialmente incluido el kirchnerismo. En torno de la cuestión del aborto legal tenemos que denunciar las maniobras de adaptación en marcha, contra el proyecto que obtuvo la media sanción de la mano de millones de mujeres y hombres movilizados. La inclusión de los pañuelos celestes por Cristina en su “espacio” es el pasaporte al archivo de esta reivindicación por parte del kirchnerismo, en el altar del “frente antineoliberal”.

No obstante, puede ocurrir que las urgencias de la agenda reaccionaria nos den un campo político contra el Código Penal reaccionario, contra una nueva ofensiva (Sica) en torno de la reforma laboral o en cuestiones impositivas, donde podemos reintroducir permanentemente una agitación política alrededor de un programa obrero de salida a la crisis. Por otro lado, las luchas obreras que se produzcan contra cierres y ataques a convenios y conquistas laborales, como las cuestiones previsionales, nos tienen que tener atentos al uso de todas las bancadas parlamentarias para asociarlas al reforzamiento y reagrupamiento político de los explotados, como ya viene ocurriendo (Luz y Fuerza de Córdoba, ESI, Enfermería, régimen previsional en el municipio neuquino, etc.).

5. Realineamientos políticos

La bancarrota de la economía macrista ha replanteado en la burguesía sus alineamientos políticos. Mientras el FMI y los bancos siguen apostando abiertamente por la reelección del macrismo, del mismo modo que lo hace Trump, aparecen sectores de la burguesía que, al buscar un plan económico alternativo, impulsan en la oposición movimientos y agrupamientos que pretenden dar cuenta de esa demanda. A la vez, la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos de deuda tal como están previstos en la actualidad, entre los cuales hay que contar los que deberán abonarse al FMI, ha puesto en el punto número uno de la variante de la oposición burguesa la necesidad de proceder a una renegociación del acuerdo con el Fondo, lo que podría incluir una renegociación de la deuda. La candidatura de Lavagna, que ha comenzado a sonar con fuerza en las últimas semanas, está asociada a este programa. Lavagna fue el ministro de Economía del kirchnerismo, que llevó adelante la reestructuración de la deuda en defol. Mientras para el periodismo y para el conjunto de los partidos del régimen esta reestructuración fue catalogada como “exitosa”; en realidad, implicó el reconocimiento de una deuda que se había desvalorizado por completo. Ese reconocimiento se hizo a un precio tal que permitió ganancias siderales para quienes habían adquirido los bonos argentinos a valores de remate. Además, con la emisión del cupón PBI, el gobierno de Néstor Kirchner y Lavagna se comprometieron a pagar a los acreedores una cifra superior a los 20.000 millones de dólares, que se devengaría por año, cuando la economía creciese más allá de determinado porcentaje de su PBI. Junto con ello se pagó puntualmente toda la deuda a los organismos internacionales de crédito, como ser el FMI, el BID y el Banco Mundial.

Las condiciones de una renegociación actual de la deuda son muy distintas de las de 2003, porque mientras en ese año la Argentina venía de un defol, que había hundido el valor de los bonos, y la economía mundial arrastraba a la Argentina a un ciclo de crecimiento, ahora el país está en recesión y viene de un proceso especulativo con los bonos argentinos, en un escenario internacional dominado por la guerra comercial y la crisis mundial capitalista. Una renegociación se realizaría bajo la presión y la batuta del FMI, apuntaría a renegociar fundamentalmente los plazos de pago, para evitar el defol, y sería un terreno para nuevos negociados y un rescate del capital financiero de la crisis.

Por otro lado, la dependencia de la burguesía en su conjunto del financiamiento externo cuestiona su posibilidad de chocar abiertamente con el FMI, incluso en un marco de quebranto económico general.

Más allá de si la candidatura de Lavagna termina avanzando o no, lo que importa destacar es que muestra cuál es el contenido del programa de la oposición patronal. Todo el sector del Peronismo Federal y el massismo, más allá de sus matices internos, se inscribe en esta orientación. Lo ha señalado Massa, quien en una reunión con el FMI les planteó la necesidad de rediscutir el acuerdo, lo que supone no sólo revisar las metas fiscales y monetarias, sino también los vencimientos de deuda, que ya representan el segundo gasto del Estado sólo detrás de la seguridad social. Junto con el Peronismo Federal hay sectores del propio oficialismo de Cambiemos que han decido tomar ese programa. Entre otros se destaca Emilio Monzó, que aún siendo presidente de la Cámara de Diputados y ocupando un lugar en línea sucesoria del Poder Ejecutivo, trabaja activamente para un acuerdo con el Peronismo Federal. También la UCR se ha dividido en torno de estos puntos. Ricardo Alfonsín, Federico Storani y otros amenazan con presentarse por fuera de Cambiemos y del radicalismo, lo que eventualmente puede incluir a Martín Lousteau y la UCR Capital. En todos los casos, los planteos programáticos de estos sectores tienen en común la propuesta de un plan económico alternativo y la rediscusión de los términos del acuerdo con el FMI.

Junto con la reestructuración de la deuda, el programa de agrupamiento de estos sectores incluye un “pacto social” que comprometa a los sindicatos a aceptar una reforma laboral y previsional, que es presentada como la vía para bajar los costos y aumentar la productividad. Demagógicamente se presenta esta política rabiosamente antiobrera como ‘reactivadora del mercado interno’ y contraria a la ‘especulación financiera’, que sería atribuido exclusivamente al macrismo. Pero la imposición de tasas de interés por las nubes por parte del FMI es una exigencia para secar el mercado de pesos y garantizar el pago de la deuda, que ningún sector patronal plantea desconocer. Entre los planteos levantados existe la de formular convenios laborales especiales para las Pymes, que reclaman además medidas de reducción tarifaria. Como sus planteos rechazan taxativamente la nacionalización de los recursos naturales y energéticos, que permitiría reducir los costos, el reclamo patronal sobre las tarifas traerá aparejado más subsidios, que serán soportados por los trabajadores por medio del sistema impositivo.

Este agrupamiento de una parte de la oposición, que fundamentalmente incluye a los gobernadores pejotistas del interior en el llamado Peronismo Federal, ha tenido un correlato en la Justicia. Los últimos fallos de la Corte Suprema han mostrado una nueva mayoría que tiene por eje al pejotismo. El presidente del Poder Judicial impulsado por Macri y Carrió ha quedado aislado. Ha votado en soledad en favor del 2×1 para los genocidas y acaba de ser derrotado ampliamente en el fallo que determina el índice de actualización para las jubilaciones en el período previo a 2009. La importancia de este mapa político en la Justicia salta a la vista cuando se tiene en cuenta la agenda que deberá abordar la Corte. Allí deberán resolverse, en última instancia, las denuncias de corrupción a los principales grupos capitalistas (“causa de los cuadernos”), distintos juicios de las provincias al Estado Nacional por el régimen de Coparticipación Federal y, eventualmente, las impugnaciones a la candidatura de Cristina Kirchner. Toda crisis capitalista supone la ruptura de contratos, y con ello, la resolución de los diferendos y choques en la Justicia.

Así, a diferencia de lo sucedido en 2017, cuando toda la clase capitalista apoyó al macrismo en las elecciones intermedias, ahora, crisis mediante, se han comenzado a desarrollar fracturas y desplazamientos que incluyen a sectores del oficialismo y de la oposición, y que alcanza también a otros poderes del Estado. El ritmo y el alcance de esa fractura estarán finalmente determinados por la marcha de la crisis y también por la capacidad de que se estructure una alternativa política adecuada, electoralmente viable para disputar la presidencia, tanto contra el macrismo como contra el kirchnerismo y, en última instancia, por la acción de las masas y su capacidad para superar los mecanismos de contención.

Por el lado del kirchnerismo, su programa no dista en lo esencial del que levanta el resto de la oposición pejotista. Lo ha dejado en claro Kicillof cuando señaló que, de llegar a la presidencia, mantendrá el acuerdo con el FMI, buscando una renegociación que le permita cumplir los compromisos de deuda. También ha sido terminante en lo que respecta a los bancos, afirmando que no piensa afectar en nada el sistema financiero. En doce años de gobierno, el kirchnerismo no fue capaz siquiera de modificar cosméticamente la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz y Videla. Kicillof se remitió a ese dato para aventar temores de los bancos. En la misma línea, Cristina Kirchner planteó que en su movimiento hay “pañuelos celestes y verdes”, dando una señal al Vaticano de acuerdo político sobre temas fundamentales. El acuerdo que busca con el Papa muestra a Cristina Kirchner alineada con un sector del imperialismo, que comulga con los planteos de contención que realiza el Vaticano y que expresan una variante diferenciada de otros sectores imperialistas, que tienen su cabeza en Trump.

En el plano político, estos planteos del kirchnerismo se traducen en un intento de acuerdo con el Justicialismo. Incluso su ala izquierda, como Yasky, ha vuelto al PJ, lo mismo que La Cámpora. En las elecciones provinciales anticipadas, el kirchnerismo ha decido integrarse a las listas de los gobernadores que impulsa el Peronismo Federal. Esto ocurriría incluso en Córdoba, donde apoyarían la reelección de Juan Schiaretti, uno de los más macristas entre los gobernadores del PJ. En las pocas provincias donde esto no ocurrirá es porque apoyan a otra ala del aparato pejotista, como sucede en Tucumán, donde Cristina Kirchner apoya a José Alperovich contra Juan Manzur, o el Chaco, con Jorge Capitanich eventualmente contra Domingo Peppo. El kirchnerismo presenta su posición de acuerdo con el pejotismo como el armado de un gran frente antimacrista, que debería incluir desde los gobernadores del PJ hasta la izquierda. La alianza con los Pichetto, Schiaretti y Urtubey es justificada en nombre de ganarle a Macri.

Por el lado del Peronismo Federal de los gobernadores y el massismo, las posiciones son variadas. La mayoría rechaza una interna con Cristina Kirchner, porque hoy todas las encuestas anticipan que en una Paso de la oposición sería ella quien las gane. Entre los que rechazan esta variante, a la vez, existen dos posiciones: unos plantean un acuerdo con el kirchnerismo pero sin Cristina Kirchner a la cabeza, y los que directamente plantean la exclusión de todo el kirchnerismo. El rechazo de la burguesía a la candidatura de CFK y la presión de un sector de la burguesía para una alternativa al macrismo que provenga del lado del peronismo puede llevar a que ella misma deponga su candidatura. Sería la variante extrema de la política de unidad del peronismo que plantea el kirchnerismo. Incluso los apoyos que recibe del lado del centroizquierdismo pueden ir en esa dirección, ya que todos plantean la ‘unidad más amplia’ para ganarle a Macri. Si se diera esta hipótesis deberíamos explotarla en el escenario electoral.

La variante que finalmente se termine imponiendo dependerá de varios factores, entre ellos si aparece un candidato que en las encuestas logre disputar el ingreso a un eventual balotaje desplazando a Cristina Kirchner. Si esto no sucediera, es probable que una parte de ese aparato justicialista termine pactando con el kirchnerismo, otro con el macrismo y otros recluidos en una especie de abstención. El anticipo electoral en la mayoría de las provincias prepara ese terreno, al permitirles a los gobernadores resolver su sucesión de manera independiente de la elección presidencial.

Estos planteos en favor de un acuerdo con el FMI, los bancos y la Iglesia, sin embargo, no eliminaron el rechazo que aún sigue levantando el gran capital a una nueva presidencia de Cristina Kirchner. Los capitalistas en su totalidad rechazan la vuelta a un cepo cambiario y un control de capitales que les quite la libertad de movimiento para fugar divisas y disponer de ellas. Tampoco apoyan un congelamiento tarifario que sea reemplazado por subsidios de modo generalizado. Techint, por ejemplo, tiene fuertes intereses en Vaca Muerta -tanto por su empresa petrolera como por la venta de los caños sin costura para toda la industria del gas y petróleo- y es partidario de mantener un esquema de precios altos para el gas en boca de pozo. La alternativa del kirchnerismo queda como variante de rescate ante un agravamiento de la crisis política y la emergencia de una rebelión popular.

Este papel de bombero, sin embargo, el kirchnerismo ya lo está realizando desde la oposición, de dos maneras. Por un lado, al hacer un fuerte trabajo para desmontar las luchas. La burocracia sindical y ‘piquetera’ que le responde se ha sumado abiertamente a darle una tregua al gobierno de Macri y asegurar un diciembre ‘tranquilo’ en términos de luchas callejeras. Por otro lado, porque la expectativa de un recambio electoral opera como un factor de contención a la hora de plantear una movilización política que cuestione la continuidad del gobierno de Macri. La limitación histórica del kirchnerismo reside en que ningún sector del capital deja de tributar en la orientación de las grandes reformas pendientes: impositiva, laboral, previsional, judicial, del gasto del Estado (subsidios), etc., lo que constituye en todos los casos gruesos ataques a las masas, sobre los que ya han sufrido.

Al “frente democrático anti-Macri”, promovido por la burguesía para un recambio del macrismo, oponemos un frente de los trabajadores por el gobierno de los trabajadores.

6. La campaña electoral

Lo señalado hasta aquí muestra que el inicio del año electoral está cruzado por una crisis de fondo, tanto en el plano económico como el político. La eventualidad de un defol, de nuevas corridas cambiarias, y la seguridad de mayor recesión y crecimiento de la pobreza, se combinan con un escenario de fragmentación política y de potenciales luchas, que pueden alcanzar, de combinarse una serie de factores, dimensiones de masas que terminen alterando el escenario general. Para el Partido, esta variante es la más rica y deberemos explotar todas las tendencias que se presenten a la acción directa de los trabajadores y de los sectores explotados.

La elección presidencial deberá dirimir quién es el síndico de los nuevos episodios de una gran quiebra nacional. O sea, en función de qué intereses se desarrolla un arbitraje excepcional en un marco de crisis. Para la clase obrera es la ocasión para plantear que la crisis deben pagarla los capitalistas. Pero, entre diferentes sectores patronales, este cuadro agudiza los choques y la fragmentación política, expresándose en el plano político las disputas y divisiones de intereses. La consigna “que la crisis la paguen los capitalistas”, que votamos como encabezamiento del sistema de consignas del Partido Obrero, sigue siendo muy actual. Resume una caracterización de conjunto y permite introducir nuestro programa.

La fragmentación política se traduce de manera directa en un calendario electoral fragmentado. Dicha fragmentación no alcanza sólo al pejotismo, que adelanta las elecciones de sus provincias por miedo a que ningún candidato del Peronismo Federal levante en las encuestas, sino también al campo oficial. La posibilidad de que María Eugenia Vidal adelante las elecciones de la provincia de Buenos Aires es una muestra de ello. El temor de la gobernadora bonaerense es que una elección reñida entre Macri y Cristina Kirchner le permita al peronismo ganar la provincia, que es donde Macri más cayó en las encuestas. La separación de la elección bonaerense sería la confesión de que Macri se ha convertido definitivamente en un salvavidas de plomo, que termina hundiendo a los candidatos que comparten con él la boleta. La decisión sobre la fecha de la elección de la provincia de Buenos Aires muestra la potencial de división que anida en el bloque oficialista en el debut de la campaña electoral.

La política del macrismo hasta el momento ha sido polarizar con el kirchnerismo, en la pretensión de lograr retener el apoyo de la burguesía y de sectores amplios de la pequeña burguesía, e incluso algunos trabajadores que rechazan una vuelta de Cristina Kirchner al gobierno. Esta polarización ha sido criticada por sectores del oficialismo o de quienes orbitan en su campo. Fundan su posición señalando que si bien le puede ser electoralmente redituable, por un lado; agrava la crisis económica al aumentar el riesgo país por un eventual triunfo K, por el otro. Para evitar esto plantean que se avance en las causas judiciales contra Cristina Kirchner y obstaculizar todo lo posible su postulación. Esta variante no está excluida definitivamente. Los juicios que se realizarán durante este año contra ella y su camarilla más íntima podría ser la excusa legal para imponer una proscripción a su candidatura.

Por el nivel alcanzado debido a la crisis, la campaña electoral no sólo debuta con el ‘riesgo Cristina’ sino también con el ‘riesgo Macri’. Hasta Clarín ha definido así una situación en la cual Macri logre ganar las elecciones de octubre, pero manteniendo un gobierno débil y sin mayoría parlamentaria -e incluso con una derrota en la provincia de Buenos Aires. En la misma línea, otros periodistas ligados al oficialismo se han preguntado si “Macri será capaz de gestionar su propia herencia”. En un eventual segundo mandato, Macri deberá afrontar vencimientos de deuda por más de 130.000 millones de dólares, pero no contará para ello con los fondos del FMI. La reestructuración de la deuda y el replanteo del acuerdo con el Fondo, que solapadamente plantean las distintas alas del peronismo, se le impondría como tarea al propio macrismo. Así, será un gobierno de derecha quien deba reestructurar la deuda, incumpliendo los compromisos asumidos por él mismo -“su propia herencia”. Lo cual puede ser socialmente explosivo.

La polarización, al momento, está lejos de imponerse. Primero, porque cada bloque que pretende ser un polo de esa polarización enfrenta sus propias divisiones internas. Segundo, porque las encuestas de opinión le asignan a las candidaturas de Macri y Cristina Kirchner sumadas no más de un 65%. Tercero, porque la atomización del calendario electoral ha llevado a que se multipliquen elecciones provinciales y hasta municipales, cuyos ejes políticos y reivindicativos diferirán con la campaña nacional sustancialmente. Cuarto, y lo más importante, porque aún hay una porción muy significativa del peronismo que sigue bregando por armar una alternativa electoral distinta a la de Cristina Kirchner. Es cierto que este espacio, que congrega a la casi totalidad de los gobernadores y del massismo, tiene como punto débil la falta de un candidato competitivo para la presidencia. Pero en la medida que cada vez sean más los sectores de la clase capitalista que busquen una opción diferenciada del macrismo, las chances del Peronismo Federal siguen estando planteadas.

Se puede afirmar que, desde el punto de vista del interés de un amplio abanico de la clase capitalista, la peculiaridad de la crisis en este debut electoral está dada por el hecho de que las opciones planteadas no representan cabalmente sus intereses. La opción que sí podría hacerlo no tiene la fuerza electoral para imponerse en el escenario político. Es probable que en los próximos meses cobren centralidad en la campaña los intentos de construir esta tercera opción electoral. No sólo un sector de la UIA, sino también la mayoría de la burocracia sindical jugará por esta opción. Según evolucione el deterioro del gobierno macrista, habrá que ver si esta tercera opción apuntará a disputar con Macri la presidencia o con Cristina Kirchner.

La ausencia de una opción que represente más cabalmente los intereses de un sector amplio de la clase capitalista ha llevado a que se compare la campaña electoral que está debutando con lo sucedido en Brasil. Allí el candidato preferido de la burguesía (Geraldo Alckmin) no logró levantar en las encuestas y terminó siendo desplazado por Bolsonaro, que fue la única opción para ganarle al PT. De ahí que muchos han empezado a conjeturar que, por la envergadura de la crisis, política podría surgir un Bolsonaro argentino.

Quienes descartan de cuajo esa posibilidad, alegando la conciencia democrática del pueblo argentino, no tienen en cuenta no sólo que Argentina conoció la Triple A y varias dictaduras, sino también triunfos electorales como los de Antonio Bussi o Aldo Rico. La descomposición política y del Estado, en ausencia de una alternativa fuerte del lado de la izquierda, puede terminar empujando a amplias franjas de la pequeña burguesía, e incluso de los trabajadores, al apoyo de planteos de derecha y represivos. De hecho, hay un bolsonarismo latente en el gobierno y en todos los partidos de la burguesía, que ha empezado a asomar cabeza en la misma proporción del avance de la crisis. Es evidente que Patricia Bullrich busca explotar estas tendencias, no sólo con sus políticas represivas, sino también con su ataque a los extranjeros y sus planteos dirigidos a terminar con los planes sociales. Lejos de representar un movimiento marginal en el macrismo, ha empezado a sonar que Bullrich podría terminar siendo la compañera de fórmula de Macri. En el peronismo, por su lado, hay varios candidatos a Bolsonaro. Uno es Miguel Angel Pichetto, que también se ha caracterizado por su xenofobia y sus planteos represivos. Por el lado del kirchnerismo está Sergio Berni, que dio su apoyo al protocolo de uso de armas de fuego elaborado por Patricia Bullrich. Hemos hecho notar en Prensa Obrera que Cristina Kirchner silenció a los grupos vinculados con los derechos humanos y dejó opinando a Berni, para sumarse, a su modo, a la ola pro-represiva.

Macri disputa este sector con la candidatura de Alfredo Olmedo, que se ha lanzado en abierta consonancia con los planteos de Bolsonaro. Olmedo apunta, además, a darle una expresión política más clara al movimiento antiaborto, explotando las grietas del macrismo en este punto -donde toda un ala militó por la legalización. Los pañuelos celestes no se reducen a un planteo circunstancial contra el aborto. Existe todo un sector, fundamentalmente las iglesias evangélicas, que milita en favor de una reorganización social de fondo de características fascistizantes, de defensa de la familia contra los reclamos de las mujeres y la juventud, de oscurantismo bíblico como método de contención y disciplinamiento social. El planteo de Olmedo, por último, converge con Bullrich en la agenda de rehabilitación de las Fuerzas Armadas, el 2×1 y la impunidad de los genocidas, la mano dura y el aval de Estado al gatillo fácil.

7. El movimiento obrero y popular

El levantamiento del paro de 36 horas anunciado por parte de la CGT y la tregua de fin de año del Triunvirato piquetero fueron las vigas maestras con las cuales el gobierno garantizó “pasar” diciembre, imponiendo una contención social en el marco de la crisis y el deterioro constante del nivel de vida de los trabajadores. El alcance de esta paz social ‘decembrina’ se extendió hasta el degennarismo, que se recluyó, a diferencia de años anteriores, al igual que el PCR, que boicoteó por completo la movilización del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. La entregada de la burocracia sindical se hizo a cambio del “bono” de fin de año, que no compensa ni mínimamente la pérdida del poder adquisitivo del salario. Con el argumento del bono, el gobierno evitó una reapertura masiva de las paritarias, que quedó restringida a un puñado de gremios. Los más golpeados, los docentes y estatales provinciales, tuvieron en muchos casos aumentos del orden del 20%. La burocracia abandonó también la lucha contra los despidos, que son masivos en las textiles, metalúrgicas, el calzado y otros gremios.

La burocracia está también condicionada por las causas judiciales que, en el caso de Moyano, fue un arma de extorsión importante por parte del macrismo. Luego de los paros de mediados de año, el moyanismo se guardó en cuarteles de invierno, apuntando a no hacer agua y aportar a una salida electoral de la mano del kirchnerismo. El Frente Sindical por un nuevo Modelo cayó en la parálisis por los mismos motivos. Las “multisectoriales”, que nunca fueron un canal de lucha, han quedado en la parálisis.

La política del centroizquierda y el peronismo hicieron estragos en sectores como los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, que fueron devastados por cierres, despidos, arrasamiento de convenios, flexibilización y precarización laboral. Lo mismo lograron la burocracia petrolera en la Patagonia y los herederos de José Pedraza en el ferrocarril. Otro tanto en el Smata, que es otro de los convenios flexibles firmados, aún sin que se haya impuesto de conjunto la reforma laboral pretendida. En la industria del calzado y textiles pasaron cierres y despidos masivos. Lo mismo en la UOM, donde la burocracia aisló por completo la tenaz lucha de Siam y logró escindir a los trabajadores de adentro con los despedidos, en una reproducción agravada de Lear.

El Triunvirato piquetero, por su parte, pactó a cambio de nuevos cupos y aumentos limitados a las asignaciones sociales (de 5.000 a 6.000 en el caso del salario social complementario) y un extra en la Asignación por hijo por noviembre y diciembre, todas medidas muy por atrás de las necesidades que impone la miseria que avanza en los barrios. Al contrario, el plan Hacemos Futuro perdió 23 puntos frente a la inflación de 2018. El Triunvirato se quebró por la ruptura de Barrios de Pie, aunque la evolución de este sector disidente, que decidió participar de luchas junto con nosotros, puede ir más a la derecha, ya que responde directamente a Humberto Tumini, quien busca un acuerdo con el PJ Federal. El Polo Obrero ha explotado con reflejo y liderazgo del sector independiente esta ruptura, desplegando la mayor acción de masas de ruptura de la tregua de diciembre.

Este cierre de fin de año se produce luego de un año de duras luchas, que fueron sistemáticamente bloqueadas por sus direcciones vinculadas con el nacionalismo o incluso con la Iglesia. Las grandes movilizaciones de 2018, que siguieron a las jornadas del 14 y 18 de diciembre, no pudieron dar continuidad al fenómeno de ruptura de aquéllas. La enorme movilización por el derecho al aborto fue clausurada luego de la derrota en el Senado, esperando a una hipotética nueva composición de las cámaras parlamentarias, y dejando de lado la propuesta de un plebiscito vinculante del Plenario de Trabajadoras, y que tuvo un suceso en la juventud en los lugares de estudio. La huelga universitaria, que desató una enorme movilización nacional de estudiantes y docentes, fue cerrada por las burocracias vinculadas con el kirchnerismo, con un acta por debajo de lo que el movimiento de lucha podía dar en su momento de mayor auge.

El balance es muy claro: en el peor momento para Macri y en el momento del ataque más agudo contra el movimiento obrero, las direcciones nacionalistas y, fundamentalmente el kirchnerismo, hicieron el trabajo sucio de bloquear un ascenso del movimiento obrero y popular que podría haber puesto en jaque al gobierno de Macri.

Del otro lado, las luchas que se generan por los redoblados ataques del gobierno y el capital contra los trabajadores muestran las tendencias a quebrar esta política de acuerdos y paz social: en el movimiento obrero, con ocupaciones de fábricas y luchas tenaces contra los despidos, aunque excepcionales y aisladas -Inti, Turbio, Télam, Interpack; en el movimiento piquetero, que irrumpió con muchísima fuerza de la mano del Polo Obrero y nuestro frente de lucha en diciembre, poniendo en crisis la política de Stanley; o en la lucha de la mujer, de la mano de la enorme movilización por justicia por Lucía o la ola de denuncias contra los abusos de poder que iniciaron las actrices. Estas manifestaciones ponen de manifiesto los puntos débiles de la línea de contención de la burocracia, sea sindical o piquetera, y destacan las reservas de lucha para enfrentar el ajuste.

El desarrollo político del Partido Obrero y de la izquierda como alternativa política va de la mano del desarrollo de las tendencias combativas, contra la burocracia, el kirchnerismo y su política de contención. Intervenimos en este proceso con un planteo de movilización general contra el gobierno: derrotemos el plan de ajuste con un paro activo nacional de 36 horas; por la reapertura inmediata de las paritarias y por el salario igual a la canasta familiar; contra los despidos, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, por un seguro al desocupado igual al salario mínimo vital y móvil; en defensa de los convenios colectivos y por el pase a planta, contra la reforma laboral y la precarización; contra la reforma previsional, en defensa del 82% móvil para los jubilados. Pero en el cuadro de cierres y despidos, la consigna de reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario tiene un valor muy importante, al tiempo que agitamos la respuesta huelguística y de los métodos históricos de nuestra clase: la huelga y ocupación de las fábricas que cierran o despiden masivamente.

Promovemos un congreso de delegados electos por las bases de todos los sindicatos de todas las centrales del movimiento obrero para debatir este programa y presentar un plan de lucha y una alternativa al macrismo y al conjunto del régimen político. Insistiremos en la consigna del paro activo de 36 horas en la tradición del Cordobazo, que se reveló adecuada, al punto que se incorporó en la agenda del movimiento obrero, mediante una ficción del kirchnerismo sindical de un paro de este tipo el 24 de septiembre, y el coqueteo de la propia burocracia central. El planteo se mostró como el puente más adecuado que recogió la experiencia de las jornadas de diciembre de 2017, para abrir paso al debate del plan de lucha y la huelga general, capaces de derrotar con una acción de conjunto la ofensiva del gobierno. En otro orden, la conquista de cuerpos de delegados, empezando por la defensa de los que están en el cuadro de recesión y ofensiva patronal, aparece como decisiva en las tareas de la Coordinadora Sindical Clasista. La coordinación pasa esencialmente alrededor de cada lucha y por el reagrupamiento del Plenario Sindical Combativo. No hay condiciones para pensar en coordinadoras de otra naturaleza.

El Congreso de delegados con mandato de Bases juega un papel fundamental en nuestras consignas, porque implica un debate de poder de la clase obrera, no sólo en cuanto a sus reivindicaciones y el plan de lucha para llevarlas adelante, sino el debate de un plan económico y político de salida de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas. Desafiamos a la burocracia que se arroga la representación de la clase obrera y, al mismo tiempo, postulamos a los trabajadores como alternativa política y los dotamos de un reagrupamiento de clase que cuestiona el poder político de la burguesía.

8. El movimiento obrero

La situación del movimiento obrero pone en el orden del día la lucha contra los despidos y la miseria salarial. Las luchas contra los despidos han sido sistemáticamente boicoteadas por la burocracia. En Siam, la burocracia de Antonio Caló apoya la reestructuración de la empresa, que pasa a transformarse en importadora. En Interpack, la burocracia gráfica que integra la Corriente Federal K, no juega ningún rol frente a la ocupación de la fábrica, es más, su intervención está muy por detrás del jugado hace dos años atrás frente a la ocupación de AGR, en el marco de un gremio devastado y desarticulado. En Dass, Misiones, la burocracia viene de dejar pasar 200 despidos. Lo mismo en las textiles, donde hubo cierres en todo el país, sin reacción alguna por parte de la Asociación Obrera Textil. Las luchas contra los despidos residen en direcciones clasistas, o combativas, contra la burocracia. En general, las luchas emprendidas terminaron en derrotas o en conquistas muy parciales, logrando la reincorporación de algunos de los trabajadores despedidos -por vía judicial, caso Inti. Más allá de eso, ofrecieron la oportunidad de fogueo para una nueva camada de activistas. La intervención decidida de nuestro Partido en estas luchas derrotadas, sea Fanazul o Agroindustria (desgastadas y aisladas por ATE), nos permiten reclutar puntualmente dentro y fuera de los lugares de trabajo, mostrando al Partido netamente como una corriente de lucha de los trabajadores.

Las luchas contra los despidos que se abrieron paso o dieron pelea fueron sobre la base de los métodos del clasismo: la ocupación de los lugares de trabajo que cierren o despidan -como lo está haciendo Interpack y como lo hizo en su momento AGR, ambas luchas muy duras sobre las cuales la burocracia ongarista impuso un cuadro de aislamiento. En el Inti es importante destacar las reincorporaciones judiciales que se impusieron, pero, más importante, es que el saldo político de la lucha derivó en el triunfo de la Naranja en las recientes elecciones de Comisión Interna, la única agrupación consecuente con la lucha y con los métodos clasistas. La victoria del Inti es un hecho de enorme repercusión en la vanguardia obrera, a la cual la izquierda desmoraliza permanentemente. Explotamos la división de la burocracia en el cuadro de retroceso en el que el padrón de ATE se redujo de 800 a 426 (250 despidos y 180 desafiliaciones). Desde luego, las tareas del nuevo cuerpo de delegados, como por parte de la diezmada agrupación Naranja, estarán dictadas por una caracterización adecuada de la etapa de ofensiva patronal que atraviesa el instituto y los métodos adecuados para reagrupar a los trabajadores.

Vale contra los despidos también la mención de la lucha del Belgrano Norte, en donde se impuso una conciliación con los despedidos adentro de la empresa a raíz de la huelga convocada, por presión de una autoconvocatoria de la base. En la inmensa mayoría de las otras seccionales, la Unión Ferroviaria deja pasar despidos o retiros voluntarios a cuentagotas, e incluso masivos. Por último, más importante, el paro general de Bridgestone contra los despidos antisindicales que buscaban golpear a la Negra, y que permitió ponerle freno a la empresa y retomar una iniciativa luego de una elección de delegados que ganamos, pero en la cual había progresado la Violeta. En el gremio de Prensa, los despidos han sido masivos, como parte de un proceso de reestructuración capitalista que tuvo como centro el ataque a los trabajadores. La lucha de Télam, donde se ocupó el lugar de trabajo, puso un límite a los despidos, aunque lejos estuvo de poder imponer la reincorporación de todos los trabajadores. En cambio, en los medios privados, los despidos han pasado de manera masiva, sin que la resistencia ofrecida tenga relación con el volumen del ataque.

Lo mismo vale para la lucha salarial. La huelga docente triunfante en el año fue la de Neuquén, que tuvo el método de las asambleas masivas, las movilizaciones y la huelga activa por tiempo indeterminado, una medida que la burocracia celeste de Ctera rehúye como la peste. El triunfo de Neuquén se destaca todavía más por el hecho de que se produjo en un cuadro de aislamiento de la conducción nacional de Ctera. El resultado electoral posterior, sin embargo, le dio el triunfo a la burocracia sindical, que recuperó incluso la seccional Capital que estaba en manos de activismo. Esto se explica en buena medida por la división del activismo antiburocrático en dos listas, algo que sucedió por la responsabilidad del PTS y pequeños grupos, que impidieron la formación de una sola lista. En qué medida esta división agota la explicación del triunfo de la burocracia luego de una gran huelga debe ser tema de un balance específico, porque el resultado provincial marca también los límites que empieza a encontrar el fenómeno de las “multicolor”, que reúnen, especialmente en Neuquén, un sinnúmero de fracciones y sectas que dificultan por completo estructurar una verdadera alternativa de dirección de los trabajadores a la burocracia sindical kirchnerista docente.

La paritaria del Sutna mostró las posibilidades abiertas para la lucha salarial, incluso en un marco de ofensiva patronal y depresión industrial, así como también los límites impuestos a un sindicato clasista por el contexto de contención y tregua del conjunto de las direcciones sindicales. Obtuvo la mayor paritaria inicial industrial. Nuevamente, destacamos el método: la asamblea general del gremio, las movilizaciones y el paro general realizado, y destacamos, de conjunto, la necesidad de la recuperación de los sindicatos para extender esa experiencia al conjunto del movimiento obrero. La paritaria del Sutna tendrá en marzo un nuevo round al ejecutarse la cláusula de revisión, pero en la pequeña seccional cordobesa se alcanzó un 45% anual. Otras experiencias como Aluar, quebraron el tope de la UOM con el método de la huelga.

El balance de estas luchas es un arma política: de un lado, contra la burocracia y el kirchnerismo; del otro, contra la izquierda que tiene una política conservadora en los conflictos, rastrera de la burocracia y contraria al frente único. Especialmente, el balance del Inti, de las ocupaciones de fábrica, de la huelga docente de Neuquén o del Sutna, etc., son un arma política contra la burocracia de centroizquierda (la Verde de ATE, por ejemplo), que hace gala de las tesis clásicas de que “la base no da”, para encubrir sus propias capitulaciones.

Un punto absolutamente clave es el desarrollo de agrupaciones clasistas. La Naranja del Inti, centro del ataque patronal (contra lo afirmado en una nota de Clarín), fue la clave de la lucha y su profundidad y, a la postre, sus raíces permitieron recuperar un cuerpo de delegados emblemático después de la derrota. En Interpack, lo que explica la inmensa lucha del pequeño colectivo obrero que hoy integra la planta (65 compañeros) es el gran trabajo de organización obrera de la Naranja durante veinte años. En Foetra, en un cuadro de retroceso de la izquierda y completa entrega de las reivindicaciones por parte de la directiva, la Naranja ha conquistado nuevos delegados. En la Alimentación se ha retraído el trabajo como consecuencia de la recesión, algo generalizado en todo el movimiento obrero industrial, pero el alcance de la Naranja ha sido muy importante en el período previo.

Es para valorar también un balance de la Lista Negra en el Sarmiento, contra la política de ultimátum de Rubén Sobrero e IS, que montó toda una campaña para que diéramos de baja la lista. Antes, no abrieron ningún debate para la elección de delegados por sector en la Bordó ni sobre la parálisis de la seccional frente a la ofensiva flexibilizadora del convenio entre la UF y las patronales. Apuntamos los cañones contra la Verde de Sasia, pero ponemos en debate los métodos conservadores que impidieron que el Sarmiento fuera una punta de lanza en la lucha contra la reforma del convenio. La conformación de la Negra del Sarmiento es un hecho excepcional de frente único de un activismo que se estructura por izquierda en la seccional y ubicamos al Partido y la Agrupación Lista Gris claramente participando y apoyando el fenómeno que, a la postre, se mostró correcto, porque fue un reagrupamiento progresivo, constituyendo el único lugar donde la elección de delegados convocó a más ferroviarios a votar y organizarse. Como la Lista Negra del Sutna, otro fenómeno excepcional, debemos adaptar los métodos de intervención y desarrollo del Partido a la participación en ellos.

Nuestra agrupación Jubilados Clasistas desarrolla un programa de reivindicaciones de clase frente a uno de los grandes frentes de ataque de la burguesía, nacional e internacionalmente. Macri ha llevado el desfinanciamiento de la Anses adelante en medio del ajuste fiscal, resignando miles de millones del erario público con el mínimo no imponible de cargas sociales y previsionales que, en 2019, se eleva a 7.003 pesos. Se trata de una mina explosiva en la base de la Anses, al tiempo que los jubilados perdieron la friolera de 20 puntos frente a la inflación en 2018. La recuperación de la jubilación, como salario diferido, el 82% móvil y la defensa de todos los regímenes especiales, supone una completa reorganización económica que reponga todas las cargas patronales, elimine el trabajo en negro y devuelva las instituciones de los jubilados a los trabajadores activos y pasivos. La cuestión del desarrollo de un movimiento de masas de los millones de jubilados es una de las cuestiones que hace a la ruptura de los diques de contención de la burocracia sindical y de todo el aparato asistencial estatal y clerical. En ese camino hemos propuesto un plenario nacional de agrupaciones combativas del sector.

La etapa pone a prueba duramente a todas las corrientes combativas, bajo la presión de la burocracia y el gobierno ajustador. Estas presiones están hundiendo al Sitraic, cuya dirección tuvo la expectativa de que el macrismo le otorgara la representación sindical en las nuevas obras públicas. El fracaso de esta tentativa -el macrismo sostuvo a la Uocra- produjo un brusco viraje en el cual rompió con la CSC y se han pasado a un frente con el PJ -que también agrupa a la vieja Uocra-, aunque formalmente recaló en la CTA Godoy. Más que nunca debemos llevar adelante la resolución aprobada tendiente a poner en pie una agrupación clasista de la construcción, que actúe tanto en el Sitraic como en sectores de la Uocra, con el programa de independencia y expulsión de la burocracia de Gerardo Martínez, que es fundacional en el Sitraic.

Otro tanto ocurre con la nueva dirección del Sute, que ha firmado, con apoyo de toda la izquierda excepto Tribuna Docente, un acuerdo a la baja con el gobierno de Cornejo, de la peor manera posible, con plenarios vaciados, en diciembre, sin docentes en las aulas y dejando pasar la ofensiva flexibilizadora del Item aula y la extensión a 190 de los días de clase; la contracara de la política que llevó a la victoria a la huelga neuquina, impuesta por una conducción “combativa”. En la dirección de Sute tiene un peso relevante el grupo Rompiendo Cadenas, ligado a Poder Popular, de María del Carmen Verdú. Esta política conciliadora, adversaria de la lucha de clases, muestra de modo más general que las fuerzas chavistas resisten transformar a la clase obrera en dirección de las masas, mediante la lucha y las conclusiones más generales que se desprenden de esa lucha.

En un sentido inverso al del Sitraic, en ATE Mendoza, en las condiciones más difíciles de integración de la dirección de Roberto Macho, pasada al colaboracionismo con el gobierno antiobrero de Cornejo, la Naranja se ha reforzado este año a partir de la participación en la elección de la CTA (donde gana la seccional, sector Micheli) y hoy lidera todo reagrupamiento de lucha en el gremio, preparando una gran batalla para el año entrante por la recuperación de ATE (…).

La asimilación por parte del activismo obrero de esta experiencia valiosa de lucha contra el gobierno es una tarea de importancia central para el Partido y sus agrupaciones sindicales.

Las luchas, asimismo, son un terreno de batalla y delimitación políticas para el Partido. Los plenarios de solidaridad, por ejemplo, ahora, con Interpack, son un terreno de movilización del activismo. Se inscriben en nuestro planteo de convocatoria a congresos obreros o plenarios de delegados, que hemos tentado en diferentes provincias en forma concreta, para impulsar una movilización común contra el gobierno. La defensa de las luchas contra el ajuste es también un terreno de delimitación del kirchnerismo que, de conjunto, tiene una estrategia divergente, al plantear la subordinación de éstas a un planteo electoral.

El Plenario Sindical Combativo fue una enorme conquista en el año que termina -intervención en los paros, en la lucha de Luz y Fuerza Córdoba, en la huelga docente neuquina, en Santa Cruz-, aunque ha entrado en un impasse. Por un lado, se debe a que las iniciativas de acción directa que fueron llevadas adelante encontraron un límite en la capacidad de movilización de las fuerzas sindicales involucradas -de acuerdo con los sindicatos y cuerpos de delegados que lo componen. Por el otro, porque en esa situación se planteaba, más que nunca, una tarea de campañas de agitación político-sindical, pero justamente en ese plano las divergencias son sustanciales. Como se mostró en la elección del Sarmiento, IS y el “Pollo” Sobrero siguen una línea de seguidismo a la burocracia sindical peronista. Su planteo estratégico no es la expulsión de la burocracia y la recuperación clasista de los sindicatos, sino alianzas con sectores peronistas. Por otro lado, una confluencia con la posición pianellista, que indica que no hay que dar luchas porque se pierden -lo que lleva a perder sin lucha. Esta posición es compartida por un sector de Rompiendo Cadenas, que en una carta desarrolló este planteo, explicando por qué rechazó formar parte del Plenario Sindical Combativo. El PTS lo boicoteó igual desde argumentos forzados para esconder su raquitismo sindical y seguir su práctica faccional en cualquier frente que intervenga, como de hecho ocurre en los Suteba combativos, donde oscila desde la adaptación a la burocracia al ultraizquierdismo. De cara al futuro, y por nuestro lugar en el Plenario, deberemos evaluar nuevas convocatorias de acción, que se plantearán con seguridad como resultado de la tregua burocrática en un cuadro de ofensiva capitalista contra las masas. Un adelanto ha sido la intervención en la restringida sucesión de marchas de antorchas del sindicalismo opositor contra el tarifazo, en lugar de medidas de lucha efectivas. El PSC definió participar con columna independiente, impulsando el paro activo nacional de 36 horas contra el tarifazo y los despidos. El Partido realiza una vasta agitación que incluye el programa de nacionalización integral energética bajo control obrero ante la sucesión de tarifazos y la crisis de toda la política energética oficial. A su vez, la mesa nacional del PSC debatirá, en febrero, la oportunidad y viabilidad de un plenario nacional en marzo.

El liderazgo de listas de frente único en las tres elecciones de la CTA marcó el desarrollo del PO en el movimiento obrero y fue una extensión del rol del PSC. La obtención de las victorias en Mendoza y Santa Cruz (CTA Micheli), la obtención de minorías como La Matanza en la de Yasky y la victoria en el Turbio, y minorías en Caleta, Córdoba, Santa Fe, Mercedes y otras en la CTA Godoy, marcan reagrupamientos que contribuyen al desarrollo de nuestras agrupaciones y fisonomizan a la Coordinadora Sindical Clasista como una corriente que disputa en todas las centrales por una nueva dirección clasista en el movimiento obrero.

En el Subte, en un marco de retroceso de la oposición al pianellismo (10 puntos), logramos el liderazgo del clasismo de la lista que en la elección anterior negó el PTS. En esa batalla política ingresó nuestro compañero a la directiva de la AGTSyP. Una conquista de nota en un cuadro de retroceso de la lucha de los trabajadores, al punto que la dirección kirchnerista firmó un acta limitando el derecho de huelga. Pero los límites del proceso subjetivo los marca, que aún en esas condiciones, la dirección kirchnerista recupera parte de los votos que perdió en la elección anterior.

Las batallas electorales sindicales tuvieron otras expresiones muy destacadas en la Conadu Histórica, donde el “frente anti-Macri” (PCR) rompe la alianza de izquierda y nosotros reaccionamos liderando una lista independiente que obtiene un tercio de los votos en todo el país y numerosas minorías en varias de las 23 asociaciones. Luego, se produjeron resultados contradictorios en algunas elecciones locales, pero se destaca la enorme victoria en Tucumán, donde derrotamos la alianza del PCR con sectores kirchneristas en Adiunt.

De conjunto, los golpes asestados por la patronal y el macrismo no han cancelado un período convulsivo en el movimiento obrero, por ello sigue siendo vital el rol de freno, contención y entrega de la burocracia sindical ante las tendencias de lucha que aparecen y reaparecen en el movimiento obrero, brindando un vasto campo de acción política para la izquierda revolucionaria.

9. El movimiento piquetero

El desarrollo del Polo Obrero, impulsando un bloque combativo e independiente del triunvirato en el movimiento piquetero, se ha transformado en un dato saliente de la situación política. El plan de lucha de diciembre puso en crisis la política de tregua del triunvirato con Carolina Stanley, y toda la política de Desarrollo Social, de control del movimiento piquetero por medio de cupos y concesiones al triunvirato.

El Polo Obrero ganó la calle con un plan de lucha votado en el plenario del Parque Lezama, con los métodos de deliberación, elección de delegados y democracia obrera que promovemos. El Plenario del Parque Lezama votó un programa de unidad entre el movimiento obrero ocupado y el desocupado, para derrotar al macrismo, sobre la base de la lucha por un gobierno de los trabajadores. El Polo está jugando un rol destacado en el apoyo a todas las luchas obreras. Sobre la base de un planteo de frente único, hemos explotado la crisis del triunvirato, impulsando acciones en común con Barrios de Pie, que han fortalecido nuestra capacidad de acción para golpear al gobierno.

La tregua del triunvirato está afincada en la orientación política de las organizaciones y no está exenta de crisis. La CTEP tuvo dos militantes asesinados por responsabilidad del gobierno en la última mitad del año. Los planes de 6.000 pesos que han logrado arrancar las organizaciones no sacan a las bases de una situación de miseria. La tregua se impone sobre la base de una regimentación muy grande, que el gobierno habilita al permitir temporalmente altas por bajas, a pesar del discurso de Stanley de haber terminado con la intermediación.

Frente a esta situación gana fuerza nuestro planteo político de apertura irrestricta de los programas sociales, aumento generalizado hasta equiparar al salario mínimo, seguro al desocupado, así como también la lucha por trabajo genuino, impulsando planes de obra pública bajo control de los desocupados de los barrios, el pase a planta de precarizados y jornalizados provinciales y municipales, etc. Estos planteos son materia de agitación política en la base de todas las organizaciones y en las barriadas, para empadronar, crecer e incluso ganar sectores que rompen con sus direcciones.

Ha sido un acierto político la integración en escuelitas del Polo y también la apertura masiva de merenderos, que le dan a todos los compañeros un marco de actividad diaria, que constituye el músculo de la organización: la pelea colectiva en el barrio para luchar contra el hambre y la miseria. Este funcionamiento, junto a las asambleas regulares, es la base para un desarrollo y maduración de la vanguardia en el Polo y para combatir las tendencias punteriles que puedan desarrollarse.

El desarrollo del Polo Obrero también abre paso para reclamos de otro tipo: barriales, vecinales de viviendas y de tierras. En Córdoba, Chaco y provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la lucha por la tierra, la defensa de las tomas y del acceso a la vivienda, fue toda una veta de desarrollo. En la Ciudad, la pelea política abierta es por la urbanización y el acceso a la vivienda en las villas, un terreno político que disputamos a dos bandas, con el kirchnerismo y con los punteros del PRO.

La tarea de desarrollar al Polo Obrero es prioritaria, porque abre vías de desarrollo político y partidario en todos los barrios. El Polo ha ido creciendo hasta ganar una extensión nacional. El movimiento piquetero independiente le disputa el territorio en los barrios a los punteros del PJ o el PRO, y al Triunvirato. La politización de la vanguardia del Polo, su asimilación a las ideas políticas del Partido, es un desafío de primer orden para todos los comités. Hoy constituye la mayor veta de reclutamiento si sabemos encontrar los métodos adecuados de asimilación de sus cuadros más destacados.

10. El movimiento de la mujer

La lucha de la mujer se ha inscripto como un elemento central de la situación política. La profundidad del movimiento y su persistencia en el tiempo desmiente a quienes consideraban que estábamos en presencia de hechos coyunturales o explosiones aisladas. En un tiempo relativamente breve, las mujeres desarrollaron el movimiento del #NiUNaMenos, la gran lucha por el aborto legal; la juventud en particular, en la toma de escuelas por la educación sexual y ahora ha impactado el #MiráComoNosPonemos contra los acosos, violaciones y todo tipo de abuso. De conjunto estamos ante un movimiento de carácter emancipatorio, que enfrenta distintos elementos opresivos que son propios de la sociedad de clases. La denuncia generada por el colectivo de Actrices Argentinas ha tenido el mérito de cuestionar también las relaciones laborales establecidas en las empresas del llamado ‘mundo del espectáculo’, que adquieren la misma forma precaria y flexible que rige en las fábricas, los comercios o en el trabajo agrario y doméstico, condiciones materiales fundamentales para abonar la violencia y el agravio contra la mujer, así como limitar su capacidad de respuesta. La empatía generada radica en la visibilización de un fenómeno de abusos sexuales que integra una forma de conducta social habitual y acallada y, por otra parte, por la función que cumplen en esa conducta social las leyes laborales flexibles y precarizadoras que incrementan y viabilizan las conductas abusivas contra los trabajadores en general, y contra niñas y mujeres en particular.

El impacto del movimiento está llamado a jugar un papel revulsivo en los lugares de trabajo y de estudio, y poner en el banquillo de los acusados a las patronales y a la burocracia sindical, cuyos elementos desclasados se caracterizan por todo tipo de abusos contra las mujeres. La organización de ese movimiento debe ser una tarea prioritaria de todos los organismos y agrupaciones vinculadas con el Partido. Esta lucha debe ser llevada adelante con campañas en el conjunto de la clase obrera en defensa de la mujer, poniendo en pie, en primer lugar, su propia organización y comisiones de mujeres en los lugares de trabajo y estudio.

Está presente una gran lucha política dentro del movimiento, cuyas distintas alas aparecieron en el ascenso de la lucha por el aborto legal. Una vez que el Senado rechazó aprobar el proyecto y el movimiento vivió un reflujo, quedaron más expuestas las posiciones de las distintas tendencias actuantes. La consigna de “consulta popular” ha sido un acierto para desarrollar la política de delimitación y para colocar nuestro planteo estratégico en el plano de la movilización popular. Su vigencia es total a la luz de las maniobras anunciadas para el año próximo en el plano de la modificación del Código Penal y de la reinstalación del tema aborto en el primer trimestre del año.

El kirchnerismo consagró su acuerdo con la Iglesia el día que ofrendó a una senadora clave para hacer naufragar la ley del aborto y así obtuvo, a cambio, horas después, un raid mediático del aliado papal Juan Grabois, afirmando la inocencia de la ex presidenta con referencia a la causa judicial por asociación ilícita. Este acuerdo se plasmó en el propio discurso de la ex presidenta el día de la votación (“no se enojen con la Iglesia”), llamando a unir fuerzas con los celestes y en el apoyo mutuo a la formación de un partido encabezado por Juan Grabois, agente directo de Francisco Bergoglio. Se da así en el movimiento de la mujer una versión del “frente único antimacrista”, donde sectores feministas y autodefinidos ‘antipatriarcales’ ven con buenos ojos o toleran una alianza con el Vaticano. Esto planteará una lucha política de fondo, que deberá combinar las acciones de lucha en común, destacándonos por nuestra mayor decisión y audacia para impulsarlas, con la delimitación programática que plantee abiertamente la separación de la Iglesia del Estado, la lucha contra la influencia clerical en las masas y nuestro punto de vista de clase y socialista frente al feminismo burgués. La única política justa que permite obtener un progreso es desarrollar el movimiento sobre la base de sus motivaciones iniciales, mostrando cómo su expresión cabal debe superar los programas nacionalistas o estatistas. En el desarrollo de ese movimiento deberá producirse indefectiblemente una diferenciación de clases, ante lo cual deberemos abocarnos a agrupar a los sectores de trabajadoras y explotadas, y a sectores más intelectuales, que sean persuadidas por el programa socialista.

11. Movimiento estudiantil

En el movimiento estudiantil se han desarrollado luchas de importancia, en algunos casos en apoyo a la huelga docente universitaria, en el movimiento terciario contra las reformas educativas, en los secundarios con un eje sobresaliente por la cuestión del aborto y la mujer. Entre los sectores de lucha prima una posición antimacrista muy extendida, disputando ese lugar en particular con el kirchnerismo, que está representado en el movimiento por sus fracciones más izquierdistas. Una parte importante de los grupos que en el pasado se reclamaban independientes o más vinculados con el chavismo continental, se han pasado de manera abierta al kirchnerismo e incluso al pejotismo. Ese pasaje ha puesto de manifiesto también las tendencias carreristas de la pequeña burguesía política, que busca desesperadamente ampararse en un cargo del Estado.

La experiencia iniciada en la Fuba, con una dirección compartida con el kirchnerismo, concentra en buena medida las contradicciones de la etapa política. La foto que Cristina Kirchner difundió con las agrupaciones K de la Fuba, presentándola como si fuese su dirección oficial, le da aún mayor relieve a esta disputa estratégica. La maniobra de Cristina Kirchner obliga a proponer un debate estratégico de las fuerzas políticas, acerca de cuál es el programa y la política para enfrentar la crisis nacional. Exigimos replicar reuniones similares con el Frente de Izquierda. Llevaremos los programas de unos y otros al debate del movimiento estudiantil. ¿Queremos romper con el FMI o sólo rediscutir los términos de un acuerdo colonial? ¿Repudiamos el pago de la deuda o marchamos a una nueva renegociación para poder pagarla, agravando el hipotecamiento de país? ¿Dejamos la universidad en manos de las camarillas reaccionarias o marchamos a una verdadera democratización estableciendo un cogobierno de estudiantes y docentes? Más en general, se plantea si la salida del país es bajo la dirección de la burguesía nacional o de la clase obrera. Esta acción nuestra permitirá avanzar sobre la base del nacionalismo y, a la vez, poner de manifiesto la orientación paralizante de las otras fuerzas del FIT que, en el mejor de los casos, no pasan de la autoproclamación.

12. El Frente de Izquierda

La cercanía del proceso electoral ha acentuado la parálisis del FIT -lo cual ya es mucho decir, si se tiene en cuenta que durante el año en curso el Frente no pasó de actividades formales. La lógica de esta parálisis es que prima una política electorera, que potencia los elementos faccionales en relación con las candidaturas de 2019. El PTS quiso imponer que todo acto político sea cerrado por Nicolás Del Caño (…). Rechazaron así nuestra propuesta de cierres alternativos o incluso sorteados. Esta parálisis convive con un reconocimiento general del Frente de Izquierda en el electorado, porque sigue manteniéndose como referencia general de la izquierda. Las encuestas publicadas oscilan en adjudicarle al FIT una intención de voto que oscila entre el 2,5 y el 5%, siendo, en general, Del Caño el candidato que aparece postulado. Encuestas recientes en la provincia de Buenos Aires otorgan a Néstor Pitrola un 5,2% a gobernador y otras un 5,8% al FIT en su conjunto en las presidenciales. Una cifra de este tipo supondría mantener un piso electoral y quizá hasta un leve crecimiento, pero no refleja aún un giro subjetivo del electorado a posiciones de izquierda. Tampoco tenemos manifestación de ello en las provincias, quizá con la excepción de Jujuy. No podemos descartar, sin embargo, que ello suceda en el transcurso del próximo año, ya sea como manifestación de un ascenso de luchas de las masas, que aún no se dio, o por una descomposición más aguda de las candidaturas patronales, particularmente una crisis en el bloque kirchnerista, o como una combinación de ambos factores. En las provincias, además, el Frente de Izquierda pone en juego posiciones parlamentarias importantes, como ser Mendoza, Córdoba y Neuquén, donde se vencen mandatos de varios diputados locales.

Para el FIT se presenta la cuestión de cómo vamos a abordar las elecciones locales y los cierres de listas respectivos que comenzarán a presentarse a partir de febrero-marzo. En la última reunión de Comité Nacional resolvimos proponer al Frente de Izquierda un acuerdo integral, que incluya la definición de la fórmula presidencial y del resto de los candidatos principales, de modo tal que abordemos las elecciones locales como parte de una campaña política de conjunto. En oposición a la parálisis por especulaciones electoreras y de tipo faccional, planteamos el frente único en todos los planos. El FIT debe ser un canal para impulsar la lucha de clases y contribuir a que la clase obrera irrumpa en la crisis nacional como un factor independiente y se transforme en alternativa de poder. Al momento, tanto el PTS como IS han rechazado esta propuesta, buscando separar las negociaciones de las elecciones que cierran más cercanamente -Neuquén, Santa Fe y Córdoba-, pero postergando el debate nacional.

Por los plazos establecidos cerramos Neuquén, en la cual encabezamos la lista de legisladores, pero no hemos aceptado cerrar sin revisión de rotaciones que refleje la alteración de las relaciones de fuerza en la provincia, desde la interna hasta acá y aún desde la constitución del FIT, y rechazamos avanzar en el cierre de Santa Fe y Córdoba, para poder insistir con una campaña por el acuerdo político nacional integral.

La cuestión del FIT no puede omitir definir una posición con el resto de los grupos de izquierda que han planteado un frente electoral. Concretamente se trata del MST y el MAS, cuya alianza entre sí está en crisis, pero que puede ser reflotada como un recurso último para tratar de superar el piso proscriptivo de las Paso (…).

En un análisis concreto de sumas y restas, la posición que surge es que debemos buscar un acuerdo del Frente de Izquierda y luego, a partir de allí, hacer una propuesta de integración a una lista única al resto de los grupos, que podrá ser aceptada o rechazada. Pero, en cualquier caso, nuestra prioridad debe ser la presentación del FIT en una lista unificada para enfrentar a todas las variantes patronales. La cuestión del acuerdo integral de intervención política, en la lucha de clases y en todo el turno electoral, aparece decisiva para quebrar la tregua y su íntima vinculación con el desvío electoral de la lucha para derrotar a Macri, el FMI y los gobernadores. La marcada posición de gobernabilidad del año electoral en medio del plan de guerra de todas las alas del peronismo, especialmente incluido el kirchnerismo, como lo demuestran las últimas declaraciones de Yasky -“en el año electoral no hay que hacer paro”-, revalorizan la consigna “derrotemos…”, dotan al FIT de un arma política para asociar su intervención en la lucha de clases a la intervención electoral en la medida que salga de la parálisis que denunciamos.

13.  Ejes de campaña y tareas

A lo largo del texto hemos ido desarrollando las consignas centrales que se desprenden de nuestras caracterizaciones y análisis. Sin dudas, cobra preminencia, ante la bancarrota económica general, las divisiones que empiezan a agudizarse entre la clase capitalista y la dependencia más general de todas las fuerzas patronales al gran capital, el planteo central de “que la crisis la paguen los capitalistas, fuera el FMI, no al pago de la deuda”. Ese planteo puede llegar a tener un alcance similar al que en su momento tuvo el rechazo al memorándum de la Troika en Grecia. Especialmente cobra un valor enorme contra el kirchnerismo, que en la misma medida que la crisis plantea la posibilidad de una vuelta al gobierno, va acelerando su política de ofrecer garantías al gran capital internacional. Luego de la entrevista de Kicillof con la revista Forbes, La Nación informó que una comitiva de veinte intendentes del conurbano se reunió en la embajada de Estados Unidos para debatir los términos de un posible gobierno de Cristina Kirchner.

Todo militante del Partido sabe que, en el sector más activo de las masas, la pelea contra el kirchnerismo cobra un sentido inmediato. La presión por un frente único antimacrista debe ser refutada mostrando que es falso que el kirchnerismo quiera un acuerdo con la izquierda y con el FIT. Lo prueba que no hay ningún planteo en esa dirección, salvo chicanas en las redes sociales. Si lo hubiese, debiera seguir un procedimiento elemental: presentar un programa para el acuerdo, lo cual daría lugar a un intenso debate estratégico -tal como lo señalamos sobre la Fuba. En realidad, lo que busca el kirchnerismo es la rendición incondicional de la izquierda, para poder acordar con el FMI y el gran capital, sin que surjan fracturas importantes en su base popular. Esa rendición incondicional de la izquierda que buscan los K muestra una conclusión histórica valiosa del trotskismo: que el nacionalismo sólo se anima a choques moderados con el imperialismo cuando tiene al movimiento obrero bajo su control. Cuando eso no ocurre, termina gestando la Triple A.

La campaña electoral que se inicia combinará crisis políticas, con una agudización de la bancarrota económica, con posibles defol y corridas cambiarias y bancarias, y las muy probables acciones de lucha de los trabajadores y sectores explotados. Las consignas que hemos formulado en el documento atienden la totalidad de la situación política, que deberá combinar la lucha electoral con el impulso a la acción directa (no electoral) de las masas. Debemos seguir con atención estas luchas, porque, de alcanzar determinado volumen, pueden terminar modificando el escenario político, que aún no se caracteriza por desplazamientos políticos a la izquierda. Las elecciones provinciales, a su turno, irán arrojando resultados que también influirán en los hechos posteriores. Abordamos un año de lucha inmensa, para hacer avanzar las fuerzas de la clase obrera, el clasismo y al Partido Obrero. La Conferencia Nacional electoral de febrero y las locales que hagamos en marzo serán una primera instancia de verificación de los análisis y planteos aquí vertidos, y también el escenario para adoptar nuevas iniciativas políticas.

Aprobado por el Comité Nacional del Partido Obrero (5/1/19)

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