Presentación
La ocupación de tierras en Guernica, al sur del conurbano bonaerense, provocó una conmoción nacional. El jueves 29 de octubre, una feroz represión, ordenada por el gobierno provincial de Axel Kicillof, desalojó violentamente a las más de 1.400 familias obreras que reclamaban un pedazo de tierra para vivir. El operativo, que tuvo al frente a Sergio Berni (ministro de Seguridad bonaerense y líder del ala bolsonarista oficial), contó con el apoyo del presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández de Kirchner. No sólo implicó arrojar como basura en la calle a los ocupantes, incluyendo el incendio de sus precarias pertenencias, sino también detenciones a la militancia política que apoyaba el reclamo. La “cacería” incluyó vejámenes y acoso de menores. Con tan solo este breve relato de barbarie se puede apreciar el grado de descomposición de un sistema social.
Como resultado de estos hechos, está en curso una crisis política al interior de la coalición gobernante, particularmente entre su base militante “de izquierda”. La ilusión de que un gobierno nacionalista burgués estableciera ciertos límites al imperialismo está chocando con la realidad del “bonapartismo en tiempos de default”, que caracterizó el informe político al XXVII Congreso del PO. Argentina es un país quebrado en el cuadro de una crisis capitalista mundial sin precedentes; la respuesta del gobierno a esa situación es apresurar un pacto con el FMI, acelerar los ataques a las masas y lograr, así, algún tipo de compromiso con el capital financiero. No es motivo de este artículo desarrollar los límites insalvables de la tentativa, que al momento de escribir estas líneas transita al borde del precipicio con una megadevaluación inminente. Por el momento, nos interesa destacar que los desalojos y los agravios a las masas en general, y a las más empobrecidas en particular, se van a profundizar en el próximo período.
Es significativo que el gobierno haya elegido concentrar sus cañones contra la izquierda -especialmente hacia el Polo y el Partido Obrero. Desde luego, lo hace movido por un interés reaccionario, mostrándose ante la burguesía como perro guardián de sus intereses y pugnando por promover el veneno macartista entre la clase obrera. No obstante, cuando el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, denuncia al PO por “su intransigencia”, parte de una realidad. El Polo Obrero fue protagonista de la toma de Guernica como resultado de una lucha de años en la fracción más castigada de la clase obrera. Su férrea defensa de la independencia política y organizativa respecto del Estado le permitió ser un canal para desnudar las maniobras y falsas promesas contra las familias y sus asambleas.
En este cuadro, el propósito del presente artículo es reseñar someramente la magnitud concreta que adquirió la crisis de tierra y vivienda como expresión de la declinación histórica del capitalismo. A la vez, vincular esta situación con la pauperización creciente de las masas y con las diversas orientaciones para enfrentar esta situación. Al respecto, vale repasar las líneas de trabajo político que se han fijado el Polo y el Partido Obrero.
La crisis de vivienda: una radiografía del régimen social
Las ocupaciones de tierras en Argentina durante la pandemia evidenciaron una crisis social de enorme magnitud. Indudablemente, el fenómeno no responde a una conspiración digitada, como difunden las versiones más vulgares de la politiquería patronal. Es la fuerza elemental de masas privadas de uno de los derechos más elementales -un “refugio” para vivir. El problema está lejos de afectar a una “minoría marginal” e ilustra el grado de pauperización de la clase obrera en su conjunto, que no es otra cosa que la superexplotación que impone el capital al pagar la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Por dar un ejemplo, el ingreso medio de asalariados en el segundo trimestre de 2020, según el Indec, equivalió a 34.410 pesos[1]. A la vez, la Canasta Básica Total (línea de pobreza) correspondiente al hogar tipo (pareja con dos hijos/as) ascendió a 44.521,25 pesos en julio[2]. Evidentemente, el crecimiento exponencial de la pobreza en Argentina -que según últimas mediciones es de por lo menos el 40%- no afecta solamente al “ejército de reserva”, sino también a la fuerza de trabajo “activa”. En este cuadro, el problema de la vivienda cierra el círculo de una verdadera catástrofe social.
La imposibilidad de acceder a una vivienda para franjas crecientes de la clase obrera adquiere un carácter concreto que es preciso clarificar. Quienes postulan la existencia de un Estado que “corrige las desigualdades que genera el mercado” deberían dar cuenta de cómo el Estado, por el contrario, apuntaló el proceso que concluye en un déficit habitacional gigantesco. Por un lado, la desvalorización del salario, que corre detrás de la inflación, en una política que tiene entre sus responsables directos a los gobiernos y la burocracia sindical, que negocian los topes con la clase capitalista mediante recursos más sutiles -regulaciones- o más brutales -represión. No es, de todos modos, la única y suficiente explicación; en términos hipotéticos podrían esperarse acciones estatales que, sin negar la baja salarial, moderen su impacto al menos en lo referido a la vivienda. Pues bien, esa posibilidad ha sido negada por el carácter concreto de la decadencia de nuestro sistema social. Sucede que la desvalorización de la fuerza de trabajo no solo opera mediante la reducción nominal o relativa del salario, sino también con la recarga de rubros que en el pasado no estaban contemplados en la canasta familiar. Es decir, ocurre cuando el Estado deja de garantizar ciertas cosas que ofrecía en otros momentos históricos. La cara alternativa de esta misma moneda es la presión por encontrar nuevas áreas de beneficio para el capital, que no encuentra espacios para valorizarse bajo el límite insoportable de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Por ejemplo, la creciente privatización de la salud y la educación generaron un mercado de alcance inexistente en el pasado, recargando en forma simultánea la canasta familiar de una importante porción de trabajadores y trabajadoras que antes accedían a esos “servicios” en forma pública. En el caso de la vivienda, mientras en el pasado el Estado argentino desarrolló diversos planes de importante alcance, en las últimas décadas promovió activamente la especulación inmobiliaria y el encarecimiento del suelo urbano. Para ello, recurrió a las herramientas que le son propias, desde los “marcos regulatorios” hasta los desalojos, pasando por la venta de tierras a precio vil. Desde luego, este fenómeno tiene carácter internacional, con las peculiaridades de cada caso; la crisis de las hipotecas en Estados Unidos o los desalojos en España son testimonios de ello.
Así como la descentralización de la educación y la salud acompañaron el proceso privatista mediante su traspaso a provincias o municipios quebrados para que el grueso de las finanzas públicas opere como garantía de repago de la deuda con el capital financiero, lo propio ocurrió con los planes de vivienda. El Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), por ejemplo, fue creado por ley en 1972. Inicialmente, era financiado mediante un aporte patronal equivalente al 2,5% de las remuneraciones y a los pocos años se duplicó. En los años ’90 se eliminó esta fuente de financiamiento para reemplazarla por una porción de un impuesto a los combustibles. Además, se descentralizó su manejo. Como si esto fuera poco, en la bancarrota de 2002 se permitió el uso de sus fondos para gastos corrientes de las provincias. En paralelo con este vaciamiento sistemático de la política estatal de vivienda, se desarrolló ampliamente el mercado de los “desarrolladores inmobiliarios”, que suelen ser conglomerados asociados al capital financiero. Con el lubricante de las modificaciones de los códigos urbanos, las entregas de tierras públicas pactadas en legislaturas provinciales o la lisa y llana usurpación mediante fraudes que comprometen a empresarios y funcionarios, prosperan las megatorres, los shoppings o countries, mientras millones no tienen acceso a la vivienda. La magnitud de la situación es tal que “el 10% de la población vive en asentamientos precarios”[3], según registros oficiales. Un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) de 2018, por caso, comenzaba afirmando que “en Argentina, tres millones y medio de familias -alrededor de un tercio de la población del país- no tienen una vivienda adecuada. Esta situación parece agravarse año tras año, puesto que la tendencia al aumento del déficit habitacional se mantiene desde 2001”[4]. Es significativo que la experiencia de nacionalismo burgués que gobernó trece de los últimos 17 años no haya revertido esta tendencia, confirmando que apenas llega a la sombra de versiones pasadas, incluso cuando ninguna de ellas saliera de los moldes del capitalismo. Finalmente, el kirchnerismo mantuvo en lo esencial la descentralización estatal previa; promovió los pactos legislativos nacionales y provinciales que significaron entrega de tierras, modificaciones de códigos y demás; pavimentó el crecimiento extraordinario de la patria contratista y sus negociados. De hecho, parte de la renta extraordinaria acaparada por la burguesía sojera, estrella fulgurante de la primera parte K, se volcó a la especulación inmobiliaria como reserva de valor, algo que pudo apreciarse en Rosario, Pergamino o la propia Ciudad de Buenos Aires. Es un típico proceso parasitario, que genera imágenes paradigmáticas de un capitalismo en decadencia, plagado de valores de uso sin uso -edificios de lujo vacíos-, mientras a pocos metros hay personas que duermen en las calles. Los planes de construcción de vivienda K fueron absolutamente minoritarios -y terminaron en bochorno de corrupción, como “Sueños compartidos”. A la vez, se estimuló un mercado de créditos incapaz de sacar de la carencia habitacional a masas de la población por varios motivos. El Procrear, en definitiva, no es más que un crédito, en el mejor de los casos con alguna ventaja respecto del limitado mercado hipotecario, pero sin solución alguna respecto del valor del suelo y sus efectos en precios de propiedades o alquileres. El Estado no construye viviendas en escala y su principal “plan” es un préstamo bancario al que se accede… por sorteo. La combinación de burbuja y desvalorización es un cóctel fatal: de acuerdo con un informe del Instituto de Economía (Ineco) de la UADE, de junio de 2020, se necesitan 5,82 sueldos para adquirir un metro cuadrado de vivienda usada, más del doble que hace diez años. Como se ve, el famoso “sueño de la casa propia” es inaccesible para la clase obrera. La llegada de Macri al gobierno, por supuesto, agudizó el vaciamiento y la quita de recursos a los organismos estatales dedicados a la vivienda. Su plan “estrella” fue la creación de los créditos UVA, que inicialmente fue vislumbrado por un sector de la población como “oportunidad” frente a la ausencia de alternativas hipotecarias y el elevado costo de alquileres. Las cuotas iniciales eran relativamente bajas; sin embargo, al poco tiempo se observó el drama de una indexación que no solo incluía a los intereses, sino también al capital. Los economistas burgueses intentaban edulcorar esta crisis asegurando que el bien adquirido (la vivienda) también indexa su valor de mercado, con lo cual seguía siendo “negocio”. Sin embargo, esta afirmación encubre varias realidades. En primer lugar, que la “valorización” ligada a las fuerzas del mercado puede transformarse en su contrario en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, en 2002 se derrumbaron los precios en dólares de las viviendas en Argentina. En segundo lugar, y esto es lo más importante, incluso si fuera cierto que el valor de mercado se indexara y, por lo tanto, la capacidad de responder ante la obligación de deuda pudiera satisfacerse con la ejecución del bien, se oculta que para la familia trabajadora su vivienda única es puro valor de uso. Es decir, se fetichiza como capital la “propiedad privada”, que no corresponde a la prosecución de un lucro, precisamente por las relaciones sociales que regulan su uso. Por eso, es inaceptable la vulgaridad burguesa que afirma la “libertad de elección para meterse en un crédito o no hacerlo si se considera inconveniente”. Para esa familia obrera, la indexación de las cuotas (¡y del capital!) solo puede ser afrontada por el salario, que siempre corre atrás. Como denuncia el movimiento “Hipotecados UVA”, bajo una inflación galopante, las “módicas” cuotas iniciales se transformaron en una porción creciente e inaguantable de los ingresos mensuales. Incluso si la ejecución de la vivienda cancelara la deuda, quedarían de vuelta en la calle. A la vez, está planteada concretamente que la deuda supere el valor de la casa, generando una catástrofe social, como ocurrió en la crisis de las hipotecas norteamericana. Un gobierno de la clase obrera tomaría medidas transicionales de orden completamente distinto -por ejemplo, asegurando el acceso a la vivienda con un tope porcentual fijo respecto del salario.
La responsabilidad de todos los gobiernos que han pasado en las últimas décadas respecto de este drama social es inocultable. Testimonian, en definitiva, el fracaso de la burguesía nacional para desarrollar el país y sus centros urbanos en forma armónica, con espacios y viviendas acordes a las necesidades de la población. Esta incapacidad, desde luego, no radica en “ignorancia”, sino en las leyes propias de un capitalismo en franca descomposición.
El papel del movimiento piquetero en las ocupaciones de tierras: un poco de historia
Como señalamos arriba, las ocupaciones de tierra se han multiplicado con relación a una crisis social de proporciones extraordinarias. Si bien las cifras son difíciles de precisar, diversos medios periodísticos hablan de “miles de ocupaciones”. El propio Sergio Berni se vanagloria de haber desalojado más de 800 en la provincia a través de la Policía Bonaerense. El fenómeno, evidentemente, es nacional. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas tomas que pueden tener un alcance mayor en cuanto a persistencia, conquista de objetivos y formación de activistas? Sin dudas, las que se dotan de un grado de organización independiente. A diferencia de la necesidad de ocupar, ella no brota “espontáneamente”. Se precisan condensar experiencias previas y un programa. En este punto, no es casual que el movimiento piquetero, heredero del Argentinazo, sea protagonista de estas luchas. El reclamo de vivienda es consustancial a su formación, tal cual se plasma en los programas votados en sus asambleas más emblemáticas. El “Llamamiento del I Congreso de Trabajadores y Desocupados del norte de Salta (diciembre de 2000)” planteaba entre sus reclamos el “reparto de las tierras ociosas entre los trabajadores y desocupados del departamento de General San Martín”[5]. La declaración del “Plenario nacional de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados” (Ciudad de Buenos Aires, diciembre de 2000), además de postular la “unión indisoluble en la lucha de los ocupados, desocupados y jubilados”, proclamaba “la lucha común por (…) viviendas sociales para trabajadores ocupados y desocupados que la necesiten”[6]. La plataforma aprobada por el congreso piquetero de la Capital Federal, reunido en 2001, destacaba la “suspensión de todos los desalojos; censos de las casas desocupadas e investigación de la propiedad de estas y de inquilinatos y conventillos (…) por planes de construcción de viviendas y autoconstrucción que aseguran una vivienda a todos los sin techo. Con materiales y asesoramiento técnico a cargo del gobierno y mano de obra empleando a los trabajadores desocupados (…) por el acceso a la vivienda a los trabajadores extranjeros, sin discriminaciones”. Como se puede apreciar, no se trata de una improvisación; el movimiento piquetero luchó por la vivienda durante 20 años. Desde ya que no es suficiente la existencia de un movimiento, que por definición agrupa a tendencias diversas. En efecto, durante estos años hubo una parte significativa del movimiento que cedió a la cooptación estatal, incluso de alcance internacional, pues el propio Vaticano opera activamente en sus filas. Así, las organizaciones “de San Cayetano” dieron la espalda a las ocupaciones, mientras sus dirigentes mantienen sillones del funcionariado estatal, y la Iglesia condena las tomas, pero no la represión a ellas. En este marco, se resalta el valor de aquellas organizaciones que salieron del redil de la cooptación y permanecen en un campo de lucha, hoy agrupadas mayoritariamente en el “Frente de Lucha piquetero”. El Polo Obrero, por su parte, tiene un valor añadido. Además de ser la más masiva y extendida entre estas organizaciones independientes, está vinculada con un partido que plantea la estrategia de la revolución proletaria. Esto permite un hecho infrecuente en la izquierda internacional, que es actuar desde adentro de las fracciones más explotadas de la clase obrera -y no solamente en forma “solidaria”. El protagonismo del Polo, que el gobierno peronista ubica como blanco rabioso de sus ataques, no es casualidad ni fruto de alguna carambola organizativa. Responde, por el contrario, a un propósito consciente. Sucede que hubo distintas orientaciones en la izquierda respecto del movimiento de desocupados. Aquella que sostiene teóricamente el sometimiento de la clase obrera respecto de la burguesía, como el PCR y su CCC, se integró al gobierno en dos oportunidades (2004 y la actualidad). En el medio, tuvo una alianza con la burguesía agraria en el conflicto por las retenciones, incluida la SRA. Otros grupos, incluso dentro del FIT-U, como el PTS, directamente evitaron tomar la tarea. El “revoque” teórico para justificar la ausencia en ese vastísimo terreno de lucha que fue y es el movimiento piquetero osciló entre una adulteración esquemática del marxismo -la clase obrera sería tal solo cuando está ocupada y en un sindicato- y prejuicios autocomplacientes de carácter reaccionario -“los piqueteros se movilizan solo por planes”. De fondo, hay un rechazo a la idea nodal que reivindicamos los clasistas y revolucionarios para el movimiento piquetero: la clase obrera es una, ocupada o desocupada. Sobre los prejuicios, vale señalar que permanecen hasta el día de hoy, a veces más y otras menos explícitamente -por ejemplo, cuando se menosprecia una columna del Polo. Sería más interesante una reflexión en serio sobre las presiones del sistema en general y del Estado en particular para neutralizar la actividad revolucionaria, pero a condición de no ser tan sesgada. En marzo de 2020 se desarrolló una polémica a partir de un artículo firmado por Guillermo Pistonesi en La Izquierda Diario[7]. Aunque el tema del artículo era otro, el dirigente del PTS estableció casi al pasar una sentencia reveladora respecto del Polo y el Partido Obrero, al que adjudica “una creciente política de distribución de los planes sociales del Estado en una forma cuasi clientelar. En ese viraje (que permitió -y permite- reemplazar la faltante de militantes con personas en situación de necesidad)”, ¿no son acaso las masas en “situación de necesidad” el combustible de la revolución? La renuncia a organizarlas e intervenir el movimiento piquetero aparece acá justificada con una definición de fondo profundamente regresiva. La idea de que las “presiones” de la necesidad se expresan más en un compañero movilizado por alimentos que en un obrero sindicalizado es tan incorrecta como peligrosa. Esto, porque no solo conduce a desertar de un campo privilegiado de la organización revolucionaria de las masas más explotadas, sino también porque lleva a subestimar los peligros de la acción en otros frentes, desde los sindicatos hasta el movimiento de mujeres, pasando por el parlamento burgués.
El Partido Obrero discutió oportunamente una orientación que se distinguió de otras. En su X Congreso de julio de 1999 se planteó la tarea de poner en pie “un polo clasista (…) que luche para sustituir a la burocracia”. Esta pelea estaba planteada como algo que “excedía las fronteras de los sindicatos”, lo cual en palabras de la resolución política del citado congreso se expresaba en “la concurrencia práctica de los jóvenes y de la mujer, y la organización de los desocupados. La organización independiente de la juventud y de la mujer trabajadora, y la organización de los desocupados contribuirán enormemente a la formación de un polo clasista”[8]. La campaña por la formación del Polo Obrero, orientada por las conclusiones del Partido, fue una verdadera actividad de frente único, que incluyó actos y pronunciamientos de diversos dirigentes del movimiento obrero, más allá de las propias fronteras partidarias. “A través de esta campaña política, que fue estableciendo un reagrupamiento político reivindicativo del movimiento piquetero de los trabajadores ocupados y desocupados, y con la intervención activa en cada una de las luchas se fue construyendo el Polo Obrero”[9].
Naturalmente, desde la fundación del Polo Obrero hasta la actualidad, la lucha de clases ha sido muy intensa y contó con episodios de diverso tipo. No es propósito de este artículo repasarla en su conjunto. Sí vale, no obstante, destacar el hilo de continuidad entre aquellos principios fundacionales y la lucha actual, que encuentra al terreno de la vivienda como reivindicación explosiva. Sucede que la cooptación kirchnerista, primero, y la coexistencia “ordenada” con el macrismo que derivaba de ella, después, planteó en forma muy concreta la desaparición del movimiento piquetero como factor independiente de la situación política. Ese cuadro complejo se refractó también en las posiciones de la izquierda, incluso al interior del PO. La fractura que atravesó nuestro XXVI Congreso incluyó un cuestionamiento al Polo Obrero por parte de la minoría dirigida por Jorge Altamira, que lo despreciaba como “asistencial”. Incluso se interrogaba en forma insidiosa respecto de la cantidad de generaciones de desocupados que se acumulaban en una familia -algo esperable más bien en un columnista de derecha. Sin embargo, la mayoría del Polo y el Partido rescataban otra orientación, que incluía una férrea resistencia contra las presiones para neutralizar el alcance de la lucha de las y los desocupados. Así, enfrentamos la “paz social” del triunvirato mediante la promoción de un frente único de lucha, que incluía un programa por aumentos de emergencia, pases a planta, seguro al desocupado, trabajo genuino, plan de obras públicas y vivienda. En las resoluciones de nuestro XXIV Congreso, por caso, se resalta la unidad forjada en el apoyo del Polo a la ocupación de AGR, lo cual tuvo continuidad posteriormente en las ocupaciones más emblemáticas del período, como Interpack. Es muy significativo que algunos de los delegados dirigentes de la toma en Guernica se destacaron en el apoyo práctico al acampe los obreros de Kimberly, que ocuparon la planta en 2019. Antes, la fundación del Plenario Sindical Combativo en Lanús tallaba un mojón más en el desarrollo del propósito fundacional del Polo Obrero -forjar un polo clasista, con la unidad de ocupados y desocupados como bandera. Desde el punto de vista programático, esta etapa implicó una fuerte delimitación con los diversos eufemismos para “normalizar” la tendencia a la precarización del régimen, camufladas, por ejemplo, mediante loas a la “economía popular” o el ocultamiento de las villas a partir de nombrarlas como “barrios populares” y otras variantes. El principio de unidad indisoluble de la clase obrera funciona como un garante programático, pues a estas maniobras oponemos el reclamo de trabajo genuino, el reparto de las horas disponibles sin afectar salarios, la defensa de convenios y el establecimiento de seguros de desempleo ligados en forma móvil al salario de actividad.
En el XXVII Congreso del PO, realizado en octubre de 2020, la resolución de la comisión del Polo insiste en el desafío de “desenvolver una organización de masas de los desocupados para luchar por trabajo genuino y por mejores condiciones de vida, en un cuadro de miseria creciente, agravado por la llegada de la pandemia, que empuja a las masas a la pelea por sus reivindicaciones más elementales, desde la necesidad de parar la olla todos los días, el trabajo genuino y el derecho a la tierra y la vivienda, que son incompatibles con el curso fondomonetarista del gobierno y del conjunto del régimen donde la oposición de la derecha actúa como garante de esa orientación”.
Contraposición programática y alcance revolucionario
En el primer apartado de este artículo, destacamos el carácter explosivo del problema de la vivienda en Argentina. Se trata de un derecho que, hipotéticamente, el capital declama poder garantizar; de hecho, la propia Constitución lo establece como tal. Sin embargo, en el capitalismo declinante se expresa la incapacidad de la clase dominante para satisfacer incluso las necesidades más elementales de las masas. Este reclamo tiene “objetivamente” un alcance de profunda incompatibilidad con el régimen social vigente. Al mismo tiempo, vale destacar el aspecto subjetivo -es decir, la experiencia de franjas importantes de la clase obrera, en particular su sector más empobrecido y despojado. En este punto, es insustituible la lucha del movimiento piquetero, en general, y del Polo Obrero, que se propone ser su fracción clasista y revolucionaria, en particular. Al respecto, la contraposición programática con el nacionalismo burgués, también él en una etapa de particular decadencia y modestia en lo que tiene para ofrecer, es completa. El gobierno de la provincia, por caso, se ha declarado incompetente, por enésima vez, en cobrar impuestos a los barrios privados. En realidad, favorece su crecimiento. Por nuestra parte, luchamos por la creación de un banco de tierras ociosas que sea distribuida a quienes la requieran para trabajo y para vivienda. La burguesía nacional ha abandonado cualquier perspectiva de construir, desde el Estado, una cantidad de viviendas acorde a las necesidades sociales. De nuestro lado, exigimos un plan de construcción de viviendas populares a partir de impuestos confiscatorios a las grandes fortunas y el no pago de la deuda. Otra contraposición central, finalmente, está en el sujeto que debe protagonizar estas transformaciones. El nacionalismo gobernante solo concibe un mundo de punteros y burócratas; por eso rechaza la metodología asamblearia en las ocupaciones -que las vuelve “ingobernables”. El planteo de un congreso para luchar por tierra y vivienda plantea, como primera aproximación, la constatación de que estas reivindicaciones son incompatibles con el régimen actual y deberán ser tomadas en manos de trabajadores y trabajadoras mediante su propio gobierno. La unidad de ocupados y desocupados y el desarrollo de fracciones clasistas en su seno contribuyen prácticamente para avanzar en ese objetivo.
[1]. Indec (2020) “Evolución de la distribución del ingreso (EPH). Segundo trimestre de 2020”. Indec. Recuperado de https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_2trim203E26BE94AC.pdf
[2]. Indec. (2020) “Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Gran Buenos Aires”. Indec. Recuperado de https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_08_201794418744.pdf
[3]. Frencia, C. (2020, 28 de octubre) “Ocupaciones de tierras: el 10% de la población nacional vive en asentamientos precarios”. Prensa Obrera. Recuperado de: https://prensaobrera.com/sociedad/ocupaciones-de-tierras-el-10-de-la-poblacion-nacional-vive-en-asentamientos-precarios/
[4]. Granero, G.; Barreda, P.; Bercovich, F. (mayo de 2019): “La política habitacional en Argentina. Una mirada a través de los institutos provinciales de vivienda”. Documento de Trabajo N° 181, Buenos Aires, CIPPEC.
[5]. En Oviedo, Luis: Una historia del movimiento piquetero. De las primeras coordinadoras al Argentinazo, Ediciones Rumbos, 2004, pág. 254.
[6]. Idem, pág. 256.
[7]. Pistonesi, G. (2020, 29 de febrero) “Altamira en el campo de la casta judicial”. La Izquierda Diario. Recuperado de: http://www.laizquierdadiario.com/Altamira-en-el-campo-de-la-casta-judicial
[8]. En Oviedo, L., op. cit.., pág. 119.
[9]. Idem, pág. 122.
