Por una segunda Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos

La realización de una Conferencia virtual latinoamericana y de los EE.UU., en agosto de este año, representó un acierto político. Impulsada por el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad de la Argentina, la conferencia logró reagrupar a más de 50 organizaciones de 15 países americanos. De esa manera, dio un paso concreto en la lucha por poner en pie un polo de independencia de clase a escala continental, como respuesta al reguero de rebeliones que sacudieron al continente durante todo el último período.

En las últimas semanas, diversos países se han visto estremecidos por protestas unidas a severas crisis políticas. En Perú, un golpe parlamentario se llevó puesto al presidente Martín Vizcarra. Se desarrolla un proceso de alza de la movilización popular, que cuestiona al conjunto del régimen, a sus partidos y a lo más granado del empresariado peruano, y empieza a resonar en las calles la consigna de que “se vayan todos”, que obligó al reemplazante de Vizcarra, Manuel Merino, a renunciar 6 días después. Se ha abierto una crisis de enorme alcance. En Chile, el 18 de octubre, en el primer aniversario del estallido de la rebelión, se produjeron las movilizaciones más importantes desde la llegada del Covid-19. La jornada del 18 precedió el triunfo aplastante del Apruebo en el plebiscito: un pronunciamiento popular no sólo contra la herencia pinochetista sino contra los 30 años de gobiernos democráticos, como quedó expresado en las consignas que coreaban las masas en la calle, en las históricas jornadas de un año atrás, colocando el dedo acusador contra la democracia capitalista y no sólo contra la dictadura, haciéndola responsable de las penurias de las últimas décadas. En Colombia, miles de personas se movilizaron, el pasado 21 de octubre en todo el país, en el marco de una jornada nacional de lucha convocada por el Comité Nacional de Paro, que reúne a las centrales obreras y organizaciones sociales, cuyas principales consignas fueron el cese de los crímenes contra activistas sociales, la anulación de los decretos antiobreros de Iván Duque (reforma laboral, habilitación de privatizaciones) y la demanda de medidas de emergencia frente a la crisis social. Las principales ciudades ecuatorianas, a su turno, fueron escenario de manifestaciones contra el reciente acuerdo con el FMI, que tiene como contrapartida la exigencia de un brutal ajuste, que podría incluir una suba del IVA, despidos masivos y reducciones salariales en el sector público.

Brasil viene de estar sacudida por la huelga del Correo, de más de un mes, en que los trabajadores salieron a enfrentar los planes de flexibilización laboral y privatizaciones que tiene en carpeta el gobierno Bolsonaro. Centroamérica no escapó a esta situación: Costa Rica se encuentra inmersa en un proceso de movilizaciones ante el anuncio del presidente Carlos Alvarado, respecto al préstamo del Fondo Monetario Internacional, al igual que otra serie de impuestos y medidas que atacan al bolsillo de la clase trabajadora.

El movimiento de la mujer y diversidades que fue uno de las grandes fermentos que pavimentó el camino de las grandes rebeliones populares (Me too en Estados Unidos, Ele Não en Brasil y la lucha librada en Argentina por el derecho al aborto), ahora nuevamente emerge como punta de lanza para la recreación de este fenómeno. La reivindicación del derecho al aborto y contra la violencia de la que es blanco la mujer, contra la precarización laboral y por la separación de la Iglesia del Estado constituyen ejes centrales en la lucha planteada. El movimiento de la juventud, precarizada y/o desocupada, que ha sido protagonista de varios paros internacionales en los últimos meses, viene ocupando también un lugar destacado, lo mismo que el movimiento de lucha ambiental, que plantea, de fondo, un choque con todo el régimen social imperante, que es el responsable último de la destrucción del planeta en aras de la acumulación capitalista.

Esta nueva onda ascendente es inseparable de lo ocurrido en Estados Unidos. La rebelión popular norteamericana ha estremecido los cimientos del sistema político norteamericano, sus partidos y sus instituciones y ha abierto un nuevo escenario internacional. No sólo ha terminado por acelerar el derrumbe de Trump, que ya andaba a los tumbos, sino que está llamada a condicionar la gestión de su sucesor, el demócrata Joe Biden. La derrota de Trump revela el fracaso de una tentativa bonapartista por forjar un régimen fuerte de poder personal, que permita pilotear la crisis dictada por la decadencia histórica de Estados Unidos y el impacto de la bancarrota capitalista en desarrollo. El revés del magnate constituye un golpe a los esfuerzos del imperialismo por apuntalar su lugar de gendarme mundial. Esto vale especialmente para América Latina, el patio trasero de los yanquis. La derrota electoral de los golpistas bolivianos es la manifestación más palpable de ese proceso. No olvidemos que la Casa Blanca estuvo detrás en la instigación y preparación del golpe que derrocó a Evo Morales. La huelga general de doce días demostró que el camino para frenar a la derecha no pasa por sentarse a esperar los pronunciamientos de organismos internacionales o por esperar a derrotar a la derecha en una próxima contienda electoral, sino por la movilización y la acción directa, que obligó a convocar las elecciones, y por agrupar a la mayoría de los explotados detrás de las masas en lucha. Una gran diferencia con los Lula y el PT, que aceptaron el golpe de medio centenar de senadores en Brasil contra Dilma y dejaron que avanzara -sin decretar la huelga general- las reformas laborales y previsionales antiobreras.

Crisis capitalista

Los gobiernos latinoamericanos se vienen estrellando con el desarrollo de una depresión mundial, muy superior a la de 2008 y sólo comparable con la crisis del ’29. Las expectativas de lograr un despegue económico se han visto rápidamente pulverizadas. No hay salida para los países de la región por medio de una integración mayor en el mercado mundial o una asociación, apertura o desembarco del gran capital o un florecimiento del comercio exterior en momentos en que estamos frente a una huelga de inversiones de los capitalistas a escala global, se cierran los mercados, se comprime la demanda internacional, se multiplican las medidas proteccionistas y somos testigos de una intensificación de la guerra comercial que se ha trasladado también en forma virulenta a América Latina. La bancarrota capitalista acentúa la presión y los condicionamientos coloniales sobre los países emergentes y las tendencias a apropiarse de sus recursos, que se dan en el marco de una furiosa disputa por el botín entre las potencias capitalistas y, en especial, entre Estados Unidos y China. Asistimos a una creciente fuga de capitales de la periferia a las metrópolis, mientras aumentan las exigencias leoninas y la presión del capital internacional y el FMI para el pago de la deuda, que van de la mano de un ataque histórico a las condiciones de vida de las masas. Esta confiscación es la que está en la base de las sublevaciones populares que han estremecido la región.

A diferencia de la bancarrota de 2008, esta vez los Estados capitalistas -en primer lugar, los de las metrópolis- no cuentan con la misma capacidad económica y margen de maniobra que hace doce años atrás. China no está en condiciones de oficiar de locomotora. El recate estatal, por más que adopta grandes dimensiones, no puede evitar que haya una depuración del capital sobrante y atravesemos un escenario de quiebras, con su correlato de cierres y despidos. Y su secuela de crisis políticas, guerras y revoluciones. A pesar de la recuperación de puestos de trabajo ocurrida los últimos meses, el desempleo en Estados Unidos sigue siendo el doble que previo al estallido de la pandemia.

Esto se ve potenciado por la crisis sanitaria. Lejos de extinguirse la curva de contagios, hemos entrado en Europa y Estados Unidos en lo que se denomina una segunda ola, incluso más generalizada que la anterior.

El rol del “progresismo”

De cara a este escenario se pone más al descubierto el rol estratégico de contención de las masas del nacionalismo burgués y de la centroizquierda, tanto en el gobierno como en la oposición. La gobernabilidad capitalista de América Latina reposa en ese rol.

El ejemplo chileno, donde ha ido más lejos la rebelión popular, es aleccionador. Que la convocatoria a la Constituyente haya sido forzada por la movilización no desmiente el hecho de que se trata de un recurso para el salvataje del Estado capitalista en crisis. La Convención ha sido el fruto del “Acuerdo de Paz Social y la Nueva Constitución”, que los parlamentarios de la coalición oficial pergeñaron con la oposición política como respuesta a la rebelión popular en desarrollo y la huelga general del 12 de noviembre. La Constituyente se realiza con el presidente Sebastián Pinera en el poder; la Convención carece de poder para ejecutar lo que apruebe y todas las reformas deben ser ratificadas por un nuevo plebiscito.

Aunque no firmó el “Acuerdo”, el Partido Comunista ha jugado un papel crucial de freno, en tanto dirección política de la Central Única de Trabajadores y de la Mesa de Unidad Social, al conducir a las organizaciones obreras a una parálisis y encauzar, de entrada, la lucha de las masas al terreno parlamentario, renunciando a enarbolar la consigna “fuera Piñera”.

Es emblemático el rol de Evo Morales y el MAS en Bolivia. La línea maestra que tuvo esa corriente fue la de la «pacificación», procurando sacar a las masas de la calle y buscando un pacto con los golpistas. Esta política de compromiso continúa presente en la agenda del nuevo presidente Luis Arce, quien ha señalado que su política de gobierno es un acuerdo con acreedores y el FMI. Evo Morales acompaña esta orientación.

El “progresismo” latinoamericano, nucleado en el Grupo de Puebla -que tiene en la actualidad como principales exponentes a Alberto Fernández de Argentina y Andrés Manuel López Obrador de México-, ha terminado capitulando ante el capital. Lejos de ser un polo alternativo como proclamaban sus promotores, viene llevando adelante una política de adaptación a las exigencias del imperialismo, siendo el vehículo de un ajuste y ataque a las masas. López Obrador convalidó el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, hecho a medida de las reformas alentadas por el gobierno norteamericano, y ha convertido a México en Estado tapón para la circulación de los migrantes, como venía exigiendo la Casa Blanca. Alberto Fernández, a su turno, ha promovido el pago de la deuda externa, el rescate de los bonistas buitres y abierto paso a un acuerdo con el FMI.

Los desafíos de la izquierda

Tomado el panorama de conjunto, salta a la vista que las premisas que en su momento dieron lugar a las grandes sublevaciones populares no solo siguen abiertas sino que se han potenciado. Entramos en un escenario convulsivo que anuncia una segunda ola de rebeliones populares.

Este escenario de renovados choques entre la clase capitalista y sus gobiernos, de un lado, y las masas trabajadoras y oprimidas, del otro, le plantea a la izquierda revolucionaria una enorme responsabilidad: reagrupar a las fuerzas combativas, clasistas y revolucionarias. Esta sería una base importante para llevar las rebeliones al triunfo y superar los escollos que se van colocando en el camino. Los explotados están llamados a tener la última palabra en la actual coyuntura, a condición de liberarse de las ataduras políticas que los frenan.

Esto realza la importancia de la convocatoria de una segunda Conferencia latinoamericana y de los EE.UU. Es urgente e imprescindible poner en pie un polo alternativo que defienda la independencia política de los trabajadores, tanto de la derecha como del llamado “progresismo”. La izquierda revolucionaria no puede dejar ese lugar vacante. Lo que está en discusión en las filas de la izquierda es si simplemente va a quedar confinada a actuar como grupo de presión y una rueda auxiliar de los bloques y coaliciones capitalistas, o se pone a la cabeza de la organización de los trabajadores y se convierte en un motor impulsor de una estrategia dirigida a transformar a la clase obrera en alternativa de poder.

Este dilema estuvo presente en la primera Conferencia latinoamericana y de los EE.UU., en la que quedó expuesta esta divisoria de aguas.

El Frente de Izquierda, con sus contradicciones y límites, mantuvo en alto en la Argentina, a lo largo de nueve años, la bandera de la independencia de clase y la lucha por el gobierno de trabajadores. El Partido Obrero viene luchando por extender la acción del FIT-U a todos los campos de la lucha de clases y no circunscribirlo exclusivamente al ámbito electoral.

Sin embargo, esta experiencia no es la regla sino la excepción en América Latina y, de un modo general a nivel internacional. En lugar de la independencia política, lo que ha primado es la colaboración de clases. En lugar de la acción directa y el impulso de la lucha de clases lo que se ha privilegiado son las tendencias electoralistas. En lugar de construir partidos de combate y revolucionarios, lo que ha prosperado es la reivindicación de «partidos amplios» y la integración en formaciones políticas con fronteras de clase difusas, y el seguidismo y la confluencia con el nacionalismo burgués o a la centroizquierda.

Esto tiene una tremenda actualidad en momentos en que asistimos a una profunda crisis del PSOL y a la del NPA de Francia, dos «partidos amplios», probablemente los más emblemáticos a escala global. Ambos no han pasado de un aparato electoral, basado en un acuerdo superestructural de tendencias; no se han constituido ni se han empeñado en ser motor de la lucha de clases. La política que impera en el ala de izquierda de estas formaciones (alguna de las cuales integran el FIT en Argentina) es pugnar por una transformación interna de carácter progresivo de estos partidos ‘amplios’. Es evidente que se trata de un objetivo inviable, que solo sirve de coartada para seguir medrando en su seno y tratar de rasguñar algún cargo parlamentario. Las críticas del ala izquierda de estos nucleamientos no ha sido un impedimento para que integren las listas del PSOL que llevan a la cabeza a agentes claros de la burguesía, como Erundina en San Pablo o las listas del NPA, que actúan en coalición con el partido nacionalista “Francia Insumisa”, liderado por Jean-Luc Mélenchon.

La disolución de la izquierda en frentes de colaboración de clases o partidos ‘amplios’ de tinte centroizquierdista -que reagrupan bajo un mismo sello a organizaciones con políticas contradictorias y son liderados por camarillas con meros apetitos electorales- socava la lucha por la estructuración política independiente de los trabajadores. Esto vale para Latinoamérica pero también para Estados Unidos, donde entramos igualmente en una transición convulsiva. El gobierno de Joe Biden está condicionado por partida triple: por la crisis económica y social (y la división interburguesa), la crisis sanitaria que está lejos de haberse cerrado y, sobre todo, por la rebelión popular que está latente y que está en condiciones de prosperar a través de las grietas que viene dejando la elección, que ha terminado por convertirse solo en un capítulo de una enorme crisis política. En este contexto van a quedar rápidamente expuestos los límites insalvables de las ataduras de la izquierda demócrata, en especial de los demócratas socialistas, con un hombre de confianza del establishment como lo es Biden. En Estados Unidos está en el orden del día la lucha por poner en pie una organización política independiente de los trabajadores y la juventud.

Por una salida de los trabajadores

El panorama aquí expuesto pone en el orden del día la lucha y la movilización política alrededor de un programa y una salida de los trabajadores.

Frente a los estragos sociales que viene provocando la crisis en decenas de millones de hogares de la población laboriosa es imperioso responderle con un programa de reivindicaciones inmediatas de la clase obrera y un plan de acción. Enfrentar la desocupación masiva plantea levantar el reclamo de un seguro al parado, equivalente a la canasta básica familiar de cada país, y luchar por el reparto general de las horas de trabajo sin reducir los salarios. Poner un coto a las cesantías plantea impulsar las ocupaciones de toda fábrica o empresa que cierre o despida. Y enfrentar la carestía plantea organizar la lucha por salarios y jubilaciones mínimas equivalentes al costo de la canasta familiar de cada país latinoamericano.

Esta batalla está entrelazada a la lucha por una nueva dirección del movimiento obrero. El impulso y satisfacción de estas reivindicaciones apremiantes reclama sacarse de encima a las burocracias sindicales entreguistas, impulsando congresos de delegados electos por las asambleas de base de todos los gremios en cada país latinoamericano, así como de planes de lucha hasta la huelga general para imponerlos.

Frente a la crisis sanitaria llamamos a impulsar la lucha por la centralización de los sistemas sanitarios de cada país, bajo la dirección de los propios trabajadores y profesionales de la salud. Esto se plantea como un programa para toda América Latina. De igual modo, la lucha por la duplicación de los presupuestos sanitarios y por comités obreros de seguridad e higiene en cada fábrica, empresa y lugar de trabajo.

Un párrafo especial lo merece la denuncia a la escalada imperialista y derechista, que no ha renunciado a su objetivo de deponer al régimen bolivariano de Venezuela. El informe Bachelet termina siendo una impostura por parte de gobiernos que pisotean los derechos humanos todos los días y son responsables de las peores matanzas y exterminios, y es simplemente una pantalla para voltear al régimen venezolano.

Llamamos a aplastar el golpismo derechista y reaccionario, pero esto no puede confundirse con un apoyo político a Maduro y a otros gobiernos nacionalistas de turno. Una parte importante de la represión del gobierno venezolano está dirigida no contra la derecha sino contra los luchadores populares, dirigentes sindicales y activistas de izquierda, que vienen enfrentando la rabiosa política de ajuste y desafiando la regimentación política y sindical brutal del régimen de Maduro. Las elecciones parlamentarias amañadas que prepara Maduro están al servicio de la perpetuación de una camarilla, cuya distancia con los trabajadores es cada vez mayor y, eventualmente, serán un paso para avanzar en una mayor entrega de las riquezas nacionales al capital financiero internacional. Pero la delimitación necesaria con el nacionalismo burgués jamás puede hacerse haciendo causa común con la derecha. De la mano del imperialismo y sus secuaces no puede provenir una salida progresiva sino penurias aún mayores para las masas. La lucha contra la ofensiva golpista debe hacerse en forma independiente.

Darle la prioridad que corresponde a este programa pone al rojo vivo la necesidad de una reorganización integral del continente sobre nuevos bases sociales. La pelea por el no pago de las deudas externas, por la ruptura con el FMI y el imperialismo, por impuestos extraordinarios a las grandes rentas y fortunas, por la nacionalización sin indemnización de los sistemas bancarios, del comercio exterior y de los recursos naturales, así como el control obrero general, tiene un alcance universal. Se impone también una fuerte lucha contra el militarismo represivo: cárcel, juicio y castigo a los responsables de las masacres de Senkata y Sacaba en Bolivia, a los que vienen reprimiendo las movilizaciones juveniles y de masas en Chile, a los que apalean y gasifican las protestas en Perú, Colombia, Argentina, etc. Libertad a todos los presos políticos y gremiales. Oponemos a los regímenes de saqueo y entrega que vienen conduciendo los destinos de la región, la lucha estratégica por gobiernos de trabajadores y la unidad socialista de América Latina.

El Partido Obrero abre la discusión y llama, en primer lugar al FIT-U, a las organizaciones que se reclaman de la izquierda revolucionaria y/o anti-imperialista, a las organizaciones obreras y populares combativas, a impulsar de común acuerdo una segunda Conferencia latinoamericana y de los EE.UU. con el objetivo de soldar un frente único, basado en la independencia de clase, con el objetivo de llevar a la victoria la nueva oleada de rebeliones populares que se avecina. En ese marco de acción común, reivindicamos el debate y la clarificación sobre las estrategias políticas en danza al interior de la izquierda, que contribuya a superar la crisis de dirección del proletariado.

Demos un paso trascendental y con un eco más profundo del obtenido por la Primera Conferencia Latinoamericana y de los EE.UU.

16 de noviembre