Golpe de Estado en Córdoba
La crisis de Córdoba ocupó entre marzo y agosto un lugar central en la crisis nacional. Se desarrolló el proceso de lucha más importante de este año, el ascenso más profundo desde la década del setenta en la provincia. Se trata de una crisis “como jamás se había visto y vivido” (aunque) “Córdoba fue, a lo largo de este siglo, desde la Reforma del 18 a la revolución del ‘55 o el cordobazo del ‘69, el escenario de muy diversas experiencias…” (1). Esta crisis no ha concluido, pero sí se ha cerrado una etapa, signada por una derrota del movimiento obrero.
La crisis económica en Córdoba ilustra mejor que otras crisis provinciales el derrumbe del ‘plan’ Cavallo. Salió a luz a comienzos del ‘95, cuando el gobierno comenzó a retrasar el pago de salarios escondiéndose detrás de la “crisis económica internacional”. Lo que esto quería decir lo confesó públicamente, luego de la caída del gobierno Angeloz, el que fuera su ministro de Economía: “uno de los principales errores… fue haber elegido como estrategia para enfrentar la crisis el cumplimiento de los compromisos externos asumidos por los bancos” (2). Los ‘bancos’ endeudados son el Social y el de la Provincia de Córdoba, fundidos como resultado de su participación en el mercado de capitales, donde quedaron atrapados por la quiebra del Banco Extrader (que hizo ‘desaparecer’ más de 20 millones de dólares), por la caída de los títulos mejicanos que tenía en su cartera y por la suba de las tasas de interés internacional. El Social y el Provincia acumularon, además, una cartera de créditos incobrables otorgados a la burguesía local, en su mayoría de la Fundación Mediterránea (3), que sólo en el caso del Provincia significa más de 500 millones de pesos. El otro gran rubro que explica la quiebra es la deuda del gobierno de la provincia con esos bancos, los que con EPEC (empresa de energía eléctrica), DIPAS (obras sanitarias) y la Caja de Jubilaciones han sido la ‘caja chica’ de la que el gobierno radical sacó los recursos para aceitar el aparato partidario y absorber un ejército de funcionarios adictos. Cuando el ‘efecto tequila’ y en particular la quiebra del Extrader volatilizaron millones de dólares de la banca estatal cordobesa, el Estado provincial corrió a sostener a las entidades bancarias oficiales, asaltando las empresas públicas y dejando de pagar los salarios.
La caída de las ventas de autos y la crisis financiera —cese del crédito— desmintió la caracterización de que la crisis afectaba aisladamente al ‘ ineficiente’ sector público, y puso al desnudo la amplitud del derrumbe económico y la crisis de las relaciones económicos internacionales asociadas a él, como la fuga de capitales y la progresiva retracción del mercado brasileño.
El gobierno de Angeloz salió a ‘enfrentar’ esta situación con un recorte presupuestario del 10% que eliminó las suplencias en la docencia, barrió con los contratos, dispuso no cubrir las vacantes en los equipos de salud y un congelamiento salarial. Estas medidas fueron resueltas de común acuerdo con el ministerio de Economía nacional, en violación directa de la ley de presupuesto provincial votada por la Legislatura y sin que se alzara una sola voz de los partidos patronales que la aprobaron. Con este ‘ahorro’ que provocó 30.000 despidos de hecho, se buscó el salvataje a los deudores morosos. Angeloz anunció la fusión de los bancos provinciales, con el único objetivo de tapar los chanchullos y trasladar a las finanzas provinciales, mediante un ente residual, las carteras incobrables.
En Córdoba, el saqueo de los fondos públicos para hacer frente al vaciamiento de la banca por parte de los capitalistas, fue directamente alevoso y febril. La recaudación impositiva fue por entero a ‘sanear’ las cuentas del Banco Social y del Provincia, mientras se difería el pago a los trabajadores y se ocultaba como 'secreto de Estado' el nombre de los morosos. Angeloz derogó la vigencia del 82% jubilatorio y aumentó el aporte provisional de los activos y la edad para jubilarse al solo efecto de ‘legitimar’ el saqueo de la Caja provincial, a la que ti gobierno le ‘choreó’ los aportes efectuados por los trabajadores.
Un gobierno sitiado
De abril a junio Córdoba dejó de funcionar. Los paros y acciones de los trabajadores mantuvieron inmovilizado a todo el aparato del Estado 'salud, educación, justicia). Al virtual paro por tiempo indeterminado de los docentes (huelgas votadas por la docencia que la burocracia convierte en 'jornadas de retención de servicios’) se sumaron las marchas y concentraciones cotidianas de los estatales y trabajadores de las empresas públicas. La movilización de los universitarios contra la sanción de la Ley de Educación Superior, a nivel nacional, convirtió a las facultades en poderosos centros de deliberación; una marcha de más de 10.000 estudiantes se realizó el 30 de mayo (la más grande que se recuerde desde el 83). En todo este proceso el único hilo que sostuvo al gobierno fue la Coordinadora de Gremios Estatales, un rejunte de la burocracia de todas las variantes y cuya función es, cada vez que hay conflictos no coordinar nada y agotar al movimiento de lucha en movilizaciones parciales para reclamar cronograma de pagos‘ que saben que no se habrán de cumplir. La consigna de ‘huelga por tiempo indeterminado hasta que paguen’ tuvo un eco importante y creciente en los plenarios de delegados de los gremios estatales, pero no llegó a torcer la política de la burocracia. El paro activo provincial del 18 de abril fue la única iniciativa de conjunto desde el inicio de la crisis, convocado por la burocracia de los gremios estatales y de la UOM, con el camereaje del SMATA y el MTA, para hacer frente al punto más alto de presión de los trabajadores. La política de la burocracia sigue los pasos de la oposición patronal (PJ, UCeDé, FREPASO), que al momento del paro apoyó al gobernador radical en sus reclamos y pedidos de fondos a la Nación, mientras los recursos existentes se seguían destinando al salvataje de los bancos.
…y el boicot de los capitalistas
La bancarrota de Córdoba, como se ha dicho, refleja la debacle del ‘plan’ Cavallo. La quiebra bancaria hundió al Extrader y al Banco Feigin y se llevó los depósitos de la banca oficial; la fuga de depósitos, dejó al Banco Provincia sin efectivo para sostener el Tesoro provincial; la recesión industrial produjo la caída de la recaudación impositiva, la menor recaudación de la DGI determinó la caída de la coparticipación federal.
Todo este proceso se va a concentrar luego de las elecciones del 14 de mayo, dividiendo al radicalismo y a la clase capitalista, derribando al ‘estado angelocista’ en 60 días, y abriendo el mayor abismo entre los trabajadores y la burocracia sindical desde el advenimiento del ‘estado de derecho’. Según señala José Barraza, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos, “(la) política agitativa que han llevado (los dirigentes)… tuvo un giro importante después del 14 Ellos trataron de poner expectativas de que todo era una pelea partidaria que se resolvía con guita antes del 14 de mayo o en los quince días siguientes. Creemos… que ellos no alcanzan a dimensionar la gravedad de la crisis y… se preocupan por esconderla a los ojos de los trabajadores” (4). La victoria de Menem agudizó la crisis económica (un pronóstico audaz del PO pocas a horas antes del 14 de mayo) porque hizo prevalecer la política de atender a las exigencias de la banca acreedora. En términos más sencillos: “ganó la Bolsa, Menem está obligado a cumplir con la Bolsa”.
Antes de las elecciones, la gran banca, a través de la Bolsa de Córdoba, tenía posición tomada en el sentido de privatizar los bancos oficiales y la empresa de energía y Cavallo pasó a ser el vocero de esta posición. Angeloz (y Mestre en su etapa de gobernador electo) se oponían a la privatización integral porque EPEC es parte de la ‘caja’ de la UCR nacional. Pero en el caso de los bancos Angeloz impulsaba rematar el 49 % de las acciones.
Menem y Cavallo vieron en el hundimiento del gobierno cordobés la oportunidad de alzarse con el botín bancario y eléctrico, Cavallo actuando como agente del Banco Mundial (que ya tenía un plan de ‘ajuste’ para Córdoba) boicoteó la entrega de fondos adeudados a la provincia y concertó con la banca la no entrega de préstamos internacionales a la burguesía provincial. La burguesía, por lo menos sus sectores más concentrados, definió de entrada una política para intervenir en la crisis: ‘Privatizar’ la banca provincial, la electricidad y el agua, a cambio de una financiación del Fondo Fiduciario (Banco Mundial); los trabajadores debían pagar la ‘factura’ con más desempleo, reducción de salarios y pago en bonos. La incapacidad del debilitado gobierno de Angeloz para ejecutar este programa planteó la necesidad de una intervención federal directa o indirecta. La asunción anticipada de Mestre estuvo bloqueada por el propio Cavallo, que exigía la entrega del Banco Provincia.
“Tregua” episcopal
El envío de la Ley de emergencia a la Legislatura, que incluía la reducción de salarios, el pago en bonos y un aumento del 25 ch en los impuestos a los inmuebles urbanos y a los automotores, provocó un vuelco en la intervención de los trabajadores y en la situación política. Los plenarios de delegados abiertos a la participación del activismo, arrancados en el SEP, judiciales y otros gremios, colocaron a la burocracia a la defensiva, lo que la obligó a convocar a los paros, movilizaciones y marchas sobre la Legislatura para exigir el retiro de la ley. Pero la ley fue aprobada en media hora en la noche del jueves 22 de junio, con el voto de ‘angelocisias’ y 'mestristas’ de la UCR, y una vez que la Coordinadora llamó a dejar las calles vacías porque “los legisladores se comprometieron a no tratar la ley hasta no escuchar a los sindicalistas'’. En función de esta maniobra la burocracia convocó a un plenario abierto de gremios, activistas y delegados que votó un paro y movilización para el día siguiente, en el mismo momento en que los legisladores hacían su ‘tarea sucia’ en tiempo récord. Aun así, el movimiento de lucha no se detuvo. Cerca de 10.000 manifestantes ocuparon las calles el viernes 23, enfrentaron una brutal represión y arrancaron la convocatoria a un paro activo para el 29 de junio en un cuadro de inmensa deliberación popular, en el momento de mayor crisis política en la provincia. En este momento toda una fracción creciente de la UCR pasó a reclamar la caída de Angeloz y prominentes ‘operadores' de éste fueron enviados a prisión por desfalco de los fondo. públicos. Es en este punto que la Iglesia ofrece su ‘mediación’ y la burocracia, levanta el paro del 29 para abrir expectativas en la obtención de un préstamo internacional a través de los ‘buenos oficios’ de Primatesta y el gobierno. A estos dirigentes “ni se les ocurre que el ‘prelado’ fue a Olivos a gestionar que le paguen los subsidios a la educación privada, es decir a la privatización y al oscurantismo, y menos se les ocurre que apoyar un préstamo internacional significa legitimar la deuda externa y que apoyar un ‘socorro nacional’ es hipotecar el dinero de los trabajadores de la provincia. Que el dinero venga de donde venga, pero sin nuestro apoyo y con toda nuestra crítica, porque una solución más justa es dejar de pagar la deuda externa y ejecutar a los grandes deudores…” (5). Un nuevo plenario abierto de gremios y activistas, esta vez con 200 trabajadores, tomó conciencia de la situación. Llamó a un paro activo provincial, rechazó la maniobra del gobierno y la Iglesia, repudió a la Coordinadora por el levantamiento del paro en función de la 'tregua’ y levantó un programa de salida obrera a la crisis.
¿Qué es un golpe de Estado?
Pretender que Angeloz ‘renunció’ es una superficialidad política y una concesión a la falsa democracia vigente. Mestre sustituyó en forma inconstitucional a un gobierno acabado, incapaz de hacer frente a los trabajadores y que perdió la confianza de los acreedores internacionales. El gobierno de Mestre subió impuesto por los agentes de la banca mundial: Menem-Cavallo; la función de este gobierno es poner en práctica las exigencias del Banco Mundial y el FMI. El ‘plan’ Cavallo tiene un impresionante agujero fiscal que compromete la capacidad de pago de la deuda externa, por lo que sus mentores reclaman un mayor saqueo a las provincias.
Se trató, además, de “un golpe de Estado de alcance nacional”, porque Menem y Cavallo se lanzaron en Córdoba a una prueba piloto para imponer una derrota estratégica a la resistencia popular. Con media docena de provincias rebeladas y otras en el umbral de la rebelión, se trataba de cortarlas de cuajo mediante los recursos políticos del Estado Nacional.
Si negar que el desplazamiento institucional de Angeloz tuvo la carcterística y funciones de un golpe de Estado es un acto de miopía política, sostener que a Angeloz lo voltearon los trabajadores es directamente una estupidez. Este debate, a los ojos del lector que no ha seguido la crisis de Córdoba, puede parecer artificial, pero ha sido la ‘caracterización’ dominante en la izquierda y en la burocracia de ‘izquierda’. Sirvió para impedir que los trabajadores percibieran cómo no habían logrado imponer sus reivindicaciones y que eran rehenes de la política maniobrera de la Coordinadora. Sirvió para justificar una tregua a Mestre, que venía supuestamente ungido por la rebelión popular.
Una nueva etapa
A fines de julio un nuevo vuelco en la situación política provincial dio una nueva oportunidad de quebrar la ley de emergencia. La resistencia a la reducción salarial y laboral en las reparticiones estatales, los hospitales, EPEC y DIPAS llegó a tal punto que “está (ba) en riesgo la aplicación de la Ley” (6). Marchas, movilizaciones, paros internos de los trabajadores públicos van a coincidir el 31 de julio con la movilización conjunta de los mecánicos de CIADEA, Area Material Córdoba, CORMEC y Perkins. Las burocracias del SMATA y de la UOM han tenido que actuar frente a las suspensiones en masa, provocadas por el hundimiento de las exportaciones a Brasil. Córdoba es el escenario de una crisis política más general, porque el ‘plan Cavallo envía a la ‘lona' a los dos grandes testaferros de la industria automotriz: Macri y Antelo.
La burocracia aplicó una política de división rigurosa de las luchas, entre cada gremio y dentro de cada gremio. Grahovac, de UEPC (docentes), frente a un ataque brutal y de conjunto a la docencia halló la ‘táctica genial' de impulsar la resistencia 'por ramas’. Bazán, del SIPOS, pactó de entrada la reducción de salario y de jornada a los administrativos para luego quebrar al resto. Con esta política de demolición por ramas o reparticiones, condujo el movimiento de lucha al desangre y le dio al gobierno Mestre la herramienta que jamás hubiera podido poner en pie sin su colaboración.
Para el movimiento obrero se abre una nueva etapa. El gobierno tiene la iniciativa en la situación política luego de lograr tres victorias sobre los trabajadores: el pago en bonos que tienden a desvalorizarse, la reducción de los salarios y los despidos encubiertos en la industria automotriz y autopartista (‘retiros voluntarios’). Esto, de cualquier modo, es sólo un plan de transición. El gobierno quiere reducir la nómina salarial mediante despidos masivos, tarea que espera ver facilitada luego de una reducción de la jornada de trabajo. Detrás de este objetivo está planteada una serie de atropellos fundamentales: la municipalización y privatización de escuelas, de la salud, la liquidación del sistema jubilatorio estatal y la privatización de los bancos y las empresas públicas.
La voluntad de lucha del activismo surgido en Córdoba fue minada por las ilusiones en la ‘resistencia’ de la burocracia sindical y de los curas a Angeloz y por la incomprensión del cambio político que significaba la caída de Angeloz. Hubo todo un arco, desde la burocracia de ‘izquierda* (CTA) hasta las corrientes de izquierda que presentó la ida de Angeloz como una 'victoria popular una ‘tesis’ que Mestre se ocupó de demoler en horas. En el caso del Mst, que llevó esta caracterización hasta el ridículo, se trata de su segunda menemización, porque como Mas, en 1989, saludó también el desplazamiento de AIfonsín por Menem como una victoria popular.
La izquierda, de conjunto, ha sido tributaria de la burocracia de ‘izquierda’ que está nucleada en la CTA, a la que el movimiento obrero le debe más derrotas que a cualquier otra en su tiempo de existencia. En la CTA está ATE, responsable de la entrega sin lucha de Área Material Córdoba (1.000 despidos) y SIPOS (Bazán) cómplice de Benito Roggio en la privatización en ciernes de la empresa de obras sanitarias. Junto al resto de la Coordinadora de Gremios, en particular la burocracia de la UEPC, son una ‘colonia’ del clero.
Una cuestión clave en la resistencia (inevitable) a la ofensiva Mestre-Cavallo es entender que esa resistencia sólo puede triunfar si adopta un carácter de conjunto. “Que la crisis la paguen ellos”, no los trabajadores, significa exigir “que se abran las cuentas del Estado y de los capitalistas” para desenmascarar el carácter explotador de la política dictada por los banqueros.
La lucha contra el intento de destrucción (municipalización, privatización) de escuelas y hospitales, los despidos masivos, la liquidación de las Csgas y el remate de bancos y empresas públicas exige la preparación de un movimiento de lucha que conduzca a la ocupación de los edificios y al reclamo de huelga general. Para que los trabajadores puedan disponer de sus sindicatos para enfrentar la catástrofe, es necesario expulsar a la burocracia sindical. Llamamos a impulsar un congreso de trabajadores, para debatir una salida a la desesperante situación popular y organizar un congreso de bases de los sindicatos y del movimiento obrero en su conjunto.
NOTAS:
1. La Voz del Interior, 3/9
2. Jorge C'aminotti. La Voz del Interior. 9/7/95
3. Jimia Interna. 20/7
4. Prensa Obrera N° 455
5. Prensa Obrera N° 454
6. La Voz del Interior
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