Lula declaró privatizable el 59% del territorio brasileño
Son 5 millones de kilómetros cuadrados de selva amazónica
Cuando en los ’70 puso la piedra fundamental de la Carretera Transamazónica para favorecer a los madereros, el dictador Garrastazú Medid llamó al Amazonas “la tierra sin hombres”. Para tal desición racista, debió obviar el número impreciso de comunidades indígenas que la habitan. Lula ha dado un salto cualitativo: en febrero, el Congreso aprobó su ley de privatizadón del Amazonas, al que en un futuro se podrá llamar "selva sin árboles”y “tierra de hombres sin tierra”.
“La ley representa una privatización del llamado Amazonas Legal: abre la concesión de las florestas públicas a la iniciativa privada, aun cuando conserva la titularidad de la tierra en manos del Estado” (Clarín, 3/3). Los 5 millones de km2 que serán licitados -la cuenca del Amazonas- contiene la mitad de las especies botánicas (de 20 a 30 millones) y la mitad de los bosques tropicales del mundo. Los botánicos estiman que hay más de 125 mil plantas, indispensables para las industrias medicinales. Esta selva, en su intercambio de gases con la atmósfera, libera el 50% del oxígeno necesario para la vida y es la generadora de las corrientes de calor que consiguen templar el clima del planeta.
La ley de privatización está en línea con el proyecto ‘Canje de deuda por naturaleza’, impulsado por el FMI, el BM y el BID, que prevé una quita de la deuda a cambio de la cesión de territorios ricos en recursos naturales.
Este plan obliga “a los estados suscriptores del Alca a poner todos sus servicios públicos y emprendimientos referidos a recursos naturales al servicio de explotaciones privadas. De la misma forma, los Estados podrán generar políticas ambientales sólo en la medida que las mismas no impidan las inversiones extranjeras, tanto en agua como en biodiversidad. En Brasil, podría significar la entrega de territorios a gobiernos provinciales y municipales estrechamente ligados con corporaciones privadas de Estados Unidos y de la Unión Europea” (Argenpress, 27/9/04). Lula entró al Alca sin firmar el Alca. La excusa de Lula para su política de “floresta productiva” es que así evitará la apropiación ilegal de tierras, cuyo caso emblemático es el de Cecilio do Regó Almeida, dueño de una constructora que se apropió de 5 millones de hectáreas en el estado de Pará. Si las tierras son concesionadas en beneficio de la industria maderera, farmacéutica, química, etc, ¡el Estado les podrá cobrar un canon!
Hay tres niveles de concesión: pymes, grandes empresas nacionales y multinacionales: a éstas “se les pide apenas que tengan una filial con oficinas en Brasil” (Clarín, 3/3). El coordinador de la Comisión de Derecho Ambiental brasileño, Marcos Montenegro, dijo que “viabilizar la privatización del Amazonas representa entregarla al capital extranjero”. Las concesiones, de hasta 40 años tienen un resguardo de “uso sustentable”: cada tres años habrá una auditoría… del mismo gobierno que no puede impedir la ocupación de tierras a los grandes capitales, pero tiene el récord de desalojos a los campesinos del MST.
En abril de 2004, el Ministerio de Medio Ambiente brasileño envió a Australia a un grupo de expertos para analizar la experiencia de concesión de la selva New South Wales, similar a la que pretende montar en el Amazonas. El viaje fue financiado por la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (Usaid) y del Servicio de Florestas de Estados Unidos (Usda) (www.radiomundoreal.fm). Lula ya ha entregado el monitoreo de la zona amazónica al capital extranjero a través de un satélite que pertenece a la empresa Hispamar, de origen brasileño pero controlada por la española Hispasat, quebrando el monopolio ejercido hasta entonces por el satélite Star One, de la corporación estatal Embratel. El gobierno del PT ha puesto bandera de remate a más de la mitad del país.
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