¡Fuera la gendarmería!
La denodada lucha de los petroleros de Las Heras, en el norte de la provincia de Santa Cruz -la provincia del presidente Kirchner-, ha puesto de relieve la naturaleza antiobrera del gobierno de la burguesía nacional.
Desde la privatización de YPF -bajo el gobierno de Menem, con el respaldo de Kirchner, entonces gobernador de la provincia-, Repsol y los grandes pulpos petroleros son los verdaderos dueños del norte de Santa Cruz.
El reclamo de la huelga es la eliminación del impuesto al salario que se aplica a quienes ganan más de 1.850 pesos, una cifra que no alcanza a cubrir el costo de la canasta familiar; confisca a los trabajadores petroleros un salario al año. La ministra de Economía, Felisa Miceli, defendió el impuesto al salario como “progresivo”, probablemente porque contribuyó a subsidiar con miles de millones al año a la burguesía nacional (y aun al capital financiero internacional que opera en Argentina).
El otro gran reclamo de los petroleros fue el pase al convenio de ese gremio de los cientos de trabajadores ‘tercerizados’ que trabajan para contratistas bajo el convenio del gremio de la construcción, con sueldos muy inferiores.
Una nueva dirección
Durante la lucha se constituyó un Cuerpo de Delegados, el cual debió superar el boicot de la burocracia del sindicato petrolero (aliada con Kirchner desde la época de la privatización de YPF). El Cuerpo de Delegados se erigió en dirección de la lucha, ocupó las instalaciones sindicales y lanzó el paro.
Los cortes de ruta que lo acompañaron, paralizaron la actividad en los pozos. En una localidad de apenas 12.000 habitantes, varios miles de trabajadores se movilizaron en los cortes y en las marchas de apoyo a los petroleros. La huelga fue toda una pueblada.
El gobernador Acevedo se propuso quebrar a los huelguistas. Luego de reiterados fracasos, montó una provocación al detener al vocero del Cuerpo de Delegados, Mario Navarro, lo cual desencadenó una gran movilización popular que se dirigió a la comisaría donde estaba detenido para exigir su libertad.
La movilización fue recibida con gases y balas de goma (hay testimonios de la utilización de balas de plomo). Durante la represión, se produjo la muerte del oficial de la policía Sayago.
Inmediatamente, el gobierno responsabilizó por esta muerte a los huelguistas y al Partido Obrero. Sin embargo, la información periodística deja trascender que sus responsables bien podrían ser agentes de inteligencia o de seguridad de las propias petroleras que pretendían militarizar la ciudad para quebrar la huelga. De todos modos, 1 a muerte de Sayago fue la excusa para que Kirchner enviara la Gendarmería (policía militarizada) a la provincia. La zona fue militarizada; los cortes, levantados a punta de fusil. Comenzaron los allanamientos a los delegados con la excusa de la ‘investigación’. Con los gendarmes, se reforzó la presencia de los ‘servicios’, responsables de todo tipo de provocaciones contra la población trabajadora. Las operaciones contra los trabajadores, los gendarmes, los servicios encapuchados y los secuestros, repiten los métodos de la dictadura.
Pese a la represión, la huelga se mantuvo en pie. El gobierno y las petroleras debieron recular. El Ministerio de Trabajo dispuso el pase al convenio petrolero de los casi 300 trabajadores encuadrados en la construcción. Al mismo tiempo, el gobierno se comprometió a elevar el “mínimo no imponible”. Se logró el pago del 50% de los días caídos; la Iglesia, que actuó como “mediadora” (repitiendo el viejo juego del “policía bueno y el policía malo”) se llevó su tajada: el 50% restante de los días caídos fue para “instituciones benéficas”.
Fue una tremenda victoria de una lucha ejemplar; sin embargo, las provocaciones se acentuaron. Los allanamientos de las casas de delegados y trabajadores fueron acompañados de la destrucción de las viviendas y de feroces golpizas a las familias. Los detenidos eran obligados a denunciar a otros. Una enorme marcha popular, convocada por el Cuerpo de Delegados, recorrió Las Heras exigiendo su liberación y la inmediata salida de la Gendarmería.
Se puso de manifiesto una lucha entre camarillas kirchneristas -una, encabezada por el ministro De Vido; otra, por la hermana del Presidente, y una tercera, encabezada por el gobernador Acevedo- que se disputan el manejo de los negocios del petróleo, de la minería y de la pesca.
Las patronales se vienen negando a hacer efectivos los acuerdos que permitieron el levantamiento de la huelga. Apoyándose en la Gendarmería, pretenden quebrar al Cuerpo de Delegados. Pero ni la militarización de la zona, ni los aprietes, las golpizas, los despidos y la negativa a pagar los días caídos lograron quebrar a los trabajadores. En reclamo del cumplimiento de los acuerdos, un conjunto de empresas volvieron a la huelga a comienzos de marzo.
La huelga petrolera puso de relieve un programa nacional de reivindicaciones: contra el impuesto al salario, contra la flexibilización y en defensa de las organizaciones sindicales recuperadas a la burocracia. Y también puso de relieve un método para ganar: el movimiento obrero en Santa Cruz es el que ha llevado más a fondo el método del piquete y del corte de ruta.
Los cortes de ruta contra las papeleras en Entre Ríos, el resurgimiento de las asambleas populares en Córdoba en lucha contra los tarifazos, las huelgas salariales en un amplio conjunto de gremios y empresas, el continuo retroceso del propio gobierno ante el rechazo popular a sus medidas (como la anulación de aumentos de tarifa), muestran un cuadro de agitación popular de características generalizadas.
La huelga petrolera de Las Heras puso en evidencia la completa incompatibilidad entre el gobierno de la camarilla asociada a los pulpos petroleros y la más elemental de las reivindicaciones populares.
