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Un desafío histórico para la izquierda revolucionaria

Por Christian Rath - Pablo Rieznik
El artículo que sigue expone las conclusiones fundamentales -actualizadas- del debate sobre la situación política nacional que culminara con la realización del XXI Congreso del Partido Obrero. Tales conclusiones, como señalamos en la presentación de este número, son el resultado de un amplio proceso de deliberación que involucró a la totalidad de sus militantes y que fuera también desenvuelto públicamente en diversas actividades a lo largo y ancho del país. En este mismo volumen el lector encontrará otro artículo que reproduce las conclusiones relativas a la situación planteada por la bancarrota capitalista en el ámbito que se extiende más allá de nuestras fronteras. En ambos casos, la responsabilidad por la edición de los textos, sometidos a la consideración de centenares de delegados en el Congreso, corresponde al Comité de redacción de En Defensa del Marxismo.
 
1. Lo que plantea la crisis del kirchnerismo
 
Los últimos acontecimientos políticos -ruptura con Moya- no, enfrentamientos y aún amenazas de intervención contra gobernadores no disciplinados al ejecutivo, realineamientos y choques en la cúpula gobernante- marcan un principio de desintegración del gobierno actual. Una expresión de ello es la ruptura o los choques con buena parte de la burguesía nacional K que le sirvió de base de sustentación, como los Eskenazi, el Banco Macro, los Cirigiliano o el grupo Midlin (Edenor). El régimen de arbitraje carece de los recursos para continuar gobernando como lo venía haciendo. Asistimos a una crisis sistémica que está liquidando las bases de sustentación política del oficialismo. Está planteada una crisis de poder. Un aspecto central de esta crisis es el principio de ruptura de la clase obrera con el gobierno al que votó en gran parte hace sólo ocho meses. Esta fractura abre una nueva etapa política en la clase obrera y en el país. La declinación del kirchnerismo como régimen de arbitraje deberá conducir a una polarización política. Se plantea objetivamente el desarrollo de un movimiento obrero real y la fusión del movimiento obrero con la izquierda revolucionaria. La fusión política y organizativa del socialismo con la clase obrera es la única salida realmente histórica. La construcción de "un instrumento político", al margen del programa revolucionario y de la labor ya desarrollada por la izquierda revolucionaria en el movimiento obrero, sería una desviación política perjudicial para el desarrollo revolucionario.
 
La cuestión de un "rodrigazo" ha comenzado a plantearse, a partir de una crisis fiscal que tiende a acentuarse y de la crisis financiera internacional. La tentativa de la sintonía fina se estrelló en la estación de Once y puso de manifiesto la gigantesca estructura de subsidios que alimenta a un puñado de vaciadores capitalistas, así como al conjunto de la clase capitalista a partir de una reducción relativa de los salarios. La tentativa de ajustes contra los trabajadores estatales en las provincias se enfrentó tempranamente con los movimientos de lucha de Santa Cruz, Río Negro y otras provincias. El gobierno sigue pagando, al día de hoy, los aumentos salariales establecidos en las paritarias de las privatizadas. Al desastre ferroviario y petrolero, se ha sumado ahora el de las distribuidoras y generadoras de electricidad, que están virtualmente quebradas. El gobierno acaba de volver a establecer un programa de incentivos de mayores precios a la producción de las petroleras. Una liberación de tarifas golpearía sobre una inflación que ya alcanza al 30% anual.
 
Las medidas parciales de carácter intervencionista han conducido a un verdadero dislocamiento económico. El gobierno es consciente de que una brusca devaluación, combinada con la inflación en curso y la "corrección" de tarifas, configuraría un cuadro explosivo. Por eso, intenta frenarla con controles cambiarios.
Pero esas restricciones han llevado a una paralización de la industria de la construcción y de la actividad inmobiliaria. Estos controles han agravado la fuga de capitales (retiro de depósitos, compra de títulos públicos para su reventa en el exterior). La recesión ya golpea a sectores fundamentales de la clase obrera, como los mecánicos de Córdoba, los obreros de la carne en varios puntos del país y de industrias alimenticias ligadas a la exportación. Las medidas contra el salario -impuestazos, pago en cuotas del aguinaldo, son un golpe al consumo popular, y agravarán la tendencia a la caída de la recaudación de impuestos y a una recesión industrial. El "boom" de precios de la soja financia al parasitismo de los privatizadores y especuladores financieros.
 
La descomposición económica en curso se expresa a través del órgano más sensible de la economía -la moneda- pero sus causas van mucho más allá de una "corrida cambiaria" y del corralito al dólar. Asistimos al derrumbe de la organización social montada por el kirchnerismo, algo que se puso de manifiesto brutalmente en ocasión del desastre de Once. Después del default de 2001 /2002, el vaciamiento del Tesoro, del Banco Central y de la Anses financió, por un lado, el rescate de las privatizaciones menemistas; por el otro, 'reconstruyó' la hipoteca de la deuda externa. Hoy, estas dos cargas se han vuelto la medida de la crisis.
Los subsidios a las privatizadas consumirán este año más de 80.000 millones de pesos. Pero después de Once, la pretensión de reemplazar estos subsidios por aumentos de tarifas comporta una crisis política, puesto que el pueblo debería bancar una red de servicios privatizados que están en ruinas. En cuanto a la deuda externa, los intereses y el capital a pagar en este año superan al saldo de la balanza comercial, y el panorama es aún más grave para los próximos años.
 
2. Crisis provinciales, crisis fiscales, crisis de poder
 
El gobierno ingresa en esta crisis sin los recursos fiscales que le permitieron arbitrar la de 2009. No es un secreto que el gobierno ha esperado cerrar las actuales paritarias para avanzar en los "ajustes". Un aspecto central del momento político son las crisis provinciales, que colocan al gobierno en choque con los gobernadores ligados al PJ. A diferencia de la Nación, las provincias no pueden enfrentar la crisis fiscal ni con emisión ni con la Anses, y el endeudamiento presenta características usurarias. Buenos Aires, que está en el epicentro de esta crisis, es sólo la expresión visible de un derrumbe en la organización económica y social del Estado. Dieciocho provincias presentan problemas de pagos con sus trabajadores y proveedores. Una crisis fiscal de este alcance, que revela la incapacidad del Estado capitalista para sostenerse a sí mismo, retrata por sí sola a una crisis de poder, y un principio de desintegración nacional.
 
La decisión de limitar la asistencia financiera a las provincias es el telón de fondo de una gran fractura política. Asoma la amenaza de una intervención federal, o un golpe de mano destituyente en la provincia que fuera cuna política de los K. El Estado nacional se plantea una centralización financiera del tipo de la que Merkel quiere imponer a la zona euro.
 
En la crisis con Buenos Aires o Córdoba aparece la punta de lanza de un reagrupamiento más vasto, que se ha expresado en la negativa del presidente de la Corte y de varios gobernadores oficialistas a una reforma constitucional con reelección. Un reagrupamiento que incluye a una base empresarial que cuestiona la capacidad del gobierno para pilotear la crisis. Lavagna encabeza un planteo de recambio, que pasa por forzar al gobierno a aplicar un "rodrigazo". Para responder a estas fracturas, el gobierno podría recurrir a un adelanto electoral o a un referéndum. El autodenominado kirchnerismo 'progresista' -que defiende a libro cerrado el ajuste oficial y la estatización de los sindicatos- ha salido a levantar la bandera de la reforma constitucional.
 
El colapso del modelo ha planteado una fractura y un escenario de choques al interior del bloque empresarial y político que venía sosteniendo al kirchnerismo. Es lo que ocurrió con Eskenazi y Repsol, en torno de la crisis energética; con Midlin en el caso Edenor, por el colapso eléctrico; con el Banco Macro o con Cirigiliano, como consecuencia del derrumbe del transporte público. Esta era la burguesía nacional que el gobierno quiso reconstruir, y con la que ahora entra en choque ante la evidencia de que se acabaron las cajas para financiar su esquema de negocios. En el plano de la crisis petrolera, los "cristinistas" quieren superar esta situación con una alianza directa con el gran capital internacional, y buscan un acuerdo con los grandes monopolios petroleros. Pero ese viraje deberá atravesar la prueba de un aumento de tarifas generalizado y el establecimiento de una política de normalización económica, que asegure al gran capital el giro de utilidades y una estabilidad fiscal. El choque con la 'vieja' base empresarial del kirchnerismo puede conducir a una crisis de gabinete, que ya se ha insinuado con los sucesivos desplazamientos de De Vido.
 
A esta fractura se añade ahora el inicio de una nueva crisis con el capital agrario, a partir de tres factores: una caída de los precios internacionales, una suba de los costos y la aparición de un 'lobby' a favor de la devaluación del peso -que involucra también a fracciones de la burguesía industrial y que el gobierno pretende bloquear por medio del cepo cambiario. Una devaluación, sin embargo, entra en choque con la pretensión de ajustar las tarifas sin que esto conduzca a una hiperinflación. Un "rodrigazo" podría producirse, precisamente, bajo la presión combinada de un aumento de tarifas (dictado por la crisis fiscal) y de una devaluación, impuesta por el capital agrario e industrial sometido a las consecuencias de la crisis mundial.
 
La oposición capitalista reclama el tarifazo y la devaluación. El FAP de Binner ha lanzado la propuesta de un "gobierno de concertación", que debería convocar a un "Consejo Económico y Social". Se trata de un reconocimiento de una crisis de poder. Binner plantea desembozadamente una devaluación del peso. En cualquier caso, estos opositores deberán atravesar antes la experiencia de sus propios ajustes, como ya está ocurriendo con el gobierno de Bonfatti en Santa Fe.
 
Las elecciones que se avecinan ofrecen un fuerte campo de maniobras. Es el caso del frente que están tramitando en la Capital el FAP (Lozano) con Proyecto Sur (Solanas), mientras ese propio FAP sostiene sus alianzas con Juez -lobbista de las automotrices- o el radicalismo en Santa Fe.
 
3. Intervencionismo y crisis política
 
El gobierno intenta, con medidas de intervención económica, reforzar el régimen de arbitraje personal. Un ejemplo ha sido la estatización de Ciccone, oportunidad en la que volvió a obtener el voto de parte de la oposición, aunque lo más significativo en este terreno ha sido la intervención -rescate- en el mercado eléctrico. El reforzamiento del intervencionismo nos plantea la delimitación socialista respecto del estatismo burgués. La intervención por decreto de Clarín plantearía una estatización de hecho, lo que reforzaría el control informativo del Estado capitalista y del gobierno y acentuaría la regimentación de los trabajadores. Al mismo tiempo crecería la polarización política e incluso podría desatar una crisis en gran escala. Las estatizaciones parciales y las medidas de intervención estatal, por otra parte, han afectado a parte de la burguesía "nacional" cuya reconstrucción era, según Néstor Kirchner, la premisa del modelo. Las iniciativas oficiales operan, por lo tanto, sobre un régimen en disolución. Esta contradicción provocará toda clase de virajes, como lo demuestra la tendencia a entregar el gas y el petróleo al capital norteamericano. Otro caso de intervención es la constitución de una agencia estatal de coordinación de los representantes en directorios de grandes empresas, luego de la estatización de las AFJP. El gobierno K proclama que se trata de un principio de planificación estatal sobre la economía -capitalismo de Estado. A este intervencionismo de carácter capitalista, le oponemos un planteo de centralización y un plan único fundado en la nacionalización de la banca, el comercio exterior, la gran industria y las privatizadas bajo control obrero.
 
4. Movimiento obrero y programa de acción
 
La crisis política tiene un punto central en la relación del gobierno con la burocracia de los sindicatos. Ante la acentuación de la bancarrota económica, el arbitraje oficial ya no tolera ningún margen de autonomía de la CGT ni del resto de las organizaciones populares. Por eso la embestida busca digitar directamente a su dirección y determinar su funcionamiento. El espejo de la CGT es lo que ocurrió con la CTA, que ha quedado reducida a cenizas.
 
El derrumbe económico sepultó los planes armados desde el oficialismo para establecer una alianza entre la Juventud Sindical moyanista y La Cámpora. En la órbita del gobierno se mueve todo un sector de izquierdistas que habían avisado de su pasaje al campo de la burocracia, con la que llamaban a "cavar trincheras".
 
El moyanismo, que hoy aparece resistiendo el alineamiento absoluto con la Casa Rosada, se pasó rápidamente a Scioli y por abajo hace buenas migas con Macri o De la Sota. De esta manera se demuestra la impostura de Moyano cuando se pronuncia por un Partido de Trabajadores o "que la presidencia sea ocupada por un trabajador", mientras acuerda con las fuerzas políticas que se encuentran a la derecha del propio gobierno. Todo su planteo muere en el intento de integrar candidatos a una lista frentista de oposición en 2013, lo que revela su impostura. En cualquier caso, la crisis de la CGT ha puesto en la agenda la cuestión de la independencia de la clase obrera y un partido propio. Esta tendencia es la que está presente en la transición más general que se vive en la clase obrera y que se expresa en el surgimiento de una nueva generación que conquista cuerpos de delegados contra la burocracia sindical. Nuestro abordaje parte de esta caracterización, que se entronca con el planteo de un frente de izquierda y un partido de los trabajadores, y del trabajo por la preparación de la huelga general contra el 'ajuste'.
 
La burocracia sindical enfrenta esta crisis desacreditada y cuestionada por un nuevo activismo sindical, que busca recuperar los sindicatos para una política independiente. Moyano no dio ninguna perspectiva de continuidad a la medida planteada con la movilización a la Plaza de Mayo. Remató su discurso con una reivindicación política e histórica del peronismo, para poner límites a la ruptura de los trabajadores con el nacionalismo burgués. La gran tarea que plantea la crisis nacional es la fusión de la clase obrera con el socialismo revolucionario, lo que exige una gran acción de propaganda y agitación política de la izquierda revolucionaria.
 
Esta acción plantea, en primer lugar, un programa, en oposición a los planteos ajustadores del gobierno y de sus opositores capitalistas: por el pago inmediato, en tiempo y forma, de aguinaldos y salarios en todas las provincias; por la reapertura de las paritarias sin tope; apertura de libros y control obrero de los contratos de gobiernos de provincias y municipios; por la indexación automática del salario de acuerdo con la inflación; por la derogación del impuesto al salario -o elevación del mínimo no imponible a 15.000 pesos, y la derogación de todos los impuestos al consumo y su reemplazo por impuestos progresivos al gran capital; ningún despido o suspensión, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; por la nacionalización de los bancos, priva- tizadas, los pulpos agrarios y el comercio exterior, bajo control obrero; contra la regimentación y división de la CGT, que busca paralizar a los sindicatos de cara a los "ajustes", planteamos una campaña por un congreso de bases de la CGT; por un plan de lucha y la huelga general para terminar con los ajustes; frente a la miseria jubilatoria, planteamos el 82% móvil y el control de la Anses por parte de trabajadores y jubilados electos, para que deje de financiar la deuda externa y otros negociados capitalistas. Denunciamos la política de 'seguridad democrática' basada en el espionaje y la delación oficiales -que convive con la represión abierta, el gatillo fácil y las patotas- y planteamos el desprocesamiento de todos los luchadores. Contra el rescate de los privatizadores a costa del presupuesto público y por medio de tarifazos, planteamos la nacionalización integral del petróleo y de las privatizadas bajo control de los trabajadores, y la necesidad de una campaña política integral con la intervención de los trabajadores petroleros, ferroviarios o aeronáuticos. Por un plan de viviendas populares bajo control obrero. Contra la desorganización económica de la gestión capitalista, planteamos la nacionalización de la banca, de los cambios y el comercio exterior, y un plan económico de conjunto resultado de la gestión y la deliberación colectiva de los que trabajan. Por un gobierno de trabajadores.
 
Llamamos a derrotar el ajuste del gobierno nacional y los gobernadores y denunciamos el contenido de las extorsiones de unos y otros: por un lado, las medidas de emergencia antiobreras y, por el otro, las intervenciones federales o los emplazamientos cuyo contenido sería igualmente ajustador. Denunciamos las tentativas plebiscitarias o de reforma constitucional del gobierno como una tentativa de rescate del régimen de los privatizadores y del pago de la deuda y, en oposición a ello, vinculamos cualquier asamblea constituyente a que sea convocada por un gobierno de trabajadores -única posibilidad de que sea realmente libre y soberana.
 
5. La cuestión ambiental, las huelgas policiales
 
La crisis ha colocado con fuerza ciertas reivindicaciones y luchas que merecen la mayor atención. La lucha contra los monopolios de la minería a cielo abierto ha sido objeto de grandes puebladas en el interior del país. En el NOA, la bancada del PO en Salta ha librado una gran batalla política, desnudando el compromiso de todas las fracciones capitalistas con los monopolios mineros. La crisis fiscal ha reforzado la política entreguista de las administraciones provinciales, que aspiran a salvarse de la quiebra con las migajas de las regalías mineras. El kirchnerismo y los gobernadores han atacado sistemáticamente al movimiento ambientalista, pero al mismo tiempo se sirven de él para reclamar mayores aportes fiscales a las mineras. La formación de "empresas mixtas" (asociando a los Estados con la depredación) es una línea que están ensayando los Estados y los monopolios mineros, con el objetivo de neutralizar la movilización ambientalista. Nuestra acción común con el movimiento ambiental tiene como base la lucha contra la depredación impulsada por la búsqueda de beneficios extraordinarios por parte de los pulpos. Pero al conservacionismo reaccionario -que reivindica una economía de subsistencia- le oponemos una salida socialista, fundada en la nacionalización integral de la industria, o sea la expropiación del capital, para reorganizar integralmente la minería y la explotación petrolera. La preservación de los glaciares o del agua es incompatible con el monopolio de la explotación minera en manos del gran capital, y su alianza con los gobernadores. Unimos el apoyo incondicional a la rebelión contra los pulpos con todas las reivindicaciones de los trabajadores mineros, contra el impuesto al salario, la tercerización, la vivienda y otras.
El dislocamiento de los Estados se ha venido expresando también en las huelgas policiales. A las huelgas de Santa Cruz y Misiones, efectivos de Buenos Aires se han sumado a las marchas de los estatales bonaerenses, por el medio aguinaldo. Estos movimientos introducen una fractura en el aparato de represión del Estado. Para abordar esta crisis debemos distinguir los movimientos que expresan las maniobras y mafias internas del aparato policial, de las que puedan expresar agravios de sectores sin compromisos con ese aparato e incluso atacados por él.
 
6. El Partido Obrero, el Frente de Izquierda, las elecciones de 2013
 
La intervención política en la crisis exige de una campaña política de conjunto. El Frente de Izquierda, en la campaña electoral, logró concentrar la atención de una parte del pueblo en la izquierda revolucionaria, y le dio expresión política a una tendencia anticapitalista en los explotados. El Frente de Izquierda revalorizó la política electoral para la estrategia de la revolución socialista, y preparó las condiciones para un crecimiento político posterior entre los activistas obreros y la juventud. Nuestra campaña electoral desarrolló una salida política de conjunto, de carácter socialista. La gran transición histórica del momento es la tendencia a una fusión del movimiento obrero con la izquierda revolucionaria, no un independentismo obrerista abstracto. En el marco del agudo agravamiento de la crisis política y de las medidas de austeridad contra el movimiento obrero, se plantea impulsar una campaña de agitación del Frente de Izquierda, por un plan de lucha de conjunto; por una Central Obrera independiente mediante un congreso de delegados de fábrica electos por la base; por el desarrollo de un Frente Político obrero y socialista. En el contexto de la crisis actual, las elecciones parlamentarias de 2013 cobran una importancia decisiva. Van a expresar el escenario de fuerzas que deja el derrumbe del modelo oficial, desde el "cristinismo" hasta los que se proponen como candidatos para reemplazarlo en 2015.
 
7. Perspectivas y tareas
 
La declinación del modelo reduce las bases de sustentación del gobierno y obliga a los K a acentuar un régimen de medidas excepcionales. Es este cuadro el que explica las versiones de un eventual adelantamiento de los comicios de 2013.
 
Es indudable que un choque general de la clase obrera con el gobierno K alteraría profundamente el escenario político, y también el cuadro de fuerzas para las elecciones de 2013. Pero para que ese choque plantee una cuestión de poder no se han reunido aún las condiciones de una polarización política entre los explotados y la clase obrera. El desarrollo de la crisis mundial en estos años ha sido enormemente educativo en este plano. En los Estados Unidos y en toda Europa, la bancarrota capitalista y los ajustes han dado lugar a huelgas y manifestaciones de masas donde se han expresado consignas anticapitalistas. En Grecia se han producido numerosas huelgas generales, aunque la burocracia de los sindicatos logró impedir que avanzaran hacia la huelga indefinida y la cuestión del poder. La burguesía se ha servido de los procesos electorales para reagrupar fuerzas y establecer relevos políticos capaces de abordar los paquetes de austeridad.
Al mismo tiempo, esos comicios han representado nuevos episodios de la crisis política, en la medida que pusieron de manifiesto una declinación de los partidos del régimen y un principio de polarización. La izquierda revolucionaria está obligada a transitar por estos procesos, y preparar, a través de una intervención política cuidadosa, el camino de esa polarización. En Grecia, las elecciones pasadas mostraron una formidable dispersión política, pero han preparado el terreno de una polarización para los comicios de junio, entre Syriza y Nueva Democracia.
 
El próximo período de la actividad del PO estará signado por la lucha por la condena a Pedraza y a su patota, un proceso que concentrará cuestiones centrales de la crisis política: la tercerización laboral, que el "modelo" k ha sostenido férreamente; la descomposición de una burocracia sindical convertida ella misma en empresaria; el vaciamiento de los ferrocarriles y todos los servicios, en manos de la burguesía nacional que ha sido rescatada a costa del presupuesto público y la superexplotación obrera y la ausencia de sus personeros en el ferrocarril en el banquillo de los acusados.
 
El desarrollo de tribunos políticos a la escala de todos los comités y distritos donde actúa el partido está directamente relacionado con el cuadro político que aquí presentamos. O sea, la apertura de una nueva etapa política, que nos plantea dirigirnos a toda la clase obrera y a los explotados con un mensaje estratégico. Esa acción pública sólo es posible en base a la exposición sistemática de planteamientos políticos y de un programa.
 
La izquierda revolucionaria es el único factor político consciente que ha venido laborando por un cambio histórico del movimiento obrero. Se trata de proseguir con mayor energía esta acción, que deberá plasmarse en una fusión entre la izquierda revolucionaria -el programa y la lucha cotidiana por el derrocamiento de la burguesía-, por un lado, y el movimiento obrero -el esfuerzo, el activismo y la lucha cotidiana de la clase obrera por detener la ofensiva capitalista, por defender sus conquistas históricas y por avanzar en el mejoramiento material y moral de los trabajadores-, por el otro. De esta fusión deberá surgir la dirección revolucionaria efectiva del proletariado. Al margen de ella, la presente transición histórica acabará en una nueva frustración. El partido de la clase obrera no es "un instrumento político" del movimiento obrero cotidiano; es la expresión de un salto histórico de la clase, la que cobra conciencia de ser una dirección potencial de las masas.
 
 
12 de septiembre de 2012
 

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