Combatir la estatización del movimiento

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, volvemos a repasar las alternativas que están en juego para afrontar la discriminación y la opresión promovidas por el régimen capitalista. Prima la idea de que la violencia que denunciamos, la discriminación social y laboral, la violencia intrafamiliar, son desvíos de un régimen social que debe “aprender”, que debe “formarse” para terminar con esta realidad. Sin embargo, esta es en muchos casos una idea simplemente equivocada y en otros, un ardid para la promoción personal de mujeres que, instaladas en el poder, usan nuestras banderas para encubrir políticas capitalistas que dañan a la mayoría de las mujeres.

Capitalismo vs mujeres trabajadoras

La opresión de la mujer asumió en esta era una fisonomía específica que se adapta a la necesidad de favorecer a los intereses económicos y sociales de una minoría social propietaria de los medios de producción y promotora de la especulación financiera. El capitalismo no inventó la opresión de la mujer sino que creó sus propias condiciones de opresión adaptadas a los intereses de clase de este régimen. No existe un postulado patriarcal ajeno a los intereses sociales y de clase del sistema actual.

La cuestión de las mujeres, como así también los debates sobre las diversidades de género y sexuales, las formas de socialización, la familia tradicional versus las nuevas formas de vinculación, son temas fundamentales para el régimen en la medida en que a través de ellos se lleva adelante el control social que resulta fundamental para imponer la dictadura de una minoría en la “democracia” burguesa.

En este marco, ratificamos que el capitalismo en general y en particular este capitalismo en decadencia carece de un objetivo estratégico para avanzar en el camino de la emancipación de las mujeres y que, por el contrario, agrava las condiciones de vida de las masas y en particular la de las mujeres. La pretensión de que sea el Estado capitalista y de clase el que dé respuestas a las demandas de las mujeres y las diversidades, mientras que es esa misma institucionalidad del régimen la que fomenta la opresión y la utiliza en beneficio propio, es una utopía poco romántica. Las consecuencias hoy están a la vista.

Contexto

El capitalismo en descomposición lleva a guerras como la que Rusia y la OTAN están librando en territorio europeo que ya se llevó la vida de 300 mil personas. Lleva también a la pauperización creciente de la población, que conjuntamente con las guerras generan que vivamos una época de enormes olas migratorias en muchos casos verdaderamente criminales. Es el imperialismo occidental el que ha apadrinado, alimentado y protegido a los regímenes teocráticos, en función de la defensa de los intereses capitalistas sobre sus recursos naturales y por el negocio armamentista. Las prácticas denunciadas por las mujeres en Irán no tienen nada que envidiarle a las que se desarrollan en Arabia Saudita, un protectorado estadounidense. El creciente choque de intereses entre EEUU y China plantea a cada paso la posibilidad de pasar a un plano de confrontación bélica. De conjunto, el capitalismo es sinónimo de destrucción absoluta socioambiental. La sojización, la extensión de los agrotóxicos, la ganadería intensiva, la explotación gasífera y petrolera y la megaminería son parte de una orientación capitalista que arrasa con los territorios y con sus poblaciones, destruye recursos naturales, empobrece a las poblaciones y enriquece a unos pocos. El cuadro descrito escuetamente muestra que es imposible desenvolver el reclamo emancipatorio de las mujeres sin enfrentar de conjunto al régimen social.

Fueron las mujeres socialistas, las que estaban nucleadas en partidos revolucionarios a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las que organizaron en todo el mundo la unidad de las trabajadoras en torno a sus derechos y las que instauraron la fecha del 8 de marzo con un planteo político socialista y anticapitalista. Esta experiencia tuvo un resultado práctico de dimensiones únicas: la Revolución Bolchevique en la Rusia del SXX instauró un régimen de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, único en el mundo. Allí, por primera vez en la historia, se instalaron el voto universal que incluía a las mujeres, un código civil igualitario, el aborto legal y hasta se consagró en 1922 el primer matrimonio igualitario entre dos mujeres, aunque ese capítulo haya sido borrado de la historia.

Paréntesis

El Comisariado de Justicia debió resolver en 1922 la acusación de “crimen contra la naturaleza” por la que se juzgaba a dos mujeres que eran pareja, una de ellas integrante de la GPU (policía secreta). El comisariado dictaminó que el matrimonio entre Egveniia y “S.” era “legal porque fue consumado mediante consentimiento mutuo” (Dan Healy). Este régimen socialista de avanzada representó un peligro, como se puede ver, para el capitalismo mundial en todos los niveles.

A través de la historia se desarrolló una brutal lucha política en torno a esta cuestión. Las movilizaciones de los 60 y 70 del siglo pasado, con epicentro en EEUU y en países europeos, conocidas como “la segunda ola del feminismo”, arrancaron importantes conquistas y abrieron paso a análisis, debates y reflexiones políticas sobre las mujeres, las clases sociales, el género y también sobre la naturaleza del capitalismo. Entre los años 30 y los 50 la izquierda había quedado identificada a nivel internacional con las políticas de la reacción stalinista que promovió la prohibición de la homosexualidad en 1934 y la prohibición del aborto en 1936, en nombre de la necesidad de incrementar la natalidad en la URSS. El stalinismo transformó una revolución de avanzada en un régimen de opresión y muerte para garantizar los privilegios de su casta dirigente.

El imperialismo respondió a la rebelión de las mujeres en países centrales, que entre muchas otras conquistas arrancó el aborto legal en EEUU en 1973 y en Francia en 1974, con conferencias de la ONU que tuvieron por objeto expropiar a ese movimiento, sacarlo de las calles e institucionalizarlo. Aún hoy nos encontramos bajo la etapa de la estatización del movimiento, a tono con el retroceso general de las ideas y la lucha por el socialismo que tanto combatimos en este y en todos los terrenos.

En la actualidad, gestas protagonizadas por las mujeres que denuncian la discriminación específica que sufren bajo el sistema capitalista tomaron fuerza e incluso pusieron en jaque regímenes políticos, como ocurre en Irán. Ese movimiento deberá derrotar al régimen teocrático para triunfar y profundizar sus demandas. Pero a su vez no puede hacerlo bajo la orientación del imperialismo yanqui que busca explotar sus objetivos políticos infiltrándolo y manteniendo choques con estos regímenes, pero por cuestiones ajenas a los intereses de las mujeres.

Las demandas de las mujeres también fueron el eje de las agendas electorales, como ocurrió en el caso de las elecciones de EEUU. Los debates de hoy en el país del norte son el fruto de un retroceso operado desde la segunda ola del feminismo que se produjera entre los 60 y 70. La deriva estatista claudicó desde 1973 en la defensa del aborto legal, no solo por no avanzar en una institucionalización más sólida que un fallo de la Corte Suprema, a través de la aprobación de leyes que le dieran solidez, sino porque cedieron frente a la embestidas inmediatas posteriores, como ocurrió con la enmienda Hyde de 1976 que impidió que el Estado financiara el acceso al aborto. Antes de que la Corte Suprema anulara el fallo histórico en el 2022, arrancado a la luz de enormes movilizaciones hace 50 años, ya se había operado un gran retroceso, que los demócratas, elección tras elección, prometieron revertir, algo con lo que nunca cumplieron. En la experiencia de Estados Unidos también se puede ver que los retrocesos se produjeron de la mano de las promesas de los bloques políticos gobernantes, cuando las mujeres se retiraron de las calles y delegaron sus demandas a manos de políticos capitalistas.

Los avances de la reacción racista y antimigrante se encuentran enmarcados en el retroceso también sobre los derechos de las mujeres y de las diversidades, con el progreso de legislaciones retrógradas en diferentes Estados. Otra vez el divorcio entre la lucha de las mujeres y la pelea contra el capitalismo desde una perspectiva socialista expone un retroceso en las conquistas antiguamente arrancadas por la movilización popular y asocia al capitalismo decadente a una política reaccionaria que no se puede revertir en el marco de este régimen social. La violencia contra las mujeres es antes que nada un enorme instrumento de control social a la vez que es un recurso material para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo sobre la base de bajos costos para el capital. Por tal motivo en Argentina y en el mundo las llamadas “tareas de cuidados”, colocadas en el centro del relato político de los feminismos burgueses (que en América Latina tienen a la Cepal como principal usina de fomento de esta agenda), se desarrollan en la creciente pauperización de las mujeres. La   precarización total de la realización de esas tareas, sin derechos y sin ingresos o con ingresos asistenciales, convierte a mayorías de mujeres en esclavas del régimen antes que de tal o cual varón.

La estatización del movimiento de mujeres en Argentina

El movimiento de mujeres en nuestro país tiene una enorme trascendencia y representa un ejemplo de lucha internacional desde el año 2015, con hitos fundamentales en la movilización contra los femicidios en aquel año y, en 2018, concentrando la lucha en la pelea por la legalización del aborto.

El peronismo, que llegó al poder con la determinación política de pagar la enorme deuda contraída por el macrismo con el FMI y con el apoyo de la iglesia católica y de grupos evangélicos, también llegó al movimiento de mujeres cooptando a una dirigencia que postuló la necesidad de hacerse del poder del Estado (capitalista) para progresar en las demandas presentadas en las grandes movilizaciones precedentes. Esto resultó una estafa política de gran impacto entre los sectores populares que sufren las consecuencia del empobrecimiento, de la ausencia de acceso al poder judicial y que empatizan con el odio que la derecha prodiga a las expropiadas de las demandas populares. El caldo de cultivo de esa derecha son las defecciones de un progresismo pequeñoburgués que da la espalda a los sectores populares.

Ante el reclamo de continuar con las movilizaciones colocando nuestra agenda por delante, contestaron “hay 2019”, en alusión a que todo aquello que buscábamos con nuestra movilización iba a encontrar una respuesta en el cambio del gobierno macrista por uno peronista. Sin embargo, el feminismo institucionalizado, asimilado al Estado, no pasó la prueba: los femicidios, según los tres observatorios de la sociedad civil que existen (Zambrano, Mumalá y Lucía Pérez), aumentaron. Como lo hicieron la pobreza y la indigencia entre las mujeres. La respuesta a las que tomaron terrenos para conseguir una casa huyendo de la violencia, fue la represión y el abandono. En ese contexto murió por femicidio una de las mujeres que había sido expulsada de los terrenos de Guernica con la represión de Berni custodiada por la ministra Estela Díaz. Gobiernan para los countries, no para las mujeres. Los centros integrales, prometidos el primer año de gestión de la mano de la ministra Alcorta, brillaron por su ausencia. Los ministerios se llenaron de mujeres, muchas de las cuales desarrollan una labor personal comprometida, pero que se chocan con el límite de una orientación política ajustadora y de conciliación con las iglesias.

Paréntesis

A propósito de esto en estos días se acaba de cerrar con total impunidad la causa por el femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso, que ocurrió días antes del 3 de junio de 2015 y que puso al descubierto que el intendente kirchnerista de dicho distrito, Marcos Fernández, tenía como jefe de su cartera de seguridad a Ricardo Triches (policía retirado que cuando estaba en actividad en la DDI de General Pueyrredón encubrió a los policías asesinos de Natalia Melmann). En la causa de Katherine el fiscal Foglia resultó una pieza clave del desvío de la investigación. Mientras ella era buscada, el fiscal aseguró que la joven se encontraba de Neuquén, que habían hablado con ella y que no quería volver. Lo turbio de toda esta causa pone de relieve una verdadera mafia político judicial destinada a proteger a mafiosos.

FMInistas

Muy tempranamente el gobierno del Frente de Todos inscribió a las mujeres en el marco de los acuerdos con el FMI. En mayo del 2020, decenas de mujeres referentes de diferentes sectores firmaron una solicitada en apoyo a las negociaciones que por entonces comandaba Martín Guzmán con el FMI, un salto político hacia la derecha que protagonizaron desde todos los espacios políticos de la alianza gobernante. Por entonces CFK no había definido aún su estrategia de dinamitar a Guzmán para quitarle a Alberto Fernández cualquier base de sustentación como representante de la burguesía y del imperialismo y sus representantes se sumaron plenamente a la iniciativa. Referentes feministas y ambientalistas firmando el apoyo a un acuerdo que agrava las condiciones de vida de las mujeres y que reposa toda su estrategia en que las multinacionales se lleven los recursos naturales de nuestro país a cambio de una ínfima suma de dólares con los que el gobierno financia el pago de deuda. Es más que una política criminal. Un movimiento de mujeres que no se planta contra el FMI, es directamente un movimiento suicida.

Jubilaron a las jubiladas

La primera medida del gobierno, que venía a terminar con el ajuste macrista y que prometía gobernar con y para las mujeres, fue la de reducir las jubilaciones mediante el cambio de cálculo de la movilidad, cuando aún la pandemia no había comenzado. Entre las personas que están en edad de jubilarse y que no tienen aportes hay 522 mil mujeres y 157 mil hombres. Los negacionistas de la desigualdad deberían explicar semejante abismo. Con 8 meses de demora el Congreso acaba de aprobar la nueva moratoria que desde el FITU apoyamos. Sin embargo, el kirchnerismo y el macrismo se encargaron de impedir que se tratara nuestro proyecto en el que el financiamiento por la falta de aportes corre por cuenta de evasores y patronales y no por cuenta de las mismas personas que fueron obligadas a trabajar sin ser registradas. El gobierno usa los fondos del IVA (impuesto regresivo que pagan mayoritariamente las y los trabajadores) y de los aportes de lxs trabajadores, mientras mantiene intactas promociones patronales en los que se usó el salario indirecto de los trabajadores (la plata de los aportes que está en Anses) y no la plata de los evasores, para bancar al sistema. Por otra parte, radicales, macristas y mileístas se negaron a aprobar la moratoria sin contraponer a eso nada más, mientras 800 mil personas esperan para jubilarse y tener algún ingreso.

Reforma laboral en marcha: la precarización de las mujeres y de la juventud

En el plano laboral este gobierno es protagonista de una masacre social que tiene a las mujeres entre las más precarizadas, comenzando por el trabajo en casas particulares, oficio para el cual garantizaron un techo salarial que no supera nunca la línea de indigencia. Con este techo el gobierno impone un ingreso de indigencia para millón y medio de trabajadoras y a su vez evita que otros rubros que necesitan de esta asistencia presionen por el aumento salarial. La pelea permanente y sin tregua de la Unidad Piquetera justamente es atacada porque cuestiona estos topes que la burguesía en la Argentina pretende perpetuar.

La brecha salarial promedio entre hombres y mujeres asciende al casi el 27%. Pero entre las poblaciones más precarizadas y sin trabajo formal (que es el 40% de la población) la diferencia salarial asciende por encima del 45%. La orientación del gobierno profundizó con fuerza la vulnerabilidad económica de las mujeres y con ella toda la cadena de vulneraciones que se desata. Ni planes de vivienda, ni salarios dignos, ni derechos laborales. La porción del país que trabaja a cambio de planes sociales de 33 mil pesos se inscribe entre el sector de trabajadoras y trabajadores que no gozan de ningún derecho. En los municipios se explota este trabajo precario y a lxs beneficiarixs de planes, en algunos casos completando ingresos con contratos truchos que ante la menor protesta por condiciones de trabajo o por salario, quedan excluidos del trabajo sin defensa.

Paréntesis

En Mercedes, municipio de la provincia de Buenos Aires dirigido por el kirchnerismo, por solo tomar un ejemplo que se extiende por todo el país, trabajadoras hacen tareas de albañilería, algunas de ellas muy peligrosas, con un complemento de contrato otorgado por el   municipio que se niega a pasarlas a planta. De esta forma se garantizan un trabajo sin derechos al cual mantienen bajo una extorsión permanente. No importa cuánto hablen sobre los derechos, la práctica muestra que van por el camino contrario.

Las burocracias sindicales son parte orgánica de esta masacre laboral. En el marco del 8M han convertido en cartón pintado la consigna de “Paro internacional” que no pasa de ser un eslogan, ya que las mismas que hablan del paro, bloquean las asambleas en los lugares de trabajo, impiden la democracia sindical y no luchan por ninguna conquista para las mujeres empezando por el salario. Lejos de esto se encuentran cerrando paritarias al 60% con los gobiernos macristas como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires.

La estafa de la reforma judicial feminista

Otro de los ejes planteados desde el gobierno fue el de la llamada “reforma judicial feminista”. En cuatro años de gobierno esta campaña mostró que solo dirigieron su eslogan para defender a CFK de las causas judiciales que tiene abiertas. Mientras tanto la mayoría de las mujeres de nuestro país padece los embates del poder judicial en la llamada justicia ordinaria, con causas que tramitan en diferentes fueros, que las condena a brutales ataques que no formaron parte de ninguna agenda gubernamental. Lejos de esto el gobierno y sus ministerios actúan absteniéndose de involucrarse en resonantes casos en los que esa justicia es usada para perseguir a una madre que busca evitar que su hija sea abusada por su abuelo, como ocurre con el caso de Arcoiris, una niña riojana víctima del abuso de un funcionario del FdT provincial. No hay acceso a la justicia para las mujeres “comunes”. Los jueces y fiscales de cada provincia, colocados allí por el poder político, están para proteger los intereses patronales y los intereses políticos de sus castas. Esta realidad se agudizó en los últimos años sin que “la conquista” de un ministerio y la proliferación de organismos destinados a las mujeres modificaran en nada esta forma de violencia que ejerce el Estado. Lo que hicieron fue cooptar a algunas víctimas que en el pasado tomaban la voz para denunciar, algo que hoy como empleadas del gobierno ya no hacen. Mujeres que antes alzaban la voz contra las injusticias, hoy están silenciadas al amparo de un puesto en el Estado que no redunda en una mejora en la vida de las mujeres. La derrota es doble.

La cuestión judicial no es un tema menor: en los pasillos de los juzgados peregrinan madres protectoras que deben proteger a sus hijxs abusadxs, mujeres que sufren violencia conyugal o patronal. Nada de esto importa, el Estado no solo no ejecuta medidas de protección, sino que en muchos casos hostiga a las denunciantes y revincula a chicos con sus abusadores, entre otros ataques.

Guetos para pobres y refugios para la narcopolicía

Por su parte, estos años han crecido los refugios de narcos en las barriadas populares, que no fueron mejoradas ni urbanizadas. Por el contrario, se mantiene un formato de “gueto de pobres”, sin servicios públicos, sin movilidad adecuada, sin fuentes de trabajo ni viviendas dignas. Los aguantaderos se apilan bajo la protección de fuerzas locales o federales. No solo es Rosario, es todo el país, en mayor o menor medida de acuerdo a la localización y a las posibilidades que el negocio tenga. La proliferación en Rosario se explica por la presencia de puertos que comunican con otros países que están en manos privadas y que sirven de salvoconducto para el ingreso y egreso de drogas y también para el tráfico de las mercancías de los sectores capitalistas del campo que no tienen ningún control. Prometieron estatizar la hidrovía y por el contrario consolidaron la privatización de los puertos y el mercado externo. Por su parte y frente al nuevo hecho que recolocó en la agenda la cuestión del narco estado (la balacera al supermercado de la familia de la esposa de Messi) desde el FdT hasta el macrismo responden con fascismo, que no es otra cosa que el refuerzo de los vínculos entre la policía y el delito. Desde Berni, pasando por Scioli y Patricia Bullrich, todos buscan preservar las cajas negras de las policías.

En este cuadro son mayoritariamente las mujeres de las barriadas las que padecen la más completa desprotección, las que desesperadamente tratan de evitar que sus hijos se introduzcan en el “menudeo” o venta de drogas como única fuente de trabajo existente. Frente a este fenómeno en crecimiento, solo las organizaciones que desde hace años estamos presentes en esos barrios y que luchamos contra el Estado y su complicidad con el delito, establecemos una maya de contención para miles de pibes y pibas. Como denuncian en las barriadas de Rosario, es la propia policía provincial la que invita a los hijos de las piqueteras a que se vayan del Polo para dedicarse a la venta de drogas con importantes ofrecimientos económicos. Las mujeres más desprotegidas están alzando la voz sobre esto, las poderosas que detentan el poder del Estado, hacen silencio.

Juntos por el Cambio y Milei

Las expresiones políticas enmarcadas en el mote de “derecha”, la que no oculta que está en contra de nuestros derechos (expresiones también presentes en la alianza gobernante), la que niega que las mujeres vivan una opresión específica, la que en su crítica al gobierno busca ensuciar a todo el movimiento, la que realizó una fuerte campaña tratando de explotar el asesinato de Lucio a manos de dos mujeres para imputarle a este colectivo una conducta que no es generalizada, encuentra en la política gubernamental un punto de satisfacción de sus demandas.

No quieren “adoctrinamiento de sus hijos” en las escuelas, vociferan en las redes. Pueden quedarse tranquilos. La profundización de las alianzas con las iglesias que se operó en estos años llevó al gobierno, entre otras cosas, a hacer desaparecer de la agenda central la temática que el movimiento exigía que tuviera continuidad con la de aprobar la legalización del aborto. La ESI no estuvo siquiera en boca de las funcionarias, su aplicación quedó reducida exclusivamente a un activismo docente y estudiantil, mientras que el Ministerio de las Mujeres y Diversidades claudicó a la crítica a las Iglesias y a la demanda de separación entre ellas y el Estado. Larreta, por su parte, mantiene una dualidad en la que se presenta “abriendo” centros de asistencia a las mujeres (CIM) que en la práctica no funcionan ni tienen recursos para dar respuestas a la gran demanda. De igual forma actuó Morales en Jujuy, en donde es muy alto el índice de femicidios y el amparo de los violentos es moneda corriente. No hay grieta entre ellos cuando se trata de satisfacer el plan económico del FMI. Tampoco la hay en el abordaje gubernamental que hacen sobre esta problemática.

Conclusiones: acción y programa independientes

El poder que demostró tener el movimiento con la determinación por arrancar la conquista del aborto legal es una enseñanza sobre la cual aún no terminamos de sacar todas las conclusiones. El gobierno que debió aprobar el aborto legal está integrado por corrientes políticas enemigas de este derecho, empezando por el propio peronismo por su historia y por haber llegado al poder con el apoyo del oficialismo del episcopado argentino, que desplegó un fuerte activismo contra los derechos de las mujeres junto a ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina).

Con la experiencia norteamericana también debemos tener en cuenta que la pelea no se terminó con la aprobación del aborto legal y que el avance de las posiciones reaccionarias dentro todos los bloques políticos gobernantes indica que serán nuestras demandas las que estarán puestas en cuestionamiento. Apelarán a anularlas o reformarlas. En EEUU no se llegó de un día para otro a la anulación del fallo. Esa política se construyó con cambios legislativos paliativos en varios estados y con propaganda reaccionaria.  

En este año electoral nuevamente se desplegarán los discursos que contradicen la realidad en la que vivimos. El descontento que esto genera en parte está siendo capitalizado por la fracción más fascista de la política patronal que juega un rol central en inclinar hacia la derecha la balanza de las acciones gubernamentales. No hay mejor amigo de los gobiernos que ajustan al pueblo que los liberfachos. Ellos concentran su actividad en atacar a quienes luchan contra el ajuste en el terreno de la mujer y, en el plano social más general, contra el movimiento más dinámico que durante estos años enfrentó al ajuste sin dar tregua: el movimiento piquetero.

Para la izquierda, no contemporizar con sectores progres que encubren este rol reaccionario del gobierno es clave para no entregarle en bandeja nuestra juventud a la derecha. Hay que plantarse sin temor a enfrentar la traición a un movimiento que tiene amplias consecuencias negativas para las condiciones de vida de las masas. También en el terreno de la mujer y las diversidades necesitamos una izquierda que se plante.

Movilizarnos de manera independiente del Estado y de sus partidos es una necesidad para mantener nuestras conquistas e ir por nuevas. No es un eslogan, es una necesidad. Reflexionar sobre el carácter socialista que debe tener nuestro programa le da un contenido a nuestra lucha que no puede ser seducida por las mieles del poder de un Estado que es el que fomenta y se vale de la violencia de género para avanzar en sus propósitos centrales: los negocios capitalistas de unos pocos.

Este 8M retomamos las banderas de clase levantadas por aquellas mujeres socialistas que fueran las protagonistas de la puesta en pie de esta jornada de lucha internacional contra el capital y sus ataques a las mayorías populares, a la clase trabajadora y en particular a las mujeres de esa clase. Desde el Plenario de Trabajadoras y desde el Partido Obrero, junto a la gran experiencia recorrida en el Polo Obrero con enormes hitos de lucha en los que combatimos con fuerza la influencia de sectores religiosos y políticos reaccionarios en las barriadas populares, tenemos el compromiso de trabajar por esta perspectiva. Ninguna concesión al Estado capitalista, luchamos por que la perspectiva socialista gane en influencia y presencia frente a la experiencia acabada de la estatización de nuestro movimiento.