Bolivia, después del referendo

Pablo Rieznik

La etapa abierta por la rebelión de octubre de 2003 no está cerrada

Cómo caracterizar la publicitada victoria de Mesa en el referendo del pasado 18 de julio, con el 80% de los votos por el “sí” a la propuesta oficial? Es cierto que si se suman los votos negativos, blancos y nulos más la abstención, ese 80% queda reducido a menos de 30% del padrón electoral. No es menos cierto que para obtener ese resultado hay que contabilizar además el fraude. “No hubo ningún control ni verificación de los resultados librados a la suerte y decisión de los jurados (presidentes de mesa) (…) los votos cruzados (voto diferente en cada una de las respuestas) y la palabra ‘nacionalización’ no fueron registrados; muchos nulos se habilitaron para el sí” (La Jornada, 19/7). De todos modos, hay que registrar que las acciones de boicot convocadas por la COB, por la Central campesina de Felipe Quispe o por las Juntas Vecinales del Alto se disolvieron sin pena ni gloria. Algunos de sus dirigentes más relevantes, como Roberto de la Cruz, de la COB de El Alto, concurrieron a votar.

El referendo coronó un enorme operativo dirigido a contener y encuadrar el levantamiento popular y la huelga general que culminaron con la salida del presidente Sánchez de Losada en 2003. Es con este objetivo que asumió entonces a las apuradas el entonces vicepresidente Mesa, con el apoyo del imperialismo y la intervención directa de los gobiernos argentino y brasileño. Por eso mismo el significado de la pregunta clave del referendo sobre la necesidad de “recuperar” el control “nacional” del combustible lo dejó perfectamente claro Mesa ante los petroleros de Santa Cruz: “La visión de la nacionalización entendida como expropiación o confiscación de la propiedad de las empresas no va; quien responda ‘sí’ a la primera pregunta del referéndum sabe que no iremos a la nacionalización. Esto es claro e inequívoco” (Econoticias, 9/7).

A favor del referendo para “legitimar” al gobierno se armó un enorme frente político, desde el MAS de Evo Morales hasta el Departamento de Estado yanqui. Las centrales empresarias de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz llamaron al pueblo a votar. También la Iglesia Católica, la mayoría de la prensa y, claro, los partidos oficiales. El papel central en este operativo internacional, sin embargo, lo jugaron dos gobiernos vecinos. Kirchner, por pedido directo de Bush (según el diario La Nación, por solicitud de las petroleras Repsol y Techint), acordó la compra del gas boliviano que, triangulación mediante, llega a Chile. Esa compra, según los diarios bolivianos, fue “un salvavidas” para Mesa.

Lula, para impulsar el “éxito” del referendo, “condonó” a Bolivia una deuda de 52 millones de dólares, prometió créditos por 600 millones y viajó a la frontera para promocionar un futuro “polo petroquímico” en el que, además de Petrobras, participarían varias empresas privadas. En el acto, Lula no se privó de respaldar el referendo. Petrobras es, después de Repsol, uno de los principales beneficiarios de la entrega del gas y el petróleo bolivianos. Controla la sexta parte de todas las reservas de gas y petróleo, y recibió mega-campos gasíferos como el de San Alberto, con una rebaja tributaria del 32%.

El resultado electoral del 18 de julio tradujo también los problemas políticos que afectaron al campo de organizaciones opuestas al gobierno y que proclamaron el boicot al referendo. Algo que puso de relieve la “Declaración del Encuentro de Movimientos Sociales” realizado en Cochabamba el 28 de mayo, que caracterizó al referendo como “una demanda de la sociedad civil y una conquista social impuesta por los movimientos sociales en octubre de 2002” (Eco-noticias, 30/5). El Encuentro planteó la “nacionalización”, entendida como “la anulación, resolución o conversión de todos los contratos suscriptos con las empresas privadas” (ídem). Es decir que admitía nuevos contratos incluso antes de anular los existentes. Un planteo que mostró que una parte de la oposición estuvo buscando un arreglo con el gobierno, presionando “el cambio de las preguntas” y convirtiendo el boicot en una suerte de recurso discursivo derrotista.

La COB no planteó el boicot a las elecciones en el terreno de la organización práctica y como parte de un programa obrero contra el gobierno de Mesa. Los compañeros de la sección boliviana de la Coordinadora por la Refundación de la IV Internacional informan que la COB interpretaba como boicot todo rechazo al referendo, sea éste con la abstención o el votar nulo o blanco (del mismo modo que el POR lorista). Días antes del referendo, los sindicatos que apoyan a la COB estaban cerrados y no se sabía el paradero de sus dirigentes. El propio Solares -su máximo dirigente- se tomó vacaciones.

De conjunto, Mesa ha logrado evitar un colapso. Su autoridad para cerrar la crisis deberá ser verificada en los próximos acontecimientos.. Los medios ya anuncian que se avecinan graves conflictos en el Parlamento, cuando Mesa intente convertir en una nueva ley los resultados del referendo. El propio triunfo del frente patronal replanteará confictos entre las petroleras, el gobierno y los componentes heterogéneos del frente que los sostiene. Pero, por sobre todo, para continuar con su política de entrega, Mesa deberá enfrentarse a los explotados. Las consecuencias de la rebelión obrera y campesina de octubre pasado plantean una nueva etapa de la lucha de clases que no ha sido cerrada.