Cuenca Matanza Riachuelo: Una larga historia de contaminación y especulación

“Turbio fondeadero donde van a recalar
Barcos que en el muelle para siempre han de quedar
Sombras que se alargan en la noche del dolor
Náufragos del mundo que han perdido el corazón”.
(“Nieblas del Riachuelo”, Edmundo Rivero, 1937).

Las aguas, tierras y aire de la rivera de la Cuenca Matanza Riachuelo, y sus alrededores, se encuentran altamente contaminadas. Pero ¿por qué? Todo tiene un motivo, y su historia demuestra la coacción entre privados y el Estado. Precarizadores y depredadores ambientales.

Desde hace siglos, las nieblas del riachuelo (tomando prestada la poesía de Edmundo Rivero) son emanaciones altamente contaminantes y putrefactas, que son consumidas de forma constante millones de personas.

Un poco de historia

El rio Matanza Riachuelo, más conocido como Riachuelo (lleva su nombre por ser un curso de escaso caudal) abarca una superficie de 2200 km cuadrados, atraviesa catorce municipios del Gran Buenos Aires (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Esteban Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Marcos Paz, General Las Heras, Merlo y San Vicente), y desemboca en los limites sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el Río de la Plata, más específicamente en el barrio porteño de La Boca.

Para comenzar a analizar su historia hay que retrotraerse a un siglo antes de la llegada de los colonos españoles. En ese entonces las orillas de la cuenca eran inmensos humedales, habitados por comunidades indígenas autóctonas, como los Querandíes, Guaraníes, Charrúas, Chaná-Timbú, Carayhet y Mbegua, que vivían de la caza y la recolección de alimentos brindados por la tierra.

El nombre del cauce acuífero (como el del municipio) de La Matanza, se debe a una fuerte avanzada colonizadora y genocida, encabezada por Diego De Mendoza, hermano de Pedro de Mendoza (fundador de lo que hoy es la Ciudad de Buenos Aires) en 1536. Tal fue la barbarie ocasionada que al día de la fecha no existen números claros de la cantidad de originarios asesinados. Cinco años después, el pueblo guaraní sería expulsado de Buenos Aires, y trasladado a lo que hoy es conocido como Chaco, Formosa y Paraguay.

El fácil ingreso desde el Río de la Plata (el río más ancho del mundo) y su comunicación directa con el Riachuelo instalaron al primer puerto del país en la zona que actualmente se conoce como los barrios porteños de La Boca y Barracas. Y con ello también la creación de la ciudad capital.

Iniciado el siglo XIX ganaría preponderancia financiera y comercial la producción ganadera en el interior del territorio nacional y sería mayormente exportada. De este modo creció la labor en el puerto, el trajín, y se dieron los primeros indicios de contaminación ambiental.

Historia de la contaminación

La producción de carnes y cueros, vendidos al exterior, en especial al mercado europeo (Gran Bretaña) generó, en la primera mitad del 1800, la instalación de curtiembres, mataderos y saladeros (la sal era el producto para conservar las piezas animales) en las orillas del Riachuelo. Además se instalaron productores de lana, velas y otros derivados del odre, la carne, los huesos y las grasas.

Los desechos de todas estas industrias eran arrojados a las aguas y orillas sin ningún tipo de tratamiento lo que dio inicio a una larga depredación ambiental.

“Para entonces los saladeros habían operado junto al Riachuelo por más de medio siglo. La mayoría se encontraba en Barracas al sur. A fines de 1820, en una ubicación que los situaba a escasa distancia de los barcos que llegaban por el Río de la Plata, en los que embarcaban los productos que exportaban. El Riachuelo, además, les servía como sumidero de los residuos que generaban, fundamentalmente de naturaleza orgánica, en circunstancias en que el gobierno de Buenos Aires hacia poco por detener la contaminación de las aguas. Este creía, más bien, en la conveniencia de favorecer la concentración de la industria, pues de esta manera fiscalizaba mejor el tráfico de animales. Así se entiende por qué, en 1853, dispuso por decreto que los pocos establecimientos ubicados en la ensenada de Barragán y en la desembocadura del Río Salado fuesen desmantelados y mudados a Barracas. Es decir, el mismo Estado había contribuido a convertir la margen derecha del Riachuelo en polo de concentración de la manufactura de tasajo, sebo y cueros” (Revista Ciencia Hoy, octubre-noviembre 2007).

Auge generado en 1810 por la Primera Junta de Gobierno, que estableció la libertad de comercio, sin control en el hábitat. Un año más tarde se dictaría la prohibición de arrojar residuos de la faena al curso de agua, dictamen que ninguna industria tomó. Como respuesta, los propietarios de las plantas tratantes de reses, justificaban que la limpieza de la sangre y químicos esparcidos en las orillas era “muy costosa”.

Los aires viciados y los olores desagradables ganaron notoriedad, y con ellos, las denuncias en los diarios de mayor tirada. Es así como el joven pasquín de Bartolomé Mite (La Nación) publicaba en su tapa “el olor inmundo esparcido el domingo a la noche por toda la ciudad ha venido a recordarnos que los saladeros del Riachuelo continúan con autorización del gobierno. Sus pestíferas faenas y a delatarnos la contravención de los saladeristas a las disposiciones superiores que les prohíben arrojar las aguas de cola sin desinfectarlas previamente”.

Con el incremento de la producción y proliferación de industrias, los trabajadores de las plantas (junto a sus familias), en su gran mayoría inmigrantes europeos que se escapaban del hambre y la pobreza, se ubicarían próximos a las fábricas. Allí desarrollaron asentamientos extremadamente humildes, sobreviviendo hacinados en paupérrimas condiciones habitacionales y ambientales. No solo fueron los inicios de la contaminación sino también de la crisis habitacional.

El 10 de febrero de 1860, el gobierno nacional emitió un decreto en el que prohibía tirar basura en las aguas del Riachuelo, en especial del labor de carnes y manufactura de cueros. “Por la necesidad urgente de disminuir la putrefacción de sus aguas” esgrimía el texto ley. Pero solo con el escrito no alcanzó (ni alcanza). No existió ningún tipo de control, de las medidas tomadas, por parte del Estado.

Para la segunda mitad del siglo XIX, en especial para 1871, la ciudad y el Gran Buenos Aires, principalmente la zona sur, serían afectados por la fiebre amarilla produciendo la muerte del 8% de la población (14.500 personas). Como parte importante de los causales de la pandemia, se ubican el clima cálido y húmedo de la zona geográfica (que ayuda a la llegada y fácil reproducción del mosquito Aedes Aegypti), el hacinamiento en conventillos y casillas, la falta de agua potable, la contaminación de las napas por falta de cloacas y por los desperdicios no tratados de los saladeros e industrias afines.

Meses antes, el 2 de abril de 1870, bajo el titulo “Desorganización de la municipalidad” la editorial del diario La Prensa denunciaba la ausencia del Estado ante una epidemia que ya se anticipaba. “Los amagos de fiebre amarilla, las recientes inundaciones, alarmando justamente al pueblo, le han impulsado a dirigir su voz a la Corporación pidiendo se tomen las medidas necesarias y urgentes para remediar los funestos males que están amenazado, y la municipalidad fijando la vista en sus arcas, tiene que cruzar los brazos y permanecer impasible y sorda hasta el clamor que hasta ella llega”.

Ante la suma de la expansión de infecciones de cólera, la legislatura de la Provincia de Buenos Aires ordenó suspender las actividades de los saladeros, acción que no solucionó los elevados niveles de contaminación ya existentes.

Para inicios del siglo XX, con motivo del incremento de la producción industrial, se produjo un aumento poblacional, en especial con el ingreso masivo de inmigrantes europeos, perseguidos por la Gran Guerra (Primera Guerra Mundial), incrementando los asentamientos sin cloacas. De este modo, tanto plantas industriales como miles de familias, desechaban sus basuras al Riachuelo. El granero del mundo trajo precarización y destrucción ambiental para la cuenca y sus habitantes.

“A esto se le sumó la decisión de las autoridades porteñas de instalar todo tipo de actividades insalubres lejos del centro, en el sur y el sudoeste de la ciudad; por ejemplo, el matadero de Parque Patricios, inaugurado en 1872, y la quema de residuos del mismo barrio, trasladada a Villa Soldati en los años 50, también en las inmediaciones del Riachuelo” (Revista Ciencia Hoy, 2013).

En 1923 el presidente Luis Sáenz Peña estableció la prohibición de bañarse en las aguas de la cuenca. Treinta y cinco años más tarde el Riachuelo sería declarado biológicamente muerto.

La década del 70 vino acompañada de una fuerte política de desindustrialización con cierre de plantas y galpones, que provocó la expansión y multiplicación de villas miserias y barriadas humildes, en las orillas putrefactas de la cuenca. Las postales cotidianas fueron de barcos a medio hundir y chatarras abandonadas, aumento de desechos cloacales sin tratamiento, y un gigantesco cementerio de fábricas y depósitos derruidos, infectados de ratas. La Cuenca Matanza Riachuelo se convirtió en un gran foco infeccioso.

“La contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo fue resultado de esta suma de procesos: la actividad industrial sin control, el desarrollo incompleto de la red de cloacas y la falta de recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos, agravados por las consecuencias sociales, económicas y urbanas de este deterioro generalizado” (ACUMAR, 02/10/2017).

María Julia y los mil días

El retorno de la democracia no traerá un mejoramiento a la catástrofe ambiental en el cauce acuífero demostrando, por vez enésima, que tanto en dictadura cívico-militar como en pseudo democracia el Estado ejecuta para las patronales, el gran empresariado depredador del hábitat.

“Durante los primeros años de Alfonsín, las competencias ambientales fueron distribuidas entre secretarías dispersas en tres ministerios. En 1987, año de la publicación del influyente Informe Bruntland, el gobierno nacional avanzó con la creación de la Subsecretaria de Política Ambiental (SPA) bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. En 1989, ya en las postrimerías del gobierno de la UCR, la SPA fue sustituida por la Comisión Nacional de Política Ambiental (CNPA), siempre bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia”[1] (Luces y Sombras de la Política Ambiental Argentina entre 1983 y 2013, Gutiérrez Ricardo e Isuani Fernando, Scielo, 2013). Mucho titulo burocrático, ajeno y lejano de los problemas reales del pueblo trabajador. Mucho ruido y pocas (por no decir cero) obras. Ni siquiera planes de acción para mejorar, limpiar la cuenca, y controlar los desperdicios industriales. Mientras tanto, se siguen incrementando los habitantes de las barriadas ausentes de todo producto del hambre y la pobreza (que se incrementan con la hiperinflación). Los servicios básicos (agua, luz, cloacas, asfalto) brillan por su ausencia.  

Del mismo modo, incluso con más ruido y show, lo hará su continuador en la presidencia Carlos Saúl Menem (PJ) el 10 de diciembre de 1989, que asumiría de forma anticipada a causa de la crisis política y financiera del gobierno de Ricardo Alfonsín (UCR).

Designó a María Julia Alsogaray como secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación. Integrante del partido Unión del Centro Democrático (UCeDe), hija del político y militar Álvaro Alsogaray, dio su gran granito de arena privatista, buscando que “todo lo que está en manos del Estado deje de estarlo”, siendo la interventora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) con el fin de que duera vendido, a los pocos años, a los grupos españoles Telecom y Telefónica de Argentina S.A. Este último hecho provocó la reducción de puestos de trabajo, el incremento del hambre, la pobreza y la marginalidad. Con ello la multiplicación de las barriadas urgentes próximas al Riachuelo.

El 4 de enero de 1993 la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, encabezada por María Julia, declaró un plazo de mil días para limpiar el Riachuelo. Publicitado por el propio presidente Menem, afirmando que “en dos años vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pasear”. Para desarrollar la tarea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgó a la Argentina un préstamo de 250 millones de dólares. Al día de la fecha los resultados brillan por su ausencia. Al contrario, con el paso del tiempo empeoró la cuenca. “Desde 1996 hasta el año 2000, el Comité del Riachuelo manejó más de 35 millones de dólares, de los cuales casi veintidós fueron a parar al rubro “Servicios Técnicos y Profesionales”, es decir consultoras cercanas a Alsogaray que hicieron estudios sobre el origen de la contaminación” (Clarín, 24/09/2020). El 24 de septiembre de 2017 falleció la secretaria menemista, sin pagar por los millones defraudados.

Causa Mendoza – Villa Inflamable

En 1914 se inauguró en Dock Sud, Avellaneda, el Polo Petroquímico. Pero recién logró expandirse en la década del 30, con la instalación de una refinería por parte de la firma holandesa Shell. Para los años 90 se transformaría en el centro productor de derivados químicos del petróleo más grande del país. A la par, uno de los territorios más contaminados no solo del país, sino también del continente y del mundo.

Junto a Shell se instalaron, muy próximas al Riachuelo, plantas petroquímicas de YPF, DAPSA, CAPSA, Costal Petroleum. Químicas como Meranol, Antivari, Distribuidoras Químicas, Productora Argentina de Melaza, Unilever. E industrias como Cementera Avellaneda, Logística Exolgan y TriEco S.A., para nombrar solo algunas. Todas ellas, y las no nombradas, descargando en aguas, aire y tierra residuos altamente peligrosos y contaminantes, sin ningún tipo de control estatal ni gubernamental.

Frente (y rodeados) por este conjunto de depredadores ambientales, con el devenir del tiempo y de la expulsión masiva de vecinos y laburantes de la Ciudad de Buenos Aires, se conformó Villa Inflamable, en el mismo lugar en donde a inicios de siglo XX se asentaron inmigrantes europeos, denominado por aquellos años Barracas al Sur. Inflamable, nombre en consonancia con las plantas petroleras vecinas, expresando a la vez la amenaza constante y latente de incendios.

En julio de 2004 un grupo de 16 habitantes del conurbano sur y CABA, encabezados por Beatriz Mendoza (profesional en la Unidad Sanitaria “San Martín de Porres”, ubicada dentro del Polo Petroquímico Dock Sud), presentaron una demanda judicial contra el Estado Nacional (presidencia Néstor Kirchner- Frente para la Victoria-PJ), de la Provincia de Buenos Aires (gobernador Felipe Solá-PJ), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (jefe de gobierno Aníbal Ibarra-Frente para la Victoria) y cuarenta y cuatro empresas reclamando por los efectos sufridos a causa de la contaminación de la cuenca.

En Villa inflamable, más de 1.800 familias, y van en aumento, viven ausentes de todo, menos de precarización. “De acuerdo a los estudios epidemiológicos, esta población es una de las más contaminadas. Casi todos los vecinos tienen algún problema respiratorio, enfermedades cutáneas, muchos sufren desnutrición y el 40% de la población cuenta con índices de plomo en sangre. ´Acá fallecen niños a causa de leucemias crónicas. Pero es todo un proceso con el que venimos luchando desde el principio, desde hace tres décadas´ continúa Judith” (Foro Ambiental, 28/02/2018).

El 20 de junio de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente en la instancia judicial. Dos años más tarde, el 8 de julio de 2008, dictaminó sentencia condenando a los demandados y juzgándolos “igualmente responsables en modo concurrente”. Del extenso texto jurídico se rescatan las tareas: “El programa debe perseguir tres objetivos simultáneos consistentes en: 1. La mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 2. La recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos); 3. La prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción”.

Anticipándose a los hechos, y tratando de dejar una imagen de “compromiso por el medio ambiente” el poder ejecutivo nacional, presidido en aquel entonces por Cristina Fernández de Kirchner creó en diciembre de 2006 la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). La ley 26.168, adherida por el Congreso de la Provincia de Buenos Aires y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, establece que dicho ente, presidido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, integrado por representantes de los 15 municipios con orillas en el cauce, y de los gremios portuarios, tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Río Matanza Riachuelo (PISA).

Actualidad: poco ha cambiado desde aquel 1800

Hoy, más de 13.000 industrias se encuentran ubicadas próximas a las orillas de la cuenca Matanza Riachuelo, de las cuales 1.397 fueron declaradas agentes contaminantes por descargar sustancias altamente dañinas como el Plomo, Zinc, Cromo, Cobre, Níquel y solventes. La zona es una de las más contaminadas del mundo, junto a otras ubicadas en países subdesarrollados de África, Asia y hasta el propio Chernobyl. “En ella viven unas 5.000.000 de personas. Un 10% habita en villas. El 55% de la población afectada no tiene cloacas y el 35% carece de agua potable” (Clarín, 08/12/2016).

La reforma constitucional de 1994 crea el artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Realidad y presente mata relato y texto ley, evidenciando lo vacio del constitucionalismo burgués.

Las condiciones ambientales en la cuenca y sus alrededores siguen siendo pésimas. Pasaron quince años de la sentencia de la Causa Mendoza y no solo siguen creciendo los asentamientos, villas y barriadas pobres, próximas al Riachuelo, sino también las paupérrimas condiciones de vida.

Volviendo a Villa Inflamable, a menos de 30 minutos de la Casa Rosada las más de 1.800 familias sobreviven hacinadas en casillas de madera, chapas, cartón y nylon, amenazantes de destrucción. Colgados del servicio eléctrico, ante la negativa de la empresa Edesur de meterse en la barriada, pese al pedido de los vecinos, se encuentran en riesgo tanto de electrocutarse como de explosiones e incendios. Este tipo de siniestros se dan de forma cotidiana, provocando muertos, heridos y daños materiales. Privados de redes cloacales, hacen sus necesidades fisiológicas en tachos y baldes, que arrojan a lagunas y al Riachuelo, sin ningún tipo de desinfección. “Primero comer, luego la lavandina” afirman vecinos de la villa del Docke. Si ni siquiera tienen agua potable. Por casa reciben, de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) un bidón de cinco litros, sin discriminar la cantidad de personas que conforman el grupo familiar, ni la época del año (es sabido que en tiempos veraniegos se incrementa el consumo de agua). Pese a estos datos, el Estado considera que con 5 litros una familia puede hidratarse, cocinar e higienizarse (sin olvidar que se recomienda el consumo de dos litros de agua por día para prevenir enfermedades como el colesterol, la diabetes e inconvenientes digestivos). Agua que en varias ocasiones intentaron reducir y en otras fue entregada en mal estado. Como respuesta los habitantes, siguiendo el método piquetero, cortaron los ingresos a la barriada y al Polo Petroquímico, obteniendo la marcha atrás del ajuste.

Ausentes de redes pluviales, con cada lluvia la villa se transforma en un gran lodazal (porque tampoco hay asfalto). Hasta incluso, en ocasiones, se han producido lluvias acidas generando lagunas de aguas fluorescentes y de líquidos aceitosos y viscosos que perduran largo tiempo a causa de la entrega de humedales, por parte del Estado, a grandes empresas privadas para el incremento de los negocios y las fenomenales ganancias capitalistas.

Del mismo modo, tanto Macri como los Fernández y Massa entregan subsidios productivos y perdones impositivos a firmas como Shell, una de las indicadas como mayor contaminante.

En pleno siglo XXI las condiciones de vida de los más de seis millones de personas ubicados en las orillas de una de las cuenca más contaminadas del país, América Latina, y una de las diez más sucias del mundo, son paupérrimas. Poco se diferencian a las de inicios del siglo XIX.

A las ausencias anteriormente informadas, que se repiten en toda la traza del flujo de agua, se le suman el incremento del hambre, la miseria y la pobreza, y los basurales a cielo abierto, inmensas fogatas, sin ningún tipo de control, a escasos metros de las casillas. Humo y residuos altamente dañinos que son respirados y pisados por pies descalzos dando como resultado cáncer de pulmón, neumonías crónicas e infecciones múltiples. A la par los centros de salud, salitas sanitarias y hospitales públicos se encuentran vaciados, ausentes de elementos básicos para la atención de urgencias más elementales. Mucho más de tratamientos especiales. Ajuste al pueblo trabajador.

Trieco en particular, es una firma multinacional monopólica en el tratamiento final de la basura biológicamente peligrosa (residuos hospitalarios) que mantiene su contrato en la Provincia de Buenos Aires sin que ni siquiera sea discutido mientras pasan los gobiernos macristas, peronistas y kirchneristas, mientras su la planta desagota grandes barriles de sustancias, sin tratar, en tierra y aguas. También emana humos densos y oscuros, desde chimeneas con alturas muy por debajo de lo indicado en los parámetros legales.

Ante las denuncias emitidas por vecinos de la zona, la Agencia Cuenca Matanza Riachuelo responde “está todo bien” desentendiéndose del tema.

María, vecina y activista ambiental reclama que de los grifos de su casa las aguas salen turbias. Desde hace mucho tiempo que no pueden tomar agua de la canilla. Los escraches efectuados en las puertas de la planta dieron como resultado represalias por parte de la firma. Primero despidiendo a su marido y a su hijo, quienes desarrollaban labores, desde hacía años, en la planta tratadora. Posteriormente, al ver que no cedía, la patronal avanzó con amenazas, efectuadas por los propios directivos de la firma. “No queremos que Trieco se vaya, cierre, porque eso significaría que los trabajadores se queden sin trabajo. Lo que le pedimos es que cumplan la ley. Que desinfecten los residuos. Si los tienen que incinerar, que lo hagan, pero con las chimeneas a la altura que indica la ley. Le reclamamos también a ACUMAR que cumpla su función. No nos sirve que venga la policía ecológica con un autito a la hora que la planta está cerrada. Están entongados” relata María.

Stercycle, casa central de Trieco, emplazada en Estados Unidos, es denunciada judicialmente por el ofrecimiento de coimas al gobierno argentino, para poder desarrollar sus labores libres de controles.

Todo esto en el marco del no control de ACUMAR. La propia supuesta autoridad, como respuesta a los reclamos de inacción, creó una plataforma web entregada en bandeja a los empresarios contaminadores, para que informen cuánto y qué calidad de residuos descargan. Las ovejas al cuidado del lobo.

Desde su existencia ACUMAR es un gran agujero negro presupuestario. En 2021 el Estado Nacional de la Provincia de Buenos Aires y de CABA destinó 58.874 millones de pesos en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. A la par, trabajadores y trabajadoras que desarrollan tareas para el ente forman parte de la famosa “Economía Popular”. Integrantes de cooperativas, monotributistas y beneficiarios del programa Potenciar Trabajo desarrollan labores de desmalezamiento, limpieza, reparaciones y refacciones, en negro, sin ART, carentes de aportes jubilatorios, aguinaldo, vacaciones pagas y obra social. Trabajando sin siquiera haber recibido la vacuna antitetánica. Recibiendo como sueldo la mitad del salario mínimo vital y móvil. En octubre cobrarán $59 mil, mientras hoy la canasta básica total supera los $191 mil. Salarios de miseria. Esto también es ajuste, a pedido del gran capital y el Fondo Monetario Internacional.

Especulación Inmobiliaria y Turística

Con la mudanza del puerto de Buenos Aires en 1919, decenas de edificaciones y gigantes predios, utilizados anteriormente como depósitos, quedaron abandonados y baldíos. Luego de setenta años el Estado nacional y de la Ciudad de Buenos Aires conformaron la sociedad anónima “Corporación Antiguo Puerto Madero”, herramienta legal que le habilita a los gobiernos la venta a privados de las 170 hectáreas, por chaucha y palitos, a grandes inmobiliarias y constructoras. Crearon allí un barrio de lujo, con gigantes lofts, rascacielos, comercios, shoppings, hoteles de cinco estrellas, entidades bancarias y financieras.

Firmas como Corporación Sur, Banco Ciudad, Techint, Bek Asociados, Raíces Puerto Madero, Remax, Coldwell Banker, Grupo Morada, Fera Propiedades y Puerto Uno, por nombrar algunos, con el beneplácito de los ejecutivos nacionales, de la provincia de Buenos Aires y de CABA, tienen planes de expansión del ostentoso barrio hacia el sur. Mientras se incrementa la crisis habitacional, el Estado juega en la vereda de los especuladores.

Continuando con la especulación, aprovechando el elevado precio del dólar, gracias a devaluaciones, grandes cadenas nacionales e internacionales de turismo y hoteleras, buscan sacarle el jugo financiero al Riachuelo. En este sentido, encabezado por el propio ACUMAR y el Ministerio de Turismo de la Nación, presentan un proyecto de navegabilidad, prohibida por la justicia desde 2011.

Incluso ya existe un designio de ruta náutica que uniría Nordelta (Tigre), la costa de Quilmes, Isla Maciel-Dock Sud (Avellaneda), el transbordador y el paseo Caminito (La Boca, CABA) que permitirían el ingreso de grandes buques turísticos desde Brasil, Uruguay y posiblemente desde más lejos también.

Para exponer y desarrollar su presentación, y campaña, la Agencia desarrolló, en los últimos años, audiencias públicas, presenciales y virtuales, en donde Martín Sabbatella (presidente de ACUMAR) e integrantes de la comisión directiva justifican que “el Riachuelo ya está limpio, se redujeron los niveles de contaminación”. Lo que no explican, ni aclaran, en beneficio del gran capital, es que las sustancias que se descargan actualmente por parte de las industrias contaminantes son en su gran mayoría metales pesados. Por causa natural, de pesos y densidades, se terminan alojando en el lecho submarino de la cuenca. El muestreo se efectúa en la superficie.

El gran inconveniente es que el movimiento de aguas que se produciría por el ingreso de yates haría reflotar las aguas más putrefactas.

Una salida obrera y socialista

En toda la historia nacional pasaron gobiernos civiles y golpes cívico-militares. Unitarios, federales, blancos, colorados, peronistas, kirchneristas, radicales y macristas. Todos, absolutamente todos, con discursos y acciones más fuertes que otros, ejercieron el poder en beneficio de los grandes capitalistas industriales, precarizadores, especuladores y depredadores ambientales.

La salida a esta barbarie está en manos del pueblo trabajador y de la izquierda consecuente. Es urgente terminar con ACUMAR y reemplazarlo por comisiones integradas por vecinos, trabajadores, organizaciones sociales y ambientalistas independientes del Estado que estén a cargo del control del testeo de las emanaciones de las plantas manufactureras y la creación y cumplimiento de fuertes multas a las industrias que contaminen. Son necesarios el diseño y concreción de planes de obras públicas y de viviendas populares, bajo control de los habitantes y laburantes de las villas, asentamientos y barriadas más urgentes.

El saneamiento de la cuenca debe ser tarea de trabajadores y trabajadoras en blanco, bajo convenio, con un salario mínimo igual a la canasta básica. Basta de trabajo en negro y precario.

El costo del saneamiento del Riachuelo lo deben pagar las patronales contaminadoras. Es necesaria la constitución de comités de seguridad e higiene en las propias fábricas (los trabajadores también son los afectados por la contaminación) y sumado a una planificación urbana que aborde dónde conviene radicar una industria según su impacto ambiental o su reconversión, viviendas, infraestructura y espacios verdes.

Es sumamente urgente la triplicación del presupuesto en sanidad. Reacondicionar, brindar las herramientas necesarias para la pronta y completa atención en centros de salud, salitas y hospitales. La toma de trabajadores en blanco y un sueldo mínimo igual a la canasta familiar.

Para avanzar con este programa, es necesario unir esta lucha por el no pago de la deuda y la de la expulsión del Fondo Monetario Internacional, organismo económico financiero que planifica el ajuste en el país.

La lucha contra la depredación ambiental es también la pelea por expulsar a los responsables materiales y políticos de la barbarie anteriormente descripta. Y por un gobierno de la clase obrera. Solo así, de una vez por todas, se dará un paso adelante en dirección a que “la tierra será el paraíso de toda la humanidad”.

“En este trabajo de conformación, el hombre se apoya constantemente en las fuerzas naturales. El trabajo no es, pues, la fuente única y exclusiva de los valores de uso que produce, de la riqueza material. El trabajo es, como ha dicho William Petty, el padre de la riqueza, y la tierra su madre. (…) Si prescindimos de la forma más o menos progresiva que presenta la producción social, veremos que la productividad del trabajo depende de toda una serie de condiciones naturales. Condiciones que se refieren a la naturaleza misma del hombre y a la naturaleza circundante. Las condiciones de la naturaleza exterior se agrupan económicamente en dos grandes categorías: riqueza natural de medios de vida, es decir, fecundidad del suelo, riqueza pesquera, etc. y riqueza natural de medios de trabajo, saltos de agua, ríos navegables, madera, metales, carbón, etc.” (Karl Marx, El Capital, 1867)