50 años del “Navarrazo”: “Anti-cordobazo” de la burocracia y Perón.

El 27 de febrero de 1974, Obregón Cano y Atilio López eran depuestos como gobernador y vice de la provincia de Córdoba. La fórmula que respondía al ala izquierda del peronismo fue derrocada del gobierno, por el entonces jefe de la Policía, Antonio Navarro, quien lideró un levantamiento armado de policías y matones ligados a la burocracia sindical. De ahí el nombre con el que se conoce uno de los golpes de Estado más anunciados de la historia nacional.

Política Obrera (nombre que entonces tenía el Partido Obrero) vino anunciando este levantamiento golpista durante meses. Nuestro periódico, “Política Obrera” (nombre que entonces tenía Prensa Obrera) llamaba en su tapa (19/1/1974) a “Defender Córdoba”, planteando en uno de sus editoriales “Por una u otra vía se viene la intervención” y convocábamos a “organizar la defensa de Córdoba”.

En el número siguiente (2/2/1974) la tapa hacia un llamado a la Juventud Peronista (JP) a un frente común para “defender a Córdoba”, “luchar contra el Pacto Social” y organizar una “defensa contra el terrorismo derechista”. El editorial insistía en la necesidad de “movilizarse por Córdoba y contra el Pacto Social”. Ese número también informaba del allanamiento del local de nuestra juventud (UJS) en la zona norte del Gran Buenos Aires, así como numerosos procedimientos policiales y parapoliciales a diversos locales de la izquierda. 

La tapa del Política Obrera siguiente (4/3/1974) planteaba en tamaña catástrofe: “Por Córdoba, GANAR LA CALLE”. Ya producido el golpe, lo caracterizábamos como “El Anti-Cordobazo de Perón”.

¿Por qué?

En el Cordobazo (29/5/1969), la clase obrera de Córdoba, acaudillando amplias masas populares, le gano a través de una huelga política de masas con decenas de miles de manifestantes, las calles a la policía de la dictadura que se vio obligada a atrincherarse, acosada, en el edificio de la jefatura policial. 

En el “navarrazo”, 5 años después, fueron los policías cordobeses, a los que se sumaron unos centenares de comandos derechistas armados, ligados a la burocracia sindical peronista, los que ganaron las calles, coparon la ciudad, bloquearon cualquier reacción obrera y terminaron volteando al gobierno cordobés.

¿Cómo se llego a esta situación?

Tras el Cordobazo de 1969, la clase obrera venía protagonizando un ascenso de características crecientemente revolucionarias, que desafió los cimientos del régimen político en todo el país. La preocupación del conjunto de la burguesía era como cerrar ese proceso. Por eso, uno de los objetivos principales de los golpistas apuntaba a cerrar el ciclo abierto con la huelga política de masas realizada el 29 de mayo de 1969: el Navarrazo fue un “anti Córdobazo”. En las lecturas históricas de este golpe de 1974 en Córdoba, suele omitirse la responsabilidad de Perón. Es común centrar la caída del gobierno de Obregón Cano y Atilio López, como parte de una “interna” entre la derecha y la izquierda peronista, o por los efectos de reacción ante la acción de los movimientos foquistas urbanos; dejando en segundo plano que fue una acción reclamada por el gran capital contra el ascenso obrero post Cordobazo.

No se puede entender el Navarrazo sin hablar el Cordobazo, que abrió un escenario de ascenso de masas revolucionario. A tal punto que las clases dominantes para aspirar a contenerlo tuvieron que aceptar la vuelta de Juan Domingo Perón a quién habían derrocado en 1955 y luego proscribieron y persiguieron.

El viejo líder exiliado, volvía en acuerdo con la derecha (“Gran Acuerdo Nacional, GAN) para intentar clausurar toda tentativa revolucionaria de masas y de cambió de régimen en detrimento de los pilares de la dominación capitalista en la Argentina. 

El Cordobazo, y posteriormente el Viborazo marcaron una radicalización de masas que un gobierno que asumió con el discurso de la “liberación nacional” no podría contener solo con palabras. 

Perón acepto un acuerdo político para el llamado a elecciones “democráticas” (con la proscripción del propio Perón), que finalmente produjo el advenimiento de Héctor Campora -denominado por la JP, el “Tío”- al gobierno.  

La llamada “masacre de Ezeiza”, con decenas de muertos por grupos paramilitares, en el retorno de Perón, fue la precuela de la serie de ataques a todo el movimiento obrero y popular; El operativo había sido urdido por la burocracia sindical con López Rega en la dirección del Ministerio de Bienestar Social, y el teniente coronel Osinde en la dirección de la subsecretaría de Deportes de la Nación. Dos personajes, a las órdenes directas de Perón. Al día siguiente, Perón declaró: “hay que volver al orden legal y constitucional como única garantía de libertad y justicia”. 

El Navarrazo, y la caída, simultánea y posterior, de otros gobiernos provinciales que respondían a la izquierda peronista, fueron parte de la misma orientación. Veamos quiénes organizaron el golpe de Estado al gobierno de Obregón Cano- Atilio López.

Entre la insurrección obrera y la reacción golpista. 

Campora estuvo solo 49 días en el poder. Junto con él fueron votados (11/3/1973) gobiernos peronistas provinciales que tenían fórmulas de “consenso”, como había ordenado Perón (un gobernador ligado al ala izquierda iba acompañado por un vice proveniente de la derecha o la burocracia sindical). Menos en Córdoba, donde se realizaron internas que fueron ganadas por Obregón Cano y Atilio López, ambos ligados a la izquierda peronista. Obregón Cano estaba vinculado a Montoneros, y Atilio López (dirigente del gremio de choferes (UTA) y de la CGT cordobesa que contaba con el apoyo electoral de los sindicatos combativos de la izquierda, liderados por Agustín Tosco (Luz y Fuerza) y el Smata (mecánicos) dirigido por Rene Salamanca (¨PCR). Estos dirigentes decían que el respaldo electoral al gobierno peronista era una cuestión de “táctica”.

La noche de la segunda vuelta electoral en la que quedó consagrado, Obregón Cano ratificó que llevaría adelante “las banderas de la liberación”. En su discurso se refirió al Cordobazo, el Viborazo y las víctimas de la represión. Afirmó que bajo su gobierno la Policía no tendría el papel de “verdugo de las libertades republicanas”, la educación sería un medio para la “socialización de la economía”. Un discurso izquierdizante. Aunque también elogió a Perón, al que consideró su líder: el gobernador electo pidió una tregua política y social y llamó a no hacerle “el juego a grupos perturbadores de izquierda o derecha que están en contra del pueblo que votó el 11 de marzo”. (Dejo de lado que sus adversarios en las elecciones internas del peronismo, denunciaron fraude y nunca reconocieron su derrota). Aunque realizó un llamado a integrar en el gabinete a todas las fuerzas de la alianza oficialista (Frejuli), en su gobierno no se integró, en el reparto de los cargos, el bloque de la “ortodoxia” peronista. 

Obregon Cano repitió con todas las letras, la consigna de la JP: “la marcha hacia la construcción del Socialismo Nacional”. El mismo día que asumió fueron liberados lxs presxs políticos, y al día siguiente los recibió en la Casa de Gobierno. 

El 29 de mayo de 1973, cuatro días después de asumir, hubo un acto por el aniversario del Cordobazo, que contó con la presencia del presidente de Cuba Osvaldo Dorticos, quien tomó la palabra, al igual que Atilio López, Agustín Tosco, y un representante de las llamadas “formaciones especiales” (Montoneros, Erp, Fap y Far). Según el periodista Juan Cruz Taborda Valera, en la intervención del dirigente de Luz y fuerza, dijo que vamos a seguir luchando unidos para llegar a la patria socialista, criticó a Rucci (secretario general de la CGT nacional, burócrata derechista de choque contra la izquierda) planteando “continuar la lucha para que CGT nacional llegue a ser como la de Córdoba. La CGT de Córdoba es una expresión auténtica de los trabajadores (…) El gobierno debe profundizar las medidas revolucionarias y seguir la acción de masas”. 

Pero… se produciría el golpe contra Campora, que fue la antesala de la eyección en fila de los gobiernos provinciales más ligados a la “Tendencia”: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Formosa, Salta, Santa Cruz. Incluso ya antes de “la renuncia” del “Tío”, en la Docta, los “rumores” de una intervención federal se sucedían. El gobierno provincial desmentía una y otra vez los trascendidos mientras reafirmaba su apoyo a Perón. De hecho, cuando se conoció la salida del “Tío”, al bajarse del avión de regreso a Córdoba desde Capital Federal, Obregón Cano declaró que con el general en el poder se reforzaba la pelea por la patria socialista. Rucci y Atilio López establecen un “acuerdo” para unificar a las 62 organizaciones peronistas y “normalizar” la CGT cordobesa (desplazando a la izquierda sindical).

Campora fracasa en su política de contener los reclamos de las masas trabajadoras e imponer el Pacto Social acordado con las cámaras patronales, por el que se pretendía suspender paritarias por dos años, congelando precios y salarios. Los capitalistas de palabra apoyaban el acuerdo firmado, no sin antes producir subas con las que pulverizaban los sueldos. La clase obrera no cesó en luchar por no pagar los costos de una crisis, que ahora con un “gobierno popular”, se descargaba contra los intereses populares. Los discursos radicalizados no bastaban para regimentar y acallar reclamos. Y en Córdoba, a pesar de la intervención de los combativos sindicatos Sitrac-Sitram, en la etapa final de la dictadura de Lanusse, la tendencia a la lucha seguía firme; el movimiento obrero cordobés no había sufrido una derrota de conjunto.

Cabe recordar que ambas fracciones del peronismo acordaron con la deposición de Campora y el ascenso de Perón al gobierno. Unos y otros con aspiraciones y caracterizaciones contrapuestas. Mientras la “ortodoxia” peronista la concebía como el paso previo a la “limpieza del movimiento” de “los infiltrados marxistas”; para la izquierda peronista, con Perón en el poder se reforzaba la idea de “la patria socialista”. 

Durante los 9 meses que duró en el poder Obregón Cano, “el gobernador cordobés sufrió el continuo asedio de la derecha que le reprochaba su complacencia con los “elementos subversivos infiltrados en su gobierno”, sostiene el historiador y político peronista Esteban Domina. Entre los “asediadores” se encontraban los derrotados de la interna provincial, Julio Antún, líder de la Mesa Redonda Peronista Permanente, y Alejo Simó, secretario general de la UOM filial Córdoba, que actuaban como la oposición política, y bajo las órdenes que se emitían desde la Casa Rosada. 

En tanto que desde el radicalismo (UCR), en el parlamento cordobés, se hacían encendidos discursos a tono con la “izquierdización” de la época. “A lo largo de más de 80 años, la UCR ha bregado por postulados que hacen a la liberación nacional en contra de todo tipo de privilegios y contra del imperialismo en cualquiera de sus variantes”, escribieron los diputados provinciales Ramón Mestre, Ernesto Aracena y Héctor Sander, en un proyecto de ley de amnistía para los presos que no habían sido alcanzados por la ley nacional. 

Ya en funciones, el gobernador repetía a la opinión pública que los militares le habían dejado fundida la provincia. La referencia a la “pesada herencia” terminaba siendo el argumento para no satisfacer reclamos populares, afectando los intereses sociales que se beneficiaron con los gobiernos de facto.

¿“Un gobierno popular?

“El último gobierno popular” como suele denominarse la experiencia encabezada por Obregón Cano, más allá de las primeras medidas de reconocimiento de libertades democráticas, estuvo lejos de desplegar un programa de gobierno que satisfaga al pueblo trabajador. No depuro al aparato policial que tiempo después lo destituyó. El reclamo salarial de los trabajadores estatales, de larga data, que cuestionaba el Pacto Social, fue resistido por el gobierno: lxs estatales tuvieron que movilizarse durante meses para obtener respuestas. Una de las deudas centrales del gobierno Cano fue no reconocer la decisión de los trabajadores de Fiat de sindicalizarse en el Smata (puesto que los Sitrac-Sitram habían sido intervenidos y disueltos). Pero el ejecutivo y la CGT no lo reconocieron. Tras el despido de números activistas la burocracia retoma el control de la planta y deciden, de prepo, afiliarlos a la UOM bajo la férula del burócrata Simo. La huelga de los estatales de Ia fábrica IME contra la ley de prescindibilidad y 200 despedidos, es dejada aislada y, finalmente, derrotada.

Un lockout de las empresas de transporte enfrentó un reclamo salarial de los trabajadores de UTA. Finalmente, el gobierno reconoció el pedido de los choferes, pero terminó subsidiando a las patronales y les dio garantías para el aumento del boleto. Estas patronales le tomaron el tiempo, y en el momento del golpe, usaron las unidades para bloquear el centro y generar un caos.

El denominado “último gobierno popular” tuvo límites insalvables para canalizar la potencialidad política de un movimiento obrero, que mantenía una relativa autonomía combativa. 

La expulsión del poder de Obregón Cano y Atilio López fue impulsada, y organizada por la burocracia sindical “ortodoxa”, junto al poder ejecutivo nacional. Hay que tener en cuenta que Navarro había sido propuesto para el cargo de Jefe de la Policía provincial, desde la Izquierda peronista”. El jefe de la Policía, había ocupado cargos “de inteligencia” en el III Cuerpo de Ejército bajo la dictadura. Se declaraba amigo y seguidor de Jorge Raúl Carcagno, quien había estado al frente de las tropas que reprimieron al pueblo de Córdoba, la noche del 29 de mayo, y luego fue designado interventor de la provincia, entre el 16 de junio y el 5 de julio de 1969. “Navarro era su ayudante”, según Juan Cruz Taborda Varela. 

A pesar de todos estos antecedentes, Carcagno fue designado por Campora comandante en Jefe del Ejército. Montoneros lo apoyó en esta función, sosteniendo que, ante una eventual muerte de Perón, una alianza entre el ejército y la “juventud maravillosa” sería clave para definir la sucesión en el poder. Obregón Cano entre las primeras medidas disuelve las fuerzas especiales para la represión. Pero para no depurar la fuerza, relocaliza los efectivos, en la ilusión de que así produciría un cambio en el aparato represivo del Estado. En esa línea promovió una reforma de la Policía que es rechazada por la plana policial, que decide amotinarse. Navarro actúa como mediador, pero va tomando una abierta posición en rechazo a la política de seguridad del gobierno. Públicamente denuncia que no tiene móviles para patrullar y se distancia del ejecutivo. ¿El gobierno no ve lo que se venía? La Policía siguió reprimiendo y asesinó a un trabajador durante una ocupación de fábrica en San Francisco. El “gobierno popular” terminaría siendo víctima de una política golpista, cuya mano de obra fue una burocracia sindical, con la que negociaba, y un aparato represivo que no demolió.  

El golpe fue siendo preparado largamente por la burocracia sindical con una política de crecientes provocaciones: ocupando edificios de la CGT cordobesa y del Smata, disparando contra el edificio del sindicato de Luz y Fuerza, etc. El que armo directamente este plan y dio las órdenes de atacar al movimiento obrero combativo de Córdoba, fue directamente Rucci (que fue asesinado en septiembre 1973), la mano derecha sindical de Perón, para quien “Córdoba es un foco infeccioso” según publicó La Opinión. 

En junio del 73, Rucci declaraba a los medios que “el movimiento obrero de Córdoba ha sido infestado por toda una camarilla de elementos que están al servicio de la sinarquía internacional, cuyo genuino representante tiene nombre y apellido: Agustín Tosco”, describe Taborda Varela. Ante la pregunta de si se va a intervenir la provincia, el burócrata contesta con evasivas. El mencionado periodista sostiene que “Rucci se despacha con Tosco, como si Tosco fuera el mayor enemigo del peronismo. Y no. Tosco ha hecho campaña abiertamente por la fórmula peronista de Córdoba y hará más aún: declinará una candidatura presidencial para no enfrentar a Perón”. La candidatura presidencial de Tosco fue una propuesta del Partido Obrero de la época y otros sectores combativos de la izquierda y el movimiento obrero, en la perspectiva de separar con una política de independencia de clase a los trabajadores de todas las variantes capitalistas. 

La intervención de Córdoba venía siendo tema nacional. En diciembre Perón ordena la intervención de las autoridades partidarias. Las provocaciones de la burocracia no dan tregua. El gobierno nacional les da alas. El ministro de Trabajo Ricardo Otero recibe a los “ortodoxos” que apuntan sus críticas a Tosco y Salamanca. 

Prácticamente en paralelo al derrocamiento de Campora, un autodenominado Comando Unificado de la Resistencia Peronista ocupa el edificio de la CGT, en un claro cuestionamiento a su conducción. La policía realiza un demorado desalojo. Atilio López retoma el edificio, y sus funciones como secretario general, pero no anuncia medidas en respuesta. Junto a Tosco “ratifican el total apoyo del pueblo de Córdoba a Perón”, según la citada fuente.  

El 17 de julio se produce un atentado contra Tosco y Salamanca, cuenta Taborda, y sostiene que esto fue denunciado por Obregón Cano y Atilio López en Buenos Aires, en donde se reunieron el presidente Lastiri, el ministro López Rega, Rucci y Miguel. Tras la reunión el gobernador anuncia la realización de una marcha en Córdoba para reafirmar que “el pueblo de Córdoba quiere y anhela que Juan Domingo Perón tenga el poder absoluto y total”. Además, el vicegobernador acepta la reunificación de las 62 organizaciones. El golpismo avanzó, y fue por más.  

En enero del 74, el gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain es removido por Perón del cargo, acusado permisividad con las “formaciones especiales” (copamiento del cuartel de Azul por el ERP) reemplazándolo por el vice gobernador, proveniente del ala derecha del peronismo. 

En febrero desde el ejecutivo nacional declaran contra el gobierno provincial. Crecen los rumores de una intervención. Pero Obregón Cano reiteraba declaraciones tendientes a presentar la situación como si nada pasara. 

Pero salta Julián Chiape, subjefe de la policía cordobesa, delatando la conspiración de Navarro, lo que determina el pedido de renuncia del jefe. Este de ninguna manera acepta el pedido de renuncia. El gobierno plantea entonces en un comunicado oficial que “Antonio Navarro, en franca actitud de rebeldía, lejos de acatar la orden recibida, engaña a sabiendas a parte del personal policial y, con el apoyo de pequeños grupos repudiados por la ciudadanía, se rebela, pretendiendo ser fiscal del gobierno electo por todo el pueblo de la provincia”. 

Obregón Cano remueve a Navarro por decreto. El sedicioso se acuartela, mientras grupos armados toman medios de comunicación en los que llaman a renunciar al gobernador. El levantamiento intenta ser “justificado” por el depuesto jefe que dice “haberse comprobado que, en la Casa de Gobierno, el reparto de armas a civiles con la presunta intención de provocar una resistencia, o un ataque de imprevisibles consecuencias para la paz y la tranquilidad de la ciudad capital y del resto de la provincia (…) que había entrado en un período de absoluta falencia institucional”.

Pero no se organizó la movilización obrera y popular para repeler los movimientos golpistas.

La noche del 27, la Policía irrumpe en Casa de Gobierno, y detiene a 86 personas, entre ellos el gobernador y vice, que son trasladados al Comando Radioeléctrico,. Una acción judicial permite que tanto Obregón Cano y Atilio López salgan de cautiverio. Estos no renuncian; esperan un auxilio desde Buenos Aires (del presidente Perón) que nunca llegó. La tarde del 28 de febrero se improvisó una movilización sin éxito. Se va imponiendo un estado de sitio. Navarro mantiene presas a las autoridades junto a más de 80 personas entre funcionarios y legisladores; desata una persecución de los sindicalistas combativos y estudiantiles, Tosco y Salamanca logran escapar; también son allanados locales gremiales, como el del Smata. 

El primero de marzo, la burocracia “normaliza” la CGT regional (excluyendo, por supuesto a todos los sindicatos combativos), obtiene de inmediato el aval del ministerio de Trabajo nacional y el apoyo de la CGT nacional, un escándalo claramente impulsado por el gobierno nacional. Al día siguiente Perón envió un proyecto de ley de intervención de la provincia al Congreso. Toda una escalada planificada. 

El Juez Federal Zamboni Ledesma tuvo que emitir la decisión de soltar a Obregón Cano y Atilio López por falta de pruebas de las acusaciones en su contra. Recién liberados emiten un comunicado en el que afirman que no renuncian, y viajan con destino a Buenos Aires, la provincia tenía dos gobernadores. Sin embargo, al ser recibidos por el gobierno nacional son inducidos a renunciar. Finalmente, el 8 de marzo presentan la renuncia. 

A la oposición patronal en el parlamento provincial se le terminó la “preocupación“ por las libertades democráticas y republicanas; y se limitó a la defensa de sus bancas en el parlamento provincial, puesto que en primera instancia la intervención también incluía al poder legislativo. Un acuerdo entre Perón y Balbín, que contó Angeloz a medios de comunicación, garantizó la continuidad de los cargos parlamentarios, y así la UCR terminó en la práctica aceptando el golpe. “El “Navarrazo” actúo como marco legitimador para la organización de la represión paraestatal. Obregón Cano finalmente se fue al exilio en agosto de 1974 y en septiembre Atilio López caía asesinado por el accionar de la parapolicial Triple A. Se desarrollaba la política terrorista de Perón y Lopez Rega que se cobró centenares de víctimas bajo el gobierno peronista.

Perón había reiterado que su regreso tenía el propósito de una “pacificación” y de la “unidad nacional”. Pero con los militares y la derecha gorila. Para ello requería de avanzar sobre la vanguardia obrera nacida bajo el Cordobazo. Por eso, el Navarrazo fue impulsado y legalizado por Perón 

Por qué no hubo una respuesta de masas en rechazo al golpe. 

“En estos momentos, lo que hay en Córdoba, ustedes, saben, es un foco de infección. Se están produciendo algunas fuerzas que son tan enemigas de las 62 como del gobernador y entonces ¿qué ocurrirá si el gobernador y las 62 se pelean? El que toma ventaja es el enemigo y nosotros no lo tenemos que dejar”. En estos términos se dirigió el Presidente Juan D. Perón, el 20 febrero de 1974 a los integrantes de la mesa directiva de las “62 organizaciones” nacionales y al secretariado general de la CGT, describe Alicia Servetto.73-76. El gobierno peronista contra las “provincias montoneras”. 

Detrás de estas palabras había una declaración de guerra contra la vanguardia obrera que enfrentó dictaduras. 

Pero, había gran confusión política en la mayoría de las expresiones de la izquierda: no hubo una orientación para enfrentar un golpismo cuyas directivas se centralizaban en la Casa Rosada. Así, la crisis de dirección en el movimiento obrero escribió en Córdoba, uno de sus capítulos trágicos.  

Después del Cordobazo, en el sindicalismo cordobés, en la conducción de la CGT regional se encontraba una alianza entre las 62 organizaciones “legalistas”, un ala combativa conducida por Atilio López, los independientes de Tosco, y una parte de los clasistas referenciados en Salamanca. La “ortodoxia” sindical peronista denominada “62 organizaciones auténticas”, liderados por Simó y Labat; estaban afuera de la conducción, y fueron avanzando valiéndose del apoyo incondicional de la CGT nacional, y del ejecutivo nacional. Controlar el movimiento obrero cordobés era asunto de Estado. 

“Obregón Cano y Atilio López estuvieron en todas las componendas para normalizar la regional. Primero fue el acuerdo Rucci-López, sellando la unidad de legalistas y ortodoxos en ¨las 62¨ comandadas por Lorenzo Miguel. Sobre esta base comenzaron las negociaciones para conformar una regional peronista desplazando a Tosco y Salamanca. Las fricciones de legalistas y ortodoxos horas antes del anti Cordobazo se circunscriben por completo a quien comandaría la secretaria general, el desplazamiento de los independientes y del Smata estaba fuera de discusión”, sintetiza un informe de la Prensa Obrera de la época. 

El avance de la burocracia fue un golpe a la orientación deTosco y Salamanca de tener expectativas en una alianza con los “legalistas”. Llevaron esta orientación aun cuando “los aliados” dieron sobradas muestras de que se subordinaban políticamente al movimiento peronista, lo que permitió la unificación de las 62. Mientras el ala combativa de la CGT cordobesa perseveraba en su seguidismo al peronismo, rechazaban desplegar un polo de independencia de clase. 

Las organizaciones obreras dirigidas por la izquierda que se reclamaba clasista y combativa se mantuvieron paralizadas. El mismo día que se inició el Navarrazo. (27/2/1974), ya con las calles ocupadas por la policía alzada y las bandas de matones organizados por la burocracia sindical, el cuerpo de delegados del Smata Córdoba, a instancias del Movimiento Sindical Combativo (en el que convergen Agustín Tosco y René Salamanca), resolvía abrir una instancia de negociación con las 62 Organizaciones “legalistas” -orientadas por el vicegobernador Atilio López. Las burocracias y patronales aprovecharon esta parálisis para desorganizar al movimiento obrero.

La clase obrera de Córdoba, protagonista del Cordobazo, fue derrotada sin combate por esta política de subordinación a la “izquierda” peronista, que se subordinaba políticamente a Perón.

Para Tosco fue una correlación de fuerzas contraria a los trabajadores (con matones armados, etc.) la que impidió enfrentar el Navarrazo. 

Obregón Cano y la JP ni siquiera intentaron enfrentar el motín, confiando en que una intervención de Perón detuviera el accionar sedicioso.

¿No se podía hacer nada?

Dos días después de la detención golpista de Cano y López en Córdoba, había convocada una movilización de las Juventudes Políticas (JP, PC, etc.) en Buenos Aires contra la derecha. Más de 50 mil jóvenes se concentraron, el 1° de marzo, pero la marcha fue prohibida por el Ministerio del Interior… y las direcciones de las “Juventudes” acataron la decisión. Se frustró la realización de un fuerte acto contra el Navarrazo en Córdoba. En la desconcentración las columnas de la JP –apretadas por la policía- coreaban consignas de apoyo a Perón para que autorompiera el cerco derechista, que decían, tenía en su derredor.

Solo pocos días después, estalló la gran ocupación de Acindar y las fábricas metalúrgicas de Villa Constitución, que lograron triunfar e imponer direcciones sindicales combativas, echando a las burocracias sindicales. Todo el pueblo de Villa Constitución, acompañó masivamente esta gesta obrera.

Estas nuevas direcciones metalúrgicas de Villa Constitución convocaron a un Plenario Nacional Antiburocrático.

Estuvieron presentes (casi) todas las tendencias del movimiento obrero. Faltó la JP que no quería romper con Perón. En el Plenario se planteó la constitución de una Coordinadora Nacional Antiburocrática para enfrentar a la derecha y el Pacto Social. Pero el PC, Tosco, Salamanca, el foquismo (PRT), se opusieron siguiendo su política de subordinación a la izquierda peronista y Perón. 

El PO planteo, a través de Jorge Fischer, miembro de la comisión interna de la fábrica Miluz, la necesidad de avanzar en “la defensa incondicional de la lucha de los compañeros de Acindar (…) Para esto, es fundamental que de este plenario surja una Coordinadora Nacional en defensa del triunfo de Acindar, en defensa de las comisiones internas y cuerpos de delegados combativos, en defensa de los activistas que pelean en las fábricas por los derechos de los trabajadores”. 

El rumbo no pudo corregirse, y finalmente no hubo una respuesta al golpe de Estado del gobierno de Obregón Cano y Atilio López, y con él la reacción continuó avanzando contra la clase obrera, desconociendo comisiones internas, persiguiendo con la triple A. 

Pero… fuerza había y de sobra: estaba políticamente maniatada a la subordinación al peronismo. Todo el tiempo hubo luchas importantes que impedían estabilizar al gobierno y el gran estallido volvió a manifestarse en la huelga general de junio/julio de 1975, que hizo volar por el aire a Lopez Rega y sus comandos de lumpenes derechistas.

Conclusiones. 

A Obregón Cano lo echó Perón. Con el Navarrazo se produce una contra ofensiva de la reacción contra la clase obrera que parió el Cordobazo. Este golpe fue finalmente impuesto sin contar con la debida respuesta obrera y popular para rechazarlo. 

El Navarrazo y los crímenes producidos por la triple A, fueron un antecedente metodológico de lo que fue luego el Terrorismo de Estado con el golpe de 1976. La Regional Córdoba de Política Obrera llamó entonces, a superar “la grave parálisis de las organizaciones obreras” atadas por sus políticas de ilusión de que Perón jugaría un rol progresivo. En una declaración de su Comité Regional había planteado “la inmediata convocatoria a un congreso de delegados de fábrica, que discutiera la centralización de la lucha contra el golpe y la intervención antiobrera”. Llamó al frente unido de las organizaciones obreras combativas y de la izquierda (JP, PC, PST, etc.) para movilizarse en Córdoba y en todo el país contra el Navarrazo, el Pacto Social y la derecha. Pero la orientación de la mayoría de estas fue la opuesta: la ilusión en el oficialismo peronista o en la oposición burguesa pseudo “democrática”.

El PC (un partido entonces de cierta importancia aún en la vanguardia obrera) cultivaba la “unión democrática” con Perón y con la oposición burguesa (UCR, etc.). Pero el salto fue el que dio el PST morenista. Balbín (líder gorila de la UCR), convocó a una reunión con el presidente Perón, a los partidos de oposición. Concurrieron ocho: el PC y el PST (luego MAS y su diáspora actual) entre ellos. Allí elaboraron un documento “reiterando el propósito de no ahorrar actitudes y esfuerzos para mantener y consolidar el proceso de institucionalización del país, en el régimen de la democracia”. Sobre el Navarrazo y los ataques de la derecha ¡nada! ¡Se convocaba a defender al gobierno que entregaba todos los resortes del poder a los protagonistas del Navarrazo y de la Triple A en Córdoba! ¡Un “frente popular” de apoyo al gobierno derechista!

50 años después del Navarrazo, estamos en momentos en que detenta la presidencia un fascistoide como Javier Milei, que apunta a imponer –en un cambio de régimen en beneficio, principalmente en beneficio del capital financiero- un plan de guerra contra la clase obrera. Sin dudas la experiencia recorrida debe servir para sacar las mejores conclusiones, que apunten a desarrollar la organización independiente de los trabajadores. En ese sentido, un congreso de trabajadores ocupados y desocupados, junto al planteo de un paro activo en la perspectiva de un nuevo Cordobazo nacional, es una tarea que es necesario desarrollar para derrotar el ajuste de Milei y sus socios, y construir una alternativa de poder obrera y popular.

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