La crisis argentina
En agosto, una denuncia de sobornos en la Cámara de Senadores para la aprobación de le ley de reforma laboral, sacudió de raíz al régimen aliancista y el propio funcionamiento del Estado; pusieron en jaque al Congreso, a varios ministros y al jefe del Servicio de Inteligencia, todos ellos miembros del Poder Ejecutivo, y al propio De la Rúa.
Los sobornos tuvieron un objetivo específico: que pasara una ley de reforma laboral abiertamente repudiada por los trabajadores argentinos en dos masivos paros generales. La Nación informó que "un importante empresario… precisó que los fondos fueron aportados por una importante empresa, interesada en que quedaran sin efecto los convenios laborales de la UOM". Aludía de este modo al pulpo Techint, que no solamente fue el principal fogonero de la reforma laboral sino que también impulsa la fragmentación del sindicato metalúrgico para crear en su reemplazo sindicatos por empresa bajo el control directo de las patronales. Es de la mayor trascendencia, por lo tanto, que en medio de la crisis de coimas del Senado, De la Rúa hubiera nombrado a Javier Tizado, de Techint, como secretario de Industria. En el escándalo de las coimas del Senado quedó al descubierto una "santísima trinidad" que retrata los mecanismos conspirativos del Estado capitalista.
Este soborno "no fue demasiado –le dijo off the record un senador peronista a un diario– comparado con lo que pudo haber corrido cuando se aprobaron otras leyes, como las privatizaciones" (1). Entel se privatizó en 8.400 millones de dólares; Aerolíneas, en 2.250. La de Gas del Estado, que movió 3.320 millones, requirió la presencia de un 'diputrucho'. La de YPF se hizo por 20.000 millones de dólares. Pocos días después de las denuncias sobre las coimas para aprobar la ley anti-laboral, surgieron nuevas denuncias acerca de sobornos para aprobar la extensión de la concesión para la explotación del yacimiento petrolero más rico del país en beneficio del pulpo Repsol.
"La causa general de todo este proceso de descomposición política que precede al escándalo, es el fracaso de los planes económicos (en primer lugar, el completo derrumbe del plan Cavallo y del régimen de convertibilidad), la imparable declinación de la producción y la enorme tensión social que genera el crecimiento de la pauperización de las masas. No son las coimas las que han provocado el estallido de una crisis política, sino ésta la que ha permitido que explotara el escándalo de la corruptela" (2).
Las evidencias del empantanamiento del gobierno aliancista y la disgregación del peronismo son anteriores al escándalo. Las rivalidades internas en el peronismo eran harto conocidas, lo mismo que los operativos contra Alvarez y contra Machinea. Había intentos desde el propio oficialismo para voltear el gabinete y llevar a un Broda al Ministerio de Economía. En el peronismo, la sucesión de Menem se estaba poniendo más complicada, mientras el propio Menem conspiraba con su planteo de dolarización. Los bancos enfrentaban al llamado 'grupo productivo' y viceversa.
Descomposición del régimen constitucional
"Los sucesos del Senado -dice un proyecto de declaración presentado por el Partiodo Obrero en la Legislatura- constituyen una suerte de fase final en el proceso de descomposición del régimen constitucional que se pretendió restaurar en 1983. En las filas activas de esta descomposición militan desde hace largo tiempo el Poder Judicial, denunciado por innumerables encubrimientos y complicidades con el delito; las Fuerzas Armadas, cuyos mandos continúan protegiendo a los genocidas de la dictadura y realizan una implacable acción contra las tentativas de esclarecer los crímenes cometidos entre 1974 y 1983; la policía del gatillo fácil, la Bonaerense, la vinculada al atentado a la Amia y la denunciada en múltiples oportunidades por las llamadas cámaras ocultas en su complicidad con el delito e incluso en su organización; y finalmente la propia burocracia del Estado, como se ha visto reflejado en el proceso de las privatizaciones, en el Pami, en el 'affaire' IBM-Banco Nación, en los decretos que autorizaban la exportación de un oro que Argentina no producía, en los canjes de títulos de la deuda pública que aumentan el endeudamiento nacional y mejoran las cotizaciones de los bonos en beneficio exclusivo de la banca que los tienen especulativamente en su cartera (como ocurriera recientemente con el canje de los Brady); la lista es enorme y hasta podría ser infinita. (…) los sucesos del Senado constituyen, por sobre todo, una manifestación última del fracaso de la restauración constitucional que comenzó en 1983. Una restauración que partió de reconocer la continuidad jurídica con la dictadura militar, incluido su Poder Judicial, así como de sus compromisos financieros internacionales. Una llamada democracia que no solamente se negó a investigar la formación de la deuda externa y su estatización, sino que por medio de la emisión de pagarés, títulos y bonos, inició en 1985 el proceso de borrar las trazas de la gestación de la deuda hasta convertirla en una masa anónima de bonos con derecho a 150.000 millones de dólares del patrimonio nacional y, más importante aun, con derecho a fijar la política económica de la Nación. Un régimen político que tiene su política económica determinada en el extranjero, está vaciado de cualquier contenido y debe obligadamente transformarse en un cascarón de prebendas, como hoy lo testimonia el Senado. Para llegar al presente estado de putrefacción, las instituciones del Estado y sus partidos debieron antes abdicar de todas sus responsabilidades democráticas y actuar como correas de transmisión de los intereses de los pulpos capitalistas. Es este régimen el que abdicó de la justicia con la sanción de la Obediencia Debida, el Punto Final y el Indulto, y el que, en supremo acto de hipocresía, decretó luego la nulidad de la Obediencia Debida de cara al futuro, otorgándole con ello una legitimidad histórica que hasta entonces nunca había tenido.
"La experiencia de los últimos veinte años vuelve a confirmar que la entreguista burguesía nacional y el régimen capitalista como tal, son incapaces de viabilizar un régimen efectivamente democrático". (3)
La renuncia de Chacho Alvarez
En un reunión organizada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de los tres senadores de la Capital -el menemista Corach, el frepasista Del Piero y radical García Arecha- Jorge Altamira pronosticó que la incapacidad de los partidos y las instituciones para darle una salida a la crisis planteada por las denuncias de coimas en el Senado conducía, inevitablemente, a un "estallido político general". El diario La Nación reprodujo estas declaraciones en forma parcial y distorsionada pero los acontecimientos demostraron que era un pronóstico realista. Apenas un mes después de iniciada la crisis en el Senado, se produjo ese "estallido político general": el 5 de octubre De la Rúa dio un virtual golpe de Estado al despedir al Jefe de Gabinete Terragno y al ministro Gallo y confirmar a Fernando Santibáñez como jefe de la Side y hasta ascender a Alberto Flamarique, los dos principales sospechosos de haber coimeado a los senadores; al día siguiente renunció Chacho Alvarez a la vicepresidencia.
La renuncia de Chacho Alvarez expresó que el gobierno de la Alianza, como planteo estratégico, no había resistido una experiencia de gobierno. El pacto entre los representantes del progresismo pequeño burgués y los viejos mascarones del capitalismo nativo naufragó sin remedio. La mimetización criolla a la 'tercera vía' concluyó en un fiasco todavía más vertiginoso que la original. La lección de esta crisis es que las masas populares necesitan, para salir adelante, un liderazgo obrero de contenido socialista.
El cambio de gabinete que provocó la renuncia de Chacho Alvarez dejó al desnudo el enorme compromiso de la camarilla presidencial con la corruptela descubierta en el Senado y con muchas otras. El recambio ministerial fue una operación de los servicios, para salvar a De la Rúa de las derivaciones de la crisis del Senado, operación en la que intervinieron el menemismo y el nosiglismo radical.
Con el recambio de gabinete salieron favorecidos un conjunto de intereses capitalistas particulares. El nombramiento de Cristian Colombo, presidente del Banco Nación, como Jefe de Gabinete, es un salvavidas para el grupo Yoma (y un puente a todos los "negocios" del menemismo). Según Juan Aleman (4), Nicolás Gallo fue echado del gabinete por la presión de los grupos que se beneficiaron con las privatizaciones ferroviarias. El despido de Gallo, además, beneficiaba a los pulpos aerocomerciales internacionales, en particular norteamericanos, que quieren desplazar a Iberia-Aerolíneas del mercado local. (5) Con el reemplazo de Melchor Posse por Bullrich, salieron beneficiadas las AFJP y las ART, ya que el radical era partidario de la posibilidad de que se pudiera volver al sistema estatal de jubilación, en un caso, y de que los trabajadores pudieran recurrir a la justicia civil en caso de accidentes (6).
Chacho Alvarez no pudo declararse sorprendido por el cambio de ministros, ni por las coimas. A fines de setiembre, los diputados del Frepaso en la Comisión de Juicio Político, como Nilda Garré, habían rechazado el enjuiciamiento de Flamarique, ¡propuesto por el peronismo!; Juan Pablo Cafiero defendió esta posición públicamente. Y antes aun, Chacho y el Frepaso habían impulsado con éxito la reforma de los fueros parlamentarios para que los senadores y funcionarios pudieran continuar con la augusta labor parlamentaria de votar las leyes que pide el FMI, incluso mientras eran enjuiciados.
Chacho renunció sin romper el pacto de gobierno. Dio un paso al costado para sortear las contradicciones insalvables de la camarilla presidencial con la base electoral que había llevado a la Alianza al gobierno. La renuncia de Alvarez fue un último recurso para evitar el hundimiento del gobierno y la convocatoria a elecciones generales anticipadas.
El derrumbe de la Alianza tuvo otra manifestación en la Provincia de Buenos Aires, donde tanto frepasistas como radicales están comprometidos por las denuncias de corupción en el manejo de los "fondos reservados" de la Legislatura. Antes, De la Rúa había acordado con Ruckauf la privatización del recupero de la cartera de morosos impositivos de la provincia, a favor de los bancos. Esta medida amenaza provocar un remate de las viviendas de numerosas personas agobiadas por la recesión económica, los gravámenes inmobiliarios y el impresionante aumento de las tarifas de gas, luz y agua.
Cesación de pagos
El desmoronamiento político del gobierno aliancista está vinculado a la cesación de pagos de Argentina.
Para conseguir fondos para hacer frente a los pagos de la deuda externa, el gobierno argentino ha tenido que colocar bonos de deuda pública entre los bancos locales y las AFJP a tasas del 16% anual, o sea 10 puntos por encima del 6% que pagan los títulos del Tesoro norteamericano, es decir un 170% más caro. La colocación se interpretó como un preludio de la declaración de bancarrota. Según Juan Alemann, "en círculos financieros internacionales está corriendo la versión de que la Argentina se acerca inexorablemente a la cesación de pagos" (7). Otra evidencia son las enormes caídas de valuaciones accionarias (equivalentes a 5.000 millones de dólares en un solo día) que sufrieron los bancos Bilbao Vizcaya y Santander debido a "rumores acerca de una hipotética suspensión de pagos de la deuda externa argentina" (8).
El conjunto de la deuda pública es superior a los 160.000 millones, con vencimientos por capital e interés en el 2001 de cerca de 30.000 millones de dólares. La deuda externa privada, que era virtualmente nula en 1990, asciende ya a los 60.000 millones de dólares. Sólo en los últimos dos meses de este año tiene vencimientos por casi dos mil millones. La Fundación Capital, que brinda esta información, dice que "resulta altamente probable que se tengan dificultades en la posibilidad de colocar bonos en los mercados internacionales hasta fines de año, con lo cual la mayoría de las empresas no podrá continuar con el mecanismo habitualmente utilizado que consiste en afrontar vencimientos con fondos frescos logrados mediante el lanzamiento de un nuevo título" (9). Para los que creen que la insolvencia es patrimonio del Estado, es claro que la amenaza de bancarrota es mayor en los capitalistas privados.
El 65% de la deuda privada está contraída por los bancos. El hecho de que los bancos se encuentren mayoritariamente extranjerizados no significa que se financien con recursos de sus casas matrices, como se sostuvo a la hora de entregarlos a manos extranjeras, porque incluso esas casas matrices son las mayores deudoras capitalistas en el mercado mundial. Es decir que la extranjerización ha potenciado y de ningún modo atenuado la posibilidad de una bancarrota financiera. Estas sucursales, en virtud de las regulaciones bancarias internacionales, no están habilitadas para obtener un socorro del exterior a partir del momento en que las consultoras internacionales redujeron la calificación de riesgo de Argentina como consecuencia de su deuda elevada y de la concentración de su pago en el corto plazo (10).
Ubicada la cesación de pagos en el marco de la economía internacional resulta que "el incremento de la tasa de interés norteamericana ha liquidado para siempre las posibilidades de las políticas de ajuste deflacionario en América Latina La devaluación brasileña y la dolarización ecuatoriana han sido la manfiestación más aguda de esta completa crisis del mal llamado modelo neoliberal. Ahora se encuentran en vías de desenlace las crisis de esas políticas económicas en Argentina, Colombia y Perú, y en los tres casos combinadas con crisis políticas que se encuentran en diferentes estadios de desarrollo." (11)
Pedro Pou, presidente del Banco Central, dejó en claro la inutilidad de la 'terapia' fiscal con la que la Alianza pretendía resolver la cesación de pagos de Argentina, al señalar que una sobretasa de 600 puntos en los intereses de la deuda, como se venía pagando en setiembre/principios de octubre, equivalía al 1,5% del PBI, o sea unos 4.500 millones de dólares, lo cual duplica el déficit previsto en el presupuesto del 2001. Desde mediados de octubre esa sobretasa subió a un rango de 800 a 1.000 puntos, con un aumento potencial de la carga financiera por intereses de alrededor de nueve mil millones de dólares. Esto no se arregla con medidas fiscales.
Crisis internacional
La causa precipitante de la crisis argentina es la generalización de la insolvencia de importantes pulpos de nivel internacional, que hoy están pagando por sus propias deudas una sobretasa de interés del mismo rango que los llamados 'países emergentes'.
En el plano internacional, crecen los ceses de pagos de las grandes empresas, cuya relación deuda/patrimonio supera el 100%. La deuda del gigante de las telecomunicaciones, AT&T, pasó de siete mil millones de dólares a 66 mil millones desde 1996 a la fecha. Las deudas internacionales de riesgo están pagando tasas de interés un 80 a 100% superiores a los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, en tanto que los pulpos más solventes deben pagar un diferencial del 33%. De acuerdo al último informe del FMI, la sobretasa de los "bonos de riesgo" de las grandes empresas internacionales, como por ejemplo el pulpo Telekom de Alemania, pasó de 435 puntos a fines del '99 a 793 puntos en octubre último (12). El derrumbe de los valores de la deuda mundial, con la consiguiente suba de las tasas de interés, es un factor de primer orden en la determinación de la cesación de pagos de Argentina.
Según el FMI, la parte más importante del mayor endeudamiento capitalista fue usado para adquirir empresas rivales o recomprar acciones propias -con el objetivo, en todos los casos, de elevar los beneficios de los poseedores de acciones-. Ahora, con la desaceleración económica en Estados Unidos, el aumento del precio del petróleo, el retroceso del euro y las caídas en Asia (quiebra de Daewoo y Hyundai), los prestamistas son renuentes a refinanciar a los grupos altamente endeudados. "El informe del FMI confirma un escenario en que el factor fundamental no es la Argentina sino la economía norteamericana" (13).
Uno de los sectores más comprometidos con la crisis financiera es el de los bancos norteamericanos, que tomaron una enorme deuda para especular con la suba de Wall Street y se encuentran ahora con una caída en picada de las acciones que cotizan en la Bolsa (el índice de valores tecnológicos de Estados Unidos cayó por debajo de los 3.000 puntos, un 40% de desvalorización sobre los 5.000 de principios de año). Ha trascendido la posibilidad de la quiebra de la financiera norteamericana Finova, que tiene una cartera de activos de 13 mil millones dólares y que amenaza con dejar impagos unos 7 mil millones de deuda, en lo que sería "el mayor incumplimiento de pagos desde la Depresión de los años '30" (14). La deuda de Finova se está cotizando al 55% de su valor, por debajo incluso de la deuda argentina. Esta situación ha creado una amenaza de crac financiero para el conjunto de la Unión Europea, que ha sido la principal fuente de financiamiento de la deuda norteamericana en los últimos dos años y es la razón de la devaluación de su moneda, el euro.
A la luz de esto se explica que un diario financiero opine que "un incumplimiento de pagos (de la Argentina) sería desastroso para la región" (15). En Brasil se verifica un cierre del mercado internacional de crédito, aunque un director de banco opina que la principal amenaza no viene de la Argentina sino de "las empresas norteamericanas de segunda línea que están pagando sobretasas de 600 puntos" (16). "Pero si los problemas se intensifican, los países del este de Europa y de Asia podrían también verse afectados por una reducción de la demanda de los inversores" (17). De acuerdo a un diario financiero británico, ha comenzado una especulación contra el peso. Del otro lado del hemisferio, en Sudáfrica, ha comenzado también una acelerada devaluación de la moneda por las mismas razones que se alegan para la Argentina -falta de crecimiento económico (18).
"La deuda argentina representa entre un cuarto y un quinto de toda la deuda comercializable de los países emergentes (…). Si Argentina no cumpliera con sus obligaciones, el efecto resultante puede eclipsar incluso el pánico financiero producido por la cesación de pagos de Rusia hace dos años" (…) una bancarrota argentina "pondría fin a los mercados emergentes tal como los conocemos ahora". Un economista del ABN Amro apunta que "la vulnerabilidad de la Argentina en mercado de renta fija es enorme relativamente a lo que era en Rusia" (19).
"El método que pone al desnudo la conexión de la bancarrota argentina con la tendencia a la bancarrota generalizada del capitalismo 'global' -en primer lugar del más desarrollado y parasitario, el norteamericano-, y de la actual etapa con aquellas que la precedieron, pone también de manifiesto el carácter histórico de la presente crisis, o sea que ella no responde a las limitaciones de una u otra modalidad del capital, que no se restringe a las particularidades de este o aquel país o de este o aquel régimen político, sino que es el resultado de la maduración del conjunto de las relaciones sociales, una maduración que toma ya la forma concreta de bancarrotas generalizadas, crisis políticas, luchas de masas e incluso guerras de alcance internacional" (20).
Lucha de buitres
La crisis ha abierto una lucha a muerte entre los principales grupos capitalistas. Mientras que el llamado "grupo productivo" encabezado por Techint creía haber impuesto su posición de que la plata de las AFJP y de los préstamos internacionales fueran a financiar su llamado "plan de infraestructura", "algunos bancos extranjeros quieren que los préstamos… sean sólo para respaldar el pago de la deuda" (21). De aquí resulta que el 'rescate preventivo', que incluye dinero de las AFJP, no es más que una maniobra para matar en la raíz el planteo fundamental que había hecho 'la patria contratista' de la Unión Industrial. En efecto, el nuevo planteo del gobierno de autorizar a las AFJP a comprar más títulos del Estado para respaldar el pago de la deuda externa, liquida el planteo de reactivación de los grupos industriales. Los buitres ya se han visto gastando dos veces la plata de los aportes jubilatorios privatizados aun antes de haber sido autorizados a ello. Ambito Financiero da cuenta de una reunión de los buitres de ambos campos en el Hilton, en donde no lograron ponerse de acuerdo. Varios empresarios calificaron de fracaso la reunión patronal de Mar del Plata. Es decir que cuando los diarios dicen que la crisis es "política" antes que económica, están aludiendo a una división dentro del gobierno y del justicialismo que refleja la división del conjunto de la patronal local, tanto nacional como extranjera.
A la luz de esto se entiende que el paquete lanzado por De la Rúa-Colombo-Machinea no tenga nada que ver con bajar el déficit fiscal -incluso prevé violar la ley de solvencia fiscal y llevar la previsión del déficit de 4.500 a 6.300 millones de pesos-. A lo que apunta es a entregar el gerenciamiento del Pami a los bancos; a privatizar la recaudación, también en beneficio de los bancos; a reemplazar a la ANSeS por las AFJP en el control de inscripción de aportistas -es decir que son medidas que entregan nuevos resortes de control político-económico a los agentes de los acreedores internacionales; a liquidar la Prestación Básica que cobran los jubilados. Esto, lejos de atenuar la crisis, habrá de agravarla.
Obviamente, la disputa por los fondos de las AFJP se convierte necesariamente en disputa por el poder. A William Rhodes, presidente del Citibank, se le adjudica una gestión en el país para que De la Rúa continúe al frente del gobierno. En el coloquio de Idea, en Mar del Plata, se oyó hablar de golpe de Estado. El agotamiento del ajuste arrastra al régimen que lo prohijó como vía para satisfacer a los usureros internacionales. La crisis del Senado desemboca ahora, entonces, en una crisis más general.
"Blindaje"
Se ha tenido que recurrir a un "blindaje" financiero organizado por el FMI para contener la cesación de pagos. Para esto, se pretende anular la PBU jubilatoria, reduciendo las jubilaciones entre el 15 y el 35 por ciento. El objetivo de obtener el famoso "blindaje" ha justificado atropellos de todo orden. Lo que demuestra que no es cierto que la crisis política ha provocado el derrumbe de la deuda pública, sino que son este derrumbe y las exigencias del FMI los que han provocado la crisis política.
El "pacto fiscal" establece el congelamiento de las transferencias de dinero que el gobierno nacional debe realizar a las provincias en concepto de coparticipación federal. Este "pacto", que era una de las exigencias del FMI para conceder el famoso "blindaje", tiene dos objetivos: el primero, liberar dinero para que el gobierno nacional pueda renovar el financiamiento con la banca internacional; el segundo, obligar a las provincias a privatizar todo lo que tienen y a destinar lo que recauden por ello al pago de la deuda que tienen con los bancos locales y del exterior por un monto cercano a los 20.000 millones de dólares.
El trámite de la firma de este "pacto" sirve para establecer una clarificación política. Ruckauf y los gobernadores peronistas recibieron una desembozada presión del Banco Mundial y del BID, que amenazaron con cortarle las líneas de créditos. La banca internacional y buena parte de la banca local e incluso el cavallismo, apoyaron a De La Rúa contra Ruckauf. El hecho pone de manifiesto que en medio de la cesación de pagos y la huelga general, la opción más adecuada de que disponen los banqueros es la Alianza, o para decirlo mejor, la necesidad de que el Frepaso continúe en el gobierno. "O sea que el Tesoro norteamericano sigue siendo centroizquierdista" (22)
El Frepaso, para apoyar el "blindaje" votó el presupuesto nacional que mantiene la rebaja salarial, impulsa el desguace del Pami, prevé 'ahorros' en concepto de menores jubilaciones, admite un déficit mayor debido a la reducción del impuesto a los intereses que pagan las empresas y tiene un diseño general de ajuste del gasto social. Salta a la vista que, como denunció el Partido Obrero, Alvarez renunció para que De la Rúa pudiera seguir llevando adelante su política.
Pero el carácter internacional de la bancarrota argentina está diciendo claramente que no puede ser superada por un rescate financiero preventivo, porque incluso en el mejor de los casos siguen en pie todos los factores fundamentales de la crisis, en especial la tendencia a la cesación de pagos de numerosos pulpos capitalistas y de otras naciones altamente endeudadas. Esto explica la demora en la definición del "blindaje". La Argentina, por otra parte, ya tiene otra clase de 'blindajes', como reservas de liquidez y un crédito abierto del propio FMI, que no han servido, sin embargo, para evitar la quiebra. Por último, parece haberse olvidado muy rápidamente que el 'paquete preventivo' con el que el FMI intentó 'rescatar' a Brasil a fines de 1998 concluyó en la devaluación brasileña de principios del '99, y que el crédito a Rusia, a fines de julio del '98, terminó en la debacle de agosto de ese año. Por eso, el 'rescate preventivo' para la Argentina, de parte del FMI, es "un asunto espinoso" (23).
El propio vicepresidente del FMI, Stanley Fischer, ha demostrado que el "blindaje" no blinda nada, o mejor, que es un "blindaje" para los especuladores internacionales que quieran retirar capitales anticipandose a una devaluación. Fischer dijo sin ambigüedades que "el país no debe tener expectativas de utilizar los desembolsos" (24). Para Fischer, el crédito del FMI tiene otra función, la de servir para que la Argentina consiga otros "blindajes", que provengan de los acreedores internacionales, mediante diversos tipos de acuerdos que se activarían en caso de una crisis financiera generalizada. En última instancia, el FMI está planteando una suerte de renegociación de la deuda externa, la cual vendría recargada con nuevas exigencias fuertes de los acreedores -como podría ser la privatización del Banco Nación.
El planteamiento de Fischer de una reprogramación del pago de la deuda externa, desnuda un choque entre la banca internacional y el Fondo Monetario, similar al que se produjo en Ecuador alrededor de la moratoria de parte de sus títulos de deuda externa (que el FMI respaldó y los acreedores repudiaron) y que terminó llevando a la declaración formal de bancarrota de ese país a principios de año. Este choque se convierte en un fuerte elemento adicional de la crisis argentina.
"¿Pero puede la Alianza sobrevivir a la cesación de pagos? La experiencia internacional es ambivalente. En Brasil, Cardoso quedó para contarlo, lo mismo es Corea del Sur; en Indonesia, en cambio, a Suharto se lo tragó el tifón, y en Rusia, Yeltsin le tuvo que dejar el mando a Putin. De todos modos, si la cesación de pagos se lleva al gobierno de la Alianza, la emergencia de un gobierno de unidad nacional que reúna también al cavallismo y a las numerosas variantes del peronismo, debutará con una enorme debilidad frente a un movimiento de masas populares en ascenso" (25).
La imagen idílica de un capitalismo que quiere que el Estado reduzca sus gastos para incentivar la inversión y el empleo, no tiene ningún fundamento en la realidad. Asistimos a una lucha de buitres que no repara en producir con ello una fuerte disolución de las relaciones sociales y un brutal emprobrecimiento de las masas.
"Argentina Piquetera"
El problema más serio que tienen por delante los explotadores capitalistas va más allá de una crisis financiera terminal y de la fractura mortal que los divide. En cualquiera de los casos, están condicionados a la emergencia de la "Argentina piquetera". "Nuestro problema -le habría dicho hace poco Santibañes a su compinche De la Rúa- es que las políticas económicas necesarias son contrarias a las condiciones políticas actuales".
El piquete obrero fue el gran protagonista de la enorme huelga general del 23 y 24 de noviembre. Fue el principal elemento de la huelga, ya que obligó a levantar los servicios ferroviarios y a cerrar decenas de supermercados en todo el país. Fueron los piquetes y los cortes de ruta de los desocupados en La Matanza, en el sur del Gran Buenos Aires, en San Fernando, de los choferes de distintas líneas del Gran Buenos Aires, y el gran piquete que llevó a la pueblada de Tartagal y Mosconi después del asesinato del piquetero Aníbal Verón los que abrieron la tendencia hacia la huelga general.
El piquete recupera y desarrolla a una escala nunca vista antes, un método de lucha histórico de la clase obrera y una tradición del proletariado argentino. La rápida 'apropiación' de este método de lucha por los más diversos sectores de la clase obrera argentina e incluso de la clase media, está demostrando que la clase obrera está dispuesta a jugar su rol histórico. El florecimiento de los piquetes confirman que cada generación obrera no empieza 'de cero' sino que toma como propia la experiencia de las generaciones pasadas.
El piquete hace su aparición en los cortes de ruta de los desocupados pero también aparece en los grandes conflictos obreros, como la lucha de Atlántida o la lucha de la pesca en Mar del Plata. Adquiere un protagonismo netamente proletario y político en la huelga de la empresa de transportes La Internacional y en la huelga general del 9 de junio. En esa ocasión, la editorial de Prensa Obrera, titulada "Elogio de los piquetes y los cortes de ruta", analizaba el significado político de su reaparición masiva.
"La huelga es un movimiento colectivo y sólo puede existir como tal frente a los poderes coactivos de la patronal. La resistencia individual del trabajador es castigada con el despido y hasta con la lista negra; por eso esa resistencia debe ser colectiva una vez que ha sido decidida en forma mayoritaria. Al poder que le da al patrón su monopolio de los medios de producción o de trabajo, los obreros sólo pueden oponer el poder de su unidad en la acción. La función de los piquetes y de los cortes de calles y rutas es asegurar la primacía de esa voluntad colectiva. El derecho de huelga de cada trabajador, tomado individualmente, es defendido por la acción coactiva de los piquetes en las calles, puertas de fábricas y rutas.
"El piquete tiene la gran virtud de que transforma la adhesión a una huelga, de pasiva y hasta rutinaria, en conciente. La diferencia no es menor porque equivale a preparar a los trabajadores para poner en pie su propio gobierno. Un gobierno de trabajadores significará una participación sin precedentes históricos del trabajador en la cosa pública. Los demócratas repudian los piquetes pretendiendo ignorar que son los piquetes los que gestan la verdadera ciudadanía.
"El piquete tiene la capacidad pedagógica de demostrar que la sociedad capitalista no es un sistema abstracto de derechos y deberes, sino un sistema de fuerza y coacción contra los trabajadores. Para superar a esa sociedad violenta será necesario quebrar con la fuerza esa capacidad de opresión, explotación y represión del capitalismo. El piquete es una forma suprema de la solidaridad social, que va más allá de la camaradería y el apoyo recíproco entre los piqueteros, pues convoca a todos los explotados a tomar el destino en su propias manos. Un gobierno de trabajadores será, en definitiva, un gigantesco piquete obrero destinado a alumbrar el surgimiento de una nueva sociedad" (26).
El papel central de los piquetes en las grandes movilizaciones del último período está indicando el surgimiento de una nueva camada de dirigentes y de nuevas direcciones. El caso más destacado es el de las Comisiones de Piqueteros de Tartagal, Mosconi, Aguaray y Pocitos. Estas Comisiones dirigieron los dos grandes cortes de ruta y puebladas de mayo (cuando, después de la represión, 10.000 trabajadores expulsaron a la Gendarmería de la ruta) y de noviembre (en la que fue asesinado Aníbal Verón). En base a estas dos grandes experiencias de movilización popular, los piqueteros del norte salteño han llegado a la conclusión política de que es necesaria una política de conjunto para enfrentar la ofensiva gubernamental y han convocado a las Comisiones de Desocupados de todo el país a realizar un Congreso Nacional de Trabajadores y Desocupados.
La maduración política de una nueva camada de dirigentes y activistas se manifiesta, también, en algunos resonantes conquistas antiburocráticas de los últimos meses, como la recuperación del Sindicato del Pescado de Mar del Plata, la elección de una Comisión Interna antiburocrática en Clarín (aunque luego fue despedida por la patronal con la complicidad de la burocracia sindical) o la conquista de la CTA santacruceño por el clasismo.
Burocracia sindical: programa y política
La caracterización de conjunto de la situación -quiebra financiera termninal, crisis política de fondo, ascenso de las luchas obreras que buscan una salida de conjunto a la situación desesperante a que han sido arrastradas- hacen saltar inmediatamente las limitaciones insuperables del programa y de la política de las direcciones sindicales.
El programa de la CTA, que sirvió de base a la convocatoria de la llamada "Marcha Grande por el Trabajo", entre fines de julio y el 9 de agosto, y a su campaña por un millón de firmas por un "programa económico alternativo", tiene como principal reivindicación "un seguro de empleo y formación de 380 pesos para todo jefe de familia desocupado".
La CTA se propone corregir el rumbo del gobierno, ofreciendo un camino alternativo al llamado "ajuste perpetuo" y acentúa el tema de la "propuesta" en detrimento de un plan de lucha que haga retroceder al gobierno en las medidas que ya ha tomado.
El "programa de emergencia" de la central 'alternativa' abarca tres áreas, a saber: una de circuitos económicos de emergencia (donde inscribe su propuesta de un seguro de empleo y formación para los desocupados que sean jefes de familia); otra de economía pública que se asemeja a los "presupuestos participativos" del municipio petista de Porto Alegre; y un área de economía privada donde el Estado debería regular a las empresas monópolicas y privatizadas e imponer una reforma tributaria para "poner fin a la regresividad distributiva".
Todo su programa gira en torno a la idea de que hay que oponer al capitalismo "espúreo" o financiero-rentista-especulativo, un capitalismo productivo que se preocupe también por la "eficiencia social" (salud, educación, formación y calificación del trabajador). En este esquema de control y regulación del capital especulativo, vía la aplicación de mayores impuestos, se ha abandonado hasta la más elemental idea de nacionalización o renacionalización de las empresas privatizadas, de nacionalización y control del comercio exterior o de desconocimiento y repudio de la usuraria deuda externa, o sea de control del proceso de la producción. El 'modelo' se entusiasma con una cooperación regional de las empresas que "sustituya la competencia despiadada", o sea con la posibilidad de un capitalismo regulado y ordenado, despojado de sus crisis y choques. Para los técnicos de la CTA, dirigidos por el economista Lozano, el momento histórico presente se caracteriza por "la nueva base tecnológica que requiere de fuerza de trabajo altamente calificada". Se trata, por lo tanto, de regular las condiciones para que el capital "haga uso de las potencialidades de la revolución tecnológica".
Lozano y la CTA enmascaran el hecho fundamental de que, bajo el capitalismo, el avance tecnológico produce la desvalorización relativa de la fuerza de trabajo y la descalificación del obrero individual. Es de este modo que la tecnología alcanza el objetivo capitalista de aumentar la tasa de explotación (plusvalía). Pero además, asistimos, en el marco de una gigantesca sobreacumulación de capital mundial, a una colosal descalificación de los trabajadores, e incluso al alargamiento de la jornada de trabajo, la reducción directa de sueldos, la eliminación de beneficios y conquistas y las formas más retrógradas de acumulación capitalista.
¿Cómo sería el "shock redistributivo" que propone la CTA? La central 'alternativa' coloca el "seguro de empleo y formación" para los jefes de familia desocupados dentro de una propuesta de "circuito económico de emergencia" que debería integrar "todo el gasto social". Es decir que el seguro de "empleo y formación" unificaría todos los planes de asistencia y de 'empleos' transitorios.
Pero, ¿por qué la CTA llama seguro de empleo y formación a lo que debería ser un seguro de desempleo?
La respuesta está en el propio folleto (27), cuando se señala que cada municipio hará un relevamiento de los recursos humanos ociosos (fundamentalmente jefes de hogar) y de la "oferta productiva que se encuentre en situación crítica o de paro forzado" (pequeños y medianos empresarios, microempresas, Ongs, etc.). Es decir que la CTA pretende empalmar al capital en quiebra y a los trabajadores desocupados a razón de 380 pesos por obrero. Es decir, que establece la tarifa de la superexplotación.
La CTA se enorgullece con sus 380 pesos de seguro de empleo y formación porque, dice, supera el salario mínimo, sin reparar que el salario mínimo ha dejado de existir en Argentina desde 1990 y que hoy no podría ser inferior a los 600 pesos. La CTA desestima la reivindicación de llevar el salario mínimo a ese nivel porque, dice, sólo beneficiaría a una minoría ocupada. La verdad es muy distinta: los 380 pesos están diseñados como un nuevo techo o tope salarial, y esto en condiciones de super flexibilización e inestabilidad permanente. Un negocio para las empresas y una desgracia para los trabajadores. Por otra parte, la elevación del haber mínimo jubilatorio a 450 pesos mensuales no está planteada sino en forma gradual, en tres etapas, y sujeta a a la obtención de una financiación subsidiada.
En el capítulo sobre el financiamiento de este plan de "seguro de empleo y formación", la CTA se propone gravar a las empresas privatizadas y a los concesionarios de peajes, de ferrocarriles y de canales fluviales privatizados. A la vez, dispondría un tratamiento fiscal diferencial para las Pymes a "fin de preservar las fuentes de trabajo".
Ahora bien, ¿hasta qué punto esta propuesta es propia de la CTA? Según la prensa (28), la UIA, como parte del Grupo Productivo que integra con las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y los empresarios de la construcción, también tiene una propuesta para "salir de la recesión y reactivar el mercado interno", antes de que "la crisis económica devenga en social y ambas lleven a una crisis política". También la UIA quiere gravar a los supermercados, empresas privatizadas y de servicios, para formar un "fondo de ingreso mensual para los jefes de familia". También la UIA quiere imponer un techo salarial.
"El 'shock redistributivo' de la CTA empalma con la propuesta patronal de la UIA y de Techint. La CTA está condicionada por el frente patronal. En toda la política de la CTA no hay una pizca de independencia obrera. Vehiculiza de un lado la política del ajuste (eliminación de todos los planes sociales en beneficio de un área única o circuito para la emergencia social), y es portavoz, por otro lado, de los planteos de la Unión Industrial y de los capitalistas del 'Grupo Productivo'…" (29)
También la "propuesta económica" de la CGT Moyano empalma con los planteos del "Grupo Productivo" de la UIA.
Denomina "shock de demanda" a una recomposición salarial del orden del 6 al 8% anual sin siquiera molestarse en considerar que bajo el sistema actual de flexibilidad horaria y de los ritmos de trabajo, y de rotación laboral, incluso esos aumentos ridículos podrían ser fácilmente desconocidos por cualquier patronal. El proyecto no dice nada, sin embargo, de imponer compulsivamente el cumplimiento de la jornada de ocho horas, ni de derogar la reforma laboral que autoriza el trabajo a prueba por un año y da piedra libre a las patronales en materia de condiciones laborales. Al ritmo del 6/8% anual no alcanzaría una década para recuperar los niveles salariales previos a la hiper alfonsinista, ni un cuarto de siglo para alcanzar los de 1975. Más grave, si cabe, esos porcentajes contrastan con el incremento de la productividad del trabajo en la industria y los servicios en la última década, que fue en promedio de más del 150%. ¿Pero antes que todo esto no habría que derogar las rebajas salariales recientemente decretadas por el ajuste? Antes de ir por más, habría que recuperar lo menos.
El shock de demanda también propone un subsidio de 350 pesos para el millón de jefes de familia desocupados. Deja afuera, por lo tanto, a otro millón de desocupados y a dos millones de los llamados sub-ocupados. El gasto estatal que supone este subsidio equivale a la suma de los actuales planes Trabajar, otros planes asistenciales, las asignaciones familiares y el seguro al desempleo. En la práctica no significa ninguna transferencia de ingresos para los desocupados, pero sí un pingüe negocio para los capitalistas, que dejarían de pagar algunas de esas cargas sociales. A guisa de un beneficio para desempleados le han metido a Moyano un negociado para patronales 'nacionales'.
El programa de la CGT sólo habla de las AFJPs, que se llevan anualmente en forma compulsiva casi 3.000 millones de pesos de los trabajadores, cuando propone aumentar los aportes patronales a empresas de servicios y bancos. Pero la UIA sí ha hecho saber que desea que se legisle para que los fondos de las AFJP sean invertidos "en la producción". Los bancos tienen sus propias ambiciones -que se dediquen a comprar sus carteras de créditos hipotecarios. Tanto estas propuestas como el procedimiento actual de que inviertan en acciones o títulos públicos, significarán la pérdida, a término, del dinero que allí están acumulando los trabajadores. Lo que la CGT hubiera debido reclamar es la transferencia de las AFJP al Estado y que las jubilaciones sean administradas por trabajadores y jubilados.
Ni el programa de la CTA ni el de la CGT Moyano resuelven el menor de los problemas de los trabajadores, pero sí servirán cuando sea debidamente "licuado" en la concertación con la UIA, para viabilizar la política de los capitanes de la industria y del campo, que piden subsidios y protección.
Con estos planteos programáticos, no es de extrañar que Moyano y De Gennaro, por ejemplo, han decidido lanzar una huelga de 36 horas que coincide con el retroceso que sus aliados del 'grupo productivo' que dirige Techint han sufrido a partir de las negociaciones por el "blindaje". Pero más importante que esto es que el llamado a parar está apoyado en el planteo vago de "cambiar el modelo" y no en una estrategia política independiente de la clase obrera y las masas. Los trabajadores son convidados a hacer de furgón de cola de un supuesto nuevo 'modelo', cuyo contenido lo acabará fijando un sector de la gran patronal, y no a establecer un programa propio y una organización alternativa capaz de asegurar la unidad en la lucha y de ser, como consecuencia de esa lucha organizada sobre nuevas bases, una alternativa de poder.
Toda la política de la burocracia está determinada por su subordinación a los dictados de la política de la patronal 'productiva'.
Después de la primera movilización contra los proyectos de reforma laboral, el 24 de febrero, la dirección moyanista planteó "cambiar el modelo" por medio de la concertación. Así pasó la reforma laboral. Después del paro del 9 de junio, otro "llamado a la concertación" que sirvió para que pasara la rebaja salarial. Lo mismo han vuelto a hacer después del enorme paro de 36 horas. Así pasarán la rebaja jubilatoria y el boletazo. La política de 'cambiar el modelo' a través de la "concertación", en lugar de la lucha firme hasta arrancar las reivindicaciones, se ha convertido en una contraseña para que el gobierno y las patronales sigan golpeando.
Por una salida obrera a la crisis
Las burocracias sindicales llaman a la "concertación" justamente cuando la experiencia de las luchas del último período, y en particular de los últimos meses, muestran la impostergable necesidad de una lucha de conjunto y de una política independiente. El levantamiento del corte de la Ruta 3, a mediados de noviembre, desconociendo el impulso que había dado a otros numerosos cortes de ruta, dejó aislados a todos los demás y contribuyó para que el gobierno zafara de la emergencia. No se trata de proponer una escalada de cortes de ruta, unos aislados de los otros, con la sola reivindicación de planes 'Trabajar' ("por diez, mil Matanzas", propone el Pcr-Ptp), sino de una política de conjunto.
Reclamar una huelga general activa no ya de 36 sino de 72 horas y un plan de lucha hasta arrancar la derogación de la rebaja salarial, de la reforma laboral, de la rebaja de las jubilaciones y de todas las medidas antiobreras en marcha.
Convocar a un congreso nacional de desocupados y un congreso obrero de bases porque necesitamos la deliberación de las decenas de miles de piqueteros que han protagonizado los grandes movimientos de lucha de los últimos tiempos, para impulsar la huelga general indefinida, para elaborar un plan económico de conjunto de la clase obrera y para convertir a la clase obrera en dirección política de los explotados (y no en el furgón de cola de los "frentes nacionales" con la burguesía 'productiva', y para luchar por el pasaje del gobierno a una Asamblea Constituyente libre y soberana que reorganice social y políticamente a la Argentina.
Notas:
1. La Nación, 4 de setiembre de 2000.
2. Prensa Obrera, 7 de setiembre de 2000.
3."La envergadura de la crisis política desatada en el Senado de la Nación plantea la necesidad de convocar en forma inmediata a una Asamblea Constituyente", Proyecto de Declaración presentado por el Partido Obrero en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Reproducido en Prensa Obrera, 24 de agosto de 2000.
4. La Razón, 9 de octubre de 2000.
5. Clarín, 8 de octubre de 2000.
6. Clarín, 7 de octubre de 2000.
7. La Razón, 26 de octubre de 2000.
8. El País, 29 de octubre de 2000.
9. Ambito Financiero, 30 de octubre de 2000.
10. Gazeta Mercantil Latinoamericana, 9 de octubre de 2000.
11. "Una nueva crisis mundial, una crisis inminente del gobierno de la Alianza". Documento político aprobado por el XI Congreso del Partido Obrero (25 al 29 de mayo de 2000). Reproducido en Prensa Obrera, 25 de mayo de 2000.
12. Gazeta Mercantil, 13 de noviembre de 2000.
13. Idem anterior
14. The New York Times, 2 de noviembre de 2000.
15. Financial Times, 10 de noviembre de 2000.
16. Gazeta Mercantil, 6 de noviembre de 2000.
17. Financial Times, 10 de noviembre de 2000.
18. The New York Times, 13 de noviembre de 2000.
19. Financial Times, 10 de noviembre de 2.000.
20. Prensa Obrera, 16 de noviembre de 2000.
21. Ambito Financiero, 10 de noviembre de 2000.
22. Prensa Obrera, 30 de noviembre de 2000.
23. Financial Times, 10 de noviembre de 2000.
24. La Nación, 19 de noviembre de 2000.
25. Prensa Obrera, 30 de noviembre de 2000.
26. Prensa Obrera, 15 de junio de 2000.
27. Instituto de Estudios y formación de la Central de Trabajadores Argentinos; "Programa para la emergencia".
28. Página/12, 20 de junio de 2000.
29. Prensa Obrera, 29 de junio de 2000.
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