Primer Congreso del Partido Obrero de Olavarría

1. Introducción

 

Desde una perspectiva simbólica, el dato que circula a nivel del sentido común es que "en Olavarría nunca pasa nada", los procesos locales serían reflejo de lo que acontece en la urbe y las decisiones (políticas, gremiales) "bajan" desde el centro a la periferia previamente digeridas.

 

Al margen del falso valor de verdad de esta aseveración, procesos con dinámica propia se desenvuelven en sentido opuesto; cabe preguntarnos, ¿a quién sirve sustentar dicha afirmación?

 

A aquella primera le sigue una segunda afirmación: "La gente de acá no da", fundamentalmente, a la hora de discutir las decisiones autónomas de los explotados para dar satisfacción a sus necesidades, para defender sus intereses de clase.

 

Políticos patronales y burocracias sindicales suman a coro sus voces para ocultar en la opacidad sus correspondientes responsabilidades, que han concluido para sumir en profundas derrotas y -peor aún- en una tremenda desmoralización a las masas laboriosas locales, en particular a las del proletariado industrial.

 

Pero como es la existencia la que determina la conciencia, a pesar de la acción cómplice de los aparatos de reproducción cultural (medios, colegios), de la "contención social" (que en la ciudad es vastísima) de la Iglesia y la burguesía, existe una franja de explotados que habiendo recorrido -dolorosamente- las distintas "alternativas" patronales, desde el PJ al Frepaso, ha comenzado a discutir la necesidad de organizarse, no de cualquier manera, sino independientemente de los partidos de la hiperinflación, de la privatización, del indulto, del desempleo y del ajuste. Trabajadores que hicieron la experiencia con la izquierda democratizante, en el Frepu, el PC o el Mas, y que, con una mayor disposición, o con muchos prejuicios todavía, pero con el objetivo de encontrar una salida, están discutiendo con el PO local las alternativas para construirla.

 

En este contexto, la realización del primer congreso del PO de Olavarría, única instancia deliberativa y resolutiva en muchos años entre los partidos actuantes en el medio político local, revela la voluntad del partido de ir a fondo en la perspectiva trazada por el XI Congreso del PO: "No se trata de plantear en abstracto el problema del crecimiento del Partido, la cuestión decisiva para los trabajadores es construir su herramienta revolucionaria para poder triunfar y darle una salida obrera a la crisis" (1), también en Olavarría.

 

2. La Crisis Económica

 

2.1. El Toar

 

La burguesía local intentó, hace unos años, la "regionalización" como estrategia para capear juntos el decrecimiento de la tasa de ganancias, no "pisarse el poncho" y plantarse como lobby ante la Provincia. Y los órganos crediticios fueron la premisa. Así, Tandil, Olavarría y Azul (TOA) inauguraron una modalidad que, según Clarín, "suma a 115 de los 134 municipios bonaerenses", bajo la forma de "consorcios o corredores productivos", distribuidos en 14 uniones, fuera del conurbano (2).

 

Sin embargo, la estrategia regionalizadora -que en la zona ha incorporado a Rauch, por lo que se denomina Toar- ha demostrado rápidamente sus límites. Cuando el Concejo Deliberante (HCD) local produjo un Proyecto de Comunicación para elevar a la Comisión de Mapa Judicial de la Provincia, solicitando que se incluya a Olavarría como Departamento Judicial, estalló la polémica con Azul que detenta esa categoría desde hace años y teme perder la integridad de su propio Departamento. Las amenazas de ruptura del corredor Toar aún no se extinguieron.

 

El Toar, sin embargo, debe servir para unir las luchas de los explotados de esas cuatro ciudades, asociados por industria y aun por sindicatos, a efectos de que una avanzada patronal de una ciudad encuentre la respuesta unificada de los trabajadores de la región. La UOM, por ejemplo, es seccional en Tandil, y Olavarría es delegación dependiente de la anterior. Judiciales de Olavarría coparticipan con los azuleños del gremio seccional Azul.

 

Ante el cierre de metalúrgicas en Tandil, las recientes 160 suspensiones en Cerámica San Lorenzo -aún vigentes y con perspectiva de despidos- de Azul, cabe plantear una respuesta de esta naturaleza.

 

Creemos necesario plantear a las CGTs regionales: Congreso de Delegados del Toar.

 

2.2. El "Impuesto a la piedra" y la industria minera

 

La extracción minera está gravada por una tasa (el 4% originariamente, reducida al 2% en el gobierno de Portarrieu durante la última dictadura, y que ninguno de los gobiernos, desde el '83, volvió al porcentaje que corresponde por Ordenanza). Esa tasa constituye una de las principales fuentes de ingresos del erario municipal. Se cobra según los valores de extracción que declara cada empresa (!). En sólo quince días acontecieron recientemente dos hechos que, aparentemente contradictorios, concurren en un mismo sentido: garantizar las ganancias empresariales a costa del interés de las mayorías. El 14 de junio, el secretario de Hacienda municipal anunció que la "recaudación (del Impuesto a la piedra) cayó en un 27% con referencia al período diciembre '98-abril '99". El secretario, del partido radical, de Línea Nacional, dijo también que "descree de prontas reactivaciones y que se va a necesitar de mucho tiempo y esfuerzo" (3). Esa merma significa una disminución de la recaudación del orden de los 533.813 pesos. 

 

Quince días después, Loma Negra inaugura en Vicente Casares, cerca de Ezeiza, el Supercentro Logístico Loma Ser, única planta de esa naturaleza que existe en el país, la más moderna de América Latina, con un silo capaz de almacenar 18.000 toneladas de cemento, el más moderno de los pocos que existen en el mundo. Amalita explicó, en ese día de gloria, la expansión que encara la empresa, "con inversiones que suman 450 millones de pesos en tres años" (4). El presidente De la Rúa, a su turno, dijo que "el crecimiento de la economía está a la vista" (5).

 

¿Qué expresa esto? Ni más ni menos que la voluntad de las patronales, como ya anunciaran las empresas mineras de Tandil, es dejar de pagar el ínfimo "impuesto" (tasa) que abonan por usufructuar un bien no renovable.

 

Debemos impulsar: 1) volver al valor histórico del cobro del "Impuesto a la piedra" (4%), como paso transicional al cobro progresivo de un impuesto a las grandes riquezas; 2) apertura de los libros de las empresas; 3) publicidad (deben ser de dominio público) de las declaraciones de producción de la empresa, para que sean cotejadas con los informes confeccionados por los trabajadores.

 

La inauguración de esa gran red de entrega de materiales gruesos que es la planta de Vicente Casares, significará el envío del cemento a granel (no embolsado) desde Olavarría, vía Ferrosur, el tren subsidiado, y usufructuado por Amalita; Ferrosur adeudaba, hace ya un año atrás, más de veinte millones de pesos en concepto de canon de concesión y habría incumplido, además, con las inversiones comprometidas, lo que le valió un dictamen de la Auditoría General de la Nación, que recomendó "severas sanciones". No fructificaron por el pedido de Menem a los legisladores de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones (6).

 

El envío a granel hará más difícil aun la constatación de lo efectivamente producido. El circuito sería Lamali-Vicente Casares.

 

Según declaraciones públicas de Amalita, el funcionamiento de Lamali "redundará en mayor empleo". Sin embargo, se estima la pérdida de por lo menos el 50% de los puestos de trabajo actuales en la planta de Loma Negra, en Olavarría, y la planta San Martín, en Sierras Bayas -que también adquirió el grupo Fortabat. De hecho, en el curso del presente año, en Loma Negra, 91 operarios abandonaron la fábrica vía "retiro voluntario" o "prejubilaciones", además de los mensuales.

 

Del mismo modo, Calera Avellaneda (de capitales españoles) está liquidando puestos de trabajo vía "prejubilaciones", que se incrementarán al concluirse el nuevo horno, hasta un número de cuarenta. Los hornos actuales (Horno I y Planta II) producen 900 y 2.000 toneladas diarias, respectivamente. El nuevo producirá 3.000 con 40 operarios menos.

 

Lo propio acontece con las ceramistas (excepto Losa, de Techint, que no produjo despidos al momento, aunque sí suspensiones). Cerámica Cerro Negro, de capitales irlandeses, produjo en los últimos 10 años el despido de 600 obreros y 500 jerárquicos y administrativos; en el transcurso del presente año, despidió 51 compañeros.

 

Las empresas menores y otras ramas de la industria han provocado despidos y cierres.

 

De conjunto, el Parque Industrial de Olavarría (PIO I y II) está poblado de carteles de venta y alquiler.

 

La incorporación a fábrica de "nuevas tecnologías", modelos de "flexibilidad y calidad" del tipo Toyota (calidad total) y variantes -TQC (Total Quality Control)-, bajo el eufemismo de la "capacitación" ha multiplicado la multifuncionalidad y la modificación de puestos de trabajo, salarios y políticas de empleo, por fuera de los convenios.

 

Ante esta gravísima situación es preciso plantear: 4) control obrero de la producción; 5) control por las comisiones internas del cumplimiento de los convenios. Sí a los convenios por industria. Fuera la reforma antilaboral; 6) prohibición de las suspensiones y despidos; 7) expropiación y reapertura bajo control de los trabajadores de toda empresa, fábrica o taller que cierre. Crédito con garantía oficial (de la provincia) para la fábrica reabierta con gestión obrera.

 

Entre 1980 y julio de 1997 se perdieron 2.094 puestos de trabajo que contribuyeron al 53,6% del incremento de la desocupación en la ciudad. Esto, según un estudio de la Provincia y Naciones Unidas, que indicaba sobre una población económicamente activa de 37.465 (el 48,7% del total de habitantes), la existencia de un 12,1% de desocupación (datos de julio del '98, última medición de la ciudad); y un 27,8% de subocupados. Ante la creciente pérdida de fuentes de trabajo debemos plantear: 8) censo del total de las horas de trabajo disponibles, para proceder a su reparto sin afectar el salario; 9) censo de desocupados, con redefinición de categorías, bajo el control de los trabajadores desempleados.

 

Ante la situación de que un 71% de los compañeros subocupados percibe ingresos menores a 400 pesos, y que las compañeras trabajadoras son las más afectadas -47,2% subocupadas y el 15,1% desocupadas, percibiendo menores remuneraciones, ya que las consideradas con "ocupación plena" ganan de 200 a 400 pesos-, debemos plantear: 10) salario mínimo de subsistencia igual a 600 pesos; 11) igual salario por igual tarea para las compañeras trabajadoras; 12) salario igual al costo de la canasta familiar.

 

2.3. El campo: situación límite del pequeño y mediano productor; el peón rural, otro desocupado

 

La situación del pequeño y mediano productor rural del Partido de Olavarría es desesperante.

 

Si bien podemos coincidir con el compañero Enrique Morcillo (7) con referencia a que "el problema del endeudamiento con los bancos pasa a ser, a partir de la década del '90, el principal problema económico-social en la Pampa húmeda", es importante caracterizar cuál es el origen de ese endeudamiento, cuáles su magnitud, de qué manera afecta las relaciones sociales y cómo incide en el esquema de la economía regional.

 

Existe una coincidencia en explicar que el quiebre comienza a fines de los años '60 y principios de los '70, con la reestructuración de las multinacionales alentadas por la desregulación del sistema financiero mundial. El imperialismo, bajo el eufemismo de la "globalización", condena paulatinamente a distintas regiones del planeta a la quiebra, en favor de trusts que incluso libran, como en el caso de la industria agroalimentaria, durísimas batallas por el mercado.

 

"La reestructuración de los mercados agroalimentarios globales, integran desigualmente regiones y clases al interior de los países, convirtiendo en marginales a las regiones cuya producción no está destinada a los nuevos sectores ligados a la exportación" (8).

 

Esto es típico en el caso de la Argentina, relativizada como exportadora de carnes, para priorizar otras regiones cuya producción se adecúa a los "nuevos sectores" ligados a la exportación (soja, girasol para la producción de aceite), "donde las agroindustrias han tomado posiciones relevantes en materia de fijación de precios, afectando a productores agropecuarios y consumidores" (9).

 

No queda más opción para un amplio sector de intelectuales, que reconocer lo que con mucha antelación había descripto Lenin en Imperialismo, etapa superior del capitalismo. "El capital ha superado el límite de la organización económica nacional, subordinándola a los mercados globales de mercancías (en bienes de producción y consumo, dinero y, a veces, trabajo) atravesando los límites nacionales. Los fundamentos históricos del Estado-nación en la 'nacionalización' del capital (en instituciones como banco central, el cambio fijo, cuentas nacionales y comercio internacional) están siendo erosionados" (10).

 

Aparece con meridiana claridad cuál es la incidencia del imperialismo y sus instituciones en la actual situación de quebranto que presenta el sector. "Un nuevo orden agroalimentario mundial, bajo las órdenes de los mecanismos e instituciones de regulación global: el FMI, el Banco Mundial, Gatt, reestructuran los sistemas de la posguerra". El nuevo orden mundial "se caracteriza por una encarnizada competencia de los países del norte, EE.UU., Canadá y la Unión Europea por el control de los mercados. Esta guerra profundiza las asimetrías Norte-Sur, ya que los tradicionales mercados de los productores de materias primas agroexportables son ocupados por los países desarrollados" (11).

 

Las consecuencias están a la vista en Olavarría: "La baja rentabilidad de los productos agropecuarios no ligados a la actividad exportadora, unida al alto costo del crédito, producen la descapitalización del agro, el endeudamiento y desaparición de productores agropecuarios y la disminución de las fuentes de trabajo" (12).

 

2.4. Endeudamiento y quiebra: nueva tendencia al latifundio

 

Un trabajo aún inédito del Inta local, da cuenta del nivel de endeudamiento de los productores de la zona. Parte de caracterizar que la deuda total para el período marzo '97 a marzo '98 (datos del Banco Central) "es la mayor de la década, (donde) el contexto financiero mundial aumenta el riesgo y limita las posibilidades de crecimiento" (13).

 

El estudio señala que el 61% de los productores del área están endeudados. La deuda asciende a 76.356.022 pesos, correspondiendo el 73% a deuda con la banca oficial, y el 27% restante a deuda con bancos privados.

 

La deuda corresponde a 1.799 productores sobre un total de 2.959 al momento del trabajo. El promedio de deuda por productor es de 42.443,60 pesos, pero en Olavarría se registra el más alto porcentaje de deuda por productor, 46.867 pesos.

 

A los valores del momento del trabajo, se necesitaban cuatro años y medio de producción de maíz para pagar la deuda; un año y siete meses en valor de producción de trigo, o un año y cinco meses en valor de producción de novillos.

 

Un trabajo de productores rurales de General Lamadrid (de marzo de 1999) patentiza la situación en un ejemplo ideal, en el cual el productor no tiene deuda previa.

 

Se ejemplifica en un campo tipo de la zona de 500 hectáreas -en adelante ha- (la unidad productiva agrícolo-ganadera la consideramos en 360 ha), con 200 ha de campo bajo, sólo apto para cría, 120 ha para trigo, 80 ha para girasol y 100 ha para pasturas para los terneros que se crían en el campo.

 

Según el trabajo, "hace seis meses, la tonelada de trigo valía 120 pesos la tonelada. Lo producido en nuestras 120 ha (a razón de 2.500 kg/ha), deducidos gastos de implantación y cosecha, generaba 11.371 pesos. El precio descendió a 93 pesos la tonelada, por lo que el margen se reduce a 5.117 pesos, un 55% menos".

 

"En materia de ganadería, ejemplificamos sobre esas 200 ha una producción de 180 kg por ha, por año. Hace seis meses el precio era de 1,10 pesos el kg, restando gastos por pasturas, sanidad, reparaciones y el sueldo de un único peón, dejaba 36.066 pesos. El precio bajó a 78 centavos el kg, por lo que la ganancia es de 20.687 pesos, un 43% menos".

 

"Sumando las tres actividades, hace seis meses se llegaba a 57.822 pesos, pero en la actualidad se obtienen 26.144 pesos". "Los costos fijos (impuesto inmobiliario, contador, vehículo, aportes) alcanzan los 18.000/18.500 pesos".

 

En esas condiciones ideales para el ejemplo -sin deuda y sin inconvenientes climáticos- "en el lapso de seis meses, donde percibía 3.318 pesos por mes, pasa a obtener 637 pesos por mes (un 81% menos), pero como se le cobra un impuesto a la renta presunta que significa, para esas 500 ha, alrededor de 3.750 pesos por año, su ingreso mensual efectivo será de 325 pesos".

 

Pero, como señalamos antes, la realidad señala que el 61% de los productores están con deuda, por lo que, ante el ejemplo descripto, que con pequeñas variantes nos sirve para Olavarría, debemos agregar un dato que se reproduce cada vez con mayor intensidad, y es la desaparición de pequeños y medianos productores rurales: el trabajo ya citado del Inta local, utilizando como fuente (14), observa una disminución de los 2.158 productores registrados en 1990 a sólo 1.354 en 1999, equivalente a un 37% menos.

 

Datos propios nos indican que entre 1998-99 y los primeros meses del presente año existirían alrededor de 200 nuevas bajas.

 

La crítica situación para los que aún persisten, sumado a la desaparición de productores, ha generado otra situación no considerada aún, salvo en el caso de la vecina ciudad de Azul, y es la creciente desocupación del peón rural, por la desaparición indicada del patrón, o por la radicación en el campo -y su consecuente reemplazo- de los propios pequeños y medianos productores y sus familias.

 

En el Partido de Azul, que comprende la ciudad de Azul y las localidades de Cacharí y Chillar, en 1997 existían 1.838 trabajadores rurales. En 1999 esa cifra se redujo a 1.236 (15).

 

Los datos precedentes nos hablan de 602 trabajadores rurales con sus respectivas familias que han pasado a engrosar el ejército de desocupados, con movimientos migratorios a las ciudades, generando una nueva periferia.

 

2.5. Los nuevos dueños

 

Hemos verificado dos datos fundamentales en los cambios que se producen en el régimen de propiedad de la tierra: por un lado, el pasaje de sectores industriales (y de la agroindustria) a desplazar al productor y apropiarse de sus campos. Serían los casos de Desa "Aceite Patito", en Olavarría, y Stanislavsky (Stani), en Azul. Sabemos también de Acindar, en nuestra ciudad, en la zona de Recalde. Y, naturalmente, también el grupo Fortabat.

 

Otro de los sectores no tradicionales que se están apropiando de campos son comerciantes, políticos, banqueros.

 

La resistencia a esta situación la materializa el Movimiento de Mujeres Agropecuarias, que en nuestra ciudad impulsaron la As.U.Ser.Fi (Asociación Permanente de Usuarios de Servicios Financieros), que hoy se encuentra en 14 provincias.

 

Tanto productores endeudados como las Mujeres señalan la existencia de una "maffia", "La Liga", integrada por banqueros, testaferros, rematadores, que compran a precio de regalo los campos; y aún más, manejan las ofertas de los remates para que, al no subir, les permitan apropiarse también de las herramientas y casa de los endeudados, de modo que ese conjunto de bienes cubra el monto reclamado.

 

Ante el éxito (relativo) en parar los remates (en Olavarría, las mujeres pararon tres remates), "La Liga" va a los mismos, armada y procurando intimidar a los productores.

 

La actividad de parar remates ha llevado al procesamiento de una de las mujeres más activas del grupo, bajo cuatro cargos. Según denuncian, el ejemplo paradigmático de cómo la crisis rural repercute en el conjunto social, es Henderson, donde el total de deuda dividido por habitante resulta en una deuda individual de 7.000 pesos.

 

Mariano Grondona aparece como otro de los nuevos compradores, y extrañamente exitoso en su producción (en Henderson), en un contexto de campos inundados y creciente empobrecimiento de suelos que lleva a venderlos ¡a 100 pesos la ha!

 

Grondona, quien también compró en Carlos Casares, adquirió en Olavarría alrededor de 6.000 ha. Otra de las características que aparecen son los "compradores fantasmas" mediante testaferros, que dejan los campos sin producción, por lo que se sospecha que habría allí lavado de dinero.

 

¿Qué programa levantan los productores?

 

Básicamente, el planteamiento de las Mujeres Agropecuarias en Lucha está resumido en un Proyecto Legislativo de las diputadas Curletti y Carrió (que ya fracasó en su intención de ser tratado), donde se solicita la refinanciación a treinta años, al 6 u 8%, con cinco años de gracia.

 

Un grupo de productores de Coronel Pringles ha elaborado un "Plan Antiabismo" (24/3/99) que plantea:

 

* Fondo de Riesgos Climáticos para el sector Agropecuario, que cubra todos los siniestros naturales, con la participación de compañías de seguros, bancos y los estados nacional y provinciales.

 

* Precio sostén para los principales productos (130 pesos para trigo, 175 para girasol, 90 para maíz). Los fondos para ese seguro deberían salir de los presupuestos nacional y provinciales.

 

* Ganado: un sistema de ordenamiento comercial similar al que existe en Uruguay: el productor cobra su venta por intermedio de un banco, pagando una pequeña comisión.

 

* Insumos: desgravar los insumos de la producción: gasoil, agroquímicos, fertilizantes, maquinarias agrícolas, seguros, etc.

 

* Impuestos: liberación de impuestos, según la siguiente escala patrimonial: hasta 300.000 pesos, 4 años; desde 300.000 a 500.000, 3 años; desde 500.000 a 750.000, 2 años; desde 750.000 a 1.200.000, 1 año.

 

* Endeudamiento: recálculo de deudas por todo concepto a una tasa anual de 5%, desde la convertibilidad hasta la fecha. Refinanciación de saldos incluyendo descubiertos a 20 años con gracia de pago de acuerdo con la escala detallada más arriba.

 

El documento finaliza proponiendo "buscar apoyo de las instituciones representativas del sector y buscar entre todos las medidas de fuerza adecuadas a tan titánica lucha". As.U.Ser.Fi, por su parte, reclama en un volante (16) "suspensión inmediata de ejecuciones judiciales y remates de bienes dados en garantía, hipotecas y/o embargos por deudas con el sistema financiero o impositivo; y revisión del monto de deudas, recálculo (eliminando intereses y punitorios usurarios), y refinanciación de acuerdo con las posibilidades reales de pago, con años de gracia y tiempo suficiente."

 

La Sociedad Rural de General Lamadrid, por su parte, "sugiere la adopción de las siguientes medidas: a nivel nacional, refinanciación, mediante el Banco Nación, de los pasivos aunque no hayan caído en mora; eliminación del Impuesto a la Renta Presunta; eliminación del Impuesto sobre Intereses (15%); a nivel provincial, refinanciación mediante el Banco Provincia, de créditos a mediano y largo plazo; flexibilización en los pagos de impuestos provinciales; a nivel municipal, flexibilidad en los pagos y rebaja a los valores anteriores de la tasa vial; reprogramación de los gastos del municipio; suspender el tratamiento del Proyecto de privatización del servicio de mantenimiento de la red vial."

 

En líneas generales se reiteran los reclamos de recálculo de deuda, reducción de la tasa anual y plazos de pago, desgravación impositiva y subsidios.

 

Aparece aquí un aspecto conflictivo, y es que algunos productores piensan (es el caso de las Mujeres Agropecuarias) que la refinanciación promovida por Bonetto implicaría un reconocimiento de la deuda a valores totales (reconocimiento de los intereses usurarios), lo que complicaría aún más la situación en la perspectiva de una privatización del Banco Nación.

 

"El campo tiene una salida"

 

Aparecen claramente dos elementos: los hiperbeneficios de los monopolios industriales asociados a terratenientes que "ganan cuando los precios suben, y ganan cuando los precios bajan", tal como señalamos en Prensa Obrera, reproducido por El Popular (17); y el carácter dependiente de nuestra economía, que en un contexto de crisis capitalista mundial revienta aún más las fuerzas productivas de los países periféricos.

 

Volvemos a señalar que no existe ninguna salida para los pequeños productores desde las propuestas de Carbap o la Sociedad Rural. Añadimos la inviabilidad de los proyectos legislativos de partidos patronales, como el caso de la ley Carrió, en un contexto de reducción del gasto público para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa.

 

Creemos que la salida para los productores no puede darse sin la vinculación con las restantes clases explotadas, la clase media pauperizada y la clase obrera; pero que tal perspectiva debe procurarse bajo la dirección política de la clase obrera. Para ello, debemos presidir todo reclamo con las siguientes medidas fundamentales: no al pago de la deuda externa, y nacionalización de la banca y del comercio exterior.

 

Estas medidas debemos debatirlas ciudadosamente con los productores, para explicar con total claridad el rechazo que encontrarán en las direcciones de las entidades agropecuarias, por la ligazón de éstas con los negocios bancarios y comerciales, e incluso con la exportación.

 

Es necesaria una nueva dirección para los productores rurales en lucha.

 

Una dirección que aprecie la necesidad de la ruptura con los partidos políticos que, tradicionalmente, representaban sus intereses y ahora más que nunca se revelan como agentes del imperialismo y del gran capital.

 

Creemos necesario, implementar también medidas de transición para el problema del productor rural:

 

* Somos partidarios de la expropiación de los grandes latifundios y "su puesta en manos del Inta para producción y experimentación, administrado por los municipios bajo control de los trabajadores" (18). Hasta que eso ocurra, se debe imponer un impuesto creciente y progresivo a los grandes latifundios y a los pulpos agroindustriales, proporcional a la desgravación impositiva para las unidades de producción familiar.

 

* Sobre la base de la recaudación impositiva a las grandes extensiones y capitales, y de la afectación del impuesto inmobiliario, un plan hidráulico bajo control de los trabajadores y productores agropecuarios afectados por las inundaciones.

 

* No a las ejecuciones judiciales. Constitución en Olavarría de una Mesa contra los Remates, tanto de campos como de viviendas de trabajadores en la ciudad.

 

* Por el desprocesamiento de los productores que enfrentan los remates. En Olavarría, por el desprocesamiento de Cristina Sabattini. Unificación de los recursos puestos al servicio de la lucha judicial por estos casos con los de los procesamientos eventuales a trabajadores y desocupados que tomen fábricas o corten rutas.

 

* Condonación de las deudas de los pequeños productores. Créditos que se adecúen a la racionalidad de la producción: agricultura, ganadería o mixta. Anulación de las deudas por tributos diferidos en épocas de catástrofe.

 

* "El Inta debe desarrollar una planificación de la producción rural que sea una guía para los chacareros, que deben intervenir directamente en su gobierno en conjunto con el personal de la institución. Presupuesto para el Inta. Fuera la privatización al servicio de las grandes corporaciones cerealeras y de la alimentación" (19).

 

3. La situación política actual

 

3.1. La reelección de Eseverri

 

El nuevo período de Eseverri al frente del Ejecutivo municipal tiene por características: a) el inédito porcentaje que lo llevó al triunfo electoral (62%), y b) el precipitado derrumbe de las denominadas "cartas" que acreditaron tal victoria; el plan de autoconstrucción "El Hornero" y su titular, Iturregui, al cargo de Secretario de Vivienda, acusado de falsificar 380 préstamos del Instituto Provincial de Vivienda (imposibilidad de mostrar qué destino tuvo un millón de dólares, falta de resultados a la hora de analizar el total declarado de mil viviendas); de las fuentes de trabajo que significaría el emprendimiento Lamali, en el paraje "La Pampita", del grupo Fortabat, para lo que prestó personal e instalaciones municipales a efectos de inscribir, antes de las elecciones, a los "casi mil trabajadores que accederán a trabajo por dos años". La realidad muestra que, de los dos mil trabajadores inscriptos, sólo han accedido alrededor de cuatrocientos, rotativos, bajo la supervisión delatora de la Uocra local; para garantizar que no ingresen activistas se trajo, como mano de obra semiesclava, a compañeros bolivianos y peruanos. El tercer 'caballito de batalla' es el autódromo, para cuya realización se prestó una suma de dos millones doscientos mil pesos, para una obra que "reactivaría el mercado local, la hotelería, generaría una constante presencia en la ciudad de contingentes y dinero"; pero Amco, institución beneficiaria del "préstamo", acaba de devolver no el dinero, sino el autódromo al municipio, revelándose que no se trató de un préstamo, sino de un subsidio. Todo por una obra que no trajo a nadie, no reactivó nada y, por supuesto, no arrimó más que deuda. Por primera vez comienza a cuestionarse la "virtud" del político patronal de mayor trayectoria, que con 50 años de actividad política ha sido concejal, senador, gobernador de Tierra del Fuego y tres veces intendente.

 

No obstante, la burguesía se esfuerza en sostenerlo, ante la crisis que se abriría al "soltarle la mano". Aquí una primera contradicción: la gestión oficial abrirá, al impulso de un contexto general de crisis, una crisis también en la ciudad; parcialmente oculta y, por el momento, sostenida merced a la contención social desde el asistencialismo (Acción Social, Cáritas, Damas Vicentinas, Leones, Rotary), y por la complicidad de la burocracia de la recién unificada CGT, que buscó a Eseverri para concertar.

 

Telón de fondo, la deuda acumulada por el municipio, que, sin que se conozcan cifras precisas, estimamos en más de 22 millones de pesos, alrededor del 55% del presupuesto municipal anual (aproximadamente 40 millones).

 

3.2. La crisis de la oposición burguesa

 

El PJ, que en octubre pasado realizara su peor elección histórica, reproduce en Olavarría su fragmentación nacional.

 

La pretendida reestructuración del "Movimiento", con un presidente de partido de extracción gremial (secretario general de Empleados de Comercio), procura exorcizar el perfil que le impuso el ex diputado, ex candidato a intendente y, prácticamente, ex vecino de Olavarría, García Blanco. Sólo la desacreditación política del hombre (pública y conocida), tanto como su desacreditación moral -menos conocida, trajo al Centro de Empleados de Comercio de Olavarría al asesino Massera, para la apertura de "un ciclo cultural y de análisis de la realidad nacional" (20)-, hace harto difícil la tarea. El sector de Silly Cura (dirigente con la Amarilla de Coopelectric), también golpeado por el "affaire" cheques y la disputa en torno del desdoblamiento de la factura de luz, no logra levantar cabeza, luego de la derrota ante Alicia Tabarés en las internas. El otro candidato, ex presidente del Inta y actual secretario de Asuntos Agrarios de la Provincia, Larreche, se esfuerza por montar una estructura (que no tiene, luego de años de ausencia en la ciudad).

 

Lo evidente es que nadie del PJ se anima aún a enfrentar al todavía hegemónico eseverrismo. Por el contrario, el recién ingresado primer concejal del PJ, secretario general de Luz y Fuerza y secretario general de la CGT, fue uno de los mentores de la reunificación de la CGT, que tuvo como primera acción pública… el llamado a una reunión con el intendente para acordar una "concertación" local. Estrecho panorama el que materializa el PJ: "concertación" y gobernabilidad.

 

El Frepaso, por su parte, está partido entre el sector que a nivel provincial responde al diputado Mosquera, integrado a la Alianza, con Eseverri y el Partido Conservador; el concejal Méndez (de la Corriente), por fuera de la Alianza y que acaba de perder el control del aparato del Frente Grande a manos de los primeros; y el sector de Iturregui (Vivienda), que abandonó el Partido Unión Vecinal -creado por él mismo-, para afiliarse al Frente Grande desde el Encuentro Popular, con la intención de desplazar definitivamente al sector de Méndez. Este sector es el que al quedar fuera de la Alianza, alentó las denuncias contra "El Hornero", Vivienda Municipal e Iturregui.

 

El agotamiento objetivo de los representantes políticos del presente régimen en la ciudad se verifica también en la profunda descomposición que, con gran velocidad, va cobrando estado público. Por el momento, lo más evidente resulta la ruptura de sectores de trabajadores con el PJ, y la profunda decepción de sectores 'progresistas' ante la conformación de la Alianza local y también ante el sector frepasista que quedó fuera de ella.

 

3.3. La impasse del movimiento obrero local

 

Desde la perspectiva de las masas, pesa grandemente el hecho general de la atomización de la clase obrera, al que se suma el hecho particular de que ninguna de las luchas desenvueltas en nuestra ciudad en el último período ha triunfado. Loma Negra, luego de un paro reivindicativo, fue a una conciliación obligatoria, después de la cual la empresa logró, de enero a la fecha, el "retiro voluntario" de 91 trabajadores; Bolsas Olavarría despidió a sus 60 operarios; Cerro Negro, luego de derrotada la huelga de 17 días en el '91, despidió a… 600 obreros; los profesionales del Hospital sufrieron dos derrotas durísimas, el recorte del '95 y el golpe a la carrera médico-hospitalaria, el año pasado; Gatic se fue de noche y dejó en la calle a 30 operarios; el despido de los trabajadores del Banco Mayo local; de los docentes del colegio San Antonio -fueron a la huelga no iniciando las clases por la reincorporación de 5 compañeros, derrotados por la componenda patronal (la Iglesia) con la burocracia marplatense del Sadop-; los vecinos de Sierras Bayas perdieron el juicio contra el municipio por el pago del asfalto que, a los dos meses de hecho, se destruyó. El actual conflicto de los camioneros (recolectores de residuos) y Clear va en esa dirección, si los compañeros no superan el corset de la burocracia de Moyano, yendo al paro y tomando la planta.

 

Por el momento, el accionar de la burocracia o la ausencia de organización han contribuido a la presente impasse, pero es en verdad la ausencia de la percepción de la necesidad de la organización independiente, con un programa propio; en síntesis, la falta de inserción del partido; en particular, en el movimiento obrero industrial, lo que acentúa la crisis de dirección política en las masas locales.

 

Este panorama puede traducirse en la búsqueda, entre sectores medios progresistas y aún de trabajadores, de una 'alternativa' vecinalista, como la que no llegó a cristalizarse en octubre pasado, por la acción del Frepaso provincial. No creemos que la maniobra de ciertos sectores de la burguesía (intentada ya dos veces con Cavallo y aun con Patti, desapareciendo el día después de las elecciones, en el '97 y el '99), que ahora están armando Nueva Dirigencia, de Beliz, logre tener relevancia alguna.

 

Sin duda que para el PO se plantea un tremendo desafío militante y organizativo, toda vez que verificamos un creciente interés -incipiente todavía- por conocer nuestras posiciones: el acto del 1º de Mayo, que realizamos en la plaza central el 29/4; el conjunto de compañeros que viajaron a Buenos Aires el 1/5; los que participaron del acto Internacionalista en La Bombonerita; la asistencia a la charla y cena con Altamira; los trabajadores que vinieron a discutir la puesta en pie de un Polo Clasista en Olavarría.

 

4. Conclusión

 

Perspectivas y programas

 

El contexto en que se inscribe la situación local es por demás claro: ante la catástrofe de 4.000.000 de desocupados, el gobierno nacional 'aumentará' a… 200 mil los 'Planes', a razón de 160 pesos por 6 horas o 120 por cuatro.

 

El gobierno provincial del PJ, por su parte, implementó los 'Bonus' para jóvenes: ¡100 pesos por 8 horas diarias hasta un año!

 

¿Cómo responden a esto las centrales 'obreras'? La CTA -con el apoyo de Moyano- con la Marcha del Trabajo (que, por otra parte, fue apoyada por IU y el actual FOS, en su aspecto más retardatario: la juntada de firmas), la cual, al momento de redactarse el presente documento, había concluido con la promesa de "seguir juntando firmas" (!), en la pretensión de presionar por una "corrección" en el rumbo de la Alianza.

 

En el plano local, la cosa no es mejor: el Ejecutivo municipal, a pesar de haber señalado que el ajuste "ya se hizo", redujo la frecuencia de recolección de residuos y está concluyendo el desmantelamiento del área de Cultura con la disolución de la Sinfónica (80 empleados), y -otra vez- vendiendo patrimonio público (el edificio del Conservatorio de Música). De conjunto, entre la deuda provincial de coparticipación y la reducción de los ingresos por concepto de "Impuesto a la piedra", se dejaron de percibir 4 millones de pesos. No obstante, se pagaron alrededor de 750 mil pesos de la construcción del puente, cuando el gasto presupuestado para ese fin eran 250 mil pesos.

 

En verdad, los únicos que pagan son los trabajadores, ya que el cobro de tasas en los últimos meses ha sido superior al esperado.

 

La CGT unificada, ante esta intensificación de las suspensiones, los despidos, los cierres, ha salido a plantearle al intendente… una "concertación", a cuya mesa la última en llegar ha sido la Iglesia, aunque no por eso sin una eufórica recepción.

 

La ofensiva oficial de la Alianza y el FMI requiere de parte de los trabajadores de Olavarría la más firme respuesta. Es preciso (y muy necesario) superar la fragmentación del movimiento obrero local. La unificación "por arriba" de la CGT para concertar, plantea la necesidad de unidad de los trabajadores "por abajo" para luchar.

 

A la consigna "Congreso de delegados", que, como fue discutido en el XI Congreso del PO, "tiene un carácter de método" político, tenemos que darle la forma adecuada para la intervención. En el frente barrial (como recién quedó claro en el Barrio Lourdes), el planteamiento de Asambleas Populares, y el mismo método (la asamblea) para el movimiento juvenil. Un Congreso de bases de la docencia es absolutamente pertinente en Olavarría. Se debe capitalizar para una política independiente el 34% de los votos obtenidos en las elecciones del Suteba, que continúa en una brutal inmovilidad, con grandes contradicciones en su base por su dependencia del gobierno aliancista nacional.

 

La Asamblea de trabajadores desocupados constituye una consigna dinamizadora y potencialmente superadora de la impasse en que se encuentra la Coordinadora local, tanto como del trabajo disgregador y oportunista de "punteros". No basta un listado de reivindicaciones; hay que desenvolver un conjunto de acciones para imponer los reclamos. Ese debe ser el valor de un Programa y de una acción en desocupados.

 

Tal como se discutió en las reuniones por un Polo Clasista, se debe constituir una Mesa por el empleo y el salario o un instrumento similar, para nuclear y articular los reclamos de los ocupados y los desempleados, superando la fragmentación que sólo sirve a las patronales locales para deprimir el salario y volver más terribles aún las condiciones de trabajo. "Vayamos por lo nuestro: 600 pesos de salario, jubilación y subsidio, mínimo por 8 horas", debe convertirse en una consigna popular, que movilice detrás de un objetivo tan preciso como elemental: la subsistencia.

 

Basta de suspensiones y despidos en Olavarría: "que la crisis la paguen Amalita y los Techint". Debemos convertirlo en campaña, capaz de generar una gran movilización de los explotados locales. Campaña que debe proveer de una gran difusión, con debates con representantes de los partidos patronales y con su discurso: "No podemos regular, desde lo político, el funcionamiento particular de cada empresa del sector privado".

 

Ante la denunciada "dificultad" económica, que justifica para el gobierno aliancista municipal los recortes señalados, levantar la consigna transitoria: "Cobro del valor histórico del 'impuesto a la piedra' bajo control de los trabajadores".

 

A pesar de las dificultades que presenta, por la larga impasse ya descripta, el movimiento obrero industrial local (y justamente por ello), debemos esforzarnos en la construcción de un Polo Clasista. Sin la presencia de la política revolucionaria en los nucleamientos masivos de trabajadores (de los que ciertamente van quedando muy pocos, y con menor concentración), no podrá superarse el actual desmembramiento y la sensación de que cada uno está librado al azar, o a su propia capacidad de negociación y sobrevivencia. La política revolucionaria recuperará el valor del colectivo, de la clase.

 

Construyamos un gran partido de la clase obrera en Olavarría

 

El PO local experimentó, a partir de las últimas elecciones, y aún en el período preelectoral, un desarrollo de su influencia política y un crecimiento de las filas partidarias. La puesta en pie de una UJS ha sido, sin duda, un factor dinamizador de toda la vida partidaria. Haber consolidado una fracción docente, que pudo contribuir e inspirar una lista opositoria en el Suteba, capitalizando para la recuperación del gremio a los mejores elementos, pilares desde la misma fundación del Suteba, de la política Celeste hasta su rompimiento con la burocracia. Largos años de persistente militancia han fructificado en la política barrial. De conjunto, podemos señalar que al PO se lo conoce en la ciudad, y se conocen también sus posiciones políticas. Pero esto es insuficiente.

 

Debemos elaborar una estrategia capaz de permitirnos la penetración en el movimiento obrero industrial. Insistimos en que la sangría indolora de trabajadores en las grandes fábricas se debe a la ausencia de un partido capaz de organizar la resistencia de los obreros en Loma, Sierras, Calera, Cerro Negro y Losa.

 

Constituye una posibilidad cierta el poner en pie una lista independiente en Sociales, que pueda disputar a la Franja la dirección del Centro. Es necesario un debate sobre nuestra intervención en los secundarios, para ayudar a nuestros compañeros a maximizar la calidad de su presencia y de sus intervenciones.

 

La chatura intelectual de los partidos y militantes de la burguesía es mayúscula.

 

La izquierda, por su parte y por el momento, se limita al PO, al Mst-IU, a un grupo ligado a Unidos-Lucha Socialista (ahora FOS), y a algunos elementos 'importados' del Ptp. En general, y con la excepción del PO, la intervención y el debate público es absolutamente relativizado. Pero es preciso también elevar el nivel político del conjunto de la militancia partidaria. Debemos esforzarnos -cuando lo hemos hecho, obtuvimos excelentes resultados- en desenvolver un conjunto de actividades: charlas, más cursos, más video-debates, que formen y multipliquen. Profundizar el trabajo con el programa de radio de la UJS y darle (de una buena vez) un impulso a la Biblioteca Obrera, contribuirían con la tarea.

 

Las condiciones políticas, sociales y económicas están presentes para poder imprimir un salto cualitativo y cuantitativo en las filas partidarias. Debemos contribuir a un correcto desenvolvimiento.

 

Otra de las necesidades objetivas es poner en pie núcleos partidarios en las ciudades del centro de la Provincia, vecinas de Olavarría. Como hemos desarrollado a lo largo de todo el Documento, aparecen rasgos similares, similares problemas y un común denominador: la ausencia del partido revolucionario. La tarea es por demás grande. Amerita, entonces, una obsesiva planificación, una estrategia, un redoblado compromiso militante. Esto es de una importancia fundamental para debatirlo en nuestro Primer Congreso. Cobra total vigencia el último párrafo del Documento Político al XI Congreso del PO: "El problema del partido es cada vez más un componente esencial de la situación política. Es la clave en la maduración revolucionaria de las masas".

 

 

 

Notas:

 

(*) Julio Cortez. El Primer Congreso del PO de Olavarría se desarrolló durante los días 26 y 27 de agosto de 2000.

 

1. Resolución Política, B.I. Nº 23, Pág. 3.

2. Clarín, 22 de julio de 2000.

3. El Popular, 14 de junio de 2000.

4. El Popular, 29 de junio de 2000.

5. Idem anterior.

6. Revista XXII, Nº 56, 5 de agosto de 1999.

7. Documento sobre la producción rural en la Pampa húmeda para el XI Congreso del PO, 23 de abril de 2000.

8. Alicia Villafañe, "Procesos globales y consecuencias locales. El caso de comunidades de la pampa bonaerense argentina", en Etnia Nº 42-43, 1999, Olavarría.

9. Barsky O., "Explotaciones familiares en el agro pampeano, procesos, interpretaciones y políticas", Ceal, 1992, en A. Villafañe, op. cit.

10. Mc Michael P.-Myhre D., "Global regulations vs the Nation State: Agro-Food Systems and the New Politics of Capital", 1991, en A. Villafañe, op. cit.

11. Idem.

12. A. Villafañe, op. cit.

13. Informe Inta sobre Olavarría, Laprida y Lamadrid.

14. Funsaga-Olavarría, Campaña Anti Aftosa 1990-1999, Análisis Final.

15. "Azul, según lo cuentan los números", Proyecto de indicadores económicos del Partido de Azul, Fundación Ceda-Facultad de Agronomía UNC-Municipalidad Azul, octubre, 1999.

16. "La vida antes de las deudas".

17. El Popular, 10 de agosto de 1999.

18. E. Morcillo, op. cit.

19. Idem.

20. El Popular, 28 de agosto de 1981.