Los dos alzamientos que conmovieron a Bolivia

La situación política boliviana ha pegado un giro político, que tuvo características revolucionarias, a partir del levantamiento popular del mes de abril, desencadenado por el aumento de las tarifas del agua en la ciudad de Cochabamba. La rebelión popular se extendió a los cocaleros del Chapare y a otras organizaciones campesinas y de trabajadores de diferente ciudades. Ese giro de las masas se ha profundizado y generalizado con el alzamiento nacional de setiembre, motorizado por las organizaciones campesinas, las cuales en alianza con los colonizadores, los cocaleros del Chapare, los trabajadores del magisterio rural y urbano, los gremiales (cuentapropistas), los transportistas y otros sectores populares, paralizaron completamente al país durante casi un mes, bloqueando todas las rutas, sitiando todas las grandes ciudades, doblegando los intentos de las fuerzas represivas por quebrar los piquetes y bloqueos y, finalmente, obligando al gobierno a recular, imponiéndole la mayoría de las demandas reivindicativas. Este giro de los explotados ha acelerado el derrumbe del gobierno de Banzer y la descomposición del régimen político democratizante inaugurado en 1982 con el gobierno de Siles Zuazo. El carácter extraordinario de la situación está poniendo a prueba los programas de todas las clases sociales y sus organizaciones.

 

Bancarrota económica y catástrofe social

 

El alzamiento de los explotados expresa la rebelión de las fuerzas productivas ante el hundimiento del país provocado por las políticas entreguistas y hambreadoras de los sucesivos gobiernos patronales, que desde 1985 (con el decreto Supremo 21.060) enajenaron todo el patrimonio público y los recursos naturales a los grandes monopolios internacionales, y han llevado a Bolivia a la mayor crisis social de su historia. Con el gobierno de Banzer, la crisis económica y social ha llegado a una situación terminal. Banzer apostó a la política de llevar a fondo la erradicación de la coca en la zona del Chapare a cambio de ayuda para promover cultivos alternativos y el perdón de una parte de la deuda externa.

 

Esta política ha fracasado por completo. El Estado boliviano sigue quebrado, y está obligado por el FMI y el Banco Mundial a aplicar permanentes ajustes contra los trabajadores. Pero también ha fracasado la política de producciones alternativas en el Chapare. El valor bruto que arrojan los cultivos sustitutivos alcanza el 30% de los que dio la hoja al Chapare en su mejor momento (1), esto a pesar de que en este momento las plantaciones legales representan 110 mil hectáreas (en 1989 eran 30.000, o sea menos que las plantaciones de coca). Según denunció el dirigente campesino Evo Morales, estos cultivos sólo sirvieron para enriquecer a unos cuantos (2).

 

A todo esto se ha sumado la caída del comercio con el Mercosur y el impacto negativo que ha tenido la caída de los precios mundiales de las materias primas. La exportación de azúcar, que en 1994 alcanzó a 35 millones de dólares, ahora llegó apenas a 2,5 millones. La caída de los precios mundiales de las materias primas ha hundido a la producción agrícola. En el caso del petróleo, el aumento del precio mundial ha redundado en fabulosos superbeneficios para las petroleras extranjeras; sin embargo, el Estado está recibiendo un monto muy inferior al que recibía en 1993, cuando la producción era mucho menor debido a la rebaja de las regalías e impuestos. Se calcula que el Estado viene recibiendo, en promedio, un 50% menos de fondos desde la privatización de YPFB, y este ha sido uno de los factores que han llevado a las finanzas públicas a un estado de completa insolvencia. Paralelamente, la población está pagando un precio interno de los combustibles más elevado que el precio internacional, cuestión que ha sido uno de los detonantes que empujaron a los transportistas a sumarse a la sublevación campesina.

 

En este sentido, el planteo de la Confederación de Empresario Privados de Bolivia (CEPB), señalando que hay que negociar con EE.UU. no sólo condonaciones de la deuda sino otro tipo de actividades que permitan generar una economía alternativa, pero orientada tanto al mercado interno como al internacional (3), muestra el callejón sin salida y la postracion de la burguesía boliviana, completamente sometida a los designios colonizadores del gran capital imperialista, en particular del norteamericano.

 

La cuestión agraria

 

La cuestión de la tierra se ha transformado en el problema más explosivo. Según un estudio del Centro de Estudio para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el 7% de los propietarios rurales, los que tienen acceso a capital y recursos tecnológicos, concentran el 93% de las tierras, especialmente en el oriente. En cambio, el 93% de los propietarios, que son mayoritariamente pequeños campesinos, poseen sólo el 7% de las tierras y las cultivan intensamente. Otro estudio, éste de un especialista de la FAO, señala que en las últimas dos décadas el fraccionamiento de la tierra en el Altiplano habría alcanzado un ritmo promedio de unos 16.000 minifundios nuevos por año, lo que ilustra la magnitud del problema (4).

 

En este sentido, un reciente estudio de especialistas del Foro Jubileo 2000 señala que la producción campesina del Altiplano y los valles desaparecerá del todo en los próximos 20 años si se mantienen las tendencias actuales (5), destacando que los campesinos están emigrando en masa a las grandes ciudades, y que la migración de occidente a oriente se ha convertido en un proceso permanente e irreversible, lo cual se explica porque los bajísimos ingresos obtenidos en la producción agrícola obligan a los campesinos, especialmente a los varones y jóvenes, a migrar a las ciudades, donde se incorporan al sector informal y obtienen un ingreso complementario (6). Esta migración a las grandes ciudades ha creado una sobreoferta de mano de obra y ha sido usada por los capitalistas para hundir a fondo las condiciones de vida de los trabajadores urbanos, reduciendo sus salarios e imponiendo condiciones de flexibilización (explotación) extremas (trabajo sin contrato, jornadas superiores a 8 horas, etcétera).

 

El deterioro de las condiciones de vida de los campesinos se ha acelerado en los últimos 15 años. Entre 1985 y 1992 se observa que la agudización de la fragmentación de la propiedad de la tierra promueve una intensificación en el uso de los suelos que desemboca en procesos frecuentes de degradación, erosión y pérdida de fertilidad (7). El resultado de todo esto es que las condiciones de vida de las masas rurales son en muchas regiones inferiores a la de los países más pobres de Africa. Así, el 67% de la población no cuenta con baño, inodoro o letrina; el 40% se abastece de agua de río o acequia; el 74% carece de luz eléctrica; la pobreza afecta a 8 de cada 10 campesinos, y 6 de cada 10 no alcanzan a conseguir siquiera lo necesario para su alimentación (8).

 

Las luchas campesinas y el movimiento indianista

 

La masacre de Tolata y Epizana en 1974, precisamente bajo la dictadura que presidía Banzer, potenció el surgimiento de un movimiento campesino de orientación katarista, que años después pondría en pie a la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia. La CSUTCB se ha transformado, bajo el liderazgo de Felipe Quispe, el Malku, líder de los campesinos del Altiplano, en el canal del último alzamiento popular. Quispe ha señalado que la rebelión de abril fue un primer ensayo en la lucha por la captura del poder político por la mayoría indígena de Bolivia, en su propósito de instalar un Estado aymará. La rebelión de setiembre habría sido el segundo ensayo, y se va a un tercer alzamiento, que sería definitivo, para la toma del poder.

 

Quispe, quien se ha transformado en el líder más popular de Bolivia, integró un grupo foquista en la década del '80, y fue encarcelado durante 6 años. Ahora está impulsando un movimiento de masas campesino, con una estrategia nacionalista-indigenista. En el reciente levantamiento, Quispe llevó a la CSUTCB a liderar un bloque intersindical, junto a colonizadores, cocaleros, transportistas e incluso sindicatos tradicionales de los trabajadores, como el del magisterio rural y urbano. La CSUTCB planteó en el inicio del alzamiento la consigna de "fuera Banzer", y el llamado a elecciones generales o a una Asamblea Constituyente; sin embargo, este planteo fue posteriormente dejado de lado, limitándose a desplegar los reclamos sectoriales que se integraron en el bloque intersindical.

 

El movimiento indigenista ha oscilado, históricamente, entre una tendencia que ha impulsado la rebelión para imponer la creación de un Estado aymará, y las tendencias que han buscado integrarse al régimen capitalista. Quispe expresa hoy a las tendencias más radicales de carácter indianista. En este momento, el movimiento que preside coexiste con otros movimientos de carácter conciliador, como la Confederación Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), con preponderancia en el oriente, o el Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), los cuales plantean diversas reivindicaciones de carácter indigenista y campesino, pero sostienen que para conquistarlas se debe participar del "Diálogo Nacional" que impulsa Banzer, o sea la vía de la concertación con los explotadores y el gobierno entreguista y explotador. Estos grupos hoy aparecen criticando los planteos radicalizados de Quispe y rechazan que la ley INRA (ley que crea el Servicio Nacional de Reforma Agraria) pueda ser derogada, pues sostienen que esa ley los ha beneficiado. Con esto simplemente dan cuenta de su postura de sometimiento y conciliación con los explotadores y los latifundistas, como los agrupados en la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO), quienes también han salido a protestar ante la posibilidad de que la ley INRA pueda ser anulada. La ley INRA fue sancionada en 1996 bajo el gobierno del MNR, y presentada como una ley de arbitraje entre los reclamos de los indígenas y campesinos y los terratenientes; pero en realidad era una simple fachada bajo la cual se legitimaba y consolidaba el latifundio, hasta el punto que la propia Iglesia tuvo que denunciar que se han tomado varias decisiones a favor de los más poderosos, desvirtuando incluso las previsiones de la ley (9).

 

La luchas de los explotados

 

"La lucha de las masas campesinas rompió con la metodología tradicional de las marchas pacíficas y de los bloqueos por pocos días que sólo servían para llamar la atención. El bloqueo no se pareció a los aplicados en los últimos años. No fue tímido; se mostró contundente. No cruzó las carreteras; se extendió por el largo de las rutas. No fue agresivo y sin argumento; exhibió coherencia. El bloqueo, en realidad, llegó a superar a las protestas de Genaro Flores e hizo recordar a Fausto Reinaga, a Zárate Wilka y Tupac Katari, los líderes que los aimaráes tienen como referentes históricos. Evolucionó de un hecho social a una proyección política" (10).

 

Los dirigentes campesinos impusieron sus propios métodos hasta en las negociaciones. Los ministros no habían terminado de respirar tranquilos al acordar el tema del retiro del proyecto de Ley del Recurso Agua cuando una señora se levantó y pidió la anulación de cualquier futura intención de aprobar ese documento (11); a su vez, "Monseñor Juarez, que dirigió gran parte del encuentro, cortó varias veces las intervenciones campesinas. Sin embargo, el siguiente orador volvía a repetir la perorata que había sido interrumpida por el religioso" (12). Pero más importante aun era que los dirigentes campesinos no aprobaban nada sin consultar, eran responsables ante sus bases. Uno de los dirigentes adelantó que una vez concluidas las negociaciones, los representantes departamentales debían presentarlas a sus bases, las que deberían tomar una determinación final (13).

 

Al calor de la lucha, en varios pueblos funcionaron los Cabildos Abiertos, suerte de asambleas populares en donde las masas deliberaban, votaban sus reivindicaciones y tomaban decisiones de lucha para arrancarlas. En la ciudad de Cochabamba, ya en el primer alzamiento se puso en pie la Coordinadora del Agua, que reunió al Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, la Federación de Regantes y la Federación de Fabriles, y posteriormente se sumaron los campesinos cocaleros, los universitarios, juntas vecinales y el magisterio (14). Esta Coordinadora adoptó como vía la acción directa y desestimó los canales de mediación y concertación; rebasó a las instituciones formales locales y provocó una de las más espectaculares movilizaciones, paralizando la ciudad y zonas aledañas (15) tras los reclamos de rechazo al aumento de las tarifas del agua, la modificación de la ley que privatizaba el agua, y el alejamiento de la empresa transnacional (Aguas del Tunari) beneficiaria de toda esa política entreguista. "Después de abril, la Coordinadora termina adoptando una postura supra regional de protagonismo político, trascendiendo a sus meras demandas regionales; así apuntó a objetivos estratégicos como la renuncia de Banzer, el cierre del Congreso y el llamado a una Asamblea Constituyente" (16).

 

Nacionalismo y frente popular

 

Está en gestación un frente popular con la intención de colocar a las organizaciones de las masas en lucha detrás de una estrategia de colaboración con los partidos y el régimen capitalistas. Este frente está motorizado por el PC, el Frente de Salvación Nacional dirigido por Manuel Morales Dávila, el Partido Socialista, el Partido Alianza Laborista de Izquierda Nacional (ALIN), que reúne a los seguidores del asesinado general Torres, y la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas, que ya se ha organizado como partido político. El propósito de estas organizaciones es la formación de un "Frente Político Amplio Antineoliberal", que surgiría de una coordinación de fuerzas dirigidas por el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional de la Soberanía y la Dignidad. Estas organizaciones han señalado que pretenden sumar a otras, como el Partido Socialista-1, la Universidad San Andrés (UMSA), el Partido Propuesta Nacional y CONDEPA.

 

Durante el alzamiento, estas organizaciones sacaron un pronunciamiento al que sumaron a la Coordinadora del Agua y la Vida de Cochabamba y a los Cocaleros del Chapare que dirige Evo Morales. En ese pronunciamiento reclamaron la renuncia de Banzer y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, toda la actividad de estas organizaciones no está colocada en la lucha por el derrocamiento de Banzer, sino en juntar los 43.000 afiliados necesarios para obtener la personería y presentarse a las próximas elecciones. El planteo de la Asamblea Constituyente es levantado como un planteo constitucionalista, tomando como modelo la nueva Constitución venezolana. Así lo señalaron en una carta entregada a Chávez cuando éste visitó Bolivia en el mes de agosto, donde señalaron que se consideran comprometidos con "la Revolución Bolivariana que usted encarna, y que, definitivamente, nos marca un camino de superación y liberación". En ese mismo sentido, este frente de partidos aparece vinculado con un sector militar que se presenta como la corriente bolivariana de las FF.AA. de Bolivia, y que pretende emular la salida chavista de Venezuela. O sea que este Frente Amplio podría, incluso, ser la cobertura civil de un posible golpe de Estado "nacionalista", que podría acelerarse en la misma medida en que se profundice la descomposición del gobierno y del régimen político.

 

La organizaciones que integran este Frente Amplio se presentan como la encarnación del nacionalismo revolucionario; sin embargo, sus planteos nacionalistas son más tibios que las experiencias pasadas. Así, refiriéndose a la cuestión petrolera y al conjunto de las privatizaciones, señalan que "el rescate nacional supone enfrentamientos y/o negociaciones duras con las transnacionales y sus aliados internos y externos… En otras palabras, el Estado Subalterno-dependiente de hoy debe sustituirse por el Estado-Nación con soberanía y dignidad … destacando que la primera acción es ese sentido debe ser la recuperación de las acciones petroleras que representan el patrimonio enajenado por la capitalización y que están, dizque, bajo la administración de las AFP´s con el nombre de Fondos de Capitalización Colectivas (FCC). Deberían ser devueltas al dominio empresarial de YPFB -ahora realmente residual y sirviente-, y conforme al Código de Comercio, YPFB automáticamente asumiría su auténtica representación en los Directorios de la Chaco, Andina y Transredes con su participación del 50%. En un paso siguiente, pediría se enmienden los Contratos suscriptos a fin de integrarse en la administración y manejo gerencial de las empresas" (17). O sea que todo el contenido "nacionalista revolucionario" de este Frente Amplio Antineoliberal se reduce a una propuesta de cogestión con los pulpos imperialistas.

 

Los autogestionarios

 

A través de uno sus dirigentes, y a su vez uno de los líderes de la Coordinadora de Cochabamba, Oscar Olivera, se expresaron los Autogestionarios. Olivera señala que discrepa con Evo Morales, dirigente cocalero del Chapare, quien planteó la renuncia de Banzer, porque eso es simplemente cambiar la cabeza para poner otra peor. "Hay que cambiar las reglas de juego, por eso estamos proponiendo una Asamblea Constituyente donde la sociedad también participe en el diseño de su país" (18). Sin embargo, Olivera se encargó de aclarar que "sabemos objetivamente que las condiciones no permiten cambios rápidos y radicales, y aunque reconoce que las dificultades del último alzamiento fueron las dificultades para aglutinar esa movilización en función de un solo objetivo" (19), destacó que "la consigna de Asamblea Constituyente no era para ese alzamiento, sino para el mediano plazo, y que se debía realizar sin participación partidaria, o sea que sería un producto de la sociedad civil, reflejando la confusión y desconcierto que les ha provocado que los explotados se hayan puesto de pie y retomado sus mejores tradiciones históricas de lucha contra los explotadores; por eso llegó a expresar que este nuevo movimiento social nos ha dejado a todos un poco con la pregunta: ¿Ahora hacia adónde vamos?" (20)

 

La clase obrera y el bloque antineoliberal

 

La clase obrera estuvo relativamente ausente en el último levantamiento. La COB, dirigida por una burocracia afín a los partidos que integran la coalición de gobierno, se mantuvo paralizada. Sin embargo, en el seno de los trabajadores, tanto de la minería como de los fabriles, se vive un clima de deliberación producto de la conmoción que ha provocado el último alzamiento y del hecho de que se haya hecho recular al gobierno. En el seno de la COB actúa un bloque opositor que se autodefine como "bloque antineoliberal". Este sector dio a conocer el 2 de setiembre un documento donde hacen una denuncia a fondo de la situación de la clase obrera boliviana, efectúan un análisis del giro de los explotados a partir de la rebelión de abril, para arribar a un conjunto de conclusiones de la máxima importancia en relación a la lucha por construir una dirección obrera revolucionaria. En el documento se destaca la necesidad de la lucha por la expulsión de la burocracia sindical y de los dirigentes sin base (a quienes acusan de agentes del neoliberalismo), para arribar a la conclusión más importante, que es la necesidad de un instrumento político de los explotados y oprimidos para llegar al poder. En este sentido destacan las características que debería tener ese instrumento: debe ser unitario; debe mantener la independencia de clase; debe ser democrático, de lucha e internacionalista. Referente a este último aspecto, señalan que "la lucha del instrumento político de los trabajadores, debe llevarse a cabo en todos los países del mundo. La explotación de los capitalistas es a nivel mundial, por lo tanto, debemos promover el encuentro de organizaciones sindicales tratando de conformar una Red Sindical Internacional, para que luchemos contra los gobiernos neoliberales y contra las direcciones socialdemócratas y reformistas que traicionan las luchas de los trabajadores. La lucha contra el neoliberalismo en un mundo globalizado será mundial. Debemos levantar el grito de guerra: ¡Proletarios del Mundo Uníos!".

 

Finalmente plantean una plataforma de lucha, en la que significativamente está ausente un planteamiento de poder, sin tampoco alusión alguna al planteo de la Asamblea Constituyente que fue levantado por todos los movimientos de lucha en el último alzamiento, desde ya que con distintos alcances y perspectivas. En el documento hay diferentes alusiones a la necesidad de lucha por el socialismo, incluso cuando hacen referencia a la problemática indigenista, al destacar correctamente que es expresión en la actualidad de la explotación capitalista, y que para superarla se debe orientar la lucha en un sentido anticapitalista y por el socialismo.

 

El planteamiento del bloque antineoliberal de la COB consiste en impulsar una suerte de partido obrero basado en los sindicatos, aunque en ningún lugar se destaque el fundamento para que la construcción de un partido obrero tenga que seguir esa vía, como tampoco el planteo de hacer eje en el antineoliberalismo, que cuando menos se presta a confusión desde el mismo momento que los partidos y sectores de la dirigencia sindical que cuestionan también se definen haciendo eje en el antineoliberalismo, como el citado más arriba, Frente Amplio Antineoliberal.

 

El POR

 

El grupo lorista repitió una vez más el mismo discurso y los mismos planteos abstractos que realiza haya o no haya un ascenso, haya un levantamiento o una situación de reflujo. Llamó a la insurrección armada y a luchar por la dictadura del proletariado. Sin embargo, el magisterio urbano, que tenía a varios dirigentes poristas a la cabeza de la lucha, demoró en integrarse al bloque intersindical que impulsaba la CSUTCB, que era el único marco para la centralización de la lucha. El POR no tuvo y no tiene una consigna para unificar la lucha de los obreros y los campesinos. Levanta sus reivindicaciones sectoriales para llamarlos a sumarse a la conducción del proletariado, cuando éste, por un lado, estuvo agazapado en el último alzamiento, y cuando los que tomaron la iniciativa de la lucha eran las organizaciones campesinas. El POR había anunciado públicamente, antes del alzamiento que tuvo como una de sus vertientes al magisterio urbano, que sus dirigentes debían renunciar a sus puestos en la dirección de los gremios del magisterio, cuando precisamente una de las características de la lucha del magisterio fue el cuestionamiento de las bases a los sectores burocráticos e izquierdistas conciliadores (PC), que quisieron casi en el inicio levantar la lucha a cambio de la primera oferta del gobierno. El planteo del POR es liquidacionista y expresión de su degeneración sectaria, que está llevando en forma creciente a la disgregación de sus filas y de su influencia política.

 

Crisis política y perspectivas

 

El gobierno de Banzer ha quedado más debilitado que nunca, pero sigue siendo, por el momento, la única carta inmediata que tiene el imperialismo norteamericano para ejecutar sus planes de colonización del país. Sin embargo, ya se ha abierto un debate en las filas de los capitalistas, de los partidos patronales, y dentro del propio gobierno e incluso en las FFAA, sobre qué rumbo tomar para que el régimen no llegue a colapsar. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha reclamado un cambio de rumbo en la política dentro del mismo 'modelo', y para ello pidió la renuncia del ministro de Hacienda. Por otro lado, dentro de la propia coalición de gobierno ha comenzado a plantearse el 'pasaje de facturas' y la necesidad de un cambio de gabinete. A su vez, desde la oposición se han planteado distintas salidas, desde la necesidad de acortamiento del mandato de Banzer, hasta la formación de un gobierno de unidad nacional, y otros que plantean que el Congreso debería llamar a una Asamblea Constituyente (Condepa, MBL). En las FF.AA. ha aparecido una tendencia chavista. En todos los casos, lo que se está discutiendo son salidas completamente condicionadas, pues ninguna plantea romper las ataduras con el imperialismo, que se ha transformado en el árbitro de toda la situación, hasta el punto que en medio de la sublevación llegaron delegaciones del FMI y el Banco Mundial, quienes fijaron los límites a las negociaciones con los campesinos y los trabajadores: 'coca cero', ninguna concesión que significara un aumento del déficit fiscal. Sin embargo, las masas lograron que el gobierno reculara. Esto ha conmocionado a todo el pueblo boliviano. En el movimiento estudiantil, en las fábricas, se vive un clima de deliberación. Entre diversos gremios y sectores fabriles ha comenzado el debate para coordinar diversos movimientos de lucha.

 

La intersindical que lidera Felipe Quispe ha dado 90 días de plazo al gobierno para que se dé cumplimiento a todo el acuerdo. La experiencia de abril ya ha demostrado que apenas se aquietaron las aguas, el gobierno incumplió los acuerdos firmados en aquella oportunidad. En este sentido, la intersindical planteó que si el gobierno no cumple, se va a producir el tercer alzamiento, pero esta vez va a llegar hasta la casa de gobierno.

 

Con todo, la situación inmediata está pendiente del desenlace del conflicto con los cocaleros del Chapare. El gobierno ha afirmado que no puede retroceder frente al compromiso firmado con el imperialismo de erradicar todos los cocales. Provisionalmente se ha abierto una tregua de un mes.

 

La dirección revolucionaria

 

Bolivia está hundida en la peor crisis de su historia. Las alternativas que están en juego son de fondo. Bolivia es un laboratorio de la disolución de la sociedad capitalistas. Al compás de ello se descomponen las instituciones del Estado. A los levantamientos se sumó un importante sector de la policía, y entre las FF.AA. se conoció la existencia de una corriente que agitó que los militares no debían reprimir a los bloqueos. En contraste, otro sector ha agitado, junto a una agrupación fascista, la necesidad de un baño de sangre para terminar con los alzamientos y los bloqueos. Para los explotados, la única salida a la catástrofe social que están viviendo pasa por capturar el poder, como única vía para reorganizar el país en beneficio de la población laboriosa. En esta perspectiva, el factor decisivo está en la construcción de una dirección obrera revolucionaria.

 

Lo peculiar en la situación boliviana es que las masas que se están revolucionando, son masas oprimidas no proletarias. Los campesinos, los gremiales (cuentapropistas) que representan al 66% de la población económica activa, de los cuales la mitad están como subempleados, han logrado un grado muy importante de organización, al igual que algunos sectores laborales urbanos y rurales, como el magisterio. Todos ellos han sido los grandes protagonistas de los dos últimos alzamientos. La clase obrera estuvo fuera de escena. LA COB y la Federación Minera están copadas por una camarilla que actúa como chaleco de fuerza en la dirección de los sindicatos, maniatando al movimiento obrero. En esta circunstancia, sin abandonar por un momento las tareas de reorganizar a los obreros en la lucha por recuperar sus sindicatos, la cuestión que se le presenta a la vanguardia obrera es cómo liderar en la lucha por el gobierno obrero y campesino, a esas masas no obreras.

 

En el reciente alzamiento quedó reflejado que el campesinado es una fuerza motriz fundamental para la revolución, pero que por sí misma, es incapaz de ofrecer una salida transformadora. Luego del levantamiento, Quispe, confusamente, ha dicho que el 14 de noviembre va a fundar el Movimiento Indigenista Pachakuti, que no sería para intervenir en las elecciones del 2002, pero si las bases se lo piden, podría aceptar ser candidato (21) Ha señalado también, "que la nación boliviana no es una nación. Nosotros sostenemos que dentro de una nación hay otra nación, no vamos a dividir la quechua o la aymará, sí hablaremos de una nación indígena". Ahora estamos elaborando una Constitución Política del Estado de esa nación. Estamos elaborando nuestro propio himno nacional para separarnos, buscar esa autonomía. Ya que no nos toman en cuenta he hablado de desbolivianización, volver al Kollasuyo original (22). Un planteamiento que pretende separar la cuestión indigenista, de la cuestión campesina, o sea del problema de la tierra y el agua, es un planteo que se desliza a un callejón sin salida. El planteamiento cuestiona al Estado boliviano, pero no lo supera, plantea la segregación y el aislamiento. La cuestión indígena esta indisolublemente unida a la cuestión agraria que la burguesía ha sido completamente incapaz de resolver y que sólo puede encontrar una vía de superación en la lucha de clases que obreros y campesinos tienen que llevar adelante en Bolivia sobre la base de la expropiación de los latifundios, y mediante un movimiento, que como todos los auténticos movimientos revolucionarios agrarios, procedieron a la ocupación de la tierra. En este terreno, es que se le debe dar salida a todas las reivindicaciones culturales, étnicas de las distintas comunidades indígenas.

 

La lucha por el gobierno obrero y campesino en Bolivia es indisoluble de la crisis y de la lucha obrera y campesina más general que esta en pleno desarrollo en toda Latinoamérica, a la cual se debe integrar la lucha de Bolivia detrás del objetivo de expulsión del imperialismo y sus socios nativos, por los Estados Unidos Socialistas de América Latina.

 

El planteo de la Asamblea Constituyente, hoy pasa a un segundo plano porque sólo se presta a confusión; la gran tarea es desenmascarar a todas las organizaciones que hoy la despliegan con una finalidad distraccionista y para enfeudar a las organizaciones de las masas detrás de los carreristas pequeños burgueses. El planteo de la Constituyente sólo tiene sentido si sirve para oponer a los explotados a los explotadores, y en ese caso sí sirve como consigna para impulsar la movilización unitaria e independiente de los obreros y campesinos por una salida común, la lucha por el gobierno obrero y campesino.

 

23 de octubre de 2000

 

 

Notas:

1. La Razón, 8 de octubre de 2000.

2. La Razón, 11 de octubre de 2000.

3. Semanario Pulso, 29 de setiembre de 2000.

4. La Razón, 8 de octubre de 2000.

5. La Razón, 10 de octubre de 2000.

6. Idem anterior.

7. Idem anterior.

8. Idem anterior.

9. La Razón, 9 de octubre de 2000.

10. La Razón, 8 de octubre de 2000.

11. La Razón, 5 de octubre de 2000.

12. Idem anterior.

13. Idem anterior.

14. Idem anterior.

15. Idem anterior.

16. Idem anterior.

17. Enrique Mariaca Bilbao, "Documento sobre Capitalización y Privatización de YPFB. Consecuencias negativas para el Estado y la Economía del país".

18. Semanario Pulso, 29 de setiembre de 2000.

19. Idem anterior.

20. Idem anterior.

21. La Razón, 22 de noviembre de 2000.

22. Idem.