“Colombia empezó a entroncar con el ascenso general de América Latina”

-Juan, si pudieras presentarte.

-Soy directivo de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, que es el sindicato nacional que agrupa a profesores de toda las universidades públicas de Colombia, más de 32, algunos institutos técnicos de educación superior y algunas universidades privadas. Es el principal sindicato de profesores universitarios del país.

-Llegan noticias de la situación en Colombia, de represiones feroces, de lo que ocurre en Cali, sobre el avance de las fuerzas represivas. ¿Qué podés contarnos al respecto?

-Venimos de sucesivas movilizaciones desde el 28 de abril, la más reciente en el día de ayer, el 12 de mayo. Hubo una jornada nacional, una convocatoria generalizada, y la respuesta fue masiva en las principales ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y otras. Hubo movilizaciones multitudinarias, a pesar de que han pasado ya 14 días del proceso de movilización. El momento en que concentramos es particularmente crítico porque el movimiento se inició como un rechazo general a una reforma tributaria planteada por el gobierno de Iván Duque, que en pocos días, por la profundidad de las movilizaciones y por la radicalidad de la protesta, obligó al gobierno a retroceder -o sea, retiró ese proyecto de reforma tributaria- y además cayó el ministro de Hacienda y el viceministro. Fue un golpe político muy fuerte para el gobierno, y se pensaba que en algún momento iba a decaer la movilización, que iba a haber un repliegue, una especie de satisfacción de la expectativa social, pero el movimiento continuó. Este movimiento se ha expresado por la vía de bloqueos a la movilidad en las principales ciudades, que ha estado protagonizado por la juventud, la juventud precarizada de Colombia. Entonces, es muy importante ver cómo es el sector social que está en el frente de pelea, en los bloqueos.

Es muy llamativo lo acontecido en Cali, porque a pesar de que Bogotá es la capital y aquí la protesta ha sido generalizada también y ha sido muy fuerte -se ha afectado la vida económica de la capital de una manera muy, muy fuerte- realmente en Cali fue mucho más profunda. La ciudad ha quedado prácticamente aislada y hace algunos días llegó lo que se conoce como la “minga indígena”. Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, que queda en el occidente de Colombia, hacia el Océano Pacífico, y al sur del Valle del Cauca está el departamento del Cauca, donde hay una población indígena particularmente numerosa. Hay resguardos indígenas, con una extraordinaria tradición de lucha pero, además, en ese departamento se ha concentrado un conflicto de grandes proporciones, un conflicto armado que está en curso, en el que hay múltiples factores y afectan mucho a la vida de las poblaciones indígenas.

Entonces, hay una organización indígena muy fuerte, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca [CRIC], y ellos tienen como tradición hacer lo que se llama la minga indígena, que son acciones colectivas, de desplazamiento, de parálisis, de bloqueo de la principal vía terrestre que circula por el occidente de Colombia y la que comunica Colombia con Ecuador, y por ahí circula una buena parte del tráfico de mercancías y otros.

La minga decidió desplazarse hacia la ciudad de Cali. El domingo pasado hubo enfrentamientos muy delicados entre la minga y de los habitantes de un barrio donde viven los sectores más pudientes de la ciudad, la clase media alta, la burguesía caleña, que además de ese barrio se dice, y creo que es perfectamente comprensible, que hay una burguesía narcotraficante cuyo poder económico viene de allí, y que tienen ese comportamiento agresivo con la población; entonces, directamente empezaron a disparar contra los indígenas, provocaron ocho heridos, con la argumentación de que se les estaba dejando aislados, no se les permitía el abastecimiento ni acceder a la gasolina, etc. Es un momento particularmente delicado, y el gobierno se vio obligado, entonces, después de haber retirado la reforma tributaria, después de haber prolongado su actitud hacia la protesta, como una actitud represiva, etc., volvió a plantear que era necesario el diálogo y que incluso se abrían a la negociación de un pliego mínimo de peticiones, que es el que ha levantado el Comité Nacional de Paro. Y la ciudadanía, la opinión, le reclamó al presidente Duque que fuera Cali, y él tenía temor de ir a Cali, incluso argumentó que no era conveniente, que podía desorientar a las fuerzas armadas que estaban en el proceso de ganar el control de la ciudad. Fue un día por la noche y al día siguiente su propio partido le dijo que tenía que hacerse presente allá y tuvo que ir con una parte del cuerpo ministerial a atender directamente el conflicto y a tratar de dialogar con los sectores juveniles que han estado a la cabeza.

-¿Cómo ha respondido la población de Cali?

-Creo que lo que ha ocurrido expresa un poco las contradicciones que tiene la movilización, lograron hacer una especie de audiencia y en ese lugar el presidente Duque anunció que iba a adoptar una medida, que venía siendo reclamada como parte del pliego nacional, de matrícula cero, un costo cero en las universidades. Pero lo anunció diciendo que era un costo que se aplicaba para los estratos 1, 2 y 3, que es la forma como se clasifica aquí el nivel de ingresos económicos de la población, pero dejaron en la letra pequeña que era una medida provisional, que no iba a ser permanente. Eso parece dejar en duda cuál es la profundidad de la medida.

En segundo lugar, esa medida, si bien les permite a esos estudiantes esa garantía, en realidad, ya muchas universidades la vienen ofreciendo desde 2018. En ese entonces hubo una movilización universitaria muy importante ya había obtenido parcialmente que se pensara en aplicar eso, y en las movilizaciones de fines de 2019 también esta reivindicación volvió a salir, y el gobierno anunció eso, y durante la pandemia, el año pasado, se informó como medida de emergencia, que iban a garantizar la matrícula cero porque había una deserción muy grande de los estudiantes por la educación virtual. Para el segundo semestre del año pasado se estaba aplicando matrícula cero en muchas universidades.

-Mientras tanto, continuaron las detenciones, la represión, ¿cómo fue eso?

-Sí, el gobierno, al mismo tiempo que estaba dialogando, supuestamente, con los sectores que estaban en paro, la represión continuó. Se cuidaron mucho el día de ayer, creo que el 12 fue notorio en todas las ciudades del país que tuvo una presencia policial mínima, estuvo prácticamente ausente la policía, y dejaron las manifestaciones en manos de los funcionarios del Estado, que son de Convivencia Ciudadana, etc., y realmente no hubo incidentes durante el día. Pero sí se presentaron fuertes incidentes por la noche. Al final de la tarde llegó la policía a desalojar algunos de los sitios de concentración y de protesta. Entonces, hubo choques, eso es lo que muestran los noticieros, que es a lo que le dan como más privilegio, donde hay mayor escándalo.

–¿Esto está circunscripto a Cali? ¿Tuvo una extensión nacional?

-Valía la pena describir lo que ha sido todo el proceso, te diría que es momento de pensar el conjunto del proceso. Desde lo que aconteció desde el 28 de abril hasta hoy, van a haber más convocatorias. Hoy día, hay lugares de concentración, de autoconvocatorias. La inconformidad se ha continuado expresándose. Hay que tratar de pensar en qué momento nos encontramos. Pero, digamos, el 28 de abril se hizo una convocatoria, se la llamó Paro Nacional. Es bueno que sepan ustedes que “paro nacional” en Colombia no es exactamente una huelga general.

El nivel de organización de los sectores sindicales en Colombia es mínimo, cubre más o menos un 4 o 5 por ciento de la población económicamente activa. Se calcula que esta tiene unos 22 millones de asalariados, pero el sector organizado no pasa de un millón de personas y están divididos en varias centrales sindicales. Hay una central mayoritaria, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que tiene unos 550 mil afiliados, de esos afiliados más de la mitad son los docentes, de básica y media, que están organizados en la Federación Colombiana de Educadores. Ese sindicato, que es tan poderoso, determina en buena medida el funcionamiento de la central, su orientación, y es la central mayoritaria. La central que le sigue tendrá unos 100 mil afiliados; la otra tiene 50 mil, que son la Central General de Trabajadores y la Central de Trabajadores de Colombia. Luego se han creado otras agrupaciones sindicales, otras confederaciones, que incluso han sido creadas artificialmente por cuenta del gobierno -o sea, han querido forzar a una serie de organizaciones que representen los intereses de los partidos más de derecha.

Entonces, eso se expresa a nivel de la conducción del movimiento social, pero desde hace ya mucho tiempo existe una especie de instancia de coordinación, que se la ha llamado Comando Nacional Unitario. Durante este período se ha denominado Comité Nacional de Paro, pero la capacidad que tiene ese comité en la medida en que ahí lo que se agrupa es la burocracia sindical, fundamentalmente; entonces, en realidad, es mínimo, porque la burocracia no cuenta con mucho prestigio ante la población, digamos como institución, pero es el único punto de referencia que hay. En años anteriores ellos han hecho convocatorias en diversos momentos de agudización de la lucha de clases y sirven como punto de referencia y catalizan la inconformidad y se producen las movilizaciones. Entonces, se presentó una situación singular el 21 de noviembre de 2019, hicieron una convocatoria, que la llamaron Paro Nacional, pero esas llamadas a paro nacional son movilizaciones de protesta durante un día, en las que hay desfiles y se afecta muy poco la producción, en realidad a duras penas se afecta en algo la movilidad. En general son movilizaciones controladas, pero el 21 de noviembre la movilización continuó, al día siguiente continuó, empezaron las protestas, empezaron estos bloqueos en lugares de transporte y la dinámica se sostuvo. Fue sostenida durante diciembre, había muchos procesos de autoconvocatorias. Yo creo que eso replica un poco lo que ha acontecido en otros países de América Latina, en Europa y en varios lugares del mundo. Hay una novedad que es la juventud, que tiene unos mecanismos de autoconvocatoria que son singulares, las redes sociales y otros.

Con respecto a eso, me parece que es muy importante destacar, la situación de la juventud es muy crítica en Colombia. Se calcula que hay unos 11 millones de jóvenes, sobre una población de 50 millones de habitantes. Tengan que en cuenta que la situación social en Colombia se agravado con la migración venezolana, la migración forzada desde Venezuela, por Colombia han podido pasar unos 4 millones de venezolanos y se han quedado, instalado, un millón y medio más o menos. Esto se ha concentrado en diferentes sitios, en Cúcuta, que es al nororiente, que linda con Venezuela; esos departamentos han ido absorbiendo esa migración venezolana, que se establecen simplemente como indigentes en los parques, en unas condiciones de precariedad, cuando consiguen trabajos, espantosas, etc. Otro sector se ha estabilizado en Bogotá, que queda en el centro del país, y otro ha seguido caminando, esto ha sido así, hacia otras ciudades. Cali ha recorrido una parte de eso y el resto ha continuado hacia abajo, hacia Ecuador, Perú o Chile. Entonces, eso pesa en la realidad.

-¿Ellos participan de las protestas?

-Yo creo que sí, pero aquí hay una cosa mezclada. Un sector está lumpenizado, entonces, están directamente en la delincuencia, en el microtráfico de narcóticos. Esto es real, no es simplemente un estigma nacionalista, sino que es el producto de las propias circunstancias que atraviesa esa población.

De la situación de la juventud, de esos 11 millones, el 30 por ciento no estudia ni trabaja, estamos hablando de más de 3 millones de jóvenes, y ese ha sido el sujeto social de este estallido social, son los que se han puesto en las barricadas, en los bloqueos, etc. Cuando los entrevistan, les preguntan qué piden, contestan “nosotros tenemos hambre”, simplemente eso, esa es la realidad.

Las respuestas tienen que ser en el terreno material. El gobierno de Duque planteó desde el principio que le iba a dar prelación a la juventud, que iba a haber planes específicos, como para atender esa situación, pero lógicamente la forma como lo encaran es ver cómo hacen para que eso permita atacar los derechos de los trabajadores. Entonces, se han empezado a aplicar contrarreformas laborales, por ejemplo, hay un decreto-ley del gobierno, que ha sido expedido durante el período de emergencia, que legaliza el trabajo por horas, que legaliza el pago de prestaciones por horas, las cuotas para la jubilación y otras. Ellos dicen que es para fomentar el empleo, que porque eso le permite a la patronal contratar esos jóvenes, dándoles una prelación, pero la realidad es que esa juventud está en condiciones absolutamente miserables.

Se ha fomentado mucho ese trabajo precario de los call centers, de la mensajería en bicicleta, de la distribución de alimentos, ese tipo de cosas. Entonces, esa juventud está en una situación muy difícil, es muy explosiva en la forma como se manifiesta. El 21 de noviembre de 2019, esa juventud estuvo en las calles. Había un antecedente de la movilización juvenil.

En las últimas décadas ha habido como oleadas de movilización juvenil, de estudiantes secundarios, de los universitarios. Yo, como estoy en el sector universitario desde hace mucho tiempo, llevo más de tres décadas de docente en la universidad y egresé de esa misma universidad en 1971, donde hubo un gran movimiento universitario que fue histórico, yo me formé políticamente en ese movimiento, fue realmente como un efecto en Colombia del Mayo del ’68, ese proceso de movilización mundial de la juventud y realmente marcó la historia de Colombia. Sólo 40 años después, en 2011, ocurrió un movimiento de características similares, que tuvo un impacto nacional y una gran receptividad por parte de la población, una simpatía muy grande con esa movilización universitaria, y se intentó una coordinación a nivel de organizaciones estudiantiles, que fue frustrada básicamente por los apetitos políticos de las dirigencias, por sus mezquindades, en la competencia por el control y por hegemonizar el movimiento.

En 2018, el movimiento volvió a resurgir, siete años después, y se estaba recién iniciando el gobierno de Iván Duque, y la primera lucha social que tuvo que enfrentar el gobierno de Duque fue contra esa movilización de estudiantes universitarios. La situación en las universidades es muy difícil desde el punto de vista presupuestal, existe en las universidades públicas una tarifa, una matrícula, que son muy costosas para los estudiantes, muchos de ellos se ven obligados a endeudarse con el sistema de crédito estatal, que se llama Icetex, que es la institución que presta dinero a los estudiantes para el estudio, pero que al mismo tiempo, cuando terminan la carrera, están endeudados y tienen que empezar a pagar cuotas. Hay una lucha contra ese endeudamiento y porque se reduzcan o se eliminen el costo de matrículas en las universidades y porque se mejore el bienestar universitario, que haya garantías de comedores universitarios, de apoyo a los estudiantes, como subsidios, para que puedan permanecer estudiando y por, incluso, la reivindicación del problema de la condición laboral de los docentes, porque la precariedad de contratación de los docentes hace que baje la calidad también en su formación. Es parte de las reivindicaciones que levantaban los estudiantes.

-Es muy fuerte como se ve en Argentina, y porque nos toca muy de cerca, el rol del FMI en todos estos procesos, el sometimiento de Colombia y luego el rol que ocupa Colombia en una escala continental con la instalación de las bases norteamericanas, ¿esto ha tenido influencia en cómo se estructuró el trasfondo, el trabajo de topo que desencadenó esta rebelión?

-Desde luego, uno nunca puede olvidar los factores estructurales. Yo estoy mencionando los protagonistas sociales de estos procesos, pero todo está determinado por esos factores estructurales. Termino de aclarar esto del rol de la juventud porque esas movilizaciones que se han dado, que son sucesivas oleadas, impactan a la población, es como un proceso de aprendizaje colectivo. Esa juventud que se movilizó en 2018 logró poner al gobierno contra la pared y finalmente se vio obligado a firmar un acuerdo con el movimiento universitario, que significó un incremento en el presupuesto de las universidades. Los propios rectores de las universidades públicas cuantificaron con estudios el déficit que estaban arrastrado las universidades, que les impedían funcionar normalmente y responder a los requerimientos de la comunidad educativa; ellos lo cuantificaron en unos 14 millones de pesos. En el movimiento de 2018, el gobierno se vio obligado a incrementar el presupuesto en unos 4 o 5 millones, que era dar oxígeno pero no resolvía el problema de fondo. El gobierno de Duque se jacta de que el presupuesto para el sector educativo es el mayor que ha hecho cualquiera de los gobiernos en toda la historia. Pero cuando uno lo mira respecto de las necesidades es insuficiente. Además, que detrás del incremento presupuestal hay otras cosas, hay condicionamientos e incluso hay corrupción en la implementación del presupuesto.

Menciono esto porque, en 2019, esa juventud universitaria junto con esta juventud popular salen también a las calles, son el grueso de las movilizaciones; los sectores sindicales, los sectores de trabajadores organizados si bien están presentes en las movilizaciones no son el sector más poderoso. Hay otros sectores, los indígenas también que se ligan a la movilización, pero hay relaciones particulares entre los diferentes sectores sociales que hay que conocer.

Si vamos a los factores estructurales, digamos que Colombia es un país de desarrollo económico medio, es un país que durante mucho tiempo intentó tener un modelo de protección del mercado interno. En los años ’30 del siglo pasado, hubo una voluntad de un sector de la burguesía liberal que quería industrializar al país y modernizarlo para salir del atraso en los sectores mineros y agrícolas e industrializar el país. Hubo un período de medio siglo de industrialización y de protección, pero eso se cerró a finales de los ’80, principios de los ’90. No voy a narrar todo ese proceso histórico, en estos días he tenido que dar varias conferencias al respecto, pero hubo una especie de corte, que coincide con hechos mundiales. En el ’89 cae el Muro de Berlín, en los ’90/’91 se desintegra la Unión Soviética, etc. Y sucede ahí que en Colombia se estaba viviendo un momento particularmente crítico y era que se habían juntado un proceso económico de muchas dificultades, que había provocado una crisis social muy profunda, había una insurgencia guerrillera que se había fortalecido y que había llegado a coordinarse en la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, se llamaba así, que había juntado a todas las guerrillas, a las FARC, al MLN, al EPL, al M19, digamos que estaban coordinadas las guerrillas, y estaba la burguesía narcotraficante enfrentada con el Estado, entonces había un choque muy fuerte entre la burguesía narcotraficante y la tradicional. Era la época de Pablo Escobar, hacían atentados, derribaban aviones con atentados terroristas, le colocaron una bomba a la Agencia Nacional de Seguridad, casi derribando el edificio central de la seguridad, etc.

En ese proceso, la burguesía narcotraficante había fomentado el surgimiento de los grupos paramilitares, se habían enfrentado con la guerrilla para proteger su negocio, entonces habían organizado sus ejércitos privados, diferentes carteles de la droga, el cartel de Cali, el de Medellín, en Boyacá. Allí se habían aliado otros sectores burgueses, los grandes terratenientes, los ganaderos, y se estaba produciendo ese proceso de convergencia de crisis. Ese proceso fue neutralizado, canalizado, a través de una Constituyente, que también se pudo concretar por la vía de una movilización estudiantil, a principios de los ’90, entonces se hizo un movimiento que se llamó la “Séptima papeleta”, porque era una solicitud que se introducía en unas elecciones, entonces el presidente de turno, César Gaviria, dijo “hay que escuchar el clamor popular y por lo tanto convoquemos una constituyente”, eso ni siquiera estaba contemplado en el ordenamiento constitucional porque la Constitución anterior impedía que se convocara esa constituyente. La que se tomó fue una medida política y esa constituyente sirvió para desmovilizar a un sector de la guerrilla y para, en cierta medida, modernizar las instituciones políticas del país, buscar un nuevo pacto. Entonces hubo una especie de apertura política hacia el multipartidismo, se consignaron una cantidad de derechos, que están ahí en la Constitución, y luego se pasó a un proceso de “vamos a estabilizar el régimen político”, porque estaba desestabilizado.

Pero durante esa primera década de aplicación de esa constitución, en realidad lo que ocurrió fue que se impuso el modelo neoliberal. Hay un profesor de mi institución que decía “la Constitución del ’91 fue la fachada democrática del modelo neoliberal”. Esto era una especie de paradoja porque en las normas aparecía una constitución muy democrática, pero en los planes económicos de la burguesía era exactamente lo contrario, pactados con el imperialismo, entonces fue la privatización de las actividades rentables del Estado, el sistema de telecomunicaciones, las obras públicas, etc. Todo empezó en un proceso muy acelerado de privatizaciones; se aplicó eso como en el resto de América Latina.

Al mismo tiempo siguió actuando la principal guerrilla. Se habían desmovilizado algunas. se desmovilizó una porción del Ejército Popular de Liberación, el M19 se desmovilizó formalmente, se desmovilizó una guerrilla indígena, una fracción de ELN, y auspiciaron participar en el proceso constituyente. Hubo una receptividad frente a eso. El M19 tuvo muchos constituyentes. Pero, finalmente, firmaron ese acuerdo, la constitución. Supuestamente tenía que pasarse a un proceso de institucionalización, pero eso no fue lo que se dio, porque la burguesía narcotraficante seguía desarrollando su propio proceso. Ellos pactaron en la Constitución del ’91 que era ilegal la extradición, eso era parte de los acuerdos, ahí fue cuando Pablo Escobar aceptó ser apresado y estuvo durante un período preso, y estaban en un conflicto con otro de los carteles, el de Cali, entonces, el gobierno, que fue el que sucedió al de César Gaviria, el de Ernesto Samper, fue respaldado por los narcotraficantes, ellos fueron los que contribuyeron a su elección.

El imperialismo trató de aislarlo, le quitó hasta la visa al presidente, pero en el acuerdo que tenía con los narcotraficantes, era un gobierno neoliberal que decía: “aquí tenemos que buscar una forma de estabilizar la situación”.

Posteriormente vino Andrés Pastrana, en cuyo gobierno hubo un intento de llegar a un acuerdo de paz con las FARC, que duraron más o menos tres años las negociaciones del Caguán. Le entregaron a la guerrilla un territorio equivalente al tamaño de El Salvador, aproximadamente, para que estuvieran ahí sin persecuciones durante tres años en que siguieron las negociaciones.

Pasados los tres años declararon rotas las negociaciones, pero en ese período el imperialismo había elaborado el Plan Colombia, y el Plan Colombia era un plan de guerra, un plan militar, político, social, de ver cómo lograban que Colombia se estabilizara, derrotando militarmente a la guerrilla. Pero justo en ese gobierno, hubo una caída abrupta de la economía colombiana, de las más grandes que ha habido, en ese momento creo que fue un PBI de -6%, fue una caída muy brusca, el gobierno perdió todo su prestigio, y fue cuando tuvo el primer período Alvaro Uribe. Y Uribe representaba, paradójicamente, a la burguesía narcotraficante también; Andrés Pastrana pertenecía a la burguesía tradicional. Habría que mirar la correlación de eso con los gobiernos norteamericanos, porque la burguesía colombiana siempre ha tenido una estrecha relación con los vaivenes que tiene la burguesía norteamericana en el poder; entonces, de acuerdo al talante de republicanos o demócratas que estén en el gobierno norteamericano hay alas de la burguesía colombiana que tienen más o menos poder. La política norteamericana hacia Colombia es bipartidista y la política de la burguesía colombiana es también de común acuerdo entre las grandes fracciones burguesas.

El gobierno de Uribe fue una especie de sorpresa porque fue un gobierno, llamémosle populista de derecha, pero que llega con un plan de guerra, que es el Plan Colombia, y tenía la posibilidad, por sus nexos con los grupos paramilitares, de negociar la desmovilización de esos grupos paramilitares, entonces hubo una primera fase del gobierno de Uribe que fue “vamos a derrotar militarmente a la guerrilla”, y fue un plan genocida, violentísimo. En la última década del siglo XX y en la primera década del siglo XXI hubo un desplazamiento forzado en Colombia de más o menos 8 millones de campesinos, les arrebataron sus tierras, los asesinaron, hubo masacres sistemáticas, y se produjo una apropiación de las tierras de los campesinos por parte de los grandes terratenientes y de la burguesía narcotraficante. Entonces, tenemos más o menos unos 6 u 8 millones de hectáreas, que es correlativo al número de campesinos con el número de hectáreas, que se los apropió estos sectores de la propiedad.

El gobierno de Uribe buscó algo así como “vamos a estabilizar esto” y se compromete con Estados Unidos: “vamos a derrotar a la guerrilla y vamos a desmovilizar a los paramilitares”. Entonces fortalecen a las fuerzas armadas colombianas. Estas fuerzas armadas, en proporción a la población, son mucho más grandes que las de cualquier país de América Latina, casi que incluido Brasil, y tienen un asesoramiento directo del Departamento de Estado, por eso lo que tú mencionabas, Colombia es una especie de portaaviones de Estados Unidos, es muy dependiente económica, política y militarmente de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que determina el comportamiento de la burguesía colombiana. El gobierno de Uribe cumple esa labor. Es importante señalar que Juan Manuel Santos era ministro de Defensa de Uribe. Uribe gana el apoyo de la población, porque estaba agotada de la guerra, agotada del conflicto armado y la guerrilla estaba profundamente desprestigiada. Y se desprestigió porque después de la crisis de principios de los ’90 y la Constituyente, el sostenimiento de la guerrilla fue relativamente artificial, era un aparato armado muy poderoso que tenía que sostenerse en sus relaciones con el narcotráfico, primero imponiéndole impuestos que llamaban “vacuna”, le cobraban un impuesto a los narcotraficantes en el control del territorio y, por otro lado, con el secuestro de personas, eso desprestigió mucho a la guerrilla. La población estaba cansada de todo eso y del ataque a las poblaciones que también les perjudicaban.

Entonces, la guerrilla se fue quedando sin espacio político interno, ya había perdido el referente ideológico de la Unión Soviética, las FARC son una guerrilla estalinista, influenciada por el estalinismo políticamente o dirigida bajo esa concepción, y estaban siendo derrotadas militarmente. Tuvo en alguna medida un espacio de oxigenación por el chavismo en Venezuela, cuando asciende Chávez al poder hay una especie de equilibrio, porque el gobierno colombiano se enfrenta con Chávez, como un juego de poder. Hay unos territorios, que son territorios de frontera, en los que la guerrilla se mueve entre las dos naciones. Pero Chávez lo que hacía era más o menos plantear “yo puedo ser el garante de un proceso de paz, a cambio de eso ustedes no presionen a Venezuela”. Finalmente, viene el segundo período de Uribe, pero se va produciendo un proceso, de nuevo, de algo así como de desinstitucionalización del país, similar a lo ocurrido a finales de los ‘80 y principios de los ‘90, entonces hay un sector de la burguesía que dice “no podemos permitir que esto continúe así porque en cualquier momento se establece un régimen dictatorial, que no le conviene a nadie, una especie de García Meza boliviano o de Noriega en Panamá”.

Se llegó a hablar de eso, que Colombia era un Estado fallido y que iba hacia una narco-democracia, un poco como la calificación que se puede hacer ahora de México. Hay un propósito político de la burguesía de cerrarle el paso a Uribe para un tercer período, porque él intentó una reforma constitucional que le permitiera ser reelegido nuevamente, y si lo hubiera logrado, lo hubieran reelegido, contaba con apoyo de la población. Le cortan eso y sube Juan Manuel Santos diciendo que iba a darle continuidad al plan de seguridad democrática de Uribe, pero lo que hizo fue como volver a barajar las cartas y planteó un proceso de negociación de paz. El gobierno de Uribe ya había cumplido la tarea de arrinconar militarmente a la guerrilla, de aislarla políticamente, pero era imposible derrotarla del todo, porque Colombia es una especie de paraíso para la guerrilla, por sus características geográficas, por la desigualdad social que es muy, muy aguda, creo que es el segundo país más desigual del continente en el índice Gini y del mundo, con un nivel de concentración de la riqueza que es algo absurdo.

Quiere decir que hay una base social, y las características geográficas es que tenemos unas zonas amplísimas de territorio donde el Estado no puede garantizar ningún tipo de control, entonces, ahí están la colonización de campesinos que van a la frontera agrícola y están las bandas criminales, los carteles de la droga, y esos campesinos la única alternativa económica que tienen es sembrar coca, los presionan y tampoco tienen otra alternativa. Siembran coca, y están los laboratorios, están las rutas de exportación, hay rutas por todos los costados, por Venezuela, por la costa pacífica, y eso es un problema que no se puede solucionar si no es por la vía de que el Estado pueda entrar a controlar esos territorios. El propósito de Santos era ése: “vamos a hacer un acuerdo de paz con las FARC y por esa vía podemos solucionar el problema”.

Pero el acuerdo de paz implica hacer reformas más o menos importantes, por ejemplo, se está hablando de una reforma agraria, que no es radical, no es una revolución agraria. El ministro de Agricultura de Santos, que organizó ese plan, planteó: “quiero que sepan que este plan agrario no es ninguna revolución agraria, lo que queremos es formalizar la propiedad de la tierra, porque tenemos millones de hectáreas sobre los cuales no hay títulos, entonces la tierra no es mercancía, o sea no podemos comercializarlas, no pueden llegar las grandes transnacionales a comprar territorios porque no hay a quién comprárselas, no hay títulos de propiedad sobre eso y, en segundo lugar, tenemos que tratar de indemnizar o permitirle la restitución de tierras a sectores de los campesinos que fueron desplazados”, y eso es parte del acuerdo con las FARC. Al mismo tiempo le tienen que dar terrenos a los guerrilleros que se desmovilizaron para que vuelvan a una economía agrícola formal. Entonces, ése es el problema.

Ese sector, que es el más reaccionario de la burguesía, más de derecha, que está representado en uribismo, se resiste a ese plan. Por eso, cuando llega el gobierno de Duque, éste plantea que va a echar a atrás los acuerdos de paz, que no los va a cumplir, que tampoco va a aceptar que haya una justicia especial para la paz, que existe como parte de los acuerdos, que es para juzgar los crímenes de la guerrilla y los crímenes de los paramilitares, pero bajo los parámetros que alguna medida signifiquen algún tipo de amnistía para la guerrilla. Hay sectores de la burguesía que no aceptan eso, que no perdonan, mejor dicho. Estamos en esa situación, desde el punto de vista del régimen político.

Me he extendido mucho porque me he puesto a dar con todo este contexto, pero vamos a que todo esto es el background que explica el momento en que estamos viviendo y los antecedentes. La situación económica del país fue relativamente estable en la primera década de este siglo, hubo crecimiento económico, pero fue el mismo tipo de crecimiento económico del resto de América Latina, esa economía protegida que hubo durante cincuenta años, se terminó a principios de los ’90 con esa constitución y el país optó por un modelo que fue de exportación de materias primeras. Entonces, este es un país que sin ser petrolero, porque no tiene grandes yacimientos petroleros, es exportador de petróleo. Es un país minero, hay minas, como la de Cerrejón, que queda en el nororiente de Colombia, en la península de La Guajira, que es lado de Venezuela, que es la segunda mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, que lleva unas cinco décadas de explotación. Hay ese tipo de recursos, pero sucede que la economía colombiana ha pasado a ser dependiente de las materias primas. Entonces las materias primas tuvieron un valor incremental durante la primera década de este siglo, por la forma como estaba la economía mundial.

Cuando llega la crisis de 2008, que se extendió hasta el 2011, que se extiende a nivel mundial, cae el precio de las materias primas y entra en caída la economía colombiana. Entonces, sucede que a estos gobiernos les ha tocado una especie de reorientación de la economía. Santos planteó, y lo logró, que Colombia que entrara a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], que le da un status internacional en el terreno económico, y ha planteado una posibilidad de reorientación económica, pero se mantiene dentro de esos parámetros, aunque han diversificado de alguna manera las relaciones, se han volcado sobre el Pacífico, relaciones con Asia, han hecho un esfuerzo por tener buenas relaciones con la Comunidad Económica Europea, etc.

Pero Colombia está determinada por la economía yanqui y por esa economía narcotizada, algo así como que Estados Unidos impone que se le tiene que garantizar la guerra a las drogas, al narcotráfico. Y, en realidad, ése es un pretexto para mantener su intervención militar en el país y para que Colombia le sirva de peón en su política geoestratégica respecto de la región. Entonces, el gobierno de Duque llega y se enfrenta con esa situación, ese es el momento que está viviendo, pero tiene una política, que es volver otra vez a tener un régimen muy autoritario, este gobierno ha logrado apropiarse de todos los organismos de control, no tiene la mayoría en el Congreso pero hizo un pacto con los otros sectores de la burguesía y toda su legislación, sus proyectos legislativos han funcionado en todo este período.

Los sectores burgueses tienen roces, tienen contradicciones, pero han tenido un frente común contra los trabajadores, contra la población en general. Pero la contradicción que tienen es sobre cuál es el régimen político más adecuado para estabilizar el país y es ahí donde se expresa en el terreno de los acuerdos de paz, “cumplimos o no cumplimos los acuerdos de paz”, eso es concreto. Al extremo de que un sector de las FARC decidió volver, sector de las disidencias se llaman, a la lucha guerrillera, pero en condiciones absolutamente inviables. Este sector se ha dedicado al narcotráfico o es rehén del gobierno de Maduro en este proceso de equilibrio de fuerzas. El Ejército de Liberación Nacional también está ligado al narcotráfico, lucha por control de territorios.

Ahora, por el lado de la movilización social, es nuestra opinión como Grupo de Trabajadores Socialistas que lo que ha ocurrido es que en noviembre 2019 hubo un quiebre en la correlación de fuerzas, la respuesta que dio el movimiento social mostró que había una nueva situación. Es una nueva situación en la que pesa mucho el hecho de que justamente haya habido un acuerdo de paz. El régimen siempre tuvo pretextos para reprimir muy fuertemente la movilización social, que era que la movilización estaba instrumentalizada por la guerrilla, siempre decía “detrás de la movilización de los estudiantes, de los campesinos, de los indígenas o de las poblaciones afrodescendientes está la guerrilla, no está ahí, están infiltradas, están implementando eso”.

Incluso, ahora, lo digo anecdóticamente, Uribe, quien después de ser presidente decidió ser senador y renunció al Senado para protegerse de la ley, porque hay un proceso judicial en contra de él, que es muy fuerte, que puede terminar llevándolo a la Corte Penal Internacional, por sus vinculaciones con los paramilitares. Uribe ha planteado una categoría, algo así como de un filósofo nazi chileno, que es la teoría de la revolución molecular diseminada y que dicen que eso está basado en teorías filosóficas posmodernas de Guattari, de Deleuze, etc., y que es que el conflicto social, promovido por el comunismo, ahora no se produce como lo tenían planificado los revolucionarios tradicionales, como los bolcheviques, sino que es otro tipo de proceso. Es como una especie de provocar una paranoia anticomunista con ese tipo de planteamientos, pero que pareciera que en la realidad, cuando se producen situaciones como las que estamos viviendo, parecieran confirmarse, y les sirven como justificación ideológica para un comportamiento profundamente regresivo, fascista.

Llevamos en estos 15 días, se calcula, confirmados, unos 40 muertos, y la comparación que se hacía era con Chile. En Chile, durante 150 días, llegó un momento en que se sumaron 34 muertos; en Colombia, en sólo 15 días, llevamos 40 muertos y una cantidad grande de heridos, un montón de detenidos y desaparecidos. Este es el momento y los antecedentes de este proceso.

-Si pudieras comentar si hubo algún tipo de debate respecto de este movimiento, si hay algún sector que vea una salida del gobierno o la conformación de algún organismo propio, una asamblea popular, como surgió también en Chile, y qué debates hay en torno de las futuras elecciones. Como en Argentina, en que ahora los que son gobierno decían que todo se resolvía con las elecciones de 2019, los problemas continúan, incluso se han agravado, y este es un debate también presente en Colombia, comparado con la experiencia chilena, y allí hay otros puntos de contacto.

-Sí, primero como juicio, el 21 de noviembre de 2019 y el proceso que le siguió, uno podría decir que Colombia empezó a entrar al ritmo del resto de América Latina, que si juzgamos como un proceso continental lo que ha venido aconteciendo en las dos últimas décadas, Colombia siempre va en contravía. Cuando en la primera década hubieron en América Latina insurrecciones, derribamiento de gobiernos, aparecieron los gobiernos progresistas, en Colombia tuvimos dos períodos de Uribe, eso es ir contra la vía del resto de América Latina.

Entonces, ahora Colombia, por fin, empieza a entroncar con el ascenso general, con las particularidades que he mencionado. La diferencia con Chile es que en Colombia hay guerrilla, narcotráfico, es distinto, y eso genera dinámicas sociales diferentes. Con respecto a las perspectivas, a las propuestas políticas que hay en curso, evidentemente hay un sector de la burguesía que desde el inicio, cuando Duque planteó la reforma tributaria, el Partido Liberal, que es un partido burgués tradicional, de más cien años, y un nuevo partido burgués, de más o menos 15 años, Cambio Radical, se pronunciaron categóricamente en contra, dijeron “no vamos a votar a favor de la reforma tributaria”, a pesar de que esos partidos han sido aliados del gobierno en todo el proceso de legislación anterior. El juicio de ellos era que no necesitaba una reforma tributaria o incluso que ésta se descargara sobre la población trabajadora, sino que no era conveniente políticamente. Ellos decían: “estamos en un año preelectoral, el próximo año hay elecciones presidenciales, entonces, usted, con esa reforma tributaria nos está dejando sin espacio, porque vamos a quedar absolutamente desprestigiados si aprobamos eso y usted está facilitando a Gustavo Petro¹Político centroizquierdista, ex-guerrillero del M-19. Principal rival de Duque en la elección presidencial de 2018. que gane las elecciones”.

Después de la Constitución del ’91, Colombia empezó a vivir la experiencia del multipartidismo, empezaron a aparecer partidos diferentes del bipartidismo tradicional, liberal y conservador. El régimen político colombiano siempre ha sido profundamente autoritario. La burguesía colombiana se jacta de que Colombia es la democracia más antigua de América Latina, porque después de una dictadura militar con la que se cerró la guerra civil de los años ’50, que se llamó La violencia, en Colombia nunca ha habido dictadura militar. Mientras que en el resto del continente hubo numerosas dictaduras, en Colombia había una democracia formal, elecciones cada dos años, presidenciales cada cuatro. Entonces decían que era la democracia más antigua de América Latina. Pero en realidad esa democracia ha sido la fachada de un régimen profundamente autoritario, presidencialista, que tiene una legislación que le permite imponer el estado de sitio, en el que el presidente gobierna por decreto. Antes de la Constitución del ’91 se gobernaba así el país y luego de esa constitución existe lo que se llama estado de excepción, pero es un régimen muy controlado, muy monopolizado por los partidos burgueses.

Fuera de eso se ha permitido la acción del paramilitarismo, que asesina a dirigentes sindicales, a líderes populares. Colombia es el país donde más se asesina a dirigentes sindicales anualmente en el mundo, eso es brutal. En los ’80 se exterminó a un partido político, que fue un primer intento de pacificación de las FARC, de llegar a un acuerdo político para convertirse en partido político, la Unión Patriótica. Fue exterminado, asesinaron a unos 5 mil militantes en la década del ‘80. Y Colombia ha sido juzgada por ese exterminio, un caso único en el mundo. Ahora, se han estado asesinado a los desmovilizados de las FARC, ya van casi 300, desde que se firmaron los acuerdos de paz. Ese es uno de los argumentos de uno de sus comandantes para decir que se declaraban de nuevo en insurgencia. Ese es el régimen político que está presente.

Actualmente, las diferentes versiones políticas de la burguesía están divididas por eso, de cómo hacen para salir de este problema. En primer lugar, se opusieron a la reforma tributaria y después presionaron al presidente a que la retirara; cuando esto pasó ya todos los partidos políticos dijeron “señor presidente, aquí estamos para conversar con usted y llegar a un acuerdo para estabilizar la situación”, entonces buscan de nuevo el pacto, porque saben que se ha desencadenado un proceso que puede ser incontrolado. En las elecciones pasadas, en la primera vuelta, todos los partidos fueron divididos, y Gustavo Petro obtuvo la más alta votación de los sectores minoritarios, pasada la segunda vuelta, entonces, como él pasaba a competir con Duque, el otro que pasó a la segunda vuelta, todos los partidos burgueses se pusieron detrás del Centro Democrático, se aliaron contra Petro, y dijeron “ahora sí se acabaron nuestras diferencias, nos aliamos”, y el Partido Liberal y un partido de centro llamaron a votar en blanco y con eso facilitaron el triunfo de Duque.

Pero realmente Petro fue un fenómeno político, tuvo ocho millones de votos, estuvo como a 3 millones de Duque, pero si hubiera habido un frente, de izquierda, digamos, y se hubiera mantenido la burguesía dividida, Petro hubiera ganado las elecciones. Él ahora aparece como la candidatura más probable para las próximas elecciones, y dice “soy progresista, no soy socialista, lo quiero es capitalismo, desarrollar el capitalismo en este país porque no se le ha permitido desarrollarse democráticamente” y plantea que está a favor de desarrollar los acuerdos de paz. Ha llamado a que se realice un pacto histórico, al que empiezan a sumarse diferentes sectores, entre ellos parlamentarios que pertenecían a los partidos burgueses. Empezaron a sumarse al proyecto de Petra y saben que en este momento se ha fortalecido más la opción de Petra.

Petra llamó, durante el paro, “a salvar a Duque de Uribe”, así lo planteó, porque Uribe es quien presiona a Duque a que adopte esta política represiva, que nos mete en un callejón sin salida, no dan respuestas sociales, etc. Pero los analistas más serios, incluso burgueses, dicen “esto es falso, no hay ninguna diferencia entre Duque y Uribe”; Duque es la aplicación de las concepciones de Uribe, no nos podemos llamar a engaños, y su política hacia las instituciones, de controlarlas, de monopolizarlas, incluidos todos los organismos de control. Actualmente, el gobierno no solamente tiene el Ejecutivo, sino que tiene la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las altas Cortes, está controlando todo y está promoviendo reformas institucionales para lograr un mayor control, el del Consejo Nacional Electoral, tiene el control de la cúpula de las Fuerzas Armadas, entonces estamos hablando de un régimen muy autoritario. La perspectiva no es positiva porque nos encontramos con un gobierno muy autoritario, con unos partidos burgueses que están a favor de garantizar la estabilidad y con una oposición de izquierda que dice “esperemos las elecciones de 2022”.

Por parte del movimiento social hay un problema de crisis de dirección: el Comité Nacional de Paro es la burocracia, tiene la capacidad del aparato, de hacer las convocatorias. Puede dirigir la lucha del magisterio, por ejemplo, en este período la dirección del sindicato del magisterio llamó a parar, con un argumento y es que lo están preparando a volver a los colegios, a la alternancia, y eso lo que ha provocado es contagios en las familias, niños, muertes de los maestros, y lo que están planteando es que hay que enfrentarse a eso. Hay una oposición desde ese punto de vista, pero la base social del movimiento, los que han estado en las barricadas, en los bloqueos, es la juventud, y el Comité no los dirige, no los representa.

Se ha venido impulsando, algo que es muy incipiente, un proceso de asambleas populares, que se dan en lo que ellos llaman “puntos de resistencia”, pero no es un proceso que todavía sea lo suficientemente orgánico, que tienda a la centralización, etc. Hay organizaciones sociales, políticas, de izquierda que pueden incidir, incluso los más pequeños, como nosotros, que podemos ir a esos puntos de resistencia y hacer planteamientos políticos. Pero el proceso organizativo es muy precario todavía, la posibilidad de centralización es muy difícil.

Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es: impulsemos el proceso asambleario, como una forma de fortalecimiento. Impulsemos la centralización, hacer un gran encuentro nacional de organizaciones de base, etc., en las que esté también el Comité Nacional de Paro, y que en ese gran encuentro se elija a un comité que refleje a todos los sectores, a los sectores sindicales que no están en paro. Los empresarios han visto obstaculizar la actividad económica por la vía de los bloqueos, pero no porque sus obreros hayan decidido en sus sindicatos parar. Ese es el problema, la contradicción; están desmontando el paro. Como caracterización, creo que estamos justo en el momento en el que se está produciendo el desmonte del paro por la vía de las medidas que ha venido tomando el gobierno, que ya ofreció la matrícula cero, ya desmontó la reforma tributaria, es muy probable que retire la reforma de la salud, que agrava la privatización del sector de la salud, y es muy probable que defina algo llamado “renta básica”, que no es la que se está pidiendo, se dice que sea equivalente a un salario mínimo por persona, y el gobierno está ofreciendo para una familia de 3 a 4 personas la mitad de un salario mínimo, y todavía no está aprobado, simplemente es un proyecto de ley que los sectores opositores presentaron en el Congreso.

Que eso se logre va a ser difícil, pero se pueden tomar medidas que aparezcan como que atenúan la gravedad de la situación. Por lo tanto, el movimiento, sin salir derrotado, se diluya, se disperse, se evapore, pero las fuerzas del movimiento quedarían intactas. Esta juventud, los sectores que han salido a luchar, han hecho un aprendizaje y eso va a quedar ahí. Porque las asambleas que se están haciendo ahora, ya se habían hecho en 2019, ahora han vuelto a revivir otra vez a revivir esas autoconvocatorias. Se abre ese proceso y no podemos descartar, de acuerdo a circunstancias imprevistas, que vuelvan a haber estallidos sociales próximamente o la otra alternativa es que se canalice todo hacia las urnas en 2022. Hay aquí un margen de incertidumbre, eso es real.

-Vos pertenecés a un grupo político en Colombia, que seguramente están interviniendo en estos procesos, ¿querés comentar algo?

-Sí. Hay algo que no mencioné y creo que ha sido muy importante en este proceso que es la solidaridad internacional, hubo una reacción internacional, que creo que es también inédita. No sé, creo que en otros momentos, probablemente, de masacres en Colombia o cuando hubo cuando el plebiscito que convocó Santos para los acuerdos de paz, cuando fue derrotado por el uribismo, porque ganó el No a los acuerdos, hubo una especie de movilización internacional, de pronunciamientos. Pero creo que ha habido otra cosa, más auténtica, grandes concentraciones en diferentes lugares del mundo, pronunciamientos de personalidades, hasta mediáticas. Esto ha sido muy importante, hay que señalarlo y hay que continuar en la medida de lo posible promoviendo esa solidaridad continental con Colombia, denunciando las masacres, siguiendo la investigación, el castigo contra los responsables, exigiendo la caída de ministros. Acaba de caer la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller, y es directamente producto de la movilización. Quiere decir que este movimiento ya se llevó por delante dos ministros muy importantes. La censura de esta ministra es por su absoluta incompetencia frente a esa movilización internacional de protesta, de denuncia y de desprestigio del gobierno de Duque, que está en muy malas condiciones su gobierno.

Y lo otro es desde el punto de vista de las propuestas políticas en Colombia. Aquí existen agrupaciones trostkistas, estamos en este momento desarticulados, pero hay un espacio político en el que se puede intervenir, entonces, frente al monopolio que la burocracia sindical y los partidos políticos reformistas y el estalinismo han tenido en Colombia, aquí hay un espacio a la izquierda. Un espacio que está ahí, que está presente, en el que se puede intervenir. Se han planteado iniciativas, el movimiento que se dio en 2019 y al inicio de 2020 se produjo un gran encuentro nacional obrero y popular, llegaron unas 3.000 personas de todo el país, de diferentes procesos. Estuvieron ahí presentes, y la burocracia dividió el evento, a partir de ahí salieron iniciativas. Una de ellas se llamó Bloque por el Paro General Indefinido, que agrupa a sectores más radicales, y nosotros empezamos a impulsar algo que se llama la Coordinadora Nacional Social-Sindical y Popular.

A pesar de que son pequeñas experiencias son prometedoras, porque cuando los sectores más radicales quieren buscar niveles de centralización, de dirección, más clasistas, más de lucha, más de confrontación al gobierno, encuentran a la izquierda en estas coordinaciones. Entonces, creo que se abre un momento propicio para la actuación, para reivindicar el socialismo, para reivindicar una alternativa de fondo, insistiendo que lo que está ocurriendo en Colombia no es más que la expresión de la decadencia del capitalismo, ya que esto que es coyuntural, en realidad, no tiene salida en los marcos del capitalismo y que es la gran contradicción que tenemos. Entonces, plantear muy nítidamente a los sectores sociales movilizados que se necesita el protagonismo de la clase obrera, que hay que llamarla a la movilización y su autogestión y que, por lo tanto, viene un período muy importante de continuidad del ascenso de luchas en Colombia. Esa es nuestra visión.

Entrevistado para Prensa Obrera por Luciano Arienti y subido en forma de video el 14/5/21.

1. Político centroizquierdista, ex-guerrillero del M-19. Principal rival de Duque en la elección presidencial de 2018.