Argentina: elecciones en medio de la crisis social y sanitaria

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Las elecciones de medio término en la Argentina se desarrollarán atravesadas por un cuadro de colapso sanitario y crisis social. Con más de 40% de pobreza, con más del 60% de pobreza entre los de menores de 17 años, más de 80.000 muertos por pandemia, el país está atravesando una profundización de una crisis histórica. La economía argentina no crece hace una década. Los niveles de pobreza nunca bajaron del 25% desde el fin de la dictadura y vienen creciendo los últimos diez años. La pandemia vino a acentuar un deterioro de las condiciones de vida de larga data, hundiendo a franjas crecientes de la población en la indigencia y la miseria. La totalidad de las fuerzas políticas que han gobernado la Argentina son responsables de esta situación.

La falta de rumbo nacional se encuadra en una crisis mundial de características convulsivas, que ha sacudido con rebeliones populares a Latinoamérica y a los propios Estados Unidos. Crisis y rebeliones que golpean desde la Venezuela de Maduro al Chile “modelo” de la derecha, desde Colombia -donde la rebelión popular acorrala a Duque- hasta Perú, donde el régimen político se disgrega y da paso al triunfo de Castillo. La idea, interesada, de la derecha local, de que la Argentina sería una especie de contraejemplo de un mundo en desarrollo, ha sido desmentida por los hechos. El FMI reconoce en sus informes que la tendencia es a nuevas rondas de rebeliones populares como producto de la crisis agudizada por la pandemia.

El empantanamiento económico del país es resultado de factores de fondo. La deuda supera los 300.000 millones de dólares y Argentina tiene cortado el acceso al crédito internacional a pesar del canje de deuda de 2020. Para tomar dimensión de lo que implica esto, tengamos en cuenta que el gasto total en vacunas para el Covid en el mundo se estima en 157.000 millones de dólares; o sea, que la Argentina debe una cifra que podría abastecer de vacunas contra el Covid dos veces a la población entera del planeta. La deuda se combina con la fuga de capitales, que es sistemática y lleva a que la burguesía “nacional” tenga 400.000 millones de dólares en el extranjero. El resultado es el derrumbe de la tasa de inversión, que viene cayendo desde 2009, cuando alcanzó el 20% del PBI, al 2020, donde se ubicó en el orden del 12%.

Un resultado de esta situación es la quiebra del Estado. Como dijimos, el acuerdo obtenido a fuerza de grandes concesiones con los fondos de inversión que son propietarios de la deuda en dólares, en 2020, no sirvió para recomponer el crédito externo. El valor de los bonos argentinos ha vuelto a derrumbarse y las tasas de interés de la deuda van cuesta arriba. El gobierno marcha a un nuevo default con el Club de París, cuando debiera pagar la última cuota del acuerdo gravoso, pactado por Axel Kiciloff como ministro de Economía de Cristina Kirchner, que reconoció intereses y punitorios ampliamente por sobre el capital original. Una prórroga en el pago del Club de París no lograría evitar los intereses punitorios y tendría como precondición la revisión de la economía Argentina por parte del FMI. Todas las fracciones del oficialismo defienden la necesidad, más tarde o más temprano, de un pacto con el FMI, que implicará concesiones en términos de “reformas estructurales”, previsional, laboral e impositiva.

Estas reformas ya las viene llevando adelante el oficialismo. El ajuste fiscal es enorme en medio de la pandemia. Si en 2020 se aplicó el programa ATP, concedido graciosamente incluso a grandes patronales que no mostraron sus ingresos y gastos para el pago de salarios, ahora se implementa el Repro II, en el cual se llevan gastados 19.000 millones de pesos (a junio) contra más de 260.000 del programa anterior. Se eliminó el IFE, que llegaba a 9 millones de desocupados aunque con la suma exigua de 10.000 pesos bimensuales, para reemplazarlos con aumentos en la tarjeta alimentaria mucho más limitados en alcance y monto.

El ajuste se manifestó, entre otras cosas, en la reforma previsional. El gobierno desindexó el gasto en jubilaciones en relación con la inflación, cuando debía cubrir un fuerte salto inflacionario. El ajuste sobre las jubilaciones le permitió al gobierno un recorte de casi 100.000 millones de pesos en 2020, una suma que irá en aumento con la nueva fórmula. La reforma jubilatoria de Fernández profundizó el resistido ajuste de Macri de diciembre de 2017. Los salarios sufren un golpe similar, con paritarias pactadas en el orden del 30% y una inflación de 2021 que superará el 50%. El salario mínimo es de 21.600 pesos contra una canasta básica de 63.000 pesos. Los salarios vienen de tres años de perder fuertemente contra la inflación. Tenemos un gobierno que dijo que iba a pagar a los jubilados con la plata de las Leliq, y recortó 100.000 millones a las jubilaciones, mientras paga mensualmente intereses de Leliq por la misma suma.

Si tanto nacionalistas burgueses como macristas han fracasado y nos llevan cuesta abajo en el terreno económico, ni qué hablar del sanitario. Con 80.000 muertes, Argentina escala en el podio de los países más golpeados por el coronavirus. La gestión común de la pandemia entre el gobierno y Cambiemos ha dado lugar a un entuerto judicial con la Corte (que dictamina el trabajo virtual para el Poder Judicial), arbitrando en favor de las clases presenciales. Aunque Argentina lleva producido el principio activo para 60 millones de vacunas en Garín, en la planta mAbxience, de Hugo Sigman, las vacunas no llegan, a junio, a cubrir siquiera a los esenciales y de riesgo. Mientras las terapias intensivas se saturan, el gobierno se niega a aplicar restricciones para las cuales debería llevar adelante una política de apoyo a los desocupados y sostén de los salarios, que choca con las necesidades de financiamiento del FMI.

A la crisis de fondo del capitalismo argentino se suma una gestión capitalista de la pandemia que agrava todas sus características. La vacunación VIP en el ministerio sintetizó un régimen de privilegios en el marco del tratamiento a la pandemia. Los acuerdos secretos con los laboratorios son onerosos para el Estado, pero no se cumplen las fechas de entrega de vacunas. La derecha encabeza una campaña por un acuerdo con Pfizer, que tampoco garantiza una salida en lo inmediato, reforzando el secretismo de los contratos y el régimen de patentes que opera como un bloqueo a la producción masiva de vacunas en todo el mundo. La suspensión de las patentes, en agenda desde 2020, no avanza: la OMC patea el debate a fin de año. Los capitalistas de la salud privada presionan por aumentos y subsidios. Los vendedores de oxígeno lucran con el aumento de los tubos. Las obras sociales reclaman su tajada mientras niegan prestaciones básicas a sus afiliados. La salud se asienta en un régimen de precarización laboral generalizado.

Los partidos del sistema son incapaces de dar una salida progresiva a este conjunto de problemas. El fracaso es un fracaso de clase, de la burguesía nacional y el imperialismo. Son sus intereses los que han estado detrás de la agenda de las dos grandes coaliciones políticas del país: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Esta situación le otorga a la izquierda una responsabilidad especial: la de agrupar fuerzas en favor de una salida de los trabajadores a la crisis. La propuesta del Partido Obrero, de un congreso del Frente de Izquierda que agrupe tras esta perspectiva a las camadas de compañeras y compañeros que vienen enfrentando el ajuste y los atropellos del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, busca fortalecer esta perspectiva.

Una salida de los trabajadores implica, en principio, poner en marcha un plan económico y político de la clase trabajadora: romper con el Fondo Monetario y los acreedores internacionales, proceder a la investigación y no pago de la deuda externa, nacionalizar el comercio exterior y la banca para volcar los recursos nacionales a un plan de desarrollo resolviendo las necesidades urgentes de las masas: salario igual a la canasta familiar, 82% móvil, seguro al desocupado de 40.000 pesos de emergencia, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.

Pandemia

El fracaso en el tratamiento de la pandemia es uno de los datos salientes de la situación política nacional. El gobierno de Fernández implementó, en 2020, una cuarentena que fue flexibilizando a medida que pasaban los meses y se iban incrementando las presiones patronales para reabrir la actividad. La cuarentena, mal llamada “más larga del mundo”, no impidió, sin embargo, la difusión del virus. ¿Por qué? La Argentina de la precarización laboral, del hacinamiento en los barrios populares, del desfinanciamiento y la privatización del sistema de salud entró a la pandemia en condiciones ya críticas.

¿Cómo sostener el aislamiento en barrios populares con dos o tres familias por vivienda y sin agua? Las denuncias en este sentido se generalizaron durante todo el año 2020. A la situación habitacional ya crítica, que generó una ola de ocupaciones de terrenos, el gobierno respondió con desalojos generalizados, el más emblemático de los cuales fue el de terrenos en Guernica. El Frente de Izquierda respaldó los reclamos de Guernica y levanta la necesidad de un banco de tierras para resolver en forma urgente las necesidades populares, junto a un plan de vivienda masivo y urbanización de los barrios populares.

Lo mismo ocurrió en el terreno laboral. El gobierno decretó, por ejemplo, la prohibición de los despidos. Esto no impidió que las empresas siguieran despidiendo, por diferentes vías, a trabajadores en blanco: por ejemplo, cesando los contratos con empresas tercerizadas. Pero la pseudoprotección del decreto presidencial no llegó a los trabajadores en negro. La consigna del movimiento piquetero, “con hambre no hay cuarentena” sintetizó esta situación. La necesidad de millones de trabajadoras y trabajadores de salir a ganar el sustento diario en condiciones de precarización laboral limitó totalmente el efecto de las cuarentenas.

Si los trabajadores en blanco y sindicalizados debieron enfrentar la presión permanente de las patronales por desconocer los protocolos y enviar a trabajar a compañeras y compañeros de riesgo, entre los precarizados y trabajadores en negro la posibilidad de defenderse de estos atropellos fue directamente inexistente. Más del 90% de los establecimientos laborales en el país no tienen delegados electos. A esto contribuyó el papel cómplice de la burocracia sindical. Las luchas por los protocolos, que deben destacarse, recayeron en la mayor parte de los casos en las direcciones combativas del movimiento obrero, como el Sutna (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina), que elaboró un protocolo riguroso para ir retomando actividades.

La crítica situación social fue abordada por el gobierno por medio de dos programas centrales. Por un lado, el IFE, que alcanzó a 9 millones de personas, y por otro lado, el programa ATP de pago de sueldos. El primero significó en los hechos un ingreso total de 30.000 pesos para nueve meses de pandemia y se eliminó a fin de 2020 para alcanzar un ahorro fiscal requerido por los organismos financieros internacionales. El segundo subsidió ampliamente al capital sin pedir ningún tipo de rendición de cuentas. Se subsidió a grandes empresas con margen para pagar salarios, a empresas parte de grupos que incrementaron su recaudación en la pandemia, e incluso a Latam, que hizo las valijas y cerró su filial dejando a sus trabajadores en la calle.

Con esta orientación, la crisis social se fue incrementando y favoreciendo además la difusión del virus, por la imposibilidad de “quedarse en casa” cuando no se llega a un ingreso mínimo, e incluso por la imposibilidad de “aislarse” cuando se vive hacinado.

Mientras tanto, el sistema de salud abordaba la pandemia fragmentado y con un fuerte peso del lobby del sector privado. El gobierno descartó tempranamente la idea de la centralización del sistema de salud, que propuso el FIT-U para concentrar los recursos en el combate a la pandemia. No quiso chocar con los monopolios de la salud privada ni con la burocracia sindical que dirige las obras sociales.

El desfinanciamiento y la precarización laboral en el sistema de salud dieron origen desde el principio a reclamos de fondo. Mientras llamaba a “aplaudir” a los trabajadores de salud, de los que luego dirían que “se relajaron”, el gobierno los mantenía trabajando con salarios congelados en medio de una inflación creciente. Las huelgas en salud recorrieron el país. Desde Chubut, con sueldos pagos con atraso, hasta Chaco, con enfermeras que cobran 10.000 pesos; desde Capital, con los reclamos de pase a la carrera profesional de enfermería, a Mendoza, donde el Sitea (sindicato estatal alternativo) protagonizó un acampe de los trabajadores hospitalarios. El punto más alto de estas movilizaciones fue, sin dudas, la huelga de la salud de Neuquén, que puso al gobierno contra las cuerdas reclamando contra la paritaria firmada en forma inconsulta por ATE, por debajo de la inflación. Los bloqueos a yacimientos petroleros y las movilizaciones que recogieron un enorme apoyo popular lograron quebrar este acuerdo y conquistar un aumento superior, dejando al régimen del MPN golpeado y abriendo el camino para la reapertura de las paritarias para todos los estatales.

Bajo estas condiciones, la primera cuarentena fue fracasando progresivamente. Mientras tanto, el gobierno abandonó a su suerte a millones de docentes y estudiantes, que debieron volcarse a una virtualidad educativa sin recursos ni conectividad. El gobierno no garantizó en todo 2020 ni lo que va de 2021, el reparto de computadoras, ni los puntos de acceso al wifi gratuitos en los barrios. Arrojó a millones de estudiantes de los barrios populares a la deserción escolar, abonando un retroceso que llevará años recuperar -por otro lado, no hay ningún plan, ni recursos, para superar la situación.

Con esta política, que fue enfrentada en tiempo real por los estudiantes que reclamaban conectividad y dispositivos, el gobierno le dejó servida a la derecha la bandera menos pensada: la de defender la presencialidad escolar sin condiciones, que se aplicó desde inicios de 2021, siendo uno de los factores que incrementaron la virulencia de la segunda ola del virus. Rodríguez Larreta y toda la oposición de derecha, que en su distrito no repartió una sola computadora y recortó el presupuesto de infraestructura escolar en la Capital, largaron una campaña por el regreso presencial a la que pronto se allanó el gobierno nacional, que eliminó el semáforo epidemiológico que había sido resuelto por el Consejo Federal de Educación.

Cuando, frente al aumento de casos, el gobierno nacional quiso dar marcha atrás, la Corte Suprema, a la que recurrió Rodríguez Larreta para mantener la presencialidad, se apoyó en la eliminación impulsada por el mismo oficialismo nacional del semáforo epidemiológico para otorgarle la razón al gobierno de la Ciudad. Alberto Fernández le dio, con sus argumentos de febrero, elementos a la Corte para el fallo en favor de Rodríguez Larreta y la presencialidad escolar, que fue un revés para su gobierno.

Si la virtualidad sin recursos agigantó el derrumbe educativo, la presencialidad sin condiciones, en un marco de ascenso del nivel de casos, llevó a reforzar la crisis sanitaria sin resolver ningún problema de la educación. De fondo se notan las consecuencias del ajuste. La falta de conectividad y dispositivos sigue golpeando a gran parte de los estudiantes de todo el país. La crisis de infraestructura escolar agrava la situación en pandemia. Muchas escuelas no tienen condiciones mínimas para funcionar: les falta agua potable. Así, la crisis social y sanitaria, y el ajuste contra la educación, avanzan también golpeando en este reclamo fundamental para los trabajadores.

El abordaje de la segunda ola de la pandemia presenta, agravados, los problemas de la primera. La política de ajuste del gobierno ha reducido a la mínima expresión los gastos sociales de pandemia. Por eso, Fernández mantiene abierta la economía, sin cerrar ninguna rama de la producción. Un cierre sin recursos es la vía más rápida para llegar a un estallido social. El gobierno aparece paralizado por esta situación, que es producto, en última instancia, de la necesidad de cuidar el “orden fiscal” para un pacto con el FMI. La demora en la vacunación, la llegada del invierno, el desmantelamiento durante el verano de servicios ampliados de terapia intensiva que debieron ser reconstruidos en forma improvisada, el desgaste del personal de salud después de un año y medio de trabajo en pandemia lleva a un colapso del sistema sanitario.

El gobierno apuesta a que el avance de la vacunación le permitirá en los próximos meses ir superando la situación. Pero los números no avalan esa tesis. Para vacunar a los sectores esenciales, los mayores de 60 y a los que tienen enfermedades preexistentes con dos dosis se necesitan 15 millones de vacunas. Para llegar con dos dosis, son 30 millones e incluso eso dejaría sin vacunar a la mayoría de la población, con lo cual el virus seguirá circulando. Incluso los países europeos que vacunaron masivamente, combinaron esta política con los cierres, para frenar la circulación del virus. Así, el sistema de salud deberá dar respuesta, entre junio, julio y agosto, a los casos graves y hospitalizados de los más de 30.000 contagios diarios actuales, cifra que casi duplican los picos de 2020.

Es necesario centralizar el sistema de salud, dando respuesta a los reclamos de sus trabajadores. Hacer públicos todos los contratos con los laboratorios, avanzar en la producción nacional interviniendo en los laboratorios que la producen para garantizar el abastecimiento de toda la población y desconociendo los derechos de patentes. Restablecer el semáforo epidemiológico y proceder a cierres cuando se superen los topes. Garantizar el derecho a la educación proveyendo conectividad y dispositivos a estudiantes y docentes.

Choques políticos

La foto inicial de “unidad nacional” frente a la pandemia, entre Rodríguez Larreta, Kiciloff y Fernández, se fue quebrando y abriendo paso a crisis políticas agudas. La crisis y la pandemia son un escenario de choques entre el gobierno y la oposición que han atravesado toda esta etapa. Pero estos choques, que exceden al manejo sanitario, no rebasan los límites de lo que ninguno de los bloques a un lado y otro de la grieta coinciden: nadie cuestiona, en el gobierno ni en la oposición de Cambiemos, la gestión capitalista de la pandemia ni el ajuste, que son el verdadero motor del crecimiento del hambre y la pobreza, por un lado, y del fracaso sanitario, por otro, en esta etapa.

Después de haber denunciado al gobierno por “envenenar” a la población con la vacuna Sputnik V, Cambiemos largó una campaña denunciando la falta de acuerdo con Pfizer. El gobierno se jugó, en 2020, al convenio con Sigman para la producción local del principio activo de AstraZeneca. Este acuerdo, sin embargo, fue incumplido por la empresa, sin que el gobierno tomara ninguna medida. El FIT-U reclamó en una campaña pública la intervención del laboratorio para garantizar la producción y abastecer a la demanda local. El gobierno, en aras de garantizar el ajuste, rechazó vacunas del mecanismo Covax para no incurrir en mayores costos. Pero todos los acuerdos han sido secretos, algo que la oposición no cuestiona, porque actúa como portavoz de los intereses de los laboratorios y particularmente de los de Estados Unidos. El gobierno utilizó la “diplomacia de las vacunas” para empoderar a Sigman y apostó al acuerdo con Rusia, pero el resultado fue un enorme atraso de la vacunación. A dos bandas, el secretismo, la defensa de las patentes privadas y los negociados empresariales fueron el eje de la orientación de los grandes bloques políticos.

Otro terreno de choques fue el manejo de la crisis económica. El gobierno ensayó tentativas de arbitraje económico sin llevar a fondo ninguna iniciativa. En materia de precios va desarmando el esquema de precios máximos, que denunciaban las empresas alimenticias. En cuanto al comercio exterior, la recaudación récord de la cosecha de soja está quedando enteramente en manos de los pools y exportadores. Hasta el “nacionalismo fiscal” del pasado ha sido abandonado. La tentativa de intervención en Vicentin, que implicaba un rescate de la empresa y un salvataje a sus acreedores, fue abandonada frente a la presión de la oposición y las entidades agrarias.

En estos choques, el gobierno defiende intereses patronales muy concretos. La orientación de Fondo del Gobierno sigue enfocada a la perspectiva de un acuerdo con el FMI. El Fondo, por su parte, reclama al gobierno garantías, no solamente de repago sino, además, políticas que establezcan la viabilidad de la orientación de ajuste que se pretende establecer.

En materia agraria, negocia el levantamiento de la prohibición de la exportación de carnes con los frigoríficos y el consejo agroindustrial. Contra sectores que reclaman la nacionalización de la hidrovía, el gobierno está ratificando que establece la licitación, que está bajo control, por añadidura, del imperialismo a través de la OCDE. Va a fondo en una política promegaminería, que llevó a encarcelar activistas en Andalgalá. Defiende a las petroleras, a las que está favoreciendo con aumentos regulares y volcando fuertes recursos a través del “plan gas”, recursos que surgieron del limitadísimo impuesto a las grandes fortunas. El FIT-U se abstuvo, correctamente, en la votación parlamentaria de dicho impuesto, denunciando que estos ingresos alimentarían sectores patronales como las petroleras. La defensa de las petroleras abrió una crisis con los sectores productores de Biodiesel (y los gobiernos de las provincias involucradas, como Córdoba), por el intento del gobierno de rebajar la cuota obligatoria de biocombustibles en las naftas.

En materia energética, el gobierno sufrió choques internos en torno de la magnitud de los aumentos de tarifas. El ministro de Economía, Martín Guzmán es partidario de un aumento mayor. El kirchnerismo pretende un aumento menor, pero su política apunta a multiplicar los subsidios, nunca a cuestionar los contratos privatistas en el terreno petrolero ni a la apertura de cuentas de las viejas privatizadas de la distribución eléctrica. Como bajo el gobierno de Cristina, de esta forma el pato lo terminan pagando los trabajadores, con ajuste presupuestario en otras áreas e inflación.

En tercer lugar, el gobierno y la oposición patronal vienen chocando en el terreno del manejo de la Justicia. La política del gobierno es el copamiento oficial de la Justicia, sin que tenga relación con ninguna agenda progresiva. La llamada “reforma judicial feminista” quedó archivada sin expresión concreta. El centro de las preocupaciones del gobierno es otro: la impunidad para funcionarios y ex funcionarios del gobierno kirchnerista y para la propia Cristina. A este blindaje apunta la modificación de la designación del procurador general por mayoría simple, que dejaría su designación al arbitrio del Ejecutivo que tiene mayoría en la Cámara de Senadores. También, la creación de nuevos juzgados en la reforma judicial, que fue votada por el Senado pero está cajoneada en Diputados.

El objetivo del gobierno de controlar la Justicia tiene un objetivo que va todavía más a fondo. Porque la Justicia deberá arbitrar en causas clave, tanto (como lo viene haciendo) en la cuestión de la pandemia como también en relación a la suspensión de los índices jubilatorios, los procesos de quiebras empresariales, las nuevas reformas laborales vinculadas con la pandemia (como el teletrabajo) y toda una agenda de temas centrales. El objetivo del gobierno de colocar la Justicia bajo su control apunta a garantizar la viabilidad judicial de las medidas de ajuste que viene llevando adelante.

La idea de Cambiemos de embanderarse en la defensa de las “instituciones” no resiste el menor análisis. Macri mismo nombró por decreto dos jueces de la Corte (Rosenkratz y Rosatti). Los vínculos del macrismo con la Justicia están bajo investigación y uno de sus operadores judiciales terminó prófugo en Uruguay. En Jujuy, donde gobierna el radical Morales, al diputado electo del FIT-U, Gastón Remy, no se le permite asumir su banca y, en un episodio muy grave, una diputada kirchnerista fue suspendida por denunciar al presidente de la Cámara y al gobernador por corrupción. Los “republicanos” no dudan en avasallar las defendidas “instituciones” para defender sus intereses y los intereses patronales.

El intento del gobierno de poner en pie un arbitraje bonapartista viene generando choques políticos y los virajes y recules están en el orden del día. Alimenta los choques entre el gobierno y la oposición la disgregación y los choques de intereses patronales, abonados por la crisis y por un marco internacional de fuertes choques comerciales entre Estados Unidos y China. La burguesía opera, en gran medida, a través del propio gobierno, por medio de choques y presiones. Es preciso caracterizar los intereses en juego tras estos choques entre el gobierno y la oposición para oponer, a ambos, un programa y una perspectiva de reorganización social bajo control de la clase trabajadora. La falta de una caracterización de clase de los choques entre el gobierno y la oposición conduce a parte de la izquierda a una tendencia a adaptarse al nacionalismo cuando choca con sectores de la burguesía o bien con la derecha.

Las luchas obreras y populares

Contra esta política antiobrera se van desarrollando luchas importantes. Estas luchas cuestionan no solamente la orientación del gobierno y las patronales, sino, además y fundamentalmente, a la burocracia sindical y piquetera que se integró totalmente al gobierno de Fernández. En efecto, desde su postulación, Alberto Fernández presentó el apoyo de la burocracia sindical y piquetera como un aval, frente a las patronales, para mantener la paz social.

En un cuadro de pandemia y ajuste, esta integración acentuó su peso contra los trabajadores. Con el apoyo de la burocracia, Fernández, por ejemplo, pudo hacer pasar la reforma jubilatoria, contra la cual solamente se movilizó el clasismo y los sectores antiburocráticos. El lema antimacrista “Hay 2019” logró aglutinar en el apoyo al gobierno a todos los sectores de la burocracia. La burocracia de ATE, por ejemplo, comenzó a firmar paritarias estatales (a la baja) junto con UPCN. Las tres fracciones de la vieja CTA actúan como laderos oficialistas con los gordos de la CGT sin tapujos. La Corriente Federal kirchnerista (bancarios), por ejemplo, firmó las primeras paritarias de 2021, tomando como pauta salarial el 29% de inflación previsto en el Presupuesto, que será superado sin dudas antes de septiembre.

Las luchas que se desenvuelven contra esta política, entonces, van en gran medida de la mano con procesos antiburocráticos. Un ejemplo fue la movilización de choferes, por salario y vacunas, que ganó las calles de la mano de las líneas que cortaron accesos a la Ciudad de Buenos Aires, cuestionando la política de miseria salarial del gobierno y la burocracia sindical de la UTA, e instalando el reclamo del salario básico de 100.000 pesos. Por sus métodos, la huelga aceitera de diciembre de 2020 marcó un hito, alcanzando un mínimo de 93.000 pesos con huelgas y piquetes en las terminales. Ya mencionamos la enorme lucha de la salud de Neuquén, que logró quebrar el pacto entre ATE y el MPN a fuerza de paro por tiempo indeterminado y bloqueos a los yacimientos petroleros. El Sutna recuperado por sus trabajadores defendió salarios y fuentes de trabajo en paritarias por encima de la inflación, garantizando además la vigencia de protocolos obreros en las empresas contra el Covid. Las luchas salariales y el mismo atraso de las paritarias van a colocar la cuestión salarial al rojo vivo durante la campaña electoral, de la mano de la lucha por la vacunación y los protocolos obreros. El Plenario del Sindicalismo Combativo, organización de frente único de la casi totalidad de las organizaciones obreras “recuperadas” a las burocracias colaboracionistas, es un punto de apoyo para el desarrollo de la resistencia obrera y sindical.

Otro terreno de lucha y de denuncia política es la situación de las jubilaciones. La jubilación mínima a mayo es de 23.064 pesos, contra una canasta básica del jubilado que llega a los 64.000 pesos. Un derrumbe producto de las reformas al hilo de Macri y Fernández. En el trasfondo está el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses por las exenciones y recortes de aportes patronales y su utilización para financiar al Tesoro nacional para el pago de la deuda externa.

Sin duda, donde más se ha hecho sentir el peso de la lucha contra el ajuste es en el movimiento piquetero. Las grandes movilizaciones impulsadas por el Frente de Lucha piquetero y luego por la Unidad piquetera contribuyeron a colocar en la agenda de debate el problema del hambre, arrancando reclamos fundamentales para sostener comedores y merenderos, que son el pilar de una organización que se desarrolla ampliamente en las barriadas de todo el país. El movimiento piquetero protagonizó grandes jornadas de lucha y coloca una agenda contra el hambre, de la mano del planteo de la apertura irrestricta de los planes sociales y el aumento de su monto, y la lucha por un seguro de emergencia a todos los desocupados, de 40.000 pesos por mes. Las movilizaciones del movimiento piquetero independiente están cuestionando no solamente la política de integración al Estado del viejo Triunvirato de San Cayetano, sino que además pone en cuestión el control de los intendentes de las barriadas del conurbano.

El movimiento piquetero independiente es un ejemplo del valor del frente único para pelear por todos los reclamos. La unidad conquistada en las calles por el Frente de Lucha y la Unidad piquetera lograron movilizar masivamente, golpeando la política de ajuste del gobierno. El frente único tiene un terreno de desarrollo en el Plenario Sindical Combativo, que plantea una lucha común de los sindicatos recuperados, los sectores en lucha y el movimiento piquetero. La defensa de los sindicatos recuperados, como parte de la lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero y la expulsión de la burocracia sindical, del método del frente único de las organizaciones de trabajadores para luchar contra el gobierno y las patronales es un punto central para lograr que el movimiento obrero emerja en la situación política, colocando una agenda propia, y para impulsar y desarrollar las luchas en curso. Hay que destacar que aquí se juega una pelea fundamental, porque parte de la izquierda (el PTS) ha sido permanentemente hostil al movimiento piquetero y también a los ámbitos de frente único y las direcciones clasistas en los sindicatos. Contra esta orientación faccional, la defensa de una intervención de las organizaciones obreras es un punto estratégico.

Las luchas se desarrollan también en el terreno ambiental. Aquí, la agenda del gobierno de Fernández también está condicionada por el pago de la deuda y por los intereses del gran capital. Las grandes luchas ambientales contra las granjas porcinas, los desmontes, las quemas y la megaminería fueron ganando peso. El gobierno de Fernández tiene uno de sus grandes ejes en la megaminería, que pretende poner en marcha en Chubut, Mendoza y ampliar en Catamarca, San Juan y La Rioja. De la mano del aumento de los precios del oro, la plata y el cobre, la presión por habilitar grandes emprendimientos se acelera. La respuesta popular ha sido muy importante en Chubut, donde los cortes y movilizaciones masivas lograron frenar la aprobación de la ley de zonificación minera, y Mendoza, donde una pueblada quebró la aprobación de la reforma de la Ley 7.722, que prohíbe el uso de cianuro en las explotaciones mineras. En Andalgalá se desarrolla una lucha muy intensa contra la habilitación de Agua Rica, prohibida por una ordenanza municipal que el gobierno y las mineras pretenden declarar anticonstitucional. Las empresas y la Justicia, con aval del gobierno, montaron una provocación para meter presos a doce ambientalistas, que debieron luego ser liberados por la enorme movilización nacional en contra de esa ofensiva represiva.

En el terreno de la mujer, la principal novedad de la etapa fue, sin duda, la conquista del derecho al aborto. Esta conquista fue resultado del peso de la ola verde y la lucha callejera del movimiento de mujeres. Pero la integración de las organizaciones de mujeres al gobierno, en este terreno también sirve para cubrirle la espalda a una política contraria a los intereses de las trabajadoras. Los femicidios y la violencia doméstica avanzaron en pandemia, sin que el gobierno tomara una sola medida efectiva para frenar esta escalada. Las mujeres sufren especialmente el peso del ajuste, el trabajo precario, la carga del trabajo doméstico, la ausencia de escolarización sin presencialidad ni posibilidades de educación virtual para los niños y niñas que no tienen acceso a dispositivos ni conectividad. En las luchas contra los femicidios, en la organización de las trabajadoras de casas particulares, en la participación masiva de compañeras, organizadas en el movimiento piquetero, en las grandes huelgas docentes y de la salud, las trabajadoras salen a enfrentar esta política en las calles.

La oportunidad del Frente de Izquierda

Este desarrollo de las luchas va colocando en la agenda política un pliego de reclamos fundamentales, que chocan con la política de ajuste que caracteriza a los dos grandes bloques patronales. Sin embargo, y a pesar de las crisis internas y los choques al interior de Juntos Por el Cambio, de un lado, y al interior del bloque del gobierno, por el otro, la situación política aparece, en principio, dominada por la polarización entre el gobierno y la oposición patronal. A diferencia de la situación de Perú, donde el panorama electoral se presentaba a través de una fuerte disgregación de los partidos burgueses tradicionales (compitieron 18 listas con candidaturas presidenciales), las divergencias políticas existentes se siguen tramitando aún dentro de las dos coaliciones patronales. Pero el desgaste de ambos -de un gobierno de Macri que culminó en una enorme crisis nacional, y un desgaste creciente del gobierno de Fernández, caracterizado por un ajuste también de grandes dimensiones-, es una oportunidad para el desarrollo del Frente de Izquierda Unidad. La condición para explotar esta oportunidad es proceder a un gran reagrupamiento de fuerzas, con el método del frente único, involucrando a todos los sectores que vienen luchando en el movimiento obrero, el movimiento piquetero, de la mujer, el activismo ambiental, la juventud y, en suma, a todos los que han estado en todos estos meses enfrentando la política de ajuste del gobierno.

En función de ese objetivo, el Partido Obrero ha propuesto un congreso del Frente de Izquierda Unidad para debatir un programa y una campaña común, y avanzar en postular a la izquierda que lucha por un gobierno de los trabajadores como una alternativa frente a los bloques patronales. Un congreso del FIT-U -de independencia obrera y de lucha estratégica por un gobierno de trabajadores- podría además votar los candidatos sobre la base de una deliberación de la militancia. Hemos planteado esta alternativa a quienes pretenden unas Paso de la izquierda, que dispersarían los esfuerzos que debemos concentrar en enfrentar a los bloques políticos de la burguesía.

Nuestra propuesta ha recibido algunas respuestas. El MST se pronunció en favor de la realización de un congreso, pero presenta la propuesta en línea con la orientación de abrir el FIT-U a nuevos sectores políticos. En la polémica planteamos que el congreso debe fortalecer una alternativa de la izquierda sobre la base de un programa claro, no servir para abonar una perspectiva de disolución del FIT-U en la centroizquierda. Esta defensa de la base programática del FIT-U es necesaria en momentos en los cuales, a nivel mundial, la izquierda tiende a diluirse en armados “amplios” que borran las fronteras de clase y derivan, en los hechos, en una colaboración política con sectores de la centroizquierda. Hay que remarcar que la participación en estos partidos “amplios” es una característica de todas las fuerzas del FIT-U, con excepción del PO, una expresión de adaptación al nacionalismo y la centroizquierda.

Otro sector de la izquierda no se ha pronunciado (el PTS e IS). La falta de interés en desarrollar una movilización política del conjunto de la vanguardia que viene luchando, para involucrarla en una lucha política contra los partidos del régimen, refleja una posición electoralista. Contra esta orientación, entendemos la lucha electoral como un gran terreno de movilización política de fuerzas en el que queremos involucrar a los sectores más avanzados de la vanguardia obrera y popular, para luchar por un programa socialista a la crisis.

Las primeras elecciones del año, las de Misiones, marcaron un progreso electoral del Partido Obrero. Las listas del PO (único partido con legalidad en la provincia) conquistaron un 3,7 por ciento de los votos, pero alcanzaron el segundo lugar en dos municipios y el tercero en varios otros, superando a las listas kirchneristas y macristas en varias localidades. El triunfo en la elección fue del gobierno provincial del Frente Renovador. Pero la campaña del Partido Obrero estuvo marcada por una movilización política muy intensa de las filas del Polo Obrero. Con una campaña que marcó un salto político con la participación masiva de las y los compañeros que están luchando en las barriadas contra el hambre. El valor de un congreso del FIT-U es muy importante en esta perspectiva: porque se trata de dar un canal de movilización política a miles de compañeras y compañeros que están enfrentando el ajuste para avanzar en la pelea por una alternativa.

Un Congreso del FIT-U sería un polo de atracción y organización política de un creciente activismo que se va destacando en todos los planos de la lucha del movimiento obrero y los reclamos sociales.

Un Congreso del FIT-U sería también una oportunidad en un cuadro latinoamericano marcado por fuertes luchas contra los gobiernos fondomonetaristas, de desarrollar una alternativa capaz de marcar una perspectiva a estos levantamientos populares. En este sentido, es importante tener en cuenta que la disolución de regímenes políticos y las rebeliones populares pavimentaron en Perú, el ascenso político de Castillo, y en Chile, la gran elección de las listas independientes a la asamblea constituyente. Un congreso del FIT-U marcaría una perspectiva de movilización política a las luchas, para conquistar una influencia masiva para la izquierda revolucionaria.

Nuestro país no es ajeno a estas tendencias convulsivas. El deterioro creciente de la situación social y de las variantes políticas del sistema coloca la perspectiva de grandes choques de clases y movilizaciones. La intervención de la izquierda revolucionaria debe preparar las condiciones para forjar una dirección política para esta etapa convulsiva. La campaña electoral será un gran terreno de delimitación de programas y de lucha política en función de este objetivo.

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