Basta de hambre y femicidios. Organización y lucha independientes de las mujeres y las diversidades de género

Documento político votado por el II Congreso Nacional del PdT - 29 de mayo de 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

El II Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras se desarrolló en un período marcado por la profundización del ajuste contra los sectores populares, esta vez a manos de un gobierno nacionalista. Bajo el paraguas de la herencia recibida por el gobierno macrista y el endeudamiento impulsado en ese período, el reagrupamiento peronista que encabeza Alberto Fernández no ha hecho más que pagar deuda y empobrecer aún más a los sectores populares.

También se llevó adelante en el contexto de haber conquistado el aborto legal en nuestro país, luego de una lucha de 35 años que se libró en las calles y que condicionó sin vueltas la campaña electoral del Frente de Todos en 2019 que, por primera vez en la historia de ese movimiento, se alinea con esta demanda. La historia reaccionaria en materia de derechos de las mujeres y alianzas con las iglesias católicas y evangélicas que tiene el peronismo da cuenta de una cuestión impuesta por la crisis y el escenario electoral. De hecho, el reagrupamiento del PJ que llegó al poder luego del macrismo, fue bendecido desde su fundación con el apoyo del oficialismo vaticano, que es un enemigo de este derecho. La potencia de la Ola Verde en épocas de crisis, en el contexto de una América Latina convulsionada, explica esta realidad.

En el abordaje de la pandemia se puso de relieve la esencia misma de un régimen social incapaz de compatibilizar la vida de las mayorías populares con el interés capitalista de la minoría empresarial. La segunda ola de Covid encuentra a los gobiernos nacional y a los locales ajustando para pagar deuda y sin asistir a la población más necesitada. Alberto Fernández lleva pagados 2.200 millones de dólares al FMI y recorta un paliativo como el IFE que, para asistir con 30 mil pesos a 9 millones de personas, le demanda al Estado un gasto de 270 millones de pesos. Las prioridades del gobierno están claras.

El impacto de esta política provocó que las trabajadoras alcanzaran en esta etapa un nivel de pauperización histórico. Al momento de realizar este documento, la pobreza asciende al 42% y, entre la población más pobre e indigente del país, las mujeres representan a un 70% de dichos grupos. Esto tenderá a profundizarse con la llegada de la segunda ola de Covid y la ausencia absoluta de parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales de ofrecer alguna salida que afecte los intereses capitalistas de los laboratorios y de otras ramas de la economía. Nuevamente, lxs empleos más precarizados serán los primeros en perderse. El gobierno todavía no recaudó un centavo del limitadísimo “aporte solidario” a los ricos, recortó la IFE desde el año pasado y no tiene previsto en su presupuesto ni un centavo para afrontar una nueva ola. Las trabajadoras de la salud, mayoría del gremio, deberán afrontar nuevamente exigencias de ritmos de trabajo extenuantes, con salarios que están por debajo de la canasta básica total.

Mostrar que el interés capitalista se vale del lugar subordinado que el Estado le da a las mujeres para rebajar costos laborales y pauperizar más al conjunto de la clase trabajadora, es parte de nuestra agitación cotidiana y de nuestro trabajo político para clarificar el lugar que ocupan el Estado capitalista y el feminismo burgués en el escenario político actual. El “feminismo burgués” o “feminismo institucionalizado o estatizado” es sinónimo de embellecimiento del ajuste, de búsqueda de la “igualdad capitalista”, la igualdad que convierte a una minoría de mujeres en artífices y responsables del hambre que transitan la mayoría de las mujeres y de una disociación artificial entre capitalismo y opresión de la mujer.

Esta pauperizada base material coloca a las mujeres trabajadoras en un estado de máxima vulnerabilidad y les impide enfrentar las consecuencias de la violencia de género que vive de forma cotidiana y que es impulsada, en primer lugar, desde el propio Estado capitalista.

La economía argentina cayó el doble del promedio de la caída económica del resto de los países de América Latina durante 2020. Es una tendencia mundial en la que la burguesía busca reducir fuertemente costos laborales gracias a la pandemia. La tendencia es cada vez mayor a la pauperización laboral generalizada. Las mujeres no pueden llegar a acceder a trabajo genuino sencillamente porque la tendencia general del capital apunta a lo contrario, o sea a condenar al conjunto de la clase obrera a las condiciones precarias que el capital siempre ofreció a la mujer, aprovechando para eso el uso de un lugar social subordinado que el propio capital le atribuyó.

Para el desarrollo capitalista en medio de la crisis actual y para las alternancias políticas burguesas, la alianza con los sectores clericales sigue resultando estratégica para contener a las franjas sociales ajustadas por los planes fondomonetaristas, más aún cuando aumenta la precarización de la población. Esta alianza trae aparejados principios reaccionarios presentados como ideología oficial del Estado tendientes a disciplinar y controlar a esa sociedad.

El movimiento de mujeres de Argentina se levantó bajo el gobierno de CFK ante la indignación general por la sucesión de femicidios que ocurrieron entonces. El caso de Chiara López fue el detonante de la convocatoria hacia el 3 de junio de 2015. La batalla política previa incluyó un debate sobre a quién se apuntaría como principal responsable de la seguidilla de femicidios. Resultó una batalla política muy ardua la que emprendimos para que se colocara la responsabilidad en el régimen y su Estado.

Mientras se afirma que alguna de las políticas que ayudarían a reducir la violencia contra las mujeres sería la aplicación de la ley ESI, lo cierto es que este año se cumplen 15 años desde su sanción y que su aplicación nunca se produjo. Los gobiernos que se han sucedido, tanto kirchneristas como macristas, no tuvieron el interés político de extender esta enseñanza sencillamente porque la ideología reaccionaria de la Iglesia Católica es necesaria para sostener los planes reaccionarios de ajuste y hambre. Podríamos decir que las “mujeres gobernando” han resignificado la proclamación de la lucha por los derechos, restringiendo su alcance a una minoría de mujeres. Un feminismo al servicio del pago al FMI, la alianza con las iglesias y el ajuste.

Con la Iglesia y sin educación sexual integral

En el contenido de la ley aprobada y festejada bajo el gobierno de Néstor Kirchner, están la ley y la trampa. Primero hay que señalar que transcurrieron casi tres años para que produjeran los lineamientos curriculares y luego pasaron casi nueve años de gobierno kirchnerista sin que la ley se aplicara. Esta ley además, no es de “orden público”, lo cual no obliga a los estados provinciales a cumplirla, como ocurre con la ley de Aborto voluntario que sí lo es, y por eso su sanción significó de inmediato la obligatoriedad de aplicación en todas las provincias (algo que intenta combatirse con los recursos de inconstitucionalidad presentados en Chaco, Córdoba o San Luis). Pero ocurre que cuando no prospera la educación sexual integral, lo que prospera es la educación sexual impartida desde los prejuicios de gente que fue formada en la materia por el Estado, por los gobiernos; y de manera directa o indirecta por las iglesias y el negocio del porno y la prostitución; de quienes fueron formadas en la educación formal hasta el nivel universitario en principios discriminatorios, de tutelaje para las mujeres y de rechazo a la diversidad de género y sexual, que básicamente es el conjunto de la sociedad. Educación sexual hay siempre, lo que está en discusión es si gana la ideología oficial del Estado o la lucha de la juventud, de las mujeres y diversidades.

Las provincias que a través de los años adhirieron a la ESI son Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, San Juan, San Luis, Formosa y Mendoza. Sin embargo, para esta adhesión, el oficialismo de 2006, o sea lxs diputadxs y senadores del FpV, colocaron en ella un artículo clave para que las escuelas confesionales y las públicas dirigidas por elementos clericales o simplemente ignorantes o prejuiciosos, pudieran no impartirla. “Artículo 5º – (…) Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

La resistencia a modificar este artículo ha sido total, tanto por parte del peronismo como del macrismo. En esta modificación se juega una cuestión de fondo del ascendente ideológico del clero sobre la población, presente de manera directa o indirecta en la mayoría del sistema educativo argentino.

Nuestra militancia en torno a denunciar el rol de la Iglesia incluye lo relativo a la lucha contra los curas abusadores y la protección del clero de Bergoglio que reciben estos sectores. Nuestro Plenario de Trabajadoras participa de esta causa tan invisibilizada, apoyando a las víctimas frente a una institución tan poderosa y mafiosa como la Iglesia Católica y frente al propio Estado, en el que dicha institución encuentra a sus propios personeros. El cura abusador Raúl Sidders, a cargo de un colegio subvencionado por el Estado, está hoy detenido por la valentía de sus víctimas, pero pudo seguir abusando antes por la complicidad de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires que no hicieron caso a las denuncias previas a través de la Dirección General de Escuelas Privadas, un organismo encubridor de lo que ocurre al interior de los colegios confesionales.

Tanto la lucha contra el abuso eclesiástico, como la pelea contra el uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP) en el Poder Judicial, y la revictimización permanente de criaturas y de madres que luchan contra el abuso, son todo un eje de trabajo. Hoy se hace demagogia con la cuestión de cambios en la Justicia y aunque en estos casos se vienen reclamando hace años esos cambios, en la propuesta oficial no está contemplado ninguno.

La defensa del SAP y la injerencia de la Iglesia en el Poder Judicial van de la mano. Este falso síndrome, inventado por un psiquiatra pederasta norteamericano, es la base de la actuación judicial de sectores estructuralmente ligados al clero y otros influenciados por su ideología que fomenta la culpabilización de las mujeres y la defensa de la familia, aún con situaciones de abuso contra menores o violencia contra mujeres en su interior. Nuestra organización tiene un fuerte compromiso con estas luchas en diferentes puntos del país, y una tarea central es colaborar a nutrir de un programa que no caiga en un punitivismo que no detiene los delitos y absuelve a sus verdaderos promotores.

Más presupuesto ¿para quiénes?

“Las partidas que más caen en términos reales y nominales son: ´Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia´ (-76,37% real), ´Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral´ (-53,6% real) e ´Impulso a políticas preventivas, sistemáticas sensibles al género, integradas y no discriminatorias´ (-43% real)”, según informa el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en un reporte de investigación sobre la ejecución presupuestaria de 2020.

En 2020 hubo un recorte de 18,83% en términos nominales en los tratamientos entregados en el programa de Salud sexual y procreación responsable, porque pasó de un objetivo de 10,7 millones de pesos en 2019 a 8,6 millones en 2020. También se produjo un recorte de 18,9% en la entrega de preservativos.

El presupuesto establecido para 2020 contiene etiquetas de género, práctica que se inauguró bajo el gobierno de Mauricio Macri. En el caso del Ministerio de Educación, esas etiquetas equivalen al 0,002% del presupuesto integral de la cartera, mientras que las llamadas partidas con Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) en el caso de la Anses ascienden al 7% del total del presupuesto.

Tanto para el gobierno de Macri como para el de Alberto Fernández, la principal política económica hacia las mujeres procede de una política asistencial absolutamente ineficiente y sostenida por fondos cuyo origen proviene del salario diferido de los trabajadores en actividad y fondos del fisco, cuya principal recaudación proviene del IVA, un impuesto mayoritariamente sostenido por los más pobres.

En el Ministerio de Educación no se destinan fondos para la educación sexual. En 2020, según ELA hasta mediados de año, el ministro Nicolás Trotta no había ejecutado ni un peso de los fondos del programa de educación sexual que debe administrar su cartera. La Iglesia ve con mucha complacencia esta política.

El crecimiento de los femicidios es un hecho inocultable de la realidad. El año pasado terminó con 270 femicidios, de los cuales 102 ocurrieron durante los meses de marzo a agosto, es decir durante el período del ASPO (cifras del Observatorio Lucía Pérez). A su vez, esto se combinó con la absoluta falta de medidas reales por parte del gobierno durante este período para combatir la desocupación reinante entre las mujeres más jóvenes, la pauperización y el encierro en lugares inapropiados.

En 2020, las mujeres encerradas en los hogares no contaron con ninguna asistencia por parte del Estado. La única política del gobierno se tradujo en la entrega de 10 mil pesos cada dos meses en tres oportunidades a 9 millones de personas (IFE). Esta insuficiente asistencia desapareció en 2021. Dicho esquema se produjo mientras el gobierno dio vía libre al incremento inflacionario, motorizado incluso desde el Estado con los aumentos de naftas promovidos desde la empresa YPF.

La única iniciativa progresiva del gobierno sobre las mujeres fue la del aborto legal -que como expresamos en el análisis posterior a su aprobación y al comienzo de este informe-, es una iniciativa progresiva porque no surge de las entrañas del gobierno ajustador sino que proviene del movimiento popular. Dicha iniciativa durante 2018 adquirió una fuerza muy grande con una adhesión popular sin precedentes y con esta movilización se condicionó todo el cuadro electoral de 2019, que obligó a una corriente clerical y enemiga histórica de los derechos de las mujeres (el peronismo) a promoverlo.

Es ilustrativo que en este documento volvamos sobre el tema, porque la caracterización del significado de la aprobación del aborto legal forma parte de la lucha política que tenemos que librar para enfrentar el intento de expropiar políticamente un triunfo que no les pertenece.

Sin el aborto legal como norte, las agrupaciones que son sostén del gobierno actual se quedaron sin ninguna iniciativa progresiva para impulsar. A pocos días del sexto aniversario del #3J, bautizado como el #NiUnaMenos, la defección para movilizar con cuidados y reclamar, por parte de sectores progubernamentales es la regla en todo el país. El aborto legal como bandera permitió desarrollar un movimiento policlasista y transversalmente político, debido a que su impulso y aprobación representaron una efectiva política para salvar las vidas de mujeres pobres y un golpe político a una institución clave para la función de contención social que requiere el Estado capitalista, dos aspectos de la lucha que los sectores asimilados al régimen trataron de morigerar. No existe ninguna otra política que las agrupaciones gubernamentales puedan impulsar que reúna estas condiciones. Todo lo que tienen para levantar como política son maniobras para impulsar el carrerismo político de unas pocas, pero ninguna política que efectivamente beneficie a las mayorías. Ni vivienda ni educación sexual, ni trabajo genuino. Todas estas políticas son contrarias a los planes fondomonetaristas que están en el centro de la política del gobierno que integran.

Ni reforma judicial feminista

El límite gubernamental se puso de manifiesto el último #8M, cuando las organizaciones gubernamentales no pudieron siquiera avanzar en proponer alguna reforma del Poder Judicial que efectivamente mejore las condiciones en que las mujeres deben batallar en ese terreno. Nada.

La única reforma judicial que persigue el gobierno está ligada a lograr la liberación de los presos kirchneristas y de evitar a futuro, frente a posibles cambios de gobierno, volver a atravesar lo que ocurrió bajo el macrismo y eliminar las causas judiciales de CFK. Para ello, el Ejecutivo avanzó en la colocación de Martín Soria como ministro de Justicia, en cuya agenda no se encuentra ninguna mínima modificación para las mujeres que denuncian violencia. El reciente traspaso del cuerpo de abogados que deben asistir gratuitamente a las mujeres, desde su ministerio al de las mujeres sin presupuesto, no representa más que un pasamanos sin efectos reales sobre las necesidades de las mujeres violentadas.

El planteo de “justicia feminista” va solo dirigido a la promoción de ocupación de los cargos que se plantean abrir a manos de amigas del poder, nada tiene que ver con reformar algo para que efectivamente mejore el acceso de las trabajadoras, la mayoría de las mujeres, al Poder Judicial. No es la primera vez que al feminismo se lo usa como un trampolín para el carrerismo de unas pocas y no como bandera de lucha para mejorar la vida de la mayoría de las mujeres. La igualdad capitalista entre hombre y mujeres que proclaman, lleva inevitablemente al fomento de un feminismo low cost, sin llegada a las mayorías populares.

Burocracia sindical, alianzas con el clero y derechos de las y los trabajadores

El uso de las luchas de las mujeres como trampolín para que unas pocas mujeres que no buscan reformar las causas de la opresión femenina se ve con claridad plasmado, también, en el campo del sindicalismo burocrático.

La Corriente Federal, de la que varias de sus integrantes dieron el salto hacia puestos de funcionarias, busca valerse de la lucha de otras para trepar en una estructura sindical burocratizada y cerradamente machista. No buscan cambiar la cuestión de fondo, por la cual las mujeres encuentran muchos más escollos para desarrollar las tareas sindicales, y más aún ocupar un lugar de dirección en ellas.  Sino lograr, por una vía que no es la de la democracia sindical y las reivindicaciones para las mayorías de mujeres trabajadoras, una silla en las directivas. En estos casos, la lucha feminista es usada para reforzar a las burocracias sindicales que traicionan a las y los trabajadores.

Las burocracias trataron por todos los medios de separar las reivindicaciones de las trabajadoras, de las demandas que una conducción sindical debe dirigir a las patronales y al Estado: “guarderías”, licencias especiales, promoción en los niveles más altos de los escalafones, formación en horario de trabajo. Por todos los medios trataron de impedir que se desarrollaran estas demandas. Usaron para esto un esquema en el cual pretendieron colocar por igual al trabajador varón, al patrón y al Estado en las responsabilidades sobre la violencia que viven las mujeres.

Durante este período se instalaron en las reparticiones del Estado diferentes organismos que, siendo reclamados por las trabajadoras para atender el acoso en el ámbito laboral, fueron enteramente manejados por las burocracias sindicales para ocultarlos.

El cupo de género, en muchos gremios en los que la presencia femenina es minoritaria y restringida a ciertos agrupamientos administrativos de un escalafón, es usado para impedir la presentación de listas antiburocráticas, necesariamente alejadas de sectores administrativos en general, fuertemente seleccionados por burocracias y patronales. Defendemos los cupos de género acompañados por un programa y políticas concretas de acceso a las mujeres a la sindicalización y los rechazamos cuando son usados sólo como una restricción a la democracia sindical para preservar intereses patronales.

El reciente fallo en favor de nuestra compañera del Ministerio de Educación, que condena a cinco días de prisión y al alejamiento físico de un jefe acosador, debió ser destacado por los medios por su grado de excepcionalidad. El derivado de este fallo (que está siendo apelado por el condenado), es el planteo de democratización de todas las CIOT (Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato) del Estado nacional, y de todas las comisiones armadas en todas las dependencias estatales; a la vez que hay que reclamar una verdadera efectivización de licencias por violencia de género, que aún hoy después de años de haber proliferado en varias dependencias privadas y públicas, nunca se implementó realmente.

El trabajo por el programa de las mujeres al interior de los gremios es clave para desarrollar una politización sobre la cuestión en la clase obrera y, para nutrir los programas reivindicativos en temáticas sobre las que el movimiento obrero ha retrocedido fuertemente en los últimos 50 años, en particular con la reforma de los convenios de los ’90 y los 2000. La reciente nota en la Prensa Obrera sobre las reivindicaciones para las trabajadoras de la UOM, es un aporte en este sentido para una agitación genuina en la que toda la clase obrera pugne por defender los derechos de las mujeres y denuncie cuando es usada para precarizar al conjunto de los trabajadores.

Alianza con la Iglesia para ajustar más y mejor

Es incompatible una propuesta progresiva hacia las mujeres con los planes de gobierno, por razones económicas y por razones políticas. En el gobierno no pueden impulsar políticas que molesten a la Iglesia Católica, que sigue siendo una aliada importante y que tiene depositado gran parte de ese poder |en su primacía en el sistema educativo. La Iglesia de Bergoglio y sus “curitas villeros” (como el cura Di Paola), en el debate por el cierre de la actividad presencial en los colegios, se colocaron claramente en el campo del macrismo, cuestionando el cierre momentáneo sin oponer como contrapartida ningún reclamo de asistencia estatal hacia los sectores más empobrecidos. El negocio privado de la educación está por encima de la vida de la población; sin embargo, el gobierno no emitió ni una crítica a esta posición.

Tampoco pueden proponer iniciativas asistenciales y de seguimiento de la violencia que sean efectivas porque eso insume grandes presupuestos, que no están dispuestos a resolver. Y es importante marcar que esto no se debe solo a que la plata la derivan para pagar deuda, sino que está ligado también a razones de orden político, ya que la violencia de género es un pilar clave de preservación del régimen.

La violencia de género es un instrumento material y simbólico de dominio social. Quienes gobiernan solo pueden prescindir del mismo, en el caso de que encuentren otros mecanismos tan efectivos de control social, algo que no existe. Racismo, xenofobia y violencia de género son recursos materiales y simbólicos para la rebaja de costos laborales y para fomentar el control social de la clase trabajadora.

Ministerios ¿para qué?

El Ministerio de las Mujeres y Diversidades mostró de forma brutal toda su impotencia. Se dedican exclusivamente a dar charlas allí donde las invitan a pasar. Las proclamas de rebeldía de un feminismo que venía a cambiarlo todo, quedaron sólo en rimbombantes palabras vacías de contenidos. Se revelaron como las mujeres más disciplinadas al poder que se podía encontrar. No centralizan una sola política, ni siquiera la de dar charlas, que es la única actividad que realizan. Todas las pobres iniciativas que anunció el ministerio quedan finalmente en manos de otras carteras y otros actores. El ministerio es una usina de operaciones políticas vaciado de contenido propio. Se dedican a dar charlas entre gente del palo, incluidos grandes empresarios, como Víctor Santa María, quien puso a la ministra a dar una charla en su empresa. Nadie objetó que una funcionaria pública, que debe implementar políticas públicas contra la violencia de género, se dedique a dar servicios privados a empresarios amigos. En este caso, un empresario que se niega a aumentar salarios y producto de lo cual sus trabajadores se encuentran en conflicto hace mucho tiempo como ocurre con las compañeras y compañeros de Página/12.

En el gobierno hay internas de todo tipo, también dentro del Ministerio de las Mujeres, que tiene divididas sus reparticiones en diferentes espacios políticos de la coalición gobernante.

El único intento de centralizar la política empezó durante mayo con el Programa Acompañar, colocando postas en algunos escasos distritos del país. La implementación del operativo fue revictimizadora hasta el escándalo. Mujeres obligadas a esperar horas, expuestas ante los hombres a los que van a denunciar y a la intemperie, solo luego de nuestro reclamo en algunas postas se colocaron al menos gazebos. El acceso a la información para inscribirse en este subsidio de seis meses es antidemocrático, y a través de punteras y punteros del propio palo político. El Ministerio de las Mujeres es hasta ahora el de mayor subejecución presupuestaria, un escándalo teniendo en cuenta que las mujeres y los niños son los más afectados por la crisis en curso.

Por un Consejo Autónomo de Mujeres

La consigna de oponerle a los organismos estatales que siguen las políticas gubernamentales un Consejo Autónomo de Mujeres, para empujar la implementación de políticas de interés para las mayorías de las mujeres y diversidades, se reactualiza a la luz de esta caracterización. El reclamo de “plata para los ministerios”, en el que incurren frecuentemente varios partidos de izquierda, representa un contrasentido porque es un llamado a financiar una política que no asiste ni previene. Debemos reclamar dinero para una política autónoma en este terreno si no queremos convertirnos en lobbistas críticas de un interés ajeno, el de las “mujeres gobernando”. La propuesta de declarar el fracaso de los organismos dependientes del gobierno tenemos que acompañarla con una propuesta de salida. Organismos autónomos con financiamiento del Estado, una consigna que encuentra una buena recepción entre sectores independientes y contra la cual ninguna corriente de izquierda ha sabido elaborar una crítica de algún tipo. Las corrientes del FIT-U están atadas a la vulgaridad del reclamo de presupuesto para los organismos actuales, cuando desde ellos no se ejecuta ninguna política de emergencia por las mujeres. El giro que le reclamamos al resto de las fuerzas que integran el FIT-U incluye otro abordaje sobre la problemática de la mujer que hoy es, en lo que respecta a estas corrientes, subsidiaria de una política capitalista.

Polo Obrero y la lucha por los derechos de las mujeres

El trabajo político desarrollado en el movimiento piquetero en torno de la cuestión de la mujer representa una de las batallas políticas que más ha servido para politizar y acercar a amplias franjas del Polo Obrero a un trabajo más estrecho con el Partido Obrero. La masiva participación en este Congreso de mujeres de todas las latitudes del país, con una variada inserción precaria en el mercado laboral, es muestra de este trabajo.

Las condiciones de vida, atravesadas de manera creciente por la violencia psicológica y física, completan el cuadro de miseria, falta de vivienda y desocupación y constituyen un complemento necesario de las peores condiciones materiales de existencia.

La conciencia que hay del desprecio que el Estado ejerce sobre los sectores más empobrecidos quedó de relieve con el caso de la desaparición de una niña de 7 años en una villa de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual los vecinos se plantaron con cortes de una autopista, absolutamente advertidos de que sin ese método los gobiernos nunca buscan a las personas desaparecidas que están sumidas en la pobreza.

Los golpes que recibimos con los femicidios de Fátima Acevedo, quien se nucleaba junto al Polo Obrero de Paraná; con el caso de Emilse Gajes, quien formaba parte de una asamblea la ciudad de Córdoba; de Florencia Romano, hija y hermana de militantes del Polo Obrero de Mendoza, y de Esther Mamani, parte de las asambleas del Bajo Flores de la Ciudad, resulta fundamental convertirlos en una lucha más consciente aún contra las políticas gubernamentales. Es así que pusimos en pie más asambleas para abordar la temática, creamos más núcleos de trabajo político del PdT en las asambleas del Polo Obrero en diferentes regionales y acercamos a nuevas compañeras al trabajo de nuestra organización, denunciamos la ausencia de juzgamiento e investigación de lxs funcionarixs políticos y judiciales responsables de femicidios y agresiones, y ponemos en cuestionamiento los vínculos violentos, buscando así incorporar nuevas pautas de socialización alejadas de la violencia y de la discriminación contra las mujeres y las diversidades que en general están ausentes. La participación masiva del Polo Obrero en las jornadas de lucha por el aborto legal, convocando a movilizar a conciencia a aquellos sectores que efectivamente estuvieran a favor del mismo entre las asambleas, mostró un enorme ascendente en nuestras filas de un debate político fundamental que disputa las bases de nuestro movimiento a la influencia reaccionaria de punteros ligados al clero y de los propios templos e iglesias que influencian ideológicamente a los sectores populares. Digamos que al interior del movimiento, y no sólo de parte de fuerzas políticas gobernantes, no se hizo esperar el corte de clase, despreciando este debate y el protagonismo de las mujeres más humildes en la conquista de este derecho. Otra vez, la participación masiva en el Congreso del PdT es un síntoma de la fuerza de la lucha por este programa entre los sectores más explotados.

Trabajadoras de Casas Particulares: organización, lucha y sindicato propio

Junto al Polo Obrero iniciamos un trabajo con un fuerte contenido de clase a partir de la creación de la primera Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, comenzando por un trabajo de reagrupamiento importante en la Ciudad y en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, entrando en contacto con trabajadoras que no estaban en contacto previamente con el Polo ni con el Plenario de Trabajadoras. Este trabajo se propone otorgar poder y organización a un millón y medio de mujeres, que siendo las más pobres son acorraladas a vivir en la indigencia por un gobierno que fija sus salarios por debajo del salario mínimo.

Atravesamos así la primera experiencia de combate contra la burocratización sindical que muchas mujeres han tenido en sus vidas, destacando fuertemente una tarea de dirección por parte de compañeras trabajadoras que significó una escuela de formación política. Nuestras delegadas en este trabajo participaron de las convocatorias obreras en el Sutna y de la Coordinadora Sindical Clasista, con destacadas intervenciones clasistas, y con profundas caracterizaciones sobre la naturaleza de las burocracias sindicales que intervienen en el frente de la mano de doce sindicatos, la mayoría de ellos sin ninguna representación real en el gremio. Este congreso fue el puntapié para la extensión de este trabajo a nivel nacional y para poner en pie un sindicato del sector organizado por las propias trabajadoras.

A instancias de este Congreso del PdT, el trabajo en las filas del Polo Obrero debe crecer y madurar, a su vez, el trabajo político de lucha común iniciado por la UJS junto a la Juventud del Polo Obrero, se inscribe en este camino que debemos seguir desarrollando para influenciar a un sector de la juventud más explotada e interesarla por la lucha por el socialismo. En el campo de las Asambleas del Polo Obrero nos proponemos crecer en el tratamiento del tema en cada asamblea, impulsaremos la centralización de los planes Acompañar para arrancar al Estado ese beneficio totalmente parcial e insuficiente, y armaremos una campaña para mostrar que el gobierno no hace más que sumergir a más mujeres en la vulnerabilidad.

En las asambleas del Polo Obrero encontramos también una enorme fuente de trabajo para enfrentar la discriminación en todos los terrenos de las diversidades de género y sexuales.

Basta de discriminación y precarización

Nuestra Agrupación 1969 desplegó un fuerte programa de reclamo de aplicación efectiva del cupo laboral trans, y durante 2020 denunció la negación de tratamientos hormonales para dicha comunidad, mostrando el choque que hay entre el discurso y la práctica, de quienes fueron cooptades por el Estado y del discurso oficial del propio gobierno. Este representa todo un programa de lucha y delimitación con el gobierno sobre el que tenemos que desarrollar un trabajo. Un objetivo debe ser el de empadronar a la comunidad trans de todo el país que se organiza con el Polo para buscar insertar, con fuentes de trabajo genuino, a esa porción de la población condenada por el Estado a la prostitución y la discriminación. Pero también debemos fomentar las discusiones en las asambleas que impulsen la tolerancia a lo diferente y la lucha contra la violencia hacia las diversidades de la misma manera que luchamos por fomentar estas discusiones como la del aborto legal.

El reclamo de aparición con vida del joven trans Tehuel de la Torre, desaparecido hace tres meses en la provincia de Buenos Aires, en ocasión de estar buscando trabajos precarios, es parte del Congreso del PdT y una bandera de lucha contra el desprecio hacia la comunidad travesti trans y sus padecimientos. La precariedad en la vida trae aparejados enormes factores de inseguridad, de esa inseguridad que es fomentada por el Estado y padecida por los sectores populares, con mayor violencia en las mujeres, lxs niñxs y las diversidades sexuales y de género.

Para las pobres, más precariedad

El gobierno sólo puede tirar de la cuerda de un planteo que viene agitando desde antes de llegar al poder: las tareas de cuidados. Sin embargo, llegaron al gobierno sin un plan concreto al respecto y el reconocimiento de dichas tareas no tiene nada que ver con conquistas laborales y sociales que realmente fomenten la socialización de dichas tareas, sino que el único perfil que agitan es el de la culpabilización de los propios trabajadores por la división de roles en la sociedad y el reconocimiento de las tareas a través de la precarización de las mismas. No existe en el planteo del reconocimiento de las tareas de cuidados ni una modificación de las licencias laborales que impactan sobre estas tareas, ni la creación de jardines materno-paternales en los lugares de trabajo y barrios. El empobrecimiento de los mayores de edad provoca otro retroceso histórico en las condiciones de vida de las mujeres y en particular el proceso de pauperización general de las masas impulsa cada vez más a que niñas de 15 años o menos, conozcan como única tarea la de la crianza de sus hermanxs mientras su madres trabajan totalmente precarizadas.

Definitivamente, este cuadro de situación no se puede suplantar con la cínica pretensión de colocar etiquetas de género en el presupuesto a políticas que no han reportado ningún avance concreto para combatir la opresión singular que vive la mujer.

La asistencia social puede ser el trampolín hacia un mejoramiento de una realidad o la estandarización de la asistencia y la pobreza. Luego de veinte años de crecimiento de la precarización laboral y de la asistencia convertida en “economía popular”, definitivamente estas políticas nada tienen que ver con la promoción de políticas favorables a las mujeres, sino con una generalización asistencial que incluye a las jubilaciones de hambre y a los ingresos asistenciales a través de planes, trabajo en casas particulares, la venta ambulante y otros rubros mayoritarios para la salida laboral de las mujeres y superprecarizados. Paliativos contra el hambre, sí, políticas para erradicar la violencia de género, nada.

Nuestra política hacia la jornada del 3J se inscribirá en esta caracterización del período abierto en la etapa posterior a la aprobación del aborto legal que consideramos en este documento. Trabajaremos con nuestras propuestas para que se elijan y revoquen a los jueces, así como para que se unifiquen los fueros para este tipo de denuncias, y agitaremos la propuesta al movimiento de mujeres de impulsar el Consejo Autónomo de Mujeres en contraposición a la creación de organismos estatales que ya demostraron no dar ninguna salida.

Virtualización: las mujeres las que más perdieron

El trabajo home office se ha instalado en nuestro país y en el mundo. Antes de la pandemia, el 5% de las y los trabajadores lo hacían de manera remota. Hoy son el 20%. Grandes empresas y el Estado se ahorran mucho dinero a través de la transferencia de costos en gastos de internet, corte de los pagos de refrigerio y pagos de servicios que se usaban en sus edificios, etc. Empresas de software eliminaron bonos que durante 2020 representaban montos de un 8% del salario total en negro y hasta vendieron enormes inmuebles en los que antes trabajaban centenares de trabajadores. A esta realidad se suma el incremento de la presencia de lxs niñxs en las casas, debido de los horarios recortados con los que comenzaron las clases presenciales o de las intermitencias en la concurrencia a partir de la ruptura de las burbujas por contagios. Este incremento recae mayoritariamente sobre las mujeres, que ven reducidos sus ingresos e incrementados los tiempos de cuidados. La ausencia de instituciones que socialicen la educación, la cultura y la crianza recae mayormente sobre las espaldas de ellas.

El trabajo virtual en la docencia y en otros gremios durante el año pasado, representó una enorme presión sobre el conjunto de la vida de la mayoría de mujeres que debieron realizar las tareas de la docencia y las tareas domésticas.

Sin embargo, el gobierno ni siquiera fue capaz de garantizar que se reconozca la “dispensa”, una forma de licencia para las y los trabajadores que deben cuidar chicos que no están pudiendo ser escolarizados. El feminismo institucionalizado festejó el decreto y ocultó que casi no se aplica.

La burocracia sindical no solo entregó los salarios en épocas en que las patronales aprovechan la crisis para reducir los costos laborales, sino que avanzó en la entrega de otros derechos laborales y alejó aún más la posibilidad de acceder a reivindicaciones obreras de las mujeres. Esto, adaptado a cada gremio, debe ser motivo de reflexiones, agitaciones y demandas sindicales.

La brecha salarial entre hombres y mujeres se amplía fuertemente entre los sectores más pobres. Según los datos del Indec, entre las franjas más pobres de la sociedad, la presencia femenina asciende al 70% del total y la brecha salarial alrededor del 45%. Esta postal es una muestra clara y acelerada del destino que el capitalismo depara a las mujeres y de adónde nos lleva su orientación política y económica. Hoy se afirma que la brecha se hubiera eliminado si no hubiera habido pandemia, lo cual es una mentira. Las medidas tomadas se reducen a dar mayores oportunidades a sectores empresariales o calificados, de profesiones en ascenso, algo que circunscribe dichas medidas a una minoría social.

Mujer y elecciones

Este congreso se realizó en un contexto de definiciones sobre la presentación electoral en general y en particular de la izquierda. Por eso, llamamos al conjunto de las fuerzas del FIT-U a poner en pie un congreso nacional que, con el mismo mecanismo que aplicamos en este congreso del PdT, se coloque como alternativa política para canalizar el hartazgo y el fracaso del régimen capitalista en dar otra salida a las masas, que no es otra cosa que la del ajuste. Seguimos dando un debate respecto de un necesario giro en la política general del FIT-U en torno al frente único que debemos encabezar en el terreno de la lucha y para que el FIT-U se sitúe en el campo de ofrecer salidas políticas de conjunto ante los hechos más relevantes de la situación política. Desde el Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras tenemos destacadas compañeras que representan la orientación general que votamos en este congreso. Nuestra actividad política debe concentrarse en mostrar la importancia de reforzar a la izquierda en el próximo período electoral detrás de una agitación política que colabore en arrancar a más sectores populares de las garras de opciones políticas de la propia burguesía que los condena social y económicamente, y que coloque a nuestro país en la ruta de las rebeliones populares de América Latina, para terminar con los gobiernos fondomonetaristas.

La lucha por el socialismo es la única pelea que puede dar una salida global a todos los agravios aquí descritos. Por eso, desde nuestra organización de mujeres nos plantamos en una lucha sin cuartel contra el régimen social responsable de la violencia y la discriminación que sufren las trabajadoras, y distinguimos entre quienes peleamos por los derechos de las mujeres como un puente hacia la emancipación del conjunto de lxs trabajadores y quienes usan esa pelea como pantalla para dar continuidad a un régimen de hambre, miseria y discriminación.

Resoluciones

• Campaña a 15 años de la ley ESI. Realización de talleres en todo el país.

• Campaña por el fuero único en la Justicia y elección de jueces y fiscales.

• Agitación en cada gremio del programa de las mujeres.

• Campaña para reemplazar las comisiones burocráticas de atención laboral a la violencia de género por organismos democráticos que absorban las denuncias por violencia laboral.

• Extender a todo el país la organización de las trabajadoras de casas particulares.

• Poner en pie el sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares.

• Elaboración en torno de la cuestión de las políticas de cuidados y la política gubernamental.

• Realizar cursos sobre la base del curso de Mujer y socialismo, las notas de la revista En Defensa del Marxismo y de los talleres ESI.

El congreso se realizó mayormente de manera virtual los días 26, 27 y 29 de mayo de 2021. Algunas asambleas previas de convocatoria y elección de delegadas se hicieron presenciales allí donde se podía. Más de 8.600 mujeres se inscribieron, la mitad de ellas menores de 30 años. Participaron 4.500 de sus más de 20 comisiones de trabajo y otras tantas se conectaron a la jornada de cierre del 29 de mayo.

Artículos relacionados

Deja un comentario