2021: hacia una tormenta perfecta

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La humanidad viene enfrentando una catástrofe económica, social y sanitaria de dimensiones gigantescas.

La pandemia ha hecho estragos en la salud y las condiciones de vida de la población al mismo tiempo que tenido un impacto devastador en la producción, el empleo, la inversión y el comercio en el mundo, pero su alcance y sus efectos son inseparables de la propia bancarrota capitalista. El coronavirus irrumpe en momentos que asistíamos a un hundimiento de los sistemas de salud como producto de los violentos ajustes presupuestarios que se venían realizando, no sólo en los países emergentes sino en las propias metrópolis imperialistas. Lo mismo puede extenderse a la vivienda, asistencia y gastos sociales y, de un modo general, a un deterioro muy severo de las condiciones de vida de los trabajadores, lo cual ha sido un terreno fértil para la propagación del virus. La economía mundial entró en una depresión, sólo comparable con la crisis del ’29 y en muchos casos superior. La pandemia y la crisis están íntimamente conectadas y se han ido retroalimentando una a la otra, provocando el escenario de tormenta perfecta que enfrentamos.

¿En qué punto nos encontramos? Hay quienes se han apresurado a señalar que lo peor ya pasó. Eso se basa en el hecho de que estamos asistiendo a un rebote económico. China habría recuperado nuevamente e, incluso, superado su ritmo de crecimiento anterior al estallido del coronavirus -algunos vaticinan que llegaría al 9 por ciento. De conjunto, según las perspectivas económicas de la OCDE, este año se prevé que el crecimiento del PBI mundial sea del 5,6% en 2021 y del 4% en 2022.

Este rebote de la economía mundial ha ido de la mano del aumento de los precios de los commodities. El petróleo, después de llegar incluso a valores negativos, orilla los 70 dólares. El cobre ha superado los valores máximos en su historia. Estamos frente a un aumento de los precios de los granos, como el maíz, el trigo y la soja. Esta última ha superado la barrera de los 600 dólares, cuando un año atrás oscilaba en torno de los 300. Este ascenso de los precios sería la constatación, de acuerdo con esta óptica, de que la economía mundial estaría marchando a una recuperación.

Estas expectativas omiten, en primer lugar, el hecho que el brote está lejos de ser superado. Estamos en presencia de una segunda y una tercera ola, de una intensidad y alcance superior a la primera, a lo que se agrega la crisis con la vacunación, en todas sus facetas, tanto en su producción, suministro y en los ritmos y planes de su aplicación. Esta situación va de la mano con renovados colapsos sanitarios y fuerza a la burguesía a reiterar los confinamientos y a la interrupción de la actividad económica, lo cual obviamente conspira y vuelve atrás los atisbos de repunte económico. Por otra parte, el hecho de que los contrastes desigualdades sean tan pronunciados entre los países en lo que se refiere a la inmunización y ritmos de vacunación, provoca permanentes cuellos de botella en el abastecimiento de insumos y el intercambio comercial mundial, lo cual constituye un impedimento crucial para una recuperación económica, con más razón cuando asistimos, como nunca antes en la historia del capitalismo, a una integración a escala global de la cadena de producción. Esto repercute en todos los planos, incluida la logística y el transporte, en primer lugar el marítimo, donde los grandes buques cargueros de mayor porte provenientes de China se encuentran varados en los puertos de Europa porque no hay suficientes bienes para cumplir con los pedidos y hacer el viaje de vuelta.

La organización social vigente, regida por el lucro capitalista, está en el origen de la pandemia y, al mismo tiempo, se ha revelado en una traba para superarla. La pandemia no se origina en una fuerza o factor externo -como podría ser, por ejemplo, una catástrofe derivada del impacto de un meteorito. El actual brote está directamente emparentado con las alteraciones climáticas, del medio ambiente, del hábitat y la naturaleza, incluido el reino vegetal y animal, alentado por la actual organización social vigente. La frecuencia de las epidemias se viene acelerando en el tiempo. Basta ver que desde la década de 1980 se han sucedido el VIH, SARS, H1N1, MERS, Ebola y, ahora, el Covid-19. Más que de una crisis sanitaria es necesario hablar un crisis de dimensiones históricas, asociadas directamente a la decadencia y descomposición de un orden social.

Este rebote tiene límites muy claros, y lo que es más importante, encierra y potencia contradicciones explosivas. Las bolsas del mundo volvieron a temblar al compás de una estampida de la inflación, en primer lugar, de Estados Unidos. Por segundo mes consecutivo, la carestía en ese país se ha disparado, totalizando entre ambos meses un incremento del 1,5 por ciento. En apenas dos meses (marzo y abril) se estaría igualando la inflación que se venía registrando en un año. Esto fue suficiente para encender las luces de alarma ante la perspectiva de que este desborde inflacionario termine provocando un aumento de la tasa de interés. Esto pone en jaque las bases del repunte de la economía, que se venía sosteniendo en una emisión sin antecedentes y un financiamiento prácticamente a tasa cero.

No podemos perder de vista que el rescate estatal puesto en marcha en 2020 es el más elevado en la historia del capitalismo. Las cifras del auxilio en crisis anteriores, incluida la crisis financiera de 2008, empalidecen totalmente en comparación con los gigantescos montos otorgados por los gobiernos y en especial por los bancos centrales. Una medida muy elocuente de ello la da la Reserva Federal, que ha inyectado dinero a través de diferentes vías, equivalente al 45 por ciento del PBI. Basta tener presente que doce años atrás, con motivo de la crisis que precipitó la caída de Lehman Brothers, ese porcentaje osciló en el 15 por ciento, lo cual ya era un récord comparado con colapsos y conmociones anteriores como la crisis del ’29 y emergencias como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los programas de estímulos que han lanzado los gobiernos tampoco tienen antecedentes. El paquete de ayuda de 700.000 millones dólares que puso en marcha Estados Unidos en 2008 es irrisorio respecto de los billones de dólares que ya se han gastado desde el estallido de la pandemia. Lo mismo puede decirse respecto de sus socios europeos y Japón, y de un modo general en toda la economía capitalista.

Un primer aviso del cimbronazo actual se produjo a fines de febrero cuando una subasta de bonos del Tesoro de Estados Unidos de largo plazo no encontró adquirentes. En ausencia de compradores, los operadores primarios, los principales bancos que suscriben las ventas de bonos estadounidenses, tuvieron que intervenir para comprar el 40 por ciento de la deuda pública en oferta, la participación más alta en siete años. Viene al caso señalar que este hecho se da en momentos que el gobierno de Estados Unidos necesita endeudarse para financiar los paquetes de estímulo que se ha comprometido a implementar. El hecho de que el mercado no pudiera absorber ni siquiera una oferta de deuda -por otra parte, acotada- puso en marcha una liquidación de bonos de Estados Unidos en el mundo.

El rendimiento de los bonos se disparó al 1,6 por ciento, habiendo comenzado el mes en 1,1 por ciento. Al comentar sobre el acontecimiento, el Financial Times señaló que la “severidad” de la venta masiva había “reavivado las preocupaciones sobre la salud del mercado de deuda más grande e importante del mundo, agregando urgencia a los esfuerzos de los reguladores para abordar las grietas que han surgido durante períodos de estrés”. El mercado de deuda pública estadounidense, de 21 billones de dólares, es la base de todo el sistema financiero mundial. Se supone que es el mercado más líquido del mundo -el refugio seguro para los inversores financieros.

Los episodios nombrados obligaron a la Reserva Federal a poner paños fríos y asegurar de que no está previsto en los años en curso ni en el venidero un aumento de la tasa de interés. Volvió a reiterar que se seguirá manteniendo la compra de de activos a razón de 120.000 millones de dólares, como viene ocurriendo hasta ahora. Pero aún así, persistió una tensa calma y una gran volatilidad en los mercados dominados por una desconfianza que las perspectivas inflacionarias, pese a las promesas de Powell, terminen poniendo un cierre al ciclo de dinero barato.

La política de la FED es seguir alimentando este esquema, pero el mismo resulta cada vez más insuficiente, dando pie a la exigencia de más concesiones y garantías por parte del capital financiero. Existía la creencia entre los operadores de que la FED relanzaría la Operación Twist (bajo la cual autorizó las compras en bonos a largo plazo para mantener bajas las tasas), introducida en el pasado bajo la presidencia de Ben Bernanke, quien estuvo al frente de la FED entre 2006 y 2014, cosa que no ocurrió.

Aunque volvieron a recuperarse, este nuevo estremecimiento de las bolsas es un recordatorio que la emisión y el endeudamiento no es un recurso ilimitado y menos aún inocuo. Lo que asoma como amenaza es una desvalorización del dólar, que ya viene produciéndose, que termine por provocar un abandono masivo de la divisa estadounidense y un refugio en el oro o en otros activos. El precio del oro ha vuelto a trepar y se acerca a su pico de 2.000 dólares del año 2020. Ha habido un corrimiento también hacia las criptomonedas, pero sus enormes oscilaciones indican que funciona como un instrumento especulativo más que como una reserva de valor .De un modo general, este fenómeno también está ocurriendo con las principales monedas, como el euro, que vienen apelando, aunque todavía en forma atenuada, a los mismos métodos que los yanquis para enfrentar la crisis. Por lo pronto, esto ha abierto una cadena de devaluaciones competitivas. La guerra comercial se completa con una guerra monetaria, cuyo desarrollo planea en perspectiva un dislocamiento de la economía mundial en caso de que las principales divisas dejen de funcionar como medios de pago aceptados internacionalmente.

China tampoco se sustrae ese cuadro. El gigante asiático es uno de los países más endeudados del mundo, donde su deuda pública y privada asciende a casi tres veces su PBI y, por lo tanto, es probablemente una de las naciones más sensibles y vulnerables a un aumento de la tasa de interés. Aunque la misma está nominada en yuanes, una alteración general de los parámetros mundiales ejercería un impacto en China y abriría el riesgo de un colapso de una franja significativa de empresas que sobreviven gracias al crédito barato y que no estarían en condiciones de continuar en caso del encarecimiento de su financiamiento. El escenario del país asiático dista bastante respecto del de trece años atrás, cuando irrumpió la crisis financiera de 2008.

Caída de la tasa de ganancia

Este repunte, como vimos, se sostiene sobre bases endebles, está lejos de superar la anemia de la economía mundial, que viene siendo la tónica en las últimas décadas. Hay quienes vaticinan una recuperación rápida en forma de V. Según esta mirada, el origen de la crisis estaría asociada al estallido de la pandemia, de modo tal que en la medida que la misma sea neutralizada, la economía mundial podría volver a una supuesta “normalidad”. Este tipo de análisis y pronósticos omiten el hecho que en 2019 la economía mundial estaba entrando en recesión, con Europa prácticamente en niveles nulos de crecimiento, Estados Unidos en medio de un desinfle de su economía y China atravesando una sensible desaceleración. La vuelta a una supuesta “normalidad” encubre la centralidad de la crisis capitalista que ya venía desenvolviéndose a todo vapor.

La OCDE advierte que “a pesar de la mejora de las perspectivas mundiales, la producción y los ingresos en muchos países seguirán estando por debajo del nivel esperado antes de la pandemia a fines de 2022”. El daño y las huellas de la recesión de 2020 están llamadas a prolongarse en el tiempo: “la mayoría de las economías -agrega- nunca regresarán al crecimiento y la trayectoria previos a la pandemia, que ya era más baja que la trayectoria de antes de la Gran Recesión en 2008”.

El gasto público y la política monetaria expansiva ya han probado que no son suficientes para que la economía recobre su vitalidad y dinamismo. El gigantesco rescate del Estado en esta década no ha ido a parar a la inversión productiva sino que las empresas lo han destinado al circuito especulativo, incluyendo la recompra de sus propias acciones.

No olvidemos que en una economía capitalista la inversión pública apenas es responsable de una fracción pequeña del total de la inversión. El motor es la inversión empresarial, cuyo nivel depende de la rentabilidad. La tendencia predominante que impera es una caída de la tasa de beneficio, que bajo la pandemia llegó a sus mínimos históricos. Hemos asistido a una persistente huelga de inversiones, cuyo telón de fondo es una crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales que no encuentran una explotación redituable en la esfera productiva.

La valorización accionaria que alcanzó niveles récord no se compadece con el desempeño de las empresas en la economía real, cuyas utilidades han descendido sensiblemente o directamente arrojan pérdidas. La excepción es el grupo de gigantes tecnológicos, las denominadas FAANGS (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft), que han venido obteniendo ganancias siderales. El éxito de este selecto núcleo ha servido para encubrir la declinación empresaria. Pero importa señalar que la crisis está haciendo su trabajo de topo y ha empezado impactar también en esas empresas líderes.

La tensión entre estas corporaciones viene creciendo. Recientemente, el CEO de Apple salió a denunciar a Facebook por haberle facilitado a Trump el uso de su red para impulsar su prédica y violentar la privacidad de sus clientes. Un artículo reciente de The Economist analiza lo que hay detrás de estos choques entre estos gigantes, sugiriendo que su motivación sería no tanto cuidar los derechos de los usuarios sino controlar el mercado. Este es el caso de la disputa entre las dos empresas que dominan Asia, Alibaba y Tencent, pero es aún más evidente en el caso de los cinco gigantes occidentales, Alphabet (Google), Apple, Microsoft, Amazon y Facebook, cuyo valor de mercado es de 7,6 billones de dólares y que son los principales pilares de la euforia especulativa. El problema es que el 40 por ciento de los negocios de estas empresas se realizan en competencia directa con los otros gigantes, el doble que en 2015.

La tendencia que progresa es “ganar en actividades dominadas por los competidores. Amazon crece en publicidad online, que era el dominio de Facebook y Alphabet (80% de sus ventas); Microsoft y Alphabet aumentan su participación en servicios en la nube, que era exclusiva de Amazon, con la que, a su vez, Walmart, la mayor empresa de distribución del mundo, comienza a competir en ventas online. Mientras tanto, Microsoft ha estado tratando de comprar dos redes sociales, Tik Tok (compartir videos) y Pinterest (fotos), y Huawei quiere crear un nuevo sistema operativo para no depender de Google” (“Las empresas de tecnología se quitan los guantes”, Sin Permiso, 14/3).

Hay dos razones para estas estrategias agresivas. “La primera es el hambre de ganancias, cuando los resultados operativos disminuyen pero las capitalizaciones bursátiles se disparan: los resultados de Alphabet se han reducido en 13 puntos porcentuales en diez años, los de Apple en 10 puntos porcentuales desde su pico en 2012. La segunda razón es la competencia: en muchos de estos negocios, la segunda y la tercera empresa se están poniendo al día con la primera, y un oligopolio es una guerra permanente” (ídem).

Endeudamiento explosivo

El otro elemento a tener en cuenta es el enorme endeudamiento público y privado que ha superado en total varias veces el PBI de los países industrializados, y que ha llegado también a su máximo histórico y se extiende también a los países emergentes.

La economía capitalista en las metrópolis está plagada de empresas zombis, cuyas utilidades ni siquiera alcanzan para pagar sus gastos y sobreviven gracias al endeudamiento barato que hoy existe y que es renovado permanentemente. Recordemos que la deuda corporativa asciende al 80 por ciento del PBI y sigue creciendo. Un aumento de la tasa de interés provocaría una quiebra de estas empresas. Esto pone de relieve el carácter precario de la proclamada recuperación y explica que la disparada inflacionaria haya provocado pánico y estremecido los mercados, abriendo paso a un derrumbe bursátil. Lo paradójico es que lo que en tiempos “normales” se hubiera considerado una noticia alentadora, ahora es vista como una desgracia. El aumento de los precios, a primera vista, debería ser tomado como un síntoma positivo de recalentamiento de la economía, como resultado de la perspectiva de un repunte en la actividad económica. El presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, hizo una referencia auspiciosa a esta circunstancia Pero, en la actualidad, el solo hecho de que pueda abrir paso o al menos insinuar un ascenso de las tasas de interés, aunque sea de forma limitada, provoca grandes turbulencias financieras.

El nuevo paquete de Biden

Los anuncios de Biden, con motivo de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, llamaron la atención de la prensa internacional, quien puso de relieve que nos encontrábamos ante la agenda más ambiciosa en la historia moderna de Estados Unidos. Hay quienes señalan que hay que remontarse al primer mandato de Franklin Roosevelt en 1933, cuando impulsó su New Deal contra la gran Depresión, para encontrar algo tan osado y abarcador. Los anuncios de Biden comprenden paquetes dirigidos a fomentar el empleo y de ayuda económica a los sectores más postergados de la población norteamericana, para reactivar el gran mercado interno yanqui que está deprimido.

No se puede comprender estos anuncios al margen del cuadro de situación que se registra en Estados Unidos. Un retrato de lo que está pasando lo brindó el propio Biden en su discurso, quien no escatimó palabras al referirse al escenario actual: “La peor pandemia en un siglo. La peor crisis económica desde la Gran Depresión. El peor ataque a nuestra democracia desde la guerra civil”. El panorama descripto es suficientemente elocuente sobre la catástrofe que hoy sacude a Estados Unidos y que se extiende a todos los planos: económico, sanitario y social y, agreguemos, político. Es un síntoma inconfundible de la decadencia histórica y el derrumbe de la primera potencia capitalista, confirmando que el epicentro de la crisis mundial capitalista y de la pandemia está concentrado en el propio suelo norteamericano. Ambos factores combinados han provocado estragos en la población, en especial en la más vulnerable, y es lo que está en la base de la rebelión popular que tuvo lugar el año pasado y que conmovió los cimientos del régimen político, los partidos y sus instituciones. La rebelión no solo precipitó la derrota de Trump sino que condiciona a la propia gestión demócrata. La pobreza, la marginalidad y la falta de perspectivas, en especial en la juventud, han ido alimentando un creciente estado de insatisfacción, descontento, que ha terminado transformándose en ira social y quedó exteriorizado en el estallido el año pasado.

Consciente de este escenario, Biden utilizó su discurso para presentar a los congresistas dos programas de ayuda económica. El llamado “Plan de Familias Estadounidenses”, una propuesta legislativa con un costo de aproximadamente 1,8 billones de dólares, que comprende ayuda a las familias para pagar el cuidado infantil (que incluye el preescolar gratuito para personas de bajos ingresos), dispone que los colegios comunitarios sean gratuitos en sus primeros dos años, mejora el sistema de becas para estudiantes de bajos ingresos y otorga licencias familiar y médica a sectores de bajos recursos. El programa incluye hasta 2025 un crédito tributario por hijos, que se amplió durante la pandemia y que los demócratas esperan mantener como un programa gubernamental permanente.

Un segundo programa consiste en el llamado “Plan de Empleo Estadounidense”, que iría unido al aumento de la producción industrial e inversión en infraestructura en Estados Unidos. Según el mandatario, su proyecto pondrá a los ingenieros y empleados de la construcción a trabajar en obras “más eficientes” desde el punto de vista energético y sustentable en el plano ambiental.

El programa, para el que pidió también un aumento del salario mínimo a 15 dólares, también aboga para que los estadounidenses compren productos locales y que las empresas locales que produzcan bienes lo hagan en Estados Unidos (una suerte del compre nacional, que rigió en distintos momentos en Argentina).

Biden plantea una reforma tributaria para financiar estos paquetes. Hay quienes han resaltado un cambio radical en la materia, pero lo cierto es que solo ha revertido apenas parcialmente la reducción impositiva impuesta por Trump.

El proyecto demócrata eleva la tasa del impuesto de sociedades del 21 al 28 por ciento (revirtiendo solo la mitad del recorte fiscal de Trump) y restaura la tasa del impuesto sobre la renta para los superricos al nivel que prevalecía bajo George W. Bush (del 37 por ciento al 39,6 por ciento). Es decir, estamos en presencia de una política muy tímida. Más allá de la retórica, ha tenido cuidado de no incursionar contra los intereses corporativos, lo cual, de todos modos, no implica que la clase capitalista se prive de expresar sus reservas o rechazo a la medida. Tengamos presente que el mundo de los negocios y financiero, empezando por Wall Street, tiene muy presente que, más allá de la alharaca que se haga contra los ricos, el grueso de la ayuda estatal de la Casa Blanca está reservado en favor de las empresas, ya sea en forma directa o encubierta. Por supuesto, que el gasto público incluye el contrato de empresas norteamericanas, que se verán beneficiadas con el plan de infraestructura programado. Pero, más allá de ello, la clave de la ayuda es la que viene realizando la FED con crédito barato a tasa cero y la compra de bonos y activos de las empresas, incluidas aquellas cuya solvencia está cuestionada.

Todo este paquete tiene que pasar por el Congreso, donde lo más probable es que tropiece con la oposición republicana y también de una parte de la bancada demócrata. De modo tal que va a tener recortes, sobre los que ya Biden abrió el paraguas en su discurso. Pero, aún en sus términos actuales, está lejos de resolver el descalabro y colapso de la economía. Aún en pleno rebote, hay 10 millones de desocupados nuevos que no han logrado reinsertarse en el mercado de trabajo. La reactivación, en el caso hipotético de prosperar, absorberá apenas parcialmente esa enorme masa de parados sin perjuicio del hecho de que el rebote de la economía que se constata irá de la mano de rebajas salariales y de una ampliación del trabajo precario, como ya ocurrió en el pasado. No olvidemos que en la crisis financiera de 2008, bajo Obama, los nuevos trabajadores de la industria automotriz ingresaron con la mitad del sueldo de los más antiguos. Sin perjuicio de lo señalado, un repunte de la economía, o al menos de sectores de ella, no deja de abrir una oportunidad para estimular la lucha reivindicativa, en particular la referida a una mejora y recomposición de los salarios, lo que amplía el campo de acción de los trabajadores en la próxima etapa. Tomado de conjunto, la perspectiva que se abre es a un incremento de la conflictividad sindical y, a caballo de esto, a un aumento de la presión y las tendencias de lucha en el marco de las organizaciones existentes, o apelando, cuando las circunstancias lo requieran, a autoconvocatorias o iniciativas independientes de acción.

¿Reversión de la crisis?

La tentativa de Biden es un intento extremo de revertir la crisis capitalista, que se arrastra. Los rescates millonarios puestos en marcha desde la crisis financiera de 2008 fracasaron en remontar la bancarrota capitalista. El auxilio estatal no fue destinado a la inversión productiva sino que fue a parar a la especulación, incluida la recompra por parte de las empresas de sus propias acciones. Previo a la pandemia, el mundo ya estaba entrando en recesión, cuyo telón de fondo es una gigantesca crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales. La deuda corporativa, en estos últimos años, siguió creciendo (representa el 80% del PBI), mientras se achicaron sensiblemente los márgenes de rentabilidad a cero o pasaron a tener un signo negativo. En la actualidad, el capital ficticio es inmenso y se sostiene a través de una valorización artificial, armando burbujas recurrentes y de mayor amplitud. El proceso económico en marcha no puede sortear una depuración del capital sobrante y que, como tal, en el marco de la anarquía capitalista, está llamado a procesarse en forma convulsiva a través de quiebras, bancarrotas y reorganizaciones violentas que implican cierres, achiques y despidos en masa. Y que termina con choques y guerras sangrientas entre los Estados que defienden a “sus” monopolios. El Estado capitalista no es un ente suspendido en el aire, es un engranaje de la organización social capitalista y como tal no puede sustraerse a sus leyes (¡la ley del valor!), y menos aún está en condiciones de sustituirla. El intervencionismo estatal está al servicio del capital y como tal participa de sus límites y contradicciones. Por lo tanto, es afectado y arrastrado por su crisis; más aún, de ser un factor contrarrestante de la crisis, termina siendo un agravante.

Los planes de estímulo lanzados por Biden involucran un gasto total 6 billones de dólares, un 30% del PBI. Habrá que ver cuántas de estas erogaciones podrán ser cubiertas por una recaudación impositiva, cuyo alcance y resultado son inciertos. Lo más probable es que gran parte de estos planes una vez más se financien con mayor emisión y endeudamiento.

Nouriel Roubini, el economista apodado como el Dr. Catástrofe porque predijo la crisis de 2008, advierte sobre el factor explosivo que representan los crecientes déficits fiscales, que ascenderían al 10% del PBI mundial o más, haciendo crecer la deuda pública que ya era insostenible. En el último año, éstos equivalieron al 230% del PBI mundial, potenciando los riesgos de default.

El economista alerta que la economía mundial marcha a una “tormenta perfecta, que estaría dominada por un escenario de ‘estanflación’” (estancamiento con inflación). Partiendo del panorama actual no tiene nada de exagerado el pronóstico.

Belicismo

Biden aprovechó el discurso frente al Congreso norteamericano para volver a la carga contra China y Rusia. Entre otras cosas, Biden formuló la advertencia de que no está dispuesto a tolerar el robo de las patentes tecnológicas y los derechos de propiedad intelectual, y que va a defender al país de la competencia desleal, en especial del gigante asiático. La bandera del presidente demócrata en favor de que Estados Unidos reconquiste el liderazgo y gane la competencia en el siglo XXI no se diferencia mucho del “American First” de Trump. El nacionalismo económico de un país imperialista -y con más razón de Estados Unidos- va de la mano con un reforzamiento de la guerra comercial y un expansionismo militarista. Las palabras de Biden anticipan un nuevo salto en la escalada y el intervencionismo yanqui a escala general, apuntando a que Estados Unidos recupere la hegemonía mundial que está en retroceso y su lugar como gendarme internacional. A su turno, la tendencia a un recrudecimiento de la guerra comercial es una confesión que el impasse capitalista, que se concentra en Estados Unidos como principal potencia del planeta, ha llegado a un punto tal que no pueden resolverse por medio “pacíficos” y económicos, hay que apelar crecientemente a medios extraeconómicos -o sea, salidas de fuerza y belicismo.

Los primeros meses de mandato de Joe Biden han arrancado con una intensificación de la escalada económica diplomática y militar contra China y Rusia. Avanzan los preparativos de la Iniciativa de Disuasión en el Pacífico del Pentágono, que contempla la colocación de misiles ofensivos previamente prohibidos por el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), a lo largo de un cordón de islas densamente pobladas que incluyen Japón, Taiwán y Filipinas. El Pentágono solicitó un presupuesto anual para la región del Pacífico, cercano a los 6.000 millones de dólares para financiar la iniciativa. Esto empalma con las declaraciones de funcionarios de la más alta jerarquía de la nueva administración demócrata, el secretario de Estado y el de Defensa, que viene de visitar Japón justificando estos nuevos dispositivos frente a las de necesidades detener la agresión china.

En sintonía con esta retórica, el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, señaló: “reconfirmamos el firme compromiso de Estados Unidos con respecto a la defensa de Japón, utilizando todo tipo de fuerzas estadounidenses, incluidas las nucleares”.

La Casa Blanca, por boca de su secretario de Estado, Antony Blinken, ha ratificado la tesis que proviene del Pentágono que incluye a Rusia y a China, en primerísimo lugar, como los principales enemigos estratégicos de Estados Unidos. Esto coincide con las expresiones del almirante Philip Davidson, comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, quien dijo en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado que cree que es probable que China invada Taiwán en los próximos seis años. Desde el momento que Estados Unidos ha comprometido la defensa de la isla, este pronóstico abre la perspectiva de una guerra.

Lo cierto es que, entretanto, la tensión militar aumenta. La fuerza aérea de Filipinas patrulla diariamente desde hace semanas las aguas del arrecife Whitsun -o Julián Felipe-, en su Zona Económica Exclusiva, para vigilar la “amenazadora” flotilla de cerca de 200 barcos chinos, según el gobierno filipino. Pekín asegura que las embarcaciones son pesqueras, pero Manila y Washington sostienen que son milicias marítimas atracadas allí o en otros islotes de la zona.

Washington apela a sus aliados e intenta reforzar el llamado Quad, la alianza defensiva informal que le agrupa con Japón, Australia y la India en medio de maniobras militares de ambos bandos. Pekín acaba de iniciar unas maniobras en el mar del Sur de China y Francia, y los países del Quad empezarán otras en la bahía de Bengala. Barcos franceses se sumarían por primera vez a ejercicios conjuntos entre fuerzas de Estados Unidos y Japón el mes próximo en la zona.

Medio Oriente, a su turno, viene de ser estremecido por la agresión sionista contra Gaza y el pueblo palestino. Una ofensiva de estas dimensiones no podría haberse hecho sin un conocimiento y guiño de Estados Unidos. La administración demócrata no ha modificado la orientación desplegada por Trump. Por lo pronto, Biden no ha revisado el “acuerdo del siglo” pergeñado por el magnate y que recibió el caluroso apoyo de Netanyahu, por el cual se institucionaliza el despojo del pueblo palestino y el avance y ocupación israelí de Palestina. La decisión de la gestión demócrata de retomar las tratativas en el marco del acuerdo nuclear con Irán (que, por ahora, es una expresión de deseos) no excluye el hecho de que Washington no se priva de seguir recostándose en sus principales aliados históricos en Medio Oriente -Israel y Arabia Saudita-, como punta de lanza y sostenes del rol de gendarme de Estados Unidos en la región. Biden justificó los bombardeos, reivindicando el derecho de Israel a defenderse.

Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Richard Nixon y una de las voces más autorizadas en lo que se refiere a la política exterior norteamericana advirtió sobre el peligro de una situación similar a la I Guerra Mundial. Su pronóstico apocalíptico fue ratificado meses atrás, cuando estábamos en la recta final de la campaña presidencial de Estados Unidos, al señalar que “si se permite que el conflicto se desarrolle sin restricciones, el resultado podría ser aún peor de lo que fue en Europa. La Primera Guerra Mundial estalló debido a una crisis relativamente menor…, y hoy las armas son más poderosas” (HispanTV, 8/10).

John Mearsheimer, otro de los analistas internacionales más reconocidos, junto con el ex secretario de Estado, advierte también sobre ese riesgo: “es una posibilidad real. No creo que sea inevitable. Hay que recordar que Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron una intensa competición de seguridad durante 45 años en la Guerra Fría. Y estuvieron cerca de enfrentarse en la crisis de los misiles cubanos. Pero nunca hubo una guerra caliente en la que estuvieran directamente involucrados. Hubo guerras a través de proxies (…) Pero es posible que haya un conflicto armado, mucho más entre Estados Unidos y China que entre Estados Unidos y la URSS en la Guerra Fría” (ídem).

Mearsheimer no descarta una guerra limitada. “Si partimos de los puntos más elevados de fricción son el Mar del Sur de China, el Mar de China Oriental, Taiwán y la península coreana. Allí es más fácil imaginar una guerra limitada entre China y Estados Unidos. No me sorprendería si se involucraran en un conflicto armado en algún momento del año que viene. No digo que sea probable que suceda, digo que es un escenario posible, porque implicaría una guerra en el agua que nos llevaría a una escalada automática”.

Ambos analistas coinciden que bajo Joe Biden no se va a alterar la política de confrontación estadounidense con China. Mearsheimer llama la atención que, en realidad, la escalada yanqui no arrancó con Trump sino en 2011 cuando Barack Obama era presidente y Hillary Clinton era secretaria de Estado. Los demócratas consideran a China como una amenaza seria que debe ser contenida.

El panorama descripto es un caldo de cultivo para que florezcan las tendencias bélicas, en las que Nouriel Roubini, a su turno, coloca como posibles focos de conflicto, el enfrentamiento de Estados Unidos con China, pero también con Irán, Corea del Norte y hasta con Rusia. El objetivo último del imperialismo apunta a una colonización económica, política y diplomática del ex espacio soviético y del gigante asiático. En este contexto, Roubini advierte sobre la emergencia de una nueva “guerra fría”, pero no descarta que una “ciberguerra” podría “potencialmente llegar incluso a choques militares convencionales”. En principio, “el sector privado tecnológico de Estados Unidos se integrará cada vez más al complejo industrial de la seguridad nacional”.

El militarismo y la guerra comercial obedecen a una tendencia de fondo y responde a un interés común de la clase capitalista norteamericana. Los cuatro años de Trump indican un fracaso, de un modo general, del objetivo del por devolver a Estados Unidos la vitalidad y el liderazgo perdido, sintetizada en la premisa de “America first”. La intensificación de la guerra comercial no redundó en el crecimiento de la participación norteamericana en la economía y comercio mundial. La escaldada diplomática y militar con Corea del Norte no logró hacer retroceder al régimen norcoreano en su plan nuclear. Estados Unidos tampoco pudo reconquistar una hegemonía en Medio Oriente. Tanto Rusia como Irán siguen manteniendo un protagonismo en la región. Un alineamiento mayor con Arabia Saudita e Israel, apostando a que jueguen un papel más determinante en Medio Oriente, no pudo compensar la pérdida de presencia con el retiro de sus tropas de Siria y su aislamiento en Irak, con el retiro de tropas aliadas europeas y el pedido del Parlamento de ese país de que Estados Unidos retire sus bases. No ha logrado avances significativos en la política de colonización económica y restauración capitalista en Rusia y China. Por el contrario, la escalada comercial terminó convirtiéndose en un bumerán, y convirtiéndose en un factor de fractura y división interna de la burguesía norteamericana.

Su política en Latinoamérica tampoco ha tenido avances. No lograron consumar el golpe en Venezuela a partir de la promoción internacional de Juan Guaidó y en Bolivia, el golpe consumado a fines de 2019 con apoyo de Bolsonaro y de la Casa Blanca, no pudo consolidarse y tuvo que convocar elecciones, en las cuales fueron derrotados. La agenda que empieza a discutirse apunta a revertir esta situación.

Guerra comercial

Esta escalada militar va de la mano con una intensificación de la guerra comercial. Diversos analistas vienen poniendo de relieve que en este campo, Biden está yendo más lejos que Trump y vaticinan para los cuatro años de mandato del demócrata “una nueva era de feroz competencia con las otras superpotencias, marcada tal vez por el peor estado de relaciones entre Washington y Moscú desde la caída del Muro de Berlín y también con China desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos” (La Nación, 21/3).

“En el reciente cónclave de Alaska, que reunió a las principales potencias, Washington dejó claro su decisión de que la Casa Blanca está decida a competir con Pekín en todos los frentes, para ofrecer tecnología competitiva, en inteligencia artificial y fabricación de superconductores, por más que sean necesarios millones de dólares del Estado para proyectos de investigación y desarrollo, y a través de nuevas asociaciones con industrias de Europa, la India, Australia y Japón” (ídem). Estados Unidos apunta a defender su hegemonía, aunque hay que tener presente que todavía la distancia tecnológica entre éste y el gigante asiático es muy grande. “China está invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo y compite bien en algunos. Pero 15 de las 20 universidades de investigación del mundo están en Estados Unidos, ninguna en China” (“Qué podría causar una guerra entre Estados Unidos y China”, Clarín, 22/3). Ni qué hablar del poderío militar, en que el abismo es todavía mayor. De modo tal que la escalada en curso, más que un carácter defensivo, proteccionista, tiene un carácter ofensivo. La burguesía norteamericana no ha renunciando a su propósito estratégico de someter a China bajo su tutela y control y usufructuar en su propio beneficio el proceso de restauración capitalista inconcluso en el país asiático. Este propósito se extiende al ex espacio soviético. De consumarse ese propósito, eso sí significaría confinar a China y Rusia a una condición de semicolonial.

En este plano, el imperialismo yanqui mantiene una fuerte disputa con las principales potencias occidentales por ver quién lidera esta transición. Washington ha visto con recelo el reciente pacto entre la Unión Europa y el gigante asiático, que le otorga al viejo continente una serie de ventajas para el desembarco y penetración de corporaciones europeas en territorio chino. Bruselas destaca “la apertura de nuevos mercados que conlleva el acuerdo, en especial en el terreno manufacturero, que supone más de la mitad de las inversiones de la Unión Europea en China”. Según la Comisión, Pekín se compromete a dar acceso a las firmas europeas en sectores que hasta ahora había considerado su coto: servicios de la nube, finanzas, salud privada, medio ambiente y transporte” (El País, 30/12/20).

Esta política expansionista vale también para el ex espacio soviético. Los demócratas venían realizando reproches a Trump por sus vínculos con Putin. Estas relaciones “amigables” entre ambos mandatarios no habían disipado, sin embargo, las sanciones económicas contra Rusia que datan desde la ocupación de Crimea. Pero ahora lo que viene ocurriendo es un endurecimiento con Moscú. La Casa Blanca viene utilizando la detención del opositor Alexei Navalny y las protestas que ha desatado para avanzar en nuevas represalias y en un cerco militar.

Un nuevo capítulo lo constituyen los choques y tensiones en torno al gasoducto Nordstream 2. Recordemos que éste une Rusia con Alemania; su tendido va por el norte del viejo continente, pasando por las gélidas aguas del Báltico. En los últimos años, Moscú ha diversificado las vías de exportación del gas ruso, especialmente tras las llamadas guerras del gas, que hace más de una década afectaron al suministro europeo de este hidrocarburo por las crisis entre Rusia y Ucrania, por donde entonces fluía la mayor parte del gas ruso. Ahora Moscú evita en parte el territorio ucraniano por el norte, con el Nord Stream 1, y por el sur, con el TurkStream, que discurre por el lecho del mar Negro y conduce el gas por dos ramales, uno a Turquía, y otro a los países del sur y sureste de Europa, como Bulgaria.

En la actualidad, la obra se encuentra paralizada cuando apenas falta culminar el 6%. Una de las principales causas para culminarla son las sanciones impuestas por Trump. Aunque Biden ha anunciado su decisión de revisar esas medidas, el litigio está lejos de revertirse. Aunque Washington renuncia a medidas punitivas contra la empresa principal, las sanciones continúan contra otras entidades implicadas en su construcción, en concreto cuatro barcos involucrados en la construcción, tres compañías que proveen embarcaciones al proyecto y una oficina federal rusa, el Servicio de Rescate Marítimo. La burguesía norteamericana no se priva de utilizar este episodio para golpear a la Unión Europea, ya suficientemente debilitada y dividida en su interior.

El Parlamento Europeo ha pedido la paralización del proyecto. Pero la canciller Angela Merkel se mantiene firme. Polonia, Eslovaquia (que además perderían ingresos por los derechos de tránsito) y los países bálticos han encabezado la oposición dentro de la Unión Europea contra el Nord Stream 2 y alertan de que el gasoducto es un intento de Putin de socavar la unidad europea. Frente a quienes afirman que es solo un proyecto económico, alertan de que el gasoducto choca con la postura de aislar a Rusia por la injerencia en otros países, anexionarse la península ucraniana de Crimea y participar en el conflicto del Donbás, donde apoya militar y políticamente a los rebeldes prorrusos.

Las presiones yanquis apuntan, más allá de esta escalada contra Rusia, a defender sus propios intereses en la venta de su gas procedente de fracking que se extrae en territorio estadounidense. La política de Washington en esa dirección ha llegado muy lejos pues, además de las sanciones contra Rusia, las mismas se han extendido a las aseguradoras, certificadoras y cualquier empresa que realice “actividades de tendido de tuberías” asociadas al proyecto.

Por encima de las disputas internas, este punto ha terminado despertando el rechazo mayoritario en la Unión Europea, considerando que la imposición de multas constituye un precedente lesivo y un golpe importante al conjunto de de las empresas europeas.

Si observamos este rompecabezas intrincado atravesado de tensiones, divisiones, enfrentamientos cruzados, la retórica acerca del restablecimiento de una cooperación internacional que pregona Biden -en primer lugar, las alianzas existentes entre las potencias occidentales- no pasan de una ilusión infundada.

La aspiración del presidente demócrata de devolverle su papel de liderazgo a Estados Unidos tropieza, sin embargo, con la decadencia histórica de ese país, que se potencia ahora con el salto de la bancarrota capitalista y de la pandemia. Más bien, en realidad, ni siquiera está en condiciones de volver al estadio previo al mandato de Trump. En este marco es muy difícil conciliar los intereses encontrados de las diferentes potencias y corporaciones rivales; un marco en que la competencia se ha vuelto más salvaje y en la que se juega, en muchos casos, la sobrevivencia.

China

La esperanza de una recuperación de la economía mundial se concentra crecientemente en China. Pero este optimismo tiende a ocultar los escollos y contradicciones que se vienen abriendo paso en el país asiático.

Recordemos que en la crisis financiera de 2008, China ofició de locomotora, contrarrestando la recesión mundial, cuyo corazón estaba en las grandes metrópolis imperialistas, empezando por Estados Unidos. Hubo grandes expectativas de que incluso China tenía la capacidad de sacar la economía mundial de la crisis. En lugar de ello, el gigante asiático terminó siendo arrastrado por ella. Ya antes de que estallara el coronavirus, China venía sufriendo una brusca desaceleración. Habían quedado atrás las tasas de dos dígitos y el país asiático estaba creciendo por debajo del 6%, habiendo quienes sostenían que la tasa real era más baja. E incluso este crecimiento más débil había sido sostenido por un endeudamiento de carácter explosivo. La deuda china asciende en la actualidad a casi el 300 por ciento del PBI. De modo tal que China ingresa en esta nueva crisis en una situación más endeble y con menor margen de maniobra que en el pasado y, en esa medida, no está en condiciones de cumplir el mismo rol que jugó doce años antes.

Los medios de comunicación no le han dado la transcendencia que se merecía a una sucesión de incumplimientos de pago al final del año en los préstamos de empresas que se pensaba que tenían el respaldo del Estado. Esto que pasó relativamente inadvertido; sin embargo, estremeció el mercado financiero chino y disparó la inquietud de los grandes operadores internacionales.

Según la consultora Mitch Ratings, las empresas estatales incumplieron un récord de 6.100 millones de yuanes en bonos entre enero y octubre, una cantidad igual a la de los dos años anteriores juntos. Pero en noviembre, los problemas empeoraron significativamente, con incumplimientos de tres grandes empresas.

La primera señal de problemas más profundos apareció el mes pasado, cuando la empresa estatal de carbón Yongcheng Coal and Electricity Holding Group, ubicada en el centro de China, dejó de pagar un bono por valor de 152 millones de yuanes.

Dos semanas después, el grupo estatal de tecnología de alto perfil, Tsinghua Unigroup, dijo que no cumpliría con un bono nacional por el equivalente a 199 millones de yuanes. La semana pasada la compañía anunció que no esperaba pagar intereses o capital en bonos de 450 millones de yuanes. Esto también provocaría incumplimientos cruzados en otros 2.000 millones de yuanes en bonos que vencen entre 2021 y 2028. Tsinghua Unigroup es una firma importante en la fabricación local de semiconductores, una de las apuestas de China, que busca desembarazarse de la dependencia que tiene en el área con las metrópolis capitalistas. Es propiedad mayoritaria de la Universidad de Tsinghua, una de las instituciones académicas más prestigiosas de China y cuenta con el respaldo del gobierno.

Otro incumplimiento ocurrido en el cierre de 2020 corresponde a la firma Brilliance Auto Holdings, respaldada por el Estado, que está ligada a la gran empresa alemana de automóviles BMW.

Esto representa un giro en la política del gobierno chino, que venía socorriendo a las empresas en apuro, en particular, aquellas más vinculadas con el Estado. El interrogante que se ha abierto es hasta qué punto el Estado chino está dispuesto a dejar abandonadas a su suerte a las empresas con dificultades. La necesidad de cerrar el grifo es una cuestión que en particular en los últimos años está en la agenda de discusión de las autoridades chinas ante el hecho del crecimiento monumental de la deuda y el riesgo que esto representa en el sistema financiero, que viene otorgando préstamos de dudosa cobrabilidad. El temor fundado del gobierno, para dar ese paso, era el escenario de cierres y quiebras que este corte podría desencadenar y sus efectos sociales, con cierres y despidos masivos.

Tras los impagos nombrados, el viceprimer ministro chino Lie He advirtió a las empresas que Pekín adoptaría un enfoque de “tolerancia cero” frente a la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos. Importa señalar las repercusiones que la nueva política oficial podría tener, con más razón si tenemos presente que del total del endeudamiento corporativo, las empresas estatales representan más de la mitad. Por lo pronto, una veintena de empresas chinas suspendieron los planes de nuevas emisiones de deuda por un total de 2.400 millones de yuanes.

El remedio, sin embargo, puede terminar siendo peor que la enfermedad. El hecho de que las empresas pierdan las garantías del Estado aumentará muy probablemente las dificultades para conseguir préstamos o un sensible encarecimiento de su costo, hasta el extremo de hacerlos prohibitivos. Incrementará la reticencia de las propias entidades crediticias a prestar a sus antiguos clientes. Este escenario potencia los riesgos de default, no solo de las empresas afectadas sino del propio sistema financiero, cuya cartera de préstamos está compuesta de este universo de firmas estatales. Es oportuno tener presente que un parte creciente de los préstamos tienen como propósito cancelar viejas deudas.

Pero más allá de ello, una cuestión tanto o más importante es que las medidas de estímulo no están generando los incrementos del PBI como lo hicieron en el pasado, por lo que la carga de la deuda en la economía se hace cada vez mayor. China tropieza con la crisis de sobreproducción que atraviesa al conjunto de la economía capitalista, empezando en primer lugar por las grandes potencias. El país asiático enfrenta una capacidad sobrante en franjas enteras de la actividad económica, como la producción de acero, carbón o aluminio. Este sobrante se ha acentuado con la recesión en curso y la paralización económica provocada por la pandemia. El gigante asiático no puede escapar a las tendencias disolventes de la bancarrota capitalista y no cuenta con los mismos recursos que en el pasado puso para contrarrestarla.

Los problemas de deuda no se limitan a las grandes empresas. Moody’s Investor Services, que hace un seguimiento de la deuda de gobiernos locales en China, emitió un informe a principios de este mes poniendo una “perspectiva negativa” para la deuda del gobierno local y regional para el próximo año. Tengamos presente que los gobiernos han debido recurrir a un mercado paralelo de financiamiento, los llamados bancos en la sombra y todo indicaría que las tensiones e incluso la amenaza de default estarían creciendo, pues los gobiernos locales no estarían en condiciones de generar suficientes ingresos para cubrir los reembolsos de la deuda.

La crisis mundial ha acentuado las contradicciones de la burocracia dirigente china, que oscila entre adaptarse a las exigencias de una mayor apertura económica y a las leyes de mercado, por un lado, y recurrir al intervencionismo estatal para pilotear un descalabro económico y evitar que la situación social se desmadre, por el otro. Sin ir más lejos, estas idas y vueltas han quedado expuestas esta última semana en que China acaba de suscribir un acuerdo de libre comercio con Europa en que flexibiliza el proteccionismo económico reinante, permitiendo la radicación de empresas europeas, reconociéndoles una participación mayoritaria en esferas de la economía (hasta ahora solo se podía poseer hasta un 49 por ciento del paquete accionario).

Pero, simultáneamente con ello, se han reforzado los controles y el intervencionismo sobre la actividad privada. La desaparición del fundador de una de las corporaciones líderes (Alibaba, una réplica china de Amazon), Jack Ma, de la vista pública en los últimos dos meses, provocó una catarata de especulaciones en las redes sociales sobre su paradero, que se da en medio de una nueva legislación de regulación de los monopolios e injerencia del PCCh en la vida y funcionamiento de las empresas privadas. Otras grandes empresas, como JD Digits, Tencent, Baidu y Lufax reestructuraron y restringieron su operatoria para evitar represalias. Las tensiones con la burguesía china han ido en aumento.

El PC chino ha buscado tener una intervención más activa en las decisiones de negocios, que podrían llegar hasta el extremo de una disolución de grupos económicos y el traspaso de su patrimonio al Estado. Lo de Jack Ma no es un caso aislado. El gobierno chino viene apelando a la persecución directa, encarcelamiento y a la desaparición de prominentes hombres de negocios de la floreciente burguesía china.

Esto corrobora que la burguesía todavía no ha logrado consolidarse como clase dirigente. Sigue oficiando de segundo violín en un escenario en que el Estado chino sigue concentrando las principales decisiones del país. Este hecho da cuenta -como venimos sosteniendo desde las páginas de Prensa Obrera y en los análisis que el Partido Obrero viene realizando- del carácter inconcluso de la restauración capitalista. La intervención creciente del Estado chino, que como vimos, coexiste con la apertura de la economía, tiene como propósito salvar la restauración capitalista -de ningún modo está dirigida a suprimirla. Pero ese arbitraje excepcional del Estado, contradictoriamente, es una fuente de choques con el gran capital internacional y con la propia burguesía china que creció a la sombra y bajo la protección de la élite dirigente oficial.

La crisis china es un componente cada vez más gravitante de la crisis mundial capitalista. A las contradicciones explosivas de la economía mundial capitalista se le unen las propias del gigante asiático. Ingresamos en un escenario convulsivo de la historia china, cuyo desenlace estará signado, como ya ocurrió en el pasado, por la lucha de clases nacional e internacional.

En su discurso, en la inauguración de las sesiones parlamentarias, Biden volvió a reiterar su apoyo a la sindicalización de los trabajadores, que ya tuvo un anticipo con su respaldo a la organización sindical de los trabajadores de Amazon.

El presidente llamó al Congreso a sancionar la Ley de Protección del Derecho de Sindicalización -la Ley PRO- que facilitaría los pasos en esa dirección, removiendo las trabas engorrosas vigentes en la actualidad.

Biden es consciente de que no hay posibilidad de avanzar en sus planes si no encauza su frente interno. Y allí aparece en escena nuevamente la sombra de la rebelión popular. Este proceso está lejos de haberse cerrado, el cual no solo precipitó la derrota de Trump sino que condiciona -como lo venimos destacando desde el Partido Obrero- el nuevo mandato demócrata. El clima de efervescencia y malestar que hizo eclosión en las protestas del año pasado no deja de contagiar a los trabajadores, en especial a la juventud obrera, en particular aquellos que pertenecen a las minorías que vienen sufriendo con más virulencia el impacto de la crisis.

Si bien el movimiento obrero no ha tenido un rol protagónico en las grandes protestas del año pasado, la conflictividad sindical viene en aumento y el panorama descripto encierra un potencial explosivo, que se nutre además de una descomposición y descrédito del sistema político norteamericano, sus instituciones y partidos. Por lo pronto, este malestar podría abrir un escenario de huelgas salvajes, sin interlocutores válidos.

Biden ha optado por adelantarse a ese proceso y alentar una sindicalización controlada, con el concurso de la burocracia sindical, de modo de encuadrar y disciplinar a los trabajadores ante la perspectiva de una curva ascendente de huelgas y conflictos gremiales, con grandes chances que sigan creciendo. Con más razón si tenemos presente que la crisis económica y social está en desarrollo y está lejos de cerrarse. La crisis capitalista -advierte Roubini- va a ser descargada violentamente sobre las masas, haciendo retroceder sus condiciones de vida, que se va efectivizar a través del aumento de desempleo y recorte de los salarios. “Millones de personas han perdido sus empleos o continúan trabajando pero ganan menos”, por lo cual “las brechas de ingresos y riqueza en la economía del siglo XXI se agrandarán más”. La desglobalización “acelerará el ritmo de la automatización (por la competencia capitalista sobre mercados cada vez más estrechos), lo que ejercerá una presión a la baja en los salarios”.

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a la época de Franklin Delano Roosevelt, quien en ese entonces dio un guiño favorable a la estructuración de la AFL-CIO, sigla con que es conocida la central obrera norteamericana. En lugar de un desconocimiento y persecución de los sindicatos, que era moneda habitual y corriente, Roosevelt -en medio de un escenario convulsivo y de radicalización del movimiento obrero- apeló a su domesticación e integración al Estado por medio de la cooptación de sus direcciones y la conformación y consolidación de una burocracia adicta al establishment.

De conjunto, el discurso de Biden es un indicador de la entrada de Estados Unidos a una nueva etapa convulsiva.

La experiencia de la sindicalización de Amazon, aunque culminó con un revés, está lejos de cerrar el proceso abierto. Asistimos a una nueva transición en el movimiento obrero y la situación política estadounidense cuyos principales capítulos están por adelante. El porvenir de este movimiento depende y tiene como requisito superar el chaleco de fuerza que representa la burocracia -y la política que ella encarna y alienta- y abrir paso a una recuperación de las organizaciones obreras y la construcción de una nueva dirección, lo que está íntimamente ligado a la ruptura con el Partido Demócrata (donde se ha integrado más que nunca a la “izquierda” demócrata para que realice su trabajo de contención) y una defensa intransigente de una estrategia de independencia de clase de los trabajadores. Esta tarea deberá llevarse a cabo en el marco de la batalla dirigida enfrentar la violenta ofensiva capitalista en curso, impulsando y procurando llevar a la victoria cada una de las luchas que se vayan desarrollando.

No existen condiciones para desconocer y desarticular la organización sindical como la que se abrió paso a partir de Reagan, luego de la derrota estratégica de la gran huelga de los controladores aéreos. Estamos ante un escenario distinto, que obliga a un cambio de táctica, privilegiando una política de contención de las masas y, en ese marco, de encuadramiento de la organización sindical. La conciencia de la burguesía sobre este punto es bastante extendida hasta tal punto que el republicano y conservador Marco Rubio salió a apoyar la constitución del sindicato de Amazon. Esto se compadece con todo el escenario internacional en el que prevalece no la fortaleza de la derecha sino que lo que se abre paso son diferentes mecanismos de colaboración de clases, que están jugando un papel crucial para sostener el edificio capitalista en crisis. Esto se constata en América Latina, donde el nacionalismo burgués y la centroizquierda pasan a reemplazar a la derecha en retroceso en el gobierno.

Conclusiones

Del panorama descrito salta a la vista que el actual esquema sobre el que se sostiene el funcionamiento de la economía capitalista está prendido con alfileres. Y que vamos a una transición turbulenta, en la que no se puede evitar que se abran paso las tendencias a la quiebra y concentración capitalista. La depuración del capital sobrante que plantea la gigantesca crisis de sobreproducción está llamada a abrirse paso en forma violenta y caótica -lo cual no debe sorprender, pues es el método propio inherente a una sociedad presidida por la anarquía capitalista. Este proceso ya está en marcha: hay miles de empresas en cada país que cerraron y que no van a volver a abrir sus puertas, lo que se une a reestructuraciones de los grandes conglomerados económicos, que va acompañada de recortes drásticos de personal, achicamiento y cierre de filiales. Por lo pronto, hay 10 millones de trabajadores que no han recuperado sus puestos de trabajo en Estados Unidos respecto de un año atrás. Y la creación de empleo en abril ha estado muy por debajo de las estimaciones iniciales. Por otra parte, muchos de los que han vuelto a trabajar, lo han hecho bajo condiciones más precarias y con sus sueldos recortados.

En este último año se ha acentuado como nunca la desigualdad social. El capitalismo ha revelado en forma descarnada bajo la pandemia que se trata de un sistema incompatible y a contramano de la salud y la vida de la población. Los paquetes de ayuda tienen como destino principal el rescate del capital, mientras se reserva una porción marginal de los recursos para las necesidades apremiantes de los hogares más necesitados.

Este panorama se acentúa en los países emergentes y, por supuesto, en América Latina. En su último informe anual, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU estima que el número total de pobres en la región ascendió a 209 millones a fines de 2020, lo que representa 22 millones de personas más que el año anterior. Según la Cepal, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, se registró una caída del PBI del 7,7 por ciento y que va de la mano de un incremento marcado de la desigualdad en el ingreso total por persona. La pandemia también ha provocado un aumento en la mortalidad que podría reducir la esperanza de vida en la región, dependiendo de cuánto dure la crisis, según la agencia.

La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, informa que para fines de 2022, el ingreso per cápita acumulado será un 13 por ciento más bajo que las proyecciones anteriores a la crisis en las economías avanzadas, en comparación con el 18 por ciento para los países de bajos ingresos y el 22 por ciento para los países emergentes y en desarrollo, excluida China.

Autores marxistas sostienen que lo que se viene es una recuperación bajo una forma de “raíz cuadrada inversa”, donde “el PBI real, la inversión y el crecimiento del empleo permanecen por debajo de las tasas anteriores de forma indefinida, lo que sugiere la continuación de la Larga Depresión posterior a 2009” (Michael Roberts, “La economía bajo la pandemia”, Sin Permiso, 20/3). En otras palabras, estaríamos ante un letargo y ralentización económica prolongada en el tiempo. Se trata de una réplica pero en clave marxista del “estancamiento secular”, una tesis que ha vuelto a la superficie de la mano de algunos de los economistas de consulta del mundo financiero, quienes plantean la perspectiva de un declive indefinido, pero considerado más sereno que un derrumbe. El ejemplo sería Japón, sometido a una crisis a finales de la década del ’80 y en la cual sigue empantanado. Pero las contradicciones han llegado a tal punto que no pueden resolverse sino en forma violenta y convulsiva. La masa de capital real y ficticio, afectado por la crisis, es de tal inmensidad que plantea depuraciones de características gigantescas. Las quiebras y las bancarrotas son inevitables, como lo volvió a corroborar el colapso de 2020. Estas contradicciones explosivas siguen presentes y están sin resolver.

De conjunto, marchamos a un escenario atravesado por conmociones en el plano económico, social y sanitario y -agreguemos- en el plano político. La creciente polarización económica y social se traslada al ámbito político. El abismo y el descrédito de la población en el régimen vigente van aumentando a la par del deterioro de las condiciones de vida y la falta de perspectiva y posibilidades de progreso. En esas condiciones, asistimos al derrumbe de la democracia, incluida la de las metrópolis imperialistas, y la emergencia de tentativas bonapartistas, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. (Lo que no quiere decir que ante la irrupción de las grandes movilizaciones de masas, la burguesía no se valga de las formas democráticas, electorales, para contener estas luchas en el marco del Estado capitalista, como lo evidencian Chile, Perú, Ecuador, etc.) La toma del Capitolio y la crisis desatada en Estados Unidos habla de la actualidad de estas tendencias, que se repiten en los principales países de Europa. Roubini tiene presente esta circunstancia y advierte sobre una “reacción contra la democracia”, porque las situaciones de “debilidad económica, desempleo masivo y desigualdad creciente” constituyen el ámbito para la aparición en escena de lo que él llama líderes populistas. Es necesario tener presente que las salidas capitalistas en danza, sean de cuño neoliberal o keynesiano, o una combinación de ambas, tiene como común denominador un ataque en regla contra las masas. La recuperación que se pregona tiene como punto de partida mayores sacrificios y privaciones para los trabajadores, aunque esas penurias están lejos de asegurar la resurrección de un régimen social en decadencia y descomposición. La crisis capitalista -advierte el Dr. Catástrofe- va a ser descargada violentamente sobre las masas, haciendo retroceder sus condiciones de vida, que se va efectivizar a través del aumento de desempleo y recorte de los salarios.

Este escenario es el caldo de cultivo para choques muy agudos entre las clases y, por lo tanto, para grandes crisis políticas, que ponen en tela de juicio la estabilidad de los regímenes políticos y, al mismo tiempo, que abren paso a grandes rebeliones populares. Hoy lo constatamos a nivel mundial y en particular en América Latina. Colombia acaba de convertirse en el último eslabón de una cadena de sublevaciones en el continente.

No se nos puede escapar que la capacidad del gobierno demócrata para recuperar un liderazgo está condicionada por la crisis política interna. Desde un punto de vista general, la derrota de Trump revela el fracaso de una tentativa bonapartista por forjar un régimen fuerte de poder personal, que permita pilotear la crisis dictada por la decadencia histórica de Estados Unidos y el impacto de la bancarrota capitalista en desarrollo. El revés del magnate constituye un golpe a los esfuerzos del imperialismo por recuperar la iniciativa y apuntalar su lugar de gendarme mundial.

Estamos frente a un escenario contradictorio: la guerra comercial y las tendencias a la guerra misma, obedecen a una necesidad estratégica, pero van a tener que pasar por la prueba y el filtro de la lucha de clases dentro de las fronteras de Estados Unidos y a escala internacional.

Las depresiones anteriores condujeron a la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también a crisis y levantamientos revolucionarios. La guerra no es un accidente, al igual que la revolución, son dos manifestaciones extremas del estallido de las contradicciones irreprimibles e insuperables del orden social vigente.

El gran desafío por delante que tiene la izquierda que se dice revolucionaria es contribuir a que la clase obrera emerja como un factor independiente de la crisis, que apunte a transformarla en una alternativa de poder. La campaña por una segunda Conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos que viene impulsando el Partido Obrero forma parte de ese esfuerzo y se inscribe en ese propósito.

La “tormenta perfecta” sobre la que Roubini enciende las alarmas, amenaza, según el economista, con llevar a la humanidad a una “década de desesperanza”.

La apertura de un nuevo horizonte para la humanidad, como nunca, está reservada a los trabajadores que deben tomar en sus manos la lucha por una reorganización integral del planeta sobre nuevas bases sociales.

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