Chile: la nueva etapa que se abre con la presidencia de Boric

Gabriel Boric asume la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo. ¿Qué expectativas se plantean frente a su próximo gobierno?

Acaba de anunciar cómo se constituirá su gabinete. Se ha destacado que tendrá mayoría femenina (14 sobre diez ministros) y joven, con un promedio de edad que no sobrepasa los 49 años. Pero esto es superficial porque no define el carácter de la política que van a implementar. Como si el problema fuera de género o etario y ministras mujeres o jóvenes no pudieren llevar adelante políticas reaccionarias.  

Fue designado como ministro de Hacienda del gobierno electo un hombre con los suficientes pergaminos como para darle garantías al empresariado: Mario Marcel, economista ex PS, reconocido por su defensa de las políticas neoliberales. Hasta la flamante designación para desempeñarse como ministro de Hacienda, estuvo al frente del Banco Central ratificado por Piñera durante su mandato pronto a finalizar, actuando desde ese lugar como lobbista de las AFP en las discusiones en torno a los retiros de los fondos de pensión. La designación fue recibida con entusiasmo por los capitalistas. El titular de uno de los principales grupos económicos, Andrónico Luksic, declaró: “Gran decisión la designación de Mario Marcel en Hacienda. Un economista serio, con experiencia internacional que demostró gran responsabilidad en el Banco Central”. El “mercado”, rápidamente, dio su beneplácito con un aumento de valores en la Bolsa y un retroceso del dólar. Se destacan también otros nombres del gabinete recientemente presentado pertenecientes a partidos ex concertacionistas como Maya Fernández (PS) en el Ministerio de Defensa, Carlos Montes (PS) como ministro de Vivienda, entre otros pertenecientes al Partido Por la Democracia -PPD-, como Esteban Valenzuela designado como ministro de Agricultura. En la Cancillería ha sido nombrada Antonia Urrejola, reconocida por ser punta de lanza en la OEA en las campañas derechohumanistas promovidas por los yanquis contra Venezuela y Nicaragua. Un gabinete de continuidad del régimen de los 30 años, saludado por voceros burgueses como evidencia de un gobierno de centroizquierda “racional” contra veleidades “populistas”, tanto en el plano nacional como internacional. 

La crisis abierta con la impresionante irrupción de masas del 18 de octubre de 2019 que puso al borde de su derrocamiento al gobierno de Piñera ¿se ha cerrado? ¿Cómo se llegó a la actual situación? Nueva constitución y nuevas autoridades políticas fue la fórmula de los partidos del orden para encauzar la profunda crisis política abierta con las masas copando las calles. Sin embargo, poner en marcha el operativo de contención diseñado no fue fácil y, en el proceso, sus autores vieron peligrar sus planes en más de una oportunidad. Las protestas, aunque claramente disminuidas por la llegada de la pandemia, no cesaron en la medida en que la crisis social recrudecía. Por otra parte, los resultados del largo diagrama electoral que se montó para canalizar la rebelión popular rompieron, en más de una oportunidad, con las previsiones de los partidos del régimen que pretendían resguardar la dirección política de los acontecimientos. Así, el plebiscito de entrada para testear si habría o no modificación constitucional significó un cimbronazo para todo el arco político patronal por su contundencia: casi el 80% de quienes concurrieron a votar (el 50% del padrón) lo hicieron por el Apruebo -es decir, en favor de la reforma y de que estuviera a cargo de convencionales electos para tal fin en su totalidad. 

En adelante, las sucesivas elecciones (convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes, concejales, diputados, senadores y, por último y elecciones primarias mediante, presidente) serán, en la mayoría de los casos, derrotas históricas para los dos conglomerados que gobernaron las décadas de democracia capitalista post dictadura; esto es, la ex Concertación y la derecha tradicional. Particularmente, en la elección de convencionales constituyentes, la debacle de estos sectores políticos adquiere una relevancia insoslayable porque, justamente, fue un proceso diseñado para que resultara copado por ellos mismos y, sin embargo, el voto popular los castiga relegándolos a una marginalidad que solo sortearían con alianzas en donde pueden negociar sus votos, pero en todo caso, no tendrán en sus manos el poder de vetar nada por sí mismos.  

Que la derecha gobernante se allane a la posibilidad de reformar la constitución, baluarte del legado pinochetista, como recurso último de salvataje del régimen político, da cuenta de la profundidad de la crisis política y explica los cerrojos con que el proceso fue diseñado. Porque la convocatoria a una Convención Constituyente salió a luz luego de que se estableciera un pacto-tregua a espaldas del pueblo movilizado que, por esas horas, soportaba una brutal represión. Una de las “garantías” para el régimen era que cualquier modificación constitucional debería tener un quorum de dos tercios en la votación, lo cual le daba un poder de veto con solo un tercio de los votos a la derecha. El llamado pacto del 15 de noviembre fue rubricado por Piñera, la derecha y la centroizquierda; Boric en primer lugar. Sin embargo, debieron habilitar la participación de listas de independientes, esto es, sectores sociales y políticos por fuera de las estructuras partidarias impugnadas por el pueblo chileno por su responsabilidad en las políticas que hundieron a las familias trabajadoras en deudas y miseria. Estos intentaron cooptar activistas y luchadores abriendo cupos para independientes en sus listas; pero más allá de algún caso puntual, en líneas generales, fue una maniobra sorteada por estos sectores.

Irrupción y derrumbe de lxs independientes

La percepción generalizada de que el proceso constituyente es una conquista de la rebelión, aunque fuera concebida por los partidos patronales como un instrumento para sofocarla (he allí su carácter contradictorio), se constata en la batalla política que libraron sectores de activistas y movimientos sociales para superar las dificultades impuestas por la institucionalidad y levantar listas independientes. Listas impulsadas por asambleas territoriales surgidas al calor de la rebelión, listas de los movimientos y organizaciones sociales de lucha por el derecho a la educación, la salud, el medioambiente, el agua, contra las AFP; del movimiento de mujeres y disidencias; migrantes; etc., protagonizaron una verdadera movilización de cara a conquistar los patrocinios exigidos dando cuenta, de esta manera, de un fenómeno de ruptura con los esquemas controlados por el régimen de los 30 años. Se pusieron en pie cientos de candidaturas independientes en su gran mayoría referenciadas políticamente en la revuelta y sus demandas más sentidas. Competían contra una única lista de la derecha (Chile vamos junto al Partido Republicano), cuatro listas de la izquierda patronal siendo las principales la de Apruebo Dignidad (la alianza entre el FA y el PC) y La Lista del Apruebo (de los partidos de la ex Concertación).  

Con una participación del 42,5% del padrón habilitado para votar (es decir, menor al plebiscito de entrada), en las denominadas mega-elecciones del 15 y 16 de mayo en la categoría de convencionales constituyentes, lxs independientes fueron la gran sorpresa conquistando 48 escaños, es decir, casi un tercio de los escaños, siendo la Lista del Pueblo la que logra una mayor votación consagrando a 27 convencionales. Los partidos tradicionales que se han alternado al frente de La Moneda y han sido los bloques mayoritarios en el congreso desde el retorno de la democracia recibieron un rotundo rechazo de las y los chilenos. En el caso de la derecha que aspiraba a alzarse con, al menos, el tercio de las bancas solo logró 37 de las 155 que estaban en disputa. No logra entonces los escaños mínimos para ejercer el poder de veto que le otorgaba la regla de los ⅔ que defendió con uñas y dientes para reservarse la posibilidad de obstruir todo cambio de fondo que afecte a los intereses de la burguesía. La centroizquierda exconcertacionista logra solo 25 quedando detrás de Apruebo Dignidad que consagra 28 convencionales. La configuración resultante de la convención constituyente abre una etapa de grandes expectativas que se convertirá en una instancia donde se darán respuesta a las urgentes reivindicaciones del pueblo trabajador movilizado; expectativas que, progresivamente, se irán desvaneciendo en la medida en que se evidencien sus límites insalvables.  

Si bien entre lxs independientes resultaron electos sectores con planteos derechistas, en su gran mayoría, se trata de luchadorxs sociales partícipes activos de la rebelión de octubre. Sin embargo, llegan a la convención con programas difusos que no plantean una ruptura con el orden social y político vigente sino que, mayormente, tratan reivindicaciones sectoriales. Se amoldaron a la institucionalidad reforzada por el Pacto del 15 de noviembre. Es allí donde encontramos las razones por las que, tempranamente, terminan adaptándose a la política de la centro izquierda del régimen. En las semanas que transcurren desde la elección hasta el inicio de las sesiones, se instala en el centro del debate político el carácter de la constituyente: si será un órgano meramente deliberativo, sin poder, sometido al poder constituído o se transformará en un cuerpo soberano con la capacidad de llevar adelante las reformas de fondo que reclama la satisfacción de las demandas populares y con el poder de ejecutarlas. 

Un grupo de 34 convencionales independientes electos constituyen un espacio denominado Vocería de los Pueblos que se presenta en la escena política con una declaración pública donde plantean: “…nos llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente… sin subordinarnos a un acuerdo por la paz que nunca suscribieron los pueblos. Lo afirmamos también respecto de toda institucionalidad de nuestro país que habrá de someterse al fin a la deliberación popular”. Establecen, además, seis condiciones para el funcionamiento de la convención: libertad a lxs presxs políticos; verdad y justicia respecto de la violación sistemática de los derechos humanos; reparación para las víctimas del terrorismo de Estado; desmilitarización del Wallmapu; fin a la expulsión y criminalización de migrantes, y la soberanía de la convención en virtud de detentar un poder constituyente originario. Como se ve, la declaración da en el hueso del problema político en torno a la constituyente, esto es, si iba a actuar dentro de los límites impuestos en la cocina de los partidos del régimen y, por lo tanto, iba a conservar su carácter amañado que le impide ser una instancia de cambios reales y no meramente cosméticos, o si, por el contrario, iba a romper el corset del pacto del 15 de noviembre convirtiéndose en un órgano al servicio de las necesidades de las mayorías. Por esta razón generó el rechazo de todo el arco político patronal. Pero más allá de los términos relativamente categóricos, no hizo un llamado a la acción directa de la clase trabajadora y sus organizaciones, siendo ella la única garantía en la medida en que la clase capitalista detenta el poderío económico y los partidos que representan sus intereses manejan los hilos del poder estatal. Es así que, prontamente y en la medida en que se abre al diálogo con convencionales del PS, FA y PC, la Vocería de los Pueblos vuelve sobre sus pasos y lejos de los términos de la primera declaración, concretamente, en relación a la libertad de las y los presos políticos, acuerdan con estos bloques una “salida política” que consistiría en impulsar la aprobación de la ley de indulto general, que el gobierno retire las querellas por la Ley de Seguridad del Estado y la desmilitarización del territorio reclamado por el pueblo/nación mapuche. El contrasentido es total considerando que se apela a los poderes responsables de que cientos de luchadorxs estén encarcelados para que lxs liberen, además de una completa adaptación al pacto del 15 de noviembre. Este viraje de los sectores independientes hacia la orientación política de la centroizquierda adelanta el derrotero capitulador adaptado a los márgenes del sistema que asumirán ya con la convención en funciones.

Consideración aparte merece la Lista del Pueblo ya que se trata de un conglomerado de independientes vinculado a asambleas territoriales que logró articularse en gran parte del país, lo que le permitió, a su vez, hacer una gran elección consagrando 27 convencionales; es decir, más que los partidos de la ex Concertación y solo una banca menos que la alianza FA/PC. Con este batacazo, emerge como una fuerza política importante estrechamente referenciada al proceso político que se abre con la rebelión popular. Pero sus límites empezaron a evidenciarse rápidamente. En su accionar como bloque dentro y fuera de la convención se constató el problema de fondo: no se trató de una fuerza política estructurada alrededor de un programa político que ponga en el centro las transformaciones de fondo que demandan los derechos reclamados por millones en las calles. La razón de su fácil adaptación a la “izquierda” del régimen, de sus prematuras divisiones internas y del bochorno desarrollado de carácter arribista en torno a la candidatura presidencial, es, justamente, la carencia de bases programáticas que rompan con el orden social vigente. Lo que también bloqueó una lucha consecuente por los reclamos parciales (presos, educación, AFP, etc.). Las legítimas expectativas que despertó este sector de independientes se desinflaron al ritmo de su desbarranque político que, por las razones expuestas, era inevitable.   

Una convención “en la medida de lo posible”

Gracias a la incansable lucha de familiares, víctimas de la represión estatal y organizaciones defensoras de los derechos humanos, territoriales, etc., la demanda de libertad de las y los presos políticos tiene una gravitación en la consideración popular difícil de soslayar para los distintos sectores del sistema político burgués, incluida la convención constituyente. Ya en su jornada de instalación, las marchas que distintos sectores convocaron para la ocasión, más allá de tener distinto carácter, coincidían en un reclamo central: libertad a lxs presxs por luchar. La primera declaración de la Vocería de los Pueblos, recordemos, puso como condición para el funcionamiento de la constituyente la liberación de estxs luchadorxs, pero en adelante este sector de convencionales independientes se olvida de lo planteado sin más. De todas maneras se trata de una demanda ineludible por lo que la primera sesión del pleno debe expedirse al respecto y, de paso, toma una definición trascendental que ha de sellar el carácter que tendrá la convención en adelante. 

Así las cosas, en una segunda votación resulta aprobada la declaración propuesta por los bloques del FA, PC y PS. Con 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, esta se limita a solicitar al Poder Ejecutivo y al Congreso que aceleren el tratamiento del proyecto de indulto general. Es decir que apela a la institucionalidad de la constitución pinochetista para que resuelva el problema cuando, bajo la dirección de los partidos políticos del orden de los 30 años, es justamente la responsable de la criminalización de la protesta social. Pero conscientes de que lo que estaba en juego excede este tema en particular, la declaración expresamente dice: “La convención constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias y atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social…”. Con lxs independientes encolumnados tras su política, el FA, PC y PS logran mantener a la convención dentro de los márgenes del pacto del 15 de noviembre. La “paz social” garantizada por la izquierda lacaya de los patrones es a costa de cientos de chilenxs encarceladxs por salir a luchar contra la miseria y la explotación. En adelante, la convención constituyente, bajo la dirección política del FA en alianza con el PS, pasa meses enfrascada en discusiones de procedimiento, absolutamente divorciada de las urgencias de las masas mientras el terrorismo de Estado se cobra nuevas víctimas y el Wallmapu sigue militarizado, lo que se tradujo en una fuerte caída en la consideración popular y, particularmente, de la vanguardia militante. 

En relación con las discusiones procedimentales, es decir, sobre los reglamentos que van a regir el funcionamiento de la convención que insumió prácticamente seis meses -la mitad del tiempo de vigencia legal de la convención-, fue la oportunidad que tuvo la centroizquierda frenteamplista, en alianza con la ex Concertación, para ratificar la regla de los ⅔ necesarios para la aprobación de las normas constitucionales y que cuya incorporación al pacto del 15 de noviembre fue exigida por la derecha -y aceptada por la centroizquierda- con el objetivo ya señalado de resguardarse la posibilidad de que no pasen reformas que generen ciertos peligros para los intereses del capital. La derecha no logra el tercio de las bancas por lo cual se abría la posibilidad de que la propia convención derogue ese amarre y, sin embargo, lo ratificó. La justificación de la centroizquierda que se aferró a los ⅔ es que la regla ya no representaba un obstáculo para las reformas en la medida que la derecha no contaba con el tercio que le permitía vetarlas, pero lo que quedó en claro es, en todo caso, que una vez logrado el dominio político del proceso constituyente se resguardaron el poder de veto que siempre les puede servir si los sectores independientes se desbandan.   

La carrera hacia La Moneda

La carrera presidencial arrancó formalmente con las primarias de la coalición de la derecha oficialista Chile Vamos y de la centroizquierda compuesta por el FA/PC, Apruebo Dignidad. Los resultados en ambos casos fueron sorpresivos pues consagraron a los candidatos que, en principio, no eran los favoritos de las encuestadoras: por Chile Vamos, Sebastián Sichel (independiente) se impone con un 49,08% sobre Joaquín Lavín (UDI) que sacó un exiguo 31,45%; y Gabriel Boric (FA) por Apruebo Dignidad que, con un 60,43%, gana al precandidato del PC, Daniel Jadue que queda bastante atrás con un 39,57%. Pasan a la etapa de la elección presidencial los candidatos “moderados”, lo cual fue saludado por el sector empresarial como una “señal de moderación de la ciudadanía”.

El resultado en las primarias de la derecha expresa los enfrentamientos internos que se agudizan en la medida en que el sector acumula derrotas electorales. La candidatura de Sichel fue armada por el piñerismo con el objetivo de mellar las chances de Lavín, el candidato “natural” del sector pero que generaba desconfianza en La Moneda. Así, como prueba de su debacle, la derecha tradicional se dispone a competir en la primera vuelta con un candidato que no surge del seno de ninguno de los partidos de la coalición y, además, va dividida; pues el Partido Republicano se rehúsa a participar de esta primaria y anota, directamente, a un candidato ultraderechista, José Antonio Kast, para competir en la primera vuelta. En el caso de Apruebo Dignidad, la derrota del PC se debe a su política conservadora con amplias garantías a los distintos sectores de la burguesía que, sin embargo, siempre iban a inclinarse por la opción más moderada de la coalición representada por Boric. Ello tampoco les permitió convencer a los sectores independientes y de lucha, y menos a la centroizquierda exconcertacionista, es decir, que no convencían a propios ni a extraños. 

En todo este período el conglomerado de la ex Concertación, comandado por el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, no logra rearmarse luego de las profundas derrotas electorales y el triunfo en las primarias de los candidatos “moderados” complica sus planes de revertir, en parte al menos, su penosa performance como uno de los sectores políticos más castigados en las urnas por el pueblo chileno. Resulta que el escenario, surgido de las primarias presidenciales con Sichel y Boric, queda corrido hacia el centro y ello neutraliza la impronta de su candidata presidencial, Yazna Provoste (DC), ungida a través de una pseudo primaria con una convocatoria marginal, lo que ya adelantaba la pobrísima votación que obtendrían en primera vuelta. Por fuera de estos sectores, las expectativas estaban puestas en torno a una definición de una carta presidencial por parte de la Lista del Pueblo como el agrupamiento de independientes que surge con fuerza en la elección de convencionales. Ya a esta altura, este espacio que llega a la convención carente de un programa político que contemple las transformaciones de fondo que exigen las demandas del pueblo trabajador se encontraba en un proceso de disgregación y disputas internas, pero, igualmente, se concentró la atención en su posible participación en la contienda electoral con candidaturas parlamentarias y presidencial propias. Todo terminó en un bochorno completo marcado por las maniobras que solo responden a las apetencias electoralistas de sus dirigentes. Sus métodos descompuestos terminaron por liquidar al espacio. 

La elección presidencial está atravesada por una crisis política y económica en ascenso. La acusación constitucional contra Piñera aprobada en la Cámara de Diputadxs y finalmente rechazada por el Senado como era previsible, fue un recurso “extremo” de la oposición cómplice para estabilizar la situación crítica, desviando institucionalmente el malestar popular. A este escándalo hay que sumar la crisis humanitaria ligada a la inmigración; la discusión del cuarto retiro de las AFP y la crisis económica, producto de la inflación, la devaluación y la pandemia que afectan mayormente a la candidatura de Sichel. Su desplome favoreció al ultraderechista Kast. Solapadamente, y no tanto en muchos casos, los partidos de Chile Vamos fueron abandonando a su candidato oficial y migrando el apoyo al candidato pinochetista del partido republicano.  

Finalmente, los comicios del 21 de noviembre donde participa el 43,62% del padrón electoral resultan así: José Antonio Kast sale en primer lugar con un 27,91% contra el 25,73% con el que se alza Gabriel Boric quedando segundo. Primera elección en este proceso gue gana un vocero de la derecha. Con un 12,81%, en tercer lugar, se ubica Franco Parisi del Partido de la Gente que, con un discurso “antipolítica” logra canalizar el malestar de un sector que, votando a un “outsider”, expresa su rechazo a “la política” responsable de la negación sistemática de derechos. Sebastián Sichel, finalmente, queda en cuarto lugar con un 12,69% y Yasna Provoste de Nuevo Pacto Social -ex Concertación-, relegada al quinto lugar con un 11,66% de los votos; con lo cual los sectores políticos que gobernaron el país en las décadas posteriores a la dictadura quedan fuera de la carrera presidencial que se concentra entre el candidato de la ultraderecha y el de la nueva centroizquierda. En cuanto a las parlamentarias, en la Cámara de Diputadxs las listas que respaldaron a Kast y a Boric no logran la mayoría simple propia y el Senado queda bajo la hegemonía de la derecha oficialista y la ex Concertación. Cabe destacar, sin embargo, la fenomenal elección que hizo Fabiola Campillai que ingresa al Senado como una luchadora independiente que reivindica la rebelión iniciada en octubre de 2019, con la votación más alta del país en esa categoría. 

El primer lugar con el que se alza en la primera vuelta el ultraderechista Kast resulta un cimbronazo para amplios sectores y una pregunta resuena: ¿cómo pasamos de la rebelión y el 80% del Apruebo a un triunfo parcial de la ultraderecha pinochetista? 

La respuesta debemos buscarla en un gigantesco operativo de desgaste consensuado por la “oposición” centroizquierdista con el gobierno de Piñera para desviar la movilización de las masas. La Convención Constituyente que durante todo este período se mantuvo alejada de las necesidades de las familias trabajadoras y adaptada a los márgenes del pacto del 15 de noviembre, no solo dejó en evidencia su verdadera naturaleza de salvavidas del régimen, sino que fue un instrumento más al servicio de la desmovilización. El ingreso de lxs independientes no significó un quiebre de este derrotero ya que, rápidamente, se adaptaron a la orientación política del FA/PC/PS. Entonces, estamos frente a una monumental y deliberada política de desgaste del escenario político abierto por las masas movilizadas que le permitió a la derecha levantar cabeza de la mano de su versión más extrema y que produjo una desmovilización en la población trabajadora que venía votando por la izquierda. Hay una responsabilidad política en estos resultados de la que la centroizquierda no puede desentenderse. 

Con la plena conciencia del peligro para las libertades democráticas y condiciones de vida mínimas que representaba un triunfo de Kast, importantes sectores populares y activistas reaccionan inmediatamente: el movimiento de mujeres, a través de asambleas masivas, definió movilizar fuertemente en las elecciones definitivas de la segunda vuelta contra el avance de la derecha protofascista y votar contra Kast; trabajadores del cobre, otro tanto, amenazando con huelgas para enfrentar las intenciones de privatización de Codelco anunciadas por Kast; los trabajadores portuarios, el Colegio de Profesores, organizaciones de lucha en defensa del medio ambiente y del agua, asambleas territoriales, etc., se pronunciaron por un voto contra la ultraderecha. Es decir, que por fuera del comando y la estructura de Apruebo Dignidad, en la mayoría de los casos, tiene lugar una robusta movilización para evitar la llegada del cuasifascista Kast a La Moneda. En este proceso, hace pie el llamado a votar contra Kast por parte de organizaciones que se reclaman de la izquierda revolucionaria chilena como la Fuerza 18 de Octubre. Sin embargo, el Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora -frente de organizaciones de izquierda que presentó listas de independencia obrera en la primera vuelta- no se pronunció en forma unitaria por el voto contra Kast, es decir, valerse del voto a Boric para impedir el ascenso de Kast, pero no solo limitado a ese objetivo sino agitando un programa político centrado en las reivindicaciones levantadas por millones de chilenos y chilenas en las calles de cara a las luchas de la próxima etapa. La carencia de una posición unitaria en este sentido limitó las posibilidades de intervenir en este gran proceso de deliberación e intervención popular que se abre de cara al balotaje.  

En simultáneo con este proceso de organización contra la ultraderecha que reivindica el legado de Pinochet, Boric asume una orientación abiertamente corrida hacia la derecha. La negativa a indultar a “quienes quemaron iglesias y pymes” en referencia a lxs presxs por luchar, alineándose así con los argumentos de la derecha (en estricto rigor, esto no es una novedad pues el FA votó el paquete de leyes represivas que impulsó Piñera para enfrentar la rebelión del pueblo chileno); adelantamiento de una política de defensa de carabineros pasando del anunciado concepto de “refundación” -cuando el reclamo popular es por su disolución- al de “reformación”; y la promesa de más dotaciones de carabineros en barrios populares, son solo algunos ejemplos de la derechización asumida con la intención de congraciarse con quienes reclaman una salida represiva a la crisis social y política. Este “viraje” va en dirección a los acuerdos para el encolumnamiento tras la candidatura de Boric, asumido por los partidos de la ex Concertación, cada uno en sus términos, obviamente, pero con expresiones concretas como el apoyo de Lagos y Bachelet; la incorporación al comando de técnicos de la DC y el PS, así como de puntos programáticos de estos sectores. Es decir, que estos partidos de los 30 años, rechazados por el pueblo chileno en las calles y en las urnas, son rescatados por Apruebo Dignidad, alianza que ya venía operando en la Convención Constituyente.

Este rebote de la movilización electoral permite que Gabriel Boric resulte electo presidente con el 55,9% de los votos, contra el 44,1% que sacó José Antonio Kast en una elección donde participó el 55,6% del padrón, lo que representa un récord de participación desde la vigencia del voto con carácter voluntario. Si bien se podía prever un triunfo de Apruebo Dignidad, fue sorpresiva la contundencia del mismo: Boric se impone en 10 de las 16 regiones. En comunas como La Pintana, Boric pasó de 16 mil votos a casi 50 mil en segunda vuelta; en San Ramón, de 10 mil a 30 mil; Cerro Navia, de 15 mil a 42 mil votos. Este crecimiento se verificó también en comunas periféricas del Gran Concepción como Coronel -de 8 mil votos en primera vuelta a 26 mil votos en la segunda- o en Lota -de 3 mil a 13 mil. En Antofagasta (23 al 60%) o Calama (15 al 54%) en el Norte, o en Copiapó (del 21 a 61%). Se evidencia el protagonismo de los sectores populares, especialmente la juventud, que llevaron adelante una enorme movilización para impedir que se erija un gobierno de la ultra derecha pinochetista. Es falso que en la derechización del discurso y de los puntos programáticos de gobierno debemos encontrar las razones de este triunfo. Fue la acción decidida de miles de chilenos y chilenas nucleados en asambleas, organizaciones territoriales, de derechos humanos, ambientales, coordinadoras, etc., de enfrentar a la derecha fascistoide, la determinante. 

A nadie escapaba que un gobierno del ultraderechista, representante puro de la opción del “rechazo” en el plebiscito del 25 de noviembre de 2020, José Antonio Kast, generaba serias dudas de que el proceso constituyente concluyera satisfactoriamente en los términos en que fue diagramado por los partidos del régimen. Por esta razón, es que el triunfo de Boric en segunda vuelta le dió aire al mismo e, incluso, lo revitalizó considerando que en los meses de funcionamiento acumuló una alta cuota de desprestigio ante los ojos de las y los chilenos testigos de su esterilidad para responder a las urgencias populares. Las llamadas “iniciativas populares” (proyectos de puntos para ser discutidos en la Convención, avalados con miles de firmas) son un signo de la renovación de las expectativas populares en la Convención ya que fueron presentadas como la posibilidad de participación ciudadana en la elaboración del texto constitucional. Pero para que una norma propuesta por este mecanismo llegue finalmente a plasmarse en la propuesta de constitución que elabore la convención debe pasar por un largo proceso que, por sus requisitos y condiciones, difícilmente llegue al texto final (que a su vez, debe ser aprobado en el plebiscito de salida). Las iniciativas que consigan 15 mil patrocinios en al menos cuatro regiones distintas pasarán a ser discutidas en las comisiones correspondientes donde requerirán un quórum de mayoría simple para ser debatidas por el pleno constituyente que deberá aprobarlas por ⅔ y, recién ahí, pasan a ser una norma de la constitución. La palabra final, como se ve, la tienen los partidos políticos del régimen. 

El próximo gobierno de Boric apuesta “llevar a buen puerto” el proceso constituyente que bajo su mandato deberá ser refrendado por el voto popular. Un resultado adverso en el plebiscito de salida implicaría un duro golpe al inicio del mandato. Pero antes deberá encontrar los “consensos” hacia adentro de la convención que le permitan en seis meses tener un proyecto de constitución “potable” para el gran capital. En la búsqueda de dichos consensos cabe esperarse, a juzgar por la orientación que tomó de cara al ballotage, un corrimiento hacia la derecha, lo que dará por resultado un proyecto de constitución harto limitado, donde las reformas serán estrictamente cosméticas y del que siempre se podrá decir que es “superador” de la constitución de Pinochet.  

Es probable que la derrota de Kast recree ilusiones movilizadoras sobre la Constituyente y se abra una nueva instancia de acciones de masas por sus reclamos. 

¿Qué podemos esperar del gobierno Boric?

El programa político de gobierno con el que Gabriel Boric se presenta en las primarias de Apruebo Dignidad tenía como eje ordenador el resguardo de los intereses capitalistas que las mejoras prometidas en materia social y la demagogia en materia de género y diversidad no logran ocultar. Los pilares del orden social vigente estaban resguardados y en esto no se diferenciaba mucho del programa presentado por Daniel Jadue (de hecho reconocieron públicamente en más de una oportunidad que no existían grandes diferencias). Es importante tenerlo presente porque el PC ha pretendido, desde la derrota que sufre en las primarias, presentarse como el garante por izquierda en la coalición del cumplimiento del programa. De cara a la segunda vuelta, sin embargo, no levantaron la voz contra la abierta orientación derechista asumida por Boric en todos los planos, pero especialmente, el represivo. Por si ello no bastaba, se encargó en toda oportunidad que tuvo de llevar un mensaje de tranquilidad al gran empresariado. Es lo que ocurrió en sus dos presentaciones en el Enade (evento que reúne a la burguesía chilena) haciendo hincapié en la importancia de la alianza público-privada “para sacar a Chile adelante” y en la gradualidad de las reformas y la responsabilidad fiscal.

Inmediatamente después de conocido el resultado electoral de la segunda vuelta, el capital manda una advertencia con una pronunciada caída de la bolsa de Santiago -7,45%-, un alza en el dólar como no sucedía hacía décadas y empieza a ejercer presión en relación a la definición del ministro de hacienda. Como hemos visto más arriba, fue escuchado. 

El rumbo está trazado: estamos frente a un gobierno de conciliación de clases en regla y, como tal, de oposición a la rebelión popular de octubre de 2019. 

Este es el problema principal que debe discutir y esclarecer la vanguardia obrera, estudiantil y militante. No estamos frente a un “gobierno en disputa” al que debemos apoyar contra la derecha. Se trata de un gobierno burgués de centroizquierda, de un gobierno de frente popular, de pretendida “conciliación de clases”, lo que lleva a abandonar la lucha de las masas en aras de acuerdos con los sectores patronales que lo integran. No se trata de repetir la experiencia de sectores de izquierda y combativos (MIR, etc.) con el gobierno de la Unidad Popular de Allende.

El problema fundamental pasa por declarar la oposición a este nuevo gobierno que viene a defender las conquistas centrales del régimen de los 30 años contra los reclamos de las masas movilizadas, avanzar en la organización política independiente de la clase obrera y los explotados, y en impulsar la lucha por sus reivindicaciones (gratuidad de la enseñanza, eliminación de la jubilación privada, etc.).

Con las cartas sobre la mesa, urge encarar las tareas políticas para organizar la lucha en la etapa que se abre con el nuevo gobierno. Una tarea de primer orden es conquistar la libertad de cientos de compañerxs presxs politicxs y justicia para todas las víctimas del terrorismo de Estado y, en definitiva, todas las demandas populares que por la “responsabilidad fiscal” prometida a las patronales no recibirán respuesta significativa.  

  En el trayecto hacia la segunda vuelta, el corrimiento hacía la derecha no solo se verificó en materia represiva. Varios aspectos de su programa fueron morigerados en materias trascendentales como la reforma fiscal y la reforma previsional. En materia fiscal se pasó de un objetivo de aumento de la recaudación del 8% del PBI en el programa presentado en primera vuelta, al 5 % en el tramo final de la campaña. La significativa disminución del objetivo fue un guiño a la burguesía considerando que el paquete de reformas tributarias para alcanzarlo incluía impuesto a los súper ricos, royalty minero y eliminación de exenciones tributarias de la que gozan importantes rubros de la economía. Si tenemos en cuenta que estas reformas tributarias son las destinadas a financiar las grandes promesas de mejoras en materia previsional, salud y educación, queda en entredicho que se puedan cumplir. El escenario empeora si consideramos la composición del congreso, en particular del Senado, dónde la coalición de Apruebo Dignidad no tiene mayoría propia. El desembarco de la ex Concertación en el gobierno, integrando el gabinete que amplía los bloques en ambas cámaras, no alcanza y ello tampoco es una garantía ya que estamos hablando del sector político que gobernó en buena parte de los 30 años desde la vuelta de la democracia en los que, no solo no dio respuestas a las demandas de pueblo, sino que fue artífice de las políticas que lo hundieron en la miseria. La falta de mayoría propia en el congreso será invocada para justificar que no está en condiciones de avanzar en reformas progresistas. Ya Boric ha colocado el centro en que la Constituyente defina los “derechos” (a la jubilación, etc.) no explicitados en la constitución pinochetista, para así -afirman- tener respaldo político en las leyes reformistas que enviarían al parlamento con fuerte peso derechista, lo cual ya plantea postergar casi un año el debate. De todas maneras, en materia previsional, la promesa de poner fin a las AFP fue relativizada y con su principal lobbista como titular del Ministerio de Hacienda, los banqueros y aseguradoras tienen garantías. Boric plantea un piso de 250 mil pesos universal para las jubilaciones a ejecutar en forma gradual. Pero las AFP no son estatizadas. En el peor de los casos tendrán que convivir con un sector estatal de jubilaciones y pensiones como ocurren en los sistemas mixtos. Lo mismo en materia educativa: se promete fortalecer el sistema público y el Estado se haría cargo de las deudas de los estudiantes con las universidades privadas, con lo cual no solo quienes lucran con la educación garantizan sus ingresos en un cuadro económico-social difícil, sino también su continuidad.

Es fundamental para la vanguardia de todos estos movimientos de lucha, reagruparse en forma organizativa y políticamente independiente para defender sus propuestas contra “el régimen de los 30 años” y no aceptar “treguas” desmovilizadoras que planteara el gobierno Boric-Concertación.