febrero 2022

Cuba: bloqueo, restauracionismo y estallido social

Pablo Giachello

Cuba se encuentra sumergida en una crisis excepcional. El impacto económico de la pandemia en la isla, sumado al histórico ahogo sufrido por el bloqueo imperialista, combinado con las medidas económicas impulsadas por la burocracia dirigente en enero de 2021, en línea con su política restauracionista, ha recrudecido como nunca antes la pauperización de las masas cubanas. El brutal incremento de la crisis social detonó, el pasado 11 de julio, un estallido social. El 11 de julio, los sectores más plebeyos del pueblo cubano reclamaron por comida y cuestionaron abiertamente la orientación del gobierno y los privilegios de la burocracia dirigente.

Como parte de todo ese proceso, el imperialismo, la gusanería proyanqui y toda la derecha latinoamericana, de un lado, usufructúan el malestar y el descontento generalizado para acelerar un proceso de colonización capitalista de Cuba bajo el tutelaje del gobierno y el capital norteamericano. Del otro lado, la burocracia dirigente avanza en el aperturismo restauracionista defendiendo, una fracción mayoritaria, su propio lugar en ese proceso, pretendiendo imitar el papel jugado por la burocracia del PC chino o vietnamita.

En este marco resalta el surgimiento de una camada de marxistas revolucionarios que rechazan la injerencia imperialista y cuestionan por izquierda las tendencias restauracionistas y represivas de la burocracia del PC cubano.

Entre el bloqueo y la pandemia

La catástrofe económica cubana no puede ser analizada abstrayéndonos del carácter criminal del bloqueo y el embargo norteamericano, compuesto por un abultado entramado jurídico. Se trata del embargo más prolongado que se conozca en la historia moderna, que en 28 oportunidades ha sido condenado nada menos que por las Naciones Unidas, el cónclave donde se discuten las pujas y choques entre las principales potencias imperialistas. Luego de cierta flexibilización del bloqueo realizado bajo el gobierno de Barack Obama, el llamado descongelamiento, la administración de Donald Trump adoptó más de 240 medidas contra Cuba en sus cuatro años de mandato, que Joe Biden no revirtió.

Trump prohibió que los ciudadanos estadounidenses se alojen tanto en hoteles del Estado cubano y en residencias privadas de ciudadanos cubanos; prohibió viajes a Cuba por parte de programas estudiantiles estadounidenses; prohibió la llegada de aviones corporativos, cruceros, veleros y barcas de pesca estadounidenses a Cuba; eliminó los permisos generales para que ciudadanos estadounidenses asistan u organicen encuentros o conferencias y participen en presentaciones públicas o competiciones atléticas o no atléticas, y exhibiciones en Cuba; limitó la llegada de vuelos de aerolíneas estadounidenses a Cuba y se limitaron los vuelos de chárter privados únicamente a la capital cubana. Con la reactivación del título III de la ley Helms-Burton -sancionada bajo la presidencia de Bill Clinton, que establece sanciones para aquellas empresas que hagan negocios con bienes expropiados a ciudadanos estadounidenses por la Revolución Cubana- se recrudeció el bloqueo, poniéndole un coto a la penetración de las empresas europeas, rusas y chinas en la isla. Trump, además, puso limitaciones al envío de remesas, una importante fuente de ingresos de divisas desde el exterior a Cuba. Western Union, que había sido la empresa de servicios financieros más importante dentro del ámbito del envío de remesas a Cuba, cesó sus operaciones en territorio cubano en noviembre de 2020, lo que condujo al cierre de 400 oficinas de la compañía en la isla. Finalmente, días antes de retirarse de la Casa Blanca, Trump incorporó a Cuba entre los “patrocinadores estatales del terrorismo”, lo que redunda en una prohibición para exportar o vender armas y les restringe la asistencia económica, sancionando a cualquier persona y país que participe en determinadas actividades comerciales con Cuba, reforzando aún más el bloqueo.

Según un informe de la Cepal¹, la acentuada desaceleración del crecimiento económico cubano, que de 2018 a 2019 pasó de un 2,2% del PBI al 0,5%, respectivamente, tuvo su causa fundamental en el recrudecimiento del embargo por parte del gobierno yanqui, que afectaron “de forma considerable el turismo, las inversiones, el financiamiento externo y otras variables relevantes para el desarrollo económico del país”. A lo anterior, continúa el informe, “se añade la reducción notable de los envíos de combustible a la isla caribeña, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a los buques que transportan petróleo de la República Bolivariana de Venezuela”².. Se estipula que el bloqueo representa, para Cuba, la pérdida de unos 5.000 millones de dólares anuales. Las expectativas que despertó en la burocracia del PC cubano el triunfo de Joe Biden se vieron rápidamente frustradas, pues no se operó un giro de la política norteamericana con respecto a Cuba. Por el contrario, el Partido Demócrata norteamericano ha mantenido el rumbo emprendido por Donald Trump.

Como se ve, la crisis económica cubana precede a la pandemia del Covid-19 y encuentra en el bloqueo norteamericano una de sus causas fundamentales. Sin embargo, es claro que la pandemia le asestó un golpe demoledor a la economía de Cuba. Habiéndose transformado el turismo en la actividad más dinámica de la economía de la isla, la crisis pandémica significó un duro revés. Si en 2018 el turismo en Cuba alcanzó su récord histórico, con 4,7 millones de visitantes, tuvo su primera caída en 2019, cuando la cifra de turistas descendió hasta los 4,2 millones de visitantes, debido a las restricciones de Trump al turismo norteamericano. Pero en 2020, como consecuencia del coronavirus, la industria turística cubana directamente se desplomó, en sintonía con lo ocurrido en el resto del mundo. La isla solo tuvo ese año 1,1 millones de visitantes, de los cuales el 90% se contabilizan entre los meses de enero y marzo, cuando aún no se habían cerrado aeropuertos por la pandemia. Además, algunos países cancelaron el programa de envío de médicos cubanos, lo que junto a la prohibición de envío de remesas desde Estados Unidos a Cuba redujo sustancialmente el ingreso de divisas a la isla. El agravamiento de la crisis capitalista mundial aportó su cuota a la crisis cubana. La inflación mundial, con el encarecimiento de los fletes, commodities e insumos básicos, agravaron el déficit comercial del Estado cubano. Solo por el rubro turismo, en los años previos a la pandemia, los ingresos de divisas equivalían a 1,5 veces el total de los recursos que el Estado cubano gastaba para la importación de comida. Pues el 80% de los alimentos que se consumen en Cuba son importados. En definitiva, con el derrumbe de los ingresos de divisas a la isla no solo se puso al rojo la balanza comercial, por sobre todo se puso en jaque nada menos que la alimentación de las masas cubanas.

La “Tarea Ordenamiento”

La respuesta del gobierno cubano a la brutal crisis económica y social en la isla fue la puesta en marcha, a partir del 1° de enero de 2021, de la “Tarea Ordenamiento”, la que terminó por asestarle el golpe de gracia a la economía cubana. El objetivo que la elite burocrática dirigente buscó con la “Tarea Ordenamiento” fue promover un mayor ingreso de divisas al país, apuntalando las exportaciones y la llegada de nuevas inversiones sobre la base de una unificación cambiaria. En concreto, la “Tarea Ordenamiento” significó la salida de circulación del peso convertible con el dólar, el CUC. En su lugar solo quedó el peso cubano (CUP), en una tasa oficial de cambio de 24 a 1 con la divisa norteamericana. La medida significó una enorme devaluación de la moneda, lo que redundó en una brutal alza inflacionaria. Con la reforma monetaria y cambiaria, el gobierno apostó a establecer un tipo de cambio fijo luego de ejecutada la megadevaluación. Pero como resultado de la enorme escasez de divisas, la paridad cambiaria prestablecida por el gobierno arrojó un peso cubano sobrevaluado y el Banco Central de Cuba se vio imposibilitado de asegurar la venta de la divisa extranjera. Como consecuencia de eso desapareció el mercado cambiario oficial y tomó impulso el mercado informal, donde se impuso una brecha cambiaria superior al 200%.

Previamente a la implementación de la “Tarea Ordenamiento”, el gobierno cubano ya había dado curso a la instalación de las tiendas de Moneda Libremente Convertible (MLC), donde se pueden comprar productos en dólares -no en efectivo sino a través de tarjetas magnéticas. Las tiendas donde se venden los productos en pesos cubanos se encuentran desabastecidas, mientras las tiendas MLC no solo se abastecen de productos importados sino también, cada vez más, de productos alimenticios de producción cubana. El 60% del pueblo de Cuba no recibe remesas desde el exterior y tampoco está habilitado a comprar, con pesos cubanos, dólares MLC. A su vez, el acceso a las tiendas MLC se dificultó aún más por las restricciones norteamericanas al envío de remesas a Cuba. De yapa, en junio de 2021, el Banco Central de Cuba dejó de aceptar depósitos en efectivo de la divisa yanqui en las llamadas cuentas en MLC, sosteniendo que lo hacía a raíz de la imposibilidad del gobierno cubano de colocar los dólares en efectivo en el exterior a causa del bloqueo. Lo concreto es que se produjo una nueva diferenciación entre la cotización del dólar en efectivo, que hacia principio de 2022 rondaba en 74 CUP, y el MLC, que ascendía a los 82,5 CUP (elToque, 10/1/22). Otro golpe más al bolsillo de amplias capas populares al que se le encarece su acceso a las especiales tiendas MLC. En lugar de lograr un mercado cambiario único, la burocracia del PC ha reiterado una división cambiaria, pero en el medio han desaparecido los subsidios al consumo popular.

Solo en enero de 2021, la inflación por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) rondó en el 40%. Para octubre, la inflación anualizada rondaba el 60%. Sin embargo, en la Asamblea Nacional, el diputado Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, admitía que ese índice tiene como fuente fundamental los precios estatales, “pero cuando le agregue los niveles del mercado informal, la inflación es mucho más grande”³. Por ese motivo, Murillo Jorge concluía que “la canasta de bienes y servicios de referencia alcanza su costo más alto en La Habana, con 3.250 pesos, y en las provincias orientales con 3.057, cuando su valor diseñado en la Tarea Ordenamiento era de 1.528 pesos”⁴. En enero de 2022, la carne de cerdo, considerada como “el índice Dow Jones” de los cubanos, ascendía a 420 CUP el kilo, y se denunciaba que “mientras en la calle la carne de cerdo escasea, tiendas en línea la comercializan a precios exorbitantes, en divisas” (el Toque, 11/1/22). Es así que los aumentos salariales y de pensiones que acompañaron a la reforma monetaria y cambiaria, que establecieron el salario mínimo en 2.100 pesos y la pensión mínima en 1.528 pesos, fueron holgadamente sobrepasados por la inflación.

Como se ve, de la mano de la “Tarea Ordenamiento” se dolarizaron los precios y se pesificaron los salarios. A la delicada situación de los trabajadores estatales, que rondan los 3 millones de cubanos, hay que sumarle la situación aún más crítica de los desocupados o trabajadores informales, que suman otros 3,5 millones, y de los cuentapropistas, que ascienden a 500 mil.

Restauracionismo capitalista

La“Tarea Ordenamiento”, lejos de ser una medida aislada, es parte de toda una orientación de fondo del gobierno cubano, que apunta a abrirle paso al proceso de restauración capitalista en la isla, pero bajo la tutela de la propia burocracia del PCC. Hay que recordar que Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel han señalado insistentemente a China y a Vietnam como los modelos a seguir.

Junto a la reforma migratoria de 2013, que habilitó la salida de cubanos de la isla con solo un pasaporte, se habilitaron también los negocios privados y el autoempleo, y se le dio curso legal a la compraventa de viviendas y vehículos por parte de los ciudadanos. Con la reforma, el Estado cubano logró la eliminación de un millón de puestos de trabajo estatales, que pasaron a tener su empleo en el sector privado. Ese mismo año, como parte de la reforma, el gobierno cubano habilitó la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que permitió el desarrollo de negocios privados, otorgándole a los capitalistas beneficios en materia impositiva, aduanera, laboral y comercial. En 2017, la ultraoficialista Central de Trabajadores Cubanos declaraba en su periódico que “desde su fundación, hace cuatro años, la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZED) ha constituido un enclave fundamental para promover la inversión extranjera en Cuba, concebida esta como un elemento dinamizador, fuente y parte esencial de la nueva estrategia de desarrollo económico que ha emprendido el Estado cubano” (Trabajadores, 5/11/17). Pero la lluvia de inversiones no llegó, mientras que la flexibilización laboral se instaló. Cuatro años después, en enero de 2021, el canal oficial Cubavisión, anunciaba que “con 55 negocios aprobados y un monto de inversión comprometido que supera los 3.000 millones de dólares, la ZED Mariel se reafirma en 2020 como un proyecto visionario a largo plazo en el que hay comprometidos capitales provenientes de 21 países”⁵. Compromisos, bla, bla. En la ZED actúan también ocho empresas de capitales 100% cubanos, que dan cuenta de la emergencia de una burguesía nacional cubana y del objetivo superexplotador de la mano de obra cubana, de esta “zona especial”.

A diferencia de lo ocurrido con la Nueva Política Económica (NEP), que impulsó Lenin y el Partido Comunista en la Unión Soviética a partir del año 1921 -cuando en el marco de la devastación del país como resultado de la Guerra Civil y del aislamiento del Estado obrero se habilitó el ingreso de capitales extranjeros a la URSS para impulsar un desarrollo industrial-, en la ZED Mariel y en Cuba en general no existe un control obrero de la producción. Por el contrario, los trabajadores carecen de los derechos más elementales. Según denuncia Frank García Hernández, el historiador cubano y miembro del consejo editorial del Blog Comunistas, en la entrevista que le realizó el dirigente del PO Guillermo Kane en La Habana, los trabajadores del sector privado “son contratados por un contrato verbal, no tienen derecho a la licencia de maternidad, tienen una jubilación muy precaria, no tienen derechos a licencias por problemas de salud ni a vacaciones, y el sindicato que inventó el gobierno cubano, que reúne a muy pocos trabajadores del sector de la economía privada, es un sindicato donde está la burguesía y los trabajadores a la misma vez”.

Pero no solo en el sector privado no existe el control obrero y son completamente avasallados los derechos de los trabajadores. En 2020, el gobierno modificó el Código de Trabajo, habilitando los despidos sin causa, que deja planteada la posibilidad de despidos masivos en el Estado y la extensión de la jornada laboral de 8 a 9 horas. En agosto de 2021, en las llamadas “empresas estatales socialistas”, el Estado cubano impulsó una reforma laboral que “flexibiliza el mecanismo para fijar el salario de los trabajadores”, lo que habilita a un achatamiento de la escala salarial vigente. A su vez, establece que “para pagar más, la empresa tiene que obtener mejores resultados” y que “solo la empresa financia el salario de sus trabajadores”, vetando una eventual asistencia estatal ante un escaso o mal rendimiento de la empresa⁶. Se trata de un paso decisivo en dirección a la autonomía de las empresas estatales, lo que va en completa oposición a la planificación económica que concibe a las diversas empresas del Estado como un proceso único de producción nacional, donde se compensan los mejores o peores resultados de cada unidad productiva. Viene al caso recordar la lucha estratégica que libró el Che Guevara como ministro de Industria y presidente del Banco Central, en la etapa revolucionaria de la Revolución, en contra de la autonomía de las empresas estatales, calificándola como una medida que alienta el restauracionismo del capital. Aunque la reforma reafirma que los salarios de las empresas no pueden ser menores al salario mínimo, es necesario volver a insistir en que el salario mínimo establecido por la “Tarea Ordenamiento” solo representa unos dos tercios, o menos, del costo de la canasta básica.

Para completar el cuadro que da cuenta de la orientación restauracionista del gobierno cubano hay que señalar la eliminación del requisito de la participación mayoritaria del Estado en las empresas mixtas -con la excepción de las empresas de extraen recursos naturales y las que brindan servicios públicos. Finalmente, hay que apuntar también la habilitación a la exportación e importación del sector privado, que representa un golpe decisivo al monopolio estatal del comercio exterior, otro pilar fundamental de la planificación económica. Como se ve, la “irrevocabilidad del socialismo” que se decretó en la reforma constitucional cubana de 2019 no es más que papel mojado.

El 11 de julio

El 11 de julio de 2021 se desarrollaron en Cuba las protestas antigubernamentales más importantes y masivas desde el triunfo de la Revolución Cubana. Las movilizaciones, que se iniciaron en San Antonio de los Baños, se fueron replicando en numerosas ciudades del interior y también en La Habana. El estallido social del 11 de julio no solo fue la respuesta a la gigantesca crisis social que se profundizó en Cuba como consecuencia del bloqueo norteamericano, la pandemia y la catástrofe que significó la puesta en marcha de la “Tarea Ordenamiento”. También fue la expresión de un gigantesco rechazo de los sectores más plebeyos de la clase obrera cubana a la diferenciación social creciente que se verifica en la isla, como consecuencia de los privilegios de los que goza la burocracia dirigente y la burguesía emergente, de un lado, y la cada vez más acentuada pauperización a la que es sometida la masa del pueblo cubano, del otro. La ruptura de un sector significativo del pueblo cubano con el gobierno reside también en otro hecho significativo: la actual casta dirigente carece de la autoridad política de la que gozaban Fidel o Raúl Castro que, a diferencia del actual presidente Miguel Díaz-Canel, fueron partícipes y protagonistas directos de la revolución del ’59”.

La respuesta del gobierno a las movilizaciones del 11 de julio fue la represión y el encarcelamiento de numerosos manifestantes, encasillándolos como “contrarrevolucionarios”. Según el registro realizado por la organización Justicia 11J, de un total de 1.355 personas detenidas entre el 11 y el 12 de julio, al menos 719 continúan en centros de reclusión. En enero comenzó, en Santa Clara, el juicio contra 15 menores de 18 años que se mantienen detenidos desde las jornadas del 11J y a quienes el Estado cubano los imputa por desorden público, desacato y atentado. Los familiares de los jóvenes denuncian que se trata de un juicio amañado, que cuenta con la participación de testigos falsos.

Aunque las manifestaciones del 11J tuvieron un carácter espontáneo y no fueron convocadas por los sectores derechistas, es evidente que la reacción política local e internacional se valió del estallido social para desenvolver una fuerte agitación contrarrevolucionaria y proimperialista. Luego del 11J, los gobiernos derechistas y represivos de Latinoamérica, responsables del asesinato de centenares de manifestantes partícipes de las grandes rebeliones populares de Chile y Colombia y de mantener tras las rejas a miles de presos políticos, largaron una andanada de hipócritas discursos “democráticos” y en defensa del “derecho a la protesta”. En Cuba tomaron vuelo los movimientos político-culturales de oposición, que esconden, detrás de los planteos de “libertad” y “democracia”, una clara orientación de restauración capitalista e incluso proimperialista. Es lo que está presente en el movimiento 27N, surgido luego de una movilización de un puñado de intelectuales, artistas y periodistas a las puertas del Ministerio de Cultura a fines de 2020, en el Consejo para la Transición Democrática e incluso también en el grupo Archipiélago, que tiene como referente al dramaturgo Yunior García, que se ha autoexiliado.

En el otro extremo del arco político cubano, las jornadas del 11J han terminado por darle una mayor visibilidad a una izquierda que -a pesar de no encontrarse homogénea políticamente, de carecer de un programa acabado y de ser minoritaria- se delimita de los reagrupamientos proimperialistas, rechaza la política represiva de la burocracia dirigente y se proclama defensora de la Revolución.

Los problemas que se plantean

El problema más acuciante es el de la recuperación de los salarios frente a la estampida inflacionaria y devaluacionista lanzada por la burocracia. No se trata sólo de fijar precios máximos a los productos esenciales, sino de recuperar los salarios. Los salarios no son la causa de la inflación. La indexación salarial es fundamental, puesto que el primer problema es impedir que la crisis sea descargada sobre los trabajadores. Es necesario un aumento inmediato de salarios al nivel de la canasta familiar.

Contra los privilegios de la burocracia, es necesario el desmantelamiento de las tiendas MLC.

Pero este caos económico-social no proviene de errores de gestión de la burocracia (que los tiene y a montones), sino de un plan dirigido a abaratar drásticamente el valor de la mano de obra cubana para seguir alentando a los capitalistas a invertir y/o asociarse en empresas mixtas.

Luchar por el aumento salarial y contra los privilegios burocráticos exige organización sindical autónoma e independiente del gobierno. Los sindicatos deben ser un instrumento para defender el ingreso obrero.

La lucha por la libre organización sindical de la clase obrera debe desarrollarse no solo en el ámbito privado, donde las empresas de capital cubano y extranjero actúan en completa impunidad, sino también en el ámbito estatal, donde el gobierno avanza decididamente con la flexibilización laboral. El rechazo a las reformas del Código de Trabajo y a la reforma laboral implementada por el gobierno en agosto de 2021 deben ir acompañadas de la exigencia de un aumento inmediato de salarios y pensiones, que los lleven al costo de la canasta básica, de un seguro al desocupado, el reparto de las horas de trabajo y una actualización automática de los ingresos de los trabajadores según la evolución la evolución del costo de vida.

La reivindicación de ese derecho choca, naturalmente, con el unipartidismo establecido por el Partido Comunista y la plena integración-regimentación de la Central de Trabajadores al Estado. El veto a la libre participación e intervención política de la clase obrera cubana es el reaseguro de la burocracia dirigente para avanzar en su política restauracionista. Es necesario conquistar la plena legalidad para todas las corrientes que se declaren partidarias de la defensa de las conquistas impuestas por la Revolución.

En oposición a esta orientación burocrática de “ajuste” contra el pueblo trabajador y de restauracionismo, es necesario plantear la convocatoria a un congreso de trabajadores, que elabore, frente a la emergencia, un programa económico y político de la clase obrera alternativo al de la burocracia estatal.

Las alas o bloques que puedan a llegar a existir al interior del PCC no tienen por base una disidencia en torno del lugar que debe ocupar la clase obrera en el proceso cubano, sino los ritmos y formas que debe adquirir la restauración capitalista en la isla. No se evidencia la existencia de un campo progresivo en el seno de la burocracia dirigente, al que haya que apoyar contra el campo reaccionario. Toda la elite burocrática dirigente, por su acción política concreta y el objetivo que persigue, juega un papel reaccionario.

Es imperioso partir de la caracterización de que en Cuba es necesaria una nueva revolución social y política.

En oposición a la “Tarea Ordenamiento” y a todo el rumbo restauracionista emprendido por la burocracia, es necesario plantear el desmantelamiento de las tiendas MLC y defender el control obrero de la producción y de toda la cadena de comercialización. El control obrero representa un pilar fundamental de la planificación económica. Solo la participación activa de los trabajadores en la vida económica y política del país puede dar lugar a una verdadera planificación económica -y no burocrática como la que impulsa la elite dirigente, que pretende avanzar en una “descentralización” del proceso productivo. La recuperación del monopolio del comercio exterior, por parte del Estado, representa un arma fundamental para darle un impulso a un plan de industrialización de Cuba, que permita la producción de alimentos, los bienes y servicios fundamentales.

La “apertura” de Cuba al capital internacional, incluido el fomento del turismo, lejos de reportar un beneficio a la economía cubana, ha acentuado su descalabro. Ni siquiera es una fuente de divisas, pero sí opera para terminar de desmantelar el ya castigado tejido productivo interno. El panorama más probable que se abre es el cierre de empresas, cuando lo que correspondería sería avanzar en un robusto plan de industrialización, a partir de una modernización y reconversión de su parque industrial e infraestructura existente. En lugar de un desarrollo de las fuerzas productivas, la isla está marchando a una involución, un retroceso de las mismas, condenando a la población a nuevos sacrificios, penurias y privaciones”⁷.

La habilitación a que capitales extranjeros exploten fuerza de trabajo cubana cuando fuera necesario para reforzar el plan de industrialización, debe estar condicionada al establecimiento de un control, por parte de los propios trabajadores, del proceso productivo y de las condiciones laborales.

El otro problema es luchar contra la represión burocrática: abajo los procesos a los presos del 11J. Libertad inmediata de los mismos. Que se cumpla con el derecho a la manifestación pública política. Esta lucha debe ser tomada por la izquierda revolucionaria a nivel mundial, impidiendo que sea bandera “democrática” de la reacción imperialista.

Así como no existe la vía al socialismo sin la participación activa y consciente de la clase obrera, tampoco es posible el “socialismo en un solo país”. Los trabajadores y el pueblo cubano no encontrarán a sus aliados en los gobiernos “nacionales y populares” de América Latina, que se encuentran ejecutando ajustes contra los pueblos de sus respectivos países y tributan al imperialismo yanqui. Una cosa es establecer relaciones diplomáticas y comerciales que favorezcan el intercambio y desarrollo de la economía cubana, y otra actuar políticamente asociado a burguesías devenidas en reaccionarias y represivas contra sus pueblos. El futuro del pueblo cubano y la revolución deberá apoyarse en las masas latinoamericanas, que se encuentran fuertemente soliviantadas. Un gobierno de los trabajadores en Cuba solo tendrá una perspectiva en el marco de la unidad socialista de América Latina.

Notas:

1. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020, Cepal. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46070/19/EE2020_Cuba_es.pdf
2. Ídem.
3. “Tarea ordenamiento: la inflación minorista ha sido la principal desviación, afirma Marino Murillo”. Sitio Oficial del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba. https://www.mep.gob.cu/es/noticia/tarea-ordenamiento-la-inflacion-minorista-ha-sido-la-principal-desviacion-afirma-marino
4. Ídem.
5. Zona Especial de Desarrollo Mariel, con más de 50 negocios. Cubavisión Internacional https://www.youtube.com/watch?v=rTAKcQuJaP8
6. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Cuba. https://www.youtube.com/watch?v=pWdrdRpn3xI
7. Heller, P. (15/07/2021) “Cuba en un nuevo escenario”. Prensa Obrera N° 1626. https://prensaobrera.com/internacionales/cuba-en-un-nuevo-escenario/

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