Inflación en Argentina

La disparada de los precios ha puesto en el orden del día la discusión sobre las causas de la inflación. El gobierno y la oposición se han lanzado acusaciones cruzadas sobre el origen de la inflación que, lejos de esclarecer el punto, tienden a ponerle un velo y un manto de encubrimiento.

Déficit fiscal 

Una de las tesis más usuales y difundidas es que el origen de la inflación reside en el déficit fiscal. Pero esta tesis oscurece la realidad, más aún, termina invirtiéndola.

El Estado capitalista, no solo en Argentina sino mundialmente, se ha convertido en una fuente clave de rescate del capital. No es el Estado el que vive a costillas del capital y le impide desempeñar su actividad, sino que este último subsiste a costillas del Estado. Los fondos públicos vienen siendo utilizados para sostener un sistema parasitario. El rubro energético es muy elocuente en este aspecto: el sector privado, en todos sus eslabones, vive a costas de subsidios. Este año se estima que por ese concepto se irán unos 9.000 millones de dólares y se calcula que en 2022 se elevaría a más de 12.000 millones de dólares. El sistema jubilatorio es quizás el más emblemático, pues los recursos propios del sistema, que deberían financiar a los jubilados, han sido desviados sistemáticamente a sostener a la clase capitalista. La historia de las últimas décadas consiste en el vaciamiento de las cajas previsionales y el desvío de sus recursos para destinarlos a otros fines, ya sea subvenciones al capital o al pago de la deuda. No es exagerado decir que medio PBI les fue robado a los jubilados. Entre tanto, se desfinanció la Anses mediante la rebaja o directamente la supresión de los aportes patronales, lo que constituye un subsidio indirecto a los empresarios. El gasto público -cuestión que aparece oscurecido en los enfoques tradicionales- combina dos aspectos socialmente contradictorios: gasto social versus gastos en subsidios directos o indirectos a los capitalistas.

 Pero, además, lejos de ser el capital el que aporta los fondos públicos es el que los extrae. No se nos puede escapar que la estructura impositiva es regresiva. La recaudación tributaria proviene de los impuestos al consumo (en primer lugar, del IVA). Quien sufre la “presión impositiva” y en forma descomunal es la población, en tanto es secundario lo que se recauda por los gravámenes a las ganancias y patrimonios capitalistas, a los que habría que agregar la evasión impositiva. Un párrafo especial lo merecen las retenciones, que tienen un peso gravitante en la recaudación -que afecta y se detrae de la renta agraria pero que van a parar a “rentas generales” y, por esa vía, engrosan los recursos que el Estado usa para pagar la deuda o subvencionar otros sectores capitalistas -entre ellos, la burguesía industrial. Las retenciones limitan el impacto de los precios internacionales de los llamados bienes transables en el mercado interno (por ejemplo, en el caso del trigo y la harina). Y se traslada a los precios finales como el pan. Pero esto, que redunda en un abaratamiento de la canasta básica, que es la base de cálculo de los salarios, es de lo que se vale la burguesía para adaptar a la baja los niveles salariales de acuerdo con el nivel de precios que rige en la economía. Las retenciones operan como un subsidio indirecto a la burguesía. En definitiva, estamos frente a una transferencia de ingresos de un sector capitalista a otro, en especial, a la burguesía industrial.

 Eso no ha sido un impedimento para que con total desparpajo se sostenga la necesidad de reducir impuestos a los empresarios -y que sería el incentivo para promover la inversión-, cuando es lo que viene ocurriendo en la actualidad y no ha redundado en un despegue económico. La huelga de inversiones está dictada por un impasse capitalista de grandes dimensiones, que hunde sus raíces en una crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales, y no hay incentivo impositivo que lo revierta. La transferencia de ingresos no es del capital al trabajo sino a la inversa. Esto volvió a confirmarse en los dos años de la gestión albertista. 

Mientras para la tribuna se condena el ajuste, Guzmán fue mucho más lejos en el achicamiento del gasto público. Luego de la paliza electoral, hasta la propia Cristina, que hasta ese momento había mantenido un silencio cómplice, salió al ruedo a señalar que el ajuste de las cuentas era mayor que el previsto en el Presupuesto. El año cerraría, según los propios datos oficiales, con un rojo del 3%, por lo cual el gobierno fue más lejos en el ajuste respecto del 4,5% comprometido con el FMI. Del mismo modo, es necesario bajar los decibeles sobre la emisión, que ha sido otro de los caballitos de batalla de la oposición. Lucio Garay Méndez, economista de la consultora Eco Go, calcula que “la asistencia del Central al Tesoro bajó del 6% del PBI en los primeros diez meses de 2020 al 2,5% en el mismo período de 2021”. También señala que cada peso que se inyectó, después fue absorbido por las Leliqs y los pases. Por eso, ha caído la base monetaria en términos reales (ajustados por inflación) a niveles que solo se vieron en los primeros tres años del kirchnerismo (2003-2006) o en 2019, cuando el gobierno de Macri aplicó la regla de la emisión cero. “El ‘plan platita’ fue demasiado austero, pero alentó las expectativas de inflación y devaluación” (Diario AR, 31/10/21). Es decir, que la cartera de Economía no fue inmune a las presiones del FMI en esta materia y fue “administrando” la emisión en los primeros nueve meses y recién se aceleró sobre finales del año.

Mientras se habla del “combate contra la inflación”, lo cierto es que se trata de un arma clave de la cual se vale el gobierno para hacer pasar el ajuste. La inflación es el recurso al que viene apelando la gestión de Alberto Fernández para licuar el gasto público, salarios y jubilaciones, en tanto la recaudación crece por encima de la variación de los precios. La subestimación de la inflación en el Presupuesto -como ocurre con el proyecto actual que estima una inflación del 33%-obviamente no pasa de ser un dibujo, pero cumple el propósito de justificar un ajuste a la baja de las remuneraciones. Al mismo tiempo, la recaudación que se obtenga por encima de las pautas presupuestarias permite contar con más recursos para hacer frente a la deuda y subsidios al capital, y manejarse con más libertad para un uso discrecional de esos recursos. 

La deuda

Otro aspecto clave que omiten tanto oficialistas como opositores es que este descalabro de las cuentas públicas está directamente asociado al pago de una deuda usuraria. A esta altura, es irrefutable que la deuda es impagable. No obstante ello, los K como los macristas han sido pagadores seriales de la deuda. En la década kirchnerista se pagaron 200.000 millones de dólares. Lo mismo se repitió bajo Macri. Aun así, la deuda siguió creciendo, pues una parte fue refinanciada. Los K se jactan del “desendeudamiento”, pero lo que omiten es que fue sustituido por endeudamiento interno con la Anses, utilizando la plata de los jubilados para pagar a los bonistas y en una escala más amplia con el BCRA (a lo que se suma la propia deuda en moneda local del Estado nacional). Asistimos a un financiamiento confiscatorio de una hipoteca ilevantable y, agreguemos, parasitario, pues esos recursos son sustraídos a la actividad productiva.

Por esta vía, el pago de la deuda usuraria, empezando por la deuda externa, se ha convertido en una de las fuentes principales de emisión. La derecha habla de recortar gastos -en especial las partidas sociales, educación, salud-, pero defiende a rajatablas que continúe la sangría de la deuda. Más allá de la alharaca en contra, los K han terminado aplicando el mismo libreto. Las divisas que acumula el BCRA tienen como contrapartida una emisión de pesos que se vuelcan en el mercado para adquirirlas. Una parte, por cierto no despreciable, de esas divisas, ha sido cedida al Tesoro nacional para hacer frente a sus compromisos de pago de la deuda externa. El superávit comercial de 2020 y 2021 ha ido en gran parte a ese destino. En esta operatoria, el BCRA termina recibiendo pagarés o bonos del Estado, la mayor parte de ellos letras intransferibles, que no pueden venderse en el mercado. Una abrumadora parte de los activos del BCRA han pasado a ser activos incobrables, pues el Estado no está en condiciones de devolverlos. 

A esto habría que agregar que una parte de las reservas ha sido destinada a financiar la huida de capitales al exterior. Esto ha sido una constante, sin solución de continuidad en las últimas décadas. Bajo la gestión de Cristina se fugaron 71.000 millones de dólares y se replicó en los cuatro años de Macri, donde la fuga ascendió a 86.000 millones dólares. En lo que va del gobierno de Alberto Fernández, la huida orillaría los 15.000 millones de dólares. El vaciamiento de las arcas del Banco Central ha ido quitando todo respaldo al peso. De modo tal que llegamos a la situación actual en que las reservas netas han quedado reducidas a una mínima expresión y son apenas una décima parte de la base monetaria.

Déficit cuasifiscal 

El rescate del capital y el pago de la deuda están en la base del déficit fiscal pero, además, habría que agregar del déficit cuasifiscal -o sea, de las cuentas del Banco Central. Pues el rojo del Tesoro es financiado con emisión. Esa emisión se ha vuelto tan pronunciada que podría desembocar en una hiperinflación; para evitar ese riesgo, el Central se ha visto obligado a esterilizar gran parte de esa emisión y la vía para ello ha sido absorber los pesos en manos de los bancos comerciales, entregándole a cambio Leliqs y pases que han ido transformándose en una bola de nieve.

De modo tal que uno de los destinos principales de la emisión monetaria ha pasado a ser al pago de las Leliqs y pases que han llegado a la friolera de 4 billones de pesos. Con tasas que llegan hasta el 38%, se calcula que el Central pagó en 2021 1,4 billones de pesos en concepto de intereses. Esto acapara todos los pesos y, por supuesto, se hace a expensas y en detrimento del financiamiento de otras erogaciones -en primer lugar, de los llamados gastos sociales. No nos debe sorprender que “la platita” haya quedado reducida a un aumento del mínimo no imponible para los asalariados. Ni siquiera ha salido la nueva tanda del IFE que ya había quedado reducido a 3 millones de beneficiarios en lugar de los 9 millones que lo recibieron el año pasado. Con toda furia y viento a favor. El desembolso por el paquete social oficial, en el mejor de los casos, alcanzaría 400.000 millones de pesos. Esto, mientras se mantienen jubilaciones de indigencia y los salarios, empezando por el propio Estado, se actualiza por debajo de la inflación. En el dilema presentado por Alberto Fernández en la campaña electoral de 2019, los ganadores son las Leliqs y no los jubilados. No olvidemos que los bancos son los tenedores de las Leliqs y pases, quienes hacen un negociado, sacando su tajada (spread) en los préstamos que hacen al Estado del dinero que reciben de los ahorristas.

Es necesario advertir que las Leliqs vencen a lo sumo mensualmente y los pases en apenas una semana. O sea, estamos en presencia de una deuda de cortísimo plazo que no da respiro. Esto se ha transformado en una verdadera aspiradora de toda la emisión y, agreguemos, en una bola de nieve. Todas las semanas, el dinero que le adelantaron los bancos debe ser devuelto en forma incrementada. El BCRA no tiene más remedio que ir renovando las Leliqs: caso contrario, ese dinero disponible se desplazaría hacia el dólar o echaría más leña al fuego a la inflación -o ambos al mismo tiempo, como ocurre actualmente. El stock de las Leliqs y pases que se ha ido acumulando, no es otra cosa, en definitiva, que una emisión encubierta. Incluso se podría decir que es más grave, porque en lugar del dinero contante y sonante, es un pasivo que debe ser remunerado.

El patrimonio del BCRA (activo menos pasivo) es negativo -o sea, técnicamente está fundido. La quiebra del Banco Central significa que no puede seguir emitiendo moneda sin depreciar su valor -o sea, sin disparar una inflación que se puede volver imparable. Aquí se conecta la deuda externa con la interna, pues el Central, para morigerar la emisión ante el peligro de un desborde hiperinflacionario, se endeuda con la banca local para obtener pesos y entra en acción el festival de Leliqs sobre el cual hemos hablado. El remedio, sin embargo, termina siendo peor que la enfermedad. De factor atenuante se convierte en un factor de agravamiento de la emisión y una fuente de depreciación de la moneda nacional.

No pasa la prueba 

El monetarismo no ha pasado la prueba de la realidad. Las evidencias empíricas desmienten sus premisas. Un ejemplo reciente es la experiencia recorrida en el gobierno de Macri. La base monetaria prácticamente no varió y sin embargo la inflación trepó a más del 50%. En la historia argentina hay ejemplos similares al respecto. El problema no se reduce a una mayor o menor oferta monetaria. La cantidad de dinero no es la que determina el nivel de precios, sino que es a la inversa, es el nivel de precios es el que determina la cantidad de dinero en circulación. El dinero sobrante, en caso de que así ocurriera, se desplazaría fuera de la circulación y pasaría a funcionar como un medio de atesoramiento.

También ha quedado desmentido que el aumento de los salarios sería el origen de la inflación. En la actualidad, la inflación superó el 51%, en tanto el costo laboral está por el suelo. Una variante de esto mismo es la tesis de la “puja distributiva”, que no es más que un típico argumento patronal. El aumento del salario no afecta a los precios sino los beneficios, como ya lo expuso tempranamente Marx en su célebre obra “Salario, precio y ganancia”.

El monetarismo excluye una política monetaria autónoma. El Banco Central, de acuerdo con su criterio, debería restringirse a actuar como una suerte de caja de conversión. La base monetaria debería ser similar al nivel de reservas, lo cual no blinda al país en caso de una corrida, ya que el dinero en circulación excede holgadamente la base monetaria, si tenemos en cuenta que los bancos comerciales crean también dinero, a lo cual habría que agregar las colocaciones e inversiones financieras que rápidamente se pueden hacer líquidas.

La relación entre reservas y base monetaria no tiene por qué ser del 100 por ciento, como lo proclamaba Domingo Cavallo bajo la convertibilidad, sino que el nivel de ambas variables debería estar subordinado a las necesidades del proceso económico, dirigido a apuntalar un desarrollo independiente y soberano del país. Esto no ocurrió en los ’90, cuando las reservas fueron el reaseguro para que los acreedores pudieran disponer de las divisas necesarias en el momento que decidieran salir del país, que fue lo que terminó sucediendo, provocando el vaciamiento en pocos meses de las arcas del Banco Central. El corralito consecuente tuvo como destinatario al pueblo argentino, que fue el que terminó soportando la confiscación de sus ahorros.

La relación entre reservas y circulante no es mecánica. Para sostenerse, la paridad establecida no necesariamente exige la convertibilidad de toda la base monetaria a la moneda respaldo. Se trata de una relación compleja y sometida a múltiples mediaciones, hasta políticas. Esto se aplica incluso al patrón oro. Durante largos períodos, durante el siglo XIX, el Banco de Inglaterra mantenía una reserva en oro relativamente pequeña en relación con la base monetaria. Sin embargo, en tanto se mantenía la confianza en la convertibilidad a la paridad establecida oficialmente, la libra conservaba su valor. Algo similar se aplica a la relación entre las monedas nacionales y las reservas internacionales.

Nac & pop y emisión monetaria 

Haciéndose eco de esta crítica a los monetaristas, exponentes y voceros del llamado campo nac & pop sostienen que la emisión no produce inflación. Si fuera así, por qué se han empeñado, ahora, bajo el gobierno de Alberto Fernández -y antes bajo el gobierno de Cristina- en esterilizar el dinero en circulación. La realidad es que el Banco Central, bajo el mandato nacional y popular, aplicaba a rajatabla la receta monetarista, a saber: controlar la cantidad de dinero mediante la esterilización monetaria, cosa que ha permitido un negocio excepcional para los bancos.

El Central, de acuerdo con esta óptica, podría emitir todo lo que se le antojase y con eso cubrir sus compromisos. Lo más absurdo de todo es la afirmación de que hacerlo resultaría inocuo para la economía y no tendría ninguna consecuencia sobre el nivel de precios.

El marxismo, como ya señalamos, se oponer al enfoque monetarista: “los precios no son altos o bajos porque circule mucho o poco dinero, sino que circula mucho o poco dinero porque los precios son altos o bajos” (Marx, 1989: 129). Pero Marx también afirma que la emisión monetaria divorciada de un respaldo, desvaloriza el billete. “Las dos afirmaciones están contenidas en la teoría de Marx y las dos son perfectamente compatibles. La primera afirmación es el eje de la crítica de Marx a la teoría cuantitativa. Esto es, dados los precios y dada la velocidad de circulación y la masa de mercancías, solo circula la cantidad de dinero necesaria, y el resto se atesora. Sin embargo, Marx también sostiene que la emisión de billetes sin el respaldo correspondiente los desvaloriza” (Astarita, extraído de Capitalismo zombi, Editorial Biblos, 2016).

Marx distingue las leyes de la circulación del dinero (aquí encaja su crítica a la teoría cuantitativa) de lo que él llama la “ley específica de la circulación de billetes” (Marx, 1999: 156), que dice que la cantidad de papel moneda (estamos hablando del billete de curso forzoso) que ha de circular, representando simbólicamente al oro o la plata, habría de limitarse a la cantidad de oro o plata que circularían si no estuviera el billete. Si la cantidad de papel supera esa medida -o sea, la cantidad de monedas de oro o plata que dice representar-, inevitablemente terminará por representar simbólicamente una menor cantidad de oro o plata (Astarita, ídem). Salta a la vista que bajo estas condiciones, quienes tienen en su poder papel moneda que se deprecia aceleradamente buscan desprenderse de éste lo más rápidamente posible. El papel moneda no funciona como reserva de valor y medio de atesoramiento. 

Factores peculiares

Uno de los elementos distintivos que ha llamado la atención sobre el caso argentino -y que es materia de debate en la búsqueda de una respuesta- es que las explosiones inflacionarias no sólo son un fenómeno recurrente en la historia argentina sino que los guarismos son muy superiores a los niveles usuales en América Latina. Con excepción de Venezuela, Argentina supera sensiblemente a cualquier otro país latinoamericano. Sin que esto implique agotar el tema, una de las principales fuentes y motores de la inflación está asociada a una variación del tipo de cambio que conduce a una depreciación de la moneda local en relación a las divisas de respaldo. Una lectura interesante es la que hace el economista e historiador Guillermo Vitelli, cuando sostiene que las grandes rupturas de la estabilidad de precios en Argentina, al menos a partir de 1948, estuvieron vinculadas con las devaluaciones de la moneda, no a la emisión monetaria. El tipo de cambio inicia la estampida: “esta fue la mecánica impulsora de la ruptura que tiene validez de carácter universal, ya que en todo quiebre, cualquiera haya sido su explicación (…) el tipo de cambio fue el precio que siempre creció previa o simultáneamente a su inicio, anticipándose en su expansión a los restantes precios” (Vitelli, 1986: 90). Lo mismo se aplica a la inflación que arranca con la devaluación de 2001-2002 (Capitalismo zombi, Editorial Biblos). En el año 2002, los precios al consumidor arrojaron un aumento del 40%. Una inflación de esta magnitud recién se va a registrar bajo la gestión macrista. Pero, aun así, la peculiaridad de la Remes Lenicov y Duhalde es que la devaluación no se trasladó, en la misma proporción, a precios y menos aún a los salarios, lo que derivó en un beneficio excepcional de un sector capitalista (principalmente asociado a las exportaciones) sobre los demás, por un lado, y de la clase capitalista como un todo con respecto de los trabadores, por el otro, a partir de la pesificación de los salarios y la tendencia a dolarizar los precios. 

La apelación recurrente a las devaluaciones fue un recurso de la burguesía de nuestro país para contrarrestar el declive del capitalismo argentino, que no sólo se constata en la distancia cada vez mayor que lo separa de las grandes metrópolis capitalistas sino incluso en su pérdida de posiciones y gravitación económica en el concierto de las otras economías del continente. Este recurso, sin embargo, no ha servido para una reversión de la tendencia declinante del capitalismo vernáculo y devolverle el sitial perdido. A lo sumo ha funcionado como una vía, aunque habría que agregar efímera, para ganar competitividad o como barrera proteccionista. La mayor “eficacia” de las devaluaciones recurrentes, por sobre todas las cosas, residió en el golpe infligido al bolsillo de los trabajadores. La contrapartida de los precios ajustados al dólar es la pesificación de los salarios, lo cual reduce los costos laborales y permite mejorar la rentabilidad del capital. Este hecho es otro de los factores que tiene que ver con la “particularidad” argentina. Viene al caso tener presente que la clase capitalista local fracasó toda vez que intentó avanzar en un recorte de los salarios nominales. Recordemos la tentativa frustrada en esa dirección ensayada por López Murphy bajo el gobierno de la Alianza. Eso obligó a la clase dominante a tener que transitar por el expediente tortuoso de la inflación, aunque al precio de desatar una mayor desorganización económica. A su modo, es un testimonio de los límites impuestos por la lucha de clases. 

Por otra parte, Alberto Fernández se ha acordado tardíamente de la estructura oligopólica a la cual adjudica, según sus palabras, el salto en el nivel de precios. Esta sentencia termina siendo autoincriminatoria de su propia gestión y de la década kirchnerista, que no solo convivieron sino que contribuyeron a que se consolidara un mercado altamente concentrado. No olvidemos que el modelo sojero tuvo en los Kirchner a uno de sus inspiradores. Todos los eslabones de la cadena de valor agrícola están en manos de un puñado de monopolios, empezando por los proveedores de insumos, semillas, fertilizantes y agroquímicos, hasta las grandes cerealeras que controlan la comercialización y plantas de procesamiento (aceite y harina de soja, etc.), pasando por los contratistas, pools de siembra y grandes explotaciones agropecuarias que concentran la producción. Lo mismo vale para la industria, donde un grupo selecto de empresas líderes, ya sea nacionales o extranjeras, tiene una posición hegemónica. No está en el radar del kirchnerismo y menos aún del PJ alterar esta matriz. No hay ningún interés ni voluntad de transformar las relaciones de propiedad y sociales de producción. Y lo mismo es extensivo, agreguemos, respecto de la estructura bancaria. Recordemos que el gobierno metió violín en bolsa su proyecto de estatizar Vicentin. En este contexto, el control de precios está destinado a fracasar, como ya ocurrió con los precios cuidados y máximos. La medida anunciada no contempla la apertura de libros y cuentas bancarias, de modo de poder determinar los costos reales de las empresas formadoras de precios y las grandes cadenas de supermercados. Ni un control real que debería estar en manos de los trabajadores y el personal de las propias empresas en lugar de inspectores externos, como se lo pretende instrumentar ahora.

Inflación y bancarrota capitalista

Las presiones inflacionarias, agreguemos, se potencian por la huelga de inversiones. Aunque la caída de la inversión es una tendencia general a escala global, que tiene como telón de fondo las crisis de sobreproducción y sobreacumulación capitalista, así como la caída de la tasa de beneficio que se registra en la economía mundial, eso se expresa con especial agudeza en Argentina, que atraviesa un retroceso de su PBI per cápita. El Banco Mundial ubicó el indicador de PBI per cápita en 2020 en niveles similares a los de 2005 y 1998, y Argentina perdió posiciones en la tabla global (Infobae, 29/8/21). Desde el año 2011 que el país no crece. La inversión capitalista está muy por debajo de lo necesario para compensar la depreciación del capital fijo. En lugar de una reinversión de utilidades, asistimos a una fuga de las mismas al exterior. El dinero radicado en el extranjero asciende a una suma equivalente a un PBI. Cuando se registran caídas de los márgenes de rentabilidad, la clase capitalista apela a subir los precios, aprovechando su posición dominante en el mercado, por un lado, y a reducir los costos laborales, por el otro, atacando el salario y avanzando en la precarización y flexibilización laboral.

Es necesario no olvidar la inflación importada. Sin ir más lejos, estamos frente a un repunte de la inflación a escala mundial. Esto se da sin que la economía haya salido de la anemia que la caracteriza durante las últimas décadas. La recuperación actual, en el mejor de los casos, está haciendo volver la economía mundial a los niveles prepandemia, que, en ese entonces, estaba entrando en recesión. De modo tal que estamos frente a un escenario de estancamiento con inflación (stagflation). La inflación está asociada a los rescates gigantescos puestos en marcha a escala global y en primer lugar en las principales metrópolis capitalistas. Este rescate no ha logrado sacar al capital de su crisis, pero ha sido suficiente para disparar la inflación. La emisión no ha sido inocua, sino que ha terminado por provocar una desvalorización del dólar. Y de paso, desmiente a los apologistas nacionales y populares de la emisión ilimitada, que ponían como argumento que la emisión en los países industrializados no había redundado en inflación. Según las reflexiones de algunos de los referentes nac & pop, si nos aferráramos al mismo parámetro que se utiliza para juzgar la situación del BCRA, habría que concluir que “estaría quebrada la mayor parte de los bancos centrales del mundo”. Pero eso es precisamente lo que está ocurriendo. La economía mundial está sentada en un tembladeral, porque el defol inicial de los bancos y empresarios se ha transformado en un “defol soberano” -es decir, la amenaza latente de cesación pagos en que han entrado los Estados y sus bancos centrales. El Estado norteamericano acaba de estar al borde del defol hasta que el Congreso aprobó aumentar los topes de endeudamiento que habían llegado a su techo. Habría que agregar que esto se potencia por la ruptura de la cadena de suministros y la crisis energética (que ha llevado el precio de los combustibles a las nubes) y que expresan la envergadura que ha adquirido la crisis mundial capitalista. La conjunción de todos estos factores está trayendo un encarecimiento de los insumos y bienes importados, impactando en los costos internos que luego se trasladan a los precios locales.

Una salida de los trabajadores

Las tendencias inflacionarias y deflacionarias se alternan entre sí en el marco de las oscilaciones inherentes a los ciclos económicos que se registran bajo el capitalismo. Cualquiera sea la tendencia que prevalezca, la tentativa del capital es descargar sus consecuencias sobre los trabajadores.

El escenario de stagflation que hoy atravesamos hace que los efectos de una y otra tendencia se combinen: a los flagelos propios de una depresión que va de la mano de pérdida de puestos de trabajo y despidos, se le une la licuación del poder adquisitivo de los salarios derivados del aumento de los precios. La ofensiva capitalista le da más actualidad que nunca a un programa de defensa integral de las condiciones de vida de los trabajadores, que debe partir de la reivindicación de un salario que cubra la canasta familiar y su actualización de acuerdo con el costo de vida, ningún despido, defensa de los convenios en oposición a la precarización -que promueven las patronales- de las condiciones de trabajo. Este programa básico y elemental ha sido abandonado por la burocracia sindical, que viene amoldándose a las exigencias capitalistas, aceptando techos a los salarios y acuerdos muy por debajo de la inflación, así como la introducción de cláusulas de flexibilización laboral. En este marco, el control de precios (cuyos límites insalvables señalamos) al que se ha sumado la dirigencia sindical es simplemente una cortina de humo para disimular esta capitulación.

En este marco, cobra especial fuerza las palabras del “Programa de Transición” de la IV Internacional, escrito por León Trotsky: “Ni la inflación monetaria ni la estabilización pueden ser consignas para el proletariado, porque ambas son caras de una misma moneda”. La lucha contra la inflación no puede ser encarada como un compartimento estanco y disociado de una salida de conjunto. No olvidemos que los planes de estabilización puestos en marcha históricamente por la burguesía han traído aparejados brutales golpes a los trabajadores. La clase capitalista se vale de la inflación o la estabilización, según las circunstancias, pero el pato de la boda siempre son los trabajadores.

La inflación responde a distintos factores, pero tiene como base común y hunde sus raíces en desequilibrios y contradicciones irreprimibles y cada vez más explosivas de la gestión capitalista. A los problemas generados por la bancarrota capitalista en curso se le unen factores peculiares que potencian esta tendencia. La salida pasa por una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales. Tarea que está reservada a los trabajadores. La creación de una moneda estable plantea antes que nada poner fin al régimen de saqueo vigente, lo que plantea como punto de partida el cese de la sangría que representa el pago de la deuda usuraria, la nacionalización de la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales al exterior y un saneamiento y recapitalización del BCRA, revirtiendo la quiebra en que se encuentra mediante un impuesto extraordinario al gran capital. A través de estas medidas se podrá disponer y hacer uso del ahorro y las divisas bajo una nueva perspectiva y orientación social. Una moneda estable, en este caso, será parte y estará al servicio de un plan económico general de transformación social que tendrá como prioridad las necesidades sociales y un desarrollo independiente del país, en contraste con las salidas capitalistas en danza, que apuntan a profundizar un ajuste y son una fuente recurrente de confiscación y despojo del país y de la población laboriosa.