agosto 2022

La represión en el cuerpo de las mujeres bajo la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en Argentina

Introducción

Durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar en Argentina la represión sobre el cuerpo de la mujer tuvo especificidades propias. Las agresiones sexuales que sufrieron las mujeres detenidas fueron desde violaciones, abusos, vejaciones, hasta abortos forzados, obligarlas a parir en situaciones inhumanas y la sustracción de sus bebés. Muchos de estos delitos, particularmente los de violación, fueron silenciados por décadas y, en la mayoría de los casos, comenzaron a ser denunciados recién a comienzos de la segunda década del presente siglo.

Este trabajo pretende indagar sobre la utilización de la agresión sexual específicamente en el cuerpo de las mujeres como método represivo por parte del Estado durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar en Argentina. A su vez, busca dar cuenta de la situación en la que se encontraba el movimiento de mujeres durante los años previos al golpe de Estado genocida, en un intento de buscar las motivaciones sobre el ensañamiento particular sobre el cuerpo de las mujeres por razones de género, comprendiendo que la desarticulación de cualquier tipo de autonomía fue uno de los objetivos primarios de la dictadura militar en Argentina. Se entiende por “autonomía” la capacidad de un colectivo social de llevar adelante prácticas autónomas en tanto grupo social¹. Al mismo tiempo, se parte de la premisa de que el control sobre el cuerpo de la mujer, en particular, es constitutivo del sistema capitalista en el que se desenvolvió el proceso genocida del que trata el presente trabajo.

Al mismo tiempo se busca indagar sobre cómo influenciaron las transformaciones sociales respecto de la concepción sobre la violencia de género en la incorporación de este tipo de delitos en los Juicios de Lesa Humanidad.

Las mujeres en Argentina antes de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar

El proceso genocida en Argentina buscó aniquilar a una porción activa y despierta políticamente de la población, principalmente de la clase obrera organizada, para aleccionar y disciplinar, a partir del terror, al conjunto de la sociedad argentina en un sentido de obediencia al poder de la clase dominante y del imperialismo yanqui. El proceso de privatizaciones que siguió a los años de la dictadura durante los sucesivos gobiernos democráticos responde a este plan económico orquestado desde los altos mandos del poder. Esto da cuenta de que la última dictadura cívico-eclesiástica-militar en Argentina dio inició a un proceso genocida de largo alcance, “cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad por medio del aniquilamiento de una fracción relevante (sea por su número o por los efectos de sus prácticas) de dicha sociedad y del uso del terror, producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales de modelos identitarios”².

Las décadas del 60 y 70 fueron escenario de una aguda lucha de clases. La lucha obrera en Argentina, había encontrado la solidaridad de un movimiento estudiantil masivo y activo que, motivado por el Mayo Francés, la Revolución Cubana, la resistencia en Vietnam y la profunda crisis económica que se vivía en todo el mundo, ponía una vez más en evidencia que la búsqueda de ganancia del capitalismo choca permanentemente con las necesidades sociales. Por eso, los acontecimientos como el Cordobazo, los Rosariazos, y el Viborazo, contaron no solo con la participación de barrios obreros enteros sino también con la de estudiantes secundarios y universitarios.

La participación de las mujeres en ese periodo tanto en los acontecimientos de lucha obrera y sus organizaciones, era alta. Esto sucedía al calor de un proceso de fuerte incorporación de las mujeres al mercado laboral, especialmente en la industria, cómo lo hizo notar la historiadora Mirta Lobato “el empleo femenino aumentó particularmente entre 1960 y 1970, en el que la tasa neta de actividad pasó del 23% al 27%”³. Las condiciones económicas habían modificado la estructura familiar de las décadas anteriores en la que la mujer permanecía realizaba las tareas domésticas dentro de la casa mientras que el hombre era el que mantenía económicamente a la familia. Este marco estructural puso en cuestión, de hecho, los roles de género dentro de la familia. La mujer ahora debía trabajar dentro y fuera de la casa. Junto con las mujeres obreras, las estudiantes secundarias y universitarias⁴ sumaban masivamente las filas de las organizaciones populares.

Resulta interesante tener en cuenta que así como la lucha de clases en Argentina era una expresión nacional de una situación mundial en donde la clase obrera se organizaba y resistía para defender las conquistas y condiciones de vida que caían junto con los estados de bienestar. La masiva participación de las mujeres en estos movimientos de lucha se configura en paralelo con la aparición del Feminismo Radical norteamericano, la llamada “Segunda Ola” del feminismo que cuestionaba la estructura patriarcal también en la esfera de lo “privado”, poniendo en evidencia la estructura de poder relacionada a los roles de género.

En Argentina, si bien la participación de las mujeres en la actividad política y gremial de los lugares de trabajo y estudiantiles era masiva, los grupos específicos de mujeres que comenzaban a gestarse eran embrionarios pero daban cuenta de que se comenzaba a percibir la especificidad de la opresión sobre las mujeres en el ámbito privado y el público y la necesidad de una organización autónoma de las mismas. Algunas de ellas tenían un perfil definidamente feminista, mientras que otras no se autodenominaban de ese modo pero tomaban la cuestión de la especificidad de la opresión de las mujeres en un marco más general de lucha por una transformación social.

A finales de la década del 60 se forma el Movimiento de Liberación Femenina (MLF), y en 1970 se forma la agrupación UFA (Unión Feminista Argentina). Además, aparecieron grupos de mujeres con formación marxista de algunos partidos revolucionarios que comenzaron a tener reuniones donde discutir “sus” problemáticas, son el caso del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) impulsó durante un periodo una publicación llamada “Muchacha”. Política Obrera⁵, por su parte, desarrolló una extensa agitación sobre las mujeres de la clase obrera, en la lucha por guarderías en los lugares de trabajo, y la provisión de anticonceptivos que había sido limitada en el año 1974 bajo el gobierno de Perón, con López Rega como ministro de Bienestar Social⁶. Entre los años 1973 y 1974 Montoneros también contó una organización de mujeres llamada “Agrupación Evita” con un perfil definido como “mujeres peronistas”⁷. Es interesante notar la importancia, dentro de todas las organizaciones populares, de contar con ramas femeninas que comenzarán a tratar la especificidad de la situación de las mujeres.

A la lucha por las condiciones materiales de existencia se sumó el cuestionamiento al arduo y silencioso trabajo al que el capitalismo condenó a la mujer en la familia: cuidado, limpieza y alimentación.

El alto nivel de politización y movilización popular de las décadas del 60 y 70 estaba agitando el avispero de toda la estructura de poder. Al cuestionamiento y la lucha por las condiciones materiales de existencia se comenzó a sumar, como no podía ser de otra manera, el cuestionamiento a ese trabajo arduo y silencioso al que el capitalismo condenó a la mujer en la familia; cuidado, limpieza, alimentación, que se hacen en nombre de un tal “instinto” y sin ningún tipo de remuneración a cambio. Un rol que fue construido socialmente en función de los intereses del capital a lo largo de siglos, y que precisó de un largo trabajo de degradación y humillación hacia la mujer para desvalorizarla y convencerla de que había nacido para eso. Esto no podría haberse llevado a adelante más que a partir de un proceso sumamente violento cómo lo señala Silvia Federici. “En el corazón del capitalismo no sólo encontramos una relación simbiótica entre el trabajo asalariado-contractual y la esclavitud sino también, y en relación con ella, podemos detectar la dialéctica que existe entre acumulación y destrucción de la fuerza de trabajo, tensión por la que las mujeres han pagado el precio más alto, con sus cuerpos, su trabajo, sus vidas”⁸.

La organización de las mujeres y la participación de éstas en las luchas populares, en el marco de un proceso más general de cuestionamiento a los roles de género, pero aún sin cuestionar del todo la estructura patriarcal familiar y el rol que se le asigna a la mujer en ese marco, subvertía la imagen de la mujer como mera engendradora de hijos y ama de casa en sí mismo. El hecho de organizarse autónomamente y colectivizar con otras mujeres experiencias de vida, de pareja, de maternidad, colectivizaba cosas que antes eran vivenciadas en el aislamiento.

Las mujeres militantes de los 60 y 70 comenzaron a aparecer en el escenario de la vida pública, eligiendo poner su cuerpo en función de la lucha por una transformación social, sin percibir quizás que ese elegir poner su cuerpo para la transformación social también significaba cuestionar todo aquello por lo que su cuerpo había sido educado y disciplinado; trabajar, satisfacer al hombre, engendrar, parir. Elegir utilizar su cuerpo para la lucha, en sí mismo, tenía el poder de cuestionarlo todo.

La doble subversión de la mujer

El proceso genocida en Argentina, junto con el respaldo y participación directa de la Iglesia Católica, le otorgó a la familia un rol fundamental para imponer el orden y la obediencia. El modelo de familia que se buscaba imponer estaba estructurado jerárquicamente, replicando la estructura política de poder. El padre, jefe de la horda de ese grupo primario, debía jugar el rol de protector y garante del orden en casa. Desde su rol de jefe, el padre debía impartir valores que garanticen la obediencia de la madre e hijos. Había que obedecer al Estado, a la Iglesia y al padre.

La sociedad de conjunto fue infantilizada por el poder dictatorial. Es interesante recordar lo que escribió Guillermo O’Donnell al respecto: “ese pathos autoritario encontró ecos importantes, en parte porque muchos padres sintieron que ´retomando el mando´ para garantizar la despolitización de sus hijos los salvarían del destino de tantos otros jóvenes, nuestras entrevistas con psicoanalistas y psicólogos sugieren que se acentuaron los rasgos más represivos e infantilizantes de muchas familias (modelo patriarcal sobre el cual, por otra parte, machacaron la propaganda oficial y la comercial)”⁹. Pero particularmente lo fueron les jóvenes y las madres, quienes sólo debían acatar las órdenes del padre para preservarse de la “perversión subversiva”.

La mujer era llamada a cumplir su rol de madre y esposa, acorde con los postulados católicos que con la Iglesia Católica le daban fundamento ideológico (y por supuesto también material) a la estructura jerárquica familiar que forzaba a la obediencia y el silencio. Por eso, la política sobre “la familia” y “la mujer” era sistemática por parte de la Junta Militar.

El Boletín Semanal del Ministerio de Bienestar Social (MBS) N°10 del 4 de octubre de 1976 lo expresaba de este modo: “…porque si la familia fracasa, ni la sociedad ni la nación podrán sostenerse ante la acción disolvente de ideologías extremistas. Además, el joven, varón o mujer, separado de su familia, ya no está en condiciones de valerse por sí mismo, y mucho menos de defenderse de la sugestión y adoctrinamiento de agentes ideológicos, que los enrolan en misiones que parecen generosas, pero que utilizan la violencia y la crueldad aún para con aquellos que intentan luego apartarse. Quedan entonces prisioneros, con un lavado de cerebro y sin poder diferenciar el bien del mal”.

La cuestión de la sexualidad también era un eje en la orientación política de la dictadura, como lo expresa el Boletín semanal No. 12 del 18/10/1976; “La difusión de teorías y conceptos sobre sexo, orientados con evidente planificación psicológica y con propósitos distintos a los que aparentan ha traído como consecuencia en una parte de la juventud un desaprensivo desenfreno en detrimento de algo tan sagrado como la intimidad y el decoro”. Y Continúa; “Lo lamentable, además, es que la difusión de estas ideas con el aumento de estas prácticas, ha traído aparejado un aumento también de las enfermedades sexuales, como nunca se ha visto. Y ha resultado que en nuestros días ya no es la prostituta la más importante transmisora de las enfermedades sexuales, sino la amiga promiscua, la amiga de circunstancias, en la cual los jóvenes confían, son contaminados y contaminan luego a su vez”.

Es interesante notar la elección del género para describir a esas “transmisoras de enfermedades” que son mujeres en situación de prostitución, amigas promiscuas o amigas de circunstancias. Mujeres que infectan a los jóvenes que confían en ellas. Bien uno puede imaginarse el acto en el que Eva come la manzana de la perdición para condenar a toda la humanidad. Esto pone en evidencia que la cuestión de la liberación sexual de la mujer, su posibilidad de elegir con quien tener relaciones sexuales, que estas sean fuera del matrimonio, era un elemento fundamental para imponer el disciplinamiento general de la sociedad, partiendo de la “sagrada familia” para reorganizar a la sociedad en la obediencia tras los valores y la moral católica.

La dictadura buscó romper los lazos sociales que con la lucha popular se habían gestado durante los años previos al golpe, infundiendo el terror en la sociedad con la desaparición sistemática de personas, la existencia de los Centros Clandestinos de Detención y la represión sistematizada “legal” e ilegal. Junto con esto, la política hacia la familia y la sexualidad comportaron dos conceptos claves que, en el ámbito de lo “privado”, la dictadura utilizó para intervenir en la vida de las personas de manera de controlar el comportamiento de la población e imponer, conductas morales basadas en los valores cristianos.

Es en este marco que el rol de la mujer militante, revolucionaria, pone en cuestión ese orden jerárquico en un doble sentido; cuestionando a una sociedad que busca transformar, y en ese mismo acto, cuestionando su propio rol dentro de esa sociedad. Un rol fundamental para sostener la estructura familiar patriarcal y cuyas tareas dentro de la misma se le han impuesto como “naturales”. Su militancia además la lleva a cuestionar su rol como mera reproductora de fuerza de trabajo, la desvalorización de su trabajo respecto del hombre en el mercado laboral y su mentado “instinto” que la “invita” a trabajar gratis todos los días de su vida dentro del hogar. Condiciones que impusieron una jerarquía construida a partir del género y que, como dice Federici, “se hicieron constitutivas de la dominación de clase y de la conformación del proletariado moderno”¹⁰.

Resulta importante comprender entonces, que la especificidad de la opresión de las mujeres es constitutiva del sistema capitalista. A partir del género, la clase dominante buscó dividir a la clase obrera para imponer un control social que atraviesa la esfera pública y la privada. Por lo tanto, una mujer que se organiza para luchar contra las condiciones que impone el capitalismo, es una mujer que está comenzando a cuestionar, aunque no sea del todo consciente de ello, lo más profundo de la estructura de poder del capitalismo.

Durante guerras y procesos genocidas, las violaciones y abusos sexuales masivos son siempre una herramienta de guerra más por parte de los ejércitos.

No está de más retomar las propias palabras de los represores para dar cuenta de que la especificidad de la represión sobre las mujeres es un hecho irrefutable. En el año 1976, Roberto Viola quien era entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, aprobó un documento denominado “Instrucciones para Operaciones de Seguridad” en el que puede leerse lo siguiente: “El personal femenino podrá resultar tanto más peligroso que el masculino, por ello en ningún momento deberá descuidarse su vigilancia” (…) El personal militar no deberá dejarse amedrentar por insultos o reacciones histéricas”¹¹.

El ataque a la sexualidad de las mujeres como disciplina y escarmiento

Es pertinente tener en cuenta que durante guerras y procesos genocidas las violaciones y abusos sexuales masivos son siempre una herramienta de guerra más, por parte de los ejércitos. Durante la Primera Guerra Mundial, así los sufrieron las mujeres en Alsacia y Lorena, en la Segunda Guerra Mundial se registraron violaciones masivas por parte de las tropas nazis en su avance sobre Europa. El ejército estalinista, en su avance sobre el Tercer Reich, violaba a las mujeres de territorios ocupados por el ejército alemán; Berlín, Polonia, países Bálticos, Rumania, Hungría, República Checa y Eslovenia. En la guerra de Asia, el ejército japonés violó y esclavizó a 200.000 mujeres provenientes de Corea, China, Filipinas e Indonesia entre 1932 y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. También, se estima que la toma de la ciudad china de Nanking por el Ejército Imperial japonés, implicó el asesinato de 300.000 personas, y la violación de 20.000 mujeres antes de ser asesinadas¹². En Argelia, el ejército francés llevó adelante violaciones masivas a mujeres árabes entre los años 1954 y 1962. Durante la guerra de Vietnam los soldados norteamericanos también violaron masivamente a mujeres. En el conflicto de Ruanda cerca de 250.000 mujeres fueron violadas, algunas de las cuales dieron a luz a 20.000 bebés. En Camboya, Sierra Leona, República Democrática del Congo, Liberia, Bosnia Herzegovina – Ex Yugoslavia.

Más recientemente, refugiados de los campos de Jordania, Turquía, Alemania y Líbano han denunciado violaciones masivas durante el conflicto en Siria. Son ampliamente conocidos los hechos de violaciones por turno y luego asesinatos por parte de soldados norteamericanos en Irak. Y así la lista puede continuar, en la medida en que se va tomando conocimiento público por la masividad de las denuncias, que generalmente son muy posteriores a los hechos.

Durante las dictaduras cívico-eclesiásticas-militares de América Latina también se llevaron adelante violaciones masivas. En Colombia, Guatemala, Perú, Chile, Argentina. Por nombrar sólo algunos de mayor renombre.

Las violaciones masivas son un arma de guerra y los soldados son incentivados a llevarlas adelante por razones étnicas, para desmoralizar y aterrorizar al conjunto de la población. Su frecuencia y masividad dan cuenta de que estas violaciones no son un exabrupto de algunos militares descarriados sino que la agresión sexual es una línea de acción contra el enemigo, perfectamente organizada desde los altos mandos.

En La Guerra contra las Mujeres, Rita Segato dice que el “Uso y abuso del cuerpo del otro sin que este participe con intención o voluntad, la violación se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima, cuya reducción es justamente significada por la pérdida de control sobre el comportamiento de su cuerpo y el agenciamiento del mismo por la voluntad del agresor. La víctima es expropiada del control sobre su espacio-cuerpo”¹³.

El control sobre el cuerpo del otro, en el caso tanto de mujeres como varones secuestrados, es una respuesta por parte del poder para amedrentar, doblegar, y luego, en muchos casos, aniquilar a esos cuerpos que habían actuado con autonomía al organizarse y militar por una transformación social.

La violación además, juega un rol fundamental en reducir la moral del otro, “La violación, la dominación sexual, tiene también como rasgo conjugar el control no solamente físico sino también moral de la víctima y sus asociados. La reducción moral es un requisito para que la dominación se consume y la sexualidad, en el mundo que conocemos, está impregnada de moralidad”¹⁴.

Se puede decir entonces, tomando a Segato, que la violación tiene dos funciones; la dominación física y la reducción moral de la víctima. La acción de violentar la sexualidad de la víctima busca derrotarla psicológica y moralmente. Importa tener en cuenta que las agresiones sexuales no son motivadas por la pulsión libidinal para satisfacer el deseo sexual, sino para dominar y ejercer poder sobre el cuerpo de la víctima.

En este sentido es interesante escuchar la reflexión de las propias víctimas. Silvia Ontiveros quien fue secuestrada durante 18 días y violada por entre 10 y 12 hombres decía “…era sádico porque digo, qué placer puede tener un hombre (…) de tener una erección o una situación de placer (…) qué es lo que les pasa al poder hacer una penetración, para hablar bien crudo, a una mujer que está vendada, que está en esas condiciones, mugrienta, muerta de hambre”¹⁵.

En efecto, la intención no es satisfacer el deseo sexual sino ejercer el poder sobre su cuerpo. La reducción moral a la que se somete a la víctima tiene que ver con deshumanizar todo aquello que la constituyó como mujer, ese conjunto de representaciones culturales respecto a su sexualidad, que están absolutamente ligadas a su rol en la sociedad en la que vive y en la cual tienen sentido todas esas representaciones. La sexualidad, que como dice Segato está cargada de moral en esta sociedad, y por lo tanto, juega un papel clave en deshumanizar a la víctima y vulnerar su identidad.

Escarmentar a la madre

No es redundante insistir sobre todo el peso de la carga cultural, los estigmas, los tabúes, que tiene la sexualidad en nuestra sociedad y que recae sobre las víctimas de violencia sexual afectando lo más íntimo de su identidad. Esta es una de las razones por las que es tan difícil para las víctimas poner en palabras este tipo particular de agresión.

Las secuestradas bajo la última dictadura cívico-eclesiástica-militar en Argentina sufrieron, en el marco de la especificidad en la agresión hacia ellas por su condición de género, escarmientos particulares cuando eran madres o estaban embarazadas.

Los testimonios de las víctimas son muy alusivos en este sentido y se puede ver con claridad cómo los represores buscaban amedrentarlas utilizando insultos relacionados con su rol de género, la maternidad, por ejemplo.

“Se burlaban, se cagaban de risa, yo tenía otro problema que es que estaba dando de mamar, entonces los pechos se me llenaban de leche, tenía que ir al baño a sacármela y se quedaban ahí conmigo y me cantaban ´hay madres que abandonan sus hijos inocentes´. Yo me sacaba la leche y el tipo me cantaba eso”¹⁶.

“El tema de decirte, de culpabilizarte peor, todavía, de decirte ‘en lugar de estar cuidando a tus hijos, ¡mira en lo que te metiste!’, y a veces dicho por las propias guardias, eso ya cuando pasamos otra etapa de la legalidad (…) a la Alcaldía de Jefatura”¹⁷.

Charo Moreno, en el documental Campo de Batalla. Cuerpo de Mujer, contaba: “Yo caigo embarazada, tengo 18 años, antes del golpe, con el gobierno de Isabel Perón, las Triple A de López Rega nos detienen, 4 de noviembre del 1975 (…) yo estaba embarazada de unos 3 meses, casi 4, una cosa así. Y bueno, en esa cosa que uno tiene, de desesperación, dije “cuidado, cuidado que estoy embarazada”. ¿Qué ridiculez, no? ¡¿Qué cuidado?! Y creo que me jugó en contra porque los golpes eran una forma de tortura y eran golpes en la panza, especialmente en la panza. Diciendo, ¿vos te crees que vamos a dejar que nazca un guerrillerito más? (…)”

A estos testimonios se suman toda una perversa batería de propaganda hacia el conjunto de la población relacionada con culpabilizar a las mujeres que “abandonaron a sus hijos”, esas mujeres a las que el Estado secuestro, torturó de las maneras más perversas posible y, en algunos casos, aniquiló.

La maternidad fue utilizada para torturar psicológicamente a las mujeres. La contraposición de la militancia con la maternidad se impone por parte de los represores de manera absolutamente perversa, culpabilizándolas por abandonar a sus hijos, a mujeres que habían sido privadas de su libertad, torturadas, violadas por los mismos represores que de manera pérfida y siniestra las aleccionaban sobre cómo debían ser madres.

Con esta misma perfidia los represores, que también han practicado abortos forzados en mujeres secuestradas, insultaban a las mujeres increpándolas sobre cuántos abortos se habían hecho, como recuerda Miriam Lewin:

“En el medio de la tortura me decían “hija de puta”, “puta montonera”, “¿En cuántas orgías estuviste?”, “¿Cuántos abortos te hiciste?”. Esto es una cosa que me lo repitieron varias veces. “¿En cuántas orgías estuviste?” Y más aún “¿Cuántos abortos te hiciste?”. Es más, algunas cosas eran exclamaciones que contribuían a desestabilizarme, pero el tema de los abortos me lo preguntaban y hacían un silencio como esperando que yo efectivamente les respondiera. Yo no me había hecho ningún aborto y en realidad no entendía para qué me lo preguntaban. Yo creo que lo de los abortos era como el súmmum de la degradación, ¿no? Que eras puta, que te habías acostado con un montón de tipos en orgías y que además te habías hecho varios abortos. Ese era el modelo de mujer militante demonizado que ellos tenían en su cabeza”¹⁸.

En este testimonio se muestra claramente cómo en la búsqueda de degradar a la víctima, se la insulta por “puta”, por la posibilidad de haber utilizado su cuerpo con la autonomía de haber elegido establecer relaciones sexuales que transgredían las imposiciones morales de la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Del mismo modo, se las increpa por “aborteras”, pero al mismo tiempo los represores llevaron adelante abortos forzados a partir de la tortura. El aborto entonces, era un problema en la medida en que eran las mujeres las que decidían si se lo hacían o no.

También, durante las sesiones de tortura, buscaban afectar a las víctimas psicológicamente diciéndoles que ya no iban a iban a poder tener hijos, que ya no iban a poder jugar el rol al que eran llamadas en esta sociedad. Liliana Reynaga recuerda “…los pezones, que me los quemaban muchísimo, y luego la vagina, introdujeron la picana y mientras ellos se reían, por supuesto se mofaban y me decía, esto chiquita se llama coito eléctrico, con esto no vas a poder tener nunca hijos. Y te vas a cagar, por pelotuda. Vos que decís que no conocés a nadie, que no te acordás. Esto te lo vas a acordar para toda la vida”¹⁹.

Y respecto de las violaciones de las que Liliana fue víctima decía; “Lo cuento pero bajo reserva. Yo no quería que los periodistas se enteren, no quería que la gente se entere, no quería que mi papa se entere. (…)Tenía mucho miedo sobre qué iban a decir de mí, no de ellos.”

La carga moral sobre la sexualidad en nuestra sociedad implica que la mujer, además de ser violada, se sienta responsable y estigmatizada por haber sido violada. La sombra de la seducción femenina, junto con la idea de que el hombre no puede controlarse cuando la mujer lo seduce, está marcada con fuego en el cuerpo y el alma de cada una de las mujeres. El hecho de la violación, viene acompañado de la suspicacia de que la víctima provocó al violador. Junto con esto, una mujer violada, es una mujer ya usada, descartada. Con esa carga moral sufrían las torturas las víctimas mujeres del terrorismo de Estado. Un tipo de tortura con efectos profundos y prolongados en el tiempo.

Estos efectos profundos y prolongados también están a la base de la enorme carga moral que hace difícil para la víctima relatar estos hechos, elemento que se combina con el problema de la falta de escucha. Como lo señala Victoria Álvarez, “Esa violencia de largo alcance explica la falta de disposición a escuchar y acompañar a las mujeres que quieren compartir sus testimonios. Huelga decir que, aún en nuestros días, no es raro escuchar discursos culpabilizantes de las mujeres víctimas de abuso sexual (por su forma de ser, por su vestimenta, etc.)”²⁰.

Es importante hacer notar que el peso moral que tiene la sexualidad y que tiene una directa repercusión sobre la identidad de género, también afectó a las víctimas hombres. No solamente porque varios de ellos también fueron objeto de violaciones y abusos sino además porque el daño sobre el cuerpo de las mujeres aparece como un medio para disciplinar a los varones. El cuerpo de la mujer también se transforma en un medio para castigar a los hombres.

Fernando Rule, en su testimonio cuenta; “Hay una situación muy fea, que a mí me cuesta contar pero no puedo evitarlo. En un momento me sacan del calabozo y me dicen para qué, antes de abrir la puerta: ´Negrito, vamos a ver lo que le hacemos a tu mujer´, ´te vamos a mostrar lo que le hacemos a tu mujer´. Y no me sacan la venda, pero me obligan a tocarla. Estaba colgada de la puerta del calabozo, abierta (…) Estaba colgada de algún modo de la puerta, desnuda, y me hacen que la toque toda, para que vea que estaba desnuda. Ahí la violan y dicen cosas. En realidad, debo admitir que no me porté como un héroe, porque se ve que no me daba el cuero, parece”²¹.

En este caso, es el cuerpo de la mujer el que es utilizado para vulnerar esa identidad de género masculina, construida alrededor de la idea de que la mujer es propiedad del hombre y que éste debe defenderla, debe actuar como un héroe. Lo que justamente los represores buscan mostrarle a Fernando es que él no va a poder defenderla “como lo haría un hombre”, vulnerando también su identidad de género. Pero es sobre el cuerpo abatido de su mujer, que los represores dejan su marca para destruir la moral de ambos.

La violación como crimen de lesa humanidad. Un largo recorrido.

Los organismos de Derechos Humanos y los partidos de izquierda lucharon, desde antes del retorno a la democracia, por el juicio y castigo, por la aparición de les desaparecides y para que las historias de quienes fueron secuestrades no cayeran en el olvido. El primer periodo a partir de la vuelta a la democracia fue signado por una visión republicana orientada a un enfoque desde los derechos humanos universales, no a los sujetos concretos. A la vez que se instaló la figura de los “dos demonios” que colocaba en igualdad de condiciones el accionar de los grupos guerrilleros con el de los militares que habían tomado el poder del Estado con la participación de civiles, como empresarios, y la Iglesia Católica. Se fogueó una concepción de la víctima como despojada de su identidad militante y política, y en ese mismo acto, se buscó mostrar a la violencia estatal como desvinculada del capitalismo y el liberalismo²². Y si bien en los testimonios recogidos por la CONADEP se denunciaron violaciones sexuales, éstas no fueron tenidas en cuenta como un delito específico.

En el Juicio a las Juntas del año 1985 se establece que lo que se llevó a cabo fue un plan sistemático de exterminio, sin embargo sólo se condenó a cinco de los militares acusados y se absolvió a cuatro de los nueve represores que habían ido a la justicia. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución. Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años de prisión, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión. Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos. En el año 1986 se decretó la Ley de Punto Final que estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados y al año siguiente se promulga la Ley de Obediencia Debida que estableció que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida”.

Estas leyes inauguraron un largo periodo de impunidad. Entre los años 1989 y 1990 el entonces presidente Menem indultó, a través de decretos, a 1200 personas.

El cuerpo de la mujer es utilizado también para vulnerar la identidad de género masculina, construida alrededor de la idea de que la mujer es propiedad del hombre y que éste debe defenderla.

Hacia el final de la década menemista había un alto nivel de conflictividad en el que distintos sectores sociales estaban movilizados por demandas relacionadas a la acuciante situación económica que vivía el país y también contra la impunidad. Es la década en la que surge el movimiento piquetero como un factor explosivo de la lucha de clases y también es la década de la aparición de H.I.J.O.S., que con el método del escrache público a los genocidas, acompañados por otros organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, mostraron la inviabilidad de la política de impunidad.

Este es el contexto en el que el Congreso Nacional durante el año 1998 es forzado, por la movilización popular, a derogar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En el marco de un proceso de movilización cada vez más álgido, cuyo pico fue el 19 y 20 de diciembre de 2001 pero que continuó varios años más.

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron definitivamente anuladas en 2003. En junio de 2005 la Suprema Corte de Justicia declaró su invalidez e inconstitucionalidad y en 2006 la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales. Allanando así el camino hacia la reapertura de los juicios.

En el plano internacional, durante el año 1998, particularmente a partir del proceso genocida en la ex Yugoslavia y Ruanda, en el que la violencia sexual contra las mujeres tomó estado público por su masividad y crueldad, la Corte Penal Internacional, mediante el Estatuto de Roma, tipificó la violencia sexual como crimen de lesa humanidad²³.

Es importante tener en cuenta que las modificaciones jurídicas en el plano internacional son apalancadas por distintos movimientos de mujeres que, aunque muy heterogéneos en sus objetivos políticos, lograron imponer una visión feminista a la concepción universalista de los derechos humanos. Es así que en 1993, la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos llevada a cabo en Viena, reconoció por primera vez que la violencia contra las mujeres constituía una violación a los derechos humanos y las Naciones Unidas llevó adelante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por su sigla en inglés como CEDAW. En Argentina, este Tratado adopta rango constitucional en el año 1994.

Hacia fines de los 90, el movimiento de mujeres comenzaba a ascender en Argentina, como lo demuestra el hecho de que todas las organizaciones políticas comienzan a contar con organizaciones femeninas y empiezan a aparecer además una gran variedad de grupos feministas de izquierda por fuera de los partidos, que se fueron organizando en las asambleas populares, espacios culturales y las universidades. Además, dentro del extenso movimiento piquetero se organiza una comisión de mujeres dentro de la Asamblea Nacional Piquetera del año 2003²⁴, que redacta un documento que se declara en lucha contra la violencia de género y por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. En ese mismo periodo se organiza la asamblea por el derecho al aborto dirigida por Dora Coledesky.

Este es el marco en el que se reanudan los juicios a las juntas militares y que por primera vez, las víctimas del terrorismo de Estado comienzan a denunciar masivamente los ataques sexuales que recibieron por parte de los represores. Al día de hoy, aunque el paso del tiempo garantizó la impunidad de la mayoría de los represores contrariando la firmeza de los testimonios de las víctimas, se han logrado sentencias que condujeron también a la condena de imputados por crímenes de violencia sexual.

Conclusiones

La represión durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar en Argentina se ha manifestado con toda su fuerza y su violencia sobre los cuerpos de las mujeres secuestradas. Aunque también sobre el de los varones, hemos visto que la represión estatal sobre las mujeres implicaba una especificidad que estuvo signada por el género, ya que con la vejación del cuerpo de las mujeres se buscó también desmoralizar a los hombres.

El peso específico de la represión sobre el cuerpo de las mujeres, en un periodo en el que la clase dominante impuso con el terror la ruptura de los lazos de solidaridad que con las experiencias de la lucha popular se habían generado en el periodo previo al golpe de Estado para imponer un plan económico en el país favorable a sus intereses y a los del imperialismo yanqui, tiene su fundamento en la propia constitución y estructura de poder capitalista.

Vimos que a lo largo y ancho del mundo, durante los periodos de fuertes crisis y guerras, en los que el poder de la clase capitalista tambalea y por lo tanto, deja a un lado su imagen “democrática”, “participativa”, “inclusiva”, para mostrar su verdadera cara represiva e imponer con toda la fuerza su poder, las mujeres son el blanco principal para imponer el orden y la obediencia nuevamente.

Los avances relacionados con el marco jurídico y legal que dieron lugar a la posibilidad de que las víctimas de la represión del Estado durante los años 1974-1982 en Argentina fueran escuchadas y reconocidas, además del marco internacional apalancado por el movimiento de mujeres, fueron producto de la tenaz lucha de organismos de derechos humanos, partidos de izquierda y organizaciones de mujeres que levantaron los reclamos de los derechos de las mujeres en el marco de las movilizaciones populares que enfrentaron las consecuencias económicas que comenzaron a imponerse bajo la dictadura cívico-eclesiástico-militar y que continuaron imponiéndose durante los gobiernos democráticos que siguieron.

En la actualidad, la “marea verde” que consiguió el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para todas, y es el resultado de la lucha de las mujeres a lo largo de décadas, es el mejor marco de contención y escucha que necesitaremos seguir fortaleciendo para defender lo conseguido, y enfrentar a este sistema económico y social que, en última instancia, nos quiere sumisas y en silencio.

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