Adónde va Cuba

Luis Oviedo

Como parte de su campaña electoral de corte terrorista, Bush decretó la restricción de los viajes a la isla de los cubanos exiliados en Estados Unidos y la reducción de las remesas que pueden enviar a sus familiares. Las remesas provenientes de las familias cubanas en el exterior superan los 1.200 millones de dólares anuales y son la principal fuente de dólares de Cuba.

El tiro por la culata

Aunque con las nuevas sanciones Bush busca asegurarse el voto de los cubanos exiliados en Miami, las medidas despertaron una rebelión en su contra entre los exiliados, que las califican como “un ataque a la familia”. La Iglesia (en Miami y en Cuba), la mayoría de las organizaciones de exiliados y los opositores dentro de Cuba salieron a pedir su derogación.

“Hay ira contra Bush en la ciudad” (Miami Herald, 22/6). Según el mismo diario, existe la posibilidad, catastrófica para el presidente, de que los exiliados que hasta ahora no se habían registrado para votar lo hagan “en masa” contra él.

Tampoco es clara la efectividad de las medidas dictadas por Bush. En la actualidad casi todas esas remesas (95%) llegan a Cuba por fuera de los circuitos bancarios (El País, 3/7). Lo más probable es que su impacto sea temporalmente limitado, hasta tanto se armen las redes que permitan “triangular” las remesas hacia terceros países y de allí hacia Cuba. Un armado que, según el diario madrileño, “Bush no podrá controlar”.

Golpe a las masas

El gobierno cubano respondió a estas medidas con un aumento del 15% de los precios en las llamadas “tiendas del Estado”, a las que recurren los cubanos cuando se acaba la ración de la “libreta”. En las tiendas, los precios ya eran prohibitivos para la mayoría de los cubanos antes del aumento.

El incremento de los precios entró en vigencia de inmediato, mucho antes de que se hicieran sentir los efectos de las medidas de Bush. Provocará una restricción del consumo, que irá más allá del que impondrían, por sí mismas, las medidas de Bush. Algunos cubanos de la calle resumen así la situación: “menos dólares para comprar alimentos más caros” (El País, 22/6). No se trataría, por lo tanto, de una “contramedida”, sino de un “ajuste” para equilibrar el presupuesto del Estado. Son muchos los que sostienen, dentro y fuera de Cuba, que las medidas de Bush sirvieron al gobierno cubano como una excusa para aumentar los precios de los productos de primera necesidad.

Diferenciación social

El aumento de los productos de primera necesidad agravará la diferenciación social existente en la isla, que se viene acentuando desde la instauración del “período especial” en 1993.

“Existe una población en situación precaria cuya salud está amenazada. Algunas categorías sociales -las mujeres solas con hijos, los ancianos- sufren penuria alimentaria (…). Según la economista cubana Angela Ferriol, en las ciudades, la población en condiciones de pobreza ronda el 20% (…). Las desigualdades regionales también se agravaron: en la región oriental de la isla la población vulnerable se calcula en el 22% y algunas municipalidades atraviesan una situación difícil” (Janette Habel, en Le Monde Dipló, junio de 2004).

“La socióloga cubana Mayra Epina destaca tres factores que agravan las desigualdades y el aumento de la pobreza: la creciente diferencia entre los ingresos, la territorialización de las desigualdades y la nueva jerarquía social vinculada con la riqueza material que simboliza el éxito” (ídem).

Según los propios investigadores cubanos, la diferenciación social provocada en estos diez años tiende a consolidarse: “Además del enriquecimiento de los pequeños campesinos privados, de los trabajadores independientes, de los dueños de los ‘paladares’ (restaurantes privados) y de los beneficiarios del turismo, la investigadora Juana Conejero evoca ‘las transformaciones en la estructura de clase’ y ‘la posibilidad de que nazca una nueva clase social de empresarios asociada al sector de las inversiones extranjeras’…” (ídem). Son los que otro investigador cubano, Haroldo Villa, define como “camaradas inversores”.

Los beneficiarios de la diferenciación social son funcionarios del Estado, militares, y los sectores sociales ligados a ellos; cuentan con la protección del aparato del Estado (y del PC y de las Fuerzas Armadas). Es dentro del aparato del propio Estado donde anida la principal tendencia de la restauración capitalista.

Restauración

Los síntomas del crecimiento de las tendencias restauracionistas son evidentes.

Es llamativo el sistemático elogio a China en el diario oficial, Granma. Estas alabanzas han continuado incluso después de que China estableció el derecho constitucional de propiedad privada de los medios de producción.

El Ejército cubano juega, de una manera creciente, un papel clave en la economía y en la dirección política del país. Las FAR dirigen la agricultura, la industria, el transporte, las comunicaciones y la electrónica. Y, desde el año pasado, el turismo. Aunque el Ejército, que acumuló tanto poder económico y político, es una estructura del Estado, sus propiedades no son de éste; opera como una entidad separada, lo que significa que tiene sus propios intereses sociales. Particularmente en China, la intervención “empresaria” del Ejército fue uno de los motores decisivos en el proceso de restauración.

El Ejército fue puesto a la cabeza de la “lucha contra la corrupción”, que constituye así una nueva vuelta de tuerca de la militarización de la sociedad cubana. Los oficiales que van a llevar adelante esta “lucha”, “recibieron una formación económica y comercial inspirada en normas de gestión capitalista (…). Esos militares fueron los que diseñaron las reformas mercantiles y el ‘perfeccionamiento’ de las empresas estatales, reestructuración que apunta a aumentar su rentabilidad y eficacia otorgándoles mayor autonomía” (ídem).

Pero es precisamente esa “autonomía”, junto con la penuria y la dualidad monetaria (legalidad del dólar), lo que -según Janette Habel- promueve la corrupción, que es una forma de acumulación privada y la primera etapa de cualquier restauración de la propiedad privada capitalista. El oligarca ruso Berezhorsky lo sintetizó de esta manera: primero se privatizan los beneficios, luego se privatiza la propiedad, al final se privatiza la deuda pública. Habel dice que esta acumulación “puede hacer prosperar una base social mucho más temible para el régimen que todos los grupos disidentes” (ídem). Pero no para el régimen sino para la revolución y sus conquistas; una parte del régimen impulsa la restauración. Es decir que el régimen se encuentra en disgregación.

Los reclamos de modificar el régimen para abrir paso a la propiedad privada, ya han comenzado. Pedro Monreal y Julio Carranza, dos economistas “heterodoxos” del PC, que “critican la ‘ambivalencia’, por no decir la incoherencia, de las posiciones oficiales fundadas en la posibilidad de ‘una coexistencia estable entre diferentes alternativas’, consideran poco probable una reorientación exitosa de la estructura económica sin transformaciones significativas de las instituciones económicas y de la relación de propiedad…” (ídem). El reclamo de la “alteración de la relación de propiedad” ya tiene sus voceros públicos en el propio seno del aparato del Estado.

Dentro del propio aparato estatal -insiste la castrista Habel-existe “una izquierda reformista que pone el acento en el desarrollo económico en el seno de un programa policlasista”. Armando Chaucenaga, de la Universidad de La Habana, reclama que esta ‘izquierda’ defensora de la propiedad privada (“policlasismo”), una sus fuerzas a la “izquierda épica, internacionalista y antimercado” para enfrentar lo que califica “el ascenso conservador en el aparato del Estado” (ídem).

Para favorecer la “democracia”, Habel propugna que la izquierda “internacionalista” se una a la “restauracionista”. De nuevo, la consigna de la democracia formal, no la de la democracia obrera y la dictadura del proletariado, sirve de pantalla para la restauración del capital.