En un gobierno de camarilla, como encabeza Bush en su segundo mandato, sobresale Alberto Gonzales, nominado como secretario de Justicia. Es, entre todos, el más fiel confidente de Bush. Están juntos desde los tiempos en que Bush era gobernador de Texas y es, desde entonces, su principal consejero legal. González asesoró legalmente a Bush no sólo en las “cuestiones de Estado” sino también en las más mundanas de las estafas financieras que casi lo llevaron al banquillo de los acusados en la época del escándalo de la Enron.
Su nominación ha desatado un violento rechazo entre el generalato y el FBI. En una actitud casi sin precedentes, doce altos generales y almirantes retirados firmaron una carta pública reclamando al Senado que rechace la designación.
Como secretario de Justicia, Gonzales deberá investigar a los funcionarios y agentes norteamericanos acusados de torturar prisioneros en Guantánamo, Afganistán e Irak y contra los funcionarios políticos que les ordenaron utilizar esos “métodos de interrogación” y los protegieron.
Pero Gonzales fue, precisamente, quien a comienzos de 2002 firmó un ahora famoso “memorándum” en el que se establecía que “el presidente tiene la autoridad para anular la prohibición de la tortura” (The Washington Post, 6/1). Según denuncia Amnistía Internacional, “Gonzales participó activamente en los intentos de ofrecer cobertura legal a la aplicación de torturas por parte de agentes norteamericanos, y no hay nada que sugiera que ha cambiado de opinión” (ídem). Ese “memorándum” establecía que los detenidos en la “guerra contra el terrorismo” no estaban sujetos a las reglas de Ginebra sobre prisioneros de guerra que prohíben la utilización de la tortura.
Gonzales es el defensor legal del gobierno de camarilla: “proveyó a Bush de la cobertura legal necesaria para imponer agresivamente su autoridad sobre el Congreso” (ídem).
Las denuncias, sin embargo, provienen también de organismos tan insospechados de “terrorismo” como el Pentágono y el FBI. Este último había ordenado a sus agentes “no participar” en los interrogatorios de prisioneros llevados adelante por la CIA y contratistas privados con los ‘métodos’ de Gonzales. Recientemente, dos agentes del FBI denunciaron que, después del escándalo de Abu Grahib, las torturas continuaban en las cárceles iraquíes y en Guantánamo (The Guardian, 26/11/04). Estos aparatos movilizaron a ‘sus’ senadores para bloquear la nominación de Gonzales.
