La disputa por la instalación de dos fábricas de pasta celulósica, materia prima de la industria papelera, se ha transformado en una crisis política de magnitud. El “socialista* chileno Lagos, que en estos días cede la presidencia a Michelle Bachelet, ha convocado a una reunión “cumbre” al presidente argentino, Néstor Kirchner, y a su par uruguayo, Tabaré Vázquez.
Cómo es una colonia
Las fábricas de marras pertenecen, precisamente, a dos monopolios gigantescos de la industria capitalista del papel, Ence (española) y Botnia (finlandesa), que producirían un millón y medio de toneladas de celulosa, y que constituirían una especie de “economía de enclave” para la exportación de su producto. Los gobiernos de la derecha uruguaya que negociaron los contratos con Botnia y Ence, les otorgaron beneficios tales como convertir sus predios en “zona franca”, lo que implica una suerte de “extraterritorialidad” donde no rige el derecho tributario nacional. El tratado compromete al Estado a compensar a las patronales imperialistas por "cualquier tipo de daño causado”, incluso contra una rebelión popular o modificaciones en la política económica. Ahora, los izquierdistas del Frente Amplio uruguayo se aprestan a ampliar este tipo de tratados a todo tipo de inversiones en un acuerdo especial de libre comercio con los… Estados Unidos. La instalación de esta especie de “factoría de exportación” forma parte de los planes más generales de “deslocalización” de las industrias que envenenan el medio ambiente.
Sobre este punto, los izquierdistas uruguayos y argentinos han escrito millares de páginas en el pasado que ahora han caído en el olvido sólo porque se han reciclado en masa en apoyo a los gobiernos de izquierda como Lula, Tabaré y el propio Kirchner. En verdad, la implantación de las gigantescas fábricas de pasta son como un injerto que distorsiona el proceso económico nacional a partir del mercado mundial. Ya sucedió lo mismo en el pasado: la localidad uruguaya de Fray Bentos, donde se instalarán ahora las pasteras, conoció una época de esplendor cuando décadas atrás un gran frigorífico de origen inglés -el Anglo- “dio vida” a la región, derramando algunas migajas de los beneficios extraordinarios de la exportación de carne. Cuando concluyó este ciclo, Fray Bentos no salió más de la depresión causada por el cierre de la planta reductora de vacas.
Depredación ambiental
Ahora será peor. Porque una vez construidas las enormes plantas proyectadas, ya se sabe que quedará un tendal de miles de trabajadores de la construcción desempleados. Las productoras de pasta, una vez puestas en marcha, casi no ofrecerán puestos de trabajo, que se calculan, en el mejor de los casos, en un 10% del total requerido para la construcción. Lo que quedará también es un olor a putrefacción que todo el mundo coincide en que está asociado mundialmente a esta rama de la industria papelera. Otro resultado será el envenenamiento del río Uruguay, un río fronterizo, que enfrenta geográficamente a la ciudad uruguaya de Fray Bentos con su par argentina de Gualeguaychú, esta última con una población más numerosa y donde ha prendido vigorosamente un movimiento de resistencia contra la depredación ambiental que provocará el emprendimiento imperialista.
Está previsto que las fábricas se provean con 70 millones de litros de agua diarios del río Uruguay, que devolverán a una temperatura muy elevada, con componentes químicos derivados del cloro con el cual se procede a blanquear la materia prima y que afectarán muy seriamente la flora, la fauna y el turismo zonal. Estos compuestos no sólo afectan decisivamente la riqueza ictícola sino que pueden afectar a los seres humanos a través de su ingestión. Los derivados del cloro pueden provocar, entonces, trastornos, en los sistemas nervioso, inmunológico y reproductor, como también actuar como inductores del cáncer. Los derivados del mercurio, a su turno, que acompañan también el blanquemiento de la pasta, agravan el envenenamiento, afectando el aparato respiratorio. Los gases que emanarán de las chimeneas de las fábricas, amén de la hediondez, aportarán lo suyo al llamado efecto invernadero y un fenómeno de contaminación llamado “lluvia árida”.
Las pasteras en cuestión han comenzado la tarea depredatoria antes de su instalación fabril. Es que el negocio de la pasta es indisociable del forestal, y hace muchos años las empresas Ence y Botnia vienen comprando hectáreas y hectáreas de tierra en Uruguay para sembrar eucaliptos, que es el árbol que se procesa para obtener la celulosa vegetal. Esto ya ha provocado la reacción de chacareros y aun de algunos grandes propietarios de tierra que se han encargado de difundir los efectos terribles del monocultivo de la especie señalada, que provoca la desertificación de los suelos y liquida la agricultura, la apicultura, la pesca y el turismo.
¿Conflicto de Estados?
En Argentina nada esto es desconocido, porque las productoras de pasta locales vienen convirtiendo los ríos en cloacas desde hace mucho tiempo. Es “vox populi” que si el megaproyecto actual de Ence y Botnia no acabó del “lado argentino” del río Uruguay es porque no hubo arreglo con el gobernador de la provincia.
El ingrediente que transformó las características del conflicto por la instalación de las pasteras fue una vigorosa reacción que comenzó en Argentina, en las ciudades fronterizas, y que fue creciendo hasta transformarse en un acontecimiento nacional cuando algunos meses atrás una manifestación imponente de 40.000 personas marchó en protesta al puente que une en esa región a Argentina y Uruguay. Desde entonces, quedó definitivamente instalada una Asamblea Popular en la zona que organizó una serie de cortes progresivos en el puente de frontera hasta que se planteó uno por tiempo indeterminado que, en estos primeros días de marzo, cumple un mes y ha llevado la cuestión a un punto de gran tensión política.
En un principio, las manifestaciones “argentinas” contaron de un modo más o menos abierto con la participación de organizaciones uruguayas. No sólo “ambientalistas”; un plenario de sindicatos de Fray Bentos se pronunció contra la instalación de las empresas imperialistas y denunció sus nefastas consecuencias. La lucha contra las papeleras es una vieja causa popular porque todo el negociado fue armado por los gobiernos derechistas que precedieron al Frente Amplio en el poder, y fueron los propios diputados frenteamplistas los que entonces en el parlamento votaron contra las leyes que proveyeron el marco jurídico de la entrega a los inversores extranjeros. Ni bien subieron al gobierno, asumieron como propio el “proyecto”, planteándolo como una “cuestión de Estado” (¿el Estado de quién?).
Tabaré defiende lo que llama una “causa nacional”, denunciando proyectos de “desestabilización”. Sigue el camino ya trazado por Lula, cuando señaló que oponerse a sus acuerdos con el FMI era hacerle el “juego” a los “desestabilizadores” de la “derecha”. Los “desestabilizadores” uruguayos ahora se unieron a… Tabaré, que celebró una especie de “cumbre” nativa con los jefes de los partidos de la derecha.
El gobierno argentino, por su lado, está interesado en canalizar la cuestión en una negociación entre gobiernos, para sacar la presión de la movilización y la acción directa de los cortes. Kirchner, al abrir las sesiones del Congreso argentino el 1 de marzo, reclamó que las obras de construcción de las fábricas de celulosa se paralicen durante tres meses para evaluar su impacto ambiental. Inmediatamente, mandó a sus emisarios a pedir que se levanten los cortes del puente para facilitar las negociaciones. La propuesta fue rechazada al momento de escribir estas líneas. El punto de partida para plantear una perspectiva popular es por la unidad de los trabajadores y los pueblos de Argentina y Uruguay por la nacionalización de las empresas instaladas y en construcción en ambos países.
El control de los efectos negativos derivados de la gran industria moderna no es un obstáculo técnico; las empresas descartan las soluciones existentes para no afectar sus ganancias. No es sólo el caso de las papeleras. El chileno Lagos, que ahora se ofrece como mediador, impulsó el tratado “de los Andes” con el gobierno argentino y entregó la frontera cordillerana entre ambos países a la depredación de empresas mineras que están provocando desastres en la zona. No es la polución “ambiental” sino capitalista la que está destruyendo el hábitat humano. Es necesaria una acción popular común entre organizaciones obreras y populares de la región para una campaña por la nacionalización de los recursos naturales y de las industrias contaminantes y su colocación bajo control de los trabajadores. De la lucha por el agua y el petróleo en Bolivia, pasamos a la lucha contra la forestación y la contaminación en el Cono Sur latinoamericano. Es la misma lucha y está a la orden del día, impulsada por acontecimientos decisivos de la historia presente.
