El Salvador: La política de la izquierda y el problema de la insurrección
Es en la segunda mitad del siglo pasado cuando se impone en El Salvador el dominio indisputado de la burguesía terrateniente cafetalera, matriz sobre la cual se constituye y consolida el Estado en este país centroamericano. La base de dominación de la clase explotadora es la propiedad privada sobre la tierra tremendamente concentrada, concentración cuyas raíces se encuentran ya en la dominación española, iniciada en 1524.
El resultado principal de la conquista por España del territorio que hoy constituye El Salvador fue la organización de la agricultura en empresas comerciales encaminadas a la exportación. La expansión de la agricultura comercial, durante el período de casi tres siglos que abarca la colonia, fue lenta pero sistemática y su consecuencia fue la progresiva destrucción de las comunidades indígenas, la explotación y pauperización de los Indios. El proceso de desintegración de la aldea indígena dará origen a los “ladinos".
Estos son indígenas que hablan el español, y que entonces abandonaban sus aldeas, huyendo del trabajo forzado semiservil, que se combinaba con los altos impuestos exigidos por los españoles. Los ladinos se convirtieron en su mayoría en trabajadores de subsistencia, colonos usurpadores o trabajadores migratorios, y no dejaron de crecer, al punto de constituir en la actualidad la masa fundamental de los pobres de las áreas rurales de El Salvador (1).
La agricultura salvadoreña desde la época colonial hasta la introducción del café reposó en el cultivo del añil. Para el cultivo del añil se agrupaban, en grandes haciendas, millares de pequeñas y medias unidades productivas que utilizaban la mano de obra indígena. Hacia el final del período colonial existían un total de 400 haciendas en El Salvador cuyos propietarios constituían la clase dominante, que se aseguró el control del Estado luego de la independencia, en 1821. La independencia no significó ninguna alteración fundamental en este cuadro porque fue prácticamente un acto administrativo: fue uno de los últimos episodios de la liquidación del imperio colonial, no estuvo precedido por luchas significativas y no contó con ninguna resistencia por parte de España, que se desembarazó de la Capitanía General de Guatemala en uno de los ciclos económicos más críticos de la región. Así, “el tránsito de la Colonia a la República se hizo pacífica y sorpresivamente, a través de una virtual declaración normal que dejó intacta, incluso en la persona física del último Capitán General y primer jefe de Estado, la estructura administrativa y política de la colonia.” (2).
El Salvador se organizó entonces en la República Federal que agrupaba a las cinco provincias de la Capitanía General de Guatemala. Esta República, fundada en 1824, tuvo una vida efímera, pues fue desintegrada en virtud del agudo localismo (atraso) de las oligarquías de las exprovincias coloniales, cada una de las cuales concluiría como país independiente luego de una guerra civil prácticamente ininterrumpida. Lo cierto es que no existió una clase nacional capaz de unificar al territorio centroamericano, una región que los españoles centralizaron por razones puramente administrativas y que, carecía de una base económica indispensable para gestar una nación común. Por otra parte, América Central constituía una región importante desde el punto de vista geopolítico, para la comunicación interoceánica y para el predominio económico y militar en la zona del Caribe. Así, a los factores de disgregación de orden interno es necesario agregar la presión externa: los ingleses, primero, y los yanquis, después, se opusieron siempre a las tentativas unionistas de la región.
En estas condiciones, El Salvador surgió como nación independiente en 1839, cuando la República Federal ya está liquidada. La clase dominante se escindía todavía en dos grupos fundamentales: por un lado, los viejos propietarios de tierras, la ex-burocracia colonial y la Iglesia; por el otro, un nuevo sector de propietarios de tierras que pugnaban por un nuevo reparto de éstas, y mayores oportunidades productivas, junto al cual estaba el grupo de profesionales e intelectuales ilustrados, receptores de la Influencia de la Revolución Francesa y del liberalismo inglés (3). En esta división predominaron los intereses de la vieja oligarquía en tanto se mantuvo la economía basada en la exportación del añil, como centro de la economía salvadoreña. Este predominio, sin embargo, no fue duradero porque la producción del añil entró rápidamente en decadencia cuando la industria química europea comenzó a producir anilinas o colorantes sintéticos a partir de mediados del siglo XIX. De esta manera, la plantación del café, que fue introducida por primera vez en la década del 40 del siglo pasado, conoció una rápida expansión y acabó por desplazar el viejo producto de exportación de todo el período colonial.
Desde el punto de vista de la conformación de las clases en El Salvador, el desarrollo de la producción cafetera tiene una importancia decisiva. En primer lugar “la expansión del café reemplazando ol añil significó cierto cambio en la clase gobernante: cierto número de familias cuya riqueza se había basado en el añil se opacaron, mientras que otras que tempranamente vieron la oportunidad presentada por el café ocuparon sus puestos. Estas provinieron principalmente de las filas de los inmigrantes extranjeros y las clases medias urbanas, no de orígenes rurales. Nació así una “oligarquía cafetalera” que llegó a ejercer control casi total sobre el país.” (4).
En segundo lugar, mientras el cultivo del añil se mantuvo en convivencia con pequeñas unidades de producción, con aldeas indígenas y los éjidos municipales (terrenos adscriptos a las necesidades del municipio organizados en la época colonial que agrupaban a los indígenas en torno a los núcleos urbanos), la plantación del café modificó radicalmente esta situación. Primero, porque la expansión comercial del café planteó la acumulación de grandes extensiones de tierra, y, técnicamente, no requiere ningún trabajo aplicado masivo salvo en los tres meses del año en los que se realiza la cosecha, a partir de noviembre.
Segundo, porque “las tierras adecuadas para el café estaban ubicadas en los altiplanos centrales, justamente la zona más poblada del país, cubierta de pueblos y aldeas que poseían tierras comunales y éjidos” (5). En consecuencia, la expansión del café, que se impone definitivamente en la década del 80, significó la extensión universal de la propiedad privada de la tierra y una expropiación brutal de miles y miles de campesinos. En 1882 se decretó la abolición de los éjidos, mientras que poco antes un decreto similar había acabado con las tierras comunales, también fueron confiscadas las tierras y otros bienes eclesiásticos. Todo esto marcó el triunfo de la nueva oligarquía liberal del café: en 1886 se estableció una Constitución de características liberales, que permanecerá vigente durante casi 60 años, y se consolidó al Estado, profesionalizando al Ejército con la fundación de la Escuela Militar.
La extensión del modo de producción capitalista y la formación definitiva del Estado nacional salvadoreño no fue el resultado de la movilización nacional de la mayoría explotada -los campesinos (que para ello habrían debido ya haber conquistado una elevada independencia económica)- y de una amplia distribución de la tierra, sino exactamente lo opuesto. El Estado salvadoreño nació sobre la base de una poderosa concentración de tierras en manos de la nueva oligarquía y en la represión y superexplotación a los campesinos y pobres del campo: “la abolición de éjidos y comunales fue acompañada de leyes que trataban de controlar a los campesinos, expulsándolos de tierras ocupadas sin título de propiedad y forzándolos a cumplir con sus trabajos en las firmas que los empleaban” (6). Este proceso de expropiación (acumulación primitiva) provocó resistencias y revueltas campesinas que el Estado reprimió desde el inicio con toda dureza: la primera revuelta de magnitud se remonta a 1889, en la parte oeste del país, aplastada por la policía montada, creada a tal efecto, y que luego se extendería a todo el país.
El carácter progresivo de la burguesía terrateniente salvadoreña, históricamente hablando, se consuma en su carácter de agente del mercado capitalista internacional, cuya demanda —de café-obligó a quebrar las trabas remanentes del período colonial. Pero de esta forma, sólo se daba paso a un capitalismo de base agraria y a un Estado dependiente de las potencias capitalistas emergentes en Europa primero y en América del Norte después. Un estudio aquí citado resume de la siguiente manera esta realidad: “la república liberal basada esencialmente en la producción de café fortalece el ciclo capitalista al que Centroamérica se incorpora desde la colonización española: el sistema recibe un notable impulso con el auge de la economía mercantil facilitada por la vinculación al mercado internacional. Pero se desarrolla sin resolver la contradicción interna de las relaciones de producción precapitalistas basadas en formas variadas de semiservidumbre; más aún revive, modifica y adapta formas tales como el trabajo forzado, la sujeción a la tierra, el pago en especie, etc., para dar impulso al capitalismo en el campo y, en general, a un tipo de capitalismo ‘colonial’, que luego se convierte en capitalismo ‘sub-desarrollado’ ” (7). El modo de producción capitalista se estructura sometiendo (pero no revolucionando) a las necesidades, las relaciones de trabajo (de producción) precapitalistas. En esto consiste el desarrollo combinado de El Salvador.
La República del café, aunque formalmente encuadrada en los moldes de una constitución liberal, no estableció la democracia, sino la fachada parlamentaria de un régimen oligárquico, en el cual los explotados no gozaban de ningún derecho democrático real, ni, por supuesto, disponían de la representación política más elemental. No existía la base material de la democracia en un país fundado en el dominio irrestricto de un puñado de familias y apoyado en una masa de semi-siervos y miserables del campo. En el plano político los gobiernos se sucedían mediante el fraude y la imposición de los sucesores por el precedente Presidente de la República.
En casi medio siglo de existencia, la república del café permitió una consolidación del grupo burgués cafetalero que extendió sus negocios a la órbita bancaria y crediticia así como a los de la comercialización del café: “En los bancos y en la comercialización del café el peso de los intereses nacionales fue siempre mucho mayor que, por ejemplo, en Guatemala o en Costa Rica” (8). Todo el sistema oligárquico reposaba en la demanda internacional del café y no puede extrañar que fuera extremadamente sensible a las caídas de precios del producto, que significaba el 90 por ciento del total exportado. La situación semiservil de la población rural impedía que en los momentos de auge el flujo de divisas significara el más mínimo estímulo al mercado interno mientras que las depresiones provocadas por la caída de los precios del café provocaban nuevas ondas de concentración de la tierra y de superexplotación y miseria para los campesinos. Se incubó así un verdadero volcán social, que estallaría a comienzos de los años 30, cuando la crisis internacional llevó al colapso a la república del café. Se abre entonces una nueva etapa en la historia de la lucha de clases y de la política salvadoreña.
En resumen, la labor histórica de la burguesía terrateniente del café consistió en la liquidación parcial de los resabios precapitalistas heredados de la época colonial, disolviendo —bajo los estímulos del mercado mundial-, sólo en parte, las relaciones de producción que obstaculizaban la expansión de la economía mercantil y la acumulación de capital. La extensión de la propiedad privada de la tierra y la constitución del Estado nacional son la base y la expresión, respectivamente, de un desarrollo capitalista del país. Pero quien se encargó de llevar a cabo la disolución de las viejas formas de producción precapitalista era una burguesía latifundista y gamonalista, interesada en una acumulación capitalista que planteaba límites infranqueables al desarrollo ulterior de las fuerzas productivas nacionales, o sea, al desenvolvimiento interior de la nación. Los intereses de la burguesía terrateniente la asociaban al mercado externo y no al interno; a la exportación de materia prima y a la importación de manufacturas y no al desenvolvimiento de la industria; a la explotación semiservil de la gran masa campesina y no a su transformación (sea como pequeña propietaria, sea como fuerza de trabajo de una gran industria) en la base del mercado interior. El capitalismo salvadoreño nació contra la mayoría de la nación, sobre la base no de una revolución democrática, sino sobre su aborto, y —por esto mismo—, dejó sin resolver las tareas burguesas esenciales para un pujante desarrollo capitalista: la revolución agraria, la industrialización y la independencia del país de su condición de semicolonia del capital extranjero.
Los militares en el poder
Los efectos del “crack” del 29 fueron inmediatos en El Salvador y su influencia económica perduró por más de 15 años. Los precios del café salvadoreño comenzaron a bajar ya desde 1925; en 1928 cayeron en casi un 10 por ciento en relación a aquel año y a partir de ahí el descenso fue en picada: en 1933 los precios representaban apenas un 36 por ciento del equivalente en 1925, nivel que sólo se recuperaría en 1946. El impacto fue brutal sobre la población explotada, y fue entonces (diciembre de 1931), frente al avance de una crisis social evidente, que el ejército asumirá el poder mediante un golpe de Estado, encabezado por el General Hernández Martínez. La situación de las masas era desesperante, al punto que “el deterioro de la situación económica y social continuó hasta amenazar la mera subsistencia de los campesinos hambrientos. Simultáneamente se difunde en círculos minoritarios cierta ideología revolucionaria, y los comunistas ganan algunos pueblos en elecciones municipales, aunque sus victorias les serán negadas. Crece la penuria e inquietud popular. Por fin en 1932 estallará una revuelta indígena-campesina en la parte occidental del país.1' (9).
La insurrección rural fue reprimida con una ferocidad sin precedentes y concluyó en una masacre: fueron liquidados por la represión del gobierno militar más de 30.000 campesinos. Luego de la sangrienta represión se consolidó la dictadura del General Martínez que se extendería hasta 1944, periodo conocido como el "martinato”. Es a partir de aquí que queda conformada la alianza entre la oligarquía y el Ejército que signa la historia reciente de El Salvador. A partir de entonces no hubo más presidentes civiles: “los militares dirigen El Salvador desde 1931 y la historia del gobierno de la nación ha sido en gran medida la historia de las viscisitudes de la alianza política entre oligarcas y oficiales”. (10).
Durante este largo período de gobiernos militares el Ejército asumió, por una parte, su papel esencial como guardián del Estado burgués oligárquico contra los renovados levantamientos campesinos y, por otra parte, expresó en diversas oportunidades ciertos planteamientos de orden democratizante y propuestas desarrollistas.
Se trataba de tentativas por encontrar una vía alternativa burguesa al dominio oligárquico históricamente superado. Es justamente por esto que los militares toman el poder, para ejercer un arbitraje político frente al principio de descomposición de los métodos de control oligárquico; arbitraje entre las fracciones oligárquicas (algunas de las cuales buscaban vincularse a un cierto desarrollo industrial e imponer restricciones al libre comercio en detrimento de los sectores tradicionales) y entre la oligarquía y la burguesía, de un lado, y la pequeño burguesía ciudadana, del otro, de cuyas filas se nutría el propio ejército. Las propuestas de orden desarrollista se limitaron siempre a ciertas tímidas medidas de fomento industrial, que la oligarquía no veía con malos ojos porque abrían una vía para la capitalización de la renta agraria, y que reposaban en la colaboración con el capital externo.
Internacionalismo
Las diversas tentativas de "abertura" que se sucedieron buscaron, sobre todo, ampliar las bases de sustentación de los gobiernos militares, procurando una restringida participación en el poder de grupos burgueses y pequeño burgueses urbanos marginados, así como la eventual captura de un sector de los trabajadores urbanos mediante una burocracia corrupta, con el objetivo de quebrar el Garácter explosivo de la movilización obrero campesina. Todos los intentos de “apertura" encontraron su límite, como veremos, en el ascenso de la movilización de los sectores proletarios y pequeño burgueses (estudiantes) urbanos, frente a lo cual el régimen militar volvía a “cerrarse” y a enfrentar con el expediente prioritario de la represión.
Es en 1948 cuando aparece por primera vez un grupo de oficiales y de intelectuales de la pequeña burguesía (triunfantes a través de un golpe de Estado liderado por el teniente coronel Carlos Osorio) que plantean introducir una modificación en el régimen oligárquico en favor del "desarrollo nacional”. La nueva coalición gobernante se plantea modernizar al país con un cierto desarrollo industrial, diversificando la estructura productiva y planteando una reforma en el régimen político, que se concretará en la constitución de 1950. En un clima de bonanza económica, debido al estímulo externo provocado por la reconstrucción económica de la postguerra, “el gobierno fomentó la industria, firmó los primeros tratados de integración centroamericana, estableció salarios mínimos y comenzó un sistema de seguridad social, incrementó las provisiones estatales en educación y de crédito a los pequeños agricultores, …modernizó la administración pública y legalizó los sindicatos de trabajadores industriales” (di).
Lo que importa es caracterizar este nacionalismo militar, que entonces debuta en El Salvador y que resurgirá en las décadas posteriores. En lo esencial se trata de un nacionalismo de contenido oligárquico burgués, no sólo porque nunca se propuso una genuina reforma agraria para acabar con el latifundio terrateniente y dar tierras a la mayoría nacional, sino porque su propia constitución expresó a todo un sector de los propios propietarios de la tierra que, luego de la brutal crisis del 29, buscó establecer mecanismos de defensa de la frágil economía que reposaba exclusivamente en el café. Este proceso se fue operando ya en la década del 30, cuando los elementos de la oligarquía, unidos a comerciantes urbanos que dominaban el circuito comercial y financiero comenzaron a invertir en la industria liviana, expandiendo y diversificando sus negocios. “Estos cafetaleros advirtieron, además, que el tipo de acumulación basado exclusivamente en el monocultivo tenía demasiados altibajos y había que intensificar la agricultura hacia el algodón y el azúcar. Los antiguos intermediarios en el beneficiado y exportación de cafó entraron a una fase de alianza con los terratenientes que pronto devino en una fracción de la clase dominante, de origen agrario, pero esta vez desplazada a la actividad financiera e industrial" (12). Este sector agrario industrial fue la base del movimiento político militar que triunfa el iniciarse la década del 50, que contó con la adhesión de “cafetaleros influyentes, en particular aquellos más inclinare a la modernización agrícola" (13).
La burguesía industrial salvadoreña nace umbilicalmente ligada a la oligarquía y encuentra su base de acumulación en el propio , es decir, en la posibilidad de la superexplotación de los campesinos.
La inmensa masa de desheredados de la tierra y el régimen de propiedad rural garantizaban las bases de la superexplotación del naciente proletariado urbano. La masa campesina pobre garantiza un permanente ejército industrial de reserva, que actúa como fuente inagotable de fuerza de trabajo barata; en segundo lugar, los minifundistas pobres, que auto-explotan la fuerza de trabajo familiar, son una fuente de aprovisionamiento de alimentos baratos para los núcleos de trabajadores urbanos (todavía en 1971 entre dos tercios y tres cuartos de la producción nacional total de maíz, frijoles y arroz eran producidos en fincas de menos de dos hectáreas. En el mismo año, el 95 por dentó de toda la tierra cultivada en unidades de menos de dos hectáreas estaba dedicada a la producción de granos básicos, una operación de trabajo intensivo).
Ahora bien, el régimen militar surgido en la década del 50 continuó con modificaciones poco significativas a lo largo de los años 60. Hacia 1959/60, la crisis económica provocada por una nueva calda de los precios del café y la creciente movilización de trabajadores urbanos y estudiantes, organizados en la CGTS (Confederación General de Trabajadores de El Salvador) y la AGEUS (Asociación General de Estudiantes Universitarios) incentivó un nuevo golpe militar de la oficialidad, que instaló una junta con planteos nacionalistas más desarrollados. La experiencia fue rápidamente abortada y bajo la presión de la oligarquía un contragolpe del Ejército retomó la conducción gubernamental. Se mantuvo entonces el tipo de política inaugurada por el golpe de Osorio en 1948: una cierta abertura política en las dudados —se legalizó al Partido Demócrata Cristiano y se permitió una actividad semilegal del PC-, intangibilidad de la propiedad agraria terrateniente y represión sistemática en el campo. Esta relativa flexibilidad del régimen militar -que se perpetuaba en elecciones regimentadas ganadas siempre por el candidato del partido de los militares, el PCN (Partido de la Conciliación Nacional)- se fundó, en la década del 60, en un nuevo auge del café, en la expansión del mercado centroamericano y en la aún débil estructuración del movimiento de los explotados. Recién en 1967 y 1968 surgen movimientos huelguísticos importantes que marcarán, desde entonces, una linea de ascenso del movimiento de masas. Este, junto a la quiebra del ciclo económico expansivo, a la desintegración del mercado centroamericano y a los resultados de la “guerra del fútbol” con Honduras, marcan la abertura de la década del 70, que se caracterizará por una gran agudización de la lucha de clases, antecedente de la situación de guerra civil actualmente en curso.
La génesis de la crisis revolucionaria
Si los gobiernos militares que se suceden desde la década del 30 en El Salvador fueron una expresión del agotamiento de los métodos de dominación oligárquica, su completo fracaso en sacar al país del atraso es el factor esencial que explica la abertura de un período revolucionario en el país en la década del 70. El militarismo desarrollista fue incapaz de industrializar al país, única forma de desarrollar sus fuerzas productivas. La estrechez del mercado interno salvadoreño es un elemento agravante pero no determinante de este fracaso. Lo determinante es la limitación de clase de las propuestas desarrollistas de los militares: siempre temieron, más que a cualquier cosa, al desborde de la movilización de los campesinos y de los explotados de las ciudades. Es decir, siempre consideraron como enemigo fundamental al movimiento de las masas oprimidas, único capaz de reunir la fuerza necesaria para acabar con la burguesía latifundista, eje del atraso e país, esto es, de su raquítico mercado invierno de su deficiente y parasitaria industrialización.
La impasse del militarismo salvadoreño y de los sectores financiero-industriales de la propia oligarquía estalla a comienzos de los años setenta con la desintegración del Mercado Común Centroamericano, expediente mediante el cual la clase dominante salvadoreña logró un transitorio respiro durante la década precedente. Tal expediente tenía un doble aspecto, en primer lugar, creaba un mercado para la industria de El Salvador (calzado, textiles, ropa, plásticos, etc.), en segundo lugar, posibilitaba la “exportación” de campesinos, actuando como válvula de escape a la brutal presión social acumulada en el campo. Debe tenerse en cuenta que El Salvador es el país más densamente poblado de Centroamérica mientras que en Honduras se presenta la realidad inversa. Fue justamente la canalización hacia el país vecino de una serie de bienes industriales y de campesinos hambrientos, lo que provocó la reacción “de grupos capitalistas emergentes de Honduras que calificaban a los salvadoreños como los japoneses e imperialistas de Centroamérica” (14).
Con la guerra entre Honduras y El Salvador se quiebra el Mercado Común Centroamericano, se cierra el mercado hondureño y regresan al país más de 300.000 trabajadores agrícolas. Se reúnen así los ingredientes para una crisis de grandes proporciones que se revela en el completo estancamiento de las fuerzas productivas del país. Con los desajustes económicos que siguen al conflicto bélico y el regreso de millares de campesinos, la producción nacional se desarticula y estanca, como lo revela el hecho de que entre 1962 y 1971 el crecimiento económico per capita fue como promedio de 1.8 por ciento. La burguesía latifundista buscó enfrentar la situación agravando aún más las miserables condiciones de vida de las masas. La ofensiva contra los trabajadores del campo alcanzó una dimensión sin precedentes: si en 1961 el 11.8 por ciento de las familias rurales de El Salvador no tenían tierra para uso personal la cifra se elevó al 29.1 por ciento en 1971 y el 40.9 por ciento (!) en 1975; en 1971 apenas el 7.5 por ciento del total de las explotaciones rurales del país incluían al 73 por ciento de la superficie agrícola. De esta manera se pone de relieve toda la impotencia del desarrollismo oligárquico-burgués del régimen militar; el crecimiento de la movilización de trabajadores y campesinos que se procesa desde los primeros años de la década no es sino la rebelión de las fuerzas productivas del país contra las relaciones de producción que las atenazaban, sometiendo a la mayoría nacional a la más brutal explotación.
En un primer momento, la repercusión de la crisis derivada de la “guerra del fútbol”, se expresó en un crecimiento importante de los partidos burgueses de oposición al gobierno militar -particularmente del PDC — y en una creciente derechización del régimen militar. En 1972, la Unión Nacional Opositora (UNO) conquistó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales, dándole el triunfo al demócrata cristiano José Napoleón Duarte, que contó con el apoyo del Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda. Con el apoyo de los norteamericanos, el Ejército dispuso un resultado fraudulento de los comicios, reprimió la protesta popular y llevó al poder al candidato de los militares, el coronel Arturo Molina. La represión que siguió sistemáticamente desde entonces, provocó un importante reanimamiento del movimiento de masas, que marcó una nueva etapa en la lucha de clases en el país: el centro de gravedad se trasladó del campo a la ciudad (en 1971 la clase obrera industrial representaba el 11 por ciento de la población activa contra apenas el 3.6 por ciento en 1950). La impotencia del frente burgués opositor y el fracaso de la estrategia burguesa electoralista provocaron sucesivos desprendimientos hacia la izquierda en la DC y fracturas en el partido comunista, que dan lugar al surgimiento de los primeros grupos guerrilleros en El Salvador. En 1970 se fundaron las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), basadas en un sector disidente del PC. Un año más tarde una nueva disidencia del stalinismo, junto a un desprendimiento de la DC, dio origen al ERP que, en 1975, se dividirá en dos, creándose las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN).
La crisis en la DC y el PC son la expresión de un proceso más profundo, en el cual se altera toda la fisonomía de las relaciones de las clases en El Salvador. Es. ta será la manifestación concreta, en el plano político, de la impasse en la cual había desembocado el capitalismo semicolonial salvadoreño. Una de las consecuencias más importantes que se observa en esta transformación de las relaciones entre las clases son las modificaciones que se producen en el movimiento obrero, quebrando la semiestatización existente de sus organizaciones sindicales. Hasta comienzos de la década del 70 los sindicatos salvadoreños se encontraban regimentados en la Confederación General de Sindicatos (CGS) progubernamental. En 1972, 18 sindicatos que agrupaban a la mayoría de los sindicalizados en la CGS rompen con aquélla y forman la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), Antes todavía, en 1968, se había separado de la CGS otra serie de sindicatos que formaron la todavía hoy poderosa Federación de Sindicatos de la Industria de la Construcción, Similares, Transportes y de Otras Actividades (FESINCONSTRANS).
La FESINCONSTRANS protagonizó importantes movimientos huelguísticos victoriosos en 1973-74. En la actualidad la FESICONSTRANS “conserva un carácter híbrido de influencias y alianzas más o menos veladas entre las que se destacan, a nivel internacional, la conexión con sindicatos estadounidenses y, a nivel nacional con la organización campesina progubernamentista UCS en la Central Nacional de Trabajadores (CNT) de creación reciente (enero de 1979)” (16).
La FENASTRAS, por su parte, se unió a otras federaciones menores, en 1978, en la CUTS (Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños) controlada por el PC e influenciada por la izquierda en numerosos sindicatos.
Esta profunda tendencia del movimiento de masas hacia su independencia explica el verdadero carácter de masas que asumen las organizaciones de izquierda que se funden con los núcleos guerrilleros, originalmente surgidos de rupturas en la DC y el PC. En julio de 1975, se forma el Bloque Popular Revolucionario en el cual se integra la Federación de Campesinos Cristianos (FECCAS), la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), los Universitarios Revolucionarios UR-19 de julio, la Asociación Nacional de Educacadores Salvadoreños (ANDES), la Unión de Pobladores de Tugurios (UPT), el Comité Coordinador de Sindicatos José Guillermo Rivas, el Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria, las Fuerzas Universitarias Revolucionarias FUR-30 y la Asociación de Educadores Universitarios (AEU). Varias informaciones coincidentes indican que el BPR contaba, en 1979, con más de 60.000 miembros.
Ahora bien, la propia burguesía buscó algún camino para intentar una salida a la impasse que estalla con la desintegración del Mercado Centroamericano. Esta búsqueda de una salida a la crisis provocó una serie de escisiones debido a un cambio de frente de un conjunto de grupos capitalistas, conscientes de que el modo histórico de acumulación capitalista, basado en la superconcentración de la propiedad de la tierra, se hacía ya absolutamente insostenible. Se dio así un “divorcio progresivo entre los sectores modernizantes del capital nacional cuyos intereses se orientan primordialmente a la industria, y el sector más retardatario vinculado al agro" (17). En 1973, los altos mandos militares comenzaron a discutir la implementación de una reforma agraria que pudiera provocar una reestructuración de la atrasada economía nacional y consiguiera neutralizar a una, , parte del campesinado, creando una base social más amplia para el propio régimen. Un proyecto que decretaba la “transformación agraria” fue presentado por el gobierno del coronel Molina en 1976, provocando una enérgica reacción de la oligarquía tradicional. La reacción concluyó esterilizando completamente el proyecto reformista, el que terminó en la nada,. En ese mismo año la movilización campesina se incrementa, y también surgen los grupos paramilitares financiados por los propios terratenientes, que imponen un clima de guerra civil en el campo.
Lo destacado es que la llamada burguesía modernizante giraba en el círculo vicioso de intentar algunos tímidos golpes a la oligarquía mientras procuraba quebrarle el espinazo al ascenso revolucionario de las masas. La agudización de la lucha de clases imposibilitaba una y otra vez cualquier tentativa reformista: en la misma medida en que ésta abría algunas brechas entre las clases dominantes, por la cual se proyectaba la movilización independiente de los explotados, la burguesía “modernizante” se volcaba abiertamente a la contrarrevolución. El aplastamiento de las masas insurrectas es la condición para cualquier saldo de cuentas entre la fracción industrial financiera de la burguesía y los más tradicionales y antiguos latifundistas. Esta es la lógica básica del desarrollo político reciente.
Luego del fracaso de la “transformación agraria” el ejército impondrá como candidato, en las elecciones presidenciales de 1977 al general Humberto Romero, que accederá al poder mediante un escandaloso fraude. El período de la lucha de clases abierto entonces en El Salvador es el más agudo de toda su historia. A partir de agosto de 1979 las tomas de tierras y huelgas obreras comienzan a sacudir el país. Entre agosto y noviembre se dieron cerca de 11 huelgas industriales. Las tomas de tierras a su vez, se intensifican. Entre octubre y noviembre, .la actividad de los trabajadores del campo crece y se desarrolla con manifestaciones en varias ciudades del interior del país. “Los campesinos no aparecían de esta manera desde la matanza de 1932. El resurgimiento del movimiento obrero tiene como base el hecho que, ante la falta de dinamismo de las inversiones, ante los mercados industriales disminuidos, el modelo vigente opta por sustituir la carencia de capital por trabajo, intensificando a través de la violencia y el 'terror' en la fábrica la extracción del trabajo excedente” (18).
En noviembre de 1977 Romero se lanza a un brutal operativo represivo, amparado en la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, e implanta el “Estado de Excepción”. El movimiento campesino recibe duros golpes en estos meses mientras en el campo se despliega impunemente el trabajo de los grupos paramilitares. La resistencia obrera se mantiene firme: en los dieciséis meses en que rige la ley (hasta febrero de 1979) se registran más de 40 huelgas en todo el país. En los primeros meses de 1979 el movimiento huelguístico adquiere todavía más fuerza “de enero a mayo hubo cerca de 30 huelgas de distinto tipo; huelgas de solidaridad de sindicatos fuertes ante los conflictos de otros sindicatos en distintas ramas de la producción; huelgas por distintos conflictos laborales; huelgas de protesta y defensa ante la persecución y ola de asesinatos en contra de grandes sectores populares” (19). Las huelgas continuaron sistemáticamente en los meses siguientes. Una nueva etapa se abrió entonces, en octubre cuando se produce el golpe contra Romero, esto luego de la victoria de los sandinistas en Nicaragua.
La violencia creciente y el antagonismo profundo entre las clases sociales que desde 1977 signan el desarrollo de los acontecimientos en El Salvador reactualizan el balance de media década de gobiernos militares. En lo esencial, este “ciclo militar”, que arranca con la crisis del 30, puso de relieve, desde el inicio, su completa incapacidad para emancipar a los explotados del campo, base de cualquier genuino desarrollo nacional. El raquitismo de la burguesía industrial, nacida en parte como diferenciación de la propia oligarquía y estrechamente asociada a ésta, así como su temor a cualquier desborde de las masas, explican su carácter tremendamente parasitario cuya expresión es la absoluta incapacidad por realizar la más leve modificación en el régimen fundiario. Es esta, indudablemente, la base de la tremenda polarización de clases existente en El Salvador y la fuente de la movilización revolucionaria que protagonizan los explotados del campo y la ciudad. La pequeño burguesía urbana, que se encontró en algún momento representada en el PDC, se ha escindido brutalmente, y mientras su cúpula se ha pasado con armas y bagajes al campo abierto de la contrarrevolución, otros sectores se han unido a las organizaciones de masas de la izquierda desarrolladas impetuosamente desde 1975 aproximadamente: el Bloque Popular Revolucionario -ya mencionado-, el Frente de Acción Popular Unida y las Ligas Populares.
Toda la experiencia histórica del desarrollo salvadoreño prueba que la base de la liquidación del atraso nacional y de la opresión imperialista son tareas que escapan por completo al marco de cualquier régimen burgués y que sólo podrán ser materializadas por la alianza revolucionaria de los campesinos y de los obreros. Esta no puede concretarse sincí bajo la dirección del propio proletariado, lo que significa romper con la ilusión de cualquier compromiso con la burguesía y la pequeño burguesía, por la expropiación de los terratenientes y del gran capital agrario e industrial, por el gobierno obrero y campesino.
El golpe de octubre de 1979 y el retraso de la revolución
Luego de la caída de Somoza parecía que la revolución en América Central tendría su episodio siguiente en El Salvador y así, de hecho, lo anunciaron en reiteradas oportunidades dirigentes de la izquierda salvadoreña. Los acontecimientos sin embargo, no siguieron un camino rectilíneo y la revolución salvadoreña ha encontrado desde entonces una serie de obstáculos. Estos obstáculos provienen, en gran medida, de la tentativa de la propia izquierda de El Salvador por copiar, mal, el “modelo” nicaragüense. Se creyó que la victoria de la revolución sería inevitable si se seguía la conducta política de los sandinistas.
Esto, no sólo en el sentido de unir a los distintos grupos de izquierda en un frente común, sino, esencialmente, en el de armar una alianza con la burguesía buscando los Chamorros y Robledos salvadoreños. Así es que, en febrero pasado, se constituyó la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) integrando a las principales organizaciones de izquierda y luego, en abril, esta CRM se sumó a partidos y personalidades burguesas para formar el Frente Democrático Revolucionario (FDR), cuyo secretario general es Enrique Alvarez Córdoba, rico hacendado latifundista. Sin embargo, este intento por repetir el FSLN por parte de la dirección salvadoreña, implica dos errores básicos de estrategia y apreciación política.
Lo que se ha hecho es computar como positivos lo que son elementos negativos de la estrategia sandinista, y no se entiende que la victoria sobre Somoza fue posible, no gracias al frente con la burguesía sino a pesar de éste. Esto se evidencia, por un lado, en que este frente ha limitado las medidas sociales de la Revolución y, por lo tanto, la movilización de las propias masas. Por otro lado, no fue la incorporación de la burguesía al campo del FSLN lo que abrió la vía a la revolución; al revés, el avance irresistible de la revolución obligó a una parte de la burguesía a buscar maniobrar en el campo de los insurrectos como única manera de salvarse y buscar minar las perspectivas de la revuelta de las masas.
En El Salvador se creyó, también, que la clave de la victoria residía en la amplitud frentista y se dedujo que la insurrección sería su resultado. Sin embargo, ese frente democrático no es un frente cuya finalidad esencial sea la organización práctica de la insurrección. En realidad ha sido concebido para ganar el apoyo internacional (en especial de México, Costa Rica y Venezuela), pensando que de este apoyo vendrían las armas para la victoria y para la consolidación del nuevo gobierno. Esto constituye un grave error, porque el estallido de una revolución es el resultado de un proceso profundo de los explotados, que ha estado latente en El Salvador, y que resuelve el problema de su armamento por sí mismo, dentro del país, como en Nicaragua (el exterior, por lo contrario, sigue apoyando a la Junta).
Ahora bien, para comprender la situación actual de la revolución en El Salvador es necesario tomar en cuenta también la actitud asumida por los explotadores. La burguesía salvadoreña también extrajo sus conclusiones de la revolución nicaragüense y buscó nuevas alternativas de maniobras políticas en función de desarmar a la revolución. En este contexto se encuadra el golpe que derrumbó al general Romero en octubre del año pasado, tres meses después de la caída de Somoza, y las vicisitudes de la Junta de Gobierno entonces impuesta. La liquidación “manu müitari” de Romero fue una operación de rescate efectuada bajo comando directo de los yanquis. Según el “Foreigs Affairs”, luego de la revolución nicaragüense, “El Salvador ascendió rápidamente al primer plano de la agenda política americana: la administración Cárter decidió no repetir los errores cometidos en Nicaragua, cuando no se animó a romper abiertamente con Somoza y alistarse enteramente en el campo de la oposición moderada". El plan yanqui consistía en adelantar las elecciones, previstas para el 82, con el objetivo de dar paso a un gobierno de demócratas cristianos y socialdemócratas, susceptible de desviar el ascenso revolucionario contra la dictadura de Romero. Cuando este último se negó a endosar la propuesta del Departamento de Estado, los yanquis dieron visto bueno al golpe.
Del golpe emergió una Junta de oficiales, en alianza, precisamente, con demócratas cristianos y socialdemócratas, que proclamó la realización de un programa de reformas solicitado por el "Foro Popular". Este "Foro Popular" era una alianza de la DC, socialdemócratas, stalinistas, algunas centrales sindicales y una organización de la guerrilla que, reunida poco antes del golpe, lanzó una plataforma que postulaba una serie de reformas en el contexto del régimen burgués. Hay que concluir que el planteo estaba dirigido a una fracción del ejército porque la propia realidad demostró que el frente golpista se integraba, días después, con la mayoría de las organizaciones firmantes de la plataforma del Foro Popular.
La Junta, no sólo se integró de entrada con los dos partidos burgueses de oposición —la democracia cristiana y los socialdemócratas del MNR— sino que convocó a la izquierda a la colaboración llamándola a “comprender que el gobierno no es más un enemigo”. En el campo de la izquierda fue el PC, a través de su organización de fachada, la Unión Democrática Nacional, quien primero se sumó a la convocatoria de los golpistas y se integró al nuevo gobierno. Al cabo de 15 días, las tres mayores organizaciones de izquierda —el Bloque Popular Revolucionario (BPR), las Ligas Populares (LP) y el Frente de Acción Popular Unido (FAPU)-, habían declarado una especie de “tregua” a la nueva Junta.
Es evidente por lo tanto, que el golpe consiguió desarmar, en ese momento, la presión revolucionaria en ascenso. El alcance de la maniobra, sin embargo, fue relativamente precario, es decir, no resolvió, ni mucho menos, la crisis revolucionaria. La Junta fue incapaz de hacer frente a la presión de la derecha militar y el gran capital, y por lo tanto, no sólo no se jugó a mantener un gobierno de frente popular que integrara, de alguna manera, a la guerrilla, sino que luego del golpe la represión siguió tan brutal como siempre. Tampoco el imperialismo quería este curso, que consideraba peligrosísimo. Esto derivó en una crisis. Se retiraron del gobierno los miembros de la UDN, de la socialdemocracia y una parte de los democristianos, que reclamaron, infructuosamente, la renuncia del ministro de defensa José Guillermo García, considerado como elemento de derecha y conservador que bloqueaba la labor reformista de la Junta y la perspectiva de una alianza con las izquierdas.
La Junta se recompuso entonces, en enero pasado, con el apoyo apenas de la democracia cristiana y declaró que se pondría en marcha la reforma agraria y la nacionalización de los bancos.
La diferencia clave entre la estrategia de este nuevo gobierno de la Junta y su predecesor es que su propósito no es ya desviar la presión revolucionaria sino acabar con la revolución y con las organizaciones armadas, y esto aunque todavía no se haya podido deshacer por entero del ala militar reformista, ni de las promesas “democratizantes” (lo que ha mantenido en pie a los reformistas ha sido exclusivamente el imperialismo yanqui, que quiere integrar el aplastamiento de la Revolución a un plan político “institucional”).
La reforma agraria fue impulsada, por sobre todas las cosas, como un operativo de ocupación militar del campo y, sólo en segunda instancia, se planteaba el objetivo de producir una diferenciación burguesa de una capa del campesinado para utilizarlo como base política de apoyo.
Con este viraje a la derecha de la Junta es que se producirá el reagrupa-miento de la izquierda en el CRM, agrupando al BPR, las Ligas, el FAPU y la UDN (PC). El programa lanzado por la Coordinadora planteaba la lucha por la “instauración de un gobierno democrático con la participación de todas las camadas sociales… pequeños y medianos empresarios industriales, comerciantes, artesanos, agricultores… Comprenderá también a los profesionales honestos, al clero progresista, los partidos democráticos como el MNR, los sectores avanzados de la Democracia Cristiana, los oficiales dignos del Ejército”. La propuesta de la izquierda para una nueva coalición gubernamental era prácticamente la misma que fracasó en Octubre y hasta se ve la expectativa de atraer al ala militar del coronel Majano.
El programa de la CRM de febrero era un programa de unión de la izquierda, no en función de delimitarse de la burguesía, sino como un puente hacia una alianza más amplia con esta última; será lo que sucede en abril con la conformación del Frente Democrático Revolucionario.
Lo que se planteó en El Salvador desde marzo-abril en adelante fue una nueva polarización de la lucha de clases, con la Junta dividida (es la fachada del grupo militar de derecha y la hoja de parra que trata de mantener EEUU) y las masas retomando sus movilizaciones. A mediados de mayo se produce una onda de huelgas que abarca a estibadores, empleados de obras públicas, ferroviarios y médicos mientras la burguesía, financiando a grupos paramilitares con la colaboración del Ejército —armado por los yanquis- se lanza a verdaderas matanzas en el campo y las ciudades.
Todo indica que es en estas circunstancias cuando la estrategia del frente con representantes burgueses se reveló más nociva. Sembró la ilusión que, “aislando" al gobierno mediante maniobras con emigrados del campo burgués, la vía hacia la toma del poder es más fácil y rápida. En este caso el gran peligro del frente burgués está en el hecho de servir para paralizar a las direcciones de izquierda en la tarea de impulsar la sublevación nacional, y en crear la ficción de un desmoronamiento de la Junta por una especie de vaciamiento. Todo indica que detrás de esta perspectiva, el FDR lanzó la huelga general del 24/25 de junio, luego de una intensa campaña de figuras burguesas del FDR en Europa y Estados Unidos, que días antes habían anunciado en Madrid que “la huelga será el golpe final de nuestra lucha y por eso la utilizaremos en la hora exacta”. Pero no se lanza una insurrección con un paro reglamentado de 48 horas…
Cuando en agosto se convocó un nuevo paro general -el 13, 14 y 15- los resultados fueron más precarios porque una parte de la industria (30/40 por ciento) y la mayor parte del comercio no adhirieron (según informa el Latin American Report). Se planteó no obstante que la huelga era parte de un proceso de ‘‘acumulación de fuerzas” y se mantuvo una apreciación exitista de la situación: “es generalizada la convicción en toda América Central que, en el período agosto-septiembre, las fuerzas de oposición revolucionaria en El Salvador iniciarán una ofensiva final contra el gobierno 'cívico militar’ ” (En Tempo, San Pablo, 28/8).
En el período siguiente se observan, sin embargo, tendencias negativas en el desarrollo de la situación.
Por un lado, la Junta ha pegado un nuevo viraje a la derecha con la adaptación al elemento más antiobrero de la misma, el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, que limpió de los puestos de comando de tropas a los oficiales adictos al coronel Majano, el otro miembro titular de la Junta que había buscado una composición con las guerrillas de las FARN, brazo armado del FAPU (“The Economist”, 13/9). Majano habló de resistir la remoción de sus oficiales pero terminó cediendo en toda la línea. Por otro lado, los anuncios reiterados del "enfrentamiento final” que no se produce estarían provocando una cierta desmoralización, como apuntan informaciones de la prensa de izquierda centroamericana que indican que la situación está “comenzando a pudrirse”: “la izquierda hace algunos meses perdió un terreno que la derecha todavía no ha ocupado… pero el pueblo necesita retomar confianza…, si antes de fin de año el Frente es capaz de dar golpes serios al Ejército, todo es posible. Pero si hasta enero esto no sucede el 'modelo salvadoreño’ implantado por la democracia cristiana y los militares puede durar” señaló un dirigente guerrillero recientemente (Le Monde, 13/11/80). A su vez, en opinión de The Economist (1/11/80), “las guerrillas de izquierda en El Salvador han estado a la defensiva desde marzo, pero ahora están en un retroceso en gran escala” (curiosamente este semanario, es el que da la mejor caracterización del Frente Democrático: “este frente no ha hecho hasta ahora, poco más que una campaña en Europa occidental y Estados Unidos").
Finalmente, el gobierno ha planteado un plan de “institucionalización”, al cumplirse el aniversario del golpe de octubre, que incluiría elecciones para una Asamblea Constituyente en 1982 y presidenciales en 1983. La Federación de Industrias y la Asociación de Comercio reclamaron el mismo día el “cese del programa de reformas", el “fin del gobierno de facto y el retomo a un gobierno constitucional”, lo que indica que la burguesía aprecia la posibilidad de revertir el proceso de algunas nacionalizaciones y expropiaciones dictadas por la Junta.
Poco después el gobierno firmó (30 de octubre) un tratado de paz con Honduras. Éi primer objetivo del tratado es liquidar la zona desmilitarizada existente entre los dos países que servía de refugio para campesinos y guerrilleros. Pero su alcance contrarrevolucionario es más amplio: el tratado ha reestructurado el “Consejo de Defensa de América Central (CONDECA)" organismo originalmente fundado en 1965 como parte del “sistema de Defensa del Continente Centroamericano (frente) al carácter permanentemente agresivo del comunismo internacional”. El CONDECA es un instrumento de los americanos y su rearticulación indica que es a través de éste que los yanquis pueden pasar a la intervención directa en El Salvador: “si la situación se agrava la Junta podría más fácilmente recurrir a la colaboración regional sin dirigirse directamente al Ejército de los EEUU".
Es difícil definir a distancia el carácter preciso de la situación en el país centroamericano y el estado de ánimo de las masas. Es evidente, sin embargo, que el desarrollo de una política consecuente en favor de la revolución y su victoria cabal, supone la crítica de la estrategia de colaboracionismo clasista puesta en marcha por los grupos de izquierda dirigentes que se manifiesta en una política de disipación de la tendencia insurreccional de las masas, y que está conduciendo al desgaste y a la desmoralización. Las masas no han sufrido ninguna derrota fundamental y la consecución del actual combate y sus perspectivas de triunfo se vinculan a la capacidad de la vanguardia de elaborar una estrategia de ruptura con la burguesía, por la dirección obrera de la revolución de los explotados salvadoreños, por la liquidación del Estado burgués y un gobierno obrero y campesino. La crítica esencial al frente de las organizaciones revolucionarias de la izquierda y de las masas con la burguesía “opositora”, consiste precisamente en que este frente ha planteado un desvío de la estrategia política de la insurrección, es decir, formación de consejos de obreros, de campesinos y de soldados, y por la huelga general indefinida.
25 de noviembre de 1980
Nota:
(1). KARUSH, Geratd: 'Tierra, población y pobreza: las raíces de la crisis demográfica en El Salvador"; Estudios Centroamericanos (ECA), Revista de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, El Salvador, diciembre 1977.
(2). TORRES RIVAS, Edelberto, "Interpretación del desarrollo social centroamericano". Editorial Universitaria Centroamericana, Costa Rica, 1971.
(3). TORRES RIVAS, op. cit.
(4). WHITE, A.; "El Salvador", Praeger Publi-shers, New York, 1973, citado en Estudios Centroamericanos (op. cit.), marzo 1979.
(5). CARDOSO, Ciro F.S. y PERES BRIGNOLI, Héctor; "Historia económica de América Latina", Ed. Crítica, Barcelona, 1979.
(6). Idem.
(7). TORRES RIVAS, op. cit.
(8). CAROOSO y PERES BRIGNOLI, cp. cit.
(9). MARISCAL, Nicolás; "Regímenes políticos en El Salvador", ECA (op. cit.), El Salvador, marzo 1979.
(10). LEO GRANDE, William y ROBBINS, Cario Anne; "Oligarchs and Officers the crisis In El Salvador" en "Foreing Affairs", 1980.
(11). MARISCAL, Nicolás, op. cit.
(12). LOPEZ VALLECILLOS, Italo; “Fuerzas Sociales y Cambio Social en El Salvador" en ECA, julio-agosto 1979.
(13). Idem.
(14). LOPEZ VALLECILLOS, Italo; "Rasgos sociales y tendencias políticas en El Salvador", en ECA octubre-noviembre 1979.
(15). BURKE, Melvin; "El sistema de plantación y la proletarización del trabajo agrícola en El Salvador", en ECA septiembre-octubre 1976.
(16). SAMOYOA, Salvador y GALVAN, Guillermo; "El movimiento obrero en El Salvador", en ECA, julio-agosto 1979.
(17). FLORES PINEL, Fernando; “El golpe de Estado en El Salvador…", en ECA octubre-noviembre 1979.
(18). GUIOOS VEJAR, C.; "La crisis política en El Salvador", en ECA julio-agosto 1979.
(19). Idem.
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