Perú: Del gobierno militar a Belaunde
Este artículo es una colaboración que le fue pedida a un compañero de Política Obrera
El nacionalismo militar peruano, tras 12 años en el gobierno ha concluido en un descomunal fracaso.
En octubre de 1968, una fracción dirigente de las Fuerzas Armadas se apoderó de las riendas del poder-con el objetivo, no ya de dar una respuesta más o menos episódica a la extrema crisis política del país, sino con la finalidad de modificar el conjunto del cuadro político, imprimiendo un ciclo nacionalista.
El gobierno militar lanzó desde su inicio una serie de nacionalizaciones que sirvieron por sí mismas para modificar situación política del país, al crear una nueva referencia política para los trabajadores y al neutralizar a sus direcciones pequeño burguesas.
Desde el punto de vista económico, el objetivo de esas nacionalizaciones era plantear una vía de industrialización mediante la transferencia por medio del capitalismo de Estado, de los recursos de las ramas de producción estancadas (azúcar, alimentos, viejos grupos bancarios) donde se concentraba la vieja oligarquía agrario-financiera hacia las ramas que ofrecían una perspectiva de ascenso en el mercado mundial (nuevos yacimientos de cobre y petróleo), asimismo, con la sanción de la reforma agraria se buscó ampliar el mercado interno y recortar el poder de los latifundistas, al tiempo que a través de la llamada reforma de la empresa (comunidad industrial) se prometió elevar al nivel de vida y la ocupación obreras y facilitar la regimentación de los trabajadores en organizaciones bajo el control estatal (CTRP, Dinamos, etc).
La realidad fue que el gobierno militar no acometió ninguna de sus empresas “modernizadoras” y “nacionalistas” sin caer en una colosal dependencia del capital extranjero que se manifestó, entre o-tras cosas en un colosal endeudamiento externo.
En 1976, a 8 años de nacionalismo en el poder, banqueros privados “señalaron que Perú fue uno de los más grandes receptores de fondos bancarios privados en Sudamérica durante los recientes años 1970, cuando las relaciones norteamericano-peruanas eran tirantes. Más de 1.000 millones de dólares en créditos privados llovieron en el país, principalmente en proyectos mineros, a pesar de los 6 años de bloqueo crediticio instituido por los EEUU después que el gobierno militar peruano nacionalizó una subsidiaria de la Exxon en 1968 sin el pago de la compensación”(“New York Times”4/8/76).
"Entre 1973 y 1976 -señala a su vez el “International Herald Tribune” (junio 1980)- Perú tomó prestado un total de u$s 2.200 millones de los mercados financieros internacionales, fuera de un total de u$s 4.000 millones comprometidos durante aquellos años”.
“Los banqueros del mundo -prosigue el “International Herald Tribune”-estaban bastante contentos en prestar al Perú en esa escala porque conocían que tenía en su suelo suficientes cantidades de cobre y petróleo que lo habilitaba para cancelar los préstamos cuando vencieran”. En 1978 la deuda externa era de 8.000 millones de dólares, 5 veces superior a la de 1968 y las reservas estaban en cero. Oficialmente en bancarrota, el gobierno militar acudió al Fondo Monetario Internacional, para concluir adoptando sus recetas. En definitiva, fue precisamente bajo el gobierno nacionalista cuando el imperialismo logró, como nunca antes, asociarse financieramente a la producción y exportación del cobre y petróleo y estrangular al país mediante una pesada deuda externa.
Ya al borde la cesación de pagos, el gobierno militar, en octubre de 1978, renegoció su pesada deuda externa sobre la base de un acuerdo con el FMI. Para cumplir con los acreedores extranjeros, el gobierno promulgó dos meses después la ley sobre exportaciones no tradicionales lo que significaba sustanciales subvenciones a ese tipo de exportaciones. Así, en 1979, Perú exportó productos no tradicionales por u$s 700 millones contra 170 millones en 1976 pero el déficit fiscal en 1979 fue de u$s 831 millones, debido en parte a esos subsidios.
Esta nueva política económica le permitió al gobierno hacerse de algunas reservas de divisas a costa de un nuevo impulso a la inflación y del empobrecimiento mayor de los explotados. Cálculos recientes indican que los empleados públicos tienen hoy un salario real 75 por ciento inferior al de 1973 y que la desocupación y subempleo es del 70 por ciento.
La resultante de la publicitada reforma agraria fue una exacerbación de los conflictos sociales en el campo. La reforma agraria se aplicó sólo a 220.000 familias campesinas sobre 1.200.000, (la sexta parte), quienes a su vez terminaron fuertemente descapitalizados. El gobierno armó un sistema de indemnizaciones que afectaron al campesinado “reformado” con una tremenda deuda agraria y sin dejar satisfecho a los latifundistas para quienes las compensaciones eran bajas. A esto hay que agregar los impuestos, las dificultades de transporte y comercialización que obligaba a los campesinos a vender a intermediarios a precios más bajos, la falta de créditos, etc. (ver “Cambios Estructurales en el Perú”).
De este modo, la reforma agraria, agravada porque no fue acompañada de una industrialización independiente por parte del Estado, provocó un masivo incremento de la desocupación crónica y la baja de la productividad agraria, con el consiguiente aumento de los precios de los alimentos para la mayor población urbana.
En la industria el fenómeno fue similar. El régimen de la comunidad industrial no benefició al movimiento obrero, y los empresarios, por los controles estatales, desarrollaron el mercado negro y bajaron las inversiones. A través de subsidios y rebajas impositivas, el gobierno favoreció el desarrollo de ciertos grupos empresariales textiles y del procesamiento del pescado con destino a la exportación. “Entre 1972 y 1978, las ganancias empresariales como una parte del ingreso nacional se duplicaron y esto ayudó a estos grupos empresarios a convertirse en los nuevos “señores del Perú”. Bancos y otras instituciones financieras hicieron enormes ganancias que sirvieron como una base para el crecimiento del capital monopolista” (“IHT”)
La sindicalización obrera, motorizada por las reivindicaciones insatisfechas, cobró un fuerte impulso, quebrando la regimentación corporativa.
Más aún, junto al fracaso de las organizaciones de regimentación del nacionalismo, el aparato stalinista que controla la CGTP —ferviente sostenedor del gobierno— sufrió varias escisiones que dieron lugar a la creación de varios sindicatos independientes. Es absolutamente falso que la CGTP preservó durante esos años la independencia de clase del proletariado. El stalinismo fue uno de los principales factores de desmoralización y traición en el movimiento obrero al servicio del nacionalismo gobernante.
El nacionalismo muestra toda su cara.
Ante el estallido de la crisis económica, bajo Velazco Alvarado, en junio de 1975, el gobierno descargó un paquete de medidas antiobreras y antipopulares. Un golpe de estado desplazó a Velazco por Morales Bermúdez evidenciando el giro a la derecha del nacionalismo gobernante, la división en las fuerzas armadas y el fracaso general de sus planes económicos y políticos. La cesión sin resistencia del poder a la llamada “nueva etapa” evidenció la postración total del velazquismo ante la presión imperialista y de la burguesía.
Morales Bermúdez prosiguió periódicamente con esos “paquetes”. La llamada izquierda militar nacionalista se sumó abiertamente a este curso derechista. El general Fernandez Maldonado, entonces líder de esta “izquierda militar”, primer Ministro de Morales Bermúdez, en 1976 no dudó en enviar los tanques y decretar el toque de queda para aplastar la rebelión popular en respuesta a los formidables aumentos de precios y el congelamiento salarial. El gobierno prohibió las huelgas, deportó y arrestó a numerosos líderes obreros y campesinos y cerró una decena de diarios y revistas de izquierda.
“Las duras medidas "capitalistas” tomadas por el gobierno a fines de junio —escribía “The Andean Report” (agosto 1976)— convencieron a los banqueros que un esfuerzo serio iba a ser hecho al final para equilibrar el déficit fiscal y ajustar los gastos externos”.
La adaptación total de la izquierda militar nacionalista al imperialismo animó a un sector de las Fuerzas Armadas a "sublevarse” con el fin de desplazar a Fernandez Maldonado. La derecha militar sabía que esa “izquierda” no podía ni quería resistir. Para preservar la unidad del ejército, la izquierda militar resigno/ sus posiciones y se abrió un sostenido curso proimperialista. El gobierno militar llamó a licitación internacional para explorar y expkv tar los yacimientos pretrolíferos en el mar y la selva oriental y desestatizó parcial mente la empresa Pesca Perú. El nacionalismo militar actuó bajo los dictados del imperialismo. Como señaló entonces “The Andean Report”(agosto 76) “las condiciones impuestas al Perú por los bancos de EEUU son las más duras que se recuerden. No sólo en la tasa de interés… sino también en los plazos que son cortos".
El nacionalismo militar mostró toda su faceta y ya en 1975 era una experiencia histórica cancelada agotó su capital político entre las masas, desapareció la relativa confianza de la burguesía en su capacidad para mantener el “orden”, se resquebrajó la unidad política de las fuerzas armadas, y concluyó virando hacia las posiciones del imperialismo. Lo esencial fue entonces que agotado el capital que le había permitido al nacionalismo apaciguar, dentro de ciertos límites, a los trabajadores, se abrió una nueva situación: el desplazamiento político vertiginoso del proletariado hacia un nuevo reagrupamiento.
La huelga general del 19 de julio de 1977: una situación revolucionaria
Desde 1974, con flujos y reflujos, el proletariado y los explotados se movilizaron contra el gobierno. Sólo la traición de las direcciones obreras (en especial, el PC que controla la CGTP y que apoyó abiertamente al gobierno) explica la relativa lentitud de esos movimientos de los explotados. El fenomenal recrudecimiento de la crisis económica, sin embargo, le dio un formidable empuje al movimiento de reivindicaciones.
En junio de 1977 se produjeron verdaderas sublevaciones populares en el interior del país en respuesta al Plan Piazza (recién nombrado ministro de economía) que preveía el despido masivo de los empleados públicos, la liquidación de los subsidios a los productos de primera necesidad y un congelamiento de salarios, medidas éstas exigidas por el FMI. Las ciudades de Tacna, Arequipa, Ayacucho y Juliaca fueron las primeras en movilizarse; luego Trujillo y Huancayo. Este movimiento, que debutó en el interior, pugnaba por extenderse a todo el país y llegar a la capital. Todas las centrales CGTP (stalinista), CTP (Apista), CTPR (gubernamental) evitaron todo tipo de pronunciamiento de lucha durante todo el mes en que el Plan Piazza era resistido por las masas. Imposibilitados, por la enorme presión obrera, de continuar con ese freno, finalmente decretaron un paro aislado de 24 horas y sin continuidad. Lo que buscaban las burocracias sindicales era poner al movimiento de masas en una situación de impasse por medio de una acción destinada, no a desplegar la potencia de los explotados, sino a crear una medida controlada que mostrara que el proletariado era incapaz de definir la situación política.
Sin embargo, la intervención obrera en el paro del 19 de julio de 1977 transformó por completo la situación. Fue un paro total, histórico, el más importante de los últimos 25 años. Piquetes, bloqueo de rutas, manifestaciones, sacaron al paro del cuadro que querían colocarlo las direcciones sindicales. La crisis económica, por la intervención de las masas, se transformó en política.
El paro histórico del 19 de julio significó el paso de tres años de grandes luchas aisladas a una etapa de movilización de proporciones históricas del proletariado, puso de relieve y radicalizó aún más la tendencia hacia la izquierda de la pequeño burguesía y transformó la impasse gubernamental, determinada por la crisis económica, en un comienzo de disgregación política del Estado. Por todo eso afirmamos que se abrió una situación revolucionaria.
El Plan pseudo constitucional
En ningún momento de su larga trayectoria, el gobierno militar nacionalista propugnó la convocatoria de una Asamblea Constituyente. De ahí que cuando en respuesta al paro histórico del 19 de julio Morales Bermúdez anunció un plan político de entrega del poder a los civiles en 1980, previa convocatoria a una Asamblea Constituyente, en 1978, la explicación surgía nítidamente. Era el fruto del fracaso del nacionalismo burgués; era una medida dilatoria, en busca de un cuadro político para recomponer el frente burgués; reflejo del desacuerdo existente para constituir directamente un gobierno de “unidad nacional"; buscaba desviar el movimiento de luchas del proletariado y los explotados, abriéndole a sus direcciones pequeño burguesas y burocráticas un espacio político más amplio para la defensa del Estado burgués. La CGTP (stalinista) se apresuró en señalar que esperaba “que se cumpla el anuncio gubernamental”).
Para obtener su finalidad de castrar el movimiento independiente de las masas el plan político debía permitir un acuerdo del gobierno con los partidos burgueses y el stalinismo y el aislamiento de la izquierda y de los sindicatos independientes del aparato de la CGTP. En este plano, los términos de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, formulados en octubre de 1977, eran precisos-, no tenían derecho a voto ni los analfabetos ni los soldados, (es decir, más de tres millones de personas- en relación a los 7 millones y medio que constituían la población adulta y que se encuentran en un cien por cien entre los más explotados) y se presentaba una condición proscriptiva para la legalización de las listas (40.000 firmas individualizadas). Se trataba de una convocatoria antidemocrática y proscriptiva que debía asegurar el monopolio político a los partidos que representaban la defensa del orden existente, es decir, quebrar la proyección política independiente de las masas en organizaciones revolucionarias, desviándolas al remanso del orden burgués seudoparlamentario. Las Fuerzas Armadas para la formulación de este plan se basaron en el predominio de la central stalinista en el plano sindical, así como en la innumerable fragmentación (centrismo y sectarismo) de la izquierda peruana en grupos hostiles entre si.
El APRA y el stalinismo aceptaron, más o menos rápidamente, los lineamientos básicos de este plan. El partido comunista llegó a dar su acuerdo a la presencia de una representación de las organizaciones corporativas en la Constituyente. Asimismo, declaró una tregua social de hecho con el gobierno militar, expresado en la ausencia total de medidas de lucha en favor de la reposición de los despedidos represaliados por el paro del 19 de julio y en favor del regreso de los deportados -esto a pesar de una huelga de hambre lanzada por los cesanteados y tus familias. En setiembre del 77 sabotearon el llamado a un paro general, así como también rompieron el frente con los sindicatos independientes, agrupados en el Comité Unitario de Lucha (CUL). En enero de 1978, la dirección de la CGTP levantó, inconsultamente, un paro general ya resuelto por el plenario de la Central, en virtud de un acuerdo directo con Morales Bermúdez. El stalinismo se jugó como el más enérgico defensor del Estado burgués, ya no en virtud del carácter “nacionalista” del gobierno, sino precisamente por el hecho de que éste estaba soldando un frente con el FMI, la banca internacional y el gobierno de Cárter.
El apoyo brindado por el APRA formaba parte de una negociación con el gobierno militar que tenía dos aspectos: reflotar, por medio del proceso seudoparlamentario, a este viejo y desprestigiado partido nacionalista, y, de otro lado, pactar en beneficio mutuo con Morales Bermúdez la salida presidencial de 1980. El APRA aceptó el encuadramiento de la Constituyente, aunque fue imperceptiblemente ampliando su demagogia liberal a medida que la situación iba desbordando los proyectos originales.
En el campo de la burguesía, los planteos más críticos provinieron de la derecha que, en determinado momento, llegó a tener un reflejo importante dentro de las fuerzas armadas. Acción Popular de Belaúnde Terry rechazó el plan militar señalando que debía pasarse cuanto ante a una elección presidencial, pues esto eli minaría la hipoteca política que representaba el gobierno militar y permitiría aplicar consecuentemente un plan proimperialista. Belaúnde Terry se preparaba como alternativa para capitalizar el fracaso del nacionalismo y su plan político, dado el desprestigio del militarismo ante todas las clases. El partido popular cristiano de Bedoya Reyes adoptó una posición similar, con esta variante: apresurar la labor de la Constituyente y adelantar para el 79 la elección presidencial. Esta diferencia estaba explicada por el desigual interés de uno y otro sector frente al plan del FMI y por el deseo de Bedoya de utilizar la e-lección para la Constituyente para efectuar un reconocimiento de su electorado.
La izquierda y el Plan Político
El apoyo del APRA, del stalinismo, del PPC y del gobierno de Cárter al plan constitucional, planteaba a la izquierda la atenta consideración de éste. Se estaba buscando, ni más ni menos, que aprovechar su atomización histórica para aislarla del movimiento de las masas, al tiempo que se pretendía ahogarla, esterilizarla detrás de una perspectiva democratista. La tarea pendiente de dar al proletariado una organización política propia de masas, es decir, proyectar hacia el plano político aluvión huelguístico (única forma en que los trabajadores podían convertir su movimiento objetivamente revolucionario en un movimiento subjetivo hacia el poder), colocaba a la izquierda ante la obligación de dar la batalla política contra el plan de recambio, agotar la experiencia de las masas en relación a él, achicar al máximo el margen de maniobra seudoparlamentario de la burguesía, en fin, elevar la acción directa hacia el plano de la acción política conciente. Todo el plan gubernamental estaba asentado en esa posibilidad de maniobra que le daba la atomización histórica de la izquierda y sus planteos de mocratistas y es en función de aprovechar esto que el APRA y el PC apoyaron justamente la propuesta de Constituyente fraudulenta y de elecciones para las calendas griegas. Con una izquierda más poderosa reconocida políticamente por el proletariado, con hondas raíces en su seno, con una clara estrategia revolucionaria es muy probable que una agitación de boicot contra el plan proscriptivo hubiera arrastrado a la base de los partidos intermedios, condenando de antemano todo el plan de Bermúdez y obligándolo a ejecutar un inmediato retiro político. Pero ésta no era la situación y el abstencionismo o el boicot hubieran condenado a la izquierda a la impotencia, arrumando su perspectiva de transformación en una corriente de masas.
Contra todo lo que podía hacer preveer el pasado ultra de la izquierda peruana (de características centristas, oscilante entre el nacionalismo y la revolución, sectaria, atada a un maoísmo fuera de moda, con sectores ligados a la política foquista del SU) la mayoría de la izquierda (no toda) decidió intervenir en el proceso electoral pero sus planteos políticos y programáticos no salieron del cuadro de la Constituyente fraudulenta.
Un claro ejemplo de esto último lo dio la corriente morenista. Aún en un documento de principios de 1980 sostienen “que la apertura democrática constituye un triunfo parcial del ascenso del movimiento obrero iniciado con los grandes paros nacionales de 1977”, cuando en realidad fue una respuesta fraudulenta, antidemocrática de los explotadores, para ahogar por vía “democrática” el ascenso obrero iniciado en 1977. Con esa caracterización consideraron que “la Asamblea Constituyente” (la de M.Bermúdez) reflejó “un triunfo parcial de las masas”, todo lo cual muestra claramente que el PST no fue más que un firme sostenedor, con verborragia izquierdizante, de los planes “institucionalistas” de la burguesía peruana.
Hugo Blanco basó su estrategia en que la Constituyente debía redactar una Constitución y proponía un texto constitucional… socialista. El POMR no pasaba de una postura de "Asamblea Constituyente soberana y con poder" que, como se reveló con la moción roja, la entendía como de tránsito parlamentario al socialismo.
La tendencia de la izquierda a unirse electoralmente encontraba su explicación en un hecho fundamental: la presión del potente ascenso de las masas. Sin embargo, la posibilidad de un único frente de toda la izquierda no PC quedó frustrada por el planteo de los grupos maoístas que, de un lado, se negaban a sostener una consigna de lucha para desplazar al gobierno militar (decían que no había crisis de poder y que había que limitarse a una acción de propagan da), al mismo tiempo que propugnaban planteos de tipo frente popular y, del otro, a su exigencia de que todas las fuerzas que integraran el frente se disciplinaran a ese programa, renunciando a sus planteos políticos propios. Estas condiciones inaceptables y su hostilidad a todo lo que oliera a trotskismo, llevó finalmente a la formación de la UDP con la exclusión del POMR y del PST de Hugo Blanco, los que junto a personalidades independientes formaron el FOCEP.
Tanto el FOCEP como la UDP no lograron entroncar nunca en las masas, si bien lograron una importante votación en 1978, sobre todo el primero (12 por ciento). Estos frentes no pasaron de ser acuerdos electorales circunstanciales, cuyo fin era obtener una representación parlamentaria y no subordinar ésta a la acción directa de las masas y a la estrategia del gobierno obrero-campesino. El FOCEP, un frente más débil porque no contaba con ciertas direcciones sindicales como la UDP, reposaba en cambio en una cierta popularidad de Hugo Blanco en virtud de sus años de detención y de su demagogia antimilitarista (esto último, dos años después, utilizará Belaúnde Terry para ganar las elecciones).
La OCI francesa se opuso a la formación del FOCEP y exigió que el POMR permaneciera en las filas de la UDP, que exigía entonces como condición para permanecer en él, el acatamiento y la disciplina de todos sus integrantes a la fórmula “gobierno popular revolucionario”. La OCI razonaba que la presencia de dirigentes sindicales en la UDP convertían a éste en un frente antiimperialista de masas y que el lugar de los trotskistas estaba en la UDP a pesar de su ultimatismo proburgués (documento de la OCI del 2/2/78 publicado en el b.i. del POMR). En realidad la UDP de 1978 no pasaba de ser un frente electoral de los maoístas con algunos dirigentes sindicales adictos; las masas no participaban de él.
Posteriormente pasaron a considerar que la unión de la UDP y el FOCEP constituirá el frente antiimperialista y destacaron que algunas acciones comunes parlamentarias entre estos dos frentes así lo demostraba.
La mistificación de este planteamiento está en que ni la UDP ni el FOCEP, ni la suma de ambos, en ningún momento, fueron la dirección de las masas. Una propaganda general antimilitarista frente a partidos que estaban en estrecha convivencia con el régimen militar les permitió obtener una buena votación. Estas direcciones se llenaron de ilusiones democráticas; por eso no pudieron estructurar nunca organizaciones partidarias con una base militante firme y fueron meros sellos electorales.
La huelga de mayo de 1978
El movimiento huelguístico volvió a cobrar un extraordinario impulso con la huelga indefinida de Sider-Perú, que fue sostenida durante un mes por una movilización colosal de toda la población de Chimbóte. Es esto lo que forzó a la CGTP a volver a considerar la necesidad de un paro general, y que determinó un gigantesco mitin de la CUL, el 9 de febrero en Lima. La proyección de esta situación obligó al gobierno a abandonar la idea de la representación de las organizaciones “sociales" porque comprobó que había perdido el control de las principales (por ejemplo, la Confederación Nacional Agraria) y se vio obligado a decir que no impondría limitaciones al temario de la Constituyente. En estas circunstancias, todos los partidos burgueses comenzaron a acentuar su demagogia. Como parte de este proceso se produjo la escisión del partido comunista por el retiro de la mayoría de sus comités regionales y la formación del PC(M), en cuyas filas se encontraban los dirigentes de tres de las cinco principales federaciones sindicales de la CGTP. En abril, el PC(M) ingresó a la UDP. La escición del PC fue el precio que pagó el aparato stalinista por su feroz colaboracionismo con el plan del gobierno en condiciones de un creciente ascenso revolucionario de las masas.
Al mismo tiempo, el gobierno, se encontró en dificultades para aplicar un plan económico que satisfaciera plenamente las presiones de los acreedores extranjeros, en relación al cese de pagos en que se encontraba el Banco Central. El gobierno militar se dividió en torno a un ala que insistía en proseguir el proceso político, chantajeando una tregua al gobierno de Cárter, y negociar un gabinete de unidad nacional (sector encabezado por Morales); y otra ala que reclamó la inmediata aplicación de otro “paquete" antiobrero, un gabinete técnico de emergencia y la postergación de la Constituyente o la convocatoria a elecciones presidenciales en seis, meses (sector del ministro del interior).
El fondo de la dura lucha que sé entabló estuvo constituido por el temor a una gigantesca explosión revolucionaria y los medios para prevenirla o aplastarla. La mayoría del alto mando militar optó por la vía “moderada” y esto por motivaciones sencillas: el planteo de los "duros” llevaba a una ruptura con el APRA, á descolocar a los stalinistas, a apostar al todo o nada a un enfrentamiento directo con el movimiento de masas. De esta manera, se quebró un intento extremadamente importante (estaba apoyado por la mayoría de las entidades empresariales) de retomar el control del proceso político a través de una prueba de fuerza contraías masas.
Una extremada crisis lo constituyó la movilización revolucionaria que se inició en la segunda semana de mayo de 1978 y el paro general del 23 y 24 de ese mes, acompañado de sublevaciones localizadas. Esta acción de las masas fue la respuesta al segundo “paquete" de medidas antiobreras del gobierno militar, que Morales se vio obligado a aplicar, vista la presión de la banca extranjera. La importancia política del paro fue que destrozó las negociaciones en curso para formar un gobierno de unidad nacional. Como parte de esas negociaciones, la CGTP stalinista había expulsado de la Central a los sindicatos dirigidos por el PC (M), en el mes de abril. Otra consecuencia del paro fue impulsar aún más la radicalización política y quebrar la división de la CGTP.
La OCI francesa, mediante un análisis sectario-impresionista del paro del 23 y 24, le planteó al POMR que lanzara el boicot de las elecciones. “Lo que hacía que la cuestión del boicot se planteara, no era únicamente el flagrante cuestionamiento de todas las condiciones de un proceso electoral de por sí poco democrático prioritariamente era el hecho que el ascenso de carácter revolucionario de las masas, materializado en la poderosa huelga general de mayo, dislocaba el plan gubernamental del gobierno y exigía que le fuese formulado a las masas una perspectiva política que superara la constituyente "otorgada", incluso antes de su elección" ("La consigna de la Asamblea Constituyente soberana y la revolución proletaria en América Latina” —documento de la OCI — ) y que se abría un curso de guerra civil.
En realidad, ese paro no rompía las grandes líneas del proceso peruano sino que lo confirmaba; no estábamos frente a una insurrección capaz de quebrar el margen de maniobra de los partidos burgueses y del stalinismo. Lo que sí pasó fue que no se aprovechó esta •, gigantesca movilización para llamar a la formación de organizaciones soviéticas de las masas en lucha y, en función de ello, el reclamo de un congreso nacional de delegados de la CGTP, el conjunto de los sindicatos independientes, las organizaciones campesinas y los partidos obreros y antiimperialistas. El motivo de ello es que la relación entre la lucha democrática y la organización de los soviets no formaba parle di1 programa de ninguna de las organizaciones de la izquierda, lo que significaba el estrangulamiento con la soga del parlamentarismo.
La lucha por los soviets es un aspecto decisivo de la acción para liquidar políticamente al APRA y al stalinismo, disolviendo las ilusiones constitucionales de un amplio sector de las masas.
Asamblea Constituyente
La reivindicación de la Asamblea Constituyente tiene para los trotskistas una significación integral, no mutilada; es decir, su elección por medio del sufragio universal, directo, igual y secreto, y todo lo que de aquí se desprende: plenos poderes para la Constituyente y un gobierno responsable ante ella. Pero por grande que sea el valor de la Constituyente más democrática para luchar contra los regímenes autoritarios y desarrollar la participación política en torno a los grandes problemas democráticos y nacionales, la resolución efectiva de éstos sólo es posible por medio de la conquista revolucionaria del poder por el proletariado; la ilusión de un desarrollo progresivo indefinido de orden constitucional es una puñalada reformista contra la victoria de la .clase obrera, más aún en los países semicoloniales donde la viabilidad de una real democracia burguesa está condenada desde el inicio por la agudeza de los conflictos de clase y la debilidad estructural de la burguesía nacional.
La lucha por la Constituyente es para agudizar la lucha de las masas contra la burguesía y sus partidos y debe ser una oportunidad para lanzar -en cierta etapa de la movilización- la consigna de la organización soviética del proletariado, que es un paso esencial para el armamento de la clase obrera.
La OCI francesa que durante años negó la existencia de tareas democráticas y nacionales en los países atrasados, pasó a considerar que "la consigna de Constituyente soberana centraliza el conjunto de las consignas transitorias que conducen el combate liberador de la nación a la dictadura del proletariado. Y es así que el contenido de la Constituyente soberana no es la constitución de la nación burguesa sino la constitución de la nación liberada por el proletariado”. (Pierre Lambert, texto para el XXIII Congreso de la OCI — Julio 1978).
Como se ve, se trata de un planteo estratégico, no para impulsar la revolución proletaria sino para sustituirla. La Asamblea Constituyente, institución democrático burguesa, pluriclasista, tendría intrínsecamente -según la OCI- un contenido proletario y de pasaje al socialismo. No está ligada al desarrollo soviético de las masas ni a una estrategia insurreccional y por es0 refuerza las ilusiones democratizantes de las masas. Se trata de u-na postura menchevique, de revolución por etapas, que alimenta las ilusiones par-lamentaristas de las masas y por este camino es una soga al cuello al proletariado.
Apenas instalada la Constituyente un sector del FOCEP (PST, POMR, Genaro Ledesma), otro de la UDP (Víctor Cuadros, Díaz Causeco) y un diputado del Velazquismo disidente presentaron la moción de que la Constituyente asumiera el Poder Legislativo y Ejecutivo,- desplazando al gobierno militar (“Moción Roja”).
Por eso, el POMR pasó a convertirse en uno de los mayores propagandistas de la “moción roja” y declaró en una resolución de su B.P. al Io Congreso que "El POMR, que combate por el gobierno obrero y campesino, apoyará un gobierno responsable ante una asamblea constituyente soberana que se comprometa en la realización del programa definido antes”. En un discurso en la Asamblea Constituyente, Napurí declaró ("Revolución Proletaria 78):"Para decirlo claramente, que la voluntad soberana que la Asamblea interpreta, exige el cese del gobierno. Si así se hace, este pueblo que está maduro para grandes hazañas, apoyará, que duda cabe, con fervor revolucionario, a un gobierno responsable ante la Constituyente soberana”. En el mismo número de "R.P.”, en el artículo “Un debate necesario”, se lee: “Por el contrario, es evidente que si la moción presentada lo es en la Asamblea, es a esta Asamblea que nos dirigimos para que (asuma todos los poderes ejecutivos y legislativos, destituya al gobierno militar) y resuelva las contradicciones fundamentales del pueblo oprimido”.
Está archiclaro que se trataba del apoyo a un gobierno responsable de la Asamblea Constituyente antidemocrática y reaccionaria que bajo cualesquiera di sus formulaciones significaba un gobierno de los explotadores a la que se le encomendaba resolver las tareas de la revolución. Ya no sé trataba sólo de un tránsito parlamentario al socialismo sino de abrir la ilusión en una combinación parlamentaria de la Constituyente reaccionaria de Morales Bermúdez.
La izquierda peruana acentuó sus peores rasgos parlamentaristas. El PST morenista, más de un año antes de las elecciones de 1980, sostenía que la tarea de la izquierda peruana era prepararse para las presidenciales con Hugo Blanco como candidato. El bochorno lo volvió a dar el POMR cuando dio a fines de 1978 por agotada las ilusiones parlamentarias de las masas y planteó que se estaban desarrollando los soviets en Perú. Se pasó así como un año desplegando una campaña solitaria, al margen de la lucha de clases, por una Asamblea Popular en Lima, que terminó en un estrepitoso fracaso.
Toda esta orientación “institucionalista” se revelará con poderosa fuerza para las elecciones generales de mayo de 1980, donde esta estrategia parlamentarista permitirá el triunfo de Belaúnde Terry.
La formación y quiebra del ARI
A partir de un acuerdo entre sectores de la UDP y Hugo Blanco se conformó un frente electoral unitario con la candidatura de éste, el ARI, para las elecciones generales de mayo de 1980. Esto precipitó una avalancha de adhesiones, al punto que salvo el stalinismo y el grupúsculo del PST, toda la izquierda peruana ingresó al. ARI. Se trató de un reflejo defensivo momentáneo de la izquierda para evitar ser pulverizada en 5 ó 6 bloques electorales.
Durante 1979 se produjeron una serie de huelgas y luchas que concluyeron en derrotas del movimiento obrero que, sin embargo, no lograron cambiar la etapa. Entre ellos debemos destacar el paro de 72 horas de la CGTP y las derrotas de las huelgas mineras y docente. El stalinismo jugó un papel de primer orden en estas derrotas, lo que consolidaron relativamente el plan político del gobierno. Se abrió en cambio una presión del movimiento de masas en favor de un frente independiente unitario contra la dictadura y los partidos burgueses para las elecciones generales. El impacto de esto fue acusado por el gobierno, que barajó la posibilidad ya sea de proscribir a Hugo Blanco, ya sea de anular las elecciones. También el stalinismo: conformó rápidamente un frente electoral propio con la candidatura presidencial de Ledesma con el fin de dividir un frente amplio unitario de la izquierda. La Justicia electoral colaboró con esto, otorgándole la titularidad del FOCEP a Ledesma a pesar de que el 95 por ciento de sus integrantes repudiaran el divisionismo de éste.
La UDP y Hugo Blanco representaba tendencias electoralistas que, con la formación del ARI, buscaban obtener una mayor representación parlamentaria. Pero en la situación política peruana, ofrecían un canal político electoral, que, en la medida que agrupaba al conjunto de la izquierda y contaba a su cabeza con candidatos de mayor votación de masas, amenazaba con destrozar los planes gubernamentales y burgueses y abría un formidable paso para la constitución de un frente verdaderamente antiimperialista.
Por todo lo que señalamos de la izquierda peruana la consolidación del ARI estaba por verse. Y precisamente por la envergadura y posibilidades reales de derrotar a la burguesía, los aparatos internacionales burocráticos y contrarrevolucionarios trabajaron por su destrucción.
Primero fue el “frente unidad de izquierda” que conformaron el PC, el velazquismo y Ledesma. Actuando bajo directivas cubanas, Ledesma rompió el FOCEP, denunció a los “trotskistas”, y llegó a un acuerdo electoral con el stalinismo.
Segundo, la embajada china instruyó a sus grupúsculos afines de ingresar al ARI con planteos ultimatistas y exigiendo un record de candidaturas con el exclusivo fin de quebrar al ARI y confundir a las masas.
Pero el verdadero tiro de gracia, lo dio el Comité Paritario. El pequeño grupúsculo del PST que, luego de negociar su entrada al ARI, se mantuvo al margen, logró volcar a los restantes grupos del CP a sus planteos divisionistas. El POMR se retiró del ARI y, con una mayoría inestable dentro del PRT, lograron volcar también a Blanco a sus planteos divisionistas.
Mientras la labor divisionista de los chinos fue sin sutilezas, el CP lo revistió de fórmulas ideológicas y programáticas. Así, el PST acusó al ARI de ser un frente de colaboración de clases, por su composición y su programa. El hecho de que el PST utilizara ambos argumentos simultáneamente, revelaba que se trataba de una maniobra sin principios. Porque si el ARI era un frente de colaboración de clases por su composición de nada importaba su programa (porque por más revolucionario que éste sea, no es más que un adorno para hacer pasar a la burguesía); y en cambio si no lo era por su composición el lugar de los revolucionarios era estar en él, en la medida en que constituía un vasto canal independiente de frente único de las masas, aunque tuviera influencias o planteos programáticos errados.
Pero por su composición el ARI era un frente independiente de la burguesía. El acta UDP-Hugo Blanco, que dio nacimiento al ARI, excluyó del mismo a toda organización burguesa y el controvertido pequeño grupo ARS, de Mario Villaran, expresamente estaba excluido del ARI. El PST y luego el POMR pegaron el grito en el cielo porque Villaran asistió a reuniones del ARI, pero durante más de un año este personaje estuvo en el FOCEP y los “ortodoxos” jamás hicieron la menor objeción. Villaran y los 10 seguidores del ARS no contaban con ningún puesto en el .ARI, ni siquiera en una remota localidad del interior, pero finalmente, el ARS se retiró y entonces el POMR justificó igual su ruptura con el ARI con el increíble argumento de que se fue solo y no echado, lo que demostraría que el ARI no quería romper objetivamente con la burguesía.
Entonces el PST y el POMR esgrimieron otro argumento: el ARI no tenía en su programa la fórmula de “gobierno de los trabajadores”. Pero el ARI era un frente independiente de las masas que amenazaba con derrumbar los planes políticos de la burguesía; por lo tanto,, apoyarlo estaba para los trotskistas, en la línea del gobierno obrero-campesino aunque esta fórmula no estuviera inscripta en su programa . En cambio un frente que no es de masas con un programa ortodoxamente puro, que divide al ARI, no es más que una empresa divisionista, revestida de planteos “revolucionarios”.
El ARI explícitamente dejó en libertad a cada organización de agitar su propia fórmula de poder y esto conscientemente para evitar escisiones. Este planteo fue una victoria de los grupos “trotskistas” contra los sectores maoístas y por eso el POMR lo presentó así al justificar en su momento su ingreso al ARI. En 1978, los grupos maoístas exigieron al POMR y PST que se subordinaran a su fórmula de poder, ("gobierno popular revolucionario”), para arribar a un acuerdo electoral para la Constituyente, lo que fue rechazado por éstos quienes conformaron el FOCEP. Ahora, la libertad de agitación de la fórmula de poder constituía un retroceso de los maoístas impuesto por el cambio de la relación de fuerzas entre los sectores del FOCEP y la UDP.
Balance de las elecciones
Las elecciones generales peruanas concluyeron con una aplastante derrota de los partidos burgueses que encamaban el contubernio con la dictadura militar (en especial el APRA), de todos los partidos que se hicieron cómplices de la Constituyente de fachada que montó el gobierno de Morales y de los grupos de izquierda por su fragmentación en 7 u 8 bloques electorales.
Belaúnde Terry (Acción Popular), el candidato triunfante, depuesto en 1968 por el golpe de Velazco Alvarado, apareció ante una gran parte del electorado como el único en condiciones de cerrarte el paso al plan de sucesión política arreglado por el APRA con el gobierno militar: Recordemos que Acción Popular fue el único partido burgués que boicotéó las elecciones constituyentes de 1978, que tenían precisamente la función de preparar y asegurar la sucesión política en favor del APRA. Belaúnde Terry basó su campaña en la denuncia del contubernio militar-aprista.
Pero el gran derrotado es la izquierda peruana, y en especial el bloque PRT-POMR-PST que encabezaba Hugo Blanco. Mientras en 1978, la izquierda pudo vencer parcialmente su tendencia a la disgregación con la formación básicamente de dos bloques electorales (FOCEP-UDP que totalizaron el 18 por ciento), esta vez afloraron las tendencias divisionistas y sectarias y los 40 grupúsculos de izquierda se agruparon en 7 bloques electorales. Mientras en 1978 esos dos bloques expresaron una tendencia unitaria, aunque incompleta, esta vez el proceso fue inverso: un frente electoral independiente que englobaba, al 95 por ciento de la izquierda peruana y que contaba a Hugo Blanco como su candidato central (el ARI), fue quebrado por la acción divisionista, sectaria y oportunista de los maoístas recalcitrantes (UNIR-PC Clase Obrera) y de los seudotrotskistas del PRT-POMR-PST. En esas condiciones las elecciones no le abrían ninguna perspectiva a las masas y efectivamente así sucedió. Más del 30 por ciento del electorado (2.500.000 de votantes) se abstuvo o voto en blanco (el doble respecto a 1979, lo que prácticamente equivale a la cantidad de nuevos electores), cifra que no pudo ser movilizada electoralmente por la izquierda que fue incapaz, por su fragmentación de ofrecerle perspectiva y alternativa de conjunto. Otra demostración del resultado del divisionismo es que una parte importante (3 a 4 por ciento) de los que votaron por los frentes de izquierda para senadores y diputados prefirieron votar por Belaúnde en la contienda presidencial para cerrarle el paso al aprismo y sus bandas.
El morenismo (PST), abanderado de la división de la izquierda, sostuvo que esta división se justificaba como parte de la lucha contra el maoísmo, corriente -según Moreno— en retroceso, que quería “colarse” de la candidatura de Blanco para obtener una representación parlamentaria que no le correspondía. Sucedió exacta mente lo contrario. Levantó cabeza el stalinismo que para Senadores y Diputados
fue el más votado de la izquierda. Levantaron cabeza los maoístas más recalcitrantes (para presidente, UNIR sacó el 4 por ciento y Blanco el 3,5 por ciento) y para Senadores el PRT-POMR-PST se colocó por detrás del PC, de UNIR y la UDP. El bloque seudotrotskista fue sancionado por las masas porque fueron los responsables principales de la división.
La UDP también sufrió una aplastante derrota (2,4 por ciento), aunque obtuvo algunos votos más en Senadores y Diputados. Esto sólo nos está indicando desde ya la extrema confusión de su electorado que se inclinó por Belaúnde. El Proceso de la UDP se reforzó porque colocó a la cabeza de su lista no a sus dirigentes obreros y campesinos, sino a los profesionales pequeño burgueses cuya ambición es la bancada parlamentaria
El resultado electoral sanciona el lamentable papel jugado por la izquierda seudotrotskista y maoísta en la Constituyente.
Angel Dieguez
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