Uruguay: Otra dictadura que tambalea

El 28 de noviembre se realizaron las elecciones de convencionales de los tres partidos autorizados por la dictadura militar, donde tenían derecho de voto todos los ciudadanos. Este esquema de “primarias” a la norteamericana jugaba un papel especial en el plan de digitación y regimentación de la dictadura, pues es un método para potenciar la manipulación de los partidos políticos por medio de la influencia económica de los grandes capitalistas y de la propia dictadura. Se impone hacer un breve balance de estas elecciones como complemento indispensable al texto que se va a leer, y que fuera escrito tres semanas antes.

La votación ha significado un inmenso golpe a la dictadura y de indudables implicancias para su mayor descomposición. Lo que se trató de presentar como una elección en la que no estaba en juego un cuestionamiento al régimen, se transformó en un nuevo plebiscito contra él. La votación se volcó a favor de los sectores del partido nacional y del partido colorado que impulsaron el NO en el 80, en una mayor medida que en aquel entonces. Obtuvieron el 80 por ciento, mientras que el NO había obtenido un 60 por ciento.

Los sectores pro-oficialistas (Pacheco en el partido colorado, Gallinal en el blanco) identificados con el SI en 1980 (35 por ciento) retrocedieron notoriamente (sumaron esta vez el 19 por ciento).

Surge inconfundible que se ha acentuado la tendencia política anti-dictatorial expresada con el NO del 80. Un hecho de gran importancia fue la imponente movilización, en la noche misma de las elecciones, de miles de montevideanos en el centro de la capital al grito de “liberar, liberar, a los presos por luchar” y “se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar”, cosa que no había ocurrido en oportunidad del plebiscito. Dos días después, el festejo del triunfo de Peñarol en Chile derivó en una nueva manifestación antidicatatorial.

El gobierno militar ha sufrido una derrota en varios de los aspectos de su plan político. No pudo evitar que las elecciones asumieran el carácter de un plebiscito, ni consiguió que una fracción afín, la de Pacheco Areco, lograra conquistar la posición de primera minoría en el partido colorado. Desde este solo punto de vista, las elecciones lo obligan a alterar su plan político y a iniciar una fase de retroceso más acelerada, similar a la de la dictadura argentina.

En este cuadro de conjunto debe insertarse el bajo porcentaje de votos en blanco, que expresaban una línea independiente de los partidos burgueses y de la tendencia de éstos al compromiso con la dictadura. Revela que la burguesía tiene sometido al proletariado y a las masas. El voto en blanco obtuvo la mitad del porcentaje de votos que recibió el Frente Amplio en 1971. La razón principal de este fracaso ha sido la política del P.C. quien llamó a votar por los sectores “progresistas” de los partidos burgueses, aún después de haber sido forzado a pronunciarse por el voto en blanco. El PC sigue siendo la bisagra que ata a los explotados a los explota dores. Cuando se tiene presente esto se aprecia el enorme valor político del 12 por ciento de votos que obtuvo el votoblanquismo de Montevideo, pues está claro que reflejan una acentuada influencia clasista.

A pesar de la enorme votación que recogieron los sectores opositores burgueses, no es en si misma el elemento motor principal de la descomposición del régimen, como se demostró con lo ocurrido con posterioridad al NO, en 1980.

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que las elecciones pusieron de relieve algunas tendencias de gran importancia dentro de los partidos burgueses. En el partido colorado, la victoria fue de la fracción de Unidad y Reforma, que dirigen Jorge Batlle y J. Sanguinetti. Esta tendencia integró en el pasado el llamado “frente chico” de apoyo a la dictadura. Representa a fracciones financieras e industriales y tiene un definido planteo de defensa del cronograma político-electoral que prevee elecciones condicionadas para 1984. No se verificó el ascenso de las fracciones burguesas, como las de Tarigo y de Flores Silva, que canalizaban un movimiento juvenil de características más antidictatoriales.

En el Partido Nacional triunfó, en forma aplastante, la tendencia de Ferreira Aldunate, exiliado y proscripto, uno de los principales terratenientes antes del golpe. En estos diez años ha tenido acentuadas posiciones demagógicas, pero nunca ha pasado a la acción. Ha dejado a su hijo coquetear con un frente popular, la Convergencia, para mejor subrayar, con su propio distancia- miento, que se opone a que la crisis permita una recuperación de la izquierda. División del trabajo mediante, los dirigentes ferreiristas en el interior del país hacen abiertamente el juego de la colaboración con el régimen.

La instalación de los convencionales en ambos partidos acentuará las tendencias al compromiso con la dictadura, precisamente como resultado de la reconstrucción y afianzamiento de los aparatos partidarios burgueses y de la presión e influencia de la burguesía dentro de cada partido.

Dado que ninguno de estos dos partidos reviste las características de masas y policlasistas del peronismo o radicalismo argentinos, sus cúpulas están más sujetas al tráfico de influencias del gobierno y del imperialismo.

Ferreta Aldunate se ha caracterizado por una campaña especial de acercamiento a los imperialismos yanqui y europeo, apoyándolos políticamente en la cuestión de los derechos humanos.

La acentuación de la crisis de la dictadura, como resultado de las elecciones, tiene por factor decisivo al imparable descalabro económico, y a la organización de masas a que da lugar y que, necesariamente, ampliará.

Dos días, antes de las elecciones, el esquema económico, mantenido contra viento y marea por la dictadura, no pudo sostenerse más y se registró una gran devaluación. Con esto ha estallado la situación de incobrabilidad de los créditos internacionales y bancarios internos con la industria y con el agro. El 69 por ciento de las deudas internas son en dólares, de modo que la devaluación no actúa como aguadora de los pasivos, sino como revalorizadora de los activos. La bancarrota de la burguesía es un hecho formal.

Lo que se plantea es aprovechar las fuerzas revolucionarias que de aquí en más desatará la dictadura en su proceso de descomposición, para reconstruir las organizaciones de las masas (CNT, FEUU, sindicatos y gremios estudiantiles) y darle a la lucha contra la dictadura un carácter de masa.

Toda la experiencia del país y de las masas, a partir de la frustración del gran ascenso obrero de 1966-69 y de la huelga general de 1973, es que es necesario construir el partido revolucionario. La base de su programa es ésta: la conquista de la democracia y de la independencia nacional sólo será posible por medio de una revolución proletaria (revolución de las mayorías nacionales dirigida por el proletariado). Construir este partido es la tarea del día, porque se está tratando, nuevamente, de poner en pie organizaciones pequeño burguesas radicales, que suplantan su pasado foquismo por un democratismo burgués verborrágico.

Introducción

Se asiste en el Cono Sur de América Latina a la descomposición de los regímenes militares inaugurados con el golpe en Bolivia en 1971 (Uruguay y Chile en 1973 y Argentina en 1976).

Los militares chilenos y uruguayos formulan reiteradamente la tesis de que sus regímenes serían una excepción, en relación a Bolivia, Argentina e, incluso, Brasil. Estiman qué no caerán en las “vacilaciones” de sus correligionarios y que evitarán el surgimiento de situaciones prerrevolucionarias o revolucionarias.

Se trata de una ilusión; la descomposición de las dictaduras de ambos países es irreversible, aunque el ritmo de la crisis política y de ascenso de masas no puedan predecirse en modo alguno. A Uruguay le caben las generales de la ley en la presente situación prerrevolucionaria en Sudamérica.

Plebiscito de 1980: Primer gran golpe contra la dictadura

El Plebiscito convocado por la dictadura en noviembre sometía a consideración de la ciudadanía una reforma constitucional elaborada por los militares. Este evento formaba parte del primer cronograma de institucionalización esbozado cuatro años antes.

En la base de tal determinación estaba el hecho de que la dictadura, aún en el período de su mayor afianzamiento, no había logrado echar raíces en ningún sector de las masas.

De lo que se trataba era de fijar las bases de un proyecto de largo alcance para preservar las conquistas contrarrevolucionarias impuestas por el golpe de 1973.

Una vez desaparecido el elemento que cohesionó a todos los sectores del gran capital en tomo al golpe militar, o sea, el aplastamiento del ascenso de las masas, la dinámica en la evolución de la situación política estará marcada por las diferencias entre las distintas fracciones burguesas en cuanto a cómo en­cauzar la salida política en función del próximo reanimamiento. El aislamiento de la dictadura de las masas y los apetitos de los distintos sectores burgueses acosados por la crisis mundial del imperialismo acentuaron la virulencia de estos enfrenta­mientos.

Es así que la fijación del cronograma de institucionali­zación fue acompañada de feroces choques y purgas dentro de las fuerzas armadas.

Un ejemplo fue la destitución del presidente Bordaberry en 1976 (era presidente en momento del golpe y accedió a proseguir en sus funciones; su mandato expiraba en 1977) que en referencia a una posible salida política proponía un esque­ma de corte corporativista eliminando de la escena política a los partidos tradicionales. Otro ejemplo fue la ofensiva contra los sectores llamados “duros” del ejército (Cristi, Zubia, Prant), que derivó en numerosas destituciones.

Las motivaciones profundas de esta puja respondían a las intenciones de los distintos sectores burgueses nacionales y del imperialismo. En un comienzo éste es quien encabeza las pre­siones en favor de una ordenada institucionalización. Por eso, la caída de Bordaberry significó, mucho más que el hundi­miento de su proyecto corporativista de dudosa utilidad, el relativo alejamiento del poder del sector de los grandes hacen­dados y frigoríficos en beneficio del gran capital financiero y de un temporario aliento a la industria de exportación.

El cronograma fue lanzado en forma vaga e imprecisa en un principio aunque con elementos más que suficientes que denotaban la intención de preservación y continuidad de la cú­pula militar en el poder: elaboración de una nueva Constitu­ción por los militares, elecciones presidenciales en el 81 con candidato único acordado entre los militares y los partidos.

Paralelamente comenzaron a perfilarse los primeros indicios de un incipiente reanimamiento de las masas.

Esto se apreciaba claramente en el movimiento estudiantil con el desarrollo de algunas luchas reivindicativas y la recomposición de centros de estudiantes clandestinos en varias facultades. El movimiento obrero, mientras tanto, si bien no dejó de registrar durante todo el período algunos conflictos (corte de horas extras, petitorios salariales, paros parciales) presentaba de conjunto un estado de reflujo más profundo. No obstante, la dictadura fue recibiendo sobradas evidencias como para desconfiar del momentáneo retraimiento del proletariado uruguayo.

Uno tras otro, sus intentos de fijar una estructura legal de regimentación de la clase obrera encontraron la hostilidad y el rechazo. De nada sirvió la promoción desde el gobierno de las minúsculas y desacreditadas centrales sindicales amarillas CATUD y CGTU. Tampoco la posterior incursión directa en las principales fábricas de sectores de la marina autoproclamados “nacionalistas” y “enfrentados a la dictadura”, ofreciendo la formación de sindicatos “apolíticos” bajo su am- paro.

Finalmente el 1ro de mayo del 80, como síntesis y coronación de este recelo antipatronal y antidictatorial, toman forma, aunque aún incipiente y molecular, las tendencias clasistas que anidan en la clase obrera uruguaya. Una ola de paros parciales y totales fue la respuesta a la provocación dictatorial de transformar el 1ro de mayo en día laborable. El punto más negro del reflujo y la desmoralización había quedado atrás.

Plebiscito del 80

Fue durante el transcurso del 80 que se elaboró la constitución a plebiscitarse y en la cual descollaban los aspectos proscriptivos y antidemocráticos.

Del conjunto del pian político militar surge el propósito de atraer al proceso institucionalizador a los partidos tradicionales (PPTT) (se preveía también la confección de un estatuto de partidos…). Sin embargo, en el texto que se elaboró esto aparecía totalmente desvirtuado, ya que en el mismo se consagraba la preeminencia absoluta de los militares en el futuro ordenamiento institucional y a cuya autoridad quedaría subordinada incluso la actividad de los partidos.

Para ilustrar esto basta considerar algunas de las disposiciones contenidas en el proyecto de reforma constitucional. Se preveía la inclusión expresa del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional, integrado por los jefes de las FFAA) en el ejecutivo, también la creación de un Tribunal Constitucional, cuyos integrantes los elegiría la actual dictadura y cuyo mandato se extendería por 10 años, con prerrogativas para destituir parlamentarios, proscribir dirigentes e incluso partidos… Se establecía mayoría absoluta parlamentaria para el partido ganador

Para los sectores mayoritarios de los PPTT, el proyecto dictatorial no ofrecía, en estas condiciones, ningún elemento para recomponer los aparatos partidarios.

Jugarse al proyecto, habida cuenta del aislamiento social y político de la dictadura, podría significar ahondar peligrosamente el descrédito de los PPTT ante las masas, y sacrificar el rol que aún están llamados a jugar como baluarte de un régimen pseudo-democrático.

En el mismo sentido, los reclamos de los sectores de la burguesía agraria e industrial en creciente endeudamiento y estancamiento productivo -sin expectativas de solución por la dictadura— no encontraban en el plan político del régimen el puente para influir en las decisiones gubernamentales.

En resumidas cuentas los sectores mayoritarios de los PPTT se vieron empujados a impulsar el NO a la constitución militar. La respuesta de las masas no se hizo esperar. El debate cundió primeramente en la juventud, luego en el movimiento obrero y toda la población.

La dictadura se empleó a fondo a levantar el SI a la Constitución. Desplegó para esto una arrolladora ofensiva propagandística en todos los medios de prensa contando con el concurso activo de los sectores oficialistas de los PPTT (sector de Pacheco en el partido colorado, de Gallinal en el blanco). Incluso Pacheco, en ese entonces embajador en Washington y con sus derechos políticos suspendidos (ni siquiera él había escapado a las proscripciones de la dictadura), envió un mensaje ampliamente difundido llamando a votar por SI. Pero todo esto fue inútil. El 30 de noviembre la votación por el NO fue arrolladora (60 por ciento).

Consecuencias del plebiscito

La dictadura no tuvo más remedio que reconocer el triunfo del NO al proyecto de reforma constitucional, con lo que al mismo tiempo reconocía la temprana quiebra de su cronograma. La impotencia ante este fracaso estrepitoso en circunstancias que ella misma había elegido y programado en cuenta de la gran crisis abierta.

Fue claramente evidente que la campaña por el NO no escapó del control de la burguesía democratizante y que estos se apuraron a proclamar, antes y después dé la votación, que el NO era un voto por la vigencia de las instituciones de la democracia burguesa (el parlamento, los partidos patronales, etc.), sin sacar la conclusión que, para ello, había que derrocar a la dictadura. Por eso su propia conducta posterior fue la de tender decididamente puentes a la dictadura con vistas a un "acuerdo nacional”.

De la impasse de la dictadura al "diálogo" político

La repercusión de la derrota plebiscitaria se reflejó en el interior de las FFAA en una sorda pugna de fracciones y en un profundo inmovilismo. La disputa giraba en tomo a dos alternativas opuestas:

O bien desconocer el resultado del plebiscito y renuncia a la "institucionalización”, o bien aceptar la derrota del cronograma, confeccionar uno nuevo pasando por un acuerdo con la oposición burguesa.

La vigencia de la segunda alternativa estaba determinada por la existencia de un frente coyuntural y de hecho entre el imperialismo y la burguesía nativa a favor de la "institucionalización”. Esta interesa al imperialismo para comprometer de conjunto a los explotadores nativos en el pago de la deuda externa y de los compromisos contraídos por la dictadura. El imperialismo necesita, para sus inversiones, un sistema de garantías más amplio que los que ofrecen los regímenes de facto. El interés de la burguesía nacional es parcialmente diferente, pues para ella se trata de ampliar su influencia general en el aparato del Estado, para parar su bancarrota económica. Puede verse obligada a movilizar a las masas con esta finalidad. La "institucionalización” oculta, por lo tanto, intereses contradictorios cuyo enfrentamiento es uno de los elementos de la crisis política de estos períodos de transición.

El tenaz esfuerzo para que las controversias no escaparan del cuadro interno de las FFAA y el largo período de indefinición (6 meses) da cuenta del carácter virulento de los enfrentamientos y de la paridad de las tendencias en pugna.

Durante este lapso se acrecientan los elementos de crisis del régimen. Por un lado el gran endeudamiento y el estancamiento progresivo de los sectores del agro y de la industria que los empuja a criticar al gobierno y aumentar sus reclamos. Por el otro, al influjo de la campaña por el NO, se aprecia en las masas y particularmente en la juventud una mayor disposición a la lucha. Así es que en el verano (primeros meses del SI) se desarrolló una gran agitación contra el examen de ingreso a la Universidad (implantado un año antes), impulsada por estudiantes universitarios y de secundaria, que recogió la simpatía masiva de la población. Las 10.000 firmas reunidas en esta oportunidad reclamando la derogación del examen, se duplicaron con la prosecución de la campaña por el estudiantado de secundaria una vez comenzados los cursos. A su vez, en los primeros meses del 81 las asambleas y reuniones estudiantiles fueron las más intensas desde el golpe.

Los burgueses que encabezaron el NO se orientaban en el sentido contrario a la lucha estudiantil. Si bien hubieron de reflejar la tendencia hacia la izquierda de las masas operada a instancias del plebiscito (verborragia democrática, planteo de Asamblea Constituyente) y dar cierta acogida a la campaña estudiantil —tratando obviamente de enmarcarla en su estrategia de conciliación con la dictadura—, la orientación de todas las fracciones burguesas que impulsaron el NO fue la de buscar sacar a la dictadura de su aislamiento e inmovilismo. Desde las tiendas blancas y coloradas se ofrecía la vía del "acuerdo nacional” para fijar un nuevo plan de "institucionalización" esmerándose en dar pruebas a los militares de la disposición a aceptar el rol protagónico de las FFAA en el futuro institucional: "Luego de lo ocurrido en los años 70… estoy de acuerdo en que no se trata de la restauración del viejo régimen” (Manini Ríos, "Opinar”, 15/1/81). Por su parte Tarigo (también de la "oposición" colorada) bregaba por una salida "que recoja y resuma a la vez la imperecedera tradición democrática y los reclamos de lo tiempos que corren que no son de bonaza” (“Opinar ´, 14/12/80). El directorio del Partido Nacional (que responde a W. Ferreira Aldunate y que también propagandeo el NO), en su declaración de marzo del 81 manifestaba: “El Partido Nacional no ignora que las FFAA continuaran cumpliendo un rol político durante el periodo de transición y con la futura constitución se determinara en qué grado y bajo qué forma acompañaran a los mandatarios populares”

La impotencia y sumisión de la burguesía “democratizante” corría paralela al cuadro de crisis y descomposición dictatorial Una serie de denuncias de negociados y fraudes que envolvían a diversos jefes militares comenzaron a salir a luz. El propio imperialismo, a la vez que emprendía negociaciones con los militares y políticos en la embajada yanqui, dejaba trascender en la prensa extranjera las acusaciones y denuncias, lo cual derivó en la sucesiva exclusión de los sectores más hostiles a la concertación de un nuevo plan político (Nuñez, Ballertnno, Arregui, etc.). De esta forma fue ganando peso dentro del ejér­cito la fracción de Álvarez y con ella las condiciones para la instrumentación del tan aclamado "diálogo" político. La pren­sa burguesa lo reflejó como un llamado imprevisto a los políti­cos por parte de la COMASPO (Comisión de Asuntos Políticos de las FFAA); lo cierto es que desde semanas antes los órganos de la oposición blanca y colorada venían preparando el terreno, con referencias a la necesidad de la "transacción" y de la ‘transición" —señal de que las negociaciones desde la embaja­da ya habían dado sus frutos.

El diálogo político

El 8 de junio se inician finalmente las negociaciones entre los dirigentes políticos convocados por las FFAA (integrantes del Partido Nacional —o Blanco—, del Partido Colorado y de la minúscula e irrelevante Unión Cívica Radical y la COMASPO -Comisión de Asuntos Políticos de las FFAA).

La propuesta que presentan los militares es que se avale un nuevo presidente militar por tres años y medio; que los partidos pasen a integrar el Consejo de Estado, cuya renovación sería simultánea a la designación del presidente (Órgano legislativo creado por la dictadura, en los hechos totalmente decorativo); que se confeccione un Estatuto de Partidos, luego de cuya aprobación estos tres partidos participantes del diálogo quedarían habilitados para funcionar; que se levanten gradualmente las proscripciones de políticos burgueses; que se llame a elecciones internas de los partidos habilitados en noviembre del 82; que se elabore una nueva constitución, durante el 83, entre militares y civiles propuestos por las FFAA y los dirigentes electos de los partidos (para esta instancia los militares han dicho reiteradamente que propondrán los aspectos medulares de la constitución rechazada en el 80: institucionalización del COSENA, etc.); que las elecciones nacionales tengan lugar a fines del 84 y que el nuevo gobierno se instale en 1985.

Salvo la negativa de los sectores mayoritarios de los partidos de pasar a integrar el Consejo de Estado (no así los sectores pro oficialistas, en particular el pachequismo, que contribuyó con varios consejeros) el conjunto del cronograma propuesto fue aceptado unánimemente.

De esta forma, los partidos lograron que la dictadura, al menos en parte, retome la iniciativa política. No obstante, y este es otro de los aspectos que mueven a los PPTT a socorrer a la dictadura, la situación del régimen hay que analizarla en referencia a las tareas que tiene por delante, y aquí surge que los problemas se han agudizado y los plazos se acortan: la crisis económica se profundiza día a día y cobran mayor fuerza las protestas de los distintos sectores de la burguesía en quiebra; el futuro del plan político, íntimamente ligado a lo anterior, también es objeto de distintos enfoques y desavenencias.

Esto se explicitó tempranamente en las maratónicas reuniones de los altos mandos militares que precedieron a la elección de Álvarez como presidente.

Con la asunción de Álvarez y la aprobación del nuevo cronograma se comenzó a tejer la posibilidad de que el presidente intentara encabezar la forma de un partido y reelegirse en 1984 La cuestión cobró importancia en función de la discusión que se venía desarrollando con los políticos acerca del Estatuto de Partidos. Álvarez acusaba a los sectores opositores de los partidos de estar “infiltrados” por el marxismo y planteaba la afiliación previa a elecciones internas de los partidos.

“Búsqueda”, semanario oficioso de la gran banca, condenó rápidamente los planteos de Álvarez. Dentro de las FFAA, el General Raimundez, desde su influyente puesto presidente de la COMASPO impuso el proyecto de Estatuto, planteado que las elecciones internas serian abiertas para todo el cuerpo electoral y que se ratificaba la ley de lemas. Esto desahuciaba las posibilidades de un partido oficialista. No obstante, el propio Raimundes es reemplazado por Rapella, y a esto le sigue un incremento de la represión.

La crisis económica

Uno de los aspectos claves de la crisis política del régimen es el acelerado deterioro económico. El producto bruto interno, que en 1979 alcanzó su máximo incremento ( + 6,8 por ciento), a partir de entonces evolucionó en un descenso vertiginoso ( 4- 4,5 por ciento en el 80; – 1,3 por ciento en el 81 y – 6,4 por ciento en el primer semestre del 82). Los sectores que contribuyeron al efímero crecimiento de la producción en el 79, fundamentalmente las industrias de exportación de productos no tradicionales (cueros, textiles) como así también la construcción, progresivamente entraron en franco retroceso y estancamiento.

Debido a la repercusión de la crisis capitalista mundial y en el marco de la política económica que se vino aplicando (fijación de la paridad cambiaría manteniendo subvaluado el dólar, altas tasas de interés, apertura comercial) de neto beneficio al gran capital financiero —y los sectores burgueses nacionales que de alguna y otra forma se vinculan a él-, el grueso de la industria y del sector agropecuario fue ingresando a una fase de creciente estancamiento, con la contracción de abultados endeudamientos (más de 1.000 millones de dólares cada sector) que, en el caso de la industria, llevó al cierre masivo de empresas y el consiguiente incremento de la desocupación (esta pasó del 6 por ciento a mediados del 81, a un 13 por ciento en la actualidad).

Consecuencia de la recesión mundial se vino operando una notoria disminución del comercio exterior (en el primer semestre del 82 hubo un descenso-del 29,6 por ciento del valor de lo exportado respecto a igual período del año anterior). A raíz de la crisis interna se redujeron aún más las importaciones, pero esto no eliminó el déficit de la balanza comercial (- 278 millones de dólares en los 12 meses al 30/6/82; – 491 millones al 30/6/81). No obstante esta reducción del déficit, la deuda externa se expandió enormemente.

Inmersa en este cuadro de aguda crisis económica la dictadura se vio obligada a negociar con los sectores en bancarrota. Esto determinó que, a fines del 81 se tomaran una serie de medidas de auxilio a los empresarios rurales, consistentes en reintegros a las exportaciones y exoneración de impuestos y se instó a los bancos y a la Federación Rural a discutir fórmulas de refinanciación de las deudas de los productores.

Se llegó a un principio de acuerdo que, dadas las leoninas condiciones exigidas por los bancos, provocó una crisis en el sector agropecuario. Las posturas de apoyo al conjunto de estas medidas por parte de la dirección de la FR (Chiarino, Rachetti) se transformaron luego —después de la reunión con los presidentes de las sociedades federadas del interior, que reflejaban en cierta formar las presiones de los pequeños y medianos productores— en críticas a la "inconducta generalizada de los bancos". El problema de la refinanciación de la deuda permaneció planteado en toda su magnitud.

Los productores medianos y pequeños hacían sentir su voz, pero al no disponer de una organización y un programa independiente de los grandes terratenientes y latifundistas asistían impotentes al remate de sus campos. Así es que los granjeros y colonos, que se dedican a la agricultura o que combinan esta actividad con la pecuaria señalaban la inoperancia del conjunto de las medidas gubernamentales, alertando que continuaría la sangría del sector que ya había arrojado el saldo de la desaparición de 20.000 pequeños productores en ’el último período (la mediana y pequeña explotación agrícola con el 10 por ciento de las tierras origina un producto similar a los latifundios pecuarios).

Las medidas también recogieron las críticas de la Cámara de Comercio (sector de Importadores) afectados por el gravámen del 10 por ciento para las importaciones, que se dispondría para los reintegros a las exportaciones agropecuarias. Los frigoríficos, a su vez, reclamaban mayores devaluaciones.

Para intentar frenar la progresiva disgregación del frente burgués la dictadura se ha esforzado en estrechar lazos con los distintos sectores en crisis designando a sus representantes directos en las carteras ministeriales respectivas (Mattos Moglia en Agricultura y Pesca, Luisiardo en Industria y Energía) y buscando el apoyo de las capas más proimperialistas de estos sectores (ascenso de Braga a la dirección de la FR).

No obstante, el telón de fondo continuó siendo el agravamiento de la crisis económica.

Ya en los primeros meses del año se entablaron negociaciones con el FMI para la obtención de un crédito de 600 millones de dólares; es que la disminución de las reservas del Estado, debido al drenaje de divisas para cubrir el déficit fiscal y la fuga de capitales, adquirió un ritmo vertiginoso. Entretanto prosiguió la disminución de los ingresos del Estado, el aumento de los egresos y la pérdida de las reservas llegó en septiembre a la friolera de 500 millones de dólares.

En el afán de prevenir una quiebra generalizada se propuso, en base a la asistencia financiera estatal, refinanciar el 33 por ciento de la deuda que los sectores del agro y de la industria mantenían con la banca privada. El principio de acuerdo logrado con la industria no pudo concretarse para el agro, lo cual se manifestó en la abrupta ruptura de las negociaciones de la FR con el gobierno debido a las exigencias de los grandes ganaderos que concentran la gran parte de la deuda.

Ahora se considera la posibilidad del traspaso de las carteras incobrables de la banca privada al Estado a cambio de un crédito que éstos le concederían al gobierno.

Con este intento, aparte de abrir la posibilidad de socorrer a los grandes ganaderos, el gobierno trata de darle una sobrevida al gran capital financiero abrumado por las deudas incobrables que ya ha llevado a la quiebra de varios bancos y a su adquisición por capitales extranjeros (Banco del Plata, Panamericano, El Litoral; se anuncia la compra del Banfed).

Ante este panorama de descalabro económico, en el marco de las exigencias del FMI se anunciaron las recientes medidas: nuevo impuesto al salario del 3 por ciento para los trabajadores y 2 por ciento a las patronales y un adicional al impuesto al patrimonio del 100 por ciento.

Junto al problema de la creciente desocupación (13 por ciento según cifras oficiales), se consuma así un nuevo ataque al salario, que se agrega al ya registrado con el gravamen de junio y al congelamiento impuesto desde enero al tiempo que se anuncia la perspectiva de "liberalizar" el salario privado para el año próximo y congelar el de los empleados públicos.

Como decíamos en Tribuna Obrera Nro. 10 (Órgano del SR): “Salvo el acuerdo común de hacer recaer todo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores, la dictadura se debate en tomo a las tendencias contrapuestas de los distintos sectores burgueses. Sus denodados esfuerzos para lleva a te los dictados del gran capital financiero, a la vez que éste con desconfianza las maniobras de salvataje del gobierno y exige mayores concesiones, no logra conformar a la burguesía agraria e industrial. La sorda pugna que hoy por hoy la dicta dura trata de atemperar, no hace más que potenciar el carácter virulento de los enfrentamientos y resquebrajamientos del frente burgués que la sostiene ante la perspectiva inevitable del colapso económico”.

Hacia las elecciones internas

Finalmente fue aprobado el estatuto de partidos (mediados del 82) en base al cual se realizarían las elecciones internas; en él se consagra la habilitación de los tres partidos que participaron del "diálogo" -Colorado, Nacional (o Blanco) y Unión Cívica Radical— rarificándose entonces la proscripción de todos los partidos obreros y de izquierda, también el PDC. Sé le confiere atribuciones a la Corte Electoral (electa por la dictadura) para destituir parlamentarios, proscribir dirigentes políticos e incluso partidos; en el texto sancionado se incorporan además una serie de artilugios proscriptivos (no habrán candidatos nacionales, sino únicamente departamentales; las corrientes internas no se podrán identificar en la campaña electoral con sus nombres característicos sino a través de una "combinación de letras" que determinará la corte electoral; no habrá elección directa de los directorios de los partidos sino que en cada uno de ellos se elegirá una Convención Nacional de 500 miembros quienes posteriormente designarán al directorio).

El conjunto de los políticos patronales avalaron el estatuto, reafirmando así su compromiso con la dictadura; esto teniendo en cuenta que no se podrán candidatear los principales dirigentes de los partidos tradicionales que continuarán inhabilitados (Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereira en el Partido Nacional; Vasconcellos y J. Batlle en el Colorado).

Frente a la aprobación del estatuto el Partido Nacional decía: “pero lo que sí debemos proclamar es que el referido trámite de esta tan manoseada ley de Partidos ha dejado muchísimo que desear y no debe reiterarse cuando lleguemos a las etapas más trascendentes del diálogo, que serán definitorias del futuro nacional" (“La Democracia" Nro. 24).

La oposición colorada mientras tanto: “Con una buena ley, con una ley regular, o con una mala ley, iremos igual, libraremos nuestra segunda batalla de estos tiempos,… el batllismo volverá a ser la clara y decisiva mayoría del Partido Colorado" (E. Tarigo, “Opinar", 3/6/82).

En tanto los opositores al gobierno dentro del Partido Nacional lograron mantener, en grandes líneas, su unidad, las fracciones opositoras del Partido Colorado se presentan divididas en varias listas (Sanguinetti, Tarigo, Flores Mora, Flores Silva, etc.).

Al tiempo que se hacen evidentes las dificultades y el aislamiento de las fracciones pro oficialistas (Pacheco en el Partido Colorado, Gallinal en el Blanco) la dictadura se ha venido ocupando de asegurar el encuadramiento de los partidos —y, en especial de las fracciones más conflictivas (ferreirismo) — a su férreo plan continuista. Desde julio, la oposición del Partido Nacional (ferreirismo) no cuenta con su principal órgano de difusión, “La Democracia" (clausurado hasta después de las elecciones), una y otra vez los militares han vuelto a reafirmar la prohibición de "mencionar" a los políticos proscriptos (mientras estos son coreados constantemente por la concurrencia a los actos partidarios), su intención de institucionalizar el COSENA en la futura constitución a discutirse el año próximo, llegando más recientemente al encarcelamiento de varios candidatos y a la inhabilitación de 5 de ellos (4 de la oposición blanca y el restante, segundo candidato de la lista de Sanguinetti).

La adaptación ha sido total, al punto que la oposición del Partido Nacional, a dos semanas de las elecciones, ha dejado de celebrar actos públicos por temor a que le inhabiliten más candidatos.

Campaña por el voto en blanco

Para definir la postura a adoptar con respecto a las internas hay que hacer una obligada referencia a la situación de las masas en todo el período previo; es así que a partir del plebiscito del 80 se manifestó un claro repunte del movimiento estudiantil con la lucha contra el examen de ingreso a la universdad (primeros meses del 81) y el incremento en la actividad d los centros de estudiantes (asambleas, petitorios, etc.). No obstante esta tendencia se revirtió con la feroz represión desatan desde al ascenso de Álvarez y la parálisis de la dirección de FEUU (en manos del PC).

Si bien se han registrado hechos aislados que dan cuenta de la potencialidad de un futuro despertar de las masas (manifestación del 30/10/81 en conmemoración del plebiscito; huelga de los obreros de la Compañía de transporte Cutcsa en febrero del 82) continúa aún la desarticulación y desorganización del movimiento obrero y de la juventud. La actividad desplegada en el presente año en los incipientes gremios obreros V estudiantiles si bien demuestra la tendencia latente en el seno de las masas a la recomposición de sus organizaciones, no alcanza para cambiar esta caracterización.

De acuerdo a esta situación de ausencia de grandes luchas es que tempranamente en el seno del activismo obrero y estudiantil comenzó a cobrar importancia la realización de estas elecciones y las posibilidades que ellas presentaban para gestar alguna forma de respuesta a la dictadura, como aconteció con el plebiscito del 80.

Por estar en juego además la legitimación del plan continuista dictatorial, del cercenamiento de elementales libertades democráticas -y, por estar abierta la elección a toda la ciudadanía (no es necesario ser afiliado a ningún partido para votar)- se plantea incluso para todos los partidos proscriptos la necesidad de fijar posición.

Tempranamente el PC desde su publicación "Venceremos" editada en el exterior (septiembre), llamaba a votar a los candidatos "progresistas" de los partidos burgueses habilitados. En esta postura se refleja la política de sometimiento del proletariado a los partidos burgueses.

En contraposición, previamente se habían dado a conocer sucesivas cartas del líder del Frente Amplio Líber Seregni (continúa en prisión desde su encarcelamiento en el 73), llamando a votar en blanco en noviembre.

La importancia del llamado junto al pronunciamiento de otras corrientes obreras y de la izquierda y el consenso que se fue generalizando en el activismo (alcanzando a la propia militancia del PC) de propiciar el voto en blanco llevó a una crisis de la política del stalinismo.

Así es que a fines de septiembre en una reunión en el exterior de las corrientes que integran el Frente Amplio, el PC (y el PS) se opuso en la votación que finalmente decidió el pronunciamiento del bloque de corrientes en favor del voto en blanco El PC no tuvo más remedio que, al menos formalmente, acatar la resolución del Frente Amplio. Este es un hecho sintomático de las arraigadas tendencias clasistas y de desconfianza en la política burguesa que potencialmente poseen el conjunto de las masas y que, hoy por hoy, se expresan en la aún raleada vanguardia obrera y estudiantil que se está templando en el duro combate antidictatorial. Es la pugna de estos sectores por abrir un canal de lucha al margen de la política de los partidos patronales el real sentido con que han tomado la consigna del voto en blanco.

Pero la estrategia de las corrientes mayoritarias de la izquierda uruguaya (que integran el Frente Amplio: PC, PS, PDC) desvirtúa el carácter de la campaña y tienden a amordazar su desarrollo. Es que el llamado del Frente Amplio a votar en blanco al mismo tiempo exhorta a blancos y colorados a votar a sus candidatos "progresistas".

Por más que la convocatoria debe hacer una obligada alusión a la necesidad de quebrar el cronograma militar y gestar un nuevo NO, en realidad su orientación significa un aval al plan pactado por militares y políticos burgueses restringiendo el sentido de la campaña al espúreo propósito de "marcar" los votos de la izquierda para presionar por su habilitación en las futuras instancias del proceso.

En el polo opuesto de este planteo, el Socialismo Revolucionario es la única corriente que se ha lanzado a la campaña por el voto en blanco (desde hace tres meses) con una clara orientación antidictatorial. Así es que ha venido llamando al frente único a la CNT, a la FEUU, a todos los partidos obreros y de izquierda a impulsar el voto en blanco de toda la ciudadanía y a formar comités por el voto en blanco en todos los centros de estudio, en las fábricas y barrios, levantando una plataforma que contempla las reivindicaciones democráticas y sociales de la gran mayoría de la población. El ángulo de la campaña es reventar el plan de la dictadura, para facilitar el acercamiento de quienes creen que esto se lograría votando a los sectores antigubernamentales de los partidos patronales.

El PC (como las corrientes que integran el Frente Amplio) se apoyan y alientan justamente el aspecto negativo de estas ilusiones, o sea la confianza en los políticos patronales, por lo que esto constituye una traición al proletariado y refuerza su sometimiento a la política burguesa. A pesar de la conducta de estas direcciones, la importancia que está teniendo la campaña por el voto en blanco con la constitución de numerosos comités, es la de marcar el camino de movilización y organización al margen de los partidos patronales a la joven vanguardia obrera y estudiantil ante las futuras instancias de lucha y movilización antidictatorial que inevitablemente se darán ante la estrechez del plan político de la dictadura y los embates de la crisis económica que amenazan con enterrarlo.

7 de noviembre de 1982

Alfredo Fuentes (miembro de la Dirección de “Socialismo Revolucionario” de Uruguay)