Pinochet acaba de convocar a un plebiscito para el próximo 11 de septiembre con el fin de "legalizar” con una fantochada electoral su régimen dictatorial. Sin embargo, sería un error considerar este hecho como una simple farsa, sin ninguna consecuencia política. En realidad, la decisión de Pinochet pone de relieve la profunda crisis en que se debate su régimen y las crecientes dificultades que encuentra para hacerle frente. La decisión del gobierno ha dado lugar a una intervención de la población oprimida, a un debate político nacional; una asamblea de obreros del cobre se pronunció contra el plebiscito en Chuquicamata afirmando que "no estamos de acuerdo con el plebiscito y menos con el 'sí'. Si decimos ‘sí’ seguiremos en el estado de cosas en que estamos y legitimamos a un gobierno de transición "("El Mercurio", 23 de agosto). Desde ya se puede formular el pronóstico que, luego del 11 de septiembre con el infaltable resultado positivo, los problemas de Pinochet se van a agravar.
En el centro de estos problemas, de las crisis y las fisuras del régimen militar, se encuentra el proceso de reorganización del movimiento obrero. Luego de largos años, entre 1973 y 1976, de ofensiva contrarrevolucionaria de la burguesía y el imperialismo sin resistencia organizada del proletariado y las masas, si proletariado ha iniciado un proceso de reorganización, cuyo punto de inflexión puede ubicarse en la huelga de El Teniente de fines de 1977. Con una serie de dificultades, este combate de clase se ha mantenido desde entonces con tendencia a su extensión y profundización.
Por su parte el régimen militar ha perdido su capacidad de centralizar a las diversas fracciones burguesas, tal como sucedió en 1973 e inmediatamente después. Ya no tiene el capital político del que disponía en el momento del golpe, cuando contó a su favor con la unanimidad de las fracciones burguesas y con la movilización de diversos sectores de la pequeña burguesía. Su política de penetración irrestricta del capital extranjero provoca la oposición cada vez más abierta de los sectores sometidos al peligro de la quiebra y a la pérdida de posiciones en el proceso de obtención de plusvalía y de acumulación de capital.
Son estas fracciones las que ahora plantean abiertamente la necesidad de un plan político de recambio, sobre la base de un gobierno de las Fuerzas Armadas, que incorpore a través de un "gran acuerdo nacional” a los partidos tradicionales del movimiento obrero, el Partido Comunista y el Partido Socialista.
El despertar político de los sectores más activos del movimiento obrero, la reorganización y extensión de sus luchas reivindicativas y la movilización democrática de diversos sectores de la población en especial los estudiantes, ponen a la orden del día en Chile las cuestiones del programa político, de los métodos de lucha, de las formas de organización y centralización del combate contra la dictadura Son estas cuestiones las que ocupan un lugar central en las preocupaciones de los militantes obreros de vanguardia y las que deben estar en el eje de la elaboración programática que permitirá avanzar en la construcción del partido revolucionario en el país. Los trotskistas carecemos en Chile de una definida delimitación política como intervención en la lucha de clases, como expresión de una orientación programática, al interior del movimiento obrero y su vanguardia y tenemos que salvar esta dificultad histórica a través del método bolchevique de definir con claridad nuestras posiciones y asumir la paciente tarea de su penetración en el seno del proletariado.
La evolución del régimen militar
La así llamada institucionalización atrae la atención de los ajetreos del gobierno y sus partidarios desde 1978 en a-delante. Los proyectos de constitución se han sucedido desde entonces y el tema ha dado lugar a un enfrentamiento entre los 'duros” y los "blandos”.
Pinochet realizó una “consulta nacional" el 4 de enero de 1978 y proclamó en ese momento, triunfalmente, que ya no iba a haber en Chile ningún tipo de e-lecciones durante los próximos 10 años. El objetivo del plebiscito que se convoca ahora es fundamentalmente el mismo que el de 1978 —sancionar y reforzar el rol de Pinochet— pero en condiciones que han cambiado cualitativamente. El movimiento obrero lanzó sus primeras acciones huelguísticas a fines de 1977. Esta actividad del proletariado precipitó un cuadro de deliberación política al interior de la burguesía. El plan económico del equipo Cauas-Sergio de Castro-Ñaraona terminó por imponerse en 1975-76, con su política de shock. Se eliminaron las barreras aduaneras, se redujeron drásticamente los gastos estatales y se favoreció indiscriminadamente la entrada de capitales a corto plazo La privatización de las empresas estatales, la brutal reducción de los salarios reales y la recomposición de la gran propiedad en el campo habían sido objetivos más o menos compartidos por el conjunto de la burguesía en un período de borrachera contrarrevolucionaria.
El triunfo de la política de Cauas provocó, en cambio, una diferenciación cada vez más aguda de posiciones, puesto que condenó a la quiebra a los sectores más débiles y colocó a los otros como tributarios de las ganancias especulativas del gran capital financiero. Luego de la crisis se produjo una recuperación del ciclo económico, pero extremadamente débil y cuyos beneficios se desplazan por completo al mercado financiero -que entrega ganancias anuales, en dólares, del 30 y 40 por ciento, de 3 a 4 veces por encima del nivel del mercado mundial. Para ello se mantiene congelada la relación peso-dólar, favoreciendo aún más la invasión de mercancías extranjeras, deprimiendo a la agricultura y restringiendo la expansión de los núcleos exportadores. El endeudamiento del país es colosal y hay que desmar el 50 por ciento de las exportaciones a pagar los servicios e intereses de la deuda externa. La recuperación se ha demostrado como completamente incapaz de revitalizar el mercado interno que, por el contrario, está condenado a un raquitismo cada vez más estrecho. La crisis del mercado mundial capitalista se vuelca sobre el país, que ha desmantelado prácticamente todas sus defensas.
La centralización de la burguesía en el aparato estatal es una necesidad en el país atrasado y semicolonial a fin de que la débil clase dominante pueda resistir las presiones disgregadoras de la economía mundial y hacer frente a la actividad de las masas. En este sentido la política de Pinochet es un factor centrífugo, precisamente porque anula esta función del aparato estatal. La penetración irrestricta del capital extranjero —el gobierno contrarrevolucionario deviene un agente dócil del mismo para someter al proletariado a las cadenas de la dictadura policial— opera como un elemento disgregador del bloque constituido para perpetrar el golpe de 1973. A su vez, la capacidad del gobierno de aplastamiento del movimiento de masas es cada vez menor ante su incapacidad de frenar con sus métodos represivos el proceso de reorganización del movimiento obrero y ante su pérdida de autoridad frente a la pequeña burguesía. La crisis política del imperialismo cataliza este desarrollo. El golpe fue estructurado por Nixon-Kissinger para hacer de Pinochet un modelo de régimen policial para los países de América Latina. Las derrotas del imperialismo a escala internacional y sus propias dificultades interiores lo obligan a un viraje: Cárter se da la política de tratar de asimilar al conjunto de las fracciones burguesas, para profundizar el intervencionismo imperialista, en lugar de contener a los regímenes dictatoriales. Se ve obligado a una serie de concesiones ante la opinión pública democratizante.
En el actual régimen político, la unidad del aparato del Estado y de la representación de la burguesía están encarnadas en las funciones e intervención de Pinochet, como árbitro supremo, sin ningún tipo de deliberación. Es el conjunto de las relaciones materiales entre las clases, entre la burguesía y el proletariado, al interior de la propia burguesía, entre el país atrasado y el imperialismo, el que no se corresponde, en estos momentos, a estas funciones de árbitro. Pinochet no puede satisfacer su rol en base al apoyo, con todas las manipulaciones del caso, de sectores pequeño burgueses del campo o la ciudad, aunque sistemáticamente lo tienta con su demagogia de orden y tranquilidad. Aparece como la encarnación pura y simple de un régimen de dictadura policial, pero cuando esta dictadura es cada vez menos eficiente en sus funciones inmediatas de represión. Las fracciones de la burguesía comprueban que la camarilla militar es una sanguijuela que lo devora todo mientras entrega muy poco.
La actual coyuntura política
Al igual que en 1978, Pinochet quiere cerrar todas las brechas con su operación plebiscitaria. Por la lógica de su propio lugar en el dispositivo político del régimen, no puede encontrar otra respuesta que la de agudizar y entronizar su rol personal. Es así como el proyecto de Constitución sometido a plebiscito tiene que descartar aquellas disposiciones del proyecto anterior del Consejo de Estado destinadas a plantear la perspectiva de una asimilación de las diversas fracciones burguesas, como la de la existencia de un Parlamento cuya Cámara de Diputados iba a ser nombrada por la Junta Militar. Pinochet no puede aceptar ningún mecanismo que ponga en cuestión su autoridad, porque ello aceleraría la descomposición del régimen; a su vez, su operación plebiscitaria tiene que agudizar todas las contradicciones. Es así como
El Mercurio critica el llamado a plebiscito: “No todos los ciudadanos que adhieren a la línea del gobierno han recibido bien esta fórmula…"(17 de agosto).
En los dos últimos años han ido tomando forma en el país los rasgos de la lucha de clases resultantes de un progresivo agotamiento de los recursos contrarrevolucionarios de que disponían la burguesía y el imperialismo el 11 de septiembre de 1973: un aislamiento social cada vez más agudo del gobierno, la reorganización del movimiento obrero, la generalización de las movilizaciones democráticas, una diferenciación creciente al interior de la burguesía, la disgregación y el enfrentamiento entre las fuerzas partidarias del régimen. El salto cualitativo que se está produciendo ahora está marcado por la intervención de sectores del movimiento de masas en oposición directa al régimen político; luego de 7 años, los núcleos más avanzados del proletariado se dan los medios para intervenir en la discusión sobre el régimen político del país. Se trata del despertar político del movimiento de masas, del intento de sobreponerse, también en este terreno, a los efectos de la derrota.
Desde comienzos de este año, el gobierno lanzó una nueva ofensiva represiva —con detenciones masivas, relegamientos e incluso la reaparición del asesinato de militantes. Sin duda que esta ofensiva provocó un retroceso circunstancial del movimiento obrero y de los oprimidos, no tanto por sus efectos concretos, sino porque la política de las direcciones impidió que se organizara la movilización unitaria que podía hacer frente al gobierno. Es así como el 1ro de mayo fue una jornada que desmoralizó al proletariado. A diferencia de 1979, no hubo una movilización callejera unitaria, sino actos separados en locales cerrados de los distintos bloques sindicales. Sin embargo, esta ofensiva represiva terminó convirtiéndose en un elemento de crisis del gobierno. La cúpula del aparato represivo se fisuró como expresión del enfrentamiento de las diversas alas. Los “duros" trataron de imponer un retomo a las condiciones de los años 1973/75, que chocó con la oposición de los otros sectores y que obligó al propio Pinochet a una intervención de urgencia. El cuadro > degeneró en un verdadero ajuste de cuentas, con elementos de descomposición: un negociado de centenares de millones de dólares y la evidencia de que fue un núcleo del gobierno el responsable del asesinato de un alto oficial de Informaciones.
Por primera vez, el gobierno tuvo que entregar a los secuestrados y desaparecidos y, más aún, tuvo que retroceder al punto de reconocer la intervención policial en estos secuestros y convertir a algunos detectives en chivos emisarios. La consecuencia política es que el plebiscito se hace en condiciones en las cuales las organizaciones del movimiento obrero, los partidos políticos burgueses opositores y otros sectores pueden expresar en forma más o menos abierta su oposición a la operación de Pinochet, y hacer una campaña por este objetivo. Esta capacidad de intervención política de la población oprimida es incompatible por completo con la naturaleza del régimen político de Pinochet y exacerba el enfrentamiento entre las alas que lo sostienen. El resultado formal del plebiscito no está en duda, pero la sanción ‘‘constitucional” del rol dictatorial de Pinochet va a chocar abiertamente con las realidades de la lucha de clases. De allí que no sea difícil pronosticar que el acto del 11 de septiembre va a resultar un fracaso, más allá de los ritmos y modalidades a través de los cuales se va a desenvolver y va a estallar la crisis política del régimen.
Si Pinochet tiene cada vez un margen más estrecho para sus iniciativas políticas, la oposición a su gobierno aparece encuadrada y dirigida por la burguesía, a través del PDC y la Iglesia. El movimiento obrero y de masas ha superado cualitativamente su situación de atomización posterior al golpe, pero todavía no puede elevarse a una intervención política independiente. Ello es responsabilidad de la política de sus direcciones.
La progresión del movimiento obrero
El movimiento obrero se está recuperando de las consecuencias de la derrota de 1973 -la peor de las derrotas, porque fue una derrota sin combate a causa de la política traidora del PC y PS-y de la ofensiva contrarrevolucionaria posterior. Esta ofensiva no sólo liquidó las libertades democráticas y diezmó las filas de la vanguardia obrera; disgregó socialmente al proletariado con la desocupación masiva y permanente, empujando a diversos sectores a la atomización social y a la miseria más absoluta. En las condiciones de la derrota, este retroceso social fue una causa adicional de desmoralización. La derrota física fue seguida de la dispersión política y en Chile estuvo ausente la intervención de una organización revolucionaria que con su autoridad pudiera aglutinar a los militantes de vanguardia y limitar en el terreno político los costos de un retroceso desesperado.
El proceso de reorganización del movimiento obrero comenzó a manifestarse en forma abierta en aquellos núcleos del proletariado menos afectados relativamente por la derrota y sus consecuencias como es el caso de los obreros del cobre. A partir de allí se extendió a otros sectores. Sus características están dadas por el reagrupamiento de la clase obrera en sus organizaciones sindicales, los intentos de dotarse de dirigentes representativos y del funcionamiento a través de asambleas, para enfrentar a la patronal y el gobierno por sus reivindicaciones inmediatas. La recuperación económica, con toda su mezquindad, ha favorecido este movimiento.
Aún en las condiciones de la ofensiva contrarrevolucionaria posterior al golpe el régimen militar no logró borrar la existencia de los sindicatos e imponer una forma de corporativismo. Fracasó incluso en su intento de organizar a los “dirigentes” sindicales adictos; no logró reunir más que a unos pocos títeres, sostenidos en sus puestos por las bayonetas, que fracasaron estrepitosamente cuando trataron de impedir la organización y estallido de huelgas y movilizaciones. El gobierno impuso un control represivo extremo a los sindicatos y la recomposición de la actividad del proletariado comenzó por manifestarse en las fisuras de esta carcaza represiva. Las primeras evidencias de crisis política y de ruptura del bloque golpista favorecieron esta recomposición. Una camada de activistas obreros logró quebrar la represión para pasar a una actividad cotidiana y efectiva de organización de su clase. Hay que indicar, con todo, que este proceso se desarrolló sólo en algunos núcleos de la clase obrera, como no podía ser de otra manera.
La aplicación del Plan Laboral tuvo, en este sentido, un resultado contradictorio. La dictadura consiguió, momentáneamente, impedir la generalización del movimiento huelguístico por las reivindicaciones salariales y las condiciones de trabajo pero al costo de que la cuestión de la presentación de pliegos, de la lucha contra la patronal, del funcionamiento democrático de los sindicatos y la existencia de direcciones representativas y combativas, pasara a estar a la orden del día en los sectores más amplios de las masas obreras. Si no existió una actividad unificada contra el Plan Laboral es porque las direcciones de los nucleamientos sindicales se adaptaron a su vigencia. No plantearon, por ejemplo, ninguna campaña nacional de movilización por un aumento general de emergencia y cada sindicato aislado tuvo que enfrentar a su patronal y al gobierno en las peores condiciones. Los sindicatos no se atomizaron, tal como lo pretendía el plan del gobierno, y ésta fue una importante línea de resistencia, en un nivel cualitativamente superior al existente antes de 1977.
El proceso de reorganización del movimiento obrero impulsó una movilización democrática del conjunto de la población, centrada en la lucha contra la represión. Su aspecto más significativo está dado por la actividad del movimiento estudiantil. Por su propio carácter, en las condiciones del régimen político de la Junta Militar, el reagrupamiento obrero en los sindicatos se liga a las cuestiones generales de la democracia, de la vigencia de las libertades democráticas, del régimen político. En realidad, el combate de la clase obrera tiene todavía un carácter políticamente desarticulado por el comportamiento pasado y presente de sus direcciones.
El sector que está ingresando con más atraso en la recomposición del movimiento de masas es el campesinado, tanto porque fue uno de los más duramente golpeados por la ofensiva contrarrevolucionaria, como por su dispersión y desorganización. Este retraso toma toda su importancia si tenemos en cuenta que la lucha de masas contra la Junta Militar será una movilización democrática del conjunto de la población oprimida; el proletariado debe acaudillar de conjunto de los explotados y ante todo al campesinado. Corresponde que el movimiento obrero organizado levante un programa de reivindicaciones agrarias para impulsar la organización del proletariado agrícola y el campesinado pobre.
Hace pocas semanas, se produjo una toma de terrenos en Santiago, en una acción sin precedentes desde el golpe. Este es un indicio que no engaña. Es el conjunto de la población oprimida, incluidos los sectores más golpeados, la que está dispuesta a luchar por sus reivindicaciones. La dispersión actual, el carácter puntual de cada enfrentamiento, se explican ante todo porque las masas carecen de toda centralización política y organizativa independiente, porque sus direcciones no hacen otra cosa que ir a remolque de la burguesía y sus planes de “acuerdo nacional”.
Los problemas de la centralización del movimiento de masas
Los partidos obreros tradicionales fueron diezmados por la represión pero desarticulados por la cobardía del comportamiento de sus direcciones ante el golpe. Sería un error, no obstante, identificar esta quiebra histórica con la desaparición de los mismos en el movimiento obrero. Fue el golpe militar el que sancionó, a su manera, el destino de la UP y no el ascenso del movimiento obrero, su viraje hacia el programa revolucionario. Como señala el Programa de Transición "es preciso que la vanguardia obrera encuentre nuevas perspectivas, un nuevo programa y una nueva bandera no infamada. Aquí está el obstáculo principal. Resulta extremadamente difícil para los obreros de los países fascistas elegir un nuevo programa. Los programas se verifican por la experiencia. Y es precisamente la experiencia de movimientos de masa lo que falta en países con despotismos totalitarios". En las condiciones de la represión, de la miseria cotidiana, del atraso y la colonización exacerbados del país, los militantes obreros tratan de recurrir nuevamente a sus instrumentos tradicionales de lucha política para alzarse contra el régimen de opresión de la burguesía, por más que lo hacen ahora sin el entusiasmo, la energía y la confianza que depositaron en esos partidos 10 años atrás. Los trotskistas, por su falta de tradición, de fisonomía política, y por su aguda endeblez organizativa carecen de la posibilidad de emerger, en este período, como una dirección del movimiento de masas. Les corresponde "realizar ante todo un trabajo propagandístico, preparatorio, que sólo rendirá sus finitos a gran escala en el futuro", lo que supone una intervención enérgica, concentrada y cotidiana en la lucha de clases.
La respuesta que el movimiento obrero ha encontrado en sus partidos tradicionales en el combate por su reorganización como clase ha sido miserable y está marcada por el acentuamiento de su política de colaboración de clases. El cuadro político y organizativo del PC y del PS ha estado ausente como palanca, como instrumento, que facilite la agitación democrática, el esfuerzo por poner en pie a fábricas, poblaciones y fundos, la generalización del combate contra la Junta en el cual los sectores más débiles puedan apoyarse en los más avanzados. EL stalinismo no ha logrado reconstruir el trabajo de su aparato, mientras el PS está fraccionado en una interminable lucha de camarillas. El punto común de su política es el sometimiento a la burguesía “opositora" y sus planes.
Estas organizaciones tratan de liquidar todo intento de organizar un combate democrático independiente, con el proletariado a la cabeza, contra la Junta Militar, en nombre de un acuerdo con el PDC y los militares, para la “lucha común contra el fascismo”. El PC es el que ha ido más lejos con esta orientación. No se trata, simplemente, de un abandono, que no tiene nada de original, de la defensa de la independencia de clase del proletariado; lo que significa en la práctica cotidiana de la ludia de clases es la traición a las necesidades elementales de organización y de combate de los oprimidos; es un sabotaje a las luchas democráticas. Es así como son el PDC y la Iglesia los abanderados de la oposición a Pinochet. Es esta la raíz y la forma material de los obstáculos que encuentra el movimiento obrero y de masas para articularse políticamente, para elevarse a una intervención centralizada, contra el régimen de la Junta Militar.
La modificación de las relaciones materiales entre las clases que se desenvuelve en el país desde 1977 en adelante tiene sus consecuencias políticas al nivel del rol de los partidos obreros tradicionales y del PDC. El papel de los aparatos como instrumentos de control del movimiento obrero se ha («valorizado en la misma medida en que fracasa la represión. La Democracia Cristiana postula la necesidad de un pacto social — e invocan el ejemplo español de Moncloa- para evitar una irrupción independiente del movimiento de masas. Aún sin haber sido firmado, este pacto dicta la política del PC y del PS; tienen una política particularmente sumisa y miserable de colaboración de clases.
El reagrupamiento del movimiento obrero en sus sindicatos y el desarrollo de las huelgas y otras acciones reivindicativas han permitido la constitución de diversos núcleos sindicales nacionales —la CNS, el grupo de los diez, el FUT, la CEPCH. Estos núcleos aparecen como una instancia de centralización y su existencia como tal permite plantear una actividad de frente único a escala nacional por las reivindicaciones del movimiento obrero, sobre una base organizativa concreta. Pero estos núcleos son también un resultado deformado, en el prisma de la política del PC y del PS y del PDC, de la progresión del movimiento de masas. No son el producto directo de una progresión en la centralización de las organizaciones obreras, sino que responden a un agrupamiento de carácter político impuesto desde arriba por la filiación de los dirigentes: el grupo de los diez con el PDC, la CNS con la izquierda, el FUT con el socialcristianismo. Son una correa de transmisión de la política de esas organizaciones.
Es así como estos agrupamientos no levantan ningún programa de frente único; más aún, no se proponen ninguna actividad de reconstrucción de la unidad sindical del movimiento obrero chileno. Sus manifiestos están plenos de elogios a los militares patriotas, a la Iglesia.y a la conciliación de clases y la CNS no es una excepción en este sentido. Ha llevado su política “unitaria” al punto de las demostraciones comunes con sectores golpistas, ligados al ala “dura” del gobierno. Es un error considerarlos como un estadio intermedio en la centralización nacional del movimiento obrero, porque su objetivo político no es la unidad y la independencia del proletariado sino el de servir a los planes de "acuerdo nacional" y de gobiernos de transición. Un llamado a la unidad que coloque como centro el acuerdo entre el grupo de los diez, la CNS y el FUT es una abstracción que sólo puede llevar al seguidismo de su política. Hay que distinguir claramente entre la exigencia a una actividad contra la Junta y por las reivindicaciones obreras y la creación de las condiciones que permiten una actividad independiente del movimiento de masas.
El PDC se ha elevado al nivel de un factor político de primera importancia porque es la única fuerza burguesa que tiene autoridad sobre la pequeña burguesía y porque, gracias al PC y al PS, puede imponerte una camisa de fuerza al movimiento obrero que impida su intervención independiente. Su rol es el mejor termómetro para medir de que manera se disgrega el régimen militar y como la burguesía y el imperialismo se proponen una solución de recambio que preserve su continuidad. Por eso Frei lanza una campaña callejera contra el plebiscito y pide abiertamente la salida de Pinochet, al tiempo que proclama su admiración por el régimen brasilero. El PDC está muy lejos de ser un caudillo de la lucha democrática; su planteo de Asamblea Constituyente es simplemente el adorno destinado a una sanción “democrática" de un acuerdo con los militares y el imperialismo, contra las masas y sus reivindicaciones democráticas y nacionales. En función de sus propios intereses, trata de introducir un elemento de deliberación en el régimen de la Junta Militar que permita contemplar los intereses de las fracciones burguesas actualmente al margen del poder, preservando a su vez los intereses generales de la burguesía ante el peligro de la intervención de las masas.
La política del PDC, su oposición cada vez más marcada a Pinochet y su “apoyo" a ciertas .movilizaciones democráticas indican que en la situación actual esta fracción de la burguesía se ve obligada a tratar de ponerse a la cabeza de las movilizaciones democráticas para ahogarlas desde adentro. De esta manera, Frei y su equipo, sostenido por el imperialismo, quieren impedir un desplazamiento hacia la izquierda, hacia una lucha democrática consecuente, de sectores de la pequeña burguesía, conteniéndolas en el marco estrecho y espúreo de sus transacciones con la oficialidad militar, al tiempo que controlan, limitan y ahogan cualquier iniciativa de los explotados. La Iglesia está directamente al servicio de esta necesidad de la burguesía y el imperialismo.
Es completamente insuficiente limitarse a una denuncia genérica del carácter de clase del PDC; si ésta gana influencia es por la ausencia de una perspectiva independencia del movimiento obrero. Hay que contraponer un programa democrático consecuente a las maniobras de Frei, denunciarlo y enfrentarlo en el terreno de la lucha cotidiana contra el régimen de la Junta Militar.
Combatir por la movilización y la independencia de las masas
La cuestión del régimen político está planteada en el país, como una cuestión que interesa a las grandes masas y atrae su intervención y su actividad. La organización revolucionaria está obligada a plantear este problema desde una doble perspectiva.
El régimen de Pinochet ha agudizado todos los problemas del atraso y del carácter semicolonial del país.
Esto se traduce cotidianamente en la vida de las masas. El gobierno de Pinochet está sometido a un profundo aislamiento social; se mantiene gracias a la política del PDC y de los partidos obreros que castran las luchas democráticas. El gran capital financiero lo sigue financiando por las enormes utilidades especulativas que obtiene, condenando al país a la miseria y a la barbarie para que pueda extraer sus beneficios. Tenemos que sintetizar estas condiciones de la lucha de clases con un programa revolucionario que indique que la solución de los problemas del país requieren una lucha democrática consecuente con el proletariado a la cabeza, que las tareas fundamentales que hay que resolver son la independencia nacional y la revolución agraria, es decir, la liquidación del yugo imperialista, que estas tareas sólo se pueden saldar con el gobierno obrero y campesino y que el requisito para avanzar en esta perspectiva histórica es que el proletariado organice su intervención política independiente.
Toda la demagogia del PDC deja completamente de lado las cuestiones agrarias y de la independencia nacional. Nuestra tarea es ponerlas a la orden del día a través de una propaganda sistemática; las cuestiones del régimen político se ligan directamente a los grandes problemas del país.
El despertar político del movimiento de masas es el cambio cualitativo que se está operando en esta etapa. Como sostiene Trotsky, en una situación que no es revolucionaria resulta imposible dar una respuesta a la cuestión del régimen político que no sea la de las consignas y las fórmulas de la democracia política. La situación chilena es un largo intermedio entre la situación revolucionaria que históricamente caracterizó al período anterior al golpe y la que va a producirse si la irrupción política del movimiento de masas que madura logra barrer con el control de la burguesía y los aparatos. En esta etapa, las consignas transitorias democrático revolucionarias son una fuerza impulsora del movimiento de masas; lo ponen de pie contra el régimen de la Junta Militar y contra las maniobras burguesas de salida negociada. En el terreno del régimen político, debe conducir a la de una Asamblea Constituyente soberana. Para nosotros se trata del cuadro para plantear los grandes problemas del país: la miseria y la desocupación, el atraso, la tierra para los campesinos a través de la confiscación, la independencia nacional, y no del perfeccionamiento de la democracia burguesa.
Es estéril especular sobre en qué condiciones será posible o no verificar en el país la convocatoria de una Asamblea Constituyente de este carácter; lo decisivo es que opone a las masas al régimen militar y las moviliza por un programa independiente. Nuestra consigna es: Abajo Pinochet. Abajo el régimen de la Junta Militar. Por una Asamblea Constituyente soberana. El proletariado unifica así detrás de su propio programa, de sus propios métodos y de su propia perspectiva al conjunto de las masas oprimidas, al campesinado en primer lugar. Plantea las cuestiones del régimen político en relación directa con las reivindicaciones democráticas y nacionales de la población. Esta actividad no necesita la espera de un futuro indeterminado; si la organización de las masas no permite ahora plantear el objetivo del poder bajo la forma de los soviets y la dictadura del proletariado, permite sí una posición independiente del proletariado, traducida en organización, actividad y centralización en el terreno de la lucha democrática.
La consigna de Asamblea Constituyente tiene que oponerse a los planes políticos de negociación con el régimen militar del PDC y los partidos obreros tradicionales; el proletariado de ninguna manera puede comprometerse con ningún plan de “gobierno de transición” que sólo puede ser un gobierno antidemocrático.
El proletariado debe delimitarse coco factor político independiente en la actual movilización democrática, que la burguesía quiere ahogar. El programa y las consignas no son suficientes; tiene que disponer de los medios organizativos y políticos para llevarlos adelante. No hay partido revolucionario en Chile y su construcción requerirá un enorme esfuerzo histórico; es necesario ganar una clara fisonomía política al interior del movimiento obrero y su vanguardia. En las actuales condiciones mundiales y nacionales de la lucha de clases no se trata de un largo período preparatorio en el cual el partido se forma en la experiencia que lentamente el proletariado va ganando mientras le arranca al capitalismo una serie de conquistas inmediatas. Por el contrario, el proletariado puede y debe elevarse a una actividad revolucionaria, a la lucha por el poder, a partir de sus combates cotidianos, gracias a sus métodos de clase, a la huelga, a la movilización callejera, a la formación de comités, y a la existencia de un sólido núcleo revolucionario a su interior que devenga en su partido dirigente.
En la actual situación, corresponde plantear el combate por la unificación nacional del movimiento obrero, por la reconstrucción de la Central Única de Trabajadores. Clotario Blest ha hecho un llamado concreto en este sentido, se propone convocar a un Congreso de la CUT para febrero de 1981. El eco que tienen las acciones del fundador de la CUT ponen de relieve la aparición de una nueva camada de militantes obreros, que no han sufrido directamente la experiencia desmoralizante de la política de los aparatos. Más allá de las posibilidades efectivas de concreción de este llamado, que sólo se podrán apreciar en el curso mismo de la lucha de clases, corresponde lanzar una campaña por la reconstrucción de la CUT como la forma que toma la reconstrucción del frente único elemental del movimiento obrero a escala nacional, su unidad sindical. Para impulsarla, hay que enfrentar el Plan Laboral a través de un combate por un aumento general de salarios, por la democracia y la independencia de los sindicatos, por la expulsión de todos los agentes de la Junta Militar, por su funcionamiento en base a asambleas, por la elección de direcciones representativas, por su agolpamiento regional y en-federaciones. Y de esta manera, las cuestiones del Frente Único quedan planteadas en el terreno efectivo de la actividad de las masas y no como un llamado genérico y abstracto a las direcciones; este último tiene que permitir y favorecer la intervención independiente de la vanguardia obrera. La reconstrucción de la CUT es la palanca que puede potenciar esa intervención, dándole un carácter unificado, que supere el localismo y la dispersión.
Todos los aspectos cotidianos de la lucha contra la represión y por las libertades democráticas deben traducirse en términos de enfrentamiento con la Junta Militar, de la exigencia democrática de decidir sobre el régimen político del país y sus grandes problemas.
Este tiene que ser el eje que permita la articulación política del proletariado como clase y de éste con el campesinado y el resto de los oprimidos.
Las masas enfrentan el plebiscito del 11 de septiembre en condiciones muy diferentes a las de la consulta del 4 de enero de 1978. Ahora pueden intervenir a través de sus organizaciones, se pueden aprobar resoluciones en asambleas, se puede ganar la calle. Sin duda que la consigna del boicot expresa políticamente la aspiración del movimiento de masas y no es ahora una expresión de deseos sino una palanca para la lucha contra la Junta y las maniobras burguesas. Sería un error, no obstante, dividir y oponerse a la intervención política de una organización obrera, de una asamblea estudiantil o de otro sector, oponiendo irreductiblemente el boycot al voto negativo. Hay que tener muy en cuenta el grado extremadamente desigual de desarrollo del movimiento de masas. Planteando nuestra posición de boycot, podemos y debemos llevar adelante una actividad común contra el plebiscito y la Junta Militar si se hace a través de la movilización callejera y de la intervención política del movimiento de masas, con un programa independiente.
La derrota de la maniobra de Pinochet, de acuerdo a la forma y al grado que se verifique, puede ser el punto de partida de una nueva situación política en el país, en la cual las masas puedan ir ganando en iniciativa y en capacidad de intervención independiente.
La tarea de la construcción del partido revolucionario avanzará en este combate si logramos estructurar con claridad nuestro programa, damos una fisonomía definida y avanzar en trabajo de penetración en la vanguardia obrera de nuestras ideas y posiciones.
28 de agosto de 1980
