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Argentina: La crisis de la dictadura militar y sus consecuencias

Por Julio Magri
El golpe militar de marzo de 1976 tuvo por finalidad el aplastamiento del ascenso revolucionario de masas abierto con la huelga general de 1975. y. en general, del ciclo de ascenso político de los explotados iniciado con el “Cordobazo”. Las FFAA actuaron a cuenta de la burguesía y del imperialismo en función de un acuerdo centrado básicamente en restablecer la autoridad del Estado burgués.
 
El imperialismo yanqui (Ford-Kissinger) estuvo en la primera línea en la gestación del golpe y en la implantación sangrienta de la dictadura militar. Los acreedores extranjeros se convirtieron en su columna vertebral cuando, desde diciembre de 1975, quedó establecido que la orientación económica estaría a cargo de Martínez de Hoz. El agregado militar norteamericano en la Argentina, al ser retirado en 1977 -bastante después de asumir Cárter— expresó su solidaridad con la represión ejecutada por los militares. Idéntico pronunciamiento hizo el agregado militar francés cuando se fue en 1979, y similares planteos formularon los agregados militares yanquis en Chile y Uruguay. Todo esto deja claro el papel central de la CIA en la situación creada en el cono Sur, a partir del golpe contra Allende, en 1973.
 
El golpe militar vino a hacerse cargo, desde el punto d vista de los explotadores, del fracaso de la experiencia nacionalista abierta en 1973. La huelga general de 1975 reveló que gobierno peronista era incapaz de imponer a las masas su pl¿ de austeridad y de acomodamiento con el gran capital nacional y extranjero, lo que planteó, para la clase dominante nativa, la necesidad de un cambio en lo^ métodos de gobierno y de un cambio de frente ante el imperialismo y las masas. Esta necesidad de un cambio de frente comenzó a expresarse ya bajo la administración peronista, con el viraje proimperialista bajo Gómez Morales, primero, y el “rodrigazo”, después.
 
El éxito del golpe fue posible por la impasse de la huelga general de junio-julio de 1975. La movilización política de las masas no llegó a liquidar al gobierno peronista, o mejor dicho, si bien agotó las perspectivas de éste, no dio paso a las perspectivas propias del proletariado. Esto quiere decir que no dio lugar a un nuevo reagrupamiento político-sindical del movimiento obrero, independiente de la burguesía, para lo cual era necesario barrer a la burocracia peronista. Esta conservó su dominio sobre los sindicatos y este dominio se convirtió en un factor clave para la desmoralización y el vaciamiento sindical, pavimentando el golpe militar. El proletariado se enfrentó al gobierno peronista, en un paso de ruptura fundamental con el nacionalismo burgués, pero no pudo abrir una alternativa propia debido, esencialmente, al colosal freno de la dirección sindical, aunque también hay que destacar el planteamiento político burgués y los métodos desorganizadores del foquismo, y mencionar la política de colaboración de clases de los que propugnaban la unión nacional a través de la '‘convergencia cívico-militar”  (PC) o el bloque de los 9 (PST).
Esto traducía en gran medida, y reforzaba, la aún incipiente maduración política de la clase obrera en relación al nacionalismo burgués, es decir, en relación a imponer su independencia de clase y su dirección de la nación oprimida.
 
El golpe vino a resolver la ruptura del equilibrio implantado en marzo-setiembre de 1973. Su demora (fue concebido desde agosto de 1975) se debió a la necesidad de intervenir en el momento de mayor confusión del movimiento de las masas. El carácter contrarrevolucionario del golpe (lo que se determina por su relación con la lucha de clases) fue señalado por PO desde su origen, precisando que se producía en un cuadro que no se confundía con un aplastamiento prolongado del proletariado y en una situación internacional cuya tendencia dominante era el ascenso de masas y la creación de situaciones revolucionarias.
 
El choque entre estas dos tendencias -el carácter contrarrevolucionario de la dictadura y la tendencia mundial de la lucha de clases, así como la derrota limitada de las masas— está en la base de las tendencias a la crisis del régimen instaurado en 1976.
 
Golpe y Semibonapartismo
 
La dictadura militar no fue un golpe exclusivo de los agentes directos del capital extranjero, sino del conjunto de fracciones de la burguesía nacional y del imperialismo. La articulación política de este bloque, es decir, la forma "Bajo la cual funciona, tiene un carácter especial. Como lo puso de relieve PO, ya en marzo de 1976, el nuevo régimen tiene un carácter semibonapartista, que está dictado por el hecho de que las fuerzas armadas, que asumen el papel de sostenedor represivo directo del Estado burgués, actúan como árbitros entre las fracciones que integran el frente único burgués. Al comienzo esto podía no parecer claro, ya que, en la superficie, y para los superficiales, la dictadura no era más que una guardia pretoriana de la propiedad privada (esto para los lambertistas, porque para los morenistas era una dictadura que articulaba “democráticamente” el frente burgués) (1). La caracterización de semi-bonapartista fue todo un acierto (permitió prever y explicar las crisis del nuevo régimen, incluso en un cuadro de reflujo, y anticipó los choques interburgueses), y eso fue posible porque revela una caracterización correcta del Estado argentino (que es la expresión de la dominación de clase de la burguesía nacional, bajo la presión, en última instancia determinante, del imperialismo), así como una concepción clara de las diferencias entre estas dos fracciones de los explotadores.
 
Esta característica semibonapartista significa que el gobierno se vio obligado desde el vamos a oscilar entre una función de agencia directa del capital extranjero y otra de circunscriptos planteos nacionalistas, propios de una de las fuerzas en el poder (por ejemplo, oposición a liquidar SOMISA y entregar ACINDAR a la United Steel, resistencia al ritmo y alcance de las desnacionalizaciones).
 
El ascenso de un gobierno militar significó que los explotadores no fueron capaces de desviar o resolver la crisis anterior por medio de los partidos políticos, sino que debieron hacerlo por una vía indirecta, la de los uniformados que representan el orden burgués semicolonial en general. Esto crea una tendencia general al arbitraje político y, en definitiva, una tendencia al bonapartismo, es decir al arbitraje entre los trabajadores y la burguesía, que asoma en circunstancias de presión especial del movimiento de masas, pero que sólo puede adquirir un carácter agudo ante una recuperación profunda de los explotados. Si en una situación revolucionaria, la emergencia del bonapartismo sólo es posible por un retroceso de las masas, y anuncia un paso hacia la contrarrevolución, en una situación contrarrevolucionaria es una señal de la tendencia hacia la recuperación de las masas y un momento de ruptura de la situación contrarrevolucionaria.
 
Las características del golpe militar deben entenderse también por referencia al intento de imposición de una salida contrarrevolucionaria alternativa, que estuvo basada en una alianza del lopez-reguismo y del ejército. Esta tendencia estuvo encarnada en los planteos del ex-comandante en Jefe Numa Laplane, y tenía entre sus partidarios a generales como Acdel Vüas. Se trataba (por apoyarse en una fracción de la pequeño burguesía peronista y en los elementos puramente gangsteriles de la burocracia sindical) de un planteamiento fascistizante El desplazamiento de esta alternativa por el golpe militar fue un desplazamiento de método de la contrarrevolución (por inmadurez e inviabilidad del primero). La disputa se resolvió en el sentido de poner a las fuerzas armadas en función de árbitro y no de fuerza de choque de una fracción de la pequeña burguesía, la cual fue políticamente liquidada por el golpe militar.
Todo esto nos permite entender los fabulosos errores de caracterización del golpe cometidos por el PC y el PST (con independencia de las intenciones a los que estos “errores” pretendían servir). Estos caracterizaron al golpe como “democrático”, dentro de las variantes de las dictaduras militares (sic),
porque sólo veían que deshauciaba la solución lopezreguista.
 
El PST se resistió durante dos años! a decir que el golpe era contrarrevolucionario. Al lado de este planteo oportunista se manifestó también el error sectario, que quedó en evidencia en la polémica con la OCI, la que se empecinaba en negar las funciones de arbitraje del nuevo régimen, esto porque despreciaba las diferentes variantes contrarrevolucionarias; consideraba a todas como la misma. Hoy, la OCI y el PST se unen en considerar a Viola -anticipadamente! - como bonapartista.
 
Otro aspecto de los que combatieron nuestra caracterización de semibonapartista (por considerarlo puramente imperialista), es que definían la orientación que iría a tener la dictadura de retorno al período agro-pastoril, y que éste era el contenido puramente imperialista del golpe. Según este planteo habría que concluir que el imperialismo se verifica sólo como la explotación de las naciones agrarias; con lo que se vuelve a la definición del imperialismo dada por Kaustky. En realidad, el atraso, ofrecen la posibilidad de una tasa de ganancia superior a la de la metrópoli, y como una forma de detener la caída de objetos de la explotación dependen de las características de la economía mundial en cada etapa. El planteamiento de la dictadura consistió, precisamente, en postular una reestructuración de las relaciones entre la burguesía y el imperialismo, en una reformulación del planteo industrial y no en un retorno al siglo XIX.
 
El planteamiento económico de la dictadura militar
 
La burguesía argentina pretendió utilizar la derrota del movimiento obrero para dar una respuesta, no episódica, sino estructural al estancamiento crónico de la economía nacional. Apoyándose en un histórico aumento de la tasa de explotación del proletariado, el programa económico pretendió abrir un nuevo ciclo de acumulación del capital por medio de la integración del mercado financiero nacional al internacional. Para ello levantó todas las medidas restrictivas al capital internacional y montó una escandalosa montaña de subsidios para el conjunto del gran capital, a través de una elevada tasa de interés, sostenida por la intervención del Estado.
 
Los puntos básicos del programa económico de Martínez de Hoz pueden sintetizarse así: a) imponer un retroceso histórico de las condiciones sociales y económicas de las masas; b) liquidación de una parte del activo industrial obsoleto y de los capitales que no pueden sostener una concurrencia internacional y reactivación por medio del reequipamiento de los sectores capaces de insertarse más profundamente en las corrientes del comercio mundial; c) creación de un fondo de acumulación mediante un endeudamiento general, a través del otorgamiento de concesiones colosales al capital financiero internacional; d) remate de la participación del Estado en la industria privada, determinada en el pasado para salvar a las empresas de la crisis, y desnacionalización de la industria estatizada —esto para promover un masivo ingreso de capitales capaz de sustentar un nuevo ciclo de reactivación; e) reestructuración de la burguesía nacional y una redistribución general de cartas, promoviendo la formación de trusts diversificados en la explotación del petróleo, la celulosa, la exportación de manufacturas agrarias, la petroquímica, la comercialización de materias primas, el acero y la banca.
 
El método del plan económico es el reflejo del método propio del capitalismo en su período de descomposición, que desarrolla una rama en oposición de las otras, que desenvuelve un aspecto de las fuerzas productivas para frenarlo de conjunto, que extiende y desarrolla el parasitismo -características principales del régimen de monopolio. Por su propia naturaleza es un método de desquicio, que tiene que oponer entre sí a los propios sectores del capital y agudizar la anarquía de la producción, en el contexto de una aguda crisis mundial. Todo esto nos dice que hablar propiamente del “plan económico” es una mistificación, porque lo que impera es precisamente la anarquía, siendo que los grupos dominantes en el aparato del Estado se valen de éste para imponer sus propias soluciones de fuerza en un proceso netamente empírico. Es por no entender esto que se confunden los que buscan en los detalles la coherencia “económica” de un plan que ha cambiado mil veces sus fórmulas técnicas y que no puede sino reflejar el carácter convulsivo de la economía y política mundiales.
 
La crisis económica
 
A pesar de la fenomenal plusvalía apropiada por los explotadores en estos 4 años y medio (el salario real descendió un 40 por ciento respecto a 1974), el planteamiento económico de la dictadura fracasó en toda la línea. Si la experiencia del nacionalismo burgués (peronismo) concluyó a los pies del imperialismo, revelándose incapaz de impulsar un programa de desarrollo económico e independencia nacional, ahora ha quedado demostrado una vez más que el sometimiento al capital financiero internacional es un factor de desquicio económico, de desarrollo del parasitismo y, en definitiva, de estancamiento.
 
Desde principios de año, se ha producido una cadena de quiebras bancarias e industriales que abarcan a empresas y grupos económicos líderes, mientras se encuentran en virtual falencia económica sectores enteros de la burguesía y pequeña burguesía agraria e industrial, sobre todo del interior del país.
 
Los grupos que han caído son aquellos que el programa económico privilegiaba y que iban a actuar como punta de lanza en la inserción de la burguesía nacional en el mercado mundial, y por lo tanto en la reactivación económica. Estos grupos ascendieron vertiginosamente a partir de 1976, reestructurándose en función de la línea estratégica definida por el gobierno militar. El gran capital aprovechó en parte su libertad para absorber fondos en el mercado financiero para reequipar su activo industrial (casos manifiestos en el acero y la celulosa), pero por sobre todo para lanzarse a fabulosas empresas de concentración económica y de especulación financiera. A partir de 1978, esto se combinó con un vertiginoso endeudamiento externo, debido a la sobrevaluación del peso respecto a las otras monedas.
 
A su vez los títulos públicos impulsaron un colosal desarrollo del capital ficticio a través del crecimiento de la deuda pública, a lo que hay que sumarle los fabulosos gastos armamentistas que resultan del régimen existente. El endeudamiento externo e interno terminó actuando como una asfixia financiera sobre toda la economía nacional.
 
El proyecto de insertar a la burguesía nacional en el mercado mundial fracasó estrepitosamente. La producción nacional no encuentra salida debido en parte a la crisis económica internacional (cierre de mercados) y a la baja productividad del capital nacional, entre otros, por las fabulosas cargas financieras. En definitiva, los subsidios estatales de los períodos anteriores fueron reemplazados por un endeudamiento general del Estado y del capital privado y no avanzó un gramo la pretendida inserción competitiva de la industria.
 
Esto se ve en la evolución que ha tenido la producción. A partir del segundo trimestre de este año, la caída de la producción se ha transformado en depresión lisa y llana. Esta caída es la tercera que se produce bajo el gobierno militar. Esto significa que los ciclos de expansión tuvieron una duración muy breve, menores a un año, mostrando las convulsiones del proceso económico. Además, el volumen de la producción industrial y agropecuaria se colocó nuevamente por debajo del nivel alcanzado en 1974, lo que sumado a lo anterior, marca el prolongado estancamiento productivo.
 
Un factor esencial de esta caída (además del achicamiento del mercado interno) ha sido el descenso de las exportaciones (este año del orden del 25 por ciento respecto a 1979, mientras crecieron un 30 por ciento las importaciones). La caída de las exportaciones ni siquiera pudo ser “salvada” por las ventas excepcionales, y a precios muy superiores al mercado mundial, a la URSS, con motivo de la negativa del gobierno a sumarse al boycot cerealero yanqui Esta crisis en las exportaciones tiene una gran importancia porque el programa económico apuntaba a privilegiar a los sectores de la llamada "agro-industria”, vinculados al mercado de exportación. Estos grupos en bancarrota reprochan ahora “que la gestión económica iniciada en 1976” preveía “a mediano plazo una muy moderada expansión del consumo acompañada por un fuerte incremento de la inversión y de las exportaciones” (“El Economista”, 26/9).
 
Todo este proceso explica que la crisis económica explotara como un crack financiero porque se desarrolló sobre la base de un alto ritmo de endeudamiento y porque la pretensión de hacer de Argentina una plaza financiera atractiva al capital externo significó una elevadísima carga financiera para la economía nacional. La deuda externa se triplicó (alcanza los 25.000 millones de dólares), los capitales externos colocados a corto plazo suman otros 30.000 millones y los intereses financieros son del orden de los 5.000 millones de dólares. Por otro lado, que esta situación se ha combinado con una crisis de las finanzas públicas (en los primeros 9 meses de este año, alcanzó un déficit de 6.2 billones de pesos —unos 3.200 millones de dólares- que fueron cubiertos con emisión monetaria). Los intereses de la deuda pública interna y los gastos armamentistas -a pesar del record de recaudación impositiva- han reventado literalmente la financiación del presupuesto.
 
Todo esto ha llevado a que el equipo económico “liberal”, que se propuso eliminar los subsidios del Estado para implantar la libertad económica, apele ahora al más descarado intervencionismo y a las subvenciones estatales para evitar una bancarrota mayor. El sistema bancario ha recibido más de 4.000 millones de dólares del Banco Central en “adelantos” ante la pérdida de depósitos y la incobrabilidad de los préstamos; la Tesorería más de 3.200 millones de dólares. El Banco Central, a su vez, promovió la formación de clubes de bancos para refinanciar las deudas de los grupos económicos en quiebra.
 
Sectores de ia burguesía nacional (sobre todo el desarrollismo) señalan que la causa de la crisis está en el ritmo lento de la devaluación monetaria. Esta crítica ha ganado a una buena parte de la izquierda que también propugna una devaluación del peso, para salir de la crisis. Sin embargo, un tipo de cambio más alto no hubiera alterado significativamente las exportaciones, por la menor demanda internacional provocada por la crisis mundial. A su vez, el consumo y la inversión interna aumentaron porque se volcaron hacia los bienes importados, más baratos, pero si hubieran debido volcarse a una oferta más cara tal aumento no se hubiera producido. La crisis económica actual no es un resultado de una medida de técnica económica (devaluación, revaluación) sino de la incapacidad de la burguesía nacional de impulsar ei desarrollo del país y de la inevitabilidad de su postración ante el capital financiero internacional.
 
La división en la burguesía
 
Como señalamos, la dictadura se apoyó inicialmente en un determinado equilibrio de los explotadores, cuya base inicial fue una feroz superexplotación de las masas. Por esto mismo el programa económico fue el gran factor de unión de los explotadores. Pero si sirvió para unir a la burguesía detrás de la dictadura, su aplicación la fue escisionando.
 
Ya en 1977, la oligarquía de la pampa húmeda -fuertemente ligada a la exportación- abrió un frente crítico con el gobierno ante la caída circunstancial de los precios internacionales de cereales y la actualización del impuesto inmobiliario. La presión tuvo su correlato en el terreno político: a esta época corresponden los reclamos por un “consejo asesor” de la dictadura en el que, obviamente, la oligarquía debía tener adecuada representación. La débil reactivación económica y el fenomenal estrechamiento del mercado interno atascaron en otro punto el planteamiento original. La caída del salario real, endeudamiento y costo financieros, el aumento de los alquileres y el alza de los alimentos derivó en una caída del consumo que dio paso a los reclamos de la burguesía industrial más dependiente del mercado interno. La burguesía agraria de las zonas marginales -golpeada, en parte, por el mismo fenómeno siguió un camino similar.
 
A fines de 1978 el gobierno estimuló una reactivación de corto vuelo por la vía de la inversión pública y el endeudamiento externo; en lo inmediato, tendió a ceder a presiones de todo un frente burgués que reclamaba una reactivación industrial. En los primeros meses de 1979 esa reactivación se había acabado
y con la crisis y depresión económica estalló el acuerdo económico.
 
La coalición empresaria de apoyo a Martínez de Hoz se fue escisionando a medida que avanzaba la crisis económica. Grandes sectores del gran capital comenzaron a plantear una reformulación del programa económico y, ya producido el crack industrial-financiero, a exigir una línea de rescate de los grupos en bancarrota. Este planteo lo levantaron la Unión Industrial y otras grandes cámaras empresariales.
 
La lucha entablada en el gran capital está centrada ahora en el destino de estos vastos sectores. Mientras un sector plantea proseguir con el proceso de concentración y liquidación de los sectores en falencia, un vasto frente empresario se ha reagrupado en torno a la exigencia de que el Estado absorba las quiebras, y sobre esa base reformular el acuerdo de la coalición del gran capital con los militares. La crisis de esta coalición se ha convertido en un elemento central de la crisis política, cuyas presiones se concentran ahora sobre la próxima presidencia de Viola.
 
Por otro lado, se constituyó un bloque burgués que representa a sectores en crisis, atacados por el programa económico de Martínez de Hoz y que están marginados de la coalición gubernamental. Este bloque, que se constituyó recientemente en Rosario (CONAE), tenía como propósito inicial agrupar al conjunto del empresariado contra Martínez de Hoz. No lo lograron, pues las grandes cámaras patronales (UIA. MIA, ADIM, Coninagro, Cámara de Comercio, etc.) rechazaron el planteamiento del CONAE, señalando que eran contrarios a constituir un frente empresario contra el equipo económico, que coincidían con el programa económico de éste y que su crítica se limitaba a la instrumentación y no a la filosofía del mismo. De este modo, el CONAE aglutinó a las fuerzas que básicamente tenía la CGE, la Central formada bajo el primer gobierno peronista, antes de 1972.
 
La formación del CONAE es, objetivamente, un intento por desplazar a la coalición gubernamental dirigida por Martínez de Hoz. Esto porque, aunque sus planteamientos son económicos, sus alcances son políticos ya que sólo podrían alcanzarse con un cambio de la coalición que sostiene y dirige a la dictadura. Esto debería llevar al CONAE a un planteo de coalición con los partidos democratizantes y la burocracia sindical y entrar en colisión con el propio régimen militar.
 
La estrategia que se fijó el CONAE fue la de escamotear estos planteamientos políticos y buscar integrar a una buena parte de la coalición de Martínez de Hoz que entró en crisis con éste. Pero, como señalamos, para éstos el problema que está planteado -a partir de la crisis económica y financiera-es reformular los términos de la actual coalición y no derrumbarlo para evitar el peligro de resucitar un frente de características nacionalistas. En definitiva, el régimen militar sigue siendo su régimen y se oponen a impulsar o resucitar bloques burgueses constitucionalistas.
 
La crisis económica se ha refractado de un modo agudo sobre la pequeña burguesía productiva, sobre todo del interior del país. Esta se sumó a las protestas de la burguesía y contribuyó a masificar los paros empresarios decretados en algunas regiones del país por las cámaras empresariales (Valle del Uco, marchas en Tucumán, Río Negro, etc.).
 
Por el momento, debido a la posición defensiva de la clase obrera, el centro de la situación política está dominado por la pugna entre los explotadores; se trata de un enfrentamiento entre los enemigos del proletariado. Pero, en tanto se trata de una oposición al enemigo central de las masas, esto es, a la fracción Videla-Martínez de Hoz que comanda el plan hambreador, se plantea a la clase obrera la cuestión de cómo actuar frente a aquellos que, coyunturalmente, se ubican como los enemigos de nuestros enemigos.
 
Sectores de la burocracia sindical y el stalinismo plantean que el proletariado debe apoyar los planteamientos de la burguesía disidente. Esta posición significa entregarle a la burguesía el control del movimiento de los explotados, condenar al proletariado a la pasividad, porque ningún sector burgués plantea la movilización contra la dictadura, y facilitar que los explotadores resuelvan su crisis en detrimento de las masas.
 
La estrategia del proletariado es utilizar la pugna patronal para poner en pie a las masas y arrancar a la pequeña burguesía del control del gran capital. Para esto, el proletariado debe concentrar su ataque sobre el enemigo principal, pero sin subordinarse a los planteos disidentes de la burguesía. No sólo esto, sino que hay que criticar despiadadamente a estos últimos, para poner al desnudo el carácter patronal de su política, así como las limitaciones de sus planteamientos políticos reír pecto de la dictadura militar.
 
Lo fundamental es tener presente que el conjunto de esta situación marca un viraje en la situación política abierta en 1976. Un elemento de la estabilidad del régimen militar, el frente único de la burguesía, se disgrega ante el desarrollo de la crisis económica y social y esos son un motor de la crisis política. Otro elemento, es el pasaje a la oposición activa de la pequeña burguesía productiva. El desarrollo de estas tendencias, unido a la tendencia propia del proletariado a la resistencia, pueden llevar a un punto de estallido las contradicciones vigentes y por esta vía transformarse en un elemento central para que el proletariado revierta su situación de reflujo, y abra el camino para la caída de la dictadura.
 
La burocracia sindical desorganiza la resistencia del movimiento obrero
 
La evolución del movimiento obrero durante los últimos cuatro años confirmó dos caracterizaciones fundamentales de nuestra organización: que la clase obrera no ha sufrido un aplastamiento histórico (que desmoralizándola totalmente y reduciéndola a la atomización le hubiese impedido cualquier reacción importante por un prolongado período) con el golpe militar, y la naturaleza orgánicamente ligada a la supervivencia de la sociedad burguesa de la burocracia sindical.
 
La derrota del proletariado, producto de la traición de su dirección (enfeudada a la política burguesa) y de la ausencia de un reagrupamiento independiente que la expulsara de las organizaciones obreras, fue profunda: se tradujo en el asesinato de miles de activistas sindicales, reducción a la mitad del salario real, desocupación, mutilación de sus organizaciones y pérdida de conquistas históricas tales como los convenios, obras y previsión social, etc. Pero la tradición combativa del proletariado argentino se manifestó en la reacción a esta ofensiva que no conoció interrupciones.
 
El curso de esta resistencia planteó, recurrentemente, la tendencia hacia la huelga general contra el gobierno militar y por la defensa de las conquistas obreras: 1976, con la huelga de electricistas y mecánicos, 1977, nuevamente los mecánicos, los paros ferroviarios de 1978, 79 y 80, fueron la expresión avanzada de un proceso de vasto alcance, que recoge la experiencia de la huelga general de Junio-Julio de 1975, con la que se paró el “rodrigazo” del gobierno peronista. El rol de la burocracia, verborragia, solicitadas y plenarios aparte, fue el de impedir la generalización de estos conflictos para evitar que confluyesen en un torrente único de lucha contra la dictadura, punto esencial en el que coincidió con ésta, que tuvo éxito hasta cierto punto en su propósito de enfrentarlos aisladamente.
 
Contra la caracterización unilateral e impresionista del morenismo (“al ser atacados los sindicatos, la burocracia está obligada a resistir”) sostuvimos que la base social de ésta es su relación privilegiada con la burguesía como mediatizadora de la independencia de clase de los trabajadores. Su supremacía está ligada a la supremacía política de la burguesía, de la cual es un agente en las organizaciones obreras. Tal ha sido su origen histórico y tal será su fin.
 
En las condiciones de un gobierno de reacción política, que es apoyado por el conjunto de la burguesía puesto que surgió como último recurso del capitalismo contra la irrupción revolucionaria de los obreros, toda veleidad “opositora” de la burocracia está subordinada a la evolución del frente burgués. Por esto, la burocracia se ha adaptado a los ataques de la dictadura militar, haciendo primar su solidaridad con el conjunto de la burguesía por encima de los derechos elementales de los trabajadores, y aún por sobre el cercenamiento de gran parte de sus privilegios de burocracia obrera.
 
Los hechos no hacen sino confirmarlo: los sindicatos fueron atacados como nunca, y la burocracia no ha hecho sino adaptarse sistemáticamente a esos ataques.
 
La nueva “Ley de Asociaciones Profesionales" disuelve la CGT y prohíbe a los sindicatos su participación en política. A ello se suma el propósito (por ella estatuido) de dividir y atomizar los grandes sindicatos nacionales, a través de la formación de sindicatos provinciales, autorizando la formación de sindicatos paralelos en la misma rama e inclusive abarcando un “ámbito menor”. La Ley liquida virtualmente la institución del delegado de sección, al establecer que serán elegidos a razón de uno cada 100 trabajadores; liquida el “fuero sindical”, dejando a delegados y dirigentes al arbitrio de la patronal y la policía; expropia las obras sociales sindicales, quitando a los gremios la dirección y el manejo de los fondos. El Ministerio de Trabajo tiene poderes omnímodos sobre todo el movimiento sindical, asegurándose el Estado y las Fuerzas Armadas una colosal injerencia en las organizaciones obreras.
Pues bien, frente a esta ley, la conducta de la burocracia fue la elaboración de un plan, al que por antifrase bautizó como “plan de acción”, que consistía en convocar a una reunión multisectorial con las cámaras empresariales, los partidos burgueses y la Iglesia —todo lo cual fracasó estrepitosamente.
 
La burocracia no ha planteado siquiera una política tradicional de presión y negociación con la burguesía y el Estado. La movilización independiente de los trabajadores, única forma de resistencia real a los ataques antiobreros, está excluida de su perspectiva. Toda su buena voluntad hacia los partidos e instituciones de la burguesía, contrasta con su política de desarticular al movimiento huelguístico que espontáneamente surgía de las fábricas, que planteaba la posibilidad de un combate centralizado contra la ley, que acabó por ser sancionada.
 
La solidaridad política de la burocracia con los garantes actuales del orden burgués llegó a expresarse más directamente aún: no sólo se integró a las “comisiones asesoras" de los interventores militares en los sindicatos (forma extrema de colaboracionismo apoyado fervorosamente por el PC y el PST), saludó la “lucha antisubversiva" de los militares, sino que llegó a defender encendidamente a la dictadura militar contra las críticas a las que era sometida en la OIT.
 
La actual división de la burocracia en diferentes bloques (la CNT, los 25, los 20) se corresponde con la propia crisis y división burguesas, cuyas fracciones están sin embargo unidas por una común aceptación del régimen militar.
 
Esta división favorece asimismo a la dictadura. Esta no alienta a un bloque “preferido", sino que medra con la fractura del movimiento sindical (como un factor supletorio de desorganización) para arbitrar por encima de las diferentes fracciones y arribar a la reselección de un cuadro dirigente digitable por los milicos.
 
Las posibilidades para la burocracia de superar su división están identificadas a las de la burguesía por superar las suyas. Ya van varios años de cacareo de la “unidad", y aún los intentos de proclamarla formalmente (recientemente, la CNT, los 25 y los 20 aprobaron unificarse en torno a la sigla CGT) no hicieron sino preparar una división mayor aún, profundizando la disgregación: la “unidad” culminó en la reformulación de los bloques originales y >en el desprendimiento de éstos de algunas regionales del interior.
 
La división, sin embargo, es un factor suplementario de debilitamiento de la burocracia, que la torna más vulnerable frente a los ataques del gobierno, y frente a una eventual irrupción de la clase obrera. Lorenzo Miguel, máximo líder sindical peronista en el período previo al golpe de estado, puso por ello -luego de ser liberado por los militares- todo el peso de su autoridad para superar la división de las cúpulas sindicales, cosechando un nuevo fracaso.
 
Es que la situación de la burocracia sindical no puede dejar de reflejar la del movimiento político bajo el cual se estructuró. El peronismo puede seguir siendo un factor en las combinaciones políticas de la burguesía, y en este sentido aún posee vigencia política. Pero su agotamiento histórico como movimiento nacionalista de masas es irreversible: está condenado a una existencia bastarda, de deterioración y disgregación crecientes. El punto culminante de este agotamiento fue la huelga general de 1975, que lo enfrentó al conjunto del movimiento obrero, y que fue asimismo uno de los puntos máximos de adaptación de la burocracia a la burguesía, cuando se “borró” de las organizaciones obreras para castrarlas y así salvar al gobierno peronista contra los trabajadores, pavimentando objetivamente el camino del golpe militar. La conducta actual de la burocracia no es sino la prolongación de aquélla en las nuevas condiciones.
 
La tentativa de reunificar a la dilección sindical por el simple expediente de colocarle la camiseta peronista no tiene ni de lejos la fuerza que pudo haber tenido bajo la revolución libertadora, cuando la escena política continuaba dominada por la polarización peronismo-gorilismo. Es este cambio en las relaciones políticas entre las clases, que refleja el incipiente pero seguro pasaje del movimiento obrero hacia posiciones de independencia política, lo que se encuentra en la base de la crisis de la burocracia sindical peronista.
 
El proceso de recomposición de un movimiento obrero independiente y de selección de su vanguardia ha tenido, sin embargo, un carácter sumamente lento. Esto en primer lugar por la profundidad de la derrota sufrida, con su secuela de represión y eliminación de activistas. Y también por el obstáculo suplementario que significa la presencia de la burocracia, que no fue superado en la fase de mayor ascenso. Pero aún así, la resistencia obrera fue un proceso constante desde 1976, que por momentos amenazó con generalizarse, y que ha ido forjando a una vanguardia obrera, como una fracción más o menos estable de activistas que se destacan en el combate antipatronal y que se orientan hacia los planteos de independencia de clase. Ahora, esta resistencia se combina con la pugna en la burguesía y en el gobierno y con el pasaje de una parte importante de la pequeña burguesía a la oposición activa. En estas condiciones, una acentuación de la resistencia obrera tendría enormes posibilidades de desarrollo, a expensas de las contradicciones de la dictadura. El impulso de las masas puede provenir de un agravamiento de la crisis económica, por una mayor división de la burguesía o por la intervención generalizada de algún sector del movimiento obrero.
 
La propuesta de PO de impulsar una campaña por un paro nacional tiene por base la presente crisis política, el conflicto interburgués, el agravamiento de la crisis económica, la resistencia de la clase y su tendencia hacia un movimiento de conjunto. Esta campaña se inscribe en la tendencia del proceso político de disgregación de la burguesía y de recomposición del movimiento obrero, agrupa a los activistas obreros que surgen en los movimientos de resistencia y le da una perspectiva política centralizada a las actuales luchas defensivas. Esta campaña va unida a la construcción de una Tendencia Sindical Independiente, expresión organizada del activismo con una activa de acción común y un programa de cabal independencia obrera.
 
Como la actividad de nuestro Partido lo ha ido poniendo de relieve, es posible afirmar que se está desarrollando una nueva vanguardia, que busca abrirse paso por encima de las traiciones de la burocracia y orientarse hacia posiciones de independencia obrera. Las consignas de PO de organizar una campaña por un paro nacional, de construir una Tendencia Sindical Independiente y por un Partido Obrero Independiente buscan clarificar entre los activistas que van surgiendo en cada fase de la resistencia el carácter de la situación presente, las tareas de conjunto que de ella se desprenden, en la estrategia de independencia cabal y completa del proletariado. Se trata en definitiva de poner las piedras básicas de la nueva dirección del proletariado, que emergerá a la luz cuando el movimiento de las masas inicie un viraje radical.
 
La crisis política y el gobierno de Viola
 
El desarrollo de la crisis económica y social y la división que se ha producido en la burguesía frente al curso de la poli-rica económica se refleja directamente en las FFAA, esto es, en los detentores del poder.
La designación de Viola fue una manifestación clara de esto. Es evidente que éste no fue designado unánimemente por las tres armas (la Marina se opuso) y se habría apelado a la simple mayoría para designarlo. Otro elemento es que sectores del Ejército habrían apoyado el planteamiento de la Marina.
 
No hay duda que Viola representa el más alevoso continuismo. Lo eligió la Junta Militar, representa a la dirección que preparó y ejecutó el golpe de 1976 y se identifica con la línea de Videla. Pero las condiciones políticas generales y la relación entre las distintas clases y el gobierno se han modificado sustancialmente en el curso del gobierno militar. En este sentido, el objetivo definido hace tiempo por la dictadura de montar un proceso ultraregimentado de institucionalización que consagre la supremacía de la coalición política actual está agotado. Mientras Videla se apoyó en la unidad de la burguesía para derrotar al proletariado y buscó, sobre esta base, estructurar un continuismo institucional, Viola tiene planteada la tarea de reunificar a la burguesía, sobre la base de un nuevo planteamiento político y económico.
 
Existen dos cursos alternativos que puede adoptar la dictadura para hacer frente a este cuadro de crisis.
Uno de ellos es continuar contra viento y marea con la actual política económica, lo que significaría ir hasta el final en la liquidación de importantes sectores de la burguesía industrial, profundizando aún más el proceso de concentración y la penetración imperialista. La trenza que representa Martínez de Hoz está peleando por esta variante, que no debe ser descartada desde el momento que cuenta con importante apoyo del capital financiero internacional. Cuenta también a su favor con la actitud de los otros sectores de la burguesía nacional. La Unión Industrial, Confederaciones Rurales, etc., acaban de ratificar, con su negativa a asistir a la reunión empresaria de Rosario, que no quieren llevar sus disputas con la política económica al extremo de modificar la correlación de fuerzas burguesas establecida por la dictadura (para lo cual deberían apoyarse en los partidos tradicionales y en la burocracia sindical). Se orientan a buscar un acuerdo que reconstruya la coalición del gran capital e impida la desestabilización del régimen.
 
La elección de esta alternativa tendría como resultado político una polarización aguda, de tipo “nicaragüense”, donde los partidos burgueses pasarían a una oposición más abierta y a sufrir una persecusión en regla. Esto plantearía la postergación por todo un período de cualquier planteo de institucionalización basado en un frente político representativo de la gran burguesía.
 
La otra alternativa es la instrumentación de una política de reactivación económica por medio de un impulso estatal, que permita recomponer el trente burgués de apoyo al gobierno. Aunque esa política no significaría revertir los grandes “logros” de Martínez de Hoz (liquidación de conquistas obreras, de las barreras proteccionistas de la industria nacional), llevaría a roces con el imperialismo, en especial con la gran banca internacional (que vería recortados los superbeneficios de la escandalosa política de atraer fondos a corto plazo pagando la mayor tasa de interés internacional). Si se concretara una reactivación su resultado sería: a) una oxigenación para el conjunto de la burguesía nacional, pero avivaría la lucha entre sus fracciones y entre éstas y el capital imperialista por la recuperación del mercado; b) y plantearía un reforzamiento de la capacidad de resistencia económica de la clase obrera.
 
Estas alternativas sólo alteran la modalidad de la crisis política próxima, la que es inevitable por el hecho de no estar planteada una perspectiva de crecimiento económico capitalista, ni mundial ni nacional, en al curso del próximo período.
 
Pero, además, cualquiera sea la variante por la que opte el gobierno de Viola, una tenderá a engendrar a la otra. Si se aplica un curso duro, el aislamiento a que esto llevará al régimen planteará crecientemente a la burguesía y a los propios militares la necesidad de una alteración del mismo. No hay que olvidar que el imperialismo caracteriza a la situación mundial como convulsiva, creadora de situaciones revolucionarias, y es por ello que propugnan la “institucionalización”, como planteo de absorción de las oposiciones nacionalistas o liberales. De otro lado, si se abre paso a una reactivación, la consiguiente aceleración de los conflictos, de la resistencia de las masas y la probable recuperación de los partidos burgueses tradicionales avivarán las prevenciones de la camarilla militar y del gran capital, que tratarán de contragolpear para que no se reabra la situación del 75.
 
De todo lo dicho se desprende que no hay por delante la perspectiva de una atenuación más o menos prolongada de los antagonismos interburgueses y de consolidación de un acuerdo político por arriba, sino de una constante crisis de los explotadores. Pero la consecuencia del desarrollo de la crisis económica y de la división del frente burgués es que ya plantea, y tiende a agudizar, la discusión sobre el porvenir del régimen político; esto quiere decir la discusión sobre la fecha y la forma de su salida de escena. Está claro que esto toma la forma de un debate sobre las componendas necesarias para mantener en pie las conquistas principales de la represión contra las masas. De cualquier manera, sin embargo, pone a todas las clases ante al problema de pronunciarse y, a partir de aquí, de sus programas. La cuestión de la democracia, del frente antiimperialista y la de la independencia obrera pasarán a ocupar el centro de la escena política. Contra los que en cinco años pasados de la dictadura veían la institucionalización a la vuelta de cada esquina, esto porque decían que la dictadura era democrática, y que, ahora, desilusionados propugnan la larga marcha por el desierto y las estepas de la resistencia, nosotros decimos que es justamente ahora que se irán planteando abiertamente todos los problemas emergentes de la crisis política, es decir, no porque la dictadura se haya transformado subjetivamente en progresista o democrática.
 
Frente único antiimperialista y Asamblea Constituyente
 
La dictadura militar ha llevado hasta el extremo los problemas propios de la Argentina como nación atrasada y semicolonial; la expropiación política de la nación a manos de una camarilla militar; la entrega sin precedentes al imperialismo; la existencia de un estado policial que aterroriza a todos los sectores explotados y progresistas; la superexplotación de los trabajadores bajo salarios que muchas veces están por debajo del mínimo de reproducción de la clase obrera; la colonización clerical, oscurantista y policial de la cultura y la educación; la intervención militar de las organizaciones obreras y la ausencia total de libertad política.
 
El desarrollo de la lucha de las masas sacará a luz todos estos problemas y los centralizará en la cuestión de la democracia política. Para la clase obrera está planteado organizar y ponerse a la cabeza de la gran mayoría nacional, entroncando con las reivindicaciones democráticas y sociales de las masas explotadas.
Es con este objetivo que el trotskismo avanza la táctica del frente único antiimperialista.
 
Para la burguesía nacional el problema está planteado de modo inverso: reconstruir el cuadro de sometimiento del proletariado a la burguesía que se rompe con el agotamiento del peronismo. Si el desarrollismo ha ganado un lugar relevante dentro de los críticos burgueses de la perspectiva económica y política del gobierno, es porque se presenta como la corriente que intenta formular de la manera más acabada este planteo. Los desarrollistas han rechazado la noción de “convergencia cívico-militar” como una política de corto vuelo, oponiéndole la de “alianza de clases y sectores sociales”. Se trata del planteo de un frente nacional (“movimiento nacional”) bajo hegemonía de la burguesía. Pero si el peronismo, que fue un movimiento nacional de masas bajo dirección burguesa, concluyó postrado ante el imperialismo y furiosamente antiobrero, el "frente nacional” postulado por el desarrollismo aparece apenas como su parodia. Para éste, “la alianza de clases y sectores no sólo es viable... es indispensable, cualesquiera que sean los caminos que se transiten en plano institucional. Haya o no elecciones, el camino no es escindir el país civil del país militar” (R. Frigerio, “Línea”, octubre 1980). En esencia es, pues, un planteo tendiente a cerrar la escisión creciente e irreversible entre las masas y la dictadura militar, para salvar a esta última.
 
El desarrollismo se lanza a capitalizar la crisis burguesa proponiendo una “protección de la industria nacional” (para interesar a los sectores burgueses disidentes con la política oficial) y una “actualización de los salarios” (para interesar a la burocracia sindical en la “alianza de clases”). Como programa postula, sin embargo, “el sinceramiento de precios y tarifas” (como si Martínez de Hoz no los hubiera “sincerado” más allá de lo soportable!), la “devaluación monetaria” (que, so pretexto de favorecer las exportaciones, lo única que acarrearía sería un encarecimiento aún mayor del costo de la vida), el "redimensionamiento del sector público” (continuar entregando las empresas estatales al imperialismo, y lanzar a la calle y al ejército industrial de reserva a miles de empleados públicos), para rematarla proponiendo abrir generosas puertas al capital extranjero, cuyo aporte “desarrollaría” la estructura industrial del país —pero Martínez de Hoz ya lo hizo (en una medida diez veces mayor que Frondizi en el 58-62) atrayendo sólo una enorme masa de capital especulativo consagrado al saqueo de la economía nacional. Las reformas de defensa de la industria nacional son sólo un taparrabos utópico y reaccionario. Huelga decir que el desarrollismo es un enemigo jurado de la movilización de masas: ha saludado la sangrienta represión contra éstas llevada a cabo en nombre de la “lucha antisubversiva”. Se trata de un programa crudamente antidemocrático y proimperialista, que demuestra que la reconstrucción de un "frente nacional” con dirección burguesa, que reproduzca relaciones políticas semejantes a las del peronismo, es una perspectiva superada por el desarrollo histórico y por la lucha de clases. El apoyo que le brindan buena parte de las direcciones políticas y sindicales del peronismo (los "25”) retrata su naturaleza contrarrevolucionaria.
 
El Partido Obrero, al plantear una alianza de todas las clases y sectores explotados (obreros, campesinos y pequeña burguesía), postula un auténtico Frente Revolucionario Antiimperialista, cuya estrategia es el gobierno obrero-campesino. Coloca en su centro la acción directa de las masas y la hegemonía del proletariado. Confronta su programa antiimperialista a las propuestas traidoras de la burguesía nacional: por la estatización de las empresas privatizadas por la dictadura, por la investigación de la deuda externa, por los precios máximos y el control obrero de la industria y los bancos, por la expropiación del imperialismo y los terratenientes, por el derrocamiento de la dictadura militar. Organiza a los trabajadores para el combate por la recuperación de los sindicatos, para que la movilización independiente de éstos los convierta en el eje de aglutina-miento del frente único de las masas explotadas.
 
Un aspecto central de este combate, en la actual etapa del movimiento de los explotados, lo constituye la lucha por las libertades democráticas y la Asamblea Constituyente. Es un orgullo para PO su participación sin desmayos junto al movimiento de familiares de presos políticos y desaparecidos, que es hoy el movimiento democrático más importante contra la dictadura militar. Se trata de una cuestión que amenaza transformarse en uno de los mayores factores de crisis del régimen militar. Nada retrata mejor el cinismo de los partidos burgueses "democratizantes” que su ausencia de participación y solidaridad con este movimiento, que en algunos casos (Balbín, de la UCR) ha llegado a la convalidación lisa y llana de los crímenes de la dictadura.
 
Partidarios incondicionales de la profundización de este combate, PO entiende que la lucha por el conjunto de libertades y derechos democráticos (libertad a los presos y desaparecidos, investigación de los crímenes, devolución de los sindicatos, derecho de huelga, plena libertad de organización gremial y política) y, fundamentalmente, por las reivindicaciones antioligárquicas y antiimperialistas puede centralizarse ya en la propaganda y agitación por una Asamblea Constituyente soberana.
 
El rol más directo de esta consigna es el de mostrar el cuadro de represión y arbitrariedad vigentes, oponiendo la simple idea de la soberanía popular al monopolio político ejercido por una camarilla de militares y representantes de la gran burguesía y el imperialismo. Pero este aspecto, que constituye la gran fuerza movilizadora de la consigna, no agota el análisis de su lugar en la agitación y propaganda revolucionarias.
 
El debate sobre la “institucionalización” abierto en las filas de la burguesía no es una mera necesidad episódica ni se reduce a una simple maniobra de diversión de las masas. Alejado el proletariado de la escena política, se trata para la burguesía de resolver el problema de la crisis crónica del estado argentino: que para gobernar el país, no lo ha conseguido desde 1930 hasta hoy sino echando mano a recursos de excepción: gobiernos "democráticos” proscriptivos o de crisis, gobiernos bonapartistas, dictaduras militares. La burguesía argentina, como un aspecto del aborto de la revolución democrática, ha sido incapaz de hacer asumir a su estado las funciones que ie son propias: la de centralizarla como clase frente al proletariado y las burguesías rivales. Pero si la burguesía ha sido incapaz de resolver democráticamente esta cuestión durante el período de ascenso del capitalismo, durante el período de su descomposición y crisis histórica sólo atina a intentarlo mediante los métodos más reaccionarios. En el cuadro del inmovilismo político que caracteriza a la fracción burguesa más concentrada actualmente en el poder, un solo punto queda claro: su pretensión de institucionalizar el arbitrio, incorporando orgánicamente a las FFAA, con poder de decisión y veto, a las principales funciones estatales. Se trataría de dotar de un barniz "democrático” -que permitiría ampliar las bases sociales del Estado- a un régimen de arbitrio permanente. Los partidos “democratizantes” de la burguesía y el stalinismo han mostrado toda su miseria e inviabilidad histórica al subordinarse a este planteo de los militares. Se han limitado a reclamar cambios en la política económica (peronismo), la aprobación del estatuto de los partidos políticos (radicalismo), o una “convergencia cívico-militar” (PC), sin cuestionar el régimen militar existente y dejándole enteramente la iniciativa.
 
Pero la propia evolución de la división burguesa (resultado del agotamiento de la economía semicolonial en el marco de la crisis económica mundial) ahonda la crisis de la dictadura y pone de relieve su ausencia de plan político. Luego del fracasado intento de constituir un "movimiento de opinión” oficialista, el gobierno ha apelado al expediente de abrir un "diálogo” político, recurso de fachada (se ha convocado a los políticos burgueses a discutir la “filosofía del proceso’’) que se ha visto superado una y otra vez por la profundizadón de la crisis económica. Ni aún así han abandonado los partidos burgueses su subordinación al militarismo, pero es vital para el proletariado, en este periodo de luchas defensivas, aprovechar esta crisis para aislar y golpear a la dictadura. La consigna de Asamblea Constituyente permite a la clase obrera terciar en el debate político, oponiendo este real planteo democrático a las combinaciones continuistas de los militares. Al mismo tiempo, permite desenmascarar la miseria antidemocrática de las posturas de la burguesía democratizante —que intenta interesar a las masas en días— mostrando su negativa a formular cualquier planteo democrático y a romper en consecuencia con los militares. Su perspectiva es la de hacer saltar por los aires el contubernio podrido que intenta orquestar la dictadura, y abrir la vía para que el proletariado se perfile como la dirección política de la nación oprimida, liderando la lucha del conjunto de los explotados.
 
Como parte de una batalla llevada adelante nacional e internacionalmente, contra la degeneración del movimiento trotskista y por la reconstrucción de la dirección revolucionará mundial (la IV Internacional), PO se ha visto obligada a precisar el lugar teórico y el real alcance político de la consigna de Asamblea Constituyente.
 
a) Contra quienes (como el lambertismo y el morenismo) plantean a la Asamblea Constituyente como una institución que se integra al Estado obrero, negándole su carácter burgués. Esta concepción se aparta de la lucha por los soviets, allí donde aparece un movimiento revolucionario de masas. La Asamblea Constituyente aún en su forma más democrática, no deja de ser una institución de la democracia burguesa. Planteada por los revolucionarios, la función de la consigna consiste en debilitar al gobierno burgués presente y abrir paso a la movilización independiente de las masas (doble poder). Bajo una fraseología revolucionaria, el lambertismo castra la verdadera función progresiva de la Asamblea Constituyente, v al presentarla como el final de la lucha revolucionaria, se bandea hacia la teoría del tránsito parlamentario al socialismo y la revolución por etapas. Esto los lleva a capitular ante la burguesía democratizante que puede llegar a utilizarla para dividir y confundir a las masas (Perú). O peor aún —e incluyendo en este caso también al SU— al dotarla de un valor absoluto (al estilo de los demócratas burgueses), los lleva a colocarse a la derecha del espectro político —como en Irán, cuando propusieron una Asamblea Constituyente “con o sin Bakhtiar” a pocos días de la insurrección popular que lo tumbó.
 
 
b) Contra quienes la presentan como la estación terminal de la lucha democrática, que marcaría el inicio de la revolución democrático burguesa. Esta es la postura del neostalinismo y del centrismo (MIR boliviano, UDP). Esta postura concluye desmoralizando y desarmando a las masas, a las que se niega a centralizar al margen de las instituciones burguesas, dejando el campo libre a las componendas entre la burguesía y la reacción imperialista, y pavimentando de este modo el Camino del golpe militar (¡Bolivia!).
Para los trotskistas, la Asamblea Constituyente es una consigna democrática que tiene una función transitoria mientras es una palanca para la movilización independiente de las masas hacia la lucha por el poder. Como toda consigna democrática, que se apoya en el aspecto progresivo y movilizador de las ilusiones democráticas de las masas, conlleva el peligro de encerrarlas a ellas y a los propios revolucionarios en el marco del democratismo. Por ello la agitación por la Asamblea Constituyente debe ir acompañada del señalamiento constante que sólo la organización independiente, la acción directa y el armamento de las masas garantizarán la victoria definitiva contra la reacción. La movilización por la Asamblea Constituyente se transforma así en una fase del combate por la organización de los consejos y milicias obreras.
 
Los trotskistas participan en el combate por la democracia, y pugnan por conquistar su dirección, no en tanto que demócratas, sino como comunistas, preparando las condiciones para la revolución proletaria.
Por la independencia obrera. Está planteada la consigna: por un partido de los trabajadores.
El proletariado argentino carece de estructuración política propia. Durante tres décadas ha seguido a una dirección política burguesa: el peronismo. Este partido completó acabadamente su ciclo de dominación política. Surgido en 1945 —al calor de una movilización antiimperialista de los trabajadores- como un movimiento nacionalista de masas, culminó en 1975, bajo una nueva movilización antiimperialista, pero esta vez dirigida en su contra. La huelga general de Junio y Julio de ese año (dirigida contra un gobierno peronista totalmente postrado ante el imperialismo) fue el punto culminante, de un proceso iniciado con el “cordobazo" (Mayo de 1969), que comenzó a desbloquear las tendencias hacia la independencia de clase de los trabajadores. Esto se expresó en el florecimiento de agrupaciones sindicales y fabriles antiburocráticas, una de cuyas expresiones más altas fue el Sitrac-Sitram (sindicatos de Fiat). El acceso i del peronismo al gobierno en 1973 no consiguió revertir ese proceso; al contrario, a medida que revelaba ante las grandes masas su naturaleza antiobrera y se rendía ante las exigencias del imperialismo, nuevos sectores del proletariado rompían con el peronismo y la burocracia sindical. Expresión de esto fueron los sindicatos y comisiones internas clasistas en Córdoba, el triunfo antiburocrático en la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución y el reguero de delegados antiburocráticos que surgían en las fábricas de todo el país. Las huelgas de 1975 culminaron la experiencia política del proletariado con su dirección burguesa. Con anterioridad a este proceso, las tendencias siempre presentes hacia la independencia política habían sido combatidas con relativo éxito por la burocracia sindical peronista. La muerte física de Perón precedió en muy poco tiempo a la muerte política de su movimiento. Las direcciones socialdemócrata y stalinista, por su lado, han quedado reducidas a expresiones raquíticas en el movimiento obrero, por su emblocamiento recurrente junto a la oligarquía y al imperialismo.
 
El golpe militar de Marzo de 1976 alteró el ritmo del proceso de maduración clasista del proletariado. Ciertamente, la feroz represión desatada le ha impuesto a éste un retroceso en todos los planos. Pero no ha logrado impedir que se desarrolló una vasta resistencia a los planes antiobreros. A pesar del ritmo lento de recuperación de la clase, apenas se desarrolla una lucha se destacan a su frente activistas jóvenes con una profunda conciencia antiburocrática, que recogen toda la experiencia política anterior. Es decir, que el golpe no ha logrado erradicar del movimiento obrero su tendencia hacia la independencia política. Este hecho es uno de los factores principales de crisis del régimen militar.
 
La crisis irreversible del peronismo es una expresión del agotamiento de la economía semicolonial en el cuadro de la crisis mundial del capitalismo. La tendencia a la crisis significa que se agotan los recursos para una política de concesiones a las masas y agudiza la dependencia de la burguesía nacional respecto al imperialismo. El ocaso del peronismo traduce la situación histórica concreta de la sociedad argentina, que se caracteriza por un agotamiento del margen de maniobra de los explotadores nativos frente a los foráneos y a los trabajadores del país.
 
La política de la burocracia sindical ligada históricamente (a través de las presiones y alianzas) a la burguesía, se encuentra por ello en una impasse total. Las clases dominantes en su conjunto están unificadas en el propósito de reventar la posición de fuerza que, históricamente, han tenido los sindicatos.
 
Hace tiempo que el desarrollo sindical argentino ha entrado en contradicción con la crisis y decadencia del capitalismo semicolonial. La burocracia se ha ido adaptando crecientemente a este curso, porque su política pretende sólo salvar una parte de sus privilegios, aún a costa del cercenamiento de la mayoría de ellos y de las conquistas sociales y organizativas del proletariado. En el pasado, la burocracia pudo canalizar, con mayor o menor éxito, la resistencia de las masas hacia una perspectiva política burguesa (alianza con Frondizi en el 58, apoyo de un sector a Onganía en el 66, voto al FREJULI en el 73). Hoy en día está pagando su adaptación a una burguesía, que no está dispuesta a ningún coqueteo ni concesión a las masas, con una colosal crisis interna y una total ausencia de perspectiva política.
 
En fin, el terrible agravamiento de las condiciones de vida de las masas, obliga a éstas a una resistencia creciente, que no se ha interrumpido (peso a los flujos y reflujos) desde el momento mismo del golpe militar. A su turno, esta resistencia obrera obliga a destacar una vanguardia, que se ve confrontada de entrada al problema de desarrollar una lucha antigubernamental, independiente de todo sector burgués, y enfrentada a la pasividad y el rol desorganizador de la burocracia sindical.
 
Esta tendencia histórica ha cobrado una enorme actualidad a partir del acelerado proceso de crisis de la dictadura militar, que tiene por causa inmediata el fracaso del plan económico. Para el gobierno militar está planteada una alteración de las alianzas políticas que lo sustentan, como una forma de recomponer el frente único burgués. La aguda lucha que se desenvuelve en el campo de los explotadores coincide, más o menos directamente, con una renovación creciente del movimiento de la pequeña burguesía, y con el telón de fondo de una constante resistencia obrera. Como quiera que esta situación coloca en la impasse al gobierno militar, el nombramiento de un nuevo presidente plantea el debate sobre la duración, es decir, la permanencia de la dictadura. Reflejo de esta situación es la presencia cada vez mayor de los partidos burgueses en el proceso político, las discusiones de alianzas y la aparición de rupturas, en definitiva de toda una preparación de fuerzas para intervenir en la salida a la dictadura militar. Está claro que una situación de este tipo plantea inmediatamente la independencia política de la clase, es decir, que el deber de la vanguardia proletaria es señalar la estrategia que delimite a la clase obrera de las maniobras de los explotadores. Ni qué decir que la propia resistencia obrera puede cobrar un vigor mayor si su vanguardia deja de ser confundida por agentes de las maniobras burguesas.
 
Las tendencias de la crisis política convergen, además, con un debut de recomposición de la vanguardia obrera. Debe entenderse por esto no sólo el surgimiento de activistas en el curso de las luchas parciales -lo que es naturalmente inevitable— sino el carácter conciente de su estructuración, que se manifiesta de diversas maneras: formación de bloques dentro de las fábricas que se delimitan, sistemáticamente, de la burocracia sindical, y crecimiento del número de activistas que trabajan coordinadamente con los partidos que se reclaman obreros o revolucionarios. Ni qué decir que esta vanguardia debe ser conquistada para una estrategia de independencia política, de la cual depende su estructuración futura, y que se concreta bajo la consigna de partido de trabajadores. Esta traducción del planteo del partido obrero independiente corresponde al objetivo de independencia de clase, en una situación en que ésta no se ha delimitado aún de la burguesía.
 
El conjunto de las luchas contra la dictadura, pero especialmente las del último período (huelgas ferroviarias y de mecánicos) ha ido decantando una nueva vanguardia obrera, que se ha visto obligada a desarrollar desde sus primeros pasos una política antiburocrática. La lentitud en la articulación de esta vanguardia, dificultada por la represión dictatorial, patronal y burocrática, y condicionada por el ritmo lento de la recomposición del movimiento obrero, no le ha impedido llegar a ocupar posiciones organizativas de importancia. El nuclea-miento de numerosos activistas alrededor del boletín sindical lanzado por Política Obrera (Qué pasa en los sindicatos) es otro índice del proceso lento pero seguro de formación de una nueva camada de militantes dispuestos a disputar la dirección sindical a la burocracia.
Pero para preparar a esta vanguardia a hacer frente a la crisis política y a las maniobras institucionalizadoras o democratizantes, capaces de poner al proletariado como furgón de cola de la burguesía, hay que concretar el planteo de la independencia política del proletariado. El planteo de un Partido de los Trabajadores, independiente de la burguesía, se opone por el vértice a la estrategia pro-burguesa de la burocracia peronista, capitaliza la crisis de la perspectiva política de ésta, y coincide con la tendencia objetiva de los nuevos activistas a centralizarse al margen y en contra de la burocracia para el combate antidictatorial.
 
El Partido de los Trabajadores pasa a ser la estrategia política de todo el proceso de resistencia y recomposición del movimiento obrero. La vigencia de este planteo no se posterga por la imperiosa necesidad de reconquistar los derechos sindicales y recuperar los sindicatos, ya que es la progresiva estructuración independiente de la vanguardia obrera en esa resistencia y en función de darle una perspectiva política lo que garantizará el triunfo de la lucha por la recuperación de los sindicatos para la clase obrera. El eje de la intervención de Política Obrera consiste en hacer consciente esta cuestión en cada lucha, por parcial que sea su carácter.
 
La perspectiva del partido obrero sólo será viable en la medida que la vanguardia obrera vaya mostrando a cada paso al conjunto de la clase el camino para resistir los ataques reaccionarios de la dictadura, afirmándose como una alternativa de dirección frente al entreguismo de la burocracia sindical. El conjunto de las reivindicaciones actuales del movimiento obrero (aumento y ajuste automático de los salarios, contra los despidos, contra la represión y por la libertad de los presos políticos y sindicales) se centralizan en la cuestión de poner en pie a los sindicatos como órganos de combate de la clase obrera.
Este problema concentra toda la batalla por el frente único de los explotados contra la dictadura militar.
Esto porque implica poner a la orden del día, en cada lucha parcial, la agitación contra la Ley de Asociaciones Gremiales, que pretende liquidar los sindicatos como órganos de lucha y atomizar al movimiento obrero, oponiendo esta perspectiva de lucha a la pasividad de la burocracia, que se limitó a protestar verbalmente contra la ley y a no dar el más mínimo paso organizativo para combatirla (y también a las variantes oportunistas que, como el PC y el PST, la han dado por un hecho consumado luego de su aprobación por la dictadura, y se resignan desde ya con la esperanza de una normalización sindical, de fecha indefinida y orquestada por la dictadura).
 
La agitación por la puesta en pie de los sindicatos y contra la ley gremial es el mejor instrumento, en el momento actual, para tender hacia la centralización de los combates dispersos que no cesan de estallar. Política Obrera no sólo hace uno de sus ejes de esta agitación, sino que señala a la vanguardia clasista, que comprende la necesidad de agruparse en tomo a ella, la perspectiva de la constitución de una Tendencia Sindical Independiente, para luchar organizadamente contra la normalización sindical de los militares y por la recuperación independiente de los sindicatos. Tarde o temprano, pero en el curso del actual período, la agitación y el combate pondrán a la orden del día la posibilidad de la huelga general contra la dictadura y por el conjunto de los derechos sindicales y políticos del movimiento obrero.
 
La efectividad del trabajo de agitación, propaganda y organización se mide, sin embargo, en relación al objetivo central del partido obrero independiente. Esto porque la perspectiva del Partido de los Trabajadores -incluida su función propagandística- está inscripta en los datos de la situación objetiva. La burocracia sindical lo comprende bien al insistir en presentarse ante la burguesía como el único dique real “contra el avance del comunismo”. Es evidente que un partido obrero no puede ser auténticamente independiente si no está basado en el programa revolucionario, y esto debe quedar claro en todo el sistema de consignas para la presente lucha contra la dictadura y el capitalismo. No se trata de insertarse "independientemente” en un plan de institucionalización, sino de explotar a fondo la crisis política, para poner en pie a las organizaciones de las masas e imponer la plenitud de la libertad política y sindical.
 
Para nosotros, pues, la lucha por el Partido Obrero Independiente y por el partido revolucionario no son excluyentes. La lucha por el primero prepara la concreción de la segunda. Esto porque, repetimos, la cuestión del Partido de los Trabajadores se inscribe en el desarrollo objetivo del movimiento obrero, con independencia de los estados de ánimo (subjetivo) pasajeros por los que atraviesan los grandes contingentes obreros. Esto hace, que la agitación por el partido obrero es un elemento fundamental de la delimitación política, con las corrientes oportunistas y reformistas, de la organización revolucionaria.
 
Ni qué decir que la constatación de la crisis irreversible del peronismo ha hecho florecer infinitos proyectos de maniobras dirigidas al movimiento obrero, lo que prueba que está planteado, justamente, superar la experiencia peronista. Entre los proyectos figuran los de la Internacional Socialista, sector que ha multiplicado su actividad sobre América Latina. Pero la Internacional Socialista orienta a sus escasos partidarios, no al plantearse la formación de un partido de masas delimitado del peronismo y las corrientes burguesas, sino a trabajar con sectores de la burocracia sindical y de diversos partidos burgueses (Partido Intransigente, UCR), con vistas a la formación de un frente democratizante. Esta es asimismo su política en otros países latinoamericanos (eri Brasil con el PDT de Brizóla, en Venezuela con Acción Democrática, en Perú con el Apra, en Bolivia la UDP). Se comprueba que a diferencia de sus planteos en los años de formación (antes de 1930), cuando postulaba la formación de partidos socialistas oportunistas, que en las colonias y semicolonias se traducía en poner en primer plano la hostilidad a los movimientos nacionalistas, la Internacional Socialista postula el sometimiento a éstos, como alternativas a las dictaduras en crisis y sin negarse a despreciar las posibilidades y ocasiones de armar una colaboración con estas (España, El Salvador entre octubre del 79 y febrero del 80, Brasil). Los sectores más combativos que se reclaman aún del viejo partido socialista deben tener en claro que esta línea les significará un nuevo 1945, es decir, un nuevo fracaso.
 
El desarrollo de la crisis política, que inevitablemente agudizará la resistencia obrera, tendrá, en forma igualmente inevitable, un impacto profundo sobre el movimiento sindical, es decir, que obligará a un realineamiento político de las fuerzas que intervienen en él Puesto que el proletariado argentino tiene su presencia dominante en el terreno de los sindicatos, el planteo de partido de los trabajadores formula una perspectiva a todos los sectores que busquen apoyarse en las masas contra la dictadura en oposición a la burocracia peronista que se apoya en la clase dominante contra el proletariado.
 
Ningún partido revolucionario puede existir sin definir su estrategia. Esta, es, indudablemente, la de la dictadura del proletariado, la del gobierno obrero y campesino. En las condiciones del desarrollo político de Argentina, la cuestión neurálgica de esta estrategia es la cuestión del partido obrero, como forma concreta y positiva de la ruptura con el nacionalismo burgués y por la independencia de clase integral.
 
30 de Noviembre de 1980
 
(1) En la campaña contra PO y por la liquidación del CÓRCI, la OCI tuvo la audacia de acusarnos de apoyar a Videla, esto por el hecho de que caracterizábamos a la dictadura de semi-bonapartista (los lambertistas la adulteraban, adjudicándonos que la caracterizábamos como bonapartista). Ahora, el PST ha decidido (varios años después de 1976) que la Junta Militar es un "bonapartismo colectivo", lo que, por supuesto, ha dejado inmutables a sus aliados lambertistás. Esto prueba dos cosas: 1) que para el CP, la teoría y los principios se usan el gusto de las componendas del momento; 2) que la OCI se enfrentó contra PO sin posiciones de principio.

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