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Trata de personas, el eufemismo de la esclavitud capitalista

Por Vanina Biasi

Trabajadoras y trabajadores de todo el mundo son sometidos forzosamente a la explotación laboral y sexual, esclavizados en campos, casas particulares o prostíbulos. Familias enteras superexplotadas en industrias legales, en el medio rural y en las ciudades. Niñas y niños sometidos a prostitución o a trabajo infantil. El abanico de escenarios y situaciones en las que se operan estas relaciones sociales es muy amplio y se presenta ante los ojos de quien quiera verlo.

 

El imperialismo, para referirse a esta realidad, recurrió a la expresión “trata de personas”, que refiere al instrumento o medio para esclavizar y no a la esclavización de personas en sí misma. Medios de comunicación y diferentes organismos hicieron lugar a la expresión “la esclavitud del siglo XXI” en el año 2000, épocas en la que la ONU promovió la firma de un nuevo acuerdo internacional como una forma de manifestar de forma clara a qué situación se refería la problemática nominada “Trata” y aunque en los subtítulos de los documentos el fenómeno de la esclavitud es señalado, la estrategia central no consiste en terminar con los negocios ilegales que motivan el delito de la trata.

 

La crisis del capitalismo que se desenvolvió bajo la forma de choques comerciales, recesión a nivel mundial y caída de precios de las materias primas, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, está alcanzando características históricas de retroceso económico y abriendo paso al desarrollo aún más extendido de actividades improductivas que reducen la inversión capitalista y acrecientan su tasa de beneficio, en ese terreno se inscribe el negocio de la explotación sexual, que a pesar del declarado combate internacional proclamado por la ONU en 1949[1], no ha parado de crecer.

 

La brutal precarización a la que están sometidas las mujeres prostituidas legalmente en potencias mundiales, como Alemania, y el incremento de la esclavización de personas en diferentes rubros laborales es la regla del capitalismo. El caso alemán[2] revela las condiciones infrahumanas en las que se desenvuelve el negocio de forma legal en uno de los países de mayor desarrollo capitalista y da una pista de cómo se desenvuelve el negocio en el resto del mundo.

 

Los datos de la OIT señalan que 1.500 millones de personas se quedarán sin empleo en el mundo durante y después de la pandemia[3]. Esta franja de trabajadoras y trabajadores pasarán a incrementar el enorme universo de personas vulnerables que serán sometidas a todo tipo de vejámenes al servicio del lucro capitalista. La mayoría serán mujeres y niños. Para el momento de escribir esta nota, sólo en Argentina y basados en proyecciones conservadoras, Unicef calcula que en diciembre de 2020 la pobreza entre niños y niñas alcanzará el 62,9%.[4]

 

Los contingentes de seres humanos desprotegidos y hambrientos, que son plausibles de ser captados para la explotación en las cosechas estacionales, para la industria del sexo o como mano de obra esclava en granjas avícolas, en el campo o en el trabajo doméstico, tienden a incrementarse en un mundo en el que decrecen los ingresos de los sectores populares, se pierden conquistas laborales, cunde la desocupación e incrementan la precarización laboral los Estados y las patronales, con anuencia de las burocracias sindicales y conducciones de organizaciones sociales cooptadas por el Estado.

 

Que la economía tenga un componente cada vez más importante basado en estos negocios, inscribe al capitalismo en una dinámica general, totalmente dependiente de estos procesos de esclavización o de hiperprecarización de trabajadores y trabajadoras de forma creciente. La dependencia de negocios, como la esclavitud sexual, hace que este se vuelva cada vez más necesario para la supervivencia del capital financiero.

 

La caída del sistema prostituyente provocaría el desfinanciamiento de bancos y su consiguiente ruptura de la cadena de créditos y de pagos, de igual forma ocurre con el negocio de armas y el narcotráfico. Para hacer crecer el negocio, el capital incentiva la demanda. Estas acciones están entrelazadas con el Estado, que les provee a las patronales de leyes acordes, protección en la ilegalidad y fomento de sus actividades.

 

La lucha por los derechos de las mujeres está enteramente inscripta en el terreno de la lucha de clases, luego de las experiencias atravesadas en la historia y de evaluar el estado de situación actual, la emergencia de unir esta lucha al objetivo de terminar con un régimen de deshumanización, miseria, sometimiento y discriminación se vuelve aún más necesaria.

 

El discurso feminista regulacionista, que plantea la formalización de la actividad prostibular como “un trabajo más”, es absolutamente funcional al desarrollo del negocio que describimos. Los planteos que le adjudican a la actividad prostibular atributos emancipatorios para la mujer, también. Más adelante, nos vamos a detener en estas cuestiones, pero corresponde aquí señalar que este proceso que describimos contó con el aval político de un feminismo institucionalizado e integrado al Estado, siguiendo la hoja de ruta marcada por el imperialismo en la Conferencia Internacional de Mujeres de Beijing de 1995.

 

Por su parte, el abolicionismo, que niega con justicia que la prostitución sea un trabajo y mucho menos “un trabajo más”, se inscribe mayoritariamente en la pretensión de reformar al Estado, contrariando la naturaleza proxeneta de este y, en muchas oportunidades, ofrece una fachada antiesclavista a un aparato institucional que la promueve y la ampara legal o ilegalmente.

 

El incremento mundial de agresiones sexuales contra los niños habla de una realidad silenciada que produce un efecto de un “ablande” social generalizado. Según Unicef, en Argentina entre 2018 y 2019 se produjo un incremento de un 60% de denuncias de abusos sexuales contra menores. La degradación humana que supone la violencia sexual de adultos sobre menores es un buen punto de partida para comprender la extensión de la barbarie social en curso.

 

La prepotencia de la ganancia capitalista es la que pone a su disposición los racismos, los machismos, las xenofobias, según sea el caso, para preservar los negocios e incrementar las demandas. La cultura machista, racista, xenófoba y clasista es la que la clase propietaria impone para acompañar, defender ideológicamente y apuntalar su interés material. La abolición de la esclavitud sexual y laboral es una tarea indisoluble de la lucha contra el capital, sus objetivos y sus manifestaciones. La lucha por abolir la esclavitud prostibular y todas las formas de esclavitud requiere un combate contra el Estado capitalista.

 

Trata de personas: la estrategia imperialista

 

La “trata de personas”, concepto que describe el mecanismo de captación, traslado y comercialización de personas, es una temática que no hace mucho tiempo alcanzó un grado importante de repercusión pública en nuestro país y en el mundo. Más precisamente esto ocurrió a partir del año 2000, cuando el imperialismo mundial lo ubicó en la agenda de los organismos internacionales a partir de la convocatoria a firmar un “protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” en la ciudad de Palermo, Italia.[5]

 

La trata de personas con fines de esclavitud sexual y laboral está representada en cifras de dudosa exactitud, si se tiene en cuenta que hablamos de un fenómeno visiblemente amparado y promovido por los propios Estados. La propia ONU, en la presentación de su informe de 2017, refiere al conservadurismo de las siguientes cifras.[6]

  • Se estima que en cualquier momento dado de 2016, 40,3 millones de personas han estado sometidas a la esclavitud moderna. Esta cifra incluye 24,9 millones en trabajo forzoso y 15,4 millones en matrimonio forzoso.
  • Esto significa que en el mundo hay 5,4 víctimas de la esclavitud moderna por cada 1.000 personas.
  • Una de cada cuatro víctimas de la esclavitud moderna son niños.
  • De los 24,9 millones de personas atrapadas en el trabajo forzoso, 16 millones son explotadas en el sector privado, por ejemplo, en el trabajo doméstico, la industria de la construcción o la agricultura; 4,8 millones de personas son víctimas de la explotación sexual forzosa; y 4 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado.
  • El trabajo forzoso afecta en forma desproporcionada a las mujeres y niñas, que representan el 99 por ciento de las víctimas en la industria sexual comercial y el 58 por ciento en otros sectores.

El Protocolo de Palermo fue suscrito por 176 países del mundo y esto fue considerado por el secretario general de la ONU como una expresión de “la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial. Si la delincuencia -expresó Kofi Annan en el prefacio al informe-atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley” (2004). Desde entonces, el flagelo de la esclavización de personas no dejó de crecer.

Las estrategias internacionales impulsadas por el imperialismo, en nombre de la defensa de la democracia y del “combate” a las drogas, resultaron en general un marco jurídico para la intervención de Estados Unidos en asuntos internos de otras naciones e incluso para la instalación de bases militares en otros países. A pesar de que republicanos y demócratas agitan el patriotismo y la calidad democrática de su país, la rebelión contra la matanza de negros por parte de la policía volvió a poner en el centro la “calidad institucional” de la democracia norteamericana con sus leyes de impunidad para los policías, con su 25% de población carcelaria mundial concentrada en la detención de la comunidad latina y negra, con casi 50 millones de desocupados y con sus incursiones bélicas en el mundo. "Los traficantes siguen operando con impunidad y solamente una pequeña fracción de las víctimas recibe servicios de apoyo para víctimas de trauma o enfocados en la víctima", dijo Richmond, embajador general del monitoreo y combate en contra de la trata de personas del departamento de Estado de Estados Unidos.[7]

Desde la firma del Protocolo de Palermo en el año 2000 se aprobaron legislaciones en todo el mundo de pretendido combate a la trata, mientras los gobiernos capitalistas del mundo desarrollaron las condiciones materiales y sociales para extender aún más el fenómeno que decían combatir.

Según la propia UNODC (Oficina de la ONU contra la droga y el delito), más del 70% de las víctimas de estos negocios ilegales son mujeres y niños. Entre el año 2000 y el presente no sólo creció la esclavitud sexual y laboral, también creció a nivel mundial un 50% la población carcelaria femenina. Digamos que el capitalismo nos iguala en la descomposición.

 

Este cuadro de situación reafirma que, frente al fenómeno de la esclavitud, la orientación internacional no es el combate a ella, a sus responsables, a las patronales que recurren a este mecanismo de explotación, en el campo o en las ciudades en el terreno de la explotación laboral o sexual, sino que tras la fachada del combate a la ‘trata de personas’ se ha permitido, como se ve en las cifras, un incremento importante del fenómeno de esclavización de personas.

 

Qué es la trata de personas

 

Es un medio o instrumento de captación, traslado y comercialización para vehiculizar la esclavización de personas. Desde hace más de cien años que las naciones, a través de diferentes declaraciones y firma de convenios internacionales, refieren al fenómeno. En 1949, la ONU estableció un “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena”, concentrando su política en la trata con fines de explotación sexual, a la que sin embargo lejos de combatir, vieron desarrollar y convertir en una poderosa industria.

 

“Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (artículo 3, inc. a, Protocolo de Palermo).

 

La finalidad por la cual existe este comercio de personas, la existencia de la esclavitud laboral y sexual, requiere de la participación de los Estados, empresas y bancos. Sin embargo, leyes con las que se pretende combatir la trata, no se proponen terminar con los negocios que la motivan, volviendo a las iniciativas jurídicas letra muerta en la mayoría de los casos y una ficción de abordaje de la problemática.

 

Una gran parte del dinero que rinden las actividades ilegales se transfiere a través de bancos, se invierten en negocios turísticos o de otro orden, buscando “lavar el dinero”. En general, el circuito turístico, el narco y el negocio de la explotación sexual van de la mano. Por su parte, tanto en el plano laboral como prostibular, no se realiza ninguna actividad ilegal sin que la policía que actúa en el territorio, desconozca la situación y reciba, al menos, un beneficio económico por protegerla.

 

El caso argentino es ilustrativo. “Entre 2016 y 2018 (bajo el gobierno macrista), hubieron 1.117 allanamientos relacionados con el delito de trata de personas, fueron detenidas 632 personas y 2.797 víctimas fueron rescatadas. La mayor parte de las personas recuperadas de ese tráfico humano respondían a delitos laborales (1.436), seguidos de delitos sexuales (586) y reducción a la servidumbre (13)”, informó en 2019 el Ministerio de Seguridad. En el fenómeno que aquí se describe hay involucrados bancos, funcionarios de diferentes dependencias, fuerzas policiales territoriales, jueces, fiscales; sin embargo, esas estructuras se mantienen intactas.

 

Las redes de tratantes requieren de la participación de proxenetas, administradores de lugares de explotación sexual o laboral, gerentes de bancos, jueces, fiscales, funcionarios políticos, fuerzas represivas locales y/o federales, funcionarios de fronteras y empresarios que pueden ser la pantalla legal de las actividades que aquí estamos describiendo. Detrás de cada prostíbulo o de cada lugar en el que se esclaviza a personas hay una red que integra alguno de estos componentes. La idea de que el Estado no ve este fenómeno tan expuesto o que necesita de complicados recursos para frenar esa actividad es simplemente una construcción política interesada, sin asidero sobre la realidad.

 

Difícilmente se encuentre en las crónicas periodísticas que la información refiera al desmantelamiento de este tipo de estructuras delictivas. Recientemente, doce mujeres fueron “liberadas” de prostíbulos de la zona de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Fueron detenidos un par de regenteadores de los lugares donde eran forzadas las mujeres a tener sus “pases”. Nadie más.

 

En 2017 se conoció la primera noticia de un gobernante condenado por el delito de trata de personas. Se trató del intendente de Lonquimay, en La Pampa, Luis Rogers, quien fue condenado a 5 años de prisión como partícipe necesario del traslado de mujeres del norte del país al prostíbulo para ser explotadas sexualmente. La misma pena y calificación recibieron, tanto el comisario Carlos Alanis como el dueño del prostíbulo “Good Night”, Carlos Fernández. Parece que el Poder Judicial no consideró “agravante” que Rogers fuera un gobernante. Esto fue lo más parecido que podemos encontrar en la jurisprudencia argentina al “desmantelamiento” de una red de trata. Faltan los reclutadores originales ubicados en las provincias del norte, falta saber qué hicieron con la plata que ganaron de la actividad ilegal mientras estuvo abierto el prostíbulo, quién lo habilitó, siendo que están prohibidos y varios datos más sobre los que el Poder Judicial suele no estar interesado.

 

Si la trata de personas refiere al mecanismo de captación de personas en la vulnerabilidad, entonces no hay posibilidad de frenar esa actividad de compra y venta de personas sin terminar con las condiciones materiales de miseria y hambre.

 

El caso argentino

 

En Argentina, a doce años de la aprobación de la primera versión de la ley contra la trata de personas (2008), los protagonistas políticos de aquel capítulo volvieron al poder, en algunos casos con muchas más atribuciones que en el pasado, como ocurre con Vilma Ibarra.

 

La actual secretaria Legal y Técnica de Alberto Fernández fue autora de la ley contra la Trata de Personas, en su condición de senadora nacional junto al entonces ministro del Interior de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández. Un año después, y habiendo sido electa como diputada, fue parte de la votación que le dio estatus de ley a su proyecto. Desde el primer momento fue la más firme defensora de la figura del “consentimiento de la víctima mayor de edad” que estaba presente en el artículo 2 de la ley. Esto habilitaba a que si una mayor de edad declaraba que se encontraba en el prostíbulo por motu proprio, no fuera considerada una mujer tratada, ya que era explotada por propia voluntad.

 

Las redes de tratantes y proxenetas amenazan a sus víctimas con descargar violencia sobre sus seres queridos, entre otras formas de coerción a las que recurren. Está claro que el llamado “consentimiento de la víctima” para ser esclavizada, necesariamente está viciado por los mecanismos que se utilizan para mantenerla atada a la actividad. Por otra parte, una decisión individual no puede anteponerse al principio general de rechazar la esclavización de personas. El desastre jurídico promovido por la actual secretaria Legal y Técnica del presidente Alberto Fernández fue total y no por ignorancia jurídica, sino por el empeño puesto por entonces para no afectar grandes negocios.

 

Las críticas a la ley, que obtuvo media sanción con el voto unánime del Senado en noviembre de 2006, llegaron tempranamente. Desde el Plenario de Trabajadoras, junto a otros sectores fuimos parte de la actividad del 3 de abril de 2007, a cinco años de la desaparición de Marita Verón, que se realizó frente al Congreso y exigió la modificación por parte de Diputados del artículo 2, que planteaba la necesidad de acreditar los medios comisivos para demostrar la existencia del delito de trata de personas en el caso de las víctimas mayores de edad. Simultáneamente se reclamó por las penas que le cabían a los tratantes, en todos los casos excarcelables, y junto a estas modificaciones denunciamos que no había ni políticas para incautar bienes ni para asistir a víctimas. Durante años pusimos en pie actividades los días 3 de cada mes, para denunciar la complicidad estatal con la desaparición de mujeres y niñas que se sucedían en todo el país y llevamos la problemática a medios masivos de comunicación.

 

Vilma Ibarra y el gobierno de CFK defendieron los prostíbulos como lugar de contención económica de mujeres pobres, como un lugar protegido por la policía y desde el ángulo del derecho de las mujeres a prostituirse. “Consultada por Página/12, Vilma Ibarra sostuvo que si se aceptan las reformas que plantean las ONG (sic), “tenés que meter presos a todos los dueños de los prostíbulos y se van a rentabilizar en manos de la policía (sic). Nadie cree, entre los fiscales y los jueces, que es el momento de ilegalizar todos los prostíbulos. Va a ser contraproducente. Las mujeres que no arreglen van a tener que ir a atender a los clientes a sus casas delante de sus hijos. La prostitución es un problema social gravísimo. Y hay que respetar que una persona adulta pueda decidir elegir ejercer la prostitución” (Página/12, 1/4/08). De espaldas a los reclamos del movimiento de mujeres, el gobierno mantuvo la formulación

 

El Departamento de Estado norteamericano, encabezado por entonces por Earl Wayne, puso especial énfasis en la aprobación de una ley federal contra la trata[8] y el gobierno de entonces avanzó a paso firme en la cuestión, intentando permanentemente que la letra de la legislación no afecte el negocio prostibular. Tiempo después de su aprobación, el entonces flamante ministro de Justicia, Aníbal Fernández, alcanzó su máximo grado de reconocimiento internacional como anfitrión de una reunión de la OEA en Argentina, que se centró en felicitar al país por la aprobación de la ley.[9]

 

En aquella ocasión, el ministro echó mano del planteo de responsabilizar por la realidad existente al consumidor de sexo pago y la única afirmación que hizo fue la de sostener que “sin clientes no hay prostitución”. El responsable de la Policía Federal y de todas las fuerzas federales, no encontró espacio frente a la OEA para explicar los vínculos de las fuerzas que dirigía con el fenómeno de la trata y de la explotación sexual. La operación política sirvió para encubrir el negocio y permitir su evolución.

 

Desenredar el nudo de la hipocresía y la manipulación política de los voceros políticos del régimen, puede no ser fácil, pero es necesario hacerlo para entender todo el proceso que lleva a estos niveles de esclavitud y violencia contra los sectores más vulnerables de las y los trabajadores. Más adelante vamos a detenernos en este punto, sin embargo, corresponde aquí recordar que la prostitución está impuesta en la vida social, no sólo a las niñas y mujeres sino también a los adolescentes y los hombres. Debutar con prostitutas o recurrir al prostíbulo, abiertos por el propio Estado, al que se le reclama la persecución a la demanda, como sustituto a tener relaciones sexuales consentidas son “instituciones” impuestas por un estatuto social que no eligen las mayorías populares sino que éstas reproducen. Educarse sexualmente con la pornografía o considerar que una mujer que coge es puta, no son conceptualizaciones de tal o cual consumidor de prostitución, son arraigadas concepciones políticas en las que ha educado el Estado por variadas conveniencias, a generaciones de personas, mientras protegió cuidadosamente el desarrollo de un negocio que hoy tomó dimensiones nunca antes vistas. La sociedad debe ser cambiada, pero no puede ser el Estado proxeneta el que reeduque a la sociedad formada y formateada por ese Estado para discriminar a las mujeres, mercantilizarlas, tutelarlas y someterlas.

 

Movilización y lucha

 

En 2012, bajo el gobierno kirchnerista de José Alperovich en la provincia de Tucumán, se sustanció un juicio por la desaparición de Marita Verón (2002) con trece imputadas e imputados, todos eslabones intermedios de una red que nunca se desmanteló. Ante el sobreseimiento de los trece, la indignación popular no se hizo esperar[10], el gobierno reprimió la movilización a la Casa de la provincia de Tucumán en la Ciudad de Buenos Aires y finalmente la presidenta Cristina Fernández retrocedió y convocó al Congreso de forma extraordinaria para habilitar las modificaciones reclamadas durante más de cuatro años. Corresponde recordar, para poner en contexto, que el gobernador llevaba más de ocho años en el gobierno, que el Poder Judicial había sido enteramente colocado por él mismo en funciones y que su esposa era tercera en la línea sucesoria presidencial.

 

Para ese entonces, Vilma Ibarra se había colocado de forma crítica frente al gobierno de CFK y pasaría al ostracismo político hasta que Alberto Fernández la recuperó y la colocó como parte de su círculo más cercano. Ya habían pasado tres años desde la sanción de la ley de Violencia de Género, y el gobierno de CFK no había implementado aún ni un artículo de la misma. Solo cuando estalló el “Ni Una Menos” el gobierno presentó un “plan para la erradicación de la violencia de género”, que la ley ordenaba desde hacía seis años. Como el gobierno de CFK se terminaba en esos meses, el plan presentado a fines de 2015 refería al pasado (período 2014-2016) y no al futuro, una estafa política que el ministerio actual convalidó en su informe para presentar el Plan de erradicación de la violencia de género 2020-2022.[11]

 

En nuestro país solo se hicieron detenciones de regenteadores de prostíbulos, condenándolos por una cantidad menor de años. Los gobiernos afirman haber “rescatado” a 14.505 personas[12] desde la sanción de la ley en 2008, sin embargo, se sabe que esas víctimas siguen totalmente indefensas porque el Estado no impuso ningún mecanismo de seguimiento y contención. Las devolvió, sin más, a su lugar de origen, en las mismas o peores condiciones de vulnerabilidad y a merced de los reclutadores originales.

 

Aunque el vínculo de la esclavitud laboral y sexual con dirigentes políticos es objeto de denuncias de víctimas, los políticos gobernantes se encubren entre sí, sin que recaigan castigos sobre ellos. No aparecieron en escena ni los Olmedo y su trabajo esclavo en los olivares de La Rioja, ni los Uribarri y sus vínculos con la explotación de menores en Concordia, ni los Alperovich y sus fiestas de los hijos del poder en Tucumán, ni los Gruber de Misiones, responsables del asesinato de “Tati” Piñeiro, ni Antonio Tomasso, de Cambiemos de Santa Cruz, el intendente prostibular de Puerto San Julián, ni los Mauricio Macri y sus vínculos con el proxeneta denunciado por su hija, Raúl Martins, por nombrar sólo algunas de las familias de la política argentina ligadas a negocios rurales, sostenidos con trabajo esclavo y a la explotación sexual de niñas y mujeres adultas.

 

El gobierno de Alberto Fernández se encuentra discutiendo un blanqueo de capitales[13] que servirá como mecanismo legal para registrar plata emanada del negocio ilegal de la esclavitud sexual y laboral. Con esta iniciativa, el Estado busca ampliar su base impositiva y de avanzar, lo hará, en parte, a costa de la esclavización de mujeres y trabajadores en general. Como lo hiciera Cristina Fernández en dos oportunidades, en 2009 y en 2012, Mauricio Macri en 2016, sin grietas, los gobiernos impulsan medidas administrativas que facilitan el negocio de la trata y la esclavitud.

 

Regulacionismo y abolicionismo

 

Es importante enmarcar los debates presentes sobre prostitución en el contexto general de la realidad política y económica mundial, para que podamos sacar conclusiones y progresar en nuestro abordaje de la problemática. La industria de la prostitución es un mecanismo capitalista aceitado y en crecimiento. Su importancia acompaña la decadencia capitalista, la actividad se nutre de ella. Y su crecimiento exponencial se produjo justamente entre los años en los que los gobiernos emitían leyes contra la trata y se juramentaban combatir a la “esclavitud del siglo XXI”. La realidad, el desarrollo del negocio capitalista sobre la base de la esclavización de personas, fue ocultada detrás del pretendido combate a la trata.

 

En 2014, la Unión Europea concretó la modificación del cálculo del PBI para todos los países miembros, en el que incorporaron plenamente el cálculo del movimiento de dinero de actividades como la venta de armas, el narcotráfico y la prostitución, lo que permitió un crecimiento promedio del 4,5%. Esta decisión, lejos de enmarcarse en el pretendido combate al delito transnacional, apuntala a los mismos e incentiva su desarrollo.

 

La prostitución es una industria en la que la mujer es convertida en oferente de una fuerza de trabajo peculiar: si refiriéramos al “valor de uso” de la prostitución, el rasgo que habría que destacar es el de la completa anulación de la condición humana, la despersonalización y la sujeción al cliente. El empoderamiento sobre el que gusta hablar quienes defienden el régimen actual y que el Estado (proxeneta) regule positivamente su vida laboral, resulta al menos difícil de encontrar en estas relaciones sociales. Juan Carlos Volnovich, psicólogo e investigador del tema, señaló en una de sus investigaciones: “La relación sexual es sólo un medio para ejercer el poder que la degradación del objeto amoroso, como fin, testimonia. Cuando la dominación se ha erotizado, la explotación se ejerce para controlar y expropiar a las mujeres de su deseo”.[14]

 

Este estadío de la industria de la sexualidad consagra el triunfo del proxenetismo sostenido por los Estados en la ilegalidad durante años y lo catapulta a otro nivel, no sólo por sus dimensiones sino por la dependencia que de él genera en el conjunto del sistema capitalista. Ese triunfo se conquistó, como ocurrió con muchas cosas en la vida del capitalismo, acompañado de un discurso funcional de la mano de un feminismo estatizado e institucionalizado, que dio atributos de empoderamiento a una actividad y situación que representan material y simbólicamente, el sometimiento hacia las mujeres. El movimiento de mujeres y feminista, potencialmente revolucionario por sus postulados, está en la mira de los y las defensoras del régimen de explotación. Los discursos y lineamientos de este sector no están guiados por la defensa de las mujeres y la lucha por su emancipación, sino por la preservación del statu quo con “perspectiva de género”.

 

La estructura de dominación es el capitalismo, la defensa de la propiedad privada y de la ganancia capitalista se servirá del planteo puritano religioso sobre la sexualidad o del planteo de que “con mi cuerpo hago lo que quiero”, expropiando un postulado legítimo de reapropiación del cuerpo enajenado por el régimen, para reconvertirlo en un planteo liberal, funcional al impulso de iniciativas que conviene a un negocio prostibular que deja desprotegidas a las mujeres más vulnerables -o sea, a las mayorías populares.

 

La Teoría King Kong, de Despentes (2007), reeditado en 2018 en el marco del ascenso mundial del movimiento de mujeres, es un texto que alcanzó popularidad en los últimos años, en el que se desarrolla la idea de que la prostitución se puede ejercer con goce y disfrute. La posición de Despentes sobre la prostitución y sobre la actitud que deberíamos adoptar frente a las violaciones es divulgada incluso desde la página gubernamental del Ministerio de las Mujeres del gobierno nacional. La teoría King Kong representa la resignación frente a “lo dado”.[15] El movimiento de mujeres representa el cambio, la indignación y la rebelión frente a la mercantilización del cuerpo y la opresión de la mujer en todas sus formas.

 

La prostitución es el medio de ingreso de decenas de miles de mujeres en el mundo, lo que les permite dar de comer a sus hijos y mantenerse. La evolución del prostíbulo a la industria de la prostitución dio a esta actividad un carácter de trabajo legalmente admitido por los Estados. El reconocimiento de la prostitución como si fuera un trabajo no es una demanda de las mujeres sino una imposición de los Estados. También para las prostitutas regulacionistas, el capital creó una “necesidad” y no a la inversa.

 

La prostitución es el medio de sostenimiento económico de millones de mujeres en el mundo, especialmente a través de estructuras empresariales legales, montadas en aquellos países donde la explotación de la prostitución ajena es legal. Que en estos casos ya sea un trabajo en el reconocimiento del Estado, es la consecuencia del avance de un fenómeno que no afecta sólo a las mujeres sino al conjunto de los trabajadores: la industria de la prostitución creció como consecuencia del desarrollo de la precariedad laboral, la ausencia de alternativas laborales con protección social, del fenómeno de las migraciones masivas, huyendo de situaciones sociales extremas en medio de guerras y de todas las condiciones sociales que llevaron a la pérdida de derechos de todo tipo. Los mismos sectores que son cómplices de este proceso de pauperización de las masas, luego acompañaron la conversión de la prostitución en fuente de trabajo para un número cada vez más creciente de mujeres. En Argentina, la CTA yaskita protagonizó un proceso de estas características.

 

Pero ocurre que la prostitución no es un trabajo, es una forma de sometimiento que por el significado social que tiene y por su materialidad no puede igualarse a otras formas de sometimiento, porque cada una de ellas tiene su especificidad, su impacto sobre la subjetividad de las personas que las sufren y su modalidad para enfrentarla.

 

Cuando dicen que las trabajadoras domésticas o textiles muchas veces son objeto de peores vejámenes de lo que se ve detrás de explotación laboral regular, nos referimos justamente a que “lo peor” en estas disciplinas ocurre cuando se produce el salto de la explotación laboral a la esclavización física y sexual de esas personas en el mismo ámbito, explotando la completa necesidad de esas mujeres. Este proceso es interesante, porque según las propagandistas del trabajo prostibular, el empoderamiento provendría de ser las mejores alumnas del sistema, ofreciendo el sometimiento sexual a escala de negocio internacional. De acuerdo con este postulado no deberíamos luchar para que no nos violen en los lugares de trabajo precario, sino que deberíamos cobrar horas extras.

 

La regulación de la prostitución y la teoría que emana de ella es necesariamente la teoría de la derrota, de la entrega y de la consagración del triunfo del régimen opresor por sobre las oprimidas. Se trata de una posición nociva para las mujeres. Es un postulado que debe ser rechazado porque es un llamado a la resignación general frente a “lo dado”, que es siempre aquello que imponen quienes detentan el poder económico sobre el conjunto de la población.

 

Si el servicio sexual se convierte en una mercancía que se ofrece en el mercado, el “valor de uso” del servicio sexual de la prostituta en absoluto representa ningún tipo de empoderamiento de esta por sobre el vínculo proxeneta ni por sobre el consumidor, sino lo opuesto. Estará determinado por la enajenación del cuerpo, un grado de deshumanización mayor del que se produce regularmente en el trabajo explotado y por la reafirmación triunfante de la dominación y el sometimiento,

mayormente masculino, a través del dinero.

 

En el campo de la regulación aparecen planteos derrotistas ante el avance y la descomposición en las formas de explotación capitalista: “El trabajo sexual, la venta del cuerpo ha sido parte estructural de la posición de la mujer de la sociedad capitalista. Ha sido la forma en la que millones de mujeres, todas nuestras abuelas, tías, hermanas, han podido sobrevivir vendiendo su cuerpo porque no han tenido alternativa o porque la alternativa que tenían era peor. Entonces, si vamos a ver la historia de las mujeres en nuestra sociedad hasta hoy, que siempre la dificultad de la sobrevivencia, la dependencia económica de los hombres ha significado que el trabajo sexual ha podido constituir una forma de sobrevivencia y de elegir. (...) Pensar que el trabajo sexual es la forma más degradante, la forma más violenta, no solamente es una distorsión sino es ser ciegas a lo que millones de mujeres están diciendo en el mundo: ‘a mí no me gusta pero prefiero hacer esto que trabajar en una maquila donde después de tres años pierdo los ojos, los riñones y también debo sujetarme a los acosos sexuales del supervisor’”, afirma la historiadora Silvia Federici.[16]

 

Antes, en una entrevista realizada en momentos en que la historiadora había colocado su firma contra la causa abierta por abolicionistas españolas para evitar que se conformara el sindicato de prostitutas Otras, señaló: “Creo que una postura así por parte del Estado y de los grupos feministas que son abolicionistas es muy hipócrita. Claro, yo también soy abolicionista: quiero abolir el capitalismo, quiero abolir el trabajo asalariado, quiero abolir la explotación. También quiero abolir el que las mujeres tengamos que vender nuestro cuerpo y nuestro cerebro para poder sobrevivir. Muchas veces vender tu cerebro es peor que vender tu cuerpo”. Esta última frase resulta recurrente entre sus respuestas al respecto de este punto, sin embargo, no encontramos en sus textos una explicación para entender en qué grado y medida afirma tal cosa. La lógica de su postulado sería que en el camino de querer “abolir el capitalismo”, habría que beneficiar un negocio que lo refuerza. No hay coherencia en lo que se plantea. La apelación a lo testimonial por parte de Federici la priva de explicar una posición. Alcanza con contraponer los testimonios de las víctimas de la explotación sexual para refutar la voz que selecciona la historiadora para justificar su posición derrotista.[17]

 

Defender la regulación en nombre de la liberación del yugo de la explotación sexual por parte de terceros no parece ser una propuesta coherente al fenómeno descripto: Federici, que sabe que la familia nuclear, por su objetivo de preservación de la propiedad privada y de los derechos hereditarios, es un centro de opresión de la mujer, no promovería su consolidación sino que lucha por su disolución. Si la subordinación sexual ha sido un estigma de las mujeres, ¿por qué militar por su consolidación?

 

La afirmación de que la prostitución es lo mismo que el matrimonio u otras relaciones sociales en las que la mujer quedó presa del tutelaje y de la subordinación, es una deformación del postulado de Frederic Engels, para quien esa forma familiar fomenta un sistema de vínculos que no son iguales sino complementarios: “la monogamia con sus complementos, el adulterio y la prostitución”[18] plantea, para referir al sistema de relaciones sociales imperante que, como todo sistema, requiere de componentes que se complementan entre sí. La deformación operada está al servicio de acompañar una posición funcional al sistema actual y cuya consecuencia es el reforzamiento del sistema que se dice querer combatir.

 

Lo cierto es que las condiciones de materialización de la regulación resultan negativas para las que ejercen la prostitución y dejan en completa desprotección a las que son arrastradas a ella, ofreciendo al negocio la fachada de legalidad que requiere para encubrir la acción de los “fiolos” y sus vínculos con los funcionarios del Estado. No es algo reservado al prostíbulo, el mundo capitalista entero navega en la pérdida de derechos de los trabajadores, reconvirtiendo las relaciones laborales en relaciones temporarias, sin derechos sociales de ningún tipo, sin atención en salud y sin defensa gremial.

 

Pero es importante remarcar la completa insensibilidad que el planteo regulacionista delata ante un fenómeno que ya está en pleno desarrollo, el del incremento de la captación de niñas y mujeres para ser explotadas legal o ilegalmente en prostíbulos, hoteles, casas particulares, fiestas de poderosos y todo tipo de emprendimientos prostibulares. El punto de vista de regular para responder a la demanda de un reclamo prostibular de clase media, que tiene voz propia y la ejerce, es políticamente liberal.

 

Es cierto, como dice Federici, que las trabajadoras de las maquilas padecen precariedad laboral y acoso sexual y aún abuso. Es la característica común a la gran mayoría de los empleos de mujeres, que son mayoritariamente precarizados. Allí donde hay una relación laboral precaria, podríamos decir que nunca o casi nunca la vulneración de la mujer se reduce al intercambio laboral. Agregar más violación y precarización a la vida de las mujeres no parece representar más que un acto de declaración de derrota frente al régimen, en este caso. En otros casos, es el lobby proxeneta el que habla.

 

En todo el trazado de las leyes emanadas de la firma del Protocolo de Palermo se puede ver la marca del salvoconducto que el capital le dio al proxenetismo y a las patronales esclavistas para no afectar sus negocios. Como en Argentina, Colombia, bajo el gobierno de Uribe, debió también modificar, en 2005, su ley original de 2003 para introducir que el pretendido consentimiento de la víctima para ser captada con fines de esclavitud laboral o sexual no sería motivo de exoneración del delito de esclavizar a personas.

 

Para quienes defienden la regulación, como para quienes sostienen un punto de vista abolicionista, el Estado capitalista es presentado como una institución capaz de ofrecer un mejoramiento de la condición de las mujeres prostituidas: ya sea porque las primeras consideran sin motivo alguno que la regulación las preservará y mejorará las condiciones de vida o, en el caso del abolicionismo, como una institución capaz de contradecir el imperio de la ganancia capitalista en nombre de los derechos y las condiciones de vida de las mujeres. En ambos casos, la visión reformista del Estado impide distinguir que le están pidiendo al lobo que cuide las gallinas.

 

El debate entre regulacionismo y abolicionismo atraviesa las dificultades propias de muchos debates en curso: su punto de partida y su objetivo final. En ambos casos estamos en presencia de dos tendencias políticas dentro del marco del régimen social capitalista, que juegan con el espejismo de que la voluntad de las personas pueda cambiar aquello que está regido por las leyes del mercado y por la prepotencia de la ganancia capitalista que el Estado capitalista está para proteger.

 

Regular “bien” para que se trabaje en condiciones adecuadas, alimentando incluso la figura de la/el proxeneta bueno y protector, o abolir pretendiendo eximir al capital de convertir a la sexualidad y sus derivados en mercancía intercambiable en el mercado. Las diferencias de uno y otro campo son claras también: mientras que el primer campo se ve forzado a edulcorar los términos, razones y condiciones en los que se desarrolla la prostitución, para ejercer su defensa como trabajo, que debe ser regulado por el Estado e incluso las razones por las cuales el cuerpo se transforma en una mercancía intercambiable en el mercado, razones que muestran lo lejos que está el empoderamiento femenino del “valor de uso” que tiene el servicio sexual; el segundo campo pretenderá que todo pueda ser intercambiable en el mercado, menos el sexo, una ilusión sin anclaje en la realidad capitalista.

 

En el campo del abolicionismo se desarrolla una tendencia fuertemente punitivista, impulsando leyes de persecución a los consumidores de prostitución.[19] Reforzar el poder del Estado por sobre los individuos plantea la disyuntiva de si es correcto otorgar más prerrogativas a un conjunto de instituciones que son las responsables directas de la existencia de la esclavitud sexual y del consumo de la misma. Que el Estado es el primer proxeneta no es un recurso literario sino una descripción de la realidad. La cultura del consumo de prostitución debe ser combatida en la sociedad en oposición al Estado proxeneta, que es el responsable de la creación de esa cultura. Lo demás son instrumentos reaccionarios que se le otorgan al proxeneta mayor, el Estado, para que eluda sus propias responsabilidades en la materia.

 

La consigna de “Sin clientes no hay prostitución” que de tan buen grado Aníbal Fernández hizo suya ante la visita de la OEA en 2009, presenta un planteo, en primer lugar, falaz al respecto de cómo se genera la oferta y la demanda bajo el régimen capitalista. El sistema crea la demanda y no a la inversa. En segundo lugar, es importante reiterar que la reeducación de la sociedad, particularmente de la clase obrera, es un recurso necesario e indispensable, que no puede ser delegado en el mismo Estado, que educa en principios clasistas, machistas, misóginos y racistas, y que abre prostíbulos y hasta utiliza sus rendimientos para incrementar los PBI de sus países, algo que, tal como ocurrió en la Unión Europea en 2014, redundó en un crecimiento de la industria prostibular legal e ilegal.

 

La reeducación social que fomentamos es la que tenemos que arrancar en la lucha común, estableciendo una moral diferente a la inmoralidad del Estado capitalista y sus apetencias. Una moral de solidaridad de clase, de lucha común y de fomento de la igualdad de condiciones entre las personas, liberadas de todo sometimiento y discriminación. Estos valores sólo se pueden establecer como principio social, sostenido consecuentemente, enfrentando a la usina de difusión de la moral del sometimiento, la discriminación y la opresión, que es justamente el Estado capitalista. Abolir la prostitución y toda forma de opresión sobre las mujeres es una tarea a desarrollar en oposición, siempre, al Estado proxeneta.

 

El combate a la trata de personas, entonces, es un eufemismo para ocultar el acompañamiento creciente a la obtención de ganancias capitalistas a través de la esclavización impúdica y a cielo abierto de personas. El Estado y sus gobiernos no ven los prostíbulos que ellos abren ni ven los talleres clandestinos o actividades en medios rurales que ellos deberían controlar. Tampoco ve el Estado las cocinas de paco en las villas ni las fronteras porosas para el negocio de tráfico de personas. Acompañar esta versión manipulada de la realidad brutal, que se extiende al compás de la crisis capitalista, es funcional a su reproducción. La experiencia después de veinte años de pretendido combate de parte del imperialismo a este flagelo ha sido su crecimiento sideral.

 

La necesidad de abolir la prostitución y toda forma de esclavización de las personas con diferentes fines, todos para incrementar ganancias capitalistas, nos plantea la urgencia de que los debates dentro del feminismo y del conjunto del movimiento de mujeres no estén reducidos a las variantes políticas que la propia burguesía crea e impone. Necesitamos abrir un debate que establezca el estatus que cada actor y actriz ocupan en este escenario y que se abra paso un punto de vista de combate al Estado capitalista, tarea que sólo puede afrontar la clase obrera, colocando una estrategia socialista y de clase para la defensa integral de los derechos y aspiraciones de las mujeres.

 

[6] https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/statistics/lang--es/index.htm Las estimaciones mundiales de la esclavitud moderna de 2017 se centran en dos temas principales: trabajo forzoso y matrimonio forzoso. La estimación del trabajo forzoso comprende el trabajo forzoso en el sector privado, la explotación sexual forzosa de adultos y la explotación sexual comercial de niños y el trabajo forzoso impuesto por el Estado. Las estimaciones son el resultado de una colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundación Walk Free, en asociación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y beneficiaron de las aportaciones de otras agencias de Naciones Unidas, en particular de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR).

[8] https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-27885-2007-06-26.html  “La Argentina está haciendo los deberes en materia de lucha contra el narcotráfico y contra la trata de personas, al menos desde la óptica de los Estados Unidos, cuyo embajador, Earl Anthony Wayne, felicitó al gobierno local por la tarea realizada”.

[9] https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-122112-2009-03-26.html 11 años después de proclamado, puede verse que el gobierno no combatió ni al proxenetismo ni al cliente. Sólo fue un discurso del momento para disimular la responsabilidad del Estado sobre este flagelo.

[17] https://diariofemenino.com.ar/no-en-nuestro-nombre-2/ “Somos mujeres y travestis organizadas, hemos pasado años en situación de prostitución y muchas seguimos allí, en las calles, sobreviviendo. Pertenecemos a la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH), conformada por personas en prostitución y sobrevivientes de prostitución, trata de personas y explotación sexual. Muchas venimos luchando desde los años noventa, somos algunas de las fundadoras de AMMAR, espacio del que nos fuimos por resistirnos la imposición del trabajo sexual, al vernos expulsadas por los aprietes sindicales. En veinte años, hemos encontrado en el abolicionismo feminista una posición integral para luchar contra la represión policial y la vulneración de derechos.”

[18] http://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/84of/84OF2.htmCaminamos en estos momentos hacia una revolución social en que las actuales bases económicas de la monogamia desaparecerán tan seguramente como las de su complemento, la prostitución (…) Como hemos visto, hay tres formas principales de matrimonio, que corresponden aproximadamente a los tres estadíos fundamentales de la evolución humana. Al salvajismo le corresponde el matrimonio por grupos; a la barbarie, el matrimonio sindiásmico; a la civilización, la monogamia con sus complementos, el adulterio y la prostitución.”

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