Rusia: La transición al capitalismo, en crisis

Savas Michael-Matsas

La aparente estabilización del régimen restauracionista con Putin en Rusia y la amplia difusión de la leyenda acerca de la “popularidad” de su Presidente han recibido un poderoso golpe por parte de las masas populares rusas en la primera gran confrontación social, a comienzos de 2005. Simbólicamente, ocurrió en el centesimo aniversario del “Domingo Sangriento”, el comienzo de la primera revolución rusa en enero de 1905. Trescientos mil jubilados, trabajadores y jóvenes se lanzaron a una movilización sin precedentes con actos, cortes de ruta en las principales autopistas, manifestaciones que abarcaron más de 70 regiones de Rusia, en más de 120 centros urbanos densamente poblados, desde Moscú y Leningrado a Arkangel en el lejano norte e Irkutsk (Siberia) en el lejano este. La causa inmediata que detonó la explosión fue la implementación de la infame Ley 122, que deroga los beneficios sociales de los trabajadores y jubilados, incluyendo el transporte gratuito para los mayores, que reemplazó por una insignificante “compensación” monetaria.

Aunque en los últimos catorce años, después del colapso de la Unión Soviética, hubo otros movimientos de protesta, huelgas, incluso rebeliones locales (por ejemplo, el levantamiento en Moscú en 1993 o, más recientemente, la campaña de los sindicatos independientes contra el Código de Trabajo y la revuelta en Novgorod), todas estas luchas estuvieron más o menos localizadas y dispersas. Por primera vez hubo una gran movilización social a escala nacional, con el apoyo de la mayoría de la población. En contraste con la llamada “revolución naranja” en Ucrania, fue un levantamiento social espontáneo, que no estuvo manipulado por clanes oligárquicos opositores u ONG pro-occidentales. Muy rápidamente adquirió un carácter político: por primera vez desde el ascenso de Putin al poder, el llamado a la renuncia del Presidente y de su gobierno se transformó en la consigna popular de las masivas manifestaciones en las principales ciudades de Rusia. Después de los acontecimientos de enero de 2005, naturalmente, las más variadas fuerzas políticas y sociales han intervenido para influenciar el curso de este movimiento popular masivo, el cual, por ahora, supera las barreras que tratan de imponerle los aparatos en desintegración del liberalismo, stalinismo y populismo nacionalista (incluyendo algunos oligarcas detrás de bambalinas).

El conflicto no pudo ser frenado a pesar de las confusas reacciones del régimen, que fueron desde una abierta represión estatal a concesiones. La abolición de subsidios al servicio social y la “monetización” de las jubilaciones es un paso crucial y necesario a ser tomado por el proceso restauracionista para volver a convertir a la fuerza de trabajo rusa en una mercancía, cuya reproducción, hasta ahora, se apoya principalmente (cerca del 70%) en los subsidios estatales del pasado soviético. La entrada a la Organización Mundial de Comercio en 2006 hizo obligatoria la implementación de la Ley 122, la abolición de todos los beneficios sociales remanentes, la privatización de la vivienda, salud, servicios, transporte, jubilaciones, etc. Se debe establecer urgentemente un mercado de trabajo real con fuerza de trabajo subvaluada como una mercancía. Esta es la exigencia del capital extranjero y las fuerzas restauracionistas internas.

En un sentido, la naturaleza y profundidad del presente conflicto demuestra que el proceso de restauración que comenzó hace quince años no es ni lineal ni sin contradicciones no resueltas. Pasó a través de sucesivas crisis y fases, ha entrado ahora en un nuevo y crucial punto de inflexión. La periodización del proceso restauracionista hasta ahora puede ser esquematizado en las siguientes líneas generales:

1991/1993

El giro hacia la economía capitalista de mercado se vuelve más y más dominante; una estrategia consciente de supervivencia de la burocracia privilegiada en los últimos años del período de Gorbachov, a fines de los ‘90. La liberalización parcial del ge-renciamiento de las empresas soviéticas permitió que la burocracia ge-rencial, en connivencia con la corrupta burocracia estatal, vendiera las baratas mercancías soviéticas, particularmente de las industrias petrolera y gasífera, a los precios más altos del mercado mundial, acumulando enormes riquezas; una práctica que se incrementaría en los años ‘90 con Yeltsin, dirigida a la formación de la rapaz élite de los “oligarcas”.

Después de un período inicial preparatorio, la contrarrevolución capitalista restauracionista comenzó oficialmente con la “terapia de shock” impuesta por el FMI e introducida en la antigua economía soviética por el gobierno de Gaidar-Yeltsin, el 2 de enero de 1992. El intento de introducir el libre funcionamiento de la ley del valor mediante la liberalización de precios produjo hiperinflación. Los ahorros populares se evaporaron, la producción se hundió dramáticamente. La miseria social se extendió de una forma rápida y sin precedentes.

La antigua burocracia stalinista se dividió en grupos de intereses enfrentados y clanes que se enriquecieron principalmente mediante actividades parasitarias basadas en el robo de la propiedad pública. Sus antagonismos fueron mediados por una enorme y corrupta maquinaria burocrática estatal que se levantó por sobre la sociedad.

En su primera fase de 1991/1993, incluso antes del comienzo de la orgía de las privatizaciones a mediados de los ‘90, una riqueza fabulosa fue acumulada por la especulación y el arbitraje con los precios nacionales y mundiales: mercancías, particularmente metales, otras materias primas, petróleo, gas, etc. fueron compradas muy baratas a los bajos precios regulados por el Estado y exportadas y vendidas a precio de mercado mundial. En el mismo período, mientras la inflación era del 2.500%, el Banco Central emitió créditos al 10/25% anual, transformando el ingreso público en privado. Una tercera manera de hacer mucho dinero en 1991/92, cuando el miedo al hambre fue muy real y el Estado todavía proveía subsidios para alimentos, fue para el conjunto de los especuladores (entre ellos, los especuladores del mercado negro) importar alimentos del exterior pagando sólo el 1% sobre de tasa de cambio en curso y revendiéndolos libremente en el mercado interno, embolsándose el subsidio. (Ver el artículo de Anders As-lund, consejero de Yeltsin en ese período, en Foreign Affairs, septiembre/octubre de 1999.) Estas tres actividades comerciales parasitarias representaron el 79% del PBI en 1992 (ídem).

Esta economía híbrida estaba basada en la diferencia existente entre el entorno capitalista mundial y el medio económico interno de una transición en crisis: la relación diferencial entre los precios controlados por el Estado y los precios mundiales, la falta de un apropiado criterio capitalista de otorgamiento de créditos, la ausencia de un apropiado mercado laboral en el cual los trabajadores pudieran ser contratados y despedidos libremente (a los trabajadores no les fueron pagados sus salarios, así como las pensiones a los jubilados, por largos períodos de tiempo, pero las todavía existentes viejas estructuras soviéticas del Estado, que subsidian los servicios sociales, dieron una solución al problema de subsistencia).

La acumulación de dinero (no capital) condujo a la emergencia de un poderoso sector financiero de especuladores, así como a una fuga permanente de capital desde el país a los paraísos fiscales en Occidente, en Suiza, Nueva York, Chipre o las islas Caimanes; una hemorragia que continúa hasta ahora.

Este primer período exacerbó las diferenciaciones sociales que condujeron al empobrecimiento de las masas y al surgimiento de los nuevos líos, los “nuevos rusos”, que unieron a la burocracia estatal, gerentes, especuladores y a la mafia en una maquinaria infernal, agudizando las contradicciones sociales sin posibilidad de su regulación política. La transición fue bloqueada, el FMI tuvo que declarar el fracaso de la “terapia de shock”, Gaidar tuvo que renunciar y las tensiones sociales terminaron en una explosión política en el otoño de 1993, con la ocupación de la Casa de los Soviets en Moscú, el sitio militar y la masacre que le siguió. Esto marcó un importante punto de inflexión. Para estabilizar la situación, Yeltsin abolió los remanentes del viejo sistema burocratizado de los soviets, estableciendo una Cámara alta y una baja del Parlamento (Duma), y transformó las autoridades locales convirtiéndolo en guaridas de señores cuasi-feuda-les y gobernadores locales burocráticos corruptos. La primera guerra post-soviética en Chechenia, un factor importante para tomar nuevamente el control de la situación en todo el país por parte de la burocracia restauracionista gobernante, fue lanzada a fines de 1993, con trágicas consecuencias.

1993/1998

El segundo período que siguió y duró hasta el crack financiero de agosto de 1998 estuvo caracterizado sobre todo por las olas de privatizaciones iniciadas por Anatoli Chubais, entonces viceprimer ministro de Yeltsin. El primer intento para la privatización mediante la distribución de cupones (“vouchers”) a gerentes y trabajadores de colectivos no dio los resultados esperados. La segunda ola aplastante de privatizaciones en 1995 fue mucho más exitosa, aunque fue un producto y un factor de crisis. El creciente sector financiero y la burbuja de la Bolsa rusa se expandieron sin la necesaria base material en la producción y con una profunda crisis fiscal. A finales de 1995, los acuerdos “de créditos por acciones”, la extensión de créditos por parte de bancos del Estado para financiar sus deudas y déficit a cambio de acciones de empresas estatales, condujo a una escandalosa privatización a gran escala, particularmente de la mayoría de las grandes compañías petroleras, Yukos, Sibneft y Sidenko, y la concentración de los principales recursos del país en manos de una pequeña minoría, los “oligarcas”, que ya habían acumulado enormes cantidades de dinero gracias a la especulación con la dicotomía entre los precios internos y los mundiales. A través de estos acuerdos entre la burocracia estatal y los oligarcas les fue permitido a unos pocos bancos privatizar las más grandes empresas en licitaciones controladas por ellos mismos. Pero como puntualiza Aslund: “Ningún cambio cualitativo acompañó estas adquisiciones. Los nuevos propietarios mayoritarios no actuaron como propietarios preocupados por el desarrollo empersario sino que continuaron el gerenciamiento del robo, fundamentalmente por la venta de productos por debajo del precio de mercado a sus propias compañías (privadas), dejando que las viejas compañías del Estado se deterioraran (…) Los críticos más severos de las privatizaciones han sido siempre aquellas élites que parecían beneficiarse con ello, desde que la aparición de los derechos reales de la propiedad privada amenazan su forma estatista de hacer dinero. El problema no es que los negocios son formalmente privados sino que las intervenciones arbitrarias y amplias de los funcionarios del Estado limitan severamente los derechos de propiedad privada” (op. cit., p. 69). Zbigniew Brzezinki, el conocido ex asesor de seguridad del presidente Cárter y uno de los principales arquitectos de la guerra de Afganistán y de la política imperialista para desintegrar a la Unión Soviética y los ex estados obreros, ha enfatizado el carácter formal de esos derechos de propiedad privada e incluso sugirió la necesidad de una re-nacionalización como un paso necesario hacia una adecuada transformación de esta ex propiedad pública soviética a la propiedad capitalista (un consejo que fue tomado muy seriamente bajo la administración centralista de Putin).

Más burocracia que nunca

Los derechos de propiedad privada en la Rusia post-soviética estuvieron siempre mezclados con la interferencia administrativa del Estado y con prácticas sistemáticas de corrupción oficial. El stalinismo colapso en 1991, pero después de ello la burocracia conoció un tremendo crecimiento al tratar de regular las contradicciones que se desataron. Más que nunca ocupó todos los centros de decisión y los intersticios de la sociedad post-soviética. Hay un asombroso número de agencias estatales locales, regionales y federales, autorizadas a inspeccionar y regular los negocios, que reciben coimas como una regla aceptada por todos. “Para abrir un comerció”, escribe Daniel Treisman, “un típico comerciante minorista debe primero ser aprobado por la oficina de licencias, la inspección de edificios, la policía, departamento de bomberos, inspección de salud, inspectores de impuestos, policía de impuestos (fiscal), inspección de comercio, inspección de trabajo, oficina de derechos del consumidor, centro de pesos y medidas, comité de protección ambiental, y el fondo de seguro médico. Un empresario dijo recientemente al diario Novie Izvestia que pasó por 24 oficinas, pagó cerca de cinco mil dólares en impuestos, reemplazó las bombitas de 35 lámparas en la calle y repavimentó parte de su calle antes que se le permitiera construir un pequeño anexo a su cafetería” (Foreign Affaire, noviembre/diciembre 2002, pág. 66).

El robo masivo de la propiedad pública efectuado con el intercambio de “los créditos por acciones” y su concentración en manos de los oligarcas financieros exacerbaron todas las contradicciones de una transición en crisis; en el nuevo entorno financiero global después del crack internacional de julio de 1997, centrado en la región Asia-Pacifico, la Bolsa de Comercio rusa tuvo un “colapso en cámara lenta” desde octubre de 1997, cuando el índice cayó un 20%, que culminó en una explosión en agosto de 1998, cuando dicho índice cayó 94% respecto de su pico en 1997 y el gobierno cesó el pago de las Letras del Tesoro y declaró una moratoria de 90 días sobre los pagos de la deuda externa. Esto marcó el punto de inflexión más dramático después del colapso de la Unión Soviética.

Putin

La burocracia estatal tuvo que dar un giro de 180 grados. Bajo el ministro Primakov se reinició el proceso de re-centralización y re-nacionalización de los recursos rusos. El reemplazo del gobierno en el Kremlin del alcohólico Yeltsin y de su infame “familia” por el sobrio, relativamente joven, ex funcionario de la KGB Vladimir Putin, el clan de burócratas de San Petersburgo y el gobierno abrumador de la KGB el 1 de enero de 2000 dieron una nueva orientación a todo el desarrollo post-soviético. El relanzamiento de la guerra de Chechenia, después de una serie de misteriosos atentados en áreas populosas de Moscú y otras ciudades, consolidó el poder del nuevo gobernante en el Kremlin. Comenzaba una tercera fase en el proceso de restauración capitalista.

Con Putin, se intensificaron las tendencias centralizadoras para enfrentar la crisis de la transición y estabilizar la situación. Las 89 regiones del país fueron centralizadas en siete distritos administrativos, cada una con un prefecto nombrado por el Presidente. El Kremlin reafirmó su “derecho” a nombrar o echar a los gobernadores.

Se cambió el sistema de designación de la Cámara alta del parlamento federal. Se reformó el sistema de impuestos; la parte de las regiones en el ingreso fiscal se redujo a favor del centro. Pero por sobre todo, Putin entró en conflicto con los oligarcas: no con todos ellos (mantuvo algunos aliados y con otros estableció una distancia de neutralidad), sino principalmente con Berezovsky y Goushinsky, quienes debieron huir del país, y sobre todo con Khodor-kovsky, el barón de Yukos, quien actualmente está en prisión y “su” compañía en manos del Estado, parte de Gazprom, la mayor compañía petrolera del mundo.

El esfuerzo de re-nacionalización no se debe confundir con ningún aparente retomo al pasado soviético: sigue la línea ya trazada por Brazezinski como una etapa necesaria para superar los obstáculos que obstruyeron el proceso de restauración capitalista. La política exterior es una extensión de la política interior: las políticas exteriores pro-imperialistas del régimen de Putin, especialmente después del 11 de septiembre, de un apoyo total a la “guerra contra el terrorismo” imperialista lanzada por el gobierno de Bush, suministrando por primera vez a la maquinaria militar de Estados Unidos las instalaciones de sus bases en la ex Asia Soviética y el Cáucaso, está en total armonía con el proyecto restauracionista para reintegrarse al mercado capitalista mundial.

El alza astronómica del precio del petróleo fue de gran importancia para el éxito del “programa de estabilización” de Putin. Esto fue el opuesto al que tuvo en el rencor Gorbachov, cuando la caída del precio del petróleo diezmó el Tesoro soviético y precipitó la implosión de 1991.

No obstante, a pesar del crecimiento del ingreso por el petróleo, la economía rusa vio, en el primer trimestre de 2005, fugas de capitales por 19 mil millones de dólares y una caída en la tasa de crecimiento al 4,9% (anualizada), por debajo del 7,4% durante el mismo período en 2004. Como hizo notar la agencia de inteligencia privada norteamericana Stratfor el 28 de abril de este año: “La tasa de crecimiento de Rusia ha ido declinando gradualmente desde fines del año 2003, no por casualidad se da al mismo tiempo el arresto de Khodorkovsky que desencadenó el desmantelamiento de Yukos, pero las cifras recientes muestran la primera declinación de real magnitud durante este período. En otras palabras, la tendencia de la dirección económica para Rusia en este momento no parece buena (…) La declinación del crecimiento de la economía rusa a pesar de los altos precios del petróleo ilustra que mucho del resto de la economía esta en recesión, una recesión lo suficientemente grande como para comenzar a aplastar el fuerte sector exportador de energía”.

En tales condiciones internas, en un mundo que se hunde en un nuevo ciclo de crisis financieras, una profunda crisis estructural en la Unión Europea, revelada y exacerbada por el triunfo del “no” en el referéndum francés, permanentes guerras imperialistas, y rebeliones sociales desde Bolivia a Francia, la burocracia restauracionista observa, con miedo, que su sueño de estabilización bajo Putin se apaga, que el cerco imperialista y las presiones se vuelven sofocantes y amenazan en el corazón de Rusia después de los acontecimientos de Ucrania y, sobre todo, que sus sepultureros, la clase obrera rusa y las masas populares, despiertan y se movilizan en lucha.

La Historia, definitivamente, no ha terminado en 1991, ni en Rusia ni en el mundo entero. Por el contrario, su ritmo se acelera conduciendo ineludiblemente a un desenlace. Como enfatizan las tesis fundacionales programáticas de la Coordinadora por la Refundación de la IV Internacional, contra todas las corrientes capituladoras y derrotistas de la izquierda, el ciclo histórico abierto en octubre de 1917 no se ha cerrado.