El resultado del plebiscito de salida del proceso constituyente del domingo 4 de septiembre causó un terremoto político, a pesar de que fue relativamente pronosticado, por la magnitud de la diferencia, con alcances de proporciones. La opción de Rechazo al nuevo texto constitucional se impuso con un 62 % por sobre la opción del Apruebo que sacó un 38% -con una participación récord en la historia electoral del país de casi 13 millones de personas-. En primer lugar, queda en claro que la crisis que se abre con la rebelión del 2019 está lejos aún de cerrarse. El proceso constituyente no termina de cumplir con el objetivo para el que fue pergeñado y a casi 3 años del estallido popular no han logrado sepultarlo. Hoy tenemos un Gobierno recientemente electo desfondado y un proceso constituyente fracasado.
Estamos frente a una derrota significativa para un Gobierno que tiene por delante 3 años y medio de mandato y que apostó gran parte de su capital político a llevar hasta el final el proceso desmovilizador constituyente, como uno de los ideólogos y garantes del pacto del 15 de noviembre. Mientras, cambio de gabinete mediante, el oficialismo intenta restablecerse, la protesta estudiantil se toma la agenda con movilizaciones y evasiones del metro que llevan semanas. El rechazo popular a la anunciada aprobación del TPP 11 crece y se expresa en las calles, poniendo de manifiesto la continuidad de la política privatista y extractivista de los 30 años que el Gobierno “ecologista” de lxs otrora dirigentes estudiantiles mantiene y lleva adelante.
Los números: la opción del Rechazo se impuso con holgura en las 16 regiones del país, excepto en 8 comunas -de un total de 346- donde el Apruebo logra superarlo, por un exiguo margen. Los guarismos son rotundos, pero si además consideramos que el margen que obtuvo el Rechazo en las comunas pertenece al quintil de ingresos más bajos (esto es hogares que, en el mejor de los casos, llegan a un salario mínimo como ingreso total mensual) podemos dimensionar la debacle política que los resultados representan para el Gobierno. De acuerdo con un estudio realizado por académicos de la “Universidad Del Desarrollo”, en este sector “la opción Apruebo registró una votación de 24,9 puntos porcentuales, mientras que el Rechazo marcó 75,1, alcanzando una diferencia de más de 50 puntos entre ambas opciones”1https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/05/rechazo-saco-ventaja-de-50-puntos-al-apruebo-en-las-comunas-pertenecientes-a-quintiles-mas-bajos.shtml.
El contraste con lo sucedido en la segunda vuelta electoral presidencial es inocultable. El triunfo como primera minoría del derechista Kast en la primera vuelta, dio lugar a una fuerte movilización popular que le otorga la victoria a Boric en el ballotage con la diferencia de votos que logra justamente en las comunas populares, en particular de la región metropolitana y Valparaíso.
¿Qué significa este resultado?
Lo primero que hay que destacar es que no se trató de un plebiscito sobre un proyecto constitucional, sino sobre la orientación política antiobrera que Boric le imprimió a su Gobierno en estos primeros 6 meses de gestión.
La mayoría popular rechazó un texto lleno de “declaraciones” y “derechos” que eran puro parloteo sin posibilidades de concreción esencialmente porque ello requería tocar los intereses de la burguesía nacional y extranjera. El borrador, justamente, dejaba en pie lo central de las conquistas contrarrevolucionarias del pinochetismo y del Gobierno de los “30 años”, solo que retocados con un poco de maquillaje parlanchín. Es importante ser rigurosos en la consideración del texto sometido al plebiscito porque fue destacado por quienes llamaban a aprobarlo por los derechos que “consagraba” cuando en términos concretos no estaban asegurados bajo ningún punto de vista. No eran más que el relato funcional al rescate de la matriz neoliberal y represiva de la constitución de Pinochet.
Mientras, el Gobierno aplicaba una política abiertamente antipopular: negativa a un nuevo retiro de las cajas previsionales secuestrados por las AFPs y que benefician a la banca y a las empresas; prácticamente nula asistencia social a las familias que ven disminuidos sus ingresos reales por la inflación que ya alcanza el 14,1 % -afectando principalmente a los alimentos-; militarización del Wallmapu y encarcelamiento de líderes mapuches; negativa a dar respuesta a las demandas de lxs estudiantes y brutal represión a sus manifestaciones; mantenimiento en la cárcel de lxs presxs políticxs y reforzamiento de la criminalización de la protesta presentando querellas a diestra y siniestra contra luchadores.
Por estos días, desde diversos sectores, se han esbozado intentos de explicar los resultados en cierta medida sorprendentes (ya que las encuestas se quedaron cortas en sus predicciones). La primera pregunta que surge, como suele ocurrir en estos casos, es si nos encontramos frente a un escenario de derechización del pueblo chileno. Por su parte, así trata de presentarlo la derecha encolumnada detrás del rechazo pese a que debió esconder a sus principales referentes durante la campaña, consciente del desprestigio popular del que es tributaria. La centroizquierda gobernante también coquetea con esta caracterización en la medida en que le sirve para exculparse de la responsabilidad que le cabe en los resultados que permitieron a la derecha levantar cabeza luego de las sucesivas derrotas acumuladas en todas las elecciones del calendario electoral de año y medio que culminó con el plebiscito.
Sin embargo, pese a estas conclusiones interesadas de los partidos del régimen, corresponde mirar los guarismos resultantes del plebiscito con perspectiva histórica. El pueblo chileno protagonizó en las últimas décadas enormes luchas que han puesto contra las cuerdas a los distintos gobiernos. Solo por nombrar algunas tenemos: la lucha del pueblo mapuche que toma fuerza a finales de los 90, los levantamientos estudiantiles de 2006 y 2011, el levantamiento de la región de Aysén en 2012, las grandes movilizaciones contra las AFPs que caracterizaron el 2016, la irrupción del movimiento de mujeres a partir del 2018 y la grandiosa rebelión popular que se inicia en octubre del 2019. En este último caso, el salto es en términos cualitativos y cuantitativos, ya que las luchas sectoriales confluyeron en movilizaciones de masas que cuestionaban no a un gobierno en particular sino al régimen político en su conjunto, en cuanto responsable de las condiciones miserables de existencia de las mayorías trabajadoras. Y, cabe recordar, que las enormes movilizaciones del 2019 fueron en gran medida contenidas por la llegada de la pandemia que le permitió al Gobierno de Piñera servirse de la crisis sanitaria para arremeter con medidas que reforzaron la represión -como el toque de queda que duró 18 meses- para lograr sacar al pueblo de las calles, lo que hasta el momento no había conseguido mediante los recursos represivos brutalmente desplegados.
Ahora bien, si solo consideramos el ciclo que se abre con este último hito, es aún más forzada la conclusión de la derechización. Porque pese a que el operativo para clausurar la rebelión tuvo un relativo éxito en la medida de que pudo desactivar las movilizaciones masivas, también es cierto que aun en su desenvolvimiento la clase trabajadora dio muestras de que, con lo que tenía a su alcance, corrió el cerco en más de una oportunidad. El 80% a favor del plebiscito de entrada. La consagración electoral de una mayoría de constituyentes independientes identificados con demandas populares en contra de los candidatos presentados no solo por la derecha, sino también por la centroizquierda ex concertacionista y, particularmente, sin apoyar a los candidatos del PC y el FA que se presentaban como de la izquierda representativa del levantamiento popular. Asimismo, la reacción popular para evitar la llegada del fascistoide Kast a La Moneda. Todos ellos son hechos que no pueden simplemente descartarse y que rechazan el argumento de la derechización de las masas.
Sobre las razones de fondo que motivaron el rechazo de millones al nuevo texto constitucional que, supuestamente, venía a dar respuesta a demandas históricas del pueblo trabajador no se puede soslayar el accionar de una convención que prontamente mostró su verdadera naturaleza dando la espalda a las urgencias más sentidas. Las y los chilenos definieron mediante el voto consagrar a activistas y luchadores con las expectativas de que se tradujera en avances concretos, pero estos terminaron adaptándose a la política de los partidos de los “30 años” dando a luz a un texto que no cambiaba un ápice el modelo reaccionario que es, en esencia, la negación de esos derechos largamente demandados. Eso no es gratuito. Contrariamente a lo que sostienen los “rechacistas” de que el proyecto resultó descartado por “ultrista” o “radicalizado”, la decepción en el proceso constituyente fue aumentando en la medida en que quedaba claro que no resolvería el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a salarios y pensiones suficientes para vivir.
Pero además ¿Por qué creerles a quienes desde el oficialismo llamaban a aprobar una constitución que garantizaba todo tipo de derechos mientras que en la gestión de gobierno no hacen otra cosa que negarlos? Es cierto que no podemos caracterizar progresivamente de manera uniforme al masivo voto al Rechazo. La campaña del miedo desplegada por la derecha, con el apoyo de los medios hegemónicos, activó temores en los sectores empobrecidos de perder lo poco que tienen o aspiran a tener. Pero si eso tuvo efectos es porque hizo pie en la desconfianza acumulada por el FA/PC que, desde el Gobierno y la convención, se han dedicado a garantizar los intereses de la burguesía en desmedro de las y los trabajadores.
Los elementos de la crisis económica que está siendo descargada en la clase trabajadora.
Chile atraviesa una crisis económica como no sucedía en años y las familias trabajadoras están soportando de lleno sus costos. El Gobierno que se presentó como el “de las grandes reformas” no solo no ha llevado a cabo ninguna, sino que se ha negado a dar siquiera alguna asistencia para paliar las necesidades más urgentes. En cambio, sí despliega complacencia con las exigencias de la burguesía, mientras descarga una brutal represión contra estudiantes y mapuches. El plebiscito fue la oportunidad para rechazar a un gobierno típico de frente popular que, lejos ya de sus promesas y retórica rimbombantes, prontamente se verificó como el verdugo de la clase trabajadora.
La crisis mundial ha impactado de lleno en la economía nacional. Devaluación de la moneda, inflación y caída del precio internacional del cobre configuran un cóctel catastrófico de impacto directo en el bolsillo de lxs trabajadores. La recesión ya es un hecho: la producción industrial cayó un 5% anualmente. La caída más importante se registró en el comercio con un 11,9%, seguido por la minería con un 7,3% y por la manufactura con un 4%. Entre las derivaciones concretas tenemos la destrucción de más de 7.500 puestos de trabajo en el último trimestre.
Frente a ello el Gobierno ha presentado un presupuesto “contra cíclico” para el 2023, que estipula un aumento del gasto del 4,2 %. La mentada “reactivación económica” a través de la obra pública contemplada queda en entredicho si se tiene en cuenta la inflación del 14,1% acumulada en el año y la proyectada para el 2023 que según el Banco Central estará entre el 3 y 4%. Sigue la política de endeudamiento en el presupuesto.
La política capituladora de la izquierda
Partidos de la izquierda chilena que se reclama revolucionaria -MIT, MST, Movimiento Anticapitalista, POR, etc.- llamaron a votar Apruebo lo que implicó colocarse en el campo oficialista directamente. En líneas generales, lo hicieron bajo el argumento de que la propuesta de constitución en última instancia -aunque en forma deficiente aclaraban- consagraba derechos largamente demandados por el pueblo, lo que representaba una conquista porque los partidos del régimen “tuvieron que ceder” frente al escenario planteado por las movilizaciones de masas surgidas desde octubre del 2019. Incluso en el caso del PTR, que llamó a votar nulo, se hizo esta concesión en lugar de señalar con claridad que se trataba de un operativo donde los supuestos derechos no eran más que cáscaras vacías al servicio de que pase el fraude y avance la tentativa de clausurar el proceso político abierto por la rebelión.
Actuando como furgón de cola del Gobierno, la izquierda “apruebista” renunció a su responsabilidad revolucionaria de ofrecer a las masas una opción independiente que apunte a contrarrestar la (falsa) polarización reinante en la que el pueblo quedó atrapado. Si bien probablemente no hubiera torcido los resultados, implicaba asumir una tarea de clarificación de cara al pueblo trabajador para desmontar las patrañas con las que se buscaba finiquitar la encerrona política tras el monumental levantamiento popular. Hubiera significado una contribución en dirección a la emergencia de un polo político de independencia de clase para avanzar en las tareas que tenemos las y los trabajadores en la nueva etapa política a la que ingresamos. Desde un “apruebo crítico” pretendían “dialogar” con quienes tenían expectativas cuando las señales de desmoralización con el proceso constituyente en su conjunto eran claras y correspondía entonces poner en pie una alternativa independiente y no regalar terreno a la derecha reaccionaria como finalmente sucedió.
Con la ex Concertación adentro y la derecha manejando los hilos del Congreso, avanza el nuevo pacto delineado por Boric contra el pueblo.
El impacto de la derrota en el Gobierno es muy grande y la intención de mitigarlo con un cambio de gabinete no resultó. Su reconfiguración consistió en que la ex Concertación pase a ocupar los primeros lugares de la coalición gobernante. La llegada de la “laguista” Carolina Tohá (PPD) al Ministerio del Interior y de la “bacheletista” Ana Lya Uriarte (PS) a la Secretaría General de la presidencia y, por lo tanto, al comité político, dan cuenta de ello. Esto es la frutilla del postre de un proceso que comenzó desde la campaña de cara a la segunda vuelta. El comando de Boric incorpora a estos partidos y esto luego se traduce en lugares en el gabinete de Gobierno. La derrota en el plebiscito es la excusa para acelerar este derrotero y darle una forma acabada.
Repudiada popularmente como responsable directa de las penurias a las que fueron sometidas las familias trabajadoras en los más de 30 años de una democracia al servicio de las privatizadas y el capital transnacional, la ex Concertación está ahora encabezando la coalición de Gobierno. Esto se tradujo en avanzadas concretas en materia de políticas colonialistas como ser la aceleración de las negociaciones en el Senado con la bancada de la derecha para la aprobación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Conocido como TPP 11, el acuerdo de libre comercio ampliamente denostado por sectores populares representa una entrega aun más profunda de la soberanía en beneficio de los pulpos transnacionales que lucran a costa del medioambiente y las condiciones de vida de pobladores. Fue suscrito en 2016 durante el Gobierno de Michelle Bachelet y luego Piñera intentó su aprobación pendiente en la legislativa. Estos planes finalmente no se cumplieron, frenados por el estallido social. Aprovechando el envión del triunfo del Rechazo, los representantes políticos naturales de la burguesía se han propuesto nuevamente su aprobación para lo cual ya contarían con los votos necesarios. Parlamentarios del PC y del FA han salido a vociferar en contra, pero la performance ya no es creíble, menos luego de que el propio Boric expresara que desde el ejecutivo no van a obstaculizar las negociaciones, consecuente ello con la posición que a favor de ese tipo de tratados ha tenido siempre el ministro Marcel. Es la Concertación versión millennial y su política lacaya en todo su esplendor bailando la cueca de la derecha.
Otro tanto ocurre con las “grandes reformas” prometidas por el Gobierno: la reforma tributaria que iba a permitir financiar los “derechos sociales” sufre un nuevo recorte en su objetivo recaudatorio por el propio oficialismo. Las indicaciones presentadas lo reducen de 4,1% al 3,6% y aún queda por delante ver los recortes que resulten de las negociaciones con la derecha y otros bloques parlamentarios que se jugaron por el Rechazo y ahora tienen la sartén por el mango. La misma suerte corre la reforma previsional cuya presentación del proyecto que venía siendo negociado con las patronales, la CUT y el Ministerio de Trabajo fue postergada para después del plebiscito y ahora directamente no tiene fecha próxima de presentación. Chau derechos sociales, hola TPP 11.
La misma noche del 4 de septiembre por cadena nacional Boric reconoció el triunfo del Rechazo y convocó a la oposición para avanzar en un “gran acuerdo nacional” para un nuevo proceso constituyente que por estos días se encuentra siendo negociado puertas adentro del Congreso. Más allá de los detalles, ya se han pronunciado coincidencias entre oficialismo y la oposición derechista con relación a achicar la representación de los pueblos originarios, vetar la posibilidad de participación de candidatos independientes en una eventual nueva elección para una nueva constituyente y la constitución de un comité de expertos con facultades en la redacción del nuevo texto. Pero las negociaciones van aun más allá de lo relativo a las condiciones de convocatoria y participación. Por iniciativa presidencial se está definiendo el contenido de la futura “carta magna”: mayor protección de la propiedad privada incluida la de los fondos de pensión, la defensa de la “libertad” (o sea, libertad para seguir lucrando) en educación, salud y pensiones, la exclusión de los derechos sexuales y reproductivos y de las demandas indígenas y el blindaje al aparato represivo son coincidencias puestas de manifiesto en las negociaciones por los partidos del régimen. Los denominados “bordes” demuestran que ya ni siquiera estamos frente a un proceso constituyente clásico burgués, sino a una mera reforma constitucional. Como el 15 de noviembre del 2019, la izquierda patronal y la derecha se aprestan a sellar un nuevo pacto contra el pueblo y aunque la ministra Uriarte se autoexcluyó de las últimas reuniones, ello no debe leerse como un desentendimiento de curso en las negociaciones sino que responde al interés que tiene el Gobierno de que pronto se arribe a un acuerdo. Así, antes como legislador de la oposición y ahora como presidente, Boric asume un rol determinante en la cocina del régimen, brindando las condiciones y garantías para que se materialice el pacto.
Lo cierto es que cualquier refrito constituyente que salga del acuerdo entre oficialismo y oposición es contrario a los intereses de la clase trabajadora. Representa en cualquiera de sus formulaciones un callejón sin salida. Las y los trabajadores tenemos que rechazarlo y organizar la lucha para enfrentar el ajuste en curso.
Lxs estudiantes marcan un camino
El cimbronazo que significó el aplastante triunfo del Rechazo, con su correlato en la revitalización de la derecha, tuvo una inmediata respuesta por parte del movimiento estudiantil. 48 horas luego del plebiscito miles de estudiantes secundarios marcharon hacia La Moneda contra el modelo privatista de la educación heredado de la dictadura, por mejoras en las becas alimentarias y en las condiciones edilicias, por transporte gratuito, ESI, fin a la PAES, entre otras demandas. Un sector del estudiantado levantó también la consigna de “asamblea constituyente”. En relación con esta última, corresponde remarcar lo siguiente: el proceso que acaba de concluir ha confirmado que una constituyente solo será soberana en tanto se sobreponga y desplace al conjunto de los poderes del Estado y concentre en sus manos la suma del poder político. Se trata de un balance fundamental que debe tener en claro la vanguardia obrera y juvenil de cara al nuevo período que se abre.
La respuesta del Gobierno fue una brutal represión que solo logró que las movilizaciones se replicaran e incluso se profundizaran sus reclamos ya que las y los estudiantes sumaron al pliego de demandas la exigencia de la renuncia del ministro de educación, Marco Antonio Ávila. Han logrado también avanzar en un aspecto fundamental: la unidad organizativa y el levantamiento de un petitorio único. Los días siguientes a las protestas callejeras se sumaron evasiones masivas en estaciones del metro en Santiago que afectaron su funcionamiento por horas y se verificaron protestas en otros puntos del país (en Valparaíso miles marcharon al Congreso). Al igual que Piñera, Boric desatiende los reclamos y responde con gases, carros hidrantes, detenciones y querellas del Ministerio del Interior contra estudiantes. Las organizaciones y coordinadoras de lucha de activistas y trabajadores debemos acompañar la lucha de lxs estudiantes hasta su triunfo, Esto significaría asestar una derrota importante al Gobierno y a la oposición derechista en sus planes para cerrar la crisis política en sus términos.
La independencia política es central. Importantes sectores del movimiento popular y de lucha, han sucumbido a la política de cooptación desenvuelta por el Gobierno, como por ejemplo muchas organizaciones del movimiento de mujeres, siendo la Coordinadora Feminista 8M de Santiago donde se verificó con mayor cabalidad esta orientación nefasta para nuestros intereses de clase.
El cuadro de conjunto nos plantea el desafío de oponerle al pacto de los partidos del régimen de los 30 años, la unidad obrero- estudiantil para conquistar todas nuestras demandas. No podemos seguir esperando, mientras la crisis se profundiza aceleradamente en el marco del descalabro de la economía mundial, está siendo descargada sobre nuestras espaldas. Mientras, el gran empresariado y el capital financiero siguen con sus negocios asegurados y la posibilidad de fugar sus utilidades garantizada por el Estado. Ninguna respuesta a nuestras urgencias vendrá de quienes están conspirando contra nuestros intereses. Marchemos hacia un Gran Acuerdo Nacional de Trabajadorxs, para coordinar nuestras luchas y construir una alternativa independiente de las y los explotados.
