La rebelión fiscal es social y política

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La rebelión de comerciantes en la serrana Carlos Paz no es solamente el reflejo de la bancarrota comercial que siguió como a su sombra al derrumbe del plan Cavallo; la mayor parte del récord histórico de quiebras judiciales que registró 1996 responde al pequeño y mediano comercio. Ocurre que esta rebelión pone también al desnudo la imposibilidad de seguir pagando la deuda externa, el agotamiento del sistema impositivo basado en los impuestos al consumo y, por último, la inviabilidad de los ajustes que impone el FMI. Una comprensión adecuada de estos asuntos permitiría unir la lucha de los trabajadores y de los comerciantes, que revistan en polos opuestos en el mercado de consumo, en torno a objetivos comunes.


 


La deuda externa


 


Los intereses de la deuda pública consumen el 15 por ciento del presupuesto nacional, ya que representan 6.000 millones de dólares sobre ingresos calculados en aproximadamente 40.000 millones. Este porcentaje deberá crecer todavía más en los próximos años, como consecuencia de la constante refinanciación de que es objeto el pago de los intereses y del capital de la deuda, así como de la previsión de una suba de las tasas de interés en el mercado internacional.


 


En las actuales condiciones no existe ninguna posibilidad de modificar estas perspectivas, debido a que la refinanciación creciente de los intereses y de los capitales de las deudas externas de los diferentes países constituye el negocio más lucrativo del capital internacional. Mientras persista la llamada abundancia de liquidez, el gran objetivo de los capitales bancarios consistirá en colocar empréstitos de los países incapacitados de pagar sus deudas externas en las diferentes Bolsas del mercado mundial, porque mediante ellos obtienen jugosas comisiones, que son mayores cuanto mayor es el riesgo del país que coloca esa deuda, o sea cuanto mayor es su insolvencia.


 


La transformación del antiguo método de los préstamos bancarios en el más novedoso de la compra de títulos por parte de los fondos de pensión y de inversiones, permite al capital bancario que se encarga de colocar los empréstitos, transferir el riesgo de la operación hacia los bolsillos de la pequeña burguesía. Una bancarrota en el mercado de títulos entrañaría una inmediata confiscación en masa del dinero que la pequeña burguesía internacional tiene depositada en los fondos especulativos, y lo mismo vale con los aportes compulsivos de los trabajadores en los fondos de pensión de la jubilación privada.


 


Para la gran burguesía, la presión impositiva representa un problema menor, en particular porque ella es la que más se beneficia con la especulación aplicada a la deuda pública; lo que obtiene por aquí supera por lejos lo que pueden sacarle por allá. Interesada en el crecimiento de las cotizaciones de los títulos en su poder, es partidaria entusiasta de exprimir impositivamente a la pequeña burguesía y permitir con ello que el gobierno pague su deuda pública. La gran burguesía goza también de numerosas exenciones, como por ejemplo el reintegro de impuestos para los exportadores o la sistemática rebaja de las cargas sociales.


 


En lo que hace a la evasión fiscal, ella es la principal beneficiaria. Primero, porque toda venta en negro en el mercado consumidor final tiene siempre como contrapartida una compra en negro del comerciante final al mercado mayorista y al industrial. Segundo, porque los grandes capitalistas tienen medios de presión infinitamente más poderosos para evadir impuestos por medio del contrabando, si se trata de la importación; por medio de la sobrefacturación, cuando se trata de cobrar reintegros a la exportación; por medio de las operaciones financieras, cuando se trata de blanquear dinero ilegal. El reciente descuento en los bancos, por parte de la DGI, de los pagarés firmados por los contribuyentes morosos, puso al desnudo otro gran negocio de la gran burguesía a expensas de los pequeños comerciantes y del fisco, porque le permitió sacar suculentos intereses gracias a las urgencias fiscales del gobierno.


 


La deuda pública constituye, de este modo, la base de una gigantesca máquina de exprimir que, por intermedio del Estado, permite la confiscación económica de los trabajadores y de la pequeña burguesía comercial por parte de la gran burguesía nacional e internacional.


 


El IVA


 


No es casual que la rebelión fiscal de Carlos Paz tenga que ver con el IVA y con las facturas que deben registrarlo. En medio de un derrumbe del consumo personal y de fuertes tendencias deflacionarias, el incumplimiento del IVA es un recurso del pequeño comercio para hacer frente a la competencia del más grande. La tasa del 21 por ciento de este impuesto es absolutamente confiscatoria, pues significa literalmente que el fisco se queda con el mismo porcentaje del ingreso o salario de los trabajadores. La evasión de semejante porcentaje reduce enormemente el costo del giro comercial.


 


La generalización virtual del IVA a partir del gobierno de Menem fue una pieza fundamental del gran negociado de la deuda pública, porque permitió financiar el presupuesto con la plata de los consumidores. Los capitalistas jamás hubieran admitido pagar ellos la deuda externa con impuestos al patrimonio y a las ganancias. El enorme crecimiento del gasto público y del déficit fiscal en estos años menemistas se debieron a la implantación del IVA, que permite financiarlos a costa de los trabajadores. La nula percepción de los impuestos a la riqueza, ganancias o inmobiliarios rurales (de parte de las provincias), revela que la gran burguesía no tiene la intención de poner un peso para solventar a su propio Estado, de manera que la carga de la especulación financiera deberá ser bancada integralmente por los consumidores.


 


La enormidad de la evasión del IVA desnuda la mentira que se dijo cuando se justificó este impuesto con el argumento que era de fácil percepción y difícil evasión. Aunque el incumplimiento fiscal tiene que ver con el hundimiento del consumo personal y la deflación, sería imposible implementarlo sin la complicidad de la cadena hacia arriba del circuito comercial, o sea, los mayoristas y la gran industria.


 


La gravedad de la situación puede medirse con este simple dato: en medio de una recesión de la que el oficialismo afirma querer salir mediante la reactivación de la construcción, el gobierno acaba de llevar al 21 por ciento el IVA que se aplica a los créditos hipotecarios. Lo hizo por exigencia del FMI, en cuyo último memorándum también se insiste con el despido masivo de empleados públicos, con el desmantelamiento de los institutos técnicos y con la rebaja de salarios mediante un nuevo estatuto de la función pública todo, con el fin de seguir aumentando el negociado de la deuda pública. Hace pocas semanas, este mismo gobierno había derogado un impuesto bancario en beneficio de la obra social del gremio, ¡porque decía que encarecía los créditos!


 


Es incuestionable que los ajustes fondomonetaristas, para expandir los excesos especulativos, han dejado de ser viables. Junto al no pago de la deuda externa se impone una barrida general del actual sistema impositivo que confisca a los consumidores. Este programa es incompatible con la continuidad del menemismo o de cualquier otro gobierno que responda a los grandes capitalistas, sean nativos o extranjeros.


 


Rebelión y programa


 


El examen de las condiciones económicas y sociales que caracterizan a la situación actual, permite entender la profundidad de la rebelión fiscal en una zona relativamente cheta como Carlos Paz, donde los inspectores de la Impositiva fueron echados a patadas de los locales comerciales. Los comerciantes organizaron una cadena telefónica y hasta una red de piquetes para enfrentar colectivamente a los inspectores. Una asamblea nacional de comerciantes, que sesionará en Carlos Paz el jueves 16, deberá debatir un apagón nacional de protesta e incluso una huelga impositiva. En la zona serrana, el comercio tuvo una quiebra del orden del 40 por ciento y hasta se conoció el suicidio por razones económicas de 14 comerciantes (Clarin, 13/1).


 


La clase obrera no tiene ninguna necesidad de solidarizarse económicamente con los comerciantes de cualquier tamaño para intervenir decisivamente en esta crisis. Es que ella pone al desnudo el carácter antiobrero de la deuda externa, de los impuestos al consumo, de los compromisos con el FMI y del gobierno menemista y sus cómplices opositores; no es para nada una casualidad que la oposición le eche agua a la rebelión fiscal y que la vanguardia de la represión anti-comercial esté representada por el radical cordobés, Mestre.


 


Llamamos a aprovechar la oportunidad que brinda esta crisis para reclamar el cese del pago de la deuda externa; la nacionalización de los pulpos bancarios y de los fondos de pensiones; la derogación de todos los impuestos al consumo y el establecimiento equivalente de impuestos a las ganancias y al patrimonio; el repudio a los acuerdos con el FMI, y un aumento general de los salarios.


 


La rebelión fiscal plantea de nuevo la cuestión política de acabar con el gobierno menemista. El conjunto de estos objetivos exige preparar la huelga general indefinida y convocar a un congreso de base de los trabajadores.

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