Actualmente, Argentina se encuentra inmersa en una enorme (y temida) crisis sanitaria. La pandemia del coronavirus en nuestro país ingresa en una etapa superior, dominada por casos diarios por encima de los 35 mil, números que a esta altura el año pasado eran poco imaginables. Nos codeamos con Uruguay y Paraguay en los primeros puestos del ranking de fallecimientos nuevos por millón de habitantes, aunque, en términos de casos, ya somos el país con mayor cantidad por habitante de Sudamérica, superando incluso a Brasil.
Según la Organización Mundial de la Salud, al menos la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud básicos, y aproximadamente 100 millones son arrastrados a la extrema pobreza por tener que pagar de su propio bolsillo los servicios de salud. Es innegable que la pandemia ha puesto de relieve las limitaciones preexistentes del “derecho universal del acceso a la salud” y ha demostrado la inoperancia de declaraciones como la de 2012 de las Naciones Unidas, que instaba a los gobiernos a “adoptar medidas para garantizar a todos el acceso a servicios de salud asequibles y de calidad”. Resulta evidente que aquellos organismos destinados a la organización y coordinación internacional, controlados por los países más ricos, han fracasado en superar las limitaciones de la política sanitaria anárquica del capitalismo.
Desde un inicio, la vacuna contra el coronavirus se presentó como una solución real y concreta para la pandemia. La posibilidad de inocular a la gran mayoría de la población y alcanzar la famosa “inmunidad de rebaño” se empezó a discutir tempranamente, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de la crisis sanitaria que se desató a nivel mundial y la precariedad para enfrentarla de los sistemas de salud, devastados por las políticas privatistas del capital financiero. Esta colocó al desarrollo y producción de la vacuna como una necesidad imperante pero que, sin embargo, encontró sus limitaciones en la propia competencia capitalista.
La dinámica de la producción de vacunas en el capitalismo
Hoy en día, más del 75% de las dosis se administraron en solo diez países (La Vanguardia, 24/5/21). Estados Unidos ha comprado 1.500 millones de dosis con una población de 330 millones, lo que supone más de dos vacunas para cada habitante. Lo mismo repitió la Unión Europea, que compró 2.000 millones para su población de 446 millones. Así y todo, con la llegada de dosis y el desarrollo de más y nuevas vacunas, en lo que va de 2021 ha habido más muertes y casos que en todo 2020, lo que indica, por un lado, lo deficitario de las campañas de vacunación en el mundo. La aparición de nuevas variantes del virus, la permeabilidad de fronteras, el déficit de confinamientos y testeos, se expresa en nuevas olas en países ya afectados o en nuevas regiones. Incluso se vio en países que han logrado inmunizar a la mayoría de su población, como ocurrió en el caso de las Islas Seychelles, que hace unas pocas semanas atravesó un nuevo colapso sanitario incluso luego de vacunar al 60% de sus habitantes. Singapur, coronado por la agencia Bloomberg como “el mejor lugar para vivir durante la pandemia”, por estos días establece un nuevo confinamiento estricto al registrar rebrotes sin un origen conocido (Agencia EFE, 15/5/21).
Esto no significa que las vacunas no funcionen; de hecho, la gran mayoría que se está utilizando (Sputnik V, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, etc.) es altamente eficaz para evitar las formas graves de la enfermedad y las hospitalizaciones. Pero la eficacia disminuye si hablamos de evitar los contagios, por lo que el enviar masivamente a la escasa población vacunada a trabajar no disminuyó la circulación del virus. La ausencia de una coordinación entre países para organizar una campaña común de lucha contra el Covid-19 evidencia una tendencia general capitalista que consiste en privilegiar la producción y la actividad económica en general por sobre los requerimientos más básicos de la salud de la población.
Para los gobiernos, la urgencia de la vacunación radicaba en el hecho de que les permitiría flexibilizar -o eliminar- las cuarentenas implementadas durante 2020 (muchas de ellas fallidas por las sucesivas flexibilizaciones y falta de medidas acompañantes), ayudándoles en la búsqueda de la recuperación económica en una era donde la recesión es la regla. Lejos de intentar una producción planificada y campañas de vacunación intensivas que garanticen la salud de la población, los gobiernos adoptaron programas dirigidos a proteger sus propias economías. La primacía del beneficio capitalista, con su secuela de distribución desigual y anárquica de las vacunas, tiene como resultado un ritmo lento y asistemático de vacunación en la mayoría de países de ingresos medios o bajos, donde en muchos directamente no han comenzado.
Los retrasos en las entregas mostraron las desigualdades en la repartición y las prioridades que mantenían los laboratorios para con los países donde residen sus casas matrices y de los que reciben la mayor ayuda financiera, entre lo que se incluyen subsidios multimillonarios para la investigación y producción. El laboratorio AstraZeneca, líder mundial en acuerdos previos a la compra con nada menos que 1.520 millones de dosis ofertadas (Perfil, 11/2/21), se metió de lleno en un conflicto con la Unión Europea por reducir las entregas del primer trimestre de 2021 en un 60%, es decir 180 millones menos de las 300 millones acordadas. No fue el único laboratorio con retrasos. A finales de 2020, Pfizer anunció una reducción a la mitad de las dosis prometidas; lo mismo sucedió con la vacuna Sputnik V, justo cuando se empezaron a coordinar los envíos hacia Argentina, que tuvieron que rearmarse a solo seis días de firmado el contrato.
La desproporción entre la producción y la demanda creciente fue, a su vez, agravada por los errores en los primeros lotes de las vacunas, resultado de los tiempos apresurados en el desarrollo y la aprobación de las vacunas impuestos por la expectativa de los centros del capital financiero internacional en el repunte económico. Es decir que desde finales del año pasado y principios de este se ha visto a los laboratorios asumir compromisos que no pueden cumplir. La cuestión de fondo es que un puñado de farmacéuticas, que desarrolló y tomó control de las patentes, no puede abastecer la alta demanda internacional. Esto, sin embargo, no desalentó a los Estados capitalistas a firmar contratos confidenciales en términos de precios y cronogramas de envíos, y a entregar leyes nacionales de blindaje ante eventuales efectos adversos. En el caso de Argentina, desde noviembre de 2020 no se puede demandar casi por ningún motivo a los proveedores de vacunas contra el Covid-19, gracias a la aprobación de la Ley 27.573.
El conflicto entre AstraZeneca y la Unión Europea derivó en pedidos de allanamientos de las plantas y la amenaza por parte de la presidenta de la Comisión Europea de prohibir las exportaciones de las vacunas fabricadas en Bélgica (France 24, 26/3). Hasta ahora, AstraZeneca solo ha enviado 50 millones, lo que estaría generando su expulsión del mercado europeo y una mayor entrada de la empresa estadounidense Pfizer, con quien Europa acaba de firmar el mayor acuerdo del mundo por vacunas desde que inició la pandemia: 900 millones de dosis con envíos hasta 2023, con la posibilidad de duplicarlas (El País, 22/5/21).
Este conflicto y el reciente anuncio de una demanda judicial contra AstraZeneca, junto con la denuncia de que el laboratorio prioriza las entregas hacia Reino Unido, pusieron sobre la mesa que el telón de fondo en la comercialización de las vacunas es la guerra comercial. La batalla por ver qué países se llevan la mayor cantidad de dosis está íntimamente relacionada con las presiones por una rápida aprobación de los organismos de regulación de medicamentos nacionales, y los subsidios y financiamiento a las empresas. Un reciente estudio revela que el 97% de la inversión para desarrollar la vacuna de AstraZeneca fue con fondos públicos, provenientes en su mayoría del gobierno de Reino Unido y equivalentes a 45 millones de euros (El País, 16/4/21). De esta manera, las burguesías nacionales utilizaron las contribuciones como mecanismo para asegurarse el aprovisionamiento de vacunas por sobre el resto de los países, ignorando las necesidades de cada región de acuerdo con su situación epidemiológica. El hecho de que Reino Unido haya sido el primer país en aprobar el uso de emergencia de una vacuna, y que esa vacuna haya sido la de AstraZeneca, respalda esa presunción.
Pfizer, importante empresa productora de vacunas contra el Covid-19, en cambio, negó haber recibido dinero cuando fue “acusada” de tener ligazones con el gobierno de Estados Unidos; sin embargo, su socio BioNTech sí recibió subsidios del Estado alemán por 400 millones de euros (BBC, 18/12/20). Más allá de si Estados Unidos financió o no a Pfizer, lo cierto es que le aseguró un negocio multimillonario al haber comprado las primeras 100 millones de dosis por 2.000 millones de dólares (Bloomberg, 9/11/20). Por lo que se deduce que las ganancias de los dos principales grupos farmacéuticos se hicieron sobre la base del asegurado de compra de los países imperialistas. El beneficio capitalista de estos monopolios reside no sólo en la venta del producto, sino en la disparada del valor de sus patrimonios y de sus acciones. En este sentido, las ganancias comunicadas por Pfizer en el primer trimestre de 2021 fueron de 4.880 millones de dólares y 4.060 millones de euros, un 45,4% más que hace un año (La Vanguardia, 4/5/21). Por su parte, AstraZeneca obtuvo un beneficio neto de 1.562 millones de dólares, 108,2% más que el año anterior durante el mismo período (El País, 30/4/21), incluso cobrando a precio low cost durante la pandemia. La cotización de sus acciones en las bolsas internacionales acompañó este enriquecimiento: incrementaron su valor de mercado en casi 90.000 millones de dólares en 2020. El ejemplo testigo de la especulación capitalista en torno del desarrollo y el aprovisionamiento de las vacunas fue el salto en las bolsas norteamericanas en diciembre de 2020, luego de que Pfizer anunciara un 90% de eficacia para su vacuna, lo cual fue festejado por el mismísimo Trump, por aquel entonces presidente de Estados Unidos. Con la misma lógica, las acciones cayeron ante el pronunciamiento de Biden “en favor” de la liberación de las patentes, entendido como un golpe para el capital farmacéutico. Estas alzas y bajas especulativas en las bolsas demostraron no tener nada que ver con el desenvolvimiento de la economía mundial, en tanto alcanzaron niveles récords durante 2020 mientras la segunda se desplomaba (BBC, 4/1/21).
De esta manera, un puñado de laboratorios se garantizó el monopolio de la vacuna, utilizando el financiamiento y los subsidios de los Estados, las promesas de compras, las patentes desarrolladas y los contratos confidenciales. Estos últimos profundizaron la especulación, allanándole el camino a las farmacéuticas para establecer precios diferenciales según cada país. Hoy estos acuerdos se encuentran en discusión, particularmente para la Unión Europea, quien luego de la experiencia de los primeros contratos está entablando un proceso de endurecimiento de los mismos, que incluiría un cronograma de entregas más específico, penalizaciones en caso de incumplimientos y la exigencia de que los componentes utilizados provengan de territorio europeo (El País, 22/5/21).
En pocas palabras, un enorme negocio de la tenebrosa y poderosa industria farmacéutica, con ganancia asegurada, sin riesgo de pérdidas y totalmente independiente de las necesidades sanitarias reales de los países y sus pueblos, según su nivel de riesgo, su condición económica y sus recursos.
El rol de Argentina en el mercado mundial de vacunas
Como se mencionó previamente, para la Argentina, los contratos leoninos vinieron de la mano de leyes de blindaje diseñadas especialmente para los laboratorios. Previo a esto, la improvisación del gobierno que primó durante toda la pandemia llevó a que se anunciara la llegada de los primeros lotes de vacunas a partir de diciembre de 2020, seguido de un desembarco de 10 millones durante enero y febrero de 2021. Evidentemente, esto no sucedió, por lo que el camino hacia la segunda ola se hizo sin una campaña de vacunación masiva que pudiera evitar el actual rebrote que nos mete de lleno en “el peor momento de la pandemia”, justo cuando atravesamos los meses del invierno.
Los problemas en la producción mundial explicados previamente repercutieron en la provisión prometida para Argentina. Se compraron 54,4 millones de dosis para 27,2 millones de habitantes, a lo que más tarde se sumaron 4 millones provenientes de China, en un contrato que el gobierno firmó apresuradamente al encontrarse con menos de 8 millones de personas inoculadas debido a la constante postergación de los envíos. Desde un principio Argentina quedó relegada de las negociaciones de compras, al igual que el resto de los países dependientes, subordinados al imperialismo. Toda la primera etapa de la vacunación fue dominada por los países centrales: en Estados Unidos, por ejemplo, el 60% de su población tiene administrada al menos una dosis y ya se inmunizó al 85% de los mayores de 60 años. De hecho, aquellos habitantes que están vacunados no están obligados a utilizar mascarilla ni a guardar la distancia social (El País, 13/5/21). Han logrado ahora un ritmo de 2 millones de aplicaciones diarias (Infobae, 23/5/21). Semanas atrás, el presidente Joe Biden reconoció un “excedente” de 60 millones de dosis de AstraZeneca, vacuna no aprobada aún en el país estadounidense (BBC, 27/4/21).
Europa, por su parte, con su último contrato firmado, espera inocular a la mitad de los adultos mayores para finales de septiembre. Ambos absorbieron la mayor parte de la oferta de vacunas, dejando al resto del mundo para competir por las restantes. El gobierno argentino, subordinado al FMI y al capital financiero, pelea por las sobras de un mercado dominado por el G20. La burguesía nacional argentina, quien ha profundizado en el último tiempo sus lazos con el FMI y los bonistas, sin dudas, no ha sido la más apta a la hora de negociar una de las cuestiones más reclamadas por el mundo y es por eso que se le han impuesto condiciones de todo tipo y color, y se han retrasado las entregas de vacunas meses enteros, cuyo pago fue mayormente adelantado.
El contrato más significativo en ese sentido es el que mantiene el Estado argentino con AstraZeneca: se compraron 22,4 millones de dosis por más de 92,6 millones de dólares, de las cuales ya se pagó el 60% (Clarín, 24/4/21). Sin embargo, recién el lunes 24 de mayo arribaron las primeras 843.600, siendo que por el cronograma estipulado en el acuerdo deberían haber arribado por lo menos 6 millones. El problema central del retraso sería -se dijo- la falta de componentes para su envasado en la planta Liomont de México, que se encarga de dicho proceso y que recibe los principios activos de la vacuna desde el laboratorio mAbxience del Grupo Insud, de Hugo Sigman, ubicado en Garín, provincia de Buenos Aires. Esto generó una acumulación de dosis en ambas plantas durante varios meses (BBC, 29/4/21).
Más de 200 personalidades argentinas y expertos en la cuestión de las vacunas plantearon que nuestro país posee toda la capacidad productiva para realizar el proceso de envasado en el país, ya sea en el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC o el Instituto Biológico Tomás Perón de la Plata, ambas plantas públicas, así como otras tantas privadas a lo largo y ancho del país. El Partido Obrero, y luego el Frente de Izquierda, dieron a este pronunciamiento la forma de una verdadera campaña política por la liberación de las patentes y la incautación de la producción nacional de vacunas que se va al exterior. La campaña del Frente de Izquierda Unidad incluyó manifestaciones en las calles, entre ellas actos en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Argentina por la liberación de las patentes y de los medicamentos, así como en la puerta del laboratorio mABxience de Sigman para reclamar la incautación de las dosis que se encontraban retenidas allí, junto con la intervención de la fábrica y otras plantas en el país para completar los procesos de envasado y masificar la producción. También movilizaciones hacia el Ministerio de Salud, donde se presentaron las miles de firmas conseguidas en apoyo a estos puntos y la presentación de un proyecto de ley en el Congreso Nacional, haciendo especial hincapié en la liberación de las patentes y en el desarrollo de una producción nacional. Es un programa que se enlazó directamente con la centralización del sistema sanitario, es decir de los hospitales, centros de salud, laboratorios e institutos de investigación, bajo control de los profesionales de la salud y de la clase trabajadora.
Aunque el gobierno nacional intentó encubrir la capacidad de Argentina de producir las vacunas, la noticia del inicio de la fabricación de la totalidad de la vacuna de Sputnik V en los laboratorios Richmond en Argentina se encargó de desmentirlo. Lo mismo revelaron las posteriores reuniones que Carla Vizzotti sostuvo con el embajador de Reino Unido en nuestro país, Mark Kent, donde solicitó comenzar a fabricar la totalidad de las vacunas de AstraZeneca (Prensa Obrera, 4/5/21). Este proceso también caería en manos de Sigman, magnate farmacéutico y fundador del Grupo Insud, quien además está profundamente conectado al gobierno de Alberto Fernández, como también lo estuvo al de Cristina Fernández de Kirchner. Durante los años de su gobierno, CFK se encargó de financiar la instalación de una de sus plantas de Sinergium Biotech mediante un subsidio por 79 millones de pesos en el marco del Crédito Bicentenario. También está vinculado a Juan Manzur, gobernador de la provincia de Tucumán, con quien en 2009, siendo este último ministro de Salud, acordó la transferencia de tecnología a cambio de que se le garantice el monopolio de la compra de la vacuna contra la gripe A H1N1 por parte del Estado durante diez años. No solo eso, sino que a inicios de 2020 Sigman celebró la inauguración de su planta en Garín (la misma que retuvo dosis de AstraZeneca) en un acto en conjunto con Alberto Fernández, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el intendente de Escobar (Prensa Obrera, 20/4/21). La escasez de vacunas y los problemas en la producción que el gobierno y los laboratorios utilizaron para justificar los retrasos, en realidad, tuvieron su causa fundamental en la defensa de los contratos y negocios entre farmacéuticas y el Estado nacional, que en ninguna circunstancia realizó algún tipo de denuncia o intentó garantizar las dosis compradas para su población mediante la intervención del laboratorio o la confiscación de las dosis que le pertenecían. El armado del negocio de la fabricación en nuestro país se hizo sobre la base de amiguismos y la protección de las ganancias de los pulpos farmacéuticos, relegando la campaña pública de vacunación.
La liberación de las patentes
En nombre de “preservar la propiedad intelectual y el patrimonio de investigación”, los laboratorios tomaron control absoluto de las patentes desarrolladas. Un monopolio armado de la mano de los Estados, quienes garantizan el “derecho de exclusividad” y el acaparamiento de la demanda internacional.
Pero la situación con respecto a las patentes dio un giro cuando Biden se pronunció a favor de su liberación temporal (The New York Times, 6/5/21). De esta manera, se sumó al pedido encabezado por Sudáfrica e India, tanto en la Organización Mundial de la Salud (OMS) como en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las declaraciones del presidente estadounidense no sólo provocaron la caída de las acciones de las empresas en las bolsas internacionales, sino también una avalancha de pronunciamientos de jefes de Estado. Mientras la Unión Europea dijo estar lista para “avanzar en la discusión”, Angela Merkel, canciller alemana, rechazó la propuesta, y Emmanuel Macron, primer ministro de Francia, se posicionó a favor, aunque con reservas.
El giro de Biden resultó sorpresivo y se ganó la denominación de “decepcionante” de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (IFPMA). Vale recordar que el gobierno de Estados Unidos hasta el momento había sido un extraordinario aliado del capital farmacéutico en su defensa de las patentes. También había contribuido prohibiendo las exportaciones de vacunas producidas en su territorio hasta el 29 de abril de este año, cerrando las ventas de insumos clave para la fabricación y el envasado, y reteniendo millones de dosis almacenadas por no estar habilitadas a aplicarse allí. Teniendo en cuenta estos elementos, es evidente que el giro del estadounidense Biden responde a la agudización de la situación sanitaria y la pandemia a nivel mundial, la cual en los primeros días de mayo alcanzó su pico histórico de contagios diarios de coronavirus (Our World In Data). La aparición de nuevas cepas más virulentas acrecienta el dramatismo del cuadro. En este marco, el pronunciamiento de Biden responde a la preocupación capitalista por evitar una mayor caída del mercado mundial y encaminarse cuanto antes a la “normalización” de la vida económica y el aparato productivo.
A esto se suma el hecho de que el coronavirus está avanzando particularmente sobre India, quien se consagró como el epicentro de la pandemia, superando recientemente las 300.000 muertes. Al mismo tiempo se desempeña como el mayor productor de vacunas a nivel mundial, fabricando en este momento no menos del 70% de las dosis del mundo. Aunque el Serum Institute of India tenga potestad (y capacidad) para fabricar millones de dosis de AstraZeneca para 64 países, el porcentaje de vacunación de la población india es bajísimo: cerca del 10%. Este desfasaje entre las vacunas producidas y la población inmunizada llevó a que el gobierno de India decida cerrar las exportaciones de las dosis y reservarlas para su propia población, agudizando los retrasos en las entregas para el resto del mundo. Es la misma tendencia que fue defendida por Estados Unidos, China, Italia y otras regiones de Europa.
También hay que tener en cuenta los insumos y componentes necesarios para fabricar las vacunas. La empresa Pfizer, por ejemplo, declaró necesitar 280 componentes de 86 proveedores en 19 países. El monopolio sobre esa producción no se resuelve con la liberación de patentes. Estados Unidos bloqueó durante gran parte de 2020 y 2021 la exportación de materias primas e insumos amparado en una ley de protección nacional, creando los famosos “cuellos de botella” (Bloomberg, 27/4). Estos fueron, en parte, culpables de los retrasos que llevaron a que AstraZeneca no entregará las dosis a Sudamérica y a la Unión Europea. En el caso de Sudamérica, las dosis acumuladas en los laboratorios Liomont en México debieron ser enviadas a las plantas estadounidenses para terminar el proceso de envasado y recién desde mayo se están enviando a Argentina a cuentagotas. También es por esta razón que la Unión Europea pide en sus nuevos contratos que todos los insumos y compuestos provengan de territorio europeo, de manera de saltear esos bloqueos.
Incluso aunque se tenga acceso a las patentes y los insumos, se necesita de la tecnología, la cual se adquiere a través de un proceso llamado “transferencia”. Esta incluye el pasaje de todos los conocimientos, habilidades, métodos de fabricación e instalaciones necesarias. La complejidad de dicha transferencia depende del tipo de vacuna que hablemos, pero que Argentina tenga capacidad para producir tanto la vacuna Sputnik V cómo la de AstraZeneca o la Sinopharm demuestra que es alcanzable para nuestro país. Obviamente, requiere una gran inversión de capital por parte de los Estados para acondicionar sus laboratorios, muchos de ellos en bancarrota, lo que fomentaría el endeudamiento con las mismas potencias que hoy poseen el monopolio de las patentes y de las materias primas. Esto mismo sucedió en 2007, cuando Estados Unidos subvencionó a seis países a través de la OMS para la transferencia de tecnología necesaria en la vacuna antigripal.
Otro elemento importante es que la liberación propuesta por Biden es temporal, que en combinación con la posible anualidad de la administración de la vacuna (como lo son tantas otras, incluida la gripe estacional), deja entrever la pulseada de los laboratorios y los Estados acompañantes por insertarse en los distintos mercados, ya que “los grandes laboratorios que tienen el capital y la tecnología desarrollada producirán a gran escala en todo el mundo, comprometiendo a los países con una fórmula y un laboratorio en particular” (Prensa Obrera, 6/5/21). De esta manera, el gobierno de Biden podría enfrentar la injerencia creciente que Rusia y China vienen presentando en el mercado internacional de vacunas. Aún no está claro cuál sería el alcance real de la medida, pero ya se vislumbra que la OMC será el escenario de nuevas disputas por el reparto del mercado mundial entre potencias enfrentadas. Esta debe ser entendida como una nueva etapa de la guerra comercial, lejos de su superación.
Una vacuna al servicio de la clase trabajadora
Según trascendió, Europa “donaría” 100 millones de dosis fabricadas en su territorio a países de bajos ingresos (Agencia EFE, 21/5/21). Por su parte, Estados Unidos anunció en la última reunión del G7 que donará 500 millones de vacunas de Pfizer a 92 países de ingresos bajos y medios “sin condiciones, presiones o potenciales concesiones”, a las que se sumarían otras 80 millones que incluirían dosis de Moderna y de Johnson&Johnson. Estas últimas tendrían como prioridad América Latina, particularmente a Honduras, luego de que el país centroamericano amenazó con cortar lazos con Taipéi y dejar de reconocer a Taiwán como una nación soberana con el fin de acceder a la vacuna china. Por lo que lo de sin condiciones o presiones es, de mínima, una ficción empleada por los países imperialistas para asegurar el ingreso de sus empresas y burguesías nacionales a los mercados extranjeros.
Argentina quedaría fuera de ese esquema, sentenciada por haber priorizado contratos con China y Rusia y no haber avanzado en un acuerdo con Pfizer u otro laboratorio estadounidense, incluso aunque esta “donación” se dé a través del mecanismo Covax de la OMS, al cual nuestro país está suscrito. La iniciativa Covax busca, supuestamente, asegurarse de que los países del mundo con menor capacidad para encabezar negociaciones con los laboratorios puedan, de todas maneras, acceder a vacunas y así garantizar una “distribución equitativa”. Si ése es su fin, es un ejemplo claro del fracaso de los organismos de coordinación internacional, como mencionamos al inicio del artículo. Un informe hecho por Harris Gleckman (exfuncionario de la ONU) ha demostrado que, lejos de ser una alianza entre países -actualmente participan más de 190-, en realidad funciona más como un banco mundial que le facilita las transacciones a las empresas farmacéuticas, sin cuestionar los precios o condiciones, y sin tocar las patentes.
Una de las vías de financiamiento que utiliza para acordar con los países de economías de rentas bajas y medias, llamada Compromiso Anticipado de Mercado, implica un endeudamiento a través de “convenios de reparto de costos”, los cuales pueden devenir de los presupuestos nacionales de los países receptores, de préstamos Covid del Banco Mundial o de otros acreedores financieros. Son estos los 92 países que recibirán las 500 millones de dosis de Estados Unidos. De hecho, todas las operaciones que lidera Covax implican un endeudamiento con distintos acreedores. Dentro de sus principales financistas se incluye a los gobiernos; cinco de ellos proveen el 63% de las donaciones gubernamentales: Canadá, la Comisión Europea, Francia, Alemania y Arabia Saudita. Es interesante cómo el Banco Europeo de Inversiones le extendió un crédito por 400 millones de euros y un préstamo 842.300 millones de dólares a cuenta de “bonos de vacunación”, organizados por otra entidad llamada Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización. Así, Covax termina actuando como un Fondo Monetario Internacional pero de vacunas, ya que, como con otros bonos y préstamos, los fondos deberán devolverse con intereses. No solo se ocupa del financiamiento, sino que tiene la potestad de designar un grupo de organizaciones para que se encarguen del almacenamiento de las vacunas, su distribución interna e incluso el propio proceso de vacunación. De hecho, en sus documentos no hay obligación ni siquiera de que participe el sistema de salud nacional del país en cuestión. Es decir que, lejos de tratarse de una organización multilateral entre países, implica un armado para replicar en todo el mundo las mejores condiciones de negocios, tanto para laboratorios como para acreedores, ya sean estos gobiernos o no.
Por otro lado, los Estados han participado activamente en el financiamiento de la investigación y el desarrollo de las vacunas, tanto de manera directa como indirecta. Por ejemplo, en Argentina, distintos laboratorios (entre los que se incluyen CanSino Bio y Pfizer) utilizaron institutos de investigación nacionales y profesionales formados bajo la educación pública argentina para llevar adelante sus ensayos clínicos, es decir que utilizaron fondos públicos y conocimientos previamente adquiridos por nuestros equipos de ciencia y técnica. Es claro, entonces, que el desarrollo y la producción han adquirido un importante componente social, que implica conocimientos previos, tecnología aportada por los Estados y cierta coordinación entre distintos países por la obtención de componentes y materias primas. El hecho de que se hayan podido desarrollar en pocos meses varias decenas de vacunas y llevar adelante una producción masiva implica un enorme desarrollo de las fuerzas productivas. Sin embargo, esta característica social de la producción es contradictoria con la apropiación de esta por parte de monopolios cada vez más grandes y concentrados, punto desarrollado extensamente en este artículo, y allí es donde encuentra sus limitaciones para encarar un proceso que garantice la rápida inmunización de la población mundial. Así es como se hizo más presente que nunca la rivalidad entre los Estados y las características imperialistas de la etapa, donde un puñado de países prevalece por sobre el otro, incluso en esta crisis mundial sin precedentes. Es, en última instancia, un reconocimiento del fracaso del régimen capitalista por superar la pandemia con sus propias leyes y su incapacidad de garantizar una vacunación masiva y racional, con una producción planificada de acuerdo con las necesidades de la población.
Por detrás de la “diplomacia de las vacunas” se esconde el intento de profundizar las dependencias económicas y, ahora, sanitarias de los llamados países “emergentes”. Esta nueva etapa de la pandemia, en la que los países imperialistas han logrado resolver (al menos parcialmente) sus crisis sanitarias y alcanzado un significativo porcentaje de inmunidad, estará marcada por una intensificación de la guerra comercial en todas sus expresiones a través del reparto mundial del mercado de vacunas, pero también de tecnología y materias primas. Para el caso de las vacunas más complejas, como las que utilizan ARN mensajero (Pfizer y Moderna), el planteo de la intervención de los laboratorios cobra una relevancia superior para conseguir la tecnología, logística y capacidades de producción. Una acción que no vendrá de la mano de los gobiernos capitalistas, quienes han diseñado sus políticas sanitarias de la mano de los grandes pulpos de la industria farmacéutica, que incluso forman parte de ellos. En este sentido, no hay liberación posible de patentes, tecnología y secreto comercial sin la estatización de la industria farmacéutica y de las vacunas como bien social, y esto es tarea de gobiernos de trabajadores.
