junio 2021

Colombia, Chile, Perú: los desafíos de la izquierda latinoamericana

La extraordinaria rebelión popular que se encuentra en desarrollo en Colombia está sacudiendo todo el tablero político continental y marca la tónica del proceso latinoamericano. Es que la rebelión colombiana fue precedida por la rebelión en Paraguay en marzo de 2021, por las rebeliones en Perú y Guatemala a fines de 2020, y por importantes procesos de movilización y de lucha del movimiento obrero de Haití, Bolivia, Chile y Argentina. Sucede que, a poco más de un año del desembarco de la pandemia en América Latina, se ha confirmado que el subcontinente americano es una de las regiones más frágiles en materia sanitaria, económica y social, y su impacto en las condiciones de vida de las masas latinoamericanas terminó por desatar grandes rebeliones populares. La tendencia elemental de los pueblos a lanzarse a la lucha por su propia supervivencia terminó superando el repliegue lógico de la actividad social que genera la emergencia de una epidemia.

El fracaso del golpe en Bolivia representó la frustración de toda una tentativa contrarrevolucionaria de alcance continental. El golpe reaccionario apuntaba a cerrarle paso a la intervención de las masas latinoamericanas. Como consecuencia de ese revés, y de las significativas crisis y desplazamientos políticos que se procesan en numerosos países latinoamericanos, las burguesías y el imperialismo han puesto en marcha alternativas políticas de recambio, de tinte nacionalistas o centroizquierdistas, con el objetivo de encauzar el descontento popular en los marcos del régimen y por vías institucionales. El nuevo gobierno derechista de Ecuador y los representantes centro izquierdistas que han irrumpido en los procesos electorales de Perú y en Chile deberán demostrar si tienen la capacidad de sobrellevar la crisis pandémica y social, en el marco de una crisis capitalista histórica y ante pueblos fuertemente soliviantados, que cuestionan al conjunto de las fuerzas políticas tradicionales de sus países y reclaman efectivas transformaciones de fondo.

La tendencia a la rebelión de las masas latinoamericanas le ofrece a la izquierda revolucionaria una extraordinaria oportunidad política para avanzar en su fusión con la vanguardia obrera y juvenil del continente y, de esa manera, erigirse en alternativa de poder. Explotar esa oportunidad plantea, en primer lugar, que la izquierda se coloque en la primera línea de combate contra los gobiernos capitalistas y los ataques que lanzan contra los pueblos. En segundo lugar, que impulse el frente único de clase, que señale con claridad las maniobras distraccionistas que montan las fuerzas nacionalistas burguesas y centroizquierdistas con el objetivo de desviar las tendencias combativas de las masas, y finalmente, que ofrezca un programa obrero y socialista de salida a la crisis. Nuevamente, la defensa de la independencia política de los trabajadores adquiere una importancia crucial y se reafirma como la piedra basal de una estrategia revolucionaria en América Latina.

Desde esa comprensión es que toma toda su importancia la propuesta realizada por el Partido Obrero, dirigida al conjunto de la izquierda que se reclama revolucionaria y al movimiento obrero combativo del continente, de impulsar una Conferencia que sea la continuidad de la realizada en agosto de 2020¹ y que reunió a más de 50 organizaciones de 16 países distintos.

Tsunami viral

La segunda ola del coronavirus en América Latina se ha transformado en un verdadero tsunami. Para fines de mayo Latinoamérica acumulaba más de 30 millones de contagios y un millón de muertes por covid. Las políticas sanitarias tantos de los gobiernos derechista como de los “progresista”, llevaron a que Brasil, México y Perú se encuentren a principios de junio entre los primeros cinco países con más fallecidos por covid de todo el mundo. En términos relativos, con 177 decesos cada 100.000 habitantes, Brasil supera a Estados Unidos. Sucede que la emergencia de la “cepa Manaos” del coronavirus en el Amazonas terminó de propagarse por todo el país y el gigante latinoamericano, superando las 470 mil víctimas fatales, pasó a encabezar el ranking americano de muertes por cantidad de habitantes y se perfila para liderar el ranking mundial. En San Pablo, a causa de las muertes por coronavirus, por primera vez en 80 años cayó la expectativa de vida.

La falta de una respuesta coordinada de los Estados frente a la crisis pandémica y la monopolización de las patentes de las vacunas contra el covid por un puñado de empresas farmacéuticas, no solo puso de relieve como nunca la irracionalidad capitalista y su carácter criminal. También volvió a poner en evidencia el atraso de los países del subcontinente y su carácter semicolonial. Así lo revela el hecho de que todos los países latinoamericanos, con la excepción de Cuba, no hayan desarrollado hasta el momento vacunas propias, que sus sistemas sanitarios se vieran arrastrados al colapso como consecuencia de un largo proceso de vaciamiento, y que en la puja internacional por la apropiación de las vacunas hayan quedado completamente relegados en la distribución de las mismas en beneficio de las potencias imperialistas.

Así, el subcontinente afrontó la segunda y tercera ola de covid sin la provisión de vacunas necesarias para garantizar una inmunidad de rebaño, con los sistemas de salud exhaustos, y con gobiernos que oscilan entre una política negacionista de la epidemia, en aras de “preservar la economía”, y la toma de medidas sanitarias completamente insuficientes. Fruto de las presiones patronales, las restricciones a la concentración y circulación social, allí donde se implementan, no son acompañadas de estrictos protocolos de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y en el transporte público, y mucho menos de una centralización de los sistemas sanitarios, lo que permitiría administrar eficientemente el conjunto de los recursos sanitarios de cada país. Las restricciones tampoco han sido acompañadas con un seguro a los trabajadores informales o desocupados. Solo han existido, en el mejor de los casos, planes de asistencia social insuficientes, que terminan por empujar a esos sectores a la búsqueda de algún trabajo para poder sobrevivir. La avalancha de contagios llevó al colapso de los sistemas sanitarios de numerosos países, donde la elección forzada entre quien vive y quien muere se generalizó.

Durante 2020 América Latina sufrió un derrumbe económico equivalente a 7 puntos porcentuales del PBI. Fue el retroceso económico más pronunciado del mundo. Duplicó la media mundial, que se ubicó en un caída del 3,3%. Según la CEPAL², el ranking fue liderado por Venezuela, con una caída del -30%, seguido por Perú con -12,9%, Paraná con el -11%, Argentina con el -10,5%, México con el -9%, Ecuador con el -9% y Colombia con el -8%. Por este motivo, en su informe de abril de 2021, el FMI estipuló que el subcontinente alcanzará el ingreso per cápita previo a la pandemia recién en 2024³. Para este año, el Fondo estipula un crecimiento del PBI del 4,6%, por debajo del promedio global proyectado para el mismo período, que ronda en el 6%. Las dificultades de una recomposición económica tienen lugar a pesar de la fuerte alza de los precios de las materias primas, de las cuales son fuertemente dependientes las economías y los Estados latinoamericanos.

Según lo indica un informe de la CEPAL⁴ de abril de 2021, el derrumbe de las economías latinoamericanas en 2020 redundó en una caída de los ingresos públicos en un 0,5 por ciento del PBI. Aunque esta contracción tuvo su incidencia, el alza de 3,3 puntos porcentuales del PBI del gasto público, que en su mayor parte se destinó al rescate de grupos capitalistas, fue el factor clave que disparó el déficit primario. Si a eso se le suma el pago de los intereses de las deudas públicas los déficits fiscales crecen enormemente. En Brasil el déficit primario rondó en el 10% del PBI, pero el déficit global asciende al 13,8%. En Colombia se pasa del 4,9 al 7,8%, en Ecuador del 4,2 al 7,7%, en Perú del 6,9% al 8,4%, en El Salvador del 5% al 9,2% y en Panamá del 6,6% al 9,2%, solo para dar algunos ejemplos. Los déficits fiscales fueron los que empujaron a los gobiernos a impulsar una fuerte política de endeudamiento durante todo 2020. El mismo informe de la CEPAL indica que, al cierre de 2020, la suma de las deudas públicas de los países del subcontinente equivalía al 56,3% del PBI de América Latina, una cifra 10,7 puntos porcentuales superior a 2019. El ranking de endeudamiento está liderado por Argentina, que alcanzó un nivel equivalente a un 104,5% del PIB, seguido de Brasil, con un 89,3%, Costa Rica, con un 67,9%, y Uruguay con un 61,5%. Estos números, vuelven a confirmar que las deudas soberanas son la vía por la cual se procesa una expoliación de los países latinoamericanos por parte del capital financiero internacional y se ejecuta su sometimiento a las potencias imperialistas. Los ajustes dictados por el FMI para cumplir con el pago de las deudas externas es lo que explica, en gran medida, los estallidos sociales de Nicaragua en 2018, de Ecuador en 2019 y de Colombia actualmente.

El derrumbe económico de los países latinoamericanos ha tenido como correlato dos aspectos de enorme importancia. Por un lado, un proceso de importantes quiebras capitalistas que redundó en una mayor centralización del capital. Un informe de la organización Oxfam⁵ muestra cómo los 73 principales capitalistas de Latinoamérica han incrementado en 48 mil millones de dólares sus fortunas en el período que va de marzo de 2020 a julio del mismo año, es decir solo en los primeros cuatro meses posteriores al desembarco de la pandemia en América Latina. Por otro lado, el derrumbe económico ha repercutido en un crecimiento descomunal de la crisis social. En otro informe de la CEPAL⁶, de marzo de 2021, se señala que la tasa de pobreza abarcó en 2020 al 33,7% de la población latinoamericana, y la pobreza extrema llegó al 12,5%. Eso significa que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, es decir 22 millones de personas más que en 2019. Y de ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que el año anterior. Junto con esto, la tasa de desocupación regional se ubicó en 10,7% al cierre de 2020, superando en 2,6 puntos porcentuales el valor registrado en 2019 (8,1%). Según un informe de la Red Pennsan (Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional)⁷, en el último trimestre de 2020 el 55% de los brasileros sufrió inseguridad alimentaria. Y en Argentina, según los índices oficiales, la pobreza abarcaba al 42% de la población a fines de 2020.

Todo este cuadro de crisis social, junto al impacto devastador de los huracanes que azotaron a Honduras a fines de 2020, es lo que ha motorizado una nueva ola migratoria desde los países centroamericanos a los Estados Unidos. Se espera que sea la mayor ola de migrantes de los últimos años. Solo en marzo, se registraron casi 19 mil niños migrantes sin acompañamiento en la frontera estadounidense. El 12 de abril, el portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki, anunció un acuerdo con México, Honduras y Guatemala para aumentar la presencia de fuerzas de seguridad en sus fronteras e intentar frenar la inmigración hacia Estados Unidos. El ‘progresista’ López Obrador movilizó a mediados de abril a más de 10 mil efectivos de las fuerzas represivas mexicanas para colaborar con la política anti-migratoria del imperialismo yanqui.

La respuesta de las masas

Todo este cóctel de crisis sanitaria, económica y social que se desarrolla en América Latina tiene su réplica, con sus particularidades, en todo el mundo. Y es eso, justamente, lo que llevó al Fondo Monetario Internacional a vaticinar, en un estudio titulado “Las repercusiones sociales de la pandemia”, una oleada de estallidos sociales a escala internacional una vez superada la crisis sanitaria. Sin embargo, la respuesta de las masas se anticipó a los pronósticos del Fondo. En Latinoamérica, el compás de espera forzado que la pandemia le impuso a la zaga de rebeliones populares que se desarrollaron en 2019 se vio rápidamente sacudido. Para agosto de 2020 una huelga general en Bolivia retomaba el hilo del año previo y lograba arrancarle al gobierno golpista de Jeanine Áñez la convocatoria a las elecciones presidenciales. El 25 de octubre, la derecha golpista era derrotada en las elecciones bolivianas y en Chile triunfaba aplastantemente el Sí en el plebiscito que definió la convocatoria a una Convención Constituyente. El triunfo del Sí en Chile fue acompañado por un fuerte reanimamiento de la movilización de las masas, que volvieron a poner en alto la consigna “fuera Piñera”, rechazando que la constituyente, uno de los reclamos fundamentales de la rebelión popular iniciada en octubre de 2019, se desarrolle bajo la tutela del presidente y las instituciones responsables de las penurias y los crímenes contra el pueblo.

Para principios de noviembre de 2020 caía, a través de un golpe parlamentario, el gobierno de Martín Vizcarra en Perú y asumía Manuel Merino. De la mano de la crisis política, y en un cuadro de hartazgo popular ante la corruptela generalizada y el recrudecimiento de la crisis sanitaria y social, estallaba en Lima una rebelión popular con un gran protagonismo de la juventud. Luego de una brutal represión, la rebelión se extendía a todas las ciudades de Perú bajo las consignas “que se vayan todos” y obligaba a dimitir al nuevo presidente, a tan solo cinco días de haber asumido. Por cuenta y orden de la burguesía se selló un acuerdo de unidad nacional, que colocó a Francisco Sagasti en la presidencia, miembro de una fuerza minoritaria, y al Frente Amplio al frente del poder legislativo. El operativo, sin embargo, no pudo evitar un desarrollo ascendente del movimiento de masas, que se expresó con una extraordinaria huelga general de los obreros rurales, que logró derogar la reaccionaria ley agraria de Fujimori, y movilizaciones de mineros en diciembre y paros de médicos en enero de 2021. Apenas un par de semanas después de que se desatara el estallido social en Perú, surgía en Guatemala otra rebelión popular. En el país más grande de Centroamérica, las masas salían al cruce del presupuesto de ajuste impulsado por el gobierno conservador y militarista de Alejandro Giammettei. El presupuesto no destinaba recursos para dar una salida al cuadro de pobreza generalizado y a la desnutrición infantil, y tampoco establecía aumentos en las partidas de salud y educación. Junto al rechazo al presupuesto, las masas movilizadas reclamaban la caída del gobierno y expresaban su ira contenida incendiando las instalaciones del Congreso, la institución símbolo de la democracia burguesa, y descolgando los cuadros y retratos de los mandatarios guatemaltecos.

En marzo de 2021 la lucha de los trabajadores de la salud de Paraguay, denunciando el cuadro de colapso sanitario, empalmaba con un hartazgo general como consecuencias de las altas tasas de pobreza, la informalidad laboral, la desocupación y la corruptela generalizada. Así, se iniciaba una rebelión popular que pedía la cabeza del presidente Mario Abdo Benítez, “que se vayan todos” y “ANR nunca más”, en referencia al Partido Colorado, el histórico partido de gobierno de Paraguay. Las manifestaciones, cortes y concentraciones populares se extendieron desde la capital Asunción a otras grandes ciudades de Paraguay, como Ciudad del Este, Concepción y Encarnación. Para la segunda semana de movilizaciones entraba en escena el movimiento campesino paraguayo, que a través de una conferencia de prensa conjunta con dirigentes estudiantiles anunciaba el inicio de un plan de lucha nacional, y nuevas concentraciones en la capital paraguaya incendiaban la sede de la ANR.

El 28 de abril comenzaba en Colombia una extraordinaria rebelión popular. El disparador de la rebelión fue un proyecto de ley presentado por el gobierno de Iván Duque, dictado por el FMI, que establecía una reforma tributaria completamente regresiva y antiobrera. Esta, apuntaba a revertir el importante déficit fiscal de Colombia y de esa manera cumplir con el enorme paquete de vencimientos de la deuda pública colombiana. Como resultado de la irrupción popular, el paro de un solo día convocado por iniciativa del Comité Nacional de Paro, que agrupa a las tres principales centrales obreras del país, continuó por tiempo indefinido. La rebelión colombiana colocó en la agenda el conjunto de las reivindicaciones urgentes de las masas: el rechazo a la reforma sanitaria privatizadora, la lucha contra las reformas laboral y previsional antiobreras, la exigencia de poner fin al arancelamiento de la educación, el reclamo de los campesinos por tener acceso a la tierra y el clamor general por terminar con las masacres perpetradas por las fuerzas represivas y los paramilitares. De conjunto, quedó instalada la pelea por la caída de Duque y todo el régimen uribista. La política de “diálogo” abierta por el gobierno se combina con una represión criminal. Hacia fines de mayo, las organizaciones de derechos humanos denunciaban que de las 59 muertes registradas hasta ese momento, 32 fueron homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad y 27 por paramilitares. A eso, se le suma una larga lista de heridos, de víctimas de violencia sexual, y más de 2.000 detenidos. Finalmente, las organizaciones de DDHH estiman que hay 346 personas desaparecidas, contra las 129 que reconoce la Fiscalía. La rebelión logró voltear la reforma tributaria regresiva y la reforma sanitaria privatista, y ya se llevó puestos al ministro de Hacienda, a la ministra de Relaciones exteriores, al jefe de la policía de Cali y al Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, nada menos que el hombre puesto por el gobierno para negociar con el Comité Nacional de Paro. La ciudad de Cali, la tercera más importante de Colombia, se transformó en el epicentro de la rebelión. Allí, se constituyeron los “puntos de resistencia” con piquetes que bloquean los ingresos a la ciudad. Al igual que en Chile, en Colombia surgió una “primera línea”, compuesta mayoritariamente de una juventud trabajadora, precarizada, desocupada o estudiantil, que enfrenta a la fuerzas represivas para permitir la manifestación popular. A principios de junio se puso en marcha una Asamblea Nacional Popular en Bogotá, que se propone centralizar a todas las asambleas populares que surgieron al calor de la rebelión y a las organizaciones en lucha. A su vez, se propone desenvolver la lucha hasta derrotar a Duque, defiende todas las formas de lucha del pueblo, reivindica los bloqueos y rechaza que el Comité Nacional de Paro, que sistemáticamente ha mantenido una política contemporizadora con el gobierno, se arrogue la representatividad del movimiento y tienda a paralizarlo.

Junto con estas grandes rebeliones populares, todas caracterizadas por un protagonismo fundamental de la juventud y de los movimientos de los pueblos originarios y campesinos, se puso en marcha un proceso de reanimamiento del movimiento obrero. A principios de febrero de 2021, la Central Nacional de Trabajadores de Haití, el Movimiento Unido de Trabajadores Haitianos y otras organizaciones impulsaron un paro general de 48 horas. El pueblo y los trabajadores haitianos, sumergidos desde hace años en una profunda crisis humanitaria, exigieron con un paro general la renuncia inmediata del presidente Jovenel Moïse, quien llegó al cargo en un proceso electoral fraudulento. El 8 de marzo, el día internacional de la mujer trabajadora, se desarrollaba una huelga general feminista en Chile, animada entre otras cosas por la histórica conquista del movimiento de mujeres de la Argentina, que a fines de 2020 le arrancaba al Estado la legalización del aborto y le enviaba una importante señal al conjunto del movimiento de mujeres latinoamericano. Para mediados de abril, la Unión Portuaria paralizaba el comercio exterior de Chile, reclamando medidas de asistencia social para los trabajadores y contra el régimen de jubilaciones privadas (las AFP). En Argentina, una huelga de 60 días de trabajadores de la salud de la provincia de Neuquén, con casi 30 piquetes que paralizaron Vaca Muerta durante 20 días, rompía el techo salarial impuesto por el gobierno y las burocracias sindicales y conquistaba un aumento salarial del 53%. Junto con ello, el movimiento piquetero, la organización combativa de los desocupados y precarizados argentinos, protagonizaba movilizaciones de masas contra el gobierno, y estallaban otros procesos de movilización de los trabajadores reflejando un cuadro de alza de la lucha de los trabajadores. En Brasil, el Sindicato de los Petroleros de Norte Fluminense (Río de Janeiro) iniciaba a principios de mayo un paro por tiempo indeterminado reclamando medidas de prevención frente al covid y para principios de junio se desarrollaban las movilizaciones más importantes desde el desembarco de la pandemia -aunque sin la presencia organizada del movimiento obrero- en numerosas ciudades, bajo la bandera “fuera Bolsonaro”.

Operativo contención

La tendencia de los pueblos latinoamericanos a rebelarse -como consecuencia del cóctel de derrumbe económico, crisis social y colapso sanitario- es lo que explica la puesta en marcha de un “operativo de contención” a escala continental. Este operativo surge luego del fracaso de del golpe reaccionario en Bolivia pergeñado por la derecha boliviana, la oligarquía de Santa Cruz de la Sierra y el imperialismo yanqui, y que contó también con la colaboración de los gobiernos de Bolsonaro y de Macri. El golpe en Bolivia ofició como una suerte de prueba piloto. Pero la tentativa del capital de avanzar en un aplastamiento físico de las rebeliones, abriendo paso a una zaga de golpes cívico-militares de tipo fachistoides, fracasó como resultado de la lucha y la resistencia del pueblo boliviano. Las elecciones de octubre de 2020, arrancadas mediante la huelga general, fueron una conquista popular y, al mismo tiempo, un recurso del capital para evitar una caída de Áñez bajo el asedio de la acción directa de las masas. Fue así que se puso en marcha una transición “ordenada”, pactada entre la cúpula del MAS y los golpistas.

Con posteridad a la experiencia boliviana tomó fuerza el “operativo contención”. Y Brasil, uno de los epicentros de la crisis política continental, es un escenario privilegiado del experimento. Es que el desastroso tratamiento de la epidemia por parte del presidente brasileño -rechazando la utilización de barbijos y la vacunación masiva e incluso incitando al uso de cloroquina- y el recrudecimiento de la crisis social, golpearon fuertemente la imagen de Jair Bolsonaro. En Brasil, junto a las tendencias a un autogolpe de Bolsonaro, la oposición instaló una fuerte agitación política en favor de un “impeachment” (juicio político). A principios de junio The Economist se sumaba al pedido señalando que “La conducta de Bolsonaro es digna de juicio político y el Congreso podría hacer el trabajo”. Al mismo tiempo, una Comisión Parlamentaria del poder legislativo brasileño investiga sobre el tratamiento de la crisis pandémica por parte del gobierno. El descontento creciente del pueblo brasileño y las movilizaciones de principios de junio han despertado un fuerte temor en la burguesía de Brasil. Que las masas del gigante latinoamericano imiten las reacciones de sus pueblos vecinos representaría un golpe mortal a las pretensiones burguesas e imperialistas de generar un proceso de estabilización del continente. Es justamente eso, el temor a una rebelión popular, lo que ha llevado a la Corte Suprema de Brasil a habilitar a Lula Da Silva a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2022. Fernando Henrique Cardoso, el ex presidente de Brasil y privatizador serial en la década de los 90, expresó su respaldo a Lula. Se trata, claramente, de la puesta en marcha de una alternativa política de recambio de contenido capitalista. Para ese recambio, Lula ha convocado a la constitución de un “frente amplio”, que incluye desde partidos de derecha, que oportunamente fueron parte del operativo golpista contra el gobierno de Dilma Rousseff, hasta partidos de izquierda, como el Psol. El operativo busca contener una irrupción de las masas en la lucha de clases, planteando que la salida de Bolsonaro vendría de la mano de métodos institucionales en las presidenciales de 2022. Lula y la oposición apuestan al desgaste de Bolsonaro, aunque sea al costo de un agravamiento de las condiciones de vida de las masas.

Quien también se anota como parte de un “operativo de contención” es el candidato presidencial centroizquierdista de Colombia Gustavo Petro. En la extraordinaria rebelión popular del pueblo colombiano Petro ha desenvuelto una intensa agitación rechazando una salida anticipada de Iván Duque de la presidencia. El gran objetivo de Petro es encauzar la rebelión por las vías institucionales y hacerse de la presidencia en las elecciones de mayo 2022. Para favorecer ese objetivo, Petro ha planteado el levantamiento de los bloqueos de carreteras, uno de los bastiones fundamentales de la rebelión. De esta manera le ofreció un guiño a la burguesía colombiana, que desenvolvió un fuerte lobby de presión para que el gobierno de Duque se ocupe de desalojar los cortes. En el curso de la propia rebelión, Petro mantuvo reuniones con el empresariado sionista de Colombia y el embajador del Estado de Israel, en el momento mismo donde el sionismo realizaba un bombardeo criminal contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Así, daba claras señales de confianza a la burguesía colombiana y al imperialismo.

Bien visto, el “operativo de contención” tiene en realidad un alcance continental, y cuenta con la venia de las burguesías latinoamericanas e incluso del imperialismo yanqui. Es que, como lo demuestran los procesos de los últimos dos años en Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay y ahora Colombia, los gobiernos derechistas han demostrado tener una escasa o nula capacidad de contención de las masas. La emergencia de gobiernos de contención aparece como una necesidad del capital para salvaguardar al conjunto del régimen. Esta comprensión es lo que ha llevado al imperialismo a poner en valor al Grupo Puebla, el rejunte de gobiernos y tendencias nacionalistas y centroizquierdistas liderado por el presidente argentino Alberto Fernández, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente boliviano Luis Arce, y los expresidentes de Brasil y Ecuador, Lula Da Silva y Rafael Correa. La victoria de Arce en las elecciones bolivianas en octubre de 2020 fue un punto importante para el Grupo Puebla. La boleta del MAS fue el canal del que se valieron las masas bolivianas para derrotar a las fuerzas derechistas que reivindicaban el golpe reaccionario y pro imperialista que lideró Jeanine Añez en diciembre de 2019. Sin embargo, no se operó un proceso de recomposición política del MAS -como lo revelaron las elecciones de abril de 2021 donde el masismo solo retuvo tres de las nueve gobernaciones que puso en juego. Es que el MAS, habiendo ocupado durante 15 años el Palacio Quemado, fue incapaz de sacar al pueblo boliviano de la miseria y emancipar a Bolivia del sometimiento imperialista.

Los integrantes de Puebla decidieron mantener al margen de su armado a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. En nombre de ser respetuosos “de las instituciones democráticas” le ofrecen un guiño al imperialismo yanqui, que desenvuelve frente a esos regímenes sistemáticas operaciones desestabilizadoras y golpistas. Pero la sumisión llega mucho más lejos. Los exponentes del Grupo Puebla han dado muestras cabales de sometimiento al imperialismo y de sostener una orientación profundamente antiobrera. En el caso de Fernández, esto quedó en evidencia con la “reestructuración” de la deuda externa, que significó una clara capitulación del gobierno ante el capital financiero, y con su política de entendimiento con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional, que tiene como contrapartida el impulso de un brutal ajuste contra la salud y la educación públicas, y los salarios y jubilaciones. Aunque Fernández optó, finalmente, por retirar a la Argentina del Grupo de Lima, sigue integrando el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, que se encuentra bajo el patrocinio de la Unión Europea y desconoció los resultados de las elecciones legislativas venezolanas de diciembre de 2020. Incluso el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dejó en claro el trabajo conjunto que existe entre el imperialismo yanqui, la Unión Europea y el Grupo Internacional de Contacto “para aumentar la presión multilateral y propiciar una transición democrática pacífica” (Infobae 24/3) en Venezuela.

Por su parte, AMLO debutó como presidente alineándose con Estados Unidos en su política antimigratoria y ratificando el tratado de libre comercio (T-MEC) firmado por Peña Nieto hacia el fin de su mandato, lo que redundó en una mayor sujeción de México al imperialismo yanqui. El T-MEC, representó un claro hilo de continuidad con el T-CLAN firmado en la década del 90, que significó el desmantelamiento del monopolio petrolero de Pemex, la destrucción de la economía agraria del sur mexicano, la instauración del régimen de la maquila y la precarización laboral, y la profundización de la migración desde México a Estados Unidos. Morena, el frente político que lidera AMLO, volvió a ser la primera fuerza nacional en las elecciones mexicanas del 6 de junio. Pero en el curso de la campaña electoral nuevamente quedó al descubierto la orientación anti-obrera de AMLO y Morena, cuando impulsaron la ley de reglamentación del “outsorcing” (tercerización-subcontratación), que el parlamento aprobó con el apoyo de toda la oposición derechista. El desplome de la estructura por donde circulaba la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que redundó en la muerte de 26 personas, puso en evidencia las responsabilidades de los funcionarios de Morena, y de los gobiernos precedentes, por la subinversión y la sobrefacturación de la que son víctimas el transporte público y sus pasajeros. En plena campaña electoral, AMLO reveló su desprecio por el movimiento de lucha de las mujeres y sus reivindicaciones cuando rechazó la legalización del aborto y defendió la candidatura en las listas de Morena de Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan numerosas denuncias por violación.

Desplazamientos políticos

En los países donde las elecciones estuvieron precedidas por rebeliones populares se han procesado, naturalmente, importantes desplazamientos políticos. Son los casos de Ecuador, Perú y Chile.

En Ecuador el Grupo Puebla sufrió un importante revés. Allí, Andrés Arauz, el hombre de Rafael Correa, fue derrotado en el balotaje por el banquero derechista Guillermo Lasso. Sin embargo el dato político fundamental de la elección ecuatoriana fue la gran elección realizada por Pachakutik, el brazo política de la Conaie, la organización de los indígenas ecuatorianos que lideró la gran rebelión de octubre de 2019. Con los resultados de la primera vuelta, Pachakutik rechazó emprender una movilización popular contra la manipulación electoral y por la apertura de las urnas y, de esa manera, la derecha le arrebató el ingreso al balotaje. Repitió, de esa manera, el compromiso asumido con Lenin Moreno en octubre de 2019 para levantar la huelga-insurrección. Pero en el balotaje, a través de la abstención, Pachakutik logró retener los 20 puntos porcentuales que obtuvo en la primera vuelta. El triunfo electoral de un derechista abiertamente proimperialista, que deberá lidiar con una quiebra fiscal bajo la tutela del FMI, y el rechazo del movimiento indígena tanto al bloque derechista como al bloque correista, que se expresó en el masivo voto a Pachakutik y en la masiva abstención, plantea un escenario de renovados choques de las masas ecuatorianas contra el Estado y el nuevo gobierno.

En el balotaje del 6 de junio en Perú se impuso, contra la derechista Keiko Fujimori, Pedro Castillo, el maestro sindicalista de tinte centroizquierdista. Castillo y Fujimori llegaron a la segunda ronda en un marco de fuerte disgregación política y altos índices de votos en blanco, como consecuencia del descrédito que sufren los partidos tradicionales. La victoria de Castillo tuvo lugar luego de una campaña profundamente reaccionaria y macartista que emprendió el fujimorismo, la burguesía peruana y el conjunto de los partidos tradicionales. Los campesinos y obreros peruanos, después de votar a Castillo, se movilizaron para defender la victoria electoral contra la tentativa de fraude que emprende Keiko Fujimori, que cuenta con el respaldo del imperialismo yanqui. Castillo, un advenedizo en la política peruana, despertó las alarmas de la burguesía, que teme que éste no pueda contener una nueva irrupción de lucha de las masas. La presión del establishment por garantías de “orden” burgués llevó a que Verónika Mendoza, la candidata presidencial del Grupo Puebla en la primera ronda electoral peruana, firme con Castillo un “acuerdo político” que propugna por “un nuevo pacto social a través de una Asamblea Popular Constituyente”. Es decir, una política de colaboración de clases que no afecte los intereses del gran capital.

En Chile, en las super-elecciones del 16 de mayo se expresó el rechazo generalizado a los partidos de la centroderecha y la centroizquierda, que se alternaron en el poder en los últimos 30 años desde la salida de la dictadura. De conjunto, se operó un corrimiento a la izquierda de todo el escenario político. El frente entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, habiendo realizado una elección importante, no pudo capitalizar íntegramente el derrumbe de la centroderecha y la centroizquierda. Sucede que el PC carga con el peso de haber integrado el gobierno de la Nueva Mayoría de Michelle Bachelet, y el Frente Amplio con haber sido parte del “Acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución” que impulsó Piñera para contener la rebelión popular. En este marco, quienes emergieron en las elecciones a la convención constituyente fueron las listas independientes, fuertemente referenciadas con la rebelión popular. Unos 33 convencionales electos, pertenecientes a las listas independientes y a los pueblos originarios, han sacado una declaración donde señalan que la convención no puede sesionar sin que se hayan liberado los miles de presos políticos de la revuelta, rechazan el “Acuerdo por la paz social” y reclaman que la constituyente sea soberana. Se confirma que la convención, lejos de cerrar la crisis política y social chilena, se ha transformado en un capítulo más de ella.

El PC chileno, integrado al Grupo Puebla, por primera vez se hizo de la alcaldía de Santiago e impulsa la candidatura presidencial del reelecto alcalde de Recoleta Daniel Jadue, que aparece liderando las encuestas presidenciales. El escozor que genera la palabra “comunismo” en sectores de la reacción política chilena no debe engañar a nadie. Sucede que el PC ha rechazado sistemáticamente levantar la consigna “fuera Piñera” y ha pretendido canalizar el descontento popular en el terreno parlamentario. El PC, que hasta mayo se encontró al frente de la dirección de la Central Única de Trabajadores, ha jugado un papel fundamental en la contención y desmovilización del movimiento obrero, y el programa que levanta para la Convención Constituyente no supera un nacionalismo timorato, que ni siquiera trasciende el programa del kirchnerismo.

Oportunidad y estrategia

El polvorín en el que se ha transformado América Latina le ofrece a la izquierda revolucionaria una extraordinaria oportunidad política. En Colombia, aprovechar esa oportunidad plantea que la izquierda se ponga al frente de la lucha por la caída de Duque y motorizar todas las instancias de auto-organización de las masas, entre ellas darle continuidad la Asamblea Popular Nacional que se realizó los días 6, 7 y 8 de junio. Este órgano, que surge en oposición al burocrático Comité Nacional de Paro, tiene la tarea de impulsar la defensa de los bloqueos, transformar el paro nacional en una verdadera huelga general que paralice la producción, extender y reforzar la organización de las masas y en particular del movimiento obrero, fortalecer a la “primera línea” como órganos de auto defensa y elaborar un programa económico y político de los trabajadores, los campesinos e indígenas de Colombia. Impulsando esta lucha puede proyectarse como órgano político de poder.

En Chile, el rechazo generalizado al gobierno de Piñera que se expresó en las elecciones, particularmente con el voto a las listas independientes, refuerza la lucha por la salida inmediata del gobierno y de todo el régimen, por la liberación de todos los presos políticos y para que la convención constituyente se haga de la suma del poder político, es decir que se transforme en un órgano con poder que efectivice el conjunto de las reivindicaciones motoras de la rebelión. En Perú, es necesario mantener un estado de alerta y movilización de los obreros y campesinos, para disipar cualquier tentativa de la derecha de desconocer el resultado electoral. Con la consolidación de la victoria de Castillo, se planteará desenvolver en forma inmediata la lucha por el trabajo, el salario, la salud y la educación, y por la recuperación de los recursos estratégicos del país. La lucha por esas reivindicaciones plantea la independencia política de los trabajadores y sus organizaciones respecto del nuevo gobierno, que evitará desenvolver un choque de fondo con el capital y el imperialismo y tenderá a defender el statu quo.

En Brasil, el reanimamiento de las movilizaciones de masas vuelve a colocar en primer plano la necesidad de un plan de lucha nacional, hacia la huelga general, por las reivindicaciones de las masas (anulación de las “reformas” laboral y previsional, subsidio para todos los que no tengan un ingreso asegurado, triplicación del presupuesto de salud y control de los trabajadores sanitarios de la política de lucha contra la pandemia, etc.). Esto planteará de inmediato la lucha por la caída de Bolsonaro, rechazando la estrategia de parálisis del “hay 2022” de Lula, la dirección de la CUT y compañía. En oposición al “Frente Amplio” que impulsa Lula hay que reivindicar el frente único de clase, planteando la ruptura de las organizaciones obreras con la política paralizante de la oposición patronal, y por la realización de un congreso de bases de los trabajadores que impulse un plan de lucha en la perspectiva de la huelga general.

En la intervención en los distintos procesos latinoamericanos, la emergencia de las fuerzas nacionalistas o centroizquierdistas aparece como un problema político de primer orden para la izquierda revolucionaria. La delimitación con el nacionalismo o el centroizquierdismo vale, en primerísimo lugar, allí donde estas fuerzas se encuentran ejerciendo el poder, como son los casos de México, Argentina y Bolivia. E incluso también en Venezuela, donde gobierna lo que fue la variante más radical del nacionalismo latinoamericano. En estos países, una parte significativa de la izquierda, en nombre de la lucha contra el “enemigo principal”, subordina la crítica al gobierno a la crítica a las fuerzas derechistas que se encuentran en la oposición. Se trata de una política que conduce a la izquierda a una capitulación política. Pues aparece como el consejero izquierdista del gobierno nacionalista y, en consecuencia, como un apéndice de este. Así, la izquierda pierde su personalidad política. Por el contrario, la izquierda debe desenvolver una crítica sistemática a las políticas de los gobiernos nacionalistas burgueses, denunciando sus capitulaciones y compromisos con el imperialismo y la derecha “neoliberal” y sus límites para dar salida a las reivindicaciones de las masas. De la mano de esa crítica e impulsando un programa de reivindicaciones transicionales, la izquierda debe abocarse a desarrollar una oposición obrera y popular al gobierno nacionalista. Solo así los trabajadores y la izquierda podrán proyectarse como alternativa política y de poder. La delimitación con el nacionalismo y el centroizquierdismo vale también allí donde estos sectores se ubican en la oposición a los regímenes derechistas y se anotan para jugar un papel clave en el “operativo de contención” de las masas: como se expresa con Lula en Brasil, con Petro en Colombia o con Jadue en Chile.

La participación de la izquierda en los llamados “partidos de tendencias” o “frentes amplios”, o eventualmente en sus listas electorales, es la variante ‘izquierdista’ de una política de sumisión al nacionalismo o al centroizquierdismo. Es que los partidos amplios o de tendencias se han terminado revelando como la “extrema izquierda” del operativo de contención que la burguesía ha puesto en marcha. Representan, en definitiva, el recurso último del capital para proceder al rescate del conjunto del régimen. Así se evidenció en Perú, con la integración del Frente Amplio al gobierno de “unidad nacional” que se constituyó luego de la caída del gobierno de Merino. En el Frente Amplio peruano estuvieron incorporadas tendencias que se reclaman de la izquierda revolucionaria. Es también lo que sucedió Brasil, con el impulso del Psol de numerosas candidaturas municipales reaccionarias en las elecciones de noviembre de 2020 y con su apoyo al frente popular que impulsa Lula de cara a las elecciones de 2022. El Psol, ya había impulsado con Guilherme Boulos una política frentepopulista en el balotaje de Sao Paulo. O en Chile, donde algunos “izquierdistas” se integraron al Frente Amplio, una organización pequeñoburguesa con una política frentepopulista de colaboración de clases (como Podemos de España, etc.) que ayudó a regimentar a una parte del activismo en el apoyo al régimen y el freno a la lucha por el Fuera Piñera. En oposición a la disolución política de la izquierda en frentes o partidos de colaboración de clases, que es el camino por el cual se sacrifica la independencia de clase en aras de la conquista de escaños parlamentarios, es necesario defender la independencia política de los trabajadores e impulsar la lucha por la estructuración de partidos obreros de combate para luchar por gobiernos de trabajadores.

Por una segunda Conferencia latinoamericana y de los EEUU

La Conferencia virtual latinoamericana y de los Estados Unidos, convocada por el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) de la Argentina en agosto de 2020, representó un campo de reagrupamiento político de la izquierda que se reclama revolucionaria y que se para en el campo de la independencia política de los trabajadores. El alcance de la misma quedó evidenciado con la participación de más de 50 organizaciones de 16 países distintos. Significó un primer paso concreto en la lucha por poner en pie un polo de independencia de clase a escala continental. La Conferencia se constituyó en un campo de referencia ineludible para la izquierda del continente e incluso para la izquierda mundial.

La primera Conferencia se pronunció por la independencia política de los trabajadores, por el rechazo a la colaboración de clases y por la unidad internacional de los trabajadores; reivindicó la lucha antiimperialista y las amenazas golpistas contra Venezuela y Cuba; reivindicó todas las rebeliones populares; señaló el rol capitulador de los gobiernos “nacionales y populares” ante las presiones del FMI y el capital financiero; impulsó la lucha de los trabajadores contra los planes antiobreros y llamó a profundizar la lucha por la recuperación de las organizaciones sindicales de manos de las burocracias; reivindicó la lucha del movimiento de mujeres y llamó a desenvolverlo impulsando una lucha mancomunada de toda la clase obrera; condenó la política represiva de todos los gobiernos, incluida la criminalización de los luchadores sindicales por parte del gobierno de Venezuela. La Conferencia dio también los primeros pasos para impulsar un plan de acción, realizando una movilización en apoyo a la rebelión popular norteamericana y contra el pago de las deudas externas e impulsando la jornada internacional por el derecho al aborto legal y por la separación de las iglesias del Estado.

Los actuales aires de rebelión que atraviesan América Latina y el “operativo de contención” que la burguesía y el imperialismo han puesto en marcha, con el objetivo de contener o desviar las rebeliones en curso, le otorga una mayor actualidad a la iniciativa del Partido Obrero de convocar en forma conjunta entre las organizaciones del FIT-U y la izquierda continental a una segunda Conferencia latinoamericana y de los EE.UU. Una nueva Conferencia ayudaría a visibilizar y potenciar un campo de independencia de clase y revolucionario a escala continental. Sobre definiciones políticas claras, tal cual se expresaron en la primera Conferencia, una segunda Conferencia debería proponerse interesar a un cúmulo de organizaciones de la izquierda que se reclama revolucionaria que no fueron parte de la primera. Debería tratar de interesar también a sectores de la vanguardia obrera y juvenil que actúan sistemáticamente en numerosos países o que emergieron al calor de las recientes rebeliones populares. Una conferencia de estas características debería desenvolver una intensa batería de iniciativas de acción y de lucha, superando el limitado plan de acción de la primera. Estas iniciativas colaborarían en referenciar a la izquierda y en proyectarla como alternativa política a escala continental. Solo en estos marcos de acción común los importantes debates sobre táctica y estrategia que atraviesan a la izquierda pueden ser fructíferos y clarificadores, y evitar transformarse en polémicas bizantinas.

Se trata de intervenir audazmente en el escenario latinoamericano, explotando la extraordinaria oportunidad política que ofrece. Solo de esa manera la izquierda podrá superar una fase meramente propagandística, fusionarse con los sectores combativos del movimiento obrero y de la juventud, y candidatearse para la lucha por el poder.

1. Ver: Crisis capitalista, pandemia y rebeliones populares. Los desafíos de la izquierda. Resoluciones e intervención del Partido Obrero en la Conferencia virtual latinoamericana y de los Estados Unidos. 2020. Buenos Aires. Editorial Rumbos.

2 . Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020. Recuperado de: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46501/S2000990_es.pdf

3. Informes de perspectivas de la economía mundial. Manejar recuperaciones divergentes. Recuperado de: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021

4 . Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe. Los desafíos de la política fiscal en la recuperación transformadora pos-COVID-19. Recuperado de: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46808/S2100170_es.pdf

5 . Aumentan los milmillonarios de América Latina a medida que la región más desigual del mundo se hunde bajo el impacto del coronavirus. Recuperado de: https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/aumentan-los-mil-millonarios-de-america-latina-medida-que-la-region-mas-desigual

6. Panorama Social de América Latina. Recuperado de: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46687/S2100150_es.pdf

7. Encuesta Nacional de Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia Covid-19 en Brasil