Chubutazo: una rebelión que conmovió la provincia y el país 

El 15 de diciembre de 2021 ya es conocido popularmente como “el día de la traición al pueblo de Chubut”. En una sesión sorpresiva, garantizada por todos los bloques políticos y con la colaboración del gobierno provincial y nacional -en búsqueda de dólares para el pago de la deuda y el acuerdo con el FMI-, fue votado el proyecto de ley de zonificación, que habilitaba la explotación de emprendimientos mineros de la provincia, con 14 votos a favor entre el oficialismo, el PJ y un ex PRO. La reacción popular fue inmediata. Más y más gente se concentraba en las puertas de la legislatura, ubicada en la ciudad capital Rawson, a pesar de que dicha sesión fue convocada con solo una hora de anticipación. La represión posterior a la votación y las horas y horas de resistencia obstinada marcaron el pulso de lo que serían las restantes jornadas históricas del segundo Chubutazo que logró voltear el desembarco megaminero. 

Antecedentes y contexto

La provincia del Chubut está ubicada en una región preminentemente semiárida, tiene un solo río que cruza desde la cordillera hacia la costa, el Río Chubut, que abastece al 50% de la población de agua potable y producciones agroganaderas de distinto tipo concentradas en el valle. Actualmente el caudal del río no alcanza para el consumo, sobre todo en los meses del verano donde se registran cortes de agua sistemáticos en las distintas localidades. Mientras se escriben estas líneas, el Río Chubut tiene un nivel históricamente bajo y estudios del Cenpat (centro científico-tecnológico) (Conicet) predicen una reducción del 20% del caudal para los próximos años como subproducto del calentamiento global. Recientemente se declaró en la provincia la emergencia hídrica que caracterizamos como papel mojado, dado que no establece un verdadero plan de infraestructura ni mucho menos control sobre las petroleras, pesqueras, Aluar, etc., sobre el despilfarro del agua. Los capitalistas de la provincia ya cuentan con el antecedente de haber secado el lago Colhué Huapi al sur de la provincia, sobre todo para explotación petrolera, así como agrícola. La apropiación del agua por parte de los capitalistas también se observa en el sector cordillerano con su máxima expresión en los Benneton y Lewis, cuyas tierras abarcan cursos de agua y desvían otros cursos para la producción. Los recientes incendios en la zona cordillerana y también en la región costera ponen de manifiesto de manera explosiva la situación. El proyecto de zonificación minera contemplaba la explotación de gran parte de la meseta chubutense, incluyendo la cuenca del Río Chubut y el acuífero Sacanana, un enorme reservorio de agua con potencial para la provisión de toda la provincia. La primera beneficiaria es la empresa de capitales canadienses, Pan American Silver, detrás del proyecto Navidad, que vio crecer sus acciones notablemente al votarse la ley. Pero el propio proyecto de ley de zonificación contemplaba la posibilidad de expandir el área de explotación, por ejemplo, hacia Esquel, donde aún está vigente el proyecto Suyai, del cual el grupo Irsa se asoció con Yamana Gold y compró el 40% en 2020.

La tradición histórica en la provincia de lucha en defensa del agua y el territorio contra el avance del capital se puede rastrear a lo largo de las últimas décadas. Una movilización de masas en 1996 contra el repositorio nuclear que el gobierno de Menem (y anteriormente Alfonsín) quiso imponer en la localidad de la meseta chubutense de Gastre se la puede pensar como uno de los antecedentes más importantes que marcaron la lucha socioambiental. En 2003, bajo influencia del Argentinazo, luego de la formación de la “Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el no a la Mina” en Esquel y movilizaciones populares se realizó un plebiscito en dicha ciudad cordillerana, donde quería desembarcar la megaminería de oro y plata a escasos kilómetros de la localidad. El resultado contundente del 81% contra la instalación marcó un hito en la lucha contra la megaminería provincial y nacional. En 2006 surge, a partir de una reunión en Córdoba, la Unión de Asambleas de las Comunidades (UAC) que nucleó a distintas asambleas socioambientales del país. La lucha de Esquel, expandida al resto de la provincia, conquistó la ley 5001, que prohíbe la explotación minera metalífera a cielo abierto, con cianuro. La trampa, orquestada por una legislatura que no pretendía frenar la megaminería, consistió en que esta ley no prohíbe las etapas previas de la explotación (cateo y prospección), lo que habilita la proliferación de nuevos proyectos, su compra y venta y, por tanto, el fortalecimiento del lobby minero. Además, el artículo 2 contempla la zonificación minera -es decir, establecer áreas de excepción de esta prohibición. Esto marcó el curso de los años de lucha posteriores, con distintos gobiernos, presentando diferentes proyectos de zonificación que no prosperaban en la legislatura, solo frenado por la movilización popular, articulada a través de las distintas asambleas ubicadas en cada localidad, en general nucleadas en la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut (UACCh). De esta forma, al finalizar cada año y ante la intención de avanzar en la zonificación, grandes movilizaciones recorrieron la provincia. Todos los días 4 de cada mes, hace casi veinte años, se moviliza en cada una de las localidades con la consigna “No es No”. Se organiza históricamente desde las asambleas todo tipo de actividades para difundir la problemática.

Las Iniciativas populares de 2013 y 2020

Para superar esta maniobra, la UACCh impulsó la primer Iniciativa Popular, herramienta de la Constitución provincial que permite presentar un proyecto de ley a partir de la reunión de firmas de un porcentaje del padrón electoral. Esta primer Iniciativa que se gestó en 2013 y contempla la prohibición de las etapas previas a la exploración, la eliminación de la zonificación y la ampliación de la nómina de las sustancias tóxicas que se prohíben. A fines del 2014 fue tratada en la legislatura, y a partir de una serie de maniobras, con represión y grupos de choque de la burocracia de Uocra, petroleros y mineros, la Iniciativa Popular fue desmembrada. La foto famosa que resume el escándalo y el rol de las fuerzas políticas de la legislatura fue la del diputado Muñiz, del PJ, donde se lo ve escribiéndose en el celular con un gerente de Yamana Gold, que le indicaba cómo destruir la IP. 

La segunda Iniciativa Popular, presentada en 2020 con más de 30 mil firmas juntadas en plena restricciones por la pandemia, fue votada en mayo de 2021 y en menos de una hora, sin argumentos, fue desestimada la voluntad popular por el conjunto de las fuerzas que operan en la legislatura. Esto llevó a una serie de movilizaciones populares en toda la provincia, con epicentro en la ruta 3 a la altura de Trelew, desalojado luego de varios días en un mega-operativo policial comandado por el que fuera ministro de seguridad Federico Massoni a la madrugada, con apagón incluido. Actualmente varixs activistas, entre ellos quien suscribe, fueron llamados a indagatoria como herramienta para criminalizar la protesta. En este caso, la síntesis del escándalo podría ser el video que salió a la luz meses atrás de la votación, de uno de los que levantaron la mano contra la Iniciativa Popular, Sebastián “100 lucas” López, de JxC, donde se lo ve pidiendo coimas a las mineras. Su actual presencia en la legislatura marca el fuerte compromiso de todas las fuerzas políticas con las mineras.

Los Pueblos Originarios Mapuches-Tehuelches que habitan la provincia, además de ser inspiradores de la lucha en defensa del agua y del territorio, producto de su resistencia histórica, son partícipes activos de las movilizaciones contra la megaminería. Presentaron también un amparo por la falta de consulta previa del proyecto de zonificación minera, que se mantuvo en suspenso hasta que la Justicia falló en contra para habilitarlo. 

Otro antecedente inmediato insoslayable es la influencia del Mendozazo de fines de 2019, que logró derribar, con los métodos de la acción directa, la modificación de la ley 7722, que habilitaba la explotación megaminera en esa provincia. El activismo chubutense se inspiró y guió por aquella lucha victoriosa para establecer su propio curso de acción. También es parte del mismo fenómeno la lucha en todo el país contra el acuerdo porcino, que tuvo como gran saldo organizativo la formación de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y ha servido como canal, coordinación e impulso de las luchas socioambientales en todo el país y ha colaborado activamente en la lucha contra la instalación de la megaminería.

La espectacular batalla librada por el pueblo de Chubut está fuertemente ligada (en rigor hay una continuidad) al Chubutazo previo de 2019, protagonizado por lxs estatales, levantados contra el ajuste del gobernador Mariano Arcioni a pesar de los esfuerzos de la burocracia sindical por frenar la lucha. La provincia está virtualmente quebrada, con una deuda fraudulenta que se lleva casi la totalidad de las regalías petroleras. En plena pandemia, se le debía al conjunto de lxs estatales, trabajadorxs de salud incluidxs, hasta tres meses de salario. 

Las elecciones de 2021

En las elecciones de 2021, el oficialismo provincial de Arcioni, ligado al Frente de Todos a nivel nacional a través de Massa, llevó como candidatos a sus ministros Massoni y Fabián Puratich, de Seguridad y Salud, respectivamente. Su campaña apostó a profundizar la línea de ajuste y fascistizante contra la movilización popular, el movimiento piquetero y los pueblos originarios. En pleno comienzo de la campaña, Massoni reivindicó los cánticos de entrenamiento de la policía de Chubut que amenazaban desalojar violentamente a las ocupaciones por tierra y vivienda. La profunda derrota electoral, que lo dejó en las generales con un 10% de los votos (récord de retroceso histórico de una fuerza oficialista en dos años) y que lo ubicó en última posición en algunas localidades, superado por el FIT-U, fue de un lado un reflejo del hartazgo de la población contra el gobierno y el régimen (lo que llevó a la renuncia de Massoni). Del otro, la izquierda, colocada con un casi 9% de los votos y peleando el lugar con el oficialismo, configura un cuadro en donde incipientemente la bronca popular y las luchas tienen un correlato con el ascenso de la izquierda como alternativa política. Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda-Unidad colocamos la campaña al servicio de las luchas, y uno de los ejes fue que el voto a la izquierda representaba un fortalecimiento de la lucha contra la megaminería y todo el régimen de saqueo y endeudamiento. El resto del cuadro electoral se completa con la victoria de Juntos Por el Cambio, con una campaña totalmente lavada y con su principal candidato, Ignacio Torres, coqueteando con el movimiento ambiental. El PJ de Linares, lejos en segundo lugar, imposibilitado de una verdadera delimitación del oficialismo por pertenecer al mismo armado a nivel nacional y, por último, la gran sorpresa del Partido Independiente del Chubut (Pich), que de la mano de una millonaria campaña donde se buscó asociar la lucha contra la megaminería y a la “antipolítica” consiguió muy buenos guarismos. 

La provincia de Chubut concentra las contradicciones del agotamiento del régimen capitalista, con un Estado profundamente endeudado, aumento de la pobreza y de la desocupación, y con la búsqueda del régimen de reducir el declive de la tasa de ganancia, a la vez que busca cumplir con las obligaciones financieras, a través de la mayor explotación de lxs trabajadores, el territorio y los bienes naturales. Las tendencias a la lucha descriptas más arriba configuraron el cuadro que hizo emerger una rebelión popular con enorme potencial. Las diferentes tendencias a la lucha del país y de la región, junto con un escenario de agudización de las contradicciones económicas y políticas, perfilan la situación de Chubut como un anticipo de lo que podrá suceder en esta etapa. El reciente Atlanticazo, contra la explotación petrolera en el mar argentino, fortalece esta hipótesis.

El curso del país está atado a las negociaciones con el FMI, mientras Argentina y el mundo atraviesan la profundización de la crisis capitalista internacional. El programa del gobierno nacional consiste en avanzar en este acuerdo para intentar lograr nuevo financiamiento internacional. Dentro de este marco, el gobierno profundiza el sometimiento al FMI y a los capitales internacionales a través de proyectos de saqueo de carácter semicolonial. El apuro por hacer pasar estos proyectos obedece, en primer lugar, a la necesidad de acelerar, por todas las vías posibles, el ingreso de dólares para hacer frente al pago de la deuda. Entre estos proyectos figuran el impulso de la megaminería, el acuerdo porcino, el avance de la frontera agrícola (por ejemplo, trigo transgénico), el fracking, el reciente proyecto de explotación petrolera en el mar argentino y la planta de “hidrógeno verde”, entre otros. Esto mismo viene naturalmente ligado al cajoneo de proyectos que amplían las restricciones al saqueo, como la ley de humedales. Lo novedoso de la etapa son las fuertes movilizaciones populares y repudio que han generado cada uno de los proyectos, desde la enorme pueblada de Mendoza, las movilizaciones en todo el país contra el acuerdo porcino hasta las recientes rebeliones de Chubut y el Atlanticazo. La emergencia de un fortalecido movimiento ambiental que ha logrado varias conquistas, y la tendencia y el potencial de impregnar en la clase obrera organizada en sindicatos -que será demostrada más adelante en el texto- deben ser observados con atención, para volcar a la militancia a colaborar en profundizar estos fenómenos de lucha y debatir un programa de salida. 

Comienza la rebelión

Todo lo anteriormente descripto de forma resumida permite darse una idea del cuadro configurado al momento de la votación. El movimiento ambiental, luego de la derrota de su segunda Iniciativa Popular, había entrado en una suerte de impasse, con movilizaciones de escasa magnitud. El proceso electoral por lo general también es un factor de contención de la movilización popular, pero al mismo tiempo puso freno a la zonificación, a sabiendas de que las fuerzas políticas que la votaran sepultarían su capacidad de atraer votos. Al finalizar las elecciones, la necesidad urgente de dólares, sumado al impasse en la lucha, forzaron la decisión del gobierno provincial y nacional de llevar adelante la votación de la zonificación. La impresionante resistencia del miércoles 15 de diciembre a la represión, con un numeroso grupo de personas hasta la madrugada avanzando y retrocediendo por el violento operativo policial, que incluyó balas de goma desde camionetas y motos a pocos metros de distancia, fue una muestra de la firme decisión que anidaba en el activismo a enfrentar el ataque del gobierno. El día jueves fue sorprendente para propios y ajenos. Las movilizaciones en todas las ciudades de la provincia superaron cualquier expectativa. Evidentemente, la intentona represiva del gobierno para disuadir la movilización popular no fue exitosa. Las movilizaciones eran de masas, familias enteras de todos los sectores se volcaron a las calles, las redes sociales se inundaron de posteos contra la zonificación y quienes no movilizaban salían al paso de las movilizaciones de sus locales o a los balcones a aplaudir, o tocaban bocina al pasar. El apoyo a la lucha era absoluto. 

Frente a esto, los días siguientes, el gobierno provincial ensayó diferentes estrategias para enfrentar a la población movilizada. En primer lugar, reforzó la línea represiva, con epicentro en las ciudades de Rawson y Trelew. Esto redobló la bronca popular lo que se puso de manifiesto con la quema de la Casa de Gobierno y otras instituciones. Las movilizaciones se hacían cada vez más masivas, a pesar de que todas las fuerzas políticas del régimen y los medios patronales de comunicación intentaban desviar la atención de “los métodos” de lucha y, finalmente, la represión a las movilizaciones cedió. El jefe de Policía de Trelew fue despedido y se orientó el uso de las fuerzas represivas a “cazar jóvenes” en los barrios de Rawson a la madrugada, lo que hacia los últimos días también cedió. Durante esos días se registraron muchos pedidos de licencia de las fuerzas policiales, así como el envío de las tropas más nuevitas a enfrentar a la población enardecida. Es importante comprender que la población total de Chubut es de alrededor de 600 mil personas. Los policías estaban siendo mandados a reprimir en muchos casos a sus propios familiares y vínculos cercanos. La población movilizada, en las calles, le comenzaba a ganar en contundencia a las fuerzas represivas del Estado.

En segundo lugar, las burocracia sindicales de Uocra, camioneros y petroleros en acuerdo con el gobierno provincial, que había colocado dentro del proyecto de ley de zonificación un porcentaje de regalías mineras direccionado a la burocracia sindical, buscaron movilizar a sus tropas en favor de la zonificación votada. Pero esas movilizaciones fueron muy minoritarias respecto de las movilizaciones de rechazo, con lo que ponía más en evidencia la contundencia del reclamo. Esta política, además, le valió una crisis al interior de los sindicatos promineros. Los propios trabajadores se negaban a asistir a las movilizaciones promineras y cuestionaban que fueran convocados a estos fines, pero nunca para luchar por sus propias reivindicaciones. Por lo tanto, esta otra tentativa para enfrentar la movilización fracasó rápidamente.

Al mismo tiempo, el gobierno intentó extender el apoyo a la zonificación de forma municipal. Para esto, las fuerzas de la legislatura habían colaborado en colocarle un ítem a la ley que planteaba que todo municipio que adhiriera a la zonificación sería compensado con mayores regalías respecto de los que no adhirieran. Así, al día siguiente de la votación, sesionó el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, municipio a cargo de Gustavo Sastre, de extracción peronista y del oficialismo provincial, pero también partícipe de los armados electorales del PJ. En esa misma ciudad también habita Ricardo Sastre, vicegobernador de la provincia y, por lo tanto, jefe de la legislatura, también oficialista y al mismo tiempo armador del PJ. Allí se votó la adhesión de dicho municipio a la zonificación, siendo el primero de todos en vincularse. Simultáneamente, se preparó un proyecto de ordenanza para habilitar el puerto de la ciudad para entrada y salida de elementos vinculados con la megaminería que se votaría la semana siguiente. Las contundentes movilizaciones populares atrasaron la votación de la adhesión del resto de los municipios a la zonificación. 

Aunque no se registró una participación de sectores obreros organizados, con excepción de guardavidas y fracciones docentes, la presencia de trabajadores de Aluar en las marchas fue muy importante y el tema fue ampliamente discutido en la planta. La producción de aluminio, además de consumir mucha agua, es contaminante, y son los trabajadores de Aluar quienes mejor conocen y sufren esta situación.

En Comodoro Rivadavia, cuyo intendente es Juan Pablo Luque, del PJ y asociado a las petroleras, una vigilia en el Concejo Deliberante logró voltear la intención de votar la adhesión. Como un búmeran, en algunos municipios, producto de las enormes movilizaciones, se votó contra la zonificación y declararon personas no gratas a los legisladores que habían hecho a favor. Ningún otro municipio de las principales ciudades logró adherir. Finalmente, el día anterior a que se produjera la derogación de la ley, el intendente de Puerto Madryn tuvo que retroceder y vetar la ordenanza. 

Del otro lado, las movilizaciones no paraban de crecer. Los pronunciamientos de todo tipo de sectores no dejaban de llegar. Hasta Anonymous colaboró en la lucha, hackeando la página de Pan American Silver. Algunos de los elementos que pueden poner de manifiesto el carácter profundamente popular del movimiento fue que los festejos del campeonato de River Plate se transformaron rápidamente en movilizaciones contra la megaminería, o que luego de la misa la gente salía de la iglesia y se acoplaba a las movilizaciones. Las intervenciones en el Congreso Nacional de nuestra compañera Romina Del Plá, denunciando la trama de complicidades de todo el arco político, las represiones y llamando a extender la solidaridad, se viralizaron. Desde las asambleas de las distintas localidades se convocaron a asambleas populares, que tuvieron carácter masivo y votaron las distintas iniciativas. El movimiento era imparable. Las asambleas populares ya habían votado por ovación que pasaríamos la Navidad en las plazas de cada localidad.

El Chubutazo en los sindicatos

 La victoria se comenzaba a avizorar cuando el movimiento de lucha sacudió al movimiento obrero organizado. Durante los primeros días, la CTA convocó a un paro ambiental provincial pero de carácter testimonial. Más allá de algunos flyers, la central no colocó sus recursos al servicio de la lucha. Pero fue, junto con el rechazo de los trabajadores de los sindicatos promineros de movilizar, los primeros elementos que pusieron de manifiesto un profundo proceso al interior de los sindicatos. En varias localidades se gestaron multisectoriales integradas por las asambleas y también por distintos representantes sindicales. La máxima expresión de este fenómeno fue la convocatoria de todos los sindicatos vinculados con la pesca (Supa, Somu, Siconara, STIA) a rechazar la zonificación, junto a la ley de pesca que profundiza la privatización del sector pesquero, que pretendían votar en esos días. Esto culminó en la paralización de los puertos de Rawson y de Puerto Madryn. El 20 de diciembre de 2021, a veinte años de la gesta popular del Argentinazo, los puertos estaban paralizados y hubo piquetes, algunos de los cuales eran protagonizados por lxs trabajadores de la pesca, en tres puntos de la ruta nacional 3 (Madryn, Trelew, Comodoro) y en la ruta nacional 40. Las movilizaciones también fueron contundentes y en la provincia se cantaba “que se vayan todos”. El fantasma del Argentinazo recorría las calles de Chubut.

La crisis al interior de las fuerzas políticas patronales iba aumentando a medida que la movilización popular volteaba las distintas estrategias para frenarla. Los propios intendentes de la localidad de Trelew (Maderna, ligado al FdT) y de Rawson (Biss, ligado a JxC) participaron de las movilizaciones. Hasta el propio legislador Carlos Eliceche, del PJ, principal lobbista de las mineras, tuvo que darse vuelta. La burguesía y sus representantes tomaron nota de que la rebelión popular era imparable, que la tendencia a la paralización de la provincia era inevitable y que se estaban sacudiendo todas las herramientas de contención con la que contaban. La única forma de parar la rebelión era dar marcha atrás.

 A la tarde de ese día, el vicegobernador Sastre confirmó la sesión de la legislatura para el día siguiente y Arcioni ensayó la última maniobra, planteando la suspensión de la zonificación y la convocatoria a un plebiscito. Rápidamente, las movilizaciones populares rechazaron cualquier maniobra y exigieron la derogación. Al día siguiente, la concentración en Rawson festejó el enorme triunfo de la rebelión. Por la tarde, en cada localidad, la gente salió masivamente a festejar la victoria. Los abrazos y los cánticos se entremezclaban con la quema de los carteles de los diputados del gobernador y hasta del presidente Alberto Fernández. No había dudas, la contundencia de la lucha había derrotado a todas las fuerzas políticas del régimen y a todos los recursos del Estado. Por delante queda derrotar las maniobras, la judicialización de la protesta y el conjunto de las represalias. Hay en marcha una colecta para colaborar con las víctimas de la represión estatal.

Algunas conclusiones y perspectivas

Es evidente que el triunfo del Chubutazo es un golpe a todo el régimen de saqueo y endeudamiento, no solo de la provincia, sino también de las expectativas del gobierno nacional de avanzar en la profundización del extractivismo como garantía para llegar al acuerdo con el FMI. Al mismo tiempo, el Chubutazo fortalece e impulsa el conjunto de las luchas; poco tiempo después, ocurre el Atlanticazo contra la explotación petrolera del mar argentino, con masivas movilizaciones con epicentro en Mar del Plata. El gobierno nacional tuvo que poner en suspenso el plan minero nacional.

La organización asamblearia, la perspectiva de la independencia política respecto de todos los gobiernos, los métodos de acción directa, las movilizaciones, los piquetes, los paros, la agitación y la difusión callejera permanente, la nacionalización del conflicto, la difusión por redes y demás muestran el camino necesario para llevar adelante el conjunto de las luchas por delante. Además, muestran que la fusión del movimiento ambiental con el movimiento obrero (así como los demás movimientos reivindicativos) son un elemento central a la hora de ganar un conflicto. También estas luchas reivindicativas sacuden al movimiento obrero y las herramientas de contención que dispone la burocracia sindical. Lo que quizá no es logrado por una paritaria, puede ser desencadenado por luchas de otras características. Impulsamos la convocatoria urgente a un congreso de delegadxs elegidos en asambleas de base en todos los sindicatos y movimientos de lucha para debatir un plan de lucha por el conjunto de las reivindicaciones y un programa de salida ante la crisis. 

La intervención de un partido revolucionario en un conflicto de estas características tiene que ser guiado por la defensa del interés colectivo, la defensa de los métodos democráticos de asamblea, la perspectiva de la agitación sobre el movimiento obrero para lograr la unidad y la profundización de la lucha, como forma de superar los límites de los planteos puramente ecologistas o escindidos de una perspectiva de transformación integral de la sociedad; unido a esto va la defensa permanente de los frentes únicos, y la delimitación respecto de las fuerzas políticas patronales y la burocracia sindical que intentan sistemáticamente desviar la lucha. El debate sobre la perspectiva más general y sobre los intereses que están detrás del conflicto, como el FMI, ofrece una visión de conjunto. Fue lo que intentamos impulsar desde el Partido Obrero en cada una de nuestras intervenciones, volantes, videos y demás acciones (en especial durante la campaña electoral).

La victoria del movimiento fue también un golpe a las posiciones impulsadas por los voceros del gobierno nacional, así como de la oposición derechista. Pocos días después de la derogación, la flamante vocera presidencial Gabriela Cerruti, lejos de solidarizarse con las víctimas de la represión, salió a cruzar al movimiento ambiental acusándolo de “estar confundido”. Lejos quedó la Cerruti que apoyaba al movimiento de lucha de Mendoza en sus videos. El “progresismo” del kirchnerismo se choca con la topadora de la sumisión al FMI. Por esto ensayan todo tipo de subterfugios para atacar al movimiento ambiental, en oposición al desarrollo que el gobierno nacional estaría impulsando. Juan Cabandié, de forma expresa, planteó la oposición entre el acuerdo con el FMI y el cuidado del ambiente, pero para argumentar en favor del saqueo ambiental. El mentado desarrollo se comprueba falso a la luz de las experiencias en las diferentes provincias -por ejemplo, Santa Cruz y San Juan. Los puestos de trabajo son escasos, precarios, y las divisas que quedan son mínimas. El resto de las áreas económicas se ven afectadas por la falta de agua y el pasivo ambiental es enorme. El balance implica un costo para la provincia en términos económicos, de salud, políticos y educativos (el lobby llega hasta los libros escolares de la primaria), así como grandes beneficios para las multinacionales. Los mismo para el resto de los proyectos extractivistas, que además son siempre realizados por grupos capitalistas concentrados que asumen el conjunto de los beneficios. Incluso los mismos grupos capitalistas que saquean suelen tener como accionistas a tenedores de deuda, como Black Rock. Un negocio perfecto. El verdadero desarrollo productivo y al mismo tiempo en armonía con el ambiente es contrario no solo al pacto con el FMI y los negociados capitalistas, sino también al régimen en su conjunto. El capitalismo, en su fase senil, no sólo ahorra en cualquier tipo de control ambiental, sino que avanza en el ataque a las condiciones generales de vida del pueblo trabajador en su conjunto, desde las libertades democráticas, hasta la salud y el ambiente. Esto como herramienta de la burguesía, que ve caer la tasa de ganancia como producto de la tendencia indeclinable del capital, que produce crisis cada vez más profundas. La lucha contra la depredación del medio ambiente es inseparable de la lucha contra el capitalismo. La perspectiva estratégica para la clase obrera en su conjunto y para el movimiento ambiental es el gobierno de lxs trabajadores, el socialismo.