El sometimiento al FMI golpea al país

¿Se reúnen las condiciones para una nueva rebelión en Argentina?

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Sectores de la burguesía argentina vienen discutiendo la posibilidad de que la ola de rebeliones populares que viene atravesando el continente americano estalle también en el país. El impacto de la crisis capitalista, su agravamiento por la pandemia y los planes de austeridad vienen aumentando exponencialmente la tensión social.

El desmadre económico se ha agravado sensiblemente: se hunde el valor de los bonos argentinos, aumenta el riesgo país y la brecha cambiaria se profundiza con un crecimiento sostenido del dólar blue y los dólares financieros. La inflación avanza sin techo, superó el 50% en 2021 y los pronósticos más conservadores hablan de un 60% para 2022. Estamos ante un cuadro explosivo que alimenta las perspectivas de una hiperinflación y una megadevaluación, en un cuadro internacional con viento de frente: aumento de las tasas, salto de la inflación combinada con tendencias recesivas y desaceleración de la economía mundial, incluido un freno de la economía china.

Las reservas del Banco Central están agotadas, algo que ha ido en paralelo con la creación una verdadera bola de nieve incontrolable a través de la emisión de las Leliqs y pases. La apuesta a un acuerdo rápido con el Fondo para destrabar los dólares necesarios para afrontar el pago de 18 mil millones al organismo durante 2022 no funcionó. Los plazos se estiran al límite con final abierto. La medida inmediata del gobierno ha sido redoblar el ajuste, achicando las partidas de Salud, Educación y Desarrollo Social por decreto. El celebrado déficit de solo el 3% del PBI alcanzado en 2021 significó un fuerte golpe a los jubilados (el gasto previsional cayó en términos reales un 5,3% respecto de 2020 y fue menor a 2015 en relación con el PBI), además de la caída los salarios estatales. 

El ajuste se produce en el mismo momento en que los contagios por coronavirus se multiplican, que el número de fallecidos crece y que el sistema de salud muestra un agotamiento, como resultado del desmantelamiento que sufrió por años, el levantamiento las dotaciones temporarias por Covid después de la segunda ola y por el contagio de los trabajadores, favorecido por el sometimiento del gobierno a la presión patronal. 

La miseria y el desastre económico han sido el motor de la derrota electoral del gobierno del Frente de Todos, que hizo la peor elección de un peronismo unificado desde el surgimiento de este movimiento político en 1945. La derrota del gobierno ha sido al mismo tiempo la expresión de una crisis incipiente de todo el régimen político. La principal oposición derechista, ahora bautizada Juntos, también perdió votos y se encuentra profundamente dividida. Los datos nuevos de la elección fueron el desarrollo de la izquierda anclada en la lucha de clases, con la consagración del FIT-U como tercera fuerza nacional, con un millón 300 mil votos y puntos muy altos en Jujuy y en distritos proletarios de la provincia de Buenos Aires y, al mismo tiempo, el surgimiento de una ultraderecha autodenominada liberal que expresa planteos reaccionarios y represivos de forma más desembozada que los principales partidos patronales, y que ha recibido una votación espectacular en la Ciudad de Buenos Aires (17%) e importante en la provincia. La alternancia entre dos grandes coaliciones patronales y el fuerte dispositivo de contención y cooptación de la lucha de clases aparece crecientemente horadada por la crisis social y política, y hace que nuevamente sobrevuele la perspectiva de un estallido en Argentina. La radicalización política por izquierda y por derecha expresa la perspectiva de una polarización social y política de la lucha de clases. En evitarla está centrado el esfuerzo de la mayoría de las direcciones de masas, buscando aplacar toda tendencia a la organización y el reclamo.

El 20° aniversario de la rebelión de 2001 reabrió el debate sobre esta perspectiva en el país, por los niveles de pobreza sin precedentes, las dificultades en cerrar un acuerdo con el FMI, que abren la posibilidad de un default y un clima de movilización sin antecedentes en muchos años, marcando para el año 2021 un récord en piquetes y la mayor cantidad de movilizaciones desde 20141“Hubo récord de piquetes en 2021 y reconocen que fue por el aumento de la pobreza”, La Nación, 6/1/22. https://www.lanacion.com.ar/politica/hubo-record-de-piquetes-en-2021-y-reconocen-que-fue-por-el-aumento-de-la-pobreza-nid06012022/. El resurgir del movimiento piquetero independiente, con una masividad que supera la de la etapa de 2001/2003 es, por lejos, el fenómeno más importante en el proceso de movilización popular. Este crecimiento del campo de lucha no deja de ser contradictorio. El Polo Obrero tiene un peso decisivo en la Unidad Piquetera -que agrupa a las organizaciones independientes y en su seno el nivel de politización y adhesión al Partido Obrero y el Frente de Izquierda- y supera lo conocido en etapas anteriores. Pero aún resta completar una maduración del movimiento piquetero que se proponga como canal para los trabajadores de conjunto, asumiendo un lugar de vanguardia claro de la clase obrera como en la primera mitad de la década de 2000. La presión de la integración al Estado y al nacionalismo burgués es el centro de estos obstáculos entre las organizaciones de lucha.

El mismo relevamiento marca un crecimiento, a su vez, de las protestas de trabajadores ocupados, tanto en los sectores públicos como privados. Cabe señalar que estas protestas contra despidos o por otros reclamos puntuales son aguerridas, pero localizadas y no equivalen a una reacción general de la clase obrera ocupada. Las direcciones sindicales de todas las alas de la CGT y la CTA mantienen su escandalosa tregua, basada en diversos grados de integración al gobierno de Alberto Fernández, mientras los salarios y jubilaciones sufren una licuación sistemática por inflación. Han habido en 2021 procesos importantes de autoconvocatorias o huelgas parciales contra la entregada de paritarias (trabajadores de salud de Neuquén, choferes de UTA, citrus de Tucumán, vitivinícolas, huelga aceitera de 21 días, paros paritarios del Sutna, de docentes chaqueños), pero, de conjunto, la burocracia sigue logrando imponer la pasividad en los sindicatos.

La comparación con el año 2001 merece otra salvedad. La bancarrota de ese entonces pudo remontarse apoyándose en una onda ascendente de la economía mundial, caracterizada por el acople chino-norteamericano, lo que se expresó, entre otras cosas, por el aumento del precio de los commodities y el ingreso de capitales en los países emergentes. El escenario internacional hoy es muy distinto. En lugar de viento de cola enfrentamos vientos de frente, con una economía mundial que ha entrado en recesión (el rebote actual no ha logrado superar la anemia de la economía mundial), que se combina con la inflación más alta de las últimas cuatro décadas y que se potencia por la crisis sanitaria que está lejos de cerrarse. Los precios de las materias primas presentan volatilidad y hay inflación internacional y tendencia al alza de las tasas de interés. Todos estos factores están en la base de la guerra comercial, de las tensiones militares y conflictos bélicos actuales (Ucrania). Esto tiene un brutal impacto sobre los países emergentes -y por supuesto, en Argentina-, sometidos a un incremento de las presiones económicas, políticas y diplomáticas por parte de las metrópolis imperialistas y el capital internacional. 

La idea macrista de salvarse “integrando Argentina al mundo” fue tan absurda como el lobby de Fernández para que Merkel, Macron y Biden se apiaden de Argentina y aflojen la soga financiera al cuello del país. Es esta probada incapacidad para sacar al país de su decadencia estructural y hacer frente a las tendencias dislocadoras de la bancarrota capitalista mundial en curso la que está por detrás de la crisis política nacional, que tuvo una muestra en el reciente resultado electoral. La imposibilidad de Fernández y el ministro Guzmán de mostrar una foto de consenso entre oficialismo y oposición ante el FMI se basa en la incobrabilidad del repago de la deuda argentina en los plazos del crédito en discusión con el Fondo y en que ninguno de los dos bandos de gobierno, el pasado y el presente, quieren hacerse cargo del ajuste, la devaluación y las tormentas sociales que ese curso desatará, sin que eso garantice un sendero de recomposición económica ni seguridades a los acreedores.

La pérdida de autoridad del gobierno de Alberto Fernández tuvo una expresión cabal en su fracaso para hacer votar el Presupuesto 2022 en el Congreso Nacional. Esta votación era un pedido de las autoridades del Fondo para plasmar el acuerdo opositor con las tratativas. A pesar de que ambos bloques coinciden en la aplicación de un plan de austeridad y en pagar la deuda externa, la votación fracasó en un clima de acusaciones cruzadas y una profunda división de ambas coaliciones que no lograba reunir los elementos para hacer avanzar un acuerdo parlamentario que respalde las negociaciones en Washington y asuma una responsabilidad de conjunto para aplicar un acuerdo que tendrá consecuencias nefastas.

Chubut: las masas dicen “presente”

El año terminó en la explosión de una tercera ola de Covid-19, que batió récords de contagio y que desbordó cualquier capacidad de testeo del Estado, y aunque la mortandad es menor a las olas anteriores, ya amenaza con desbordar el sistema sanitario por su crecimiento exponencial. Se sumaron a eso movilizaciones contra la depredación ambiental que el gobierno promueve para reunir dólares para pagar el fondo. En Chubut, una pueblada de una semana, que llegó a prender fuego la Casa de Gobierno, hizo retroceder una ley de megaminería promovida por todos los bloques patronales a instancias del gobierno nacional de Alberto Fernández. Esta verdadera rebelión tuvo un centro en las asambleas ambientales, pero llegó a plegar a sectores del movimiento obrero a la protesta. Chubut viene de una larga experiencia de lucha contra el gobierno de Arcioni, con largos meses de huelga de docentes y estatales por falta de pago de sus salarios. Esta experiencia de lucha ha aportado una combatividad impactante a las protestas que quebraron el operativo represivo y derrotaron la iniciativa oficial. El gobierno y su oposición patronal debutó teniendo que retroceder ante la “guerra del agua” en Mendoza y terminó su medio mandato con otro golpe de la movilización popular por motivos similares en Chubut. Este movimiento tuvo ya antecedentes en las importantes movilizaciones rosarinas contra la quema de las islas del Paraná y por la cajoneada ley de humedales, así como ha dado impulso a la lucha contra la exploración petrolera offshore. 

La habilitación del gabinete nacional de exploraciones con explosivos para extracción petrolera offshore frente a Mar del Plata en los primeros días de 2022 llevó a una nueva ola de reclamos ambientales. Los cortes de luz prolongados por la falta de inversión dan lugar a protestas vecinales en la Ciudad de Buenos Aires. Luchas y reclamos ganan rápidamente las calles: el fantasma de la rebelión se encuentra omnipresente. 

Los planes asistenciales del gobierno son objeto de una pelea constante. Los sucesivos gobiernos pretenden usarlos para contener la tensión social e integrar organizaciones al Estado. Al mismo tiempo, su otorgamiento a quienes no revistan en las organizaciones colaboracionistas y sus montos son objetos de una intensa lucha callejera. Junto al ajuste fiscal existe un reclamo patronal para limitar o eliminar los planes. Los planes, aunque sus montos no superan la línea de pobreza, funcionan de todas maneras como un piso salarial para sectores patronales que quieren pagar sueldos por debajo de la línea de indigencia. 

Los intentos de ajustar o devaluar sus montos también dan lugar a una lucha durísima. Fue muy importante la acción callejera del Polo Obrero en los momentos de la cuarentena más cerrada para denunciar que la miseria y discontinuidad de la ayuda oficial para quienes quedaron sin trabajo por la pandemia imposibilitaba una cuarentena real. El reciente ajuste en fondos de Desarrollo Social llevó a un intento del gobierno de incumplir acuerdos con la Unidad Piquetera, que llevó a una tensión en enero de este año. Peleando contra esta orientación se ha multiplicado la fuerza del Polo Obrero y el arco de organizaciones independientes del gobierno.

Argentina es parte de América Latina

Las jornadas de movilización obrera contra la reforma previsional pactada por Macri con el PJ en diciembre de 2017 volvieron a colocar la tendencia a la rebelión al rojo vivo. Fue un antecedente que se adelantó a la ola de rebeliones populares que cruzo Latinoamérica. Fueron combates masivos de columnas obreras de sindicatos combativos y partidos de izquierda contra la represión policial. La represión y detenciones a mansalva fueron seguidas por cacerolazos y movilizaciones de la clase media porteña en solidaridad con los manifestantes. El clima obligó a archivar la reforma laboral que había sido anunciada por Macri con apoyo de la CGT y el PJ. De ahí siguió el enorme esfuerzo del PJ, la Iglesia, la burocracia sindical y piquetera, la centroizquierda y el progresismo para canalizar ese clima de movilización en un recambio electoral. La enorme concentración, el 20 de febrero de 2018, fue usada por Hugo Moyano para señalar que la vía para enfrentar a Macri era esperar a las elecciones y procesar un recambio por la vía del peronismo, el famoso “Hay 2019”, que llamaba a sufrir con resignación el ajuste en curso.

Este operativo tuvo un éxito importante. Sumó a la totalidad de la burocracia sindical, a importantes sectores de movimientos de lucha novedosos, como el de mujeres y el ambiental, a la inmensa mayoría de las fracciones del peronismo y a sectores de izquierda o centroizquierda que no había participado del kirchnerismo (PCR, Patria Grande, CTA degennarista, Pino Solanas). El frente de colaboración de clases tejido alrededor del gobierno de Alberto Fernández fue puesto a una dura prueba en dos años de gobierno. Los dirigentes del Frente de Todos reivindicaron expresamente su rol de contención popular. Su triunfo electoral fue contrastado por ellos mismos con la rebelión popular chilena. Mientras el Frente de Izquierda hacía campaña reivindicando la lucha chilena contra el gobierno de Piñera, el Frente de Todos se jactaba de que en Argentina no existían las rebeliones porque estaba el peronismo.

Las movilizaciones en curso y la reciente derrota electoral marcan el desgaste de la influencia del peronismo en las masas. El crecimiento de la votación de una izquierda que crece como organizadora de los conflictos en curso marca que no asistimos a un voto bronca episódico, sino a una transición en el movimiento obrero y de masas, que pone en juego la pelea por una nueva dirección. La coalición macrista viene de tener dificultades para terminar un único mandato de gobierno, del que se fue repudiado por amplios sectores de masas, y tiene muchos condicionantes para explotar a su favor la crisis del gobierno de Alberto y Cristina Fernández. 

Se están reuniendo los elementos de crisis política por arriba y de lucha y ruptura por abajo que pueden llevar a emerger una irrupción popular que ponga a Argentina a tono con los levantamientos que recorren la región.

Las enormes posibilidades (y responsabilidades) abiertas para la izquierda obligan, más que nunca, a discutir los límites de nuestros progresos y con qué estrategia política podremos hacer avanzar los procesos de lucha de los trabajadores y su evolución política para que puedan plantearse una transformación profunda de nuestra realidad, que saque al país del atraso estructural y la completa exposición a las crisis capitalistas recurrentes. 

La miseria del pueblo, en el centro de la crisis

Luego de dos años de un gobierno que había prometido que entre los bancos y los jubilados elegiría a los jubilados, la jubilación mínima terminó en 29.000 pesos, contra una canasta básica del jubilado, medida por la Defensoría de la Tercera Edad, de arriba de 75.000 pesos en diciembre. El salario mínimo de 31.938 pesos, 300 dólares al cambio oficial y 150 a los cambios alternativos, viene de al menos cuatro años de golpes ininterrumpidos, mientras que el salario promedio fue de 50.849 pesos para los asalariados, según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec de noviembre. Esto contrasta con una canasta básica familiar (de pobreza) de 73.918 pesos en el mismo mes, y aún más con la verdadera canasta familiar, que fue medida por la Junta Interna de ATE-Indec en 118.000 pesos en diciembre. La inflación anual de 2021 alcanzó el 50,9%. Al millón cien mil desocupados, medidos por el Indec en noviembre (8,2%), debe sumarse a los subocupados, otro 1,8 millones, y a la población que ya no busca trabajo, en total 4,5 millones personas con problemas de trabajo, un tercio de la población activa. El trabajo registrado con descuento jubilatorio fue un “privilegio” de 6 millones de trabajadores, mientras que otros 2,9 millones de trabajadores no registrados tuvieron un salario promedio de 27.301 pesos -un ingreso de indigencia. Esta radiografía de los magros ingresos de la clase obrera es lo que explica niveles de pobreza persistentes por sobre el 40%, que suben a arriba del 60% para los niños y jóvenes menores de 16 años.

Estos números, que muestran de cuerpo entero el empobrecimiento generalizado de la sociedad argentina, son el origen de una crisis entre la población y no sólo el actual gobierno, sino del conjunto del régimen político y social. Poner fin a la pobreza, la indigencia y la desocupación implica desarrollar una agenda completamente opuesta a toda la política dominante. Tanto el gobierno como Juntos por el Cambio tienen la mira puesta en cómo recomponer un acuerdo con el Fondo Monetario que permita pagar los 44.000 millones de dólares de deuda externa con el organismo, que se suman a la enorme deuda pública argentina, que alcanza los más de 353.000 millones de dólares, según la Secretaría de Hacienda, una cifra que de todas formas no incluye el endeudamiento privado, el de las provincias ni el del Banco Central. 

Está claro que el Covid-19 no ha creado la crisis, como lo pretende presentar el gobierno, sino que acentuó un marco de bancarrota producto de un impasse de fondo del capitalismo argentino, que ha caracterizado a todo el régimen político y social en las últimas décadas. Los casi 120.000 muertos por la pandemia no son solamente producto del virus, fueron víctimas de la imposibilidad del aislamiento en viviendas hacinadas, de la falta de protocolos que sufrió el 95% de los establecimientos laborales que no tiene delegados gremiales, del hacinamiento en el transporte, pero también, y sobre todo, del vaciamiento de la salud pública y la demora en la provisión de vacunas, que se vienen produciendo desde enero de 2021 en Garín sin haber sido distribuidas hasta muy entrado el año. Son expresiones de tendencias internacionales: las nuevas variantes surgen de África, justamente, por la demora en la vacunación en el continente, producto del resguardo de los derechos de patentes y la falta de transferencia tecnológica por parte de los países imperialistas. 

El gobierno finalizó el año festejando un 10% de crecimiento anual. Estos datos de crecimiento se apoyan, por un lado, en la utilización de la capacidad instalada ociosa, producto de la crisis desde 2018, y luego por el rebote de la pandemia. Por otro lado, la relativa reactivación se apoya en salarios de hambre como los que describimos. En tercer lugar, se alimenta de un alza de los precios de los alimentos exportados por la Argentina en el mercado mundial, que parece haber encontrado un techo y comenzado un retroceso (los precios de la soja ya descendieron de 600 dólares la tonelada a 450/500). En cuarto lugar, se alimentó de un esquema de tarifas y tasas de interés bajas, cuestionado por el ajuste en el marco de las negociaciones con el Fondo. El gobierno corre el riesgo de abortar el crecimiento cuando recién comienza el rebote. 

El retroceso social y económico viene de la mano de la acentuación del carácter dependiente y semicolonial de la economía argentina, así como el endeudamiento estatal (y privado) externo viene de la mano de la fuga de capitales. La formación de activos externos del sector privado en la Argentina (fuga de capitales) alcanza holgadamente los 400.000 millones de dólares en las mediciones oficiales. Mientras el país se hunde, la burguesía se lleva la plata afuera. Es una expresión extrema de parasitismo, imperante en el capitalismo en declinación. Pero, además, el ciclo de negocios -que han sido la base de la bonanza del capital concentrado en Argentina- ha reforzado este carácter semicolonial. La balanza de pagos del país depende todavía del complejo agroindustrial, cuyas exportaciones las manejan doce empresas lideradas por Cargill y Cofco2Ranking de exportación de empresas agroindustriales según ventas en la campaña 2020/21 | Bolsa de Comercio de Rosario (bcr.com.ar). Esta balanza comercial arrojó un superávit del orden de los 15.000 millones de dólares, pero las reservas disponibles del Central retrocedieron casi a cero, producto del pago de la deuda pública y privada, del pago de servicios y utilidades de la deuda, y de la fuga de capitales. La Argentina del superávit comercial récord está en bancarrota, y la bancarrota estimula los planes de entrega al imperialismo, ahora por parte del gobierno “nacionalista” de Alberto Fernández.

Por eso, un objetivo del gobierno es desarrollar a fondo todo el complejo exportador de materias primas, sobre la base de concesiones coloniales a las multinacionales en el terreno del petróleo, la megaminería y los agronegocios. Esta orientación coloca al país en crisis ambiental, producto de los desmontes, los incendios, el saqueo del agua, que son contribuciones locales al calentamiento climático global. Con incendios en once provincias y 300.000 hectáreas perdidas en 2021, que se suman a casi un millón 200 mil en 2020, las consecuencias de esta orientación se ponen de manifiesto. La sequía amenaza con derrumbar las cosechas de este año -como en 2018-, lo cual impactaría tanto en el balance comercial como en el fiscal -las retenciones fueron uno de los aportes extras que pudo utilizar el gobierno para bajar el déficit fiscal. Los daños ambientales se socializan, las ganancias son privadas. Por eso, no es casualidad que el año 2021 haya finalizado con grandes levantamientos en defensa del ambiente: la lucha del pueblo de Chubut, que logró derrotar la ofensiva megaminera del gobierno, y la del pueblo de Mar del Plata y la Costa, que comenzaron 2022 defendiendo el mar argentino de la exploración petrolera offshore y su secuela de daños a la fauna marina y riesgos de desastres. 

Crisis política

Tampoco es casualidad que, en este marco de crisis histórica, nuestro país viva una transición política, marcada por el descrédito de las expresiones patronales mayoritarias. En las recientes elecciones parlamentarias, el gobierno fue ampliamente derrotado. Perdió, desde 2019, seis millones de votos. Por primera vez no tendrá mayoría propia en el Senado. En la Cámara de Diputados pudo esquivar por escaso margen que Juntos por el Cambio fuera la primera minoría, sin embargo, perdió en los hechos el control que tenía de la Cámara, como lo mostró la votación del Presupuesto y aún la de la suba del piso de Bienes Personales. A pesar del intento del gobierno de disimular el impacto de la derrota en el hecho de que achicó la diferencia entre las primarias de septiembre y las elecciones generales de noviembre, la derrota ha reforzado la división de la coalición oficial, que quedó expuesta brutalmente en la crisis de gabinete luego de las primarias, con renuncias y recriminaciones públicas de la vice contra el Presidente. La idea de hacer una demostración de fuerza movilizando el 17 de noviembre (día de la militancia) dio lugar a tres actos separados. Alberto Fernández anunció que si puede, quiere ir por la reelección y que impulsaría una competencia en primarias en este sentido, lo cual abre una fuerte disputa de sectores de los peronismos provinciales, los barones del conurbano y de la burocracia sindical contra el dedo de Cristina. El triunfo de Juntos por el Cambio, sin embargo, no significa una revitalización del espacio. La derecha tradicional perdió 1.700.000 votos, una suma enorme, desde 2019. Bien mirados, los resultados marcan el deterioro político de ambos lados de la “grieta”. 

El peronismo retrocedió en las barriadas populares del conurbano y de todo el país, fuertemente golpeadas por la crisis y el ajuste. La importante elección del Frente de Izquierda-Unidad, que llevó a la izquierda a la posición de tercera fuerza nacional, tuvo una expresión muy destacada en estos barrios, en donde se viene desarrollando con fuerza al movimiento piquetero independiente. El Polo Obrero aportó contingentes masivos de militancia a la campaña del Frente de Izquierda-Unidad y registró un terreno de crecimiento en la propia campaña, en la medida que con la agitación de los planteos del Frente de Izquierda salió a disputarle los barrios al PJ y a empalmar con el enorme descontento que se está desarrollando. Otras expresiones combativas del movimiento piquetero también declararon su apoyo al Frente de Izquierda, como el MTR 12 de Abril, el MAR o sectores del FOL y el Frente Darío Santillán. 

En el tramo final de la campaña, los informes de las agitaciones fabriles daban cuenta de una simpatía creciente entre los obreros fabriles. La enorme elección en el Sutna -sindicato nacional de los obreros del Neumático, de la Lista Negra que revalidó su conducción en el gremio nacional con el 70% de los votos y ganó en todas las seccionales- muestra el entusiasmo con las conducciones clasistas, donde estas han podido hacer pie. Lo mismo ha ocurrido en numerosos cuerpos de delegados, donde las maniobras proscriptivas y los despidos han sido frenados por los trabajadores, incluso en gremios no tradicionales de la izquierda, como textiles. Cierta proliferación de listas opositoras en diversos gremios expresan en muchos casos divisiones internas de la burocracia sindical. Los choques que se repiten son innegablemente un efecto de la presión salarial y el desprestigio de las direcciones vinculadas con el gobierno, que han permitido los despidos y entregado los debates paritarios.

Este avance electoral llevó a la izquierda a obtener por primera vez concejales en La Matanza, Moreno, Merlo, Pringles y José C Paz. Con su gran elección en la provincia de Buenos Aires, la izquierda consagró además dos diputados provinciales por la tercera sección electoral y dos diputados nacionales (Nicolás Del Caño y Romina Del Plá), quedando a 70 centésimos de un tercero, algo sin antecedentes. Además del ingreso por primera vez en años de una diputada nacional del Frente de Izquierda por la Capital, el otro dato saliente de la elección de la izquierda fue el ingreso de Alejandro Vilca al Congreso, con un voto masivo por la provincia de Jujuy, también reforzado por la intensa campaña de diversas organizaciones independientes del movimiento piquetero -en primer lugar, el joven Polo Obrero jujeño. La elección de la izquierda, impulsada por la enorme organización popular del movimiento piquetero, es la expresión del desarrollo de un cambio histórico de la relación de fuerzas en barrios enteros, donde los viejos punteros de los intendentes fueron desplazados por las asambleas de las organizaciones combativas.

Para Juntos por el Cambio, el triunfo electoral fue un factor de agudización de tensiones internas. El radicalismo salió reforzado de la elección, pero su bloque en Diputados se quebró al momento de asumir, entre el sector liderado por Martín Lousteau y el de Gerardo Morales. Los gobernadores aspiran, con Morales, a tener un juego propio y a alinear la coalición en un sentido más dialoguista con el gobierno nacional. En el PRO, las divergencias también vienen pesando. Larreta consolidó su influencia en el proceso electoral para disputarle el liderazgo al eje Macri-Bullrich. Los liberales le disputan a Juntos por el Cambio un electorado radicalizado por derecha, con una agenda fascistizante y antiobrera. Las disputas en Juntos por el Cambio tienen motivos de fondo: pesa el balance del fracaso del gobierno de Macri, del cual un sector saca la conclusión de la necesidad de ir más a fondo en pactos con el peronismo. El ala “derecha” y los liberales plantean, por el contrario, que el fracaso gubernamental de Macri se debió a no haber ido más a fondo en una política de ajuste. Estas disputas se ponen a prueba en la situación política, donde Juntos por el Cambio sufre presiones contrapuestas, de un lado, la defensa de la gobernabilidad para el pacto con el Fondo que requiere el oficialismo y reclama todo el arco patronal, por otro, el ser el canal de oposición patronal y de sectores de la pequeña burguesía contra las medidas de arbitraje económico que todavía defiende el oficialismo. 

Los libertarios liderados por Javier Milei, por su parte, están siendo colocados a prueba rápidamente. Mientras su agitación amplificada por los medios patronales les dio un lustre “antisistema”, que sedujo a trabajadores y pequeñoburgueses, en particular jóvenes, hastiados con los partidos dominantes; su ingreso al Parlamento los muestra vacíos de una agenda diferenciada de los bloques patronales y coqueteando con jugar en el ala Macri-Bullrich en una eventual interna presidencial del PRO, lo cual coronaría su integración a la “casta política” que tanto denuncian.

Todos estos factores de crisis política se condensan fuertemente en la dinámica del Parlamento. La crisis de la oposición llevó al rechazo del Presupuesto 2022 en el Congreso, un resultado que no fue buscado por Juntos por el Cambio. El rechazo al presupuesto mostró la orfandad del oficialismo, poniendo de manifiesto su dependencia de los pactos parlamentarios para aprobar cualquier iniciativa en el Congreso. Además, colocó al oficialismo en la situación de asignar partidas por decreto, en un cuadro de ajuste, mientras discute con el FMI y luego de una derrota electoral. Juntos por el Cambio buscó explotar este revés avanzando en el tratamiento de la elevación del mínimo no imponible de bienes personales en la última semana parlamentaria del año, pero tuvo un revés, porque el oficialismo logró, con aliados, imponer un proyecto que morigeraba la rebaja esperada en la recaudación, incrementando las alícuotas a las categorías más altas. La izquierda votó este último proyecto por representar un alivio concreto para sectores de la clase media y trabajadores, mientras se incrementa, aunque sea en forma limitada, las alícuotas del segmento más alto de la escala -pero contraponiendo claramente, por parte de Romina Del Plá, un sistema de impuestos progresivos expropiatorios de la burguesía. La pérdida de control parlamentario que se puso de manifiesto en las últimas sesiones del año tiene mucha importancia a la luz del hecho de que el oficialismo anunció que el proyecto de acuerdo con el Fondo pasaría por el Congreso (el plan plurianual), un planteo del propio FMI. Dependerá, entonces, de los pactos con Juntos por el Cambio para cualquier iniciativa parlamentaria. 

Los límites y desafíos del Frente de Izquierda

El salto en la votación del Frente de Izquierda debe ser adecuadamente leído. Aunque es parte de un cuadro que abre efectivamente una pelea por una nueva dirección en el movimiento obrero y de masas, el progreso del FIT-U está asociado a la evolución de la lucha de clases y el rol de las corrientes que lo integramos juguemos en ella.

La perspectiva de una creciente licuación y desprestigio de los partidos tradicionales (explotada a su manera por la ultraderecha, aparte de la explotación del Frente de Izquierda) se liga directamente al carácter explosivo de la crisis. Es la convicción de esto la que da una estrategia política al Partido Obrero, que lo distingue en el marco de la izquierda argentina. 

El Partido Obrero planteó sistemáticamente que promoviéramos un Congreso convocado por el Frente de Izquierda, que se propusiera sumar a miles de trabajadores y luchadores a intervenir en la campaña del FIT-U, a discutir su programa, a montar comités de base, pertenezcan o no a alguno de los partidos que componen el Frente. Promovemos en este sentido que el espacio de independencia política de la clase obrera, que el FIT-U ha conquistado en una década de existencia, sea un impulsor del frente único y un campo de adhesión y militancia para quienes nos apoyan en las elecciones. Esto ha sido rechazado por los otros integrantes del FIT-U y particularmente por el PTS, quien teniendo las candidaturas centrales del Frente pretende imprimirle a su actividad una clave de agitación electoral superestructural permanente. El PTS desarrolló en la etapa previa al cierre de listas una campaña por unas Paso de la izquierda, que disolvía los contornos de programa del FIT-U y llevaba el terreno de “unidad de la izquierda” exclusivamente a una compulsa electoral por candidaturas con pequeños grupos hostiles al frente único y sin gravitación política alguna. El MST insistió en un planteó similar, pero con un mayor componente de licuación política del Frente, diciendo que apuntaban a sumar sectores desprendidos del gobierno y personalidades. Y lo hizo con planteos verborrágicos contra el “sectarismo” y por la “renovación” de la izquierda. Este planteo llevó al MST a presentarse en oposición con una lista propia en las primarias del FIT-U en todo el país, con resultados marginales en la mayoría de los distritos, pero dando formalidad a un planteo pro-centroizquierda al interior del Frente. Esta posición del MST ha tenido permanente expresión de tipo electoralista en todos los frentes de lucha y al interior del Plenario del Sindicalismo Combativo.

La propuesta de un acto masivo común del FIT-U durante la campaña electoral fue demorada y luego rechazada por el PTS. Prefirió no impulsar una movilización, restringiendo la campaña a un carácter mayormente propagandista-electoralista. (¿También acaso porque podría mostrar en las calles su peso minoritario dentro del FIT-U en términos de capacidad de movilización y militancia a pesar de tener las candidaturas principales?). El acto masivo que el PO convocó solo frente a este abandono (la Plaza de la Izquierda que reunió 30 mil personas en la Plaza de Mayo y miles en actos en el interior), mostró la potencialidad de reagrupamiento generada, que se hubiera visto reforzada por una convocatoria frentista.

El congreso convocado por el FIT-U que propone el PO marcaría un terreno de confluencia para el activismo. Discutir un programa y un plan de acción común, que haga del Frente un terreno de confluencia política y de lucha para miles. La necesidad de vincular el crecimiento de la influencia política del FIT-U con un proceso de organización masivo de trabajadores se condice con nuestra estrategia y, a la vez, es -sin duda- una necesidad política. 

Anteriores buenas elecciones del PO en Salta (incluso previas a la conformación del FIT) y del FIT en Mendoza avanzaron y refluyeron como fenómenos electorales, sin poder apoyarse en un proceso de movilización significativa que enfrente estas etapas de caída electoral. Un crecimiento de una izquierda revolucionaria que no se ligue a una radicalización de la lucha de clases y a una penetración revolucionaria en las organizaciones obreras y populares se transforma en la base de su propio retroceso. Los resultados en Jujuy y Buenos Aires (aún con la mayor inserción relativa que podamos tener en las barriadas bonaerenses) tienen que ser vistos a la luz de la crítica de esta experiencia recorrida.

El PTS, por su parte, realizó un congreso luego de las elecciones donde, según su prensa, toma nota del crecimiento de los candidatos de su partido como “nombres propios” de la izquierda y que “desde el PTS asumimos el desafío de enfrentar una realidad, que es que hoy la izquierda ha crecido más ‘por arriba’ superestructuralmente, que en militancia ‘por abajo’”3“XVIII Congreso del PTS: los cambios y desafíos de la izquierda después de las elecciones”, Izquierda Diario, 22/12/21. https://www.laizquierdadiario.com/XVIII-Congreso-del-PTS-los-cambios-y-desafios-de-la-izquierda-despues-de-las-elecciones. El PTS ajusta la realidad a su dolencia. Por un lado, uno de los datos salientes de la lucha de clase es el crecimiento de la militancia y la organización por los reclamos de los desocupados, por tierra y vivienda, en las barriadas obreras. Allí, la izquierda y en particular el PO tienen un enorme protagonismo. Por otro lado, la emergencia de puebladas y movilizaciones populares de la envergadura del Chubutazo abren un terreno para pelear por una estructuración masiva de la izquierda revolucionaria, que es el único bloque político que enfrenta el ajuste y el saqueo ambiental. El sindicalismo clasista, como muestra el liderazgo de la Coordinadora Sindical Clasista-PO en el Sutna, los Suteba Combativos, la AGD-UBA y decenas de direcciones combativas, es un terreno fértil para desarrollar nuestras posiciones.

La noche misma de las elecciones, Gabriel Solano planteó, en nombre de la dirección del PO en el bunker electoral del FIT-U, que nuestro desafío era transformar el respaldo electoral en movilización contra el acuerdo con el FMI que esa noche Alberto Fernández anunció enviaría al Congreso. Esto ha sido una continuidad de nuestra política de acción política común del FIT-U, que dio lugar a la importante Conferencia Latinoamericana de 2020, así como la propuesta de realizar una segunda edición en 2021, de convocar un Congreso Abierto del FIT-U que combinara la campaña electoral con una convocatoria a una deliberación de una masa de activistas a escala nacional, de realizar actos masivos comunes en la campaña electoral. La convocatoria del FIT-U a organizar una gran marcha de oposición al pacto con el FMI, acordada a instancias de esta propuesta del PO, dio lugar a una asamblea de cien organizaciones políticas, sindicales, piqueteras, de derechos humanos, ambientales en el Parque Lezama y a una convocatoria de más de 100 mil personas a la Plaza de Mayo, el 11 de diciembre, contra el acuerdo con el FMI, que contrastó con la concentración, del día anterior, en apoyo al gobierno y su negociación que tuvo como oradores a Fernández, CFK, Lula y “Pepe” Mújica. Entre las organizaciones que marcharon el 11 con el FIT-U hay quienes anhelarían la reconstrucción de una centroizquierda, a la expectativa de rupturas en el oficialismo alrededor de los cuales nuclearse. Justamente en vista de esto es clave que el Frente de Izquierda mantenga la iniciativa política y de lucha para ejercer un liderazgo en el terreno de la lucha práctica. Esta acción de lucha ya por su convocatoria replantea la propuesta del Congreso del FIT-U y la necesidad de que este se transforme en un polo de acción común en la lucha política. Desde ahí redoblamos nuestro planteo en este sentido para darle una continuidad.

Se expresan perspectivas distintas de cuál es la prioridad de desarrollo del terreno político conquistado por el FIT-U. Pretender restringir al Frente de Izquierda al terreno electoral y de la propaganda es una expresión de la presión a la integración al Estado sobre la izquierda y los luchadores. Las organizaciones centristas que integran el FIT-U son un vehículo de esa presión política. Es clave interesar a todo el activismo en estos problemas para hacer avanzar al Frente como un polo político revolucionario de la clase obrera. 

El método propuesto por el PO para que el FIT-U impulse un proceso de deliberación política en el movimiento obrero y de masas, así como una plataforma para una movilización política de los trabajadores y de frente único, es más necesario que nunca. La cuestión estratégica es que el movimiento obrero intervenga como un factor autónomo en la crisis nacional en curso y no subordinado a las alternativas burguesas y pequeñoburguesas. La agitación por un Congreso convocado por el FIT-U está inscripta en esta perspectiva. Que las organizaciones que componen y apoyan el FIT-U intervengan conjuntamente para ampliar el campo de agitación y movilización entre los trabajadores y los explotados es una necesidad urgente. Trabajamos por la irrupción política y organizativamente independiente de la clase obrera en el escenario nacional como condición para concretar la lucha directa por un gobierno de trabajadores. La movilización consecuente del FIT-U con esta perspectiva ayudará a madurar y poner en pie la organización independiente de la clase obrera y los explotados y su irrupción en el escenario nacional. 

El largo camino del pacto con el FMI

El gobierno de Fernández asumió sosteniendo que avanzaría en pactar una renegociación de la deuda externa en una Argentina en default. La negociación con los bonistas externos asumió gran parte del primer año de gobierno, paralelamente a la pandemia. Dicha renegociación, al igual que la llevada adelante con el FMI, se desarrolló sin investigación alguna del origen fraudulento de la deuda. Hay que recordar que la deuda proviene originalmente de la estafa contra el país por la nacionalización de las deudas privadas por la dictadura y que creció con fraudes como el plan Brady, el megacanje y el blindaje de De la Rúa; los canjes del kirchnerismo y Lavagna, donde se reconoció un valor a los bonos muy superior al valor de remate con el que se pactaban en el mercado y se agregó el “cupón PBI”, que eliminó prácticamente las anunciadas quitas, del que luego se nutrió del pago de los juicios a las privatizadas de la época del menemismo, del pago de la indemnización a Repsol luego de haber saqueado YPF por parte de Kicillof, o de los punitorios a los fondos buitres, a quienes se les reconoció el valor original de los bonos con Macri, entre otras estafas. Esta deuda fue integralmente reconocida por Fernández, quien comenzó su gobierno apuntando a un canje con los acreedores privados. 

Luego de negociar varios meses y recorrer las oficinas internacionales de todos los gobiernos del imperialismo, el gobierno terminó arribando, en agosto de 2020, a un acuerdo para el canje de deuda con los acreedores privados. El acuerdo terminó reconociendo el 98% del capital de los bonos. La postergación de los plazos de pago fue mucho menor a lo que el gobierno originalmente había planteado, como resultado de lo cual Argentina deberá pagar 4.000 millones hasta 2024. El canje reconoció el 60% de los intereses vigentes, colocando las tasas muy por encima de las que pagan inclusive otros países de América Latina. A pesar de estas enormes concesiones, el canje no sirvió para reconstituir un ciclo de endeudamiento en dólares. Los valores de los bonos en general han ido a la baja, a pesar de sus tasas leoninas, e incluso el gran capital en la Argentina no apuesta a un financiamiento en dólares ni del Estado, ni de inversiones privadas. La crisis crediticia y la bancarrota estatal se conectan con la crisis de fondo del capitalismo argentino. 

A partir del canje con los acreedores privados, el gobierno encaró la renegociación con el FMI. Hay que tener en cuenta que el gobierno postergó las negociaciones más de un año, pero siguió pagando puntualmente los vencimientos. Para estos pagos de vencimientos se valió de la emisión de DEG (Derecho especial de giro), llevada adelante por el propio FMI, y del ingreso de dólares, producto de la buena cosecha y de las condiciones excepcionales de precios de los commodities durante 2021. El “aire” que ganó con estos factores no evitó llevar las reservas netas al piso, producto de lo cual cuando se escriben estas líneas, el gobierno ya no tiene margen para seguir volcando dólares netos a los pagos de la deuda. Bajo esta presión, el gobierno negocia sin plan B con el Fondo: la única alternativa que presenta, si fracasan las negociaciones, será un default no preparado que acentuaría las condiciones de bancarrota de la economía argentina. 

Nuestro planteo del no pago es opuesto al default

Hay que tener en cuenta que un default no tiene nada que ver con el planteo de la izquierda del no pago de la deuda. El no pago es una medida de reorganización económica, para destinar los recursos del ahorro nacional a resolver las necesidades de la población trabajadora. Implica un abordaje general de reorganización económica, que debe ir acompañado de otras medidas: la nacionalización de la banca y el comercio exterior y un plan de desarrollo sobre esa base. Y, en definitiva, del poder político que llevará esto adelante. En cambio, el default es el producto de la bancarrota y la insolvencia -o sea, de la incapacidad de pagar la deuda. Del default se sale con una renegociación que permite retomar el pago. El default implica además una agudización de la fuga de capitales. La escasez de reservas y la insolvencia conducen casi por definición a una devaluación de la moneda que golpea fuertemente los ingresos de los trabajadores. 

Bajo la presión de evitar el default, el gobierno capituló frente a los fondos de inversión en agosto de 2020 y los mismos pasos siguió Kicillof en la fuerte deuda de la provincia de Buenos Aires. Las concesiones, sin embargo, han incrementado la presión que ejerce el FMI. En la reunión con los gobernadores del 5 de enero, el ministro Guzmán explicitó lo que sería la ruta de la Argentina hacia el acuerdo: un ajuste en regla. El gobierno acepta que llegó a un acuerdo con el Fondo en lo que atañe a mantener “un tipo de cambio que permita la reconstitución de las reservas” (o sea, una devaluación). Complementariamente, acepta el establecimiento de tasas de interés positivas, una medida que comenzó a implementar desde este mismo enero con la suba de tasas de las Leliq. Y con el consenso fiscal, puesto en marcha junto a las provincias, marcha a un impuestazo que se concentra fundamentalmente en ingresos brutos. Este conjunto de medidas ya implica un fuerte ajuste, sobre una economía que no ha comenzado a despegar de la pandemia y en una situación social crítica. No obstante, el proyecto de “carta de intención” que habría presentado es secreto, fuera de todo debate popular. 

Según Guzmán, el punto central del desacuerdo con el Fondo Monetario es la cuestión fiscal: el Fondo reclama una reducción del gasto real que el gobierno quiere morigerar. Pero en este punto, hay que decir que el gobierno ya viene llevando adelante un fuerte ajuste. Sólo así se explica haber pasado del 8,63% de déficit en 2020 a aproximadamente el 3% en 2021, sobrecumpliendo las metas del Presupuesto 2021, del 4,5 por ciento de déficit. Es cierto que en la reducción del déficit influyó el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que el gobierno no tiene ninguna intención de reeditar. Y el crecimiento de los precios internacionales de las materias primas. Sin embargo, los números de reducción del déficit sólo cierran si se tiene en cuenta el ajuste fiscal, que incluso reconoció el propio gobierno luego de las Paso, aunque sin una modificación de fondo de la orientación. 

El ajuste centralmente se concentró en los siguientes puntos: 1) la eliminación de todos los rubros de asistencia por Covid-19 entre 2020 y 2021, sin modificación frente al surgimiento de la segunda y tercera ola; 2) la reducción de las jubilaciones, producto de las modificaciones del índice de cálculo -estas modificaciones (la de Macri y luego la de Fernández) explican una reducción en el gasto jubilatorio en términos reales del 16,9% entre 2017 y 2021; en 2021, las partidas jubilatorias totales subieron 41,91% contra una inflación del 50,9%-; 3) el ajuste en materia salarial, rubro en el cual los gobiernos vienen manteniendo una desvalorización que desde 2017 ya acumula un 26,9%. Por último, en materia de gasto de capital, aunque se recupera terreno desde 2020, las cifras de inversión están todavía un 35% por debajo de 2017 (IARAF: “Una radiografía del gasto público nacional”, enero de 2022). 

El rubro en el cual los gastos del Estado aumentaron fuertemente es en los subsidios a la energía y el transporte. Reviviendo el esquema del primer kirchnerismo, el gobierno complementó el congelamiento tarifario con un fuerte esquema de subsidios que alcanzaron en el año los 10.000 millones de dólares. Este subsidio va a parar a las arcas de las viejas privatizadas de la etapa menemista, una caja negra fuera de cualquier tipo de control que ha sido premiada, de acuerdo con cada etapa política, con tarifazos o masas enormes de fondos de subsidios. La desinversión en materia energética llevó a la Argentina a una crisis en el área, y los sistemas de distribución y generación eléctrica entran en crisis en cada verano, llevando a millones de usuarios a apagones generalizados, sin que nadie rinda cuentas por los enormes números de subsidios ni los ingresos por los tarifazos (en la época de Macri). Sólo la izquierda reclama la apertura integral de cuentas de todas las viejas privatizadas y su nacionalización bajo control de los trabajadores. 

La crisis y los choques de la negociación con el Fondo se concentran fuertemente en este punto. Aunque el gobierno anunció un aumento de tarifas del 20% y una segmentación que no se sabe cómo se implementará, el Fondo reclama una reducción mayor del déficit. (Y se rechazan los reclamos agroexportadores de disminución de las retenciones”.)

También existe la posibilidad de que no se llegue a un “acuerdo” sino a una situación intermedia, sin default pero sin refinanciación, y que el FMI y el imperialismo tenga agarrado del cogote al gobierno y usen esa palanca para intervenir en forma directa y condicionar la elección del próximo gobierno en 2023. Este cuadro pondría al Estado al borde de la cesación de pagos permanente y agravaría el ajuste de manera mecánica, agravando la crisis social y política. 

Está claro, a la luz de todo lo expuesto, que están discutiendo una letra chica de un acuerdo ajustador. Pero el gobierno teme una reacción popular, en un cuadro en el cual la situación social es crítica y se juega la reelección en 2023. Aborda la discusión, además, con divergencias y choques internos y con la necesidad de un pacto con la oposición. En cualquier escenario, está claro que la clase obrera deberá enfrentar una política de ajuste en el próximo período, que será llevada adelante por un gobierno debilitado por la derrota electoral, por todo un régimen plagado de quiebres y choques y, fundamentalmente, muy desacreditado ante el pueblo. 

Organizar la lucha y agitar por una salida de los trabajadores a la crisis 

Contra esta tendencia a la entrega y el ajuste, el año 2021 finalizó con la enorme lucha del Chubutazo, que derrotó al proyecto megaminero del gobierno. La proliferación de emprendimientos de megaminería contaminante es inseparable de la agenda de repago de la deuda. Con el pueblo de Chubut fuertemente en contra, el gobierno nacional y el gobierno provincial avanzaron de todas maneras en la sanción de la ley megaminera en la perspectiva de consolidar un sector exportador que aporta divisas para la deuda. La megaminería, sin embargo, no es cualquier tipo de explotación: la separación de enormes cantidades de roca del mineral de plata sólo puede hacerse mediante sustancias fuertemente contaminantes, que luego se acumulan en el valle de lixiviación, y son la fuente de contaminación para las napas y ríos. En el caso de Chubut, el tema fue saldado socialmente hace años, porque la escasez de agua en la provincia generó una tenaz oposición a la megaminería.

La sanción de la ley de zonificación minera generó movilizaciones masivas en toda la provincia. En Rawson fue incendiada la Casa de Gobierno, así como otros edificios públicos y el diario El Chubut. Los trabajadores de la pesca se sumaron, con un paro y movilización al reclamo, uniéndolo al rechazo a la sanción de la nueva ley de Pesca. El gobierno ensayó una respuesta represiva, pero a pesar de la dureza de la misma no logró quebrar la movilización, que se fue repitiendo durante una semana. Finalmente, el gobierno provincial de Arcioni se vio obligado a enviar a la legislatura un proyecto de ley anulado la zonificación. Como ocurrió en Mendoza en 2019, el pueblo movilizado logró impedir la instalación de los proyectos de megaminería. 

Diciembre fue, por otro lado, un mes de grandes movilizaciones contra el pacto con el Fondo Monetario. El 23 de noviembre, la Unidad Piquetera copó la Plaza de Mayo contra el acuerdo con el Fondo. El 11 de diciembre fue la masiva movilización contundente contra el ajuste del gobierno y el pacto con el Fondo Monetario, convocada a instancias del FIT-U. El documento común suscripto por las organizaciones denunció integralmente la política del gobierno, el carácter fraudulento e ilegítimo de la deuda, un mecanismo de confiscación social contra los trabajadores. Denunció el avance en la firma del acuerdo como el motor de una enorme transferencia de ingresos en desmedro de los trabajadores y en favor del gran capital, y levantó un programa de salida, el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para colocar esos recursos al servicio de resolver las necesidades sociales más urgentes. 

El 20, nuevamente, el movimiento piquetero volvió a copar la Plaza de Mayo, en contraposición con una movilización conmemorativa de las organizaciones sociales vinculadas con el gobierno, que no denunció el ajuste ni se pronunció contra el pacto de repago de la deuda ni las negociaciones en curso. El frente único impulsado por la izquierda contra la deuda tiene una enorme importancia política: el Frente de Izquierda recogió el guante de la situación en la que lo dejó la elección parlamentaria y convocó a movilizarse en común a todas las organizaciones populares y a las masas trabajadoras contra el ajuste del gobierno y el Fondo. Fue un camino para desarrollar una enorme campaña popular que permitiera enfrentar la política del gobierno y desarrollar las tendencias combativas e independientes de los trabajadores. 

Las consecuencias del pacto con el Fondo se harán sentir, más temprano que tarde, sobre todo el pueblo argentino. Las movilizaciones en Chubut marcan un camino: la movilización popular para derrotar los planes de ajuste. Las rebeliones populares en Latinoamérica han marcado ya este camino para derrotar a los Piñera o Duque. La particularidad en la Argentina es que quien aplica estos planes de ajuste es un gobierno peronista, mientras que las expresiones de centroizquierda se han integrado, bien al Frente de Todos, bien a la oposición macrista. En contrapartida, el Frente de Izquierda ha desarrollado una referencia política sobre la base de un programa de independencia de clase. Esto confiere un carácter especial a la crisis argentina y a su potencial revolucionario, de lo que fue un botón de muestra la Plaza del 11 de diciembre. El desarrollo consciente de un movimiento de independencia política de los trabajadores, delimitado del nacionalismo y de la centroizquierda es un rasgo distintivo. Peleamos desde ahí por conquistar una nueva dirección para el movimiento obrero, capaz de encarar la pelea por los objetivos estratégicos de nuestra clase. La lucha por enfrentar el ajuste y al Fondo, que se va a desarrollar inevitablemente en la medida que se vayan desarrollando las consecuencias de la política del gobierno, se entrelaza inevitablemente con la lucha por poner en pie una alternativa política de los trabajadores.


Notas:

1. “Hubo récord de piquetes en 2021 y reconocen que fue por el aumento de la pobreza”, La Nación, 6/1/22. https://www.lanacion.com.ar/politica/hubo-record-de-piquetes-en-2021-y-reconocen-que-fue-por-el-aumento-de-la-pobreza-nid06012022/

2. Ranking de exportación de empresas agroindustriales según ventas en la campaña 2020/21 | Bolsa de Comercio de Rosario (bcr.com.ar)

3. “XVIII Congreso del PTS: los cambios y desafíos de la izquierda después de las elecciones”, Izquierda Diario, 22/12/21. https://www.laizquierdadiario.com/XVIII-Congreso-del-PTS-los-cambios-y-desafios-de-la-izquierda-despues-de-las-elecciones

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