El carácter de la Revolución de Mayo


En la región comprendida por las actuales provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, el sur de Córdoba y Uruguay, vivían a principios del siglo XVIII unos 150.000 habitantes del casi millón que reunía el Virreinato del Río de la Plata. En esa región estaban sus dos puertos autorizados, Buenos Aires y Montevideo (mucho mejor dotado éste por sus características naturales). En esa época, contra lo que suele creerse, el interior constituía la parte más poblada y rica, y el litoral la más atrasada y pobre. Sin embargo, esta situación había comenzado a variar de manera vertiginosa a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y particularmente desde 1778, cuando la dinastía de los Borbones intentó desenvolver un desarrollo capitalista que la acercara al estadio de Inglaterra o Francia y produjo un vasto reordenamiento: protección de la industria de la península ibérica, prohibición de importación de textiles -en cuya producción la industria de Gran Bretaña no tenía competencia- y limitada apertura comercial. De conjunto, la "modernización" capitalista de los Borbones chocó con los límites de la intocada estructura social en la península1, pero abrió un proceso de diferenciación de clases criollas al calor de la limitada apertura del monopolio colonial.


 


Las reformas de 1778 significaron la habilitación para el comercio colonial de catorce puertos en España y diecinueve en América, la simplificación y rebaja de aranceles, salvo aquellos que perjudicaran la actividad industrial metropolitana. Un vuelco que introdujo una modificación de importancia para el Río de La Plata: la liberación de derechos de exportación para las carnes saladas, astas, sebo y lanas, y un gravamen moderado para el cuero que era ya el rubro principal de los frutos ganaderos exportables de entonces. Hasta ese momento el contrabando, a partir del establecimiento de la Colonia del Sacramento (1680) por los portugueses, había introducido un cambio sustancial en el villorrio que era Buenos Aires. Los productos primarios de la ganadería tenían una salida a través del tráfico clandestino, facilitado por la habilitación de un centro de venta de esclavos negros – "asiento"- otorgado a los ingleses a partir de la exasperante falta de mano de obra. "Un establecimiento rural en cualquier parte es tierra y gente, elementos que se hallan en cierta relación social entre sí: en los tiempos coloniales a Buenos Aires le faltaba el segundo elemento… el gaucho no dependía del salario para su existencia, ni de la posesión de una parcela de tierra, ni estaba obligado a emplearse en un trabajo permanente para un amo"2. Antes de todo esto, había fracasado el intento de implantar el sistema de "encomiendas" por la resistencia indígena. En palabras de los colonizadores: "Los pampas son imposibles de domesticar".


 


Del ganado esparcido en el Litoral, al principio solo se utilizó el cuero, el sebo, las astas y las crines. Sólo cuando pudo obtenerse sal utilizable, hacia 1780, se pudo aprovechar la carne. La demanda de cueros a nivel mundial, en particular, tuvo un crecimiento notable en el siglo XVIII. Se trataba de una materia prima industrial de mucho mayor importancia que ahora: las guerras y la Revolución Industrial -las máquinas de vapor llevaron juntas y obturadores de cuero por mucho tiempo- acrecentaron su importancia. La exportación de cueros del Río de la Plata se elevó a un promedio anual de unidades entre 1750 y 1778, y después de quedar abierto Buenos Aires al libre tráfico legal con los puertos de España por las reformas de los Borbones, a 800.000 por año. Poco antes del fin de siglo la cifra había llegado a 1.400.0003.


 


Este cambio abrupto significó una revolución en las relaciones sociales en las pampas, desde el momento que el vuelco de las exportaciones de cueros chocó de frente con una economía fundada en la caza y su comercialización. Se abandonó la caza salvaje de las haciendas cimarronas, se evitó el aniquilamiento inútil del ganado, se buscó un mejor aprovechamiento del animal y comenzó la persecución a los gauchos "vagos y mal entretenidos" para convertirlos en mano de obra asalariada. Se introdujo un sistema de marcas registradas de ganado y se prohibió la venta de cueros sin marcas. Una Junta de Estancieros se constituyó, con la aprobación del virrey, en 1792. "Al mismo tiempo se organizó el cuerpo de soldados gauchos, los Blandengues, para guardar las fronteras de las incursiones indias y para servir como fuerza de policía rural. De esta manera los indios, que no reconocían ninguna autoridad, y los gauchos vagabundos, que la burlaban, se veían cada vez más amenazados por acciones administrativas y políticas destinados a reducirlos a la sujeción o a eliminarlos"4.


 


La limitada liberación del comercio dispuesta por España no resolvió el conflicto con la ascendente clase de los estancieros. El grueso de los cueros, sebo y astas que salían del Río de la Plata eran vendidos fuera de España, a países como Francia e Inglaterra y a precios muy superiores a los que recibían los hacendados de sus compradores españoles, a los que forzadamente debían vender. El reclamo de venta directa a los compradores extranjeros, prescindiendo del intermediario español que había dejado en pie la reforma de 1778, pasó a ser un reclamo tanto más creciente cuanto mayor era la proporción de artículos del Río de la Plata consumidos fuera de España.


 


Esta crisis fue horadando el sistema colonial. Una real cédula de 1791 permitió tanto a españoles como a extranjeros introducir negros esclavos y retornar su importe en moneda metálica o en frutos del país. Estos frutos podían ser llevados directamente a los lugares en donde podían comprarse negros, salteando a España como intermediario. Otra real orden de 1795 permitió llevar a colonias extranjeras productos del Río de la Plata que no fuesen exportables a España, sin pasar por ésta. Una tercera vía de ruptura del sistema colonial era la autorización a naves españolas que quisiesen dirigirse a puertos ingleses para cargar mercaderías de ese origen con destino a las colonias. Sea por una vía u otra, Buenos Aires se convirtió en un centro de tráfico legal con extranjeros, que se sumaba al ¿mayor? que se desenvolvía a través del contrabando, favorecido por la amplitud de las costas.


 


El desarrollo de una clase de estancieros fue potenciado por la posibilidad de aprovechar la carne, salándola. La exportación de tasajo, alimento para los esclavos, se sumó al resto de rubros y llevó a un nuevo vuelco en la producción, a través de la apertura de saladeros y la fabricación de toneles.


 


La decadencia del Alto Perú


 


A finales del siglo XVIII el Alto Perú -Charcas, Potosí, Cochabamba y La Paz- contaba con una población que excedía a la de todo el resto del virreinato, un desarrollo que tuvo como motor la explotación minera sustentada en la mita (trabajo forzoso) y en el "banco de rescate" (compra del mineral garantizado por la Corona a los empresarios). Potosí tenía, hacia el 1800, 60.000 habitantes contra 40.000 de Buenos Aires. La importancia de esta explotación se mide en una cifra: de las exportaciones que salieron entre 1779 y 1784 de los puertos del Río de la Plata, el 81%, en valor, correspondió al metálico5.


 


Este centro político y económico entró en decadencia por el agotamiento de su mayor mina de plata, el cerro de Potosí, y la crisis del régimen de la mita a partir del levantamiento de Tupac Amaru, que obligó a los concesionarios a apelar a la mano de obra libre. Esto abrió una profunda crisis, desde el momento que el Alto Perú no sólo suministraba una buena proporción de los recursos fiscales del virreinato; además, constituía un importante mercado para las provincias del norte, Tucumán, Salta y Jujuy. Los levantamientos campesinos e indígenas, primero, el agotamiento de la explotación minera, luego, van a hundir las rutas comerciales vigentes desde hacía al menos 200 años y provocaron una crisis profunda en el tráfico de mulas, que hasta el momento de su declinación era sumamente importante para Buenos Aires. Más de un 40% del intercambio correspondiente al rubro "ganados" en la época correspondía a "equinos, mulares y ovinos". El cambio provoca un quiebre de conjunto en la economía del interior, que vio cerrado el más importante mercado interno de entonces para otros productos (yerba, aguardiente, tabaco).


 


La decadencia del Alto Perú va a incidir con mayor fuerza en el vuelco hacia la explotación ganadera y tornará aún más imparable la explotación del ganado bovino en la campaña.


 


El latifundio


 


Podría pensarse que la abundancia de tierra sin dueño en la pampa respecto de la población la convirtió en un bien de valor insignificante, pero no fue así. La legislación establecía un régimen riguroso de compra de tierras, que exigía el pago de un primer "decreto" para habilitar la operación, el traslado de un juez y agrimensor a cargo del eventual comprador, una subasta pública, etc. En esto "se pasan a lo menos dos años y a veces seis y ocho, resultando que cuando más se ha ofrecido al erario, ha sido veinte pesos y a veces ni dos por legua cuadrada, aunque en realidad cuestan al interesado muchos centenares las formalidades y derechos". Razón por la cual "ninguno sin grande caudal puede entablar semejante pretensión siendo esto tan positivo que no hay ejemplar de haber pretendido merced, quien tenga menos de diez mil cabezas o mucho dinero"6.


 


El latifundio comenzó así a instalarse en el país mucho antes de Rivadavia y de Roca, a través de una política que estimulaba el pastoreo en campos grandes, en detrimento de la agricultura, que tenía un límite, además, por la abismal ventaja de la explotación ganadera. Un cálculo del mismo Azara en 1801 establecía que once hombres dedicados a la agricultura producían, en trigo, un valor de 1.534 pesos de la época, en tanto que estos mismos once hombres bastaban para atender una estancia con cabezas y un procreo de 3.000 animales, que significaban 5.250 pesos en el mismo tiempo.


 


La legislación que va a impulsar la concentración de tierras y el latifundio va a cobrar fuerza después de 1750, cuando aumenta la demanda de cueros. Es decir, es el mercado mundial el que va a actuar de "locomotora" para un desarrollo capitalista que desenvolvería la propiedad privada de los campos, el trabajo asalariado y el acaparamiento de tierras en manos de militares, funcionarios y comerciantes.


 


Las reformas borbónicas plantearon, por otra parte, el choque y expulsión de los jesuitas del subcontinente, que eran, en ese momento, los grandes terratenientes del Litoral y especialmente del Paraguay. Las tierras vacantes fruto de esta expulsión serían crecientemente valoradas en función de las apetencias planteadas por el mercado mundial y apropiadas, en su mayor parte, por la clase de comerciantes y estancieros del Litoral y Paraguay, enriquecidos y con vínculos con la Corona.


 


La irrupción del peón de los saladeros o de las estancias va a provocar una monetización de la economía, en un escenario en el que buena parte de las relaciones, hasta la primera mitad del siglo XVIII, se desenvolvía sobre la base de los pagos en especie. Esclavos y criados, que constituían el grueso de la población trabajadora, eran mantenidos por sus amos y patrones y producían en casas y establecimientos lo necesario para el consumo.


 


Las clases


 


A pesar de su ascenso vigoroso, los hacendados no constituían la clase dominante. Hacia mediados del siglo XVIII "las exportaciones de plata superaban por lo menos en siete veces a las de cueros"7 una relación que se fue angostando pero no se revirtió en los siguientes cincuenta años. Las reformas de 1778 reforzaron y ampliaron la red de intereses comerciales del Río de la Plata. Indiscutiblemente, el factor preponderante al momento de la Revolución de Mayo era el comercio. La clase dominante eran los comerciantes y, entre ellos, el capital británico. El requisito angular del régimen comercial del virreinato era el consignatario en España, lo que otorgaba el monopolio del tráfico colonial a grandes casas comerciales en las penínsulas. Aunque estas casas, jurídicamente españolas, eran en muchos casos fachadas de capitales ingleses, franceses y holandeses, existía un claro conflicto entre los intereses comerciales criollos de Buenos Aires y los intereses peninsulares concentrados en Sevilla y Cádiz.


 


Ninguna otra capital del virreinato tenía la dependencia del mercado internacional que caracterizaba a Buenos Aires y a Montevideo. "La posición de la Corona española había llegado a depender del grado en que pudiera proteger y extender las oportunidades de realizar ese tráfico transoceánico, pues los elementos dominantes de Buenos Aires -la gente que poseía riquezas, capacidad de organización y voluntad de acción- habían quedado ahora cogidos en la red de la economía internacional”8.


 


El Consulado de Buenos Aires, erigido en 1794 a pedido de comerciantes locales, que actuaba como tribunal


comercial y sociedad de fomento de la economía y dependía en forma directa de la Corona, se convirtió en el centro de la lucha de intereses en el virreinato. Entre 1790 y 1796 se produjo un conflicto entre los monopolistas y los hacendados en torno al precio del cuero. Manuel Belgrano, secretario del Consulado, apareció entonces como vocero de los segundos reclamando que sean incorporados a esta institución, pero fracasó en este primer intento y el control de precios siguió en manos de los monopolistas.


 


Para algunos autores: "En el orden estrictamente político el Consulado careció de poder (sus resoluciones estaban sujetas a la Corona) pero… el asalto al Consulado de parte de grupos criollos e inmigrantes jóvenes en los primeros años del siglo XIX, los entrenó para el asalto a la milicia – el poder patente desde 1806, al Cabildo… y al Virreinato -en mayo de 1810"9.


 


¿Qué intereses tendieron a enfrentarse?


 


De un lado existía un poderoso grupo de intereses afectado por el régimen colonial. Los hacendados, en primer lugar, interesados en la libertad absoluta de comercio que los librara del "peaje" de España. En torno a los hacendados, los comerciantes volcados a la exportación de los frutos de la explotación ganadera y aquellos ligados al comercio inglés. Este sector es determinante, con independencia de su peso social, que no es menor y tiende a crecer cada vez más y está fuertemente involucrado por dos vías: como adquirente de los cueros que adquieren a los estancieros y como vendedor de efectos metalúrgicos y textiles de la industria británica. Junto a los hacendados y comerciantes ingleses o subsidiarios de estos tienden a estar los agricultores, que reclaman libertad económica para exportar y valorizar los cereales (cíclicamente el Cabildo ordenaba la prohibición de exportaciones para impedir el alza de precios de productos básicos).


 


Contra estas fuerzas se alineaban los beneficiarios del orden vigente: los fuertes comerciantes españoles, que lucraban con el monopolio; los hacendados, que tenían su mercado dentro de la monarquía hispana y no sufrían las consecuencias de las restricciones al comercio extranjero -como los productores de tasajo destinado a Cuba y España-; y los dueños de las manufacturas del interior, que podían ser barridos por la producción extranjera por calidad y precio.


 


Este posicionamiento de fuerzas tendió a polarizarse con las invasiones inglesas, primero, y con la revolución en España, después.


 


A esta altura, sin embargo, nadie podría afirmar que la Revolución de Mayo fue un proceso espontáneo. Existió un proceso de maduración, de profundos cambios en las relaciones sociales y de formación de una capa de intelectuales, estancieros y comerciantes, varios formados en las aulas de Chuquisaca y bajo el influjo de la rebelión campesino indígena de Tupac Amaru, de donde surgiría el núcleo dirigente de la burguesía que fue protagonista de las jornadas de 1810. Belgrano se constituiría en la voz de los hacendados y también de los agricultores (1793), reclamando la libertad de comercio. Sin embargo, firmó en el Consulado una presentación planteando que "los países no deben exportar materia prima". Expresión de este movimiento fue la fundación, en 1801, de la Sociedad Patriótica y del periódico Telégrafo Mercantil, que tenía como lema "Patria y Argentina" y se inició como tribuna del liberalismo. En octubre de 1802 el Telégrafo… fue prohibido por el virrey, y la Sociedad obligada a disolverse. En la misma línea fueron desautorizadas la escuela de náutica y una academia de dibujo y escultura, propiciadas por Belgrano, dado que "los conocimientos matemáticos y el cultivo de las artes del gusto, no eran para la América"10.


 


Las invasiones inglesas


 


Con independencia de los intentos de atribuir la primera invasión inglesa a la audacia de un jefe de la marina real, es un hecho que en 1806 la estrategia del gobierno británico frente a las victorias de Napoleón en Europa contemplaba apoderarse del mayor número posible de posesiones de Francia y sus aliados, para, en palabras de ese jefe, "establecer alguna posición militar y gozar de todas sus ventajas comerciales". Inglaterra, en plena Revolución Industrial, había perdido recientemente sus colonias en América del Norte y preveía el bloqueo continental de Napoleón.


 


Correctamente, el Almirantazgo estaba al tanto de que en el virreinato existía una aguda lucha de intereses entre el gobierno y una parte de los comerciantes y terratenientes y que estos levantaban las banderas del libre comercio.


La primera ocupación inglesa duró poco más de un mes y fue derrotada por un frente único, político y militar, que unió al Cabildo, la Iglesia, los españoles beneficiarios del monopolio y los estancieros y comerciantes criollos. La misión inglesa no tocó una piedra del edificio de relaciones sociales del virreinato. Pueyrredón, uno de los jefes criollos, "acusó a los británicos de proyectar una guerra social y alegó que la intención de los invasores era liberar a los esclavos". Los jefes ingleses se apresuraron a asegurar "la protección del gobierno de Su Majestad contra los insultos de sus esclavos" y garantir que no habría "ninguna negociación con los indios"11.


 


El movimiento de oposición a los ingleses se convirtió en militar, lo que trastrocó la totalidad de las relaciones políticas y sociales en la cabeza del virreinato. Llevada por las circunstancias, la jefatura criolla organizó una fuerza de caballería ligera constituida por chacareros, hombres de campo y cazadores de las pampas, cada uno de los cuales tenía a su servicio no una cabalgadura sino una tropilla y acosó constantemente a las fuerzas inglesas. Un elemento determinante, fuera de las tropas disciplinadas de España, fue "una fuerza de guerrilleros urbanos organizada en Buenos Aires (que) debía su eficacia a una combinación de arquitectura y política" que hizo que cada una de sus calles se convirtiera en un desfiladero mortal para la infantería inglesa.


 


La derrota fue aplastante y abrió una crisis entre la jefatura de la victoria y los nuevos efectivos armados. Liniers, responsable de la ofensiva final sobre los ingleses, pactó dejarlos embarcar y canjear prisioneros. Tropezó con el repudio popular, en particular de los gauchos, que habían soportado lo más duro de la pelea. "El acuerdo quedó roto, de modo que Beresford (comandante inglés) y su ejército se vieron obligados a marchar prisioneros al interior del país"12.


 


En su breve ocupación los ingleses resolvieron la libertad de comercio y establecieron derechos de exportación que afectaron, entre otros productos, a los cueros. Los ponchos ingleses invadieron Buenos Aires a 3 pesos, impidiendo la salida de los del interior, que costaban 7, entre una multitud de productos. El tesoro de Buenos Aires fue embarcado por los ingleses y paseado en triunfo en Londres. El primer acto del comandante inglés después de la rendición fue pedir a los habitantes un juramento de fidelidad al rey Jorge III, con lo que quedó claro que la finalidad de la invasión era la conquista, no la liberación. Los hacendados y comerciantes afectados por el monopolio español, potenciales aliados del invasor, sólo apreciaron un cambio de rostro en la relación colonial.


 


Ante la derrota, el gobierno inglés resolvió una segunda invasión, esta vez de 9.000 hombres, que fue derrotada en un tiempo aún más breve que la anterior (1807).


 


El revés abrió un debate en el seno del gobierno británico, que advirtió sobre las tendencias existentes en el Río de la Plata. Castlereagh, entonces secretario de Estado, "llegó a la conclusión de que las razones de las dificultades que encontraban los británicos eran políticas, no militares. La causa real de tales dificultades consistía en el hecho de que los comandantes británicos y posteriormente el gobierno británico no proclamaron la independencia del Virreinato. Este hecho representó una oportunidad para el gobierno español"13.


 


El inmovilismo inglés estuvo dictado por una política que caracterizó toda su intervención en el período de la revolución hispanoamericana: "En las órdenes impartidas a Beresford… el secretario de Guerra establecía de un modo específico que nada debía hacerse para alterar las relaciones sociales de Buenos Aires y que la verdadera razón por la cual Gran Bretaña se había abstenido hasta entonces de invadir a América del Sur era el temor a la insurrección"14.


 


La derrota de las invasiones inglesas abrió una nueva situación política caracterizada por la quiebra de la autoridad de la Corona (el virrey Sobre- monte había huido de manera ignominiosa) y el surgimiento de una organización militar nacida al calor de la lucha y al margen de las tropas regulares. "La necesidad de constituir un ejército para hacer frente a Gran Bretaña incorporó a la vida política no sólo a los sectores relegados de la burguesía y los hacendados sino también a los pardos, mulatos e indios, así como a la población en general, que despertaron del letargo pastoril y lumpen en el que mayoritariamente vivían, los más en los arrabales del pueblucho llamado Buenos


Aires"15.


 


En la Resistencia y la Defensa obró un frente único de peninsulares y criollos, pero fueron éstos los determinantes de la victoria. Los regimientos de Patricios y Arribeños fueron los más numerosos, sumando por sí solos alrededor de 8.000 hombres, lo que debe ser comparado con una población total de 40 a 50.000 habitantes: casi el total de la población adulta masculina convertida en miliciana16. Elegían a sus oficiales mediante elecciones, un hecho inédito en la organización militar con antecedentes en la Revolución Francesa17. La lucha contra los ingleses significó una democratización profunda de las relaciones políticas y sociales, un principio de quiebra del régimen, caracterizado por la desautorización de la Corona y la existencia de un cuerpo armado por fuera de las tropas españolas. El virrey Sobremonte fue depuesto por el Cabildo Abierto de agosto de 1806 y reemplazado por Liniers, una decisión sólo reservada a la Corona y que, en otras circunstancias, habría significado la pena de muerte para sus autores. El intento de los funcionarios de la Corona de disolver los regimientos criollos -Liniers fue presionado para que procediera a su licenciamiento- fue rechazado y la milicia se convirtió en un nuevo factor de poder en la colonia.


La lucha contra las invasiones inglesas diferenció a una capa de organizadores de la milicia criolla -Saavedra, Pueyrredón- y despertó un sentido de identidad. Saavedra exaltó "el mérito de los que nacimos en Indias…no inferiores a los europeos españoles"18. El núcleo de intelectuales enfrentado a los peninsulares careció de toda dirección e intervención en la crisis y acunó expectativas en lograr la independencia con la ayuda inglesa. "Castelli, en representación de ellos, trató de entrevistarse con Beresford para que concretara sus intenciones… Belgrano, por su parte, se vinculó con los invasores y luego marchó al interior"19.


 


1808: la revolución en España


 


En julio de 1808, la población de Buenos Aires se enteró del derrumbe de la monarquía española y el levantamiento popular contra los franceses. En una sucesión vertiginosa de hechos de marzo a mayo, Carlos IV abdicó en favor de su hijo Fernando, los franceses ocuparon España, Napoleón obligó a renunciar a los soberanos y colocó en su lugar a José Bonaparte, a quien nombró rey de España y las Indias. El pueblo de Madrid primero, y luego toda España, se levantaron contra la ocupación y generaron la revolución en la península.


 


No existía formalmente autoridad alguna en la metrópoli, fuera de la cuestionada Junta de Sevilla, que gobernaba invocando el nombre de Fernando VII. Ante la ausencia de gobierno central las ciudades sublevadas formaron juntas propias, constituyéndose como gobiernos independientes apoyados por sus propios ejércitos.


 


El vuelco en la situación internacional fue total. Inglaterra debió dejar a un lado su tercera invasión al Río de la Plata ante la insurrección en España, y ésta pasó a ser su principal aliada frente a la Francia de Napoleón. El centro de la diplomacia británica fue soldar un sólido frente con españoles, portugueses y "patriotas", en el que la causa de la independencia quedaba abrogada hasta el desenlace de la guerra en Europa.


 


El derrumbe del régimen español dio lugar a la aparición del fenómeno de las Juntas en toda la América Española, con características profundamente heterogéneas que tenían que ver con los alineamientos, las experiencias transcurridas en cada uno de los centros urbanos de las colonias y la preparación de las elites criollas en la lucha por la independencia. La situación era excepcionalmente favorable para esta causa, porque la monarquía española era absolutamente incapaz de mover sus ejércitos para retener las colonias y todo el esfuerzo de las grandes potencias estaba puesto en el desenlace de la batalla en el Viejo Continente.


 


Buenos Aires llegaba a esta instancia, a su vez, en las condiciones creadas por la victoria popular sobre las invasiones inglesas y el desmoronamiento previo de la autoridad de la Corona. La Junta Central fue reconocida por las autoridades pero "rechazada por un incipiente partido revolucionario que quería soluciones más autónomas"20. Por un período, este grupo de intelectuales -Belgrano y Castelli, entre otros- depositó sus ilusiones en una monarquía constitucional encabezada por la princesa Carlota de Portugal, esposa del príncipe regente trasladado a Brasil y hermana de Fernando VII, una perspectiva que se cerró cuando la princesa denunció a los criollos por "subversivos".


 


En este punto se produciría un hecho que habría de pavimentar el camino hacia lo que se conoce como Revolución de Mayo. El 1° de enero de 1809 estalló un motín dirigido por los peninsulares y destinado a restaurar el antiguo equilibrio de poderes y preservar el monopolio de privilegios políticos y comerciales. Bajo la dirección de Martín de Álzaga, un Cabildo amañado y protegido por tropas españolas llegó a constituir una junta de gobierno para tratar de desplazar a Liniers. Esa Junta tuvo el apoyo de dirigentes criollos -uno de sus secretarios fue el mismísimo Mariano Moreno-, en una acción confusa que, para un historiador liberal, se explica por el papel del Cabildo en la situación política creada por las invasiones inglesas: "La serie histórica de hechos, que constituye una unidad continua, arranca del cabildo abierto del 14 de agosto de 1806 y 10 de febrero de 1807, se prolonga con la organización de la Junta separatista de Montevideo y hace su crisis en el motín del 1° de enero de 1809". Es "una nueva tendencia, que se impone triunfante en 1810, utilizando para este fin un medio nuevo, el cabildo abierto…"21.


 


Las tropas criollas, comandadas por Saavedra, rescataron al virrey Liniers y derrotaron a los insurgentes. Los cuerpos militares españoles, que apoyaron a Álzaga, fueron desarmados.


 


El fracaso del golpe eliminó a los peninsulares como factor de poder y la milicia criolla apareció como la fuerza política dominante, en un cuadro de dispersión de los regimientos españoles. La guarnición regular de la colonia estaba virtualmente desmantelada. Sus efectivos eran, en mayo de un 10% del organizado por la milicia criolla.


Entre las dos vertientes que actúan en nombre de la independencia, una militar, otra intelectual, que van a diferenciarse en los primeros años de la revolución, existe un punto sobre el que "no hubo señalada división.


 


Ninguno de los grupos criollos representaba un interés económico particular. Más bien todos eran favorables a una mayor liberalización de la economía"22. Comerciantes y estancieros porteños compartían este punto de vista, en oposición a los grupos del interior, donde la agricultura y las débiles industrias dependían de la protección colonial.


En julio de 1809 asumió el último virrey del Río de la Plata, Cisneros, y su decisión más trascendente, en noviembre, fue autorizar el comercio libre con Inglaterra por el término de dos años, a condición del pago de impuestos de los importadores británicos y la intermediación de un comerciante español radicado en la ciudad, como consignatario. La decisión tuvo el apoyo del Consulado y el Cabildo, es decir del conjunto de instituciones de la colonia y tuvo como respaldo teórico el alegato planteado en la "Representación de los Hacendados", escrita por Mariano Moreno. En lo que constituye una defensa del programa económico de las clases y sectores interesados en acrecentar la exportación, Moreno esboza una política proteccionista. Afirma que "la venta de las telas de nuestras provincias no decaerá, porque el inglés nunca las proveerá tan baratas ni tan sólidas como ellas"23, y propone una "reglamentación" según la cual todo importador estaba obligado a exportar la mitad de los valores importados en frutos del país, pero que el virrey no pone en marcha.


 


Este era el ideario de los revolucionarios en los prolegómenos de mayo, caracterizado por una retirada sistemática (pero no total) de los monopolistas, jamás al punto de poder afirmar que "la emancipación económica de Buenos Aires estaba decidida antes que su emancipación política empezara"24. Si por "emancipación económica" se entiende la implantación del librecambio reclamada por Gran Bretaña y el crecientemente poderoso "lobby" de comerciantes británicos, ésta se va a operar con Rivadavia.


 


La revolución


 


El 13 de mayo de 1810 un navío inglés trajo la noticia de la ocupación de Andalucía y Sevilla por los ejércitos franceses y la disolución de la Junta Central, que nombró en su lugar un Consejo de Regencia. Fue el momento escogido por el movimiento criollo para desplazar al virrey, carente de toda autoridad. La revolución se inició el 18/19 de mayo bajo iniciativa de la milicia criolla que exigió un Cabildo Abierto (un cabildo abierto reunía a funcionarios, eclesiásticos y propietarios, no era una expresión de soberanía popular). Al Cabildo Abierto fueron convocados en este caso 450 personas y concurrieron 251, todos ciudadanos "importantes": "había 70 funcionarios y eclesiásticos, 25 abogados y profesionales, 59 comerciantes, 59 militares y 21 ciudadanos ordinarios"25. Según el relato del propio Virrey Cisneros, de una población de cincuenta mil almas y once mil adultos, los revolucionarios eran unos tres mil y los militantes comprometidos en la Plaza Mayor, unos seiscientos.


 


Luego de un intento de constituir una junta con la presencia del virrey, desbaratado por la milicia criolla, se constituyó la junta presidida por Saavedra. "La mayor parte de los grandes comerciantes defendieron la continuación del statu quo, aunque muchos otros favorecían el cambio revolucionario. Y en ambos lados había gentes de gran riqueza y posición social. En el conjunto del grupo, veintinueve estaban a favor del virrey, cincuenta en contra. El sector militar era más homogéneo. De los sesenta presentes sólo diez defendieron al virrey, casi todos peninsulares, el resto, dirigido por Saavedra, la mayor parte oficiales de la milicia formados durante las invasiones británicas, votaron por un cambio de gobierno". Para un observador oficial de la marina inglesa, "el gran poder, que son las tropas, está en posesión de un partido"26.


 


La Revolución de Mayo surgió de un compromiso inestable entre fracciones con importantes puntos en común. Saavedra planteó que "no quede duda que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando" y Castelli sostuvo, en una misma sintonía, que la ausencia de un gobierno legítimo provoca "la reversión de los derechos de soberanía al pueblo de Buenos Aires", una doctrina propia del pensamiento liberal de la época pero de audaz ruptura política en el caso de una colonia27. ¿Pero acaso el nuevo gobierno no se colocó bajo la autoridad y el nombre de Fernando VII, adoptando un hilo de continuidad con la monarquía, aunque sin la unanimidad de sus integrantes? La razón de la "máscara", según explicó Moreno tiempo después, fue impedir una contrarrevolución española y asegurarse el apoyo de Gran Bretaña. Pero en este punto valen los hechos. La Junta de Gobierno debutó aplastando el golpe contrarrevolucionario de Liniers en Córdoba, conectado a las autoridades españolas del Alto Perú, y fusiló al propio Liniers y a toda la línea mayor de la conspiración, un acto no menor si se considera la autoridad del ex virrey en el Río de la Plata.


 


En enero de 1811, sin Moreno, la Junta creó un Comité de Seguridad Pública, para perseguir a la oposición y denunciar a los contrarrevolucionarios. Aún en 1812, la Junta de Gobierno enfrentó una conspiración aún más seria que la de Liniers, comandada por Álzaga, que fue derrotado y ejecutado junto a otros cuarenta cabecillas. Una de las primeras decisiones de la Junta fue organizar la expedición militar al Alto Perú para aplastar quizás el centro mayor del poder colonial español. Las instrucciones que desenvolvió Castelli en esta misión incluyeron medidas revolucionarias. El 25 de mayo de 1811, junto a Monteagudo, proclamó en las ruinas de Tiahuanacu la liberación del indio y la independencia de América y dio a conocer un decreto planteando la igualdad absoluta de indígenas y nacionales, el reparto de tierras, el establecimiento de escuelas en sus pueblos, y la exención de cargas e imposiciones28.


 


Castelli, en una de sus acciones más osadas, proclamó la independencia del Estado respecto del clero e hizo fusilar a las cabezas de la masacre contra las rebeliones patriotas en Cochabamba y La Paz, expulsando al resto de los generales comprometidos. La acción del ejército libertador en ese momento provocó la reacción de peninsulares y criollos, unidos en su defensa del régimen social fundado en la "encomienda" y el robo de tierras, con el recuerdo a sus espaldas de la gesta de Tupac Amaru. Belgrano va a asumir luego la comandancia del ejército del norte y plantear una política de rechazo a estas medidas y compromiso furibundo con el clero, los terratenientes y mineros, como expresión de una fractura política más general en el campo de los patriotas.


 


"Forzoso es decir -sostiene José María Paz, uno de los jefes del segundo ejército auxiliar al Alto Perú- que la aristocracia del Alto Perú nos era desafecta, desde que Castelli, con poquísimo discernimiento, la ofendió provocando los furores de la democracia". En lugares como Potosí "el progreso de sus trabajos se fundaba en la mita y otros abusos intolerables, que un sistema liberal debía necesariamente destruir"29, La clase dirigente -peninsular o criolla- del Alto Perú "entró en conflicto con la concepción política de Castelli, al extremo de preferir la derrota antes que convertir al indio en soldado y ciudadano"30.


 


La Revolución de Mayo y los ingleses


 


La Revolución de Mayo se concretó como fruto de un proceso político en el que confluyeron los regimientos patriotas, los estancieros y los comerciantes plantados contra el monopolio español y que tuvo el apoyo del capital británico.


 


El proceso que se inaugura el 25 de mayo no está dictado linealmente por el Foreign Office o los comerciantes ingleses. El 6 de noviembre de 1809, el virrey Cisneros había resuelto el comercio libre con Inglaterra por dos años, fijando como condición la intermediación de un consignatario español establecido en la ciudad y el pago de impuestos (considerables). La Junta va a liberalizar las condiciones de actuación de los comerciantes ingleses, permitiendo su permanencia indefinida en el país, antes sometida a plazos, pero va a mantener la exigencia del consignatario español con ciertas posibilidades de traslado de esta función lo que habría llevado, según algunos autores, a una sustitución de comerciantes españoles por nacionales. Al cabo de quince días se redujeron los impuestos de exportación sobre los cueros y el sebo, del 50 al 7,5% y al cabo de seis semanas se levantó la prohibición de exportar metálico. Casi al mismo tiempo se resolvió la libre exportación de harina, con su consecuencia sobre el consumo. Todo lo cual fue saludado por ganaderos, comerciantes y grupos vinculados con la exportación, entre ellos los británicos. Es un hecho que, más allá del orden jurídico heredado de la colonia, el comercio con extranjeros -principalmente ingleses- tendió a liberalizarse.


 


Vaticinando este proceso, el mismo 25 de mayo "no hubo ninguna duda sobre la manera cómo los británicos recibieron estos acontecimientos. Los barcos de guerra británicos que se hallaban en el río se engalanaron con banderas. Una salva de cañonazos dio la bienvenida a la Revolución"31.


 


En poco tiempo las consecuencias de la competencia internacional se hicieron sentir en todo el virreinato. Mercancías de todo el mundo comenzaron a destruir en Buenos Aires y sus adyacencias la producción local y aún la explotación de cereales. Los pobres eran, sin embargo, las grandes víctimas del planteo económico. A medida que aumentaba la salida de productos para el exterior, se hacía más y más difícil vivir con el salario anterior. Se fue así acumulando el odio al extranjero, a quien se consideraba causante de la situación, y al gobierno porteño, ejecutor de las malas nuevas.


 


Intervalo sobre Marx y América Latina


 


Durante todo un período Marx y Engels consideraron que el capitalismo desarrollado de países como Inglaterra ejercía una influencia civilizadora sobre los países "bárbaros", asentados en relaciones precapitalistas, para colocarlos violentamente en la senda del progreso histórico. La libertad comercial aceleraría la revolución social. Marx, sólo "en ese sentido revolucionario" se pronunciaba en ese período a favor del libre cambio. Aún a fines de la década de 1850 Marx se burló de un proteccionista porque éste caracterizaba como "inarmónico" que la gran industria inglesa disolviera las formas "patriarcales o pequeño burguesas" de la producción nacional de otros países, siendo que debía apreciarse "el contenido positivo de estos procesos de disolución… en su manifestación plena, correspondiente al mercado mundial"32.


 


Con este método de análisis, Marx va a estudiar la Constitución de 1812 en España, la primera en la que la soberanía es remitida a las Cortes representativas de la nación y va a saludar su cometido: "La Constitución de 1812 es una reproducción de los antiguos fueros, pero leídos a la luz de la revolución francesa y adaptados a las necesidades de la sociedad moderna". Más importante: "Las Cortes tenían plena conciencia de que una Constitución política tan moderna sería en todo punto incompatible con el viejo sistema social,y promulgaron consecuentemente una serie de decretos encaminados a provocar cambios orgánicos en la sociedad civil'33.


 


Es decir que destaca el desarrollo de una revolución burguesa desde el interior de una estructura social precapitalista, en oposición a una fuerza burguesa extranjera que se caracterizó el exportar la revolución burguesa hacia la periferia. Esta posibilidad se expresa en las Provincias Unidas, en los planteos de Moreno o Artigas y, en forma contradictoria, en el estatismo industrial de Paraguay.


 


Para Milcíades Peña, sin embargo: "El interior, con su retrasada industria artesanal, era la nación estancada, la nación sin progreso moderno, sin acumulación de capital. Buenos Aires era la acumulación capitalista, el progreso pero a espaldas e incluso contra la nación. Unos intereses tendían a la nación sin progreso, otros hacia el progreso sin nación. Hacia cualquier lado que se inclinara la balanza, el resultado iba a ser supeditar el país a la gran potencia capitalista de entonces"34. Se trata de un fatalismo histórico lineal.


 


El "plan de operaciones"


 


La Junta encomendó a Moreno la elaboración de un "plan de operaciones" para el nuevo gobierno, lo que devino en un programa (frustrado y nunca debatido en el seno del propio gobierno, por lo que se sabe) de la revolución35.


Lo más impactante de la elaboración del joven secretario de la Junta es su reflexión sobre el papel del Estado frente al raquitismo de la burguesía comercial y terrateniente porteñas. En el "Plan" propone constituir un fondo público a cargo del Estado "para los gastos de nuestra guerra y demás desprendimientos, como igualmente para la creación de fábricas e ingenios y otras cualquiera industrias, navegación, agricultura y demás". ¿Cómo constituir ese fondo? A través de la "confiscación de las grandes fortunas de cinco o seis mil mineros" y de la prohibición "absoluta" de explotación de minas de plata u oro a todo particular, "quedando el arbitrio de… sacar sus tesoros por cuenta de la Nación, y esto por el término de diez años", es decir la nacionalización, advirtiendo la importancia del metálico para la tarea inmensa que se plantea. Lo que mostraría luego "las ventajas públicas que resultan del fomento de las fábricas, artes, ingenio y demás establecimientos a favor del Estado y de los individuos que las ocupan en sus trabajos". Una tal masa de recursos "puestos en el centro del Estado para el fomento de las artes, agricultura, navegación producirá en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que se necesite para la conservación de sus habitantes". Tajantemente proponía que "se prohíba absolutamente que ningún particular trabaje minas de plata u oro, quedando el arbitrio de beneficiarla y sacar sus tesoros por cuenta de la Nación, y esto por el término de diez años".


 


En este texto Moreno hace una reflexión crítica sobre el libre comercio, por el cual él mismo abogó: "desde el gobierno del último virrey se han arruinado y destruido todos los canales de la felicidad pública, por la concesión de la franquicia del comercio libre con los ingleses, que ha ocasionado muchos quebrantos y perjuicios".


 


En este "Plan" Moreno hace un llamado a la insurrección popular en la Banda Oriental y más allá de ella, hacia el corazón del imperio portugués. El golpe no debe ser dirigido a la plaza de Montevideo, convertida en ese momento en baluarte de la reacción española, sino "a los pueblos de su campaña", un planteo que tomó forma meses después en la Banda con el llamado "Grito de Asencio", que tuvo como resultado la primera movilización de masas rurales impulsada por la Revolución de Mayo. Moreno llega al punto de poner nombre y apellido a los jefes que propone para esa campaña "como son los del capitán de dragones don José Rondeau y el capitán de blandengues don José Artigas" y tras ellos varios de sus lugartenientes. Plantea una política de guerra respecto de los hacendados que siguen "el partido contrario", proponiendo que "sus haciendas, ganados, caballadas y demás que sean de su pertenencia (sean considerados) bienes legítimos de la Patria". Llama a una campaña sobre el Imperio de Brasil, que proclame la libertad de los esclavos y una política de entrega de tierras y colonización otorgando "terrenos a proporción del número de personas que comprenda cada familia" sea en la Banda Oriental sea en Río Grande, con un planteo de conjunto: "nuestra bandera en aquellos destinos (es) declararlos como provincias unidas de la Banda Oriental y Estado Americano del Sud".


 


Moreno considera a Gran Bretaña como un aliado táctico de esta política. Se propone llegar con ella a "la división y desmembramiento de la América del Brasil entre su corona y nuestro estado. ¿Qué más podría apetecer la Inglaterra que unas colonias inglesas en el Brasil?". Un planteo de confianza política y a la vez ingenuo en el momento en que Gran Bretaña era férrea aliada de Portugal en lucha contra Napoleón.


 


En artículos posteriores referidos a la organización política de los Estados que forman parte de "la justa emancipación de la América", Moreno defiende una concepción republicana y afirma: "si consultamos los principios de la forma monárquica… parece preferible una asamblea general, que reuniendo la representación de todos los pueblos libres de la Monarquía… El gobierno supremo que estableciese aquel Congreso, subrogaría (reemplazaría) la persona del príncipe, en todos los estados que habían regido antes de su cautiverio". Y aclara: "es una quimera pretender que todas las Américas españolas formen un solo Estado… ¿Cómo conciliaríamos nuestros intereses con los del reino de México… pueden hoy las provincias obrar por sí solas su constitución y arreglo…?". Advirtió muy tempranamente lo que era un resultado del proceso social: los límites de la llamada unidad política preexistente del continente. Pero planteó constituir al espacio geográfico contenido en el virreinato como una nación (habla de "Nación" al referirse a él) y batalló como el que más, a través de las misiones al Alto Perú y de su política de insurrección popular en todos los países de la Cuenca del Plata para alcanzar ese objetivo.


 


Moreno, en el "Plan de Operaciones" no dedica un capítulo al tema de la tierra y sólo fija posición en un caso, al referirse a la campaña sobre Uruguay y Río Grande Do Sul, planteando el pago del viaje y la entrega de tierras "a proporción del número de personas que comprenda cada familia" a quien quiera poblar la Banda Oriental o el Río Grande. La omisión puede tener que ver con el peso aún limitado de la cuestión agraria en el Litoral por la existencia de formas precapitalistas. El tema va a estallar doce años más tarde, cuando el gobierno de Rivadavia promulgue la ley de enfiteusis, que prohíbe las ventas de tierras del Estado. Presentada como una ley social, su primera función es garantizar la deuda pública a los acreedores británicos con las tierras del Estado36.


 


¿Una nueva y gloriosa nación?


 


Mayo abrió paso a un nuevo período histórico. La Revolución y su proceso preparatorio posibilitaron un desarrollo gigantesco de las fuerzas productivas como se puede apreciar en que desde el último cuarto del siglo XVIII hasta los primeros años del XIX Buenos Aires y su zona de influencia tuvieron un desarrollo que no se puede comparar con ningún otro dominio español. Al correr el telón de todos estos años la minería del Alto Perú, gran animadora económica de los 300 años previos, se había convertido en una fuerza productiva en total decadencia y, como contraparte, surgía la ganadería del litoral y una incipiente industria nacional, concentrada en los saladeros y en el (limitado) procesamiento del cuero.


 


La clase de los productores nacionales fue empujada por el mercado mundial. La apetencia de los productos del Litoral y la pampa húmeda fue tan vasta que justificó dos invasiones inglesas y hasta el intento de una tercera que no llegó a materializarse. Como queda dicho, la constelación de terratenientes se va formando a los mazazos de los requerimientos del mercado mundial. Por el crecimiento vertiginoso de la demanda de productos pecuarios, a partir de lo cual (no antes) estos ganaderos se comienzan a preocupar por validar sus títulos de propiedad y asegurarse mano de obra lo más permanente posible y asalariada. Contra la tesis de que la burguesía nacional "llegó tarde al mercado mundial" corresponde advertir que llegó muy tempranamente y esto la hizo partícipe joven de la división internacional del trabajo. Quien llegó tarde, efectivamente, fue la burguesía industrial.


 


El ambicioso programa contenido en el "Plan de Operaciones" fue expresión de una corriente vital de intelectuales revolucionarios empeñados en que las Provincias Unidas se subieran al carro de la revolución burguesa. Aún no asumido por la Junta de Mayo, fue texto inspirador de la movilización de las masas rurales de la Banda Oriental bajo


la dirección de Artigas, del ala de caudillos que defendió un concepto de nación y se batió contra la reacción "federal" y "unitaria" (Güemes) y del proceso que llevó a la constitución del Paraguay capitalista aplastado por la Triple Alianza.


 


Las revoluciones de la independencia latinoamericana fueron parte del período histórico caracterizado por el protagonismo de la burguesía revolucionaria. Pero las clases sociales que dirigieron estos procesos -comerciantes y estancieros-, tuvieron una contradicción básica, desde el momento que eran capas explotadoras de las mismas masas que debían ser los sujetos activos de las guerras de la independencia. La misión del tercer ejército auxiliar al Alto Perú terminó reivindicando la mita, la abolición de la esclavitud fue proclamada y luego adaptada a las necesidades políticas de los propietarios, la situación del campesinado indígena no mejoró y, de conjunto, empeoró. El latifundio se impuso como base material de la revolución latinoamericana, sin excepciones.


 


Un caso emblemático es el Alto Perú, donde la rebelión de Tupac Amaru convirtió a las clases criollas en celosas guardianas del régimen de castas y de las viejas cadenas, si remover éstas significaba liberar al indio. La Bolivia parida en esta tierra por los ejércitos libertadores tuvo la constitución más dictatorial alguna vez pensada en Latinoamérica como continuidad de este proceso de defensa del orden social existente.


 


La historiografía liberal ha presentado a la Revolución de Mayo como un movimiento democrático inspirado en los ideales del liberalismo europeo. Las clases dominantes criollas adaptaron las ideas liberales a sus intereses de clase, planteando la lucha contra el monopolio comercial español. Los planteamientos de la burguesía industrial europea contra el feudalismo fueron utilizados por los criollos para eliminar la opresión política y comercial de la Corona. De conjunto, mientras el liberalismo europeo fue la ideología de la burguesía industrial, en América Latina fue el barniz ideológico de los intereses de terratenientes y comerciantes. A través de la adopción mutilada del pensamiento liberal, la burguesía criolla reforzó la expropiación de las masas agrarias e indígenas.


 


Los protagonistas de la historia liberal hicieron desaparecer o confundieron el papel de los verdaderos hombres de Mayo. Es el caso de Artigas, del Moreno a quien se pretende predecesor político de Rivadavia, agente de las inversiones inglesas, o del ocultamiento del proceso político y social producido en Paraguay desde Mayo.


 


La sujeción del gaucho y el exterminio del indio tomó la forma social de la estancia. Esta estructura fue el principal contenido social que procuró la clase propietaria que conquistó la autonomía política a partir de Mayo. De régimen social de desarrollo de las fuerzas productivas, la estancia y el latifundio se convertirán en la principal traba para ese desarrollo, que bloqueó el poblamiento del campo argentino y su desarrollo en otra escala del mercado interior.


 


 


Notas:


 


1. Ver Rath, Christian: “La rebelión de Nueva Granada”, En Defensa del Marxismo Nº 37, abril de 2010. 


 


2. Ferns, H.S.: Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, Solar/Hachette, 1968. 


 


3. Ezcurra, Pedro: “Ganadería y Agricultura”,La Nación (25/5/1910). 


 


4. Ferns, ídem anterior. 


 


5. Tandeter, Enrique: Coacción y Mercado, Editorial Sudamericana, 1992. 


 


6. Azara, Félix de: Memoria sobre el Estado Rural del Río de la Plata, Buenos Aires, 1943. 


 


7. Coni, Emilio Angel: Historia de las vaquerías en el Río de la Plata, Madrid, 1930. 


 


8. Ferns, ídem anterior. 


 


9. Navarro Floria, Pedro: Manuel Belgrano y el Consulado de Buenos Aires, Madrid, 1988. 


 


10. Justo, Liborio: Nuestra patria vasalla, Tomo I, Editorial Schapire, 1968. 


 


11. Ferns, ídem anterior. 


 


12. Ferns, ídem anterior. 


 


13. Castlereagh, Henry: Correspondencia. 


 


14. Archivos del Departamento de Guerra 1/161, citado por H.S. Ferns, ídem anterior. 


 


15. Lamarca, Juan: “Sobre la Revolución de Mayo”, Prensa Obrera Nº 40, 24/11/83. 


 


16. Zorraquín Becú: Los grupos sociales en la Revolución de Mayo, 1961, Buenos Aires.


 


17. Mitre, Bartolomé: Historia de Belgrano y la Independencia Argentina, Buenos Aires, 1940. 


 


18. Idem anterior. 


 


19. Justo, Liborio, ídem anterior. 


 


20. Lynch, John: Las revoluciones hispanoamericanas, Editorial Ariel, España, 1980. 


 


21. Levene, R


 


22. Lynch, ídem anterior. 


 


23. "Documentos referentes a la guerra de la independencia y emancipación de la República Argentina", Archivo General de la Nación. 


 


24. Humphreys: Liberación en Sudamérica, citado por Lynch, ídem anterior. 


 


25. Marfany, Roberto: El Cabildo de Mayo, Buenos Aires, 1966. 


 


26. Lynch, ídem anterior. 


 


27. Marfany, ídem anterior.


 


28. Chávez, Julio César: Castelli, adalid de Mayo, Buenos Aires, 1956. 


 


29. Paz, José María: Memorias póstumas, Biblioteca del Suboficial, 1951. 


 


30. Peñaloza, Luis: Historia económica de Bolivia, La Paz, 1955. 


 


31. Ferns, ídem anterior. 


 


32. Scaron, Pedro: Materiales para la historia de América Latina, Pasado y Presente, 1972. 


 


33. Marx Engels: Obras Escogidas, Editorial Ciencias del Hombre, 1973. 


 


34. Peña, Milcíades: El Paraíso Terrateniente, Ediciones Fichas, 1969. 


 


35. El "Plan de Operaciones" fue descubierto por Eduardo Madero a través de una copia en el Archivo de Indias, de Sevilla y publicado por primera vez en 1896, en una reedición de escritos de Moreno realizada por el Ateneo de Buenos Aires. Su autenticidad fue negada enfáticamente por Paul Groussac, Ricardo Levene, Ricardo Rojas y José Ingenieros, entre otros popes de la historiografía liberal. Correspondió a Rodolfo Puiggrós, en 1940, plantear una defensa vigorosa de este texto, aún hoy cuestionado. 


 


36. Moreno, Mariano: Selección de escritos, 1960.


 


 

La verdad sobre la Asamblea del año XIII y el Congreso de Tucumán

¿Asambleas libres y soberanas?


En 1993 todas las fracciones del "viejo" MAS (la corriente fundada por Nahuel Moreno) coincidieron en plantear la necesidad de una Asamblea Constituyente Soberana frente al pacto Menem-Alfonsín, origen de la convocatoria a la Constituyente que parió la reforma constitucional del '94. El MST, el MAS y el PTS se revelaron como variantes de una izquierda constitucionalista, según la cual estaba planteada la Asamblea Constituyente Soberana para establecer la "reorganización de abajo hacia arriba" de la nación (MAS) o "las medidas que nos permitan terminar con esta versión moderna de la esclavitud y el coloniaje" (MST) o "las medidas más democráticas que sean posibles (sic) aún dentro de este sistema de explotación capitalista" (PTS). La reforma, sin embargo, tenía por función reforzar el carácter constitucional del Estado, es decir darle rango constitucional a los atropellos cotidianos que realizaba el Estado, incluso violando la constitución vigente en ese momento. Así, surgió la habilitación de los decretos de necesidad y urgencia, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo y la facultad a este mismo poder de intervenir a las provincias. A cuento de esta política, el MST defendió la Asamblea del año XIII y el Congreso de Tucumán como "dos ejemplos históricos", retomando el planteo del "viejo" MAS: "Fue la Logia Lautaro la que dirigió el derrocamiento del Primer Triunvirato, acusado de moderado, la que inspiró la Asamblea de 1813, donde se abolió la esclavitud y se adoptaron la bandera, el himno, la escarapela, el escudo y la moneda propia. Y fue también la que presionó en el Congreso de Tucumán de 1816 para que se declare la independencia, derrotando así a los sectores moderados y vacilantes que especulaban con un acuerdo con España u otra potencia extranjera" (Solidaridad Socialistajnio 1991).


 


Según el MST, los "ejemplos históricos” de la Asamblea del año 1813 y el Congreso de Tucumán (1816), "demuestran que ya hubo en el país Asambleas Soberanas (…) que, pese a sus limitaciones, gracias a que se dieron en el marco de un colosal proceso de luchas, sirvieron para encarar problemas fundamentales que estaban planteados". La conclusión es que "igual que en 1813 y 1816, un paso fundamental será exigir una Constituyente Soberana, para establecer las medidas que nos permitan terminar con esta versión moderna de la esclavitud y el coloniaje" (Semanario Socialista N° 73, 24/11/93).


 


Pero, ¿fue realmente así, que ambos Congresos, "en el marco de un colosal proceso de luchas", fueron soberanos e incluso de características revolucionarias?


 


1813


 


La "Asamblea del año XIII" fue convocada por el llamado Segundo Triunvirato frente al colapso del primero, que era una virtual dictadura de la burguesía comercial porteña y británica, que pactó con los españoles sitiados en Montevideo el retiro de tropas y la entrega de la Banda Oriental, con la finalidad de impedir la victoria de Artigas. La "Asamblea" surgió para forjar una "unión nacional" de la oligarquía porteña con las oligarquías provinciales, bajo el protectorado de la diplomacia británica. Estas fuerzas sociales coincidían en la necesidad de "impedir que el populacho tomase en la gestión de los negocios públicos una participación directa y activa" (Mitre, citado por Luis Franco, en Caseros).


 


Una clarificación sobre la supuesta "soberanía" de la "Asamblea del año XIII" lo da la comunicación del Segundo Triunvirato a Lord Strangford, ministro británico ante la Corte portuguesa de Río de Janeiro: "Este gobierno no quiere prevenir el juicio de la Asamblea Constituyente, pero se atreve a anticipar a Usted el seguro concepto de que la independencia de estas provincias no será nominal", es decir, "no será" (Giannelo, Leoncio, Historia del Congreso de Tucumán). Esto era lo que antes había reclamado precisamente el funcionario inglés, Lord Strangford, para preservar la alianza de Inglaterra con España contra Napoleón.


 


Que la "Asamblea…" no declarara la independencia argentina fue, así, una imposición pactada entre el gobierno convocante de la Asamblea y la diplomacia británica. Cuando el Triunvirato daba "seguridades" sobre este punto, se basaba en que la "elección" de los diputados fue ferozmente regimentada y en la proscripción, previamente concertada, de quienes no se atuvieran al "pacto". La designación de los representantes a la "Asamblea…" quedaba en manos de los "notables", es decir de las oligarquías de cada provincia, pues, aunque se disponía un censo y una elección, los Cabildos "quedaban facultados para sustituir este método por el que creyeran oportuno" (Giannello, op. cit.).


 


En el caso de la Banda Oriental, en cambio, "el envío de los diputados estuvo precedido por una compulsa popular exhaustiva para la época: veintitrés pueblos eligieron a sus representantes (…) durante varias jornadas estudiaron los puntos que deberían presentar los diputados a la Asamblea General". Los documentos aprobados "tenían un contenido que sería explosivo para los sinuosos dirigentes porteños: exigían la declaración de la independencia absoluta de España, la organización de las provincias en un sistema federativo, la designación de una capital que no fuera Buenos Aires" (Félix Luna, Los Caudillos) Llegados a la "Asamblea…" ésta resolvió, sin oposición, "no dar lugar a su incorporación hasta que vinieran en forma los respectivos poderes" (Ravignani, Emilio, Asambleas Constituyentes). La maniobra incluyó a los diputados de la Logia Lautaro, organizada por Alvear y San Martín. Al mismo tiempo, el gobierno de Buenos Aires lanzó una represión salvaje contra el movimiento artiguista "que se desarrolló sangrienta y prolijamente durante todo el año 13") (Luna, op. cit.).


 


El MST, repitiendo los textos escolares, destaca que en la "Asamblea…" se "declaró la libertad de vientres acabando con la esclavitud" (ídem anterior). En realidad, la resolución de la "Asamblea…" fue luego "reglamentada" (¡como siempre!) y los niños esclavos quedaron bajo dominio de sus patrones hasta los 20 años y sólo "liberados" para integrar, obligatoriamente, la primera línea de los ejércitos libertadores.


 


1816


 


Las dos vertientes de la oligarquía porteña, estancieros y comerciantes, tres años después, van a convocar al Congreso de Tucumán casi en soledad y con el país al borde de la disolución, con un ejército español en el Alto Perú dispuesto a atacar y otro portugués avanzando en la Banda Oriental. Las provincias dominadas por el artiguismo -todo el Litoral y el Uruguay- fueron excluidas. Córdoba estuvo ausente. "Muchas de las provincias estuvieron representadas, si ésta es la palabra adecuada, por porteños o por provincianos pro-porteños" (Linch, John: Las Revoluciones Hispanoamericanass). Y la elección prevista de los diputados "no se respetó casi en ninguna parte" (Gianello, op. cit.). El gobierno porteño planteó a los enviados de Artigas "una alternativa drástica: independencia total de la Banda Oriental o envío incondicional de diputados a reunirse en Tucumán", disyuntiva que el caudillo no acepta, planteando la guerra a portugueses y españoles bajo la bandera del federalismo.


 


En este Congreso van a declarar la independencia las mismas fuerzas políticas que se habían opuesto a ella tres años antes y, en primer lugar, los agentes de la diplomacia británica, la cual había dejado atrás su alianza con España y quería usufructuar sin intermediarios su dominio sobre el Río de la Plata. El Congreso no será expresión de soberanía popular alguna por su propia composición, pero, además, porque los representantes de Buenos Aires (absoluta mayoría) llevaban precisas instrucciones en el sentido de no aceptar una organización federal que afectara el monopolio porteño de la Aduana y el armamento. Por esta razón, el Congreso de Tucumán es, en primer lugar, el de la guerra a muerte contra el movimiento democrático artiguista. El nuevo director supremo, Pueyrredón, nombrado por el Congreso de Tucumán, entregará la Banda Oriental a los portugueses, que derrotarán a los patriotas orientales en una guerra de tres años. Es esta derrota la que sanciona la secesión de la Banda Oriental, bajo directa inspiración inglesa ("Estado tapón") y contra el planteo de un Estado federal unido, que Artigas va a defender hasta el momento de su muerte. El mismo Congreso de Tucumán, trasladado a Buenos Aires, es autor de la Constitución de 1819, que privaba del voto y de la ciudadanía al "doméstico asalariado, por no tener propiedad u oficio lucrativo y útil al país" (Ravignani, op. cit.), y establecía un régimen dictatorial absoluto en favor de la oligarquía porteña.


 


Conclusión: las Asambleas Constituyentes que el MST invoca como "ejemplos históricos" de su posición actual fueron tan reaccionarias como la menemista-radical; jamás se plantearon poner en pie un Estado democrático burgués y estuvieron bajo el dominio político de la oligarquía.


 


 


* Prensa Obrera N° 408, 8/12/93. 


 


 

Artigas: El gran caudillo de la Revolución

Silenciado por los Mitre


Introducción


 


El lugar de Artigas en el proceso de la independencia de las provincias del Plata durante la primera década posterior a Mayo es decisivo. Fue el líder que encabezó la revuelta en la Banda Oriental en 1811, el que se enfrentó muy tempranamente con las tendencias conservadoras que comenzaron a emerger en Buenos Aires a partir de ese mismo año y hacia llegó a encabezar un amplio movimiento popular policlasista que abarcó desde la Banda Oriental hasta Córdoba y Santiago del Estero. El federalismo de esa década lo tiene como su principal dirigente y fue el impulsor del Reglamento Agrario de 1815, que intentó llevar una política de poblamiento y reforma agraria a la campaña oriental. El Primer Triunvirato, con Rivadavia y Sarratea, y luego el Directorio, lo atacaron con saña feroz y cuando tras la caída de Alvear parecía que se abría una etapa de concordia, el Directorio conspiró con el Congreso de Tucumán para atraer a los portugueses y acabar así con la "anarquía" artiguista. Los sectores más acomodados de Montevideo tampoco vieron con buenos ojos la política agraria del artiguismo, y esto a pesar de todos los esfuerzos de Artigas por mitigar y acomodar esa política a las exigencias de los hacendados orientales.


 


Si confundir el ideario federal de Artigas con su caricatura rosista es una mistificación, también lo es considerar a Artigas un caudillo oriental, padre de una supuesta "nacionalidad uruguaya” (ver más adelante la historiografía sobre Artigas). Una y otra vez, Artigas rechazó los ofrecimientos de los gobiernos porteños para que segregue a la Banda Oriental del resto del cuerpo de las provincias del Plata.


 


Por el contrario, fue la política porteña la que prefirió entregar la Banda Oriental a los portugueses antes que convivir con el "anarquismo" artiguista y la que preparó el terreno para la segregación del Uruguay.


 


El Grito de Asencio


 


Poco después que la Primera Junta asumiera el poder en Buenos Aires, Moreno tomó a su cargo la elaboración de un Plan de Operaciones. Uno de sus objetivos era sublevar a la campaña de la Banda Oriental, dado que la importante guarnición naval de Montevideo había preservado la plaza para los españoles y frustrado así los intentos de un sector de los criollos de sumarse al movimiento de Buenos Aires. Para Moreno, la sublevación de la Banda Oriental era parte de un plan más vasto que llegaba al sur de Brasil e incluía, naturalmente, al Paraguay. Tal como se señalaba en el Plan, se debía conseguir el enrolamiento "del capitán de Blandengues don José Artigas" por considerarlo el más indicado para impulsar la incorporación masiva de sus comprovincianos, teniendo presente que dicho oficial "por sus conocimientos, que nos consta, son muy extensos en la campaña, como por sus talentos, opinión, concepto y respeto", y que a la par de José Rondeau y algunos otros "harán en poco tiempo progresos tan rápidos que antes de seis meses podrá tratarse de formalizar el sitio de la plaza de Montevideo"1.


 


En febrero de 1811, con el Grito de Asencio, se sublevan los pueblos de la campaña de la Banda Oriental. Encabezados por Artigas y Rondeau, derrotan a los realistas en los combates de San José y Las Piedras y, junto a algunas tropas enviadas desde Buenos Aires, comienzan el primer sitio de Montevideo. Artigas es ascendido a coronel por el gobierno porteño.


 


El "Tratado de Pacificación"


 


Unos meses después se va a producir uno de los hechos más inesperados y menos explicados de estos primeros años de la historia rioplatense, pero que tendrá un impacto decisivo de allí en adelante. A pocos días de instalado, el Primer Triunvirato, bajo la inspiración de Rivadavia (había reemplazado a la Junta Grande), firmó en octubre de 1811 un "Tratado de Pacificación" con el virrey español Elío, asentado en Montevideo. Ese tratado cedía el dominio de la Banda Oriental y de las poblaciones de Entre Ríos a los españoles, comprometiéndose a retirar todas sus tropas de ese territorio. Los españoles, por su parte, se comprometían a levantar el bloqueo naval al puerto de Buenos Aires y debían, a su vez, gestionar el retiro de las tropas portuguesas que, desde julio de habían ingresado en la Banda Oriental con el pretexto de defender a los españoles del asedio patriota, pero con la secreta pretensión de asegurar sus aspiraciones históricas al dominio de la Banda.


 


El tratado había sido impulsado por la Embajada inglesa en Río de Janeiro. Lord Strangford, el embajador británico, fue su artífice. Ante la negativa de los portugueses a retirarse de la Banda Oriental, lo cual llevó a nuevos enfrentamientos con las fuerzas patriotas en las márgenes del río Uruguay (Paysandú y Santo Tomé), Rivadavia firmó un nuevo tratado, esta vez con los portugueses y nuevamente bajo los auspicios de Lord Strangford, en mayo de 1812, por el cual finalmente los portugueses abandonaron el territorio oriental.


 


El tratado que entrega la Banda Oriental y una parte del litoral a los españoles marca un viraje de la política porteña, y es importante tratar de establecer sus razones. A partir del tratado se abre una enorme grieta en las relaciones de la dirigencia porteña con Artigas y con el conjunto del pueblo de la Banda Oriental, quienes rechazaron furiosa y vigorosamente ese acuerdo e iniciaron una de las páginas más heroicas y conmovedoras de su historia: la del Exodo Oriental.


 


¿Qué llevó al gobierno porteño a esa entregada? La situación en España y Europa no representaba en ese momento una amenaza para los patriotas, argumento con el que se suele justificar muchas veces la conducta vacilante de las dirigencias porteñas a partir de 1814. La resistencia a la ocupación napoleónica estaba dispersa y representada por las Cortes liberales de Cádiz. No había, por lo tanto, ninguna amenaza de invasión externa. La presencia portuguesa era enfrentada por las fuerzas de Artigas y era necesario coordinar con las fuerzas paraguayas y de Buenos Aires para liberar la zona.


 


Todas las referencias coinciden en que fue la diplomacia inglesa la que jugó un rol protagónico, dado que para el gabinete inglés la buena convivencia entre patriotas, españoles y portugueses era conveniente para mantener el frente único contra la ocupación napoleónica de la península ibérica. ¿Pero entregar la Banda Oriental y Entre Ríos sin haber sufrido ninguna derrota militar y ponerse en contra a las poblaciones de esas comarcas, entregadas indefensas al poder español? Y esto, mientras los ejércitos patriotas luchaban en el Alto Perú. La única explicación que queda es que el Tratado tuvo como único objetivo el levantamiento del bloqueo al puerto de Buenos Aires por la flota española, liberando la mercadería que aguardaba en los navíos ingleses. Los comerciantes criollos (y también los británicos, agrupados en el British Comercial Room, Cámara de Comercio Británica) sacrificaban los intereses nacionales en función de sus intereses particulares. Un grupo de investigadores uruguayos2 formula, además, la hipótesis de que el poder porteño fue cayendo crecientemente en manos de un sector particular de la burguesía comercial, que se había especializado en los préstamos al Estado y la especulación con la deuda pública. Para este sector, el funcionamiento de la aduana y el control de sus rentas, que operaban como garantía para el pago de la deuda pública, pasaron a ser su objetivo inmediato y particular. Y mencionan a Sarratea, integrante del Primer Triunvirato, como uno de los principales exponentes de estos comerciantes devenidos en acreedores de la deuda pública. Ya volveremos a encontrarnos varias veces con este personaje en los próximos años y su conducta (como la de Rivadavia) confirmaría esta hipótesis. Hay que señalar que esto nos está mostrando, a su turno, la debilidad del desarrollo de las fuerzas productivas sobre las que se asentaba el nuevo régimen, que llevaba a que los recursos fiscales y el novel sistema de la deuda pública dependieran de las rentas de la aduana.


 


La “Redota” y el Exodo Oriental


 


"Artigas y la asamblea de comprovincianos convocada al efecto repudiaron las cláusulas del convenio… pero como la decisión ya estaba firme, no quedaba otra alternativa que levantar el sitio de la ciudad, disolver el ejército y aceptar la hegemonía española sobre todo el territorio cedido. Entonces, se produjo lo insólito. Se llevó a cabo un éxodo total. Una retirada con tierra arrasada", que llevó a miles de orientales, con sus familias, carruajes y enseres hasta la otra banda del río Uruguay, en Salto Chico y luego en Ayuí, territorio de Entre Ríos, donde acamparon durante meses, en un gigantesco campo de refugiados.3


 


Lo que se conoce como "la Redota" (por derrota) o el Éxodo Oriental fue una gesta que mostró el profundo repudio que generó el tratado en todos los pueblos de la campaña y la desconfianza que se abrió hacia las direcciones porteñas (que perduraría durante años). La figura de Artigas, como líder de esta gesta, se agigantó entre los orientales y fue la base de un movimiento que debutó como nacional (antiespañol) y policlasista. En el Éxodo se mezclaban hidalgos con sus vistosos carruajes, sus familias y esclavos, hacendados con sus capataces y peonadas junto a los carros y caballos de paisanos e indios.


 


Segundo Triunvirato


 


El tratado tampoco cayó bien en Buenos Aires. La situación del Triunvirato se complicó, además, por muchos otros motivos (en mayo de 1812, frente a nuevos problemas fiscales, gravó con un impuesto que representaba un veinte por ciento la carne vacuna, principal artículo de consumo popular). Finalmente, el 8 de octubre, un golpe (protagonizado por San Martín, Alvear y la recientemente creada Logia Lautaro), lo desplazó, reemplazándolo por el Segundo Triunvirato. A esta altura, tras los enfrentamientos con los portugueses, el tratado había perdido efecto y se decidió reiniciar el sitio a Montevideo. El Segundo Triunvirato convocó a una Asamblea Constituyente.


 


El reinicio del sitio dio lugar a fuertes tensiones entre Artigas y Sarratea. Este, designado jefe de la expedición, pretendió imponerles a los orientales y a su líder, Artigas, un sometimiento incondicional y humillante. Intentó dividir a las fuerzas orientales y granjearse el apoyo de algunos de sus mandos medios. El resultado fue que ni Artigas ni los orientales se sumaron al sitio. Sarratea llegó a tramar un atentado contra Artigas y había preparado un bando calificándolo de "traidor a la patria".4 Esto fue desmantelado por Artigas, quien exigió la remoción de Sarratea, lo que finalmente logró. Cuando Sarratea fue reemplazado por Rondeau, el viejo compañero de Artigas en el regimiento de Blandengues, los orientales aceptaron incorporarse al sitio. Así, el sitio ganó en eficacia: el peligro del hambre se sintió fuerte en Montevideo y obligó a los españoles a proveerse en las costas de los ríos (fue en ese contexto que se produjo el combate de San Lorenzo a comienzos de 1813) y a depender para su abastecimiento del apoyo portugués, que mandaba barcos desde Río Grande aprovechando el dominio naval español.


 


La Asamblea del Año XIII y el rechazo a los diputados orientales


 


Reunida la Asamblea del año XIII en Buenos Aires, Artigas convocó, el 5 de abril, a su residencia en Las Tres Cruces, en las afueras de Montevideo, a los diputados elegidos por la Banda Oriental. Allí fueron aprobadas las famosas "Instrucciones" a los "representantes del pueblo oriental" que tanto malestar causaron en Buenos Aíres, al punto que, a instancias de Alvear y su grupo, la Asamblea rechazó a los delegados orientales con el absurdo pretexto de problemas formales.


 


Nuevamente, como con el tratado Rivadavia-Elío, se impone la pregunta: ¿qué llevó a la dirigencia porteña a esa grosera y reiterada agresión a los pueblos de la provincia oriental? Esto más tarde se extenderá al resto del litoral, que hizo causa común con Artigas. Si tenemos en cuenta, además, que la invitación a la Asamblea nunca fue cursada a Paraguay, la amputación se hace más marcada. Y esta vez no fue la fracción de Rivadavia-Sarratea la responsable de la agresión, sino la que comandaba Alvear (y la Logia Lautaro). Ravignani sostiene que "el rechazo fue una maniobra de los alvearistas, tendiente a evitar que los diputados orientales, unidos a los sanmartinianos, que también sustentaban los postulados de Independencia y Constitución, hicieran mayoría"5. No es tampoco la amenaza exterior la que explica este viraje, como ya habíamos visto en el caso del Tratado. Casi parecía lo contrario. Cuanto más seguros se sentían los patriotas porteños frente a la amenaza española, con mayor vigor enfrentaban a Artigas, y sólo cuando se sentían amenazados por el peligro español simulaban una actitud conciliadora que rápidamente endurecían en cuanto el peligro pasaba. Al momento de rechazar a los diputados orientales, en España todavía la primacía la mantenían los liberales de Cadiz, y si bien las victorias inglesas contra las fuerzas napoleónicas anunciaban un eventual retorno de Fernando, no había un peligro inminente. Además, las recientes victorias de Tucumán y Salta habían permitido al ejército de Belgrano volver a penetrar en el Alto Perú alejando el peligro realista.


 


Debemos rastrear entonces el origen de este enfrentamiento en los planteamientos políticos de Artigas, plasmados en gran medida en las "Instrucciones" y en la amenaza que éstos representaban para el dominio excluyente de la camarilla porteña. En los años siguientes, los enfrentamientos entre ambas fracciones se fueron acentuando, alcanzando características de guerra civil.


 


Las "Instrucciones" de 1813


 


Las "Instrucciones" redactadas en abril de 1813 nos muestran la plataforma política de Artigas antes de que la guerra civil estallara abiertamente. Hasta entonces, habían habido duros enfrentamientos (denuncia del tratado con Elío de octubre de 1811, enfrentamiento con Sarratea al comenzar el segundo sitio a fines del año siguiente) pero aún no se había producido el derramamiento de sangre en batallas abiertas en el bando patriota. Al momento de redactar las "Instrucciones", Artigas ya mostraba su gran desconfianza hacia la dirigencia porteña que los acontecimientos posteriores mostraron completamente fundadas.


 


Los ejes de las “Instrucciones” pueden sintetizarse en nueve puntos:


 


Inmediata independencia absoluta (en esto es posible que coincidiera en ese momento con San Martín).


 


República democrática, y participación popular en la elección de los representantes.


 


Completa autonomía de las provincias (con Constitución y milicias propias).


 


Organización Confederada manteniendo las provincias la soberanía primigenia y las facultades no delegadas.


 


La capital debía situarse fuera de la ciudad de Buenos Aires.


 


División tripartita de los poderes del Estado.


 


Libertad civil y religiosa.


 


En aspectos económicos definía que no hubiera ninguna tasa o derecho para los intercambios entre las provincias ni preferencias entre ellas, y la apertura de los puertos de Maldonado y Colonia para el comercio exterior (no mencionaba a Montevideo porque estaba ocupada por los españoles) y, finalmente, reservaba a los gobiernos locales el disponer de los bienes de ciudadanos extranjeros, multas y confiscaciones hasta que cada provincia dispusiera sobre ellos.


 


Las "Instrucciones" muestran la amplia cultura política de Artigas, basada sobre todo en sus lecturas sobre la Revolución norteamericana. La constitución liberal de Massachusetts fue su principal guía, como él solía comentar. Los planteamientos sociales están ausentes en esta primera formulación del ideario artiguista. Estos se irán desarrollando e incorporando al calor de la evolución de las luchas políticas en los años siguientes y estarán más presentes en el Reglamento Agrario de 1815.


 


Este conjunto de planteamientos, con los agregados sociales posteriores, van a constituir el ideario del federalismo de la primera década después de Mayo. El llamado "federalismo" de la década siguiente ya fue otra cosa, como veremos más adelante, y uno de los graves errores de los análisis históricos del período es confundir ambos. Los planteos federales chocaban abiertamente con la política y los planteamientos moderados, timoratos, aristocráticos, centralistas, promonárquicos y favorables a algún arreglo con Inglaterra o Portugal del grupo alvearista, mayoritario en la Asamblea (una vez excluidos los delegados orientales y ausentes los paraguayos). Este bloque va a designar al primer director, Posadas (tío de Alvear) a comienzos de 1814, conformando lo que se va a conocer como el partido directorial.


 


Enfrentamientos con el Directorio


 


A poco de asumir, Posadas dictó un decreto, el 11 de febrero de 1814, declarando a Artigas "infame, privado de sus empleos, fuera de la ley, enemigo y traidor a la patria", ofreciendo seis mil pesos como recompensa al que lo entregase vivo o muerto. Y organizó una numerosa expedición para una ofensiva general contra Artigas instruyendo a las tropas acantonadas en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y las Misiones, para que operaran en forma coordinada 6.


 


Pero, entonces, "estalló una sublevación general en la provincia de Entre Ríos, mientras que las deserciones raleaban diariamente las filas directoriales". La principal división mandada por un coronel austríaco, Holmberg (veterano de las guerras napoleónicas), capituló ante las tropas entrerrianas tras el combate del Espinillo, mientras que una columna al mando de Ortogués, compuesta por efectivos orientales, derrotó al regimiento al mando del comandante de Entre Ríos. En Corrientes fue depuesto el gobernador, hombre de Buenos Aires, y asumió el mando el artiguista Méndez, reconocido por el Cabildo el 11 de marzo. "En un mes, los pueblos del litoral acabaron con el intento porteño de sofocar por la fuerza el movimiento federal que orientaba Artigas". Los oficiales prisioneros mandaron una carta a Posadas declarando que "ignoraban el por qué se hallaban empeñados en sostener una acción tan sangrienta contra nuestras hermanas tropas las orientales".7 Entre los oficiales apresados en el Espinillo se encontraba el sargento de Blandengues Estanislao López, futuro líder federal y gobernador de Santa Fe.


En los meses siguientes, Posadas simuló una negociación con Artigas, mientras enviaba a Sarratea a Río de Janeiro y a Europa con el objeto de abrir negociaciones con España por intermedio de los ingleses. La victoria del general inglés Wellington sobre las tropas napoleónicas en Vitoria (norte de España) hacía prever el inminente retorno de Fernando VII al trono.


 


El jefe español de Montevideo, Vigodet, por su parte, pretendió atraer a Artigas al bando realista aprovechando sus choques con Buenos Aires. También el general español, Pezuela, vencedor de Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma, le ofreció que "convengamos el modo más honroso de nuestra unión". Todo lo cual fue rechazado por Artigas señalando que "las desavenencias domésticas que separan a federales y centralistas, no han de servir para restablecer el dominio español en estos países".8


 


Pero no todo eran derrotas y amenazas. La victoria de Brown en el combate del Buceo sobre la fuerza naval española obligó a Vigodet a rendir Montevideo a las fuerzas porteñas al mando de Alvear. Las tropas de Alvear actuaron en Montevideo como tropas de ocupación y cuando a los pocos meses debieron entregarle la ciudad a Artigas, se llevaron a Buenos Aires caudales, imprentas y arsenales9.


 


El saqueo de Montevideo por las tropas de Alvear fue motivo de permanente reclamo de Artigas en sus disputas con el gobierno porteño y agravó las disidencias de los montevideanos con Buenos Aires, resultado además, entre otras cosas, de la competencia de ambos puertos de ultramar.


 


La caída de Alvear


 


Las derrotas -en el norte- frente a los españoles y frente a las fuerzas federales -en el litoral- debilitaron al régimen directorial. En enero de 1815, Posadas presentó la renuncia y fue reemplazado por su sobrino Alvear, el mismo día en que Fructuoso Rivera, entonces uno de los tenientes de Artigas, derrotaba a una nueva invasión porteña en el combate de Guayabos.


 


Alvear asumió en condiciones críticas. Encaró una negociación a dos bandas. Le ofreció a Artigas la segregación de la Banda Oriental como Estado independiente, lo que fue rechazado de plano por el caudillo oriental. Al mismo tiempo, encargó a su secretario, Manuel García, la conocida gestión de entrega a Gran Bretaña.


 


Por ese entonces, la influencia de Artigas se había extendido ampliamente. Abarcaba la Mesopotamia (Entre Ríos, Corrientes y Misiones) y en la Banda Oriental, con la incorporación de Montevideo el bando federal, reforzó su posición. En abril de 1815, un pronunciamiento popular obligó a abandonar Santa Fe a las tropas porteñas y eligió gobernador a Francisco Candioti, un fuerte hacendado local que se sumó a la causa federal. Simultáneamente, se vio obligado a presentar su renuncia el gobernador de Córdoba y fue reemplazado por un partidario de Artigas.


 


Al controlar los federales Santa Fe y Córdoba, Buenos Aires quedaba aislada del norte y de Cuyo. Alvear hizo un nuevo intento por quebrar militarmente al bloque federal, pero las tropas enviadas por él se rebelaron en abril en Fontezuelas, y pocos días después se plegó al movimiento el resto de las tropas acampadas en Arrecifes. Un movimiento popular estalló en Buenos Aires, lo que puso punto final a la gestión de Alvear (renunció el 15 de abril de 1815). También fue disuelta la asamblea que sesionaba desde 1813. Fue designado un nuevo jefe de Estado, Rondeau, quien por estar al frente del Ejército del Norte fue reemplazado como suplente por Alvarez Thomas, que había protagonizado (aunque forzado por sus oficiales) el motín de Fontezuela. Se decidió, asimismo, convocar a un nuevo Congreso con diputados de todo el país (que se reunirá el año siguiente en Tucumán).


 


La Liga de los Pueblos Libres


 


La situación a partir de abril de 1815 había dado un viraje. En Europa triunfaba la reacción y la Santa Alianza rediseñaba el mapa del viejo continente. Mientras Fernando VII en España (y Luis XVIII en Francia) era repuesto en su trono, aplastando a los liberales, desconociendo la constitución de Cádiz y emprendiendo la reconquista de sus posiciones americanas; en las provincias del Plata, único baluarte no recuperado por los españoles, la situación se radicalizaba. Se conformó la Liga de los Pueblos Libres, como se denominaba el bloque de provincias que aceptaban el liderazgo de Artigas, a quien llamaban el Protector de los pueblos libres. Levantaban la bandera federal como señal de independencia frente a España (las franjas celeste y blanca cruzadas por una banda roja diagonal) y abarcaba las regiones más importantes del centro y litoral del país. Con San Martín gobernando Cuyo y preparando el Ejército de los Andes, y Güemes en la frontera norte, el aislamiento y debilidad de los porteños alentaba la expectativa de una nueva organización federal.


 


Artigas eligió no gobernar desde Montevideo sino que dejó al gobierno de la ciudad en manos de un gobernador y del Cabildo. Siguiendo lo propuesto en las "Instrucciones", fundó una nueva capital a orillas del Río Uruguay a la que denominó Purificación, que se convirtió en los años siguientes en la sede del Protector de este peculiar bloque federal que abarcaba la Banda Oriental, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Desde Purificación se dictaban las medidas que eran aplicadas en esta vasta región del centro y litoral en la medida en que la avalaran los gobiernos locales, dado que no se llegó a formalizar un verdadero gobierno federal. Se pusieron en funcionamiento los puertos de Montevideo, Colonia, Maldonado y Santa Fe, tanto para el comercio interior como exterior. Los aranceles internos entre las provincias desparecieron. Se fijaron aranceles preferenciales para los productos provenientes de Paraguay (modificando la política porteña, ver más adelante capítulo sobre Paraguay) y se establecieron mayores aranceles a los productos extranjeros para proteger la producción local. Hubo un impulso gubernamental a la educación y la salud pública10.


 


El Reglamento Agrario de 1815


 


Seguramente, la iniciativa más importante encarada por Artigas durante su gobierno fue el Reglamento Agrario, dictado en Purificación, en septiembre de 1815. Fue, sin lugar a dudas, la medida más audaz en el terreno social y ponía en juego el recurso clave de la economía de la Banda Oriental: la tierra. Partía de un criterio político: iban a ser afectadas las propiedades de los "emigrados, malos europeos y peores americanos", con el doble propósito de llevar la lucha política contra los realistas a la campaña y preservar las buenas relaciones con los hacendados "buenos americanos". El propio reglamento fue negociado con una delegación de los hacendados asentados en Montevideo.


 


Artigas aseguró que el objetivo del Reglamento era el repoblamiento de la campaña y la recomposición de los rodeos, afectados ambos por años de guerras civiles y contra los españoles, que despoblaron los campos y diezmaron los rodeos. Por eso se hizo hincapié en que los beneficiarios de las tierras debían ponerlas a trabajar en un breve lapso bajo pena de perderlas.


 


El Reglamento tenía también un ángulo de resarcimiento social en favor de los más desposeídos, incluyendo a paisanos sin tierras a los que se les impulsaba a afincarse en los campos. Se favorecía a las familias y a las viudas.


Está en debate, también, cuál fue el verdadero alcance efectivo del Reglamento. Algunos estudios han encontrado distintos tipos de situaciones ligados a la diversa correlación política de fuerzas en el campo oriental. Allí donde los grandes y medianos hacendados eran la fuerza motriz principal del bando artiguista, el reglamento se aplicó marginalmente. En cambio, donde los tenientes y capitanes estaban más ligados a los paisanos sin tierras o donde los hacendados militaban en el bando realista, la reforma se aplicó en términos más radicales, incluso hasta más allá de sus aspectos formales. Artigas intentó mediar y arbitrar los casos más tensos, tratando de mantener buenos tratos con los "hacendados patriotas".


 


Algunos autores11 sostienen que allí donde se aplicó tuvo efectos bastante duraderos (ya que, durante la invasión, los portugueses se cuidaron mucho de dar marcha atrás de golpe con la reforma por temor a encender más los ánimos en su contra) y que la concentración de la tierra se disparó en las siguientes décadas.


 


El Congreso de Tucumán y la gran conspiración


 


Tras la entrega de Montevideo a Artigas y los gestos de conciliación que siguieron a la caída de Alvear, la pandilla directorial recompuso sus filas y su estrategia. No estaba dispuesta a permitir que la Liga de los Pueblos Libres, bajo el comando del protector Artigas, cuestionara sus privilegios y el monopolio del puerto único y la Aduana.


 


Fracasados los intentos de derrotar a los federales por las armas, apelaron a recursos más retorcidos para acabar con lo que empezaron a llamar, en sus conspiraciones, la "anarquía" artiguista. En defensa del "orden" agruparon a todas las fracciones porteñas. Sólo una minoría de antiguos morenistas denunció esta conducta, pero fueron acallados, cerrando sus periódicos y, en algunos casos, castigados con el destierro (Dorrego, entre otros)12.


 


El gran escenario de la conspiración para aplastar al artiguismo fue el Congreso de Tucumán, cuya convocatoria y composición fue rigurosamente regimentada y amañada para dar lugar a una mayoría incondicional a la camarilla directorial.


 


Algunos autores13 se interrogan por qué Artigas no marchó sobre Buenos Aires inmediatamente tras la caída de Alvear, con o sin sus tropas, a desenvolver sus planteos políticos, considerando que podría haber obtenido el apoyo de antiguos morenistas y de los habitantes de los suburbios, los "orilleros" que en la década siguiente fueron el principal sostén de Dorrego. Seguramente, temía que esto pusiera en duda el apoyo de los hacendados y del patriciado de Montevideo.


 


Frente al Congreso que va a terminar reuniéndose en Tucumán, Artigas convoca a un Congreso en Arroyo de la China (actual Concepción del Uruguay), donde reactualiza sus planteamientos políticos retomando el eje de las "instrucciones" de 1813.


 


Pero la camarilla directorial no pensaba debatir en un Congreso con los planteos artiguistas. En agosto de 1815, las tropas porteñas al mando de Viamonte arrasaron Santa Fe e impusieron a un gobernador adherido a la camarilla. Poco después, las tropas federales recuperaron la provincia, pero los diputados de la Liga de los Pueblos Libres decidieron no concurrir al Congreso.


 


Los planes directoriales eran otros. Bajo el comando de Tagle y con la participación protagónica de Manuel García y Herrera, desde Río de Janeiro complotaron con los portugueses para facilitar su invasión a la Banda Oriental para acabar con el anarquismo "artiguista".


 


Del bloque federal, sólo concurrieron al Congreso los delegados de Córdoba, que fueron aislados y perseguidos hasta que algunos terminaron expulsados del Congreso. Los de Salta, que respondían a Güemes, no eran tampoco de fiar, y había también ciertas divergencias con San Martín y, por ende, con los diputados de Cuyo. Así, la camarilla porteña formó su mayoría incondicional con los diputados porteños, algunos agentes designados en el interior y, sobre todo, con la masa de diputruchos del Alto Perú. Como las provincias altoperuanas estaban ocupadas por los españoles, amañaron elecciones con exiliados residentes en Buenos Aires y de ese modo armaron una mayoría sumisa.


 


Para terminar de disciplinar al Congreso, las sesiones donde se discutió y avaló el complot con los portugueses se efectuaron en forma secreta y con la amenaza de que quien diera a conocer lo allí tratado sería severamente castigado. De esas reuniones salieron las instrucciones reservadas y reservadísimas para García y Herrera, quienes conspiraron, simularon y armaron todo tipo de maniobras para ocultar al pueblo los acuerdos con los portugueses.


 


La invasión portuguesa a la Banda Oriental


 


Las ambiciones portuguesas sobre la Banda Oriental estuvieron presentes desde el comienzo de la colonización. La fundación de Colonia por los portugueses primero, de Montevideo por los españoles después y la propia creación del Virreinato tuvieron que ver con esta disputa histórica entre ambos reinos.


 


La invasión napoleónica a la península ibérica atenuó durante unos años esta disputa bajo la intensa presión británica y de su embajador en Río de Janeiro, Lord Strangford, para quien la armonía entre españoles, patriotas y portugueses facilitaba el frente único antinapoleónico.


 


La presencia de la corte lusitana en América fue un factor más para encender los apetitos de la casa real portuguesa. Los Braganza se sintieron defraudados por los resultados del Congreso de Viena, que re- diseñó Europa tras la caída de Napoleón. La corte de Río de Janeiro tenía sus propios planes para ocupar la Banda oriental aprovechando las disidencias entre Buenos Aires y Artigas.


 


La camarilla directorial, conocedora de estas aspiraciones, les facilitó la tarea. Aseguró a los portugueses que no movería un dedo en apoyo de Artigas y que les permitiría, si fuera necesario, perseguirlo por la Mesopotamia y Misiones. Con todo cinismo les hizo saber que se vería obligado ante la opinión pública a aparecer criticando la invasión, pero que sus objeciones sólo eran para la tribuna.


 


"Era la luz verde para la intervención lusitana”14. En agosto de 30 mil soldados, muchos de ellos veteranos de las guerras napoleónicas, bajo el mando del general Lecor y de Beresford (el de las invasiones inglesas), se lanzaron sobre la Banda Oriental. El 20 de enero de 1817, Lecor entró en Montevideo, siendo recibido por el patriciado de la ciudad, que nunca terminó de digerir la orientación política y social de Artigas. Si bien, durante su año y medio de gobierno, Artigas se esforzó por favorecer a los grandes comerciantes y hacendados montevideanos, nunca terminó de conformarlos. Su última orientación al gobernador Barreiro, cuando ya los portugueses se acercaban a la ciudad, fue abandonarla con sus soldados y destruir sus muros para concentrar la resistencia en la campaña y "para que en algún momento favorable podremos recuperarla con facilidad"15. Barreiro retiró las tropas, pero no derribó los muros. Esto permitió a las fuerzas de Lecor soportar mejor el sitio que las tropas artiguistas, fuertes en la campaña, rearmaron sobre la ciudad.


 


La campaña era extremadamente desigual. Si algo puede llamar la atención, tantos años después, es la denodada resistencia que ofrecieron los orientales y los misioneros al avance portugués. El hijo indio que adoptó Artigas, Andresito, se destacó como un gran comandante de la defensa, y los indios -charrúas y guaraníes- fueron uno de los sectores que más defendió a su líder hasta el final.


 


Las relaciones con Paraguay


 


A pesar de que inicialmente los españoles lograron retener el control de Paraguay, a mediados de 1811 triunfan los patriotas, quienes en octubre de 1811 firman un tratado que vincula a la provincia de Paraguay con Buenos Aires, respetando su autonomía. La relación entre Paraguay y el gobierno porteño se va enrareciendo. "Pero el tajo decisivo es el gravamen de tres pesos fuertes -impuestos desde la ciudad porteña- por arroba de tabaco, violando los términos del tratado de octubre de 1811. La ruptura es un hecho y muy pronto el gobierno de Paraguay comienza a hablar de ‘independencia’. Es en esas circunstancias que José Artigas se acerca a la Junta paraguaya con sus propuestas de alianza e ideales comunes".


 


Artigas ya se había dirigido a la junta de Asunción en un extenso y medular oficio, el 7 de diciembre de 1811, tras rechazar el Tratado de Rivadavia con Elío y emprender el Exodo Oriental. Artigas volvió a insistir en los meses siguientes, cuando la presencia portuguesa en las Misiones y en la zona de Santo Tomé generó acciones comunes y un apoyo paraguayo frente a los portugueses. Su planteo era en favor de una alianza federal con los paraguayos, que manifestaban ideales comunes de independencia, república y federación16. Recordemos que cuando los diputados orientales fueron excluidos de la Asamblea del año XIII, los paraguayos ni siquiera habían sido invitados. Cuando, en 1814, sus triunfos frente a los porteños y la caída de Montevideo en sus manos habían aumentado enormemente su prestigio, Artigas vuelve a dirigirse a la Junta paraguaya afirmando que ambas provincias "se presentarán en medio de las naciones como dos pueblos destinados a ser depósito de la libertad y de la Confederación".


 


En Paraguay, las posiciones estaban muy divididas. De los dos cónsules, Yegros era el más próximo a Artigas. A su vez, "no hay duda que en la juventud y en el ejército, el llamado del caudillo oriental provocó ebullente excitación". Pero el otro cónsul, el ascendente Gaspar Francia, se opuso. Su convicción era que para salvar la independencia de Paraguay debía preservarse del huracán político del Plata. Las disidencias se acentuaron. Artigas reclama urgente ayuda contra las tropas porteñas y un lugarteniente de Yegros, Matiauda, decide concurrir con sus tropas y derrota al destacamento porteño. Pero los cónsules le reprochan su conducta y termina incorporándose al ejército de Artigas. Para Francia sería imprudente mezclarse en el conflicto, evitando todo contacto con la guerra civil. Es la no intervención, antesala del aislamiento.


 


Artigas, entonces, cambia de táctica. Hostiga a Francia, trata de derribarlo y sustituirlo con gente adicta. Cuando estaba en la cima de su poder en 1815, alentó una insurrección conducida por Yegros y Cabañas, que él apoyaría con una inmediata invasión. Pero la conspiración fracasó. Nuevo viraje. Intenta una nueva aproximación por medio del gobernador de Corrientes. Francia ahora ya es el Supremo. Y lo rechaza nuevamente. Artigas manda entonces a Andresito (su hijo adoptivo de origen guaraní) a ocupar La Candelaria. Pero fue rechazado una vez más por Francia.


Aunque el prestigio de Artigas era muy grande en Paraguay, ni siquiera la invasión portuguesa, que se acercó peligrosamente a las puertas del Paraguay, modificó su actitud.


 


Cuando, derrotado y en el ocaso, solicitó a Francia ayuda para volver a la lucha o, de no obtenerla, asilarse en Misiones con su gente, ambos pedidos fueron rechazados. Francia lo asiló, pero lo confinó en un convento en San Isidro de Curaguaty, donde permaneció hasta la muerte de Francia en 1840. Artigas jamás intentó volver a sus tierras, en desacuerdo con la política llevada a cabo por su antiguo seguidor, Fructuoso Rivera. Carlos Antonio López, sucesor de Francia, lo liberó de su confinamiento y lo distinguió como su consejero en sus últimos años, hasta la muerte de Artigas, en 1850.


 


San Martín, Belgrano y Artigas


 


Poco se ha dicho sobre los grandes próceres mitristas, Belgrano y San Martín, en relación con Artigas. Este silencio no es gratuito. La mayoría de las corrientes históricas, liberales o revisionistas, socialistas a lo José Ingenieros, o stalinistas, nac&pop y aun las de izquierda como el PCR, entre otras, mantienen indiscutibles las figuras de Belgrano y San Martín.


 


Pero su conducta ante Artigas no resiste el archivo y muestra que, frente a la "anarquía", ellos también optaron por el "orden", aunque hubiera que tragarse el sapo portugués en la Banda Oriental.


 


Es cierto que Belgrano debuta en el ala más jacobina de Mayo, junto a su primo Castelli y asociado a Moreno en su Plan de Operaciones, y en sus campañas al Paraguay y a la Banda Oriental. También es cierto que tuvo choques con Rivadavia y los triunviratos cuando izó la bandera y se negó a replegar al Ejército del norte de Tucumán.


 


Pero tras su paso por Europa junto a Rivadavia y Sarratea, entre septiembre de 1814 y marzo de 1816, vuelve monárquico y militante enemigo del anarquismo federal. Quizás impactado por la reacción que dominaba Europa (una Europa tan distinta a la que conoció en su juventud después de la Revolución Francesa) y por sus compañeros de viaje, el Belgrano de los últimos años es un fiel ejecutor de la política de la camarilla porteña. En ese carácter comandó la represión al movimiento federal que logró ganar la gobernación de Santiago del Estero de la mano de Borges a fines de 1816. Belgrano, que había reemplazado a Rondeau en el Ejército del Norte, ordenó a Lamadrid que fusilara al teniente coronel Borges de inmediato, acción que mereció del director Pueyrredón, cabeza de la conspiración antiartiguista y filoportuguesa, una condecoración consistente en un escudo con la inscripción "Honor a los restauradores del orden". Belgrano no pudo encabezar la última ofensiva contra los federales de Santa Fe, en 1819, sólo porque ya estaba enfermo.


 


San Martín no sale mucho mejor parado. Todo lo que puede decirse en su favor es que se niega a que el Ejército de los Andes retorne al país para acabar con los federales. Pero su postura fue siempre contraria a la política del jefe oriental. Incluso cuando Pueyrredón reprimió a los diputados salteños del Congreso y especialmente a Juan Moldes, que había llegado a ser un candidato alternativo a director contra el propio Pueyrredón, contando con el apoyo de Güemes (que también había sostenido a Borges), Belgrano fue quien dio la orden de apresar a Moldes y remitirlo a Chile, donde San Martín lo encarceló.


 


Las discrepancias de San Martín con Pueyrredón tenían que ver con la continuación de la guerra contra los españoles y con no utilizar el Ejército de los Andes en las guerras civiles, lo cual le va a traer graves consecuencias en el futuro. En relación con Artigas, intentó una mediación fallida a partir de O'Higgings como director supremo chileno, usando a Belgrano como correo para llegar a López y Artigas. Sin éxito: "Belgrano los devolvió (los pliegos), siguiendo órdenes estrictas del director porte- ño"17. Pero sus posiciones frente a Artigas lo condenan. Le escribió a Pueyrredón a fines de 1816: "No estoy porque se declare la guerra a los fidalgos… con franqueza prefiero su vecindad a la de Artigas". Pueyrredón, a su vez, le escribió: "Tiene usted razón, mi amigo querido, en creer que no puede haber un vecino más perverso que Artigas (…) Su intento principal es introducir el desorden en esta Banda Oriental (…) Esté usted cierto que el país lo salvamos si lo libramos de la anarquía; y que debemos contraer todos nuestros esfuerzos a destruirla".


 


Cepeda y el "nuevo" federalismo clientelar


 


Las últimas expresiones de resistencia de Artigas frente a los portugueses se combinaron con nuevos ataques de las tropas directoriales contra las provincias federales. Pero los lugartenientes artiguistas de Entre Ríos y Santa Fe, Ramírez y López, que las aplastan en Cepeda en 1820, al final concilian con los porteños, desoyen a Artigas y lo abandonan a su suerte. Artigas se refugia en Paraguay (hasta su muerte en 1850), mientras el Directorio cae definitivamente. Emergen entonces Ramírez y López como los nuevos "caudillos" federales. Pero es sabido que su posición conciliadora con el "nuevo" gobierno porteño, encabezado por el eterno Sarratea, y su traición a Artigas, fue generosamente retribuida por 20 mil cabezas de ganado proporcionadas por un importante hacendado bonaerense en ascenso, Juan Manuel de Rosas.


 


Nacía un "nuevo" federalismo, clientelar y dependiente de Buenos Aires, antecediendo a lo que más adelante hará Urquiza. Pero ya nada tendrá que ver con el federalismo de las “Instrucciones” de 1813 ni con el Reglamento Agrario de 1815. El uso de iguales términos para fenómenos diferentes no puede menos que confundir a todos. El propio Milcíades Peña, cuando enuncia que "federales y unitarios forjan la civilización del cuero"18, debió haber aclarado que se trataba del federalismo de los Ramírez y López, y especialmente de Rosas, que con sus socios y aliados de los saladeros, estancias y curtiembres, se preparaban para tomar el poder unos años más tarde.


 


Mezclar al restaurador de las Leyes con Artigas en la misma bolsa de "federales" es una estafa que ayuda a cumplir el sueño de Mitre, que se congratulaba junto a V. F. López de haber "enterrado históricamente" a Artigas.


 


La disgregación rioplatense


 


A esta altura creemos que debe estar claro que la disgregación rio- platense (como la denomina certeramente el historiador nacionalista René Orsi19) no fue el resultado fatal de la estructura económico-social heredada de la colonia. Cuando Milcíades Peña polemiza con Abelardo Ramos y otros autores nacionalistas, refuta la tesis de una nación latinoamericana o hispanoamericana preexistente que habría resultado balcanizada en 20 repúblicas por obra del malvado imperialismo inglés20. Como refutación a Ramos y al nacionalismo es correcta. Pero cuando Peña en el mismo texto se refiere al Virreinato, empieza a trastabillar, pues reconoce que "existían allí sólidos elementos de estructura económica que fundamentaban una nación" y que "la revolución abrió las compuertas a las fuerzas centrífugas"21. Esto obliga a preguntarnos, ¿de qué naturaleza son las causas de su disgregación? Se trata de evitar el fatalismo objetivista y hasta geográfico ("No cabe lamentarse de haber contado con campos y vacas como los del Plata, y no con las piedras y bosques de Massachussets"22 argumenta Peña para explicar el atraso argentino).


Tampoco se trata de intentar una historia contrafáctica (qué hubiera ocurrido si…), pero sí de señalar y destacar los esfuerzos de sectores populares como los encarnados por Artigas por superar las limitaciones de la camarilla dominante porteña e impulsar una Confederación rioplatense que pudiera constituirse en una nación. Así también, varias décadas más adelante, y tras un tenaz desarrollo, el Paraguay autónomo emergía como una alternativa de reagrupamiento frente al Estado armado por la oligarquía bonaerense tras la caída de Rosas. En la época de la revolución burguesa, y de esa etapa estamos hablando, las fuerzas y las acciones de las clases y la calidad de sus direcciones también jugaron su papel. La subjetividad está presente en toda etapa revolucionaria, no sólo en la época de la revolución proletaria.


 


La segregación del Paraguay y de la Banda Oriental debe ser imputada a la política de la camarilla porteña, primero en manos de los comerciantes y acreedores de la deuda pública, criollos e ingleses; y, más tarde, en manos de los hacendados y dueños de saladeros y curtiembres. La alianza de la camarilla porteña con los portugueses para acabar con la anarquía artiguista entre 1815 y 1820, entregándoles la Banda Oriental, fue una antecedente de la alianza del mitrismo con el imperio esclavista brasileño para acabar con el Paraguay independiente y desarrollado 50 años después. El resultado de esas políticas fue la segregación de la Banda Oriental, primero, y el aplastamiento y un brutal retroceso histórico para el Paraguay, después.


 


El monopolio del puerto único por parte de Buenos Aires está en la raíz de los choques con Artigas, que defendía la multiplicidad de los puertos (Montevideo, Colonia, Maldonado, Santa Fe) y la libre navegación del Paraná y el Uruguay, necesarios para el desarrollo de Entre Ríos, Corrientes y especialmente de Paraguay. El aislamiento paraguayo y su negativa a sumarse al bloque federal en 1814-5 pudo haberlo preservado durante algunas décadas, pero terminó sucumbiendo, argumenta Peña para explicar el atraso argentino, frente a la misma coalición de fuerzas que acabaron con Artigas.


 


La historiografía sobre Artigas


 


La historiografía sobre Artigas y la imagen que nos fue brindando, se fue modificando con la evolución política tanto en Argentina como en Uruguay.


 


Los creadores de la escuela liberal argentina lo ningunearon de tal modo que llegó casi a desaparecer de la historia oficial argentina. Como le escribía Mitre a VF. López: "Los dos, usted y yo, hemos tenido la misma predilección por las mismas figuras y las mismas repulsiones por los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quien hemos enterrado históricamente"23. Lograron hacerlo invisible o, en todo caso, transformarlo en una figura "uruguaya" y debía ser estudiado por los historiadores de la vecina orilla. La escuela revisionista lo asimiló sin más trámites al partido federal, y armó su propia genealogía, Artigas, Ramírez, López, Dorrego, Rosas; importando poco para esto las enormes contradicciones entre ellos, y en particular entre Artigas y los demás.


 


Así, Artigas quedó para la mayoría del pueblo argentino como un prócer "uruguayo" o que poco debería importarnos. Un trato similar reciben Francia y López, que serán silenciados en nuestra historia por ser "paraguayos". La historia liberal oficial los denigró, a la vez que reivindicó a la Triple Alianza que los derrotó en los años ’60 del siglo XIX. Los revisionistas, que denuncian a esa guerra como la de “la triple infamia”, comparten con los liberales el borrar a Artigas, a Francia y a López de la historia "argentina", como si se pudiera explicar lo ocurrido en las primeras décadas posteriores a 1810 sin integrar en una interpretación única lo ocurrido en toda la cuenca del Plata.


 


En la historiografía "uruguaya" se pueden distinguir tres etapas24. La primera fue construida por los que denigraron a Artigas siguiendo el libreto de la historia oficial mitrista. Fue la etapa de la leyenda negra. Luego vino la leyenda celeste: Artigas pasó a ser el padre de la patria "uruguaya", el prócer de los monumentos, calles y plazas. Era el adalid de la "orientalidad", el creador de la "nación uruguaya". Recién hacia la mitad del siglo pasado, la izquierda uruguaya comenzó un proceso de reivindicación de su figura. Por esos tiempos, tanto historiadores vinculados al PS como al PC, los Tupas e independientes (casi todos ellos confluirán luego en el Frente Amplio -FA-), lanzan la figura de Artigas como líder y modelo de la revolución democrática, nacional y agraria, y postulan un artiguismo del siglo XX.


Artigas es elevado a mito y la izquierda se postula a cumplir su programa 150 años después. Este anacronismo no es inocente. Se buscaba darle vida a una perspectiva pequeño burguesa de la revolución latinoamericana. Si el artiguismo fue progresivo, aun con sus limitaciones, en los albores de la revolución burguesa, pretender hacer artiguismo en el siglo XX o XXI, en la época histórica de la decadencia burguesa y del proletariado como caudillo de la revolución permanente, es reaccionario. El actual segundo gobierno del Frente Amplio, llamando a los oligarcas de toda la zona (especialmente brasileños y argentinos) a explotar masivamente la soja porque allí no hay retenciones, o favoreciendo la llegada de Botnia y fomentando una forestación que degrada los suelos, es la demostración de que la máscara de Artigas no alcanza a tapar la política reaccionaria de sus presuntos seguidores. Lo mismo vale para nuestros historiadores nac & pop que, copiando varias décadas después a la izquierda uruguaya, quieren cubrir con la imagen de Artigas una política de entrega al imperialismo y de promoción de la sojización de campos, puertos e industria.


 


Balance


 


Analizar la figura y el movimiento encabezado por Artigas nos permite apreciar la primera década posterior a Mayo con otra óptica. Además del fugaz jacobinismo de los primeros meses -que quedó rápidamente frustrado- hubo otro intento más amplio, que abarcó a masas más significativas y cuya frustración no sólo fue el resultado de sus propias limitaciones, sino de la amplitud de fuerzas que se coaligaron para desmembrarlo, corroerlo por dentro y finalmente derrotarlo.


 


Nos dice mucho sobre las fuerzas en pugna en esa primera década fundacional. El artiguismo, que nace policlasista, va a tener un devenir contradictorio. Va a mostrar cierta radicalización social, lo cual lo va a aislar más del patriciado montevideano, que siempre lo miró con desconfianza, y va a intentar conciliar con la dirigencia porteña, buscando un acuerdo que se fue haciendo cada vez más imposible. En la cúspide de su autoridad, tras la caída de Alvear, renuncia a entrar a Buenos Aires y levantar a los "orilleros" de los suburbios. La debilidad del movimiento de Artigas estuvo siempre en su falta de apoyo en las dos capitales, Buenos Aires y Montevideo. Recelosas entre sí, competitivas entre sí, ambas le dieron la espalda en los momentos decisivos.


 


Pero el artiguismo desnudó el conservadurismo y la política antinacional, primero, en forma vacilante, de la Asamblea del año XIII y, posteriormente, del Directorio y del Congreso de Tucumán, ya con más audacia, impudicia e hipocresía. Esto es un juicio inapelable sobre los próceres del Bicentenario, ninguno de los cuales resiste un archivo cuando se los coloca a la luz de su conducta frente a Artigas. La alianza con los portugueses acabó con el artiguismo y con el primer federalismo, pero también carcomió al régimen de comerciantes y especuladores de la deuda que se armó alrededor del Directorio.


 


Por eso, a fines de la década, junto a la derrota y exilio de Artigas, cayó el régimen del Directorio. La salvación de Buenos Aires dependió por primera vez de un estanciero y saladerista de bajo perfil hasta entonces, Juan Manuel de Rosas, que aportó el ganado para "convencer" a López. Rosas va a ser el protagonista en las siguientes décadas como representante de su clase. La primera década agotó a los dos contrincantes: federales de Artigas y comerciantes y especuladores directoriales. Dejó el terreno libre para la nueva clase social que emergía como la heredera de tierras y ganados, cueros y saladeros. Entonces sí se forjó “la civilización del cuero”.


 


 


Notas:


 


1. “Plan de Operaciones”, en Piñero, Norberto: Mariano Moreno. Escritos políticos y económicos, Buenos Aires, 1915. 


 


2. Sala de Tourón, Lucía; Rodríguez, Juan Carlos y De la Torre, Nelson: Artigas, tierra y revolución, Montevideo, Arca 1967. 


 


3. Orsi, René: Historia de la disgregación rioplatense, 1808-1816, Buenos Aires, A. Peña Lillo, 1969. 


 


4. Reyes Abadie, Washington; Bruschera, Oscar H.; Melogno, Tabaré: El ciclo artiguista, CEAL, Tomo 2, Montevideo, 1968. 


 


5. Ravignani, Emilio: San Martín y Artigas en la historia rioplatense, Montevideo, 1943. 


 


6. Orsi, op. cit. 


 


7. Idem. 


 


8. Idem. 


 


9. Reyes Abadie y otros, ídem. 


 


10. Reyes Abadie y otros, ídem. 


 


11. Sala de Tourón y otros, ídem. 


 


12. Orsi, ídem. 


 


13. Reyes Abadie y otros, ídem.. 


 


14. Orsi, ídem. 


 


15. Idem. 


 


16. Reyes Abadie y otros, ídem. 


 


17. Reyes Abadie y otros, ídem. 


 


18. Peña, Milcíades: El Paraíso Terrateniente, Buenos Aires, Fichas, 1972. 


 


19. Orsi, ídem. 


 


20. Peña, ídem. 


 


21. Idem. 


 


22. Idem. 


 


23. Citado en Azcuy Ameghino, Eduardo: Trincheras en la Historia, Buenos Aires, Imago Mundi, 2008. 


 


24. Demuro, Wilson González: De historiografías y militancias. Izquierda, artiguismo y cuestión agraria en el Uruguay (1950-1973), Montevideo, Universidad de la República, 2003.


 


 

Algunos apuntes sobre el mitrismo y la “organización nacional” a propósito del Bicentenario

Miseria de la burguesía nacional


"No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió" Joaquín Sabina


 


La derrota militar del ejército de Rondeau ante los caudillos disidentes del Litoral, el 1° de febrero de 1820 en los campos de Cepeda, selló la caída del Directorio y el inicio de una profunda crisis conocida como la "anarquía del año ’20”. En apenas nueve meses, la sucesión del poder en Buenos Aires se vio enmarcada por la elección de una decena de gobernadores, tres de ellos elegidos en un sólo día -hecho que, comparado con la crisis de 2001, demuestra que nuestras clases dominantes y sus gobernantes ni siquiera pueden presumir de originalidad. La "anarquía" culminó con la instauración del "orden", para lo cual fue necesario que los ejércitos de campaña liderados por Martín Rodríguez, cuya base residía en los colorados de Rosas, vencieran el levantamiento porteño de octubre de 1820. La batalla de Cepeda marcó el derrumbe del gobierno central creado por la revolución y dio lugar a una etapa caracterizada por la formación de estados provinciales autónomos. Quedaba así cerrado el ciclo iniciado en mayo de 1810: la revolución había permitido lograr la independencia formal de España pero no había sido capaz de consolidar un poder estatal a un nivel que fuera más allá de las diferentes provincias.


 


A partir de aquel momento, se abrió un período que la historia escolar suele abordar -de manera superficial y limitándose a algunos aspectos políticos- como de enfrentamientos entre "federales" y "unitarios": se habla, en general, de un largo período de conflictos civiles, cuya explicación parece incomprensible y se presenta así la historia del siglo XIX argentino como un mero enfrentamiento entre dos bandos que discrepaban sobre la forma constitucional que debía adoptar el país. En la base de esa perspectiva se encuentra la interpretación "mitrista" de la historia argentina, que daba por sentada la "preexistencia" de la "nación" a los estados provinciales y que se reproduce hoy en la mayoría de las obras de divulgación histórica que hacen referencia al Bicentenario "de la Argentina". Lo que se presenta entonces es una nación ya consolidada en 1810, pero que "perdió" medio siglo por las guerras intestinas entre federales y unitarios.


 


En verdad, es un error de método partir de la existencia de la "Argentina" en las primeras décadas del siglo XIX. En tanto no existía aún nada parecido a una "burguesía nacional" -y tampoco un Estado o un mercado nacionales-, lo que corresponde es analizar cuáles eran las clases sociales que existían en el territorio y qué intereses defendían. Se trata de un hecho que fue advertido por los primeros trabajos de la renovación historiográfica, la que intentó superar los límites de la tradicional historia liberal que abrevaba en los trabajos de Bartolomé Mitre. En un texto clásico sobre la cuestión, José Carlos Chiaramonte señalaba que:


 


“La inexistencia de una nación en el Río de la Plata de la primera mitad del siglo XIX es simplemente eso, si se nos permite una aparente tautología: la inexistencia de una nación; revelada fundamentalmente para el análisis histórico, en lo que constituye el rasgo que consideramos más significativo del proceso: la inexistencia de una clase dirigente en el nivel interprovincial, la sola existencia de clases -o grupos- sociales de alcances locales” (J. C. Chiaramonte: La cuestión regional en el proceso de gestación del estado nacional argentino. Algunos problemas de interpretación, 1983).


 


En lugar de dar por hecha la unidad nacional desde la época de mayo y considerar el período de guerras civiles que caracterizó al siglo XIX como un "accidente" que fragmentó sólo temporalmente a una nación ya constituida, Chiaramonte planteaba que era "más fructífero considerar distintas situaciones que puedan ser abordadas con la información que disponemos, sin dar por supuesto lo que no existía y tratando en cambio de establecer las tendencias nacionales y las opuestas que se gestaban al mismo tiempo y frecuentemente en unos mismos grupos sociales". Según el autor, "la afirmación de que la misión histórica de la burguesía ha sido la formación de las naciones modernas es demasiado general".


 


Sólo con un abordaje metodológico de estas características puede comprenderse el proceso que dará lugar a las guerras civiles y a la conformación del Estado nacional y de una burguesía nacional hacia fines del siglo. Decía Chiaramonte en el citado trabajo:


 


“Provincia/región, unidad sociopolítica, primer fruto estable del derrumbe del imperio español que representa el grado máximo de cohesión social que ofreció la ex colonia al desaparecer las instituciones anteriores. Ante ella el problema se escinde. Por un lado, se trata de explicar por qué la disolución de la antigua estructura virreinal cristaliza en unidades de esas dimensiones, de esa naturaleza. Por otro lado, el porqué de la no desaparición de todo tipo de vínculo entre ellas, de manera que a lo largo del siglo el proyecto de nación logró sobrevivir hasta llegar a tiempos más propicios”.


 


En síntesis, el proceso revolucionario iniciado en mayo fue capaz de derrotar al imperio español y obtener la independencia formal de las ex colonias. Sin embargo, fracasó en su intento de establecer una unidad política estable: la batalla de Cepeda y la "anarquía del año ’20" inauguraron una etapa de fragmentación política en la cual los límites recayeron en las "provincias" -la unidad no pudo mantenerse, pero tampoco se produjo una desintegración total.


 


Para comprender el fenómeno, entonces, resulta indispensable analizar las clases sociales que actuaban en el espacio "argentino". Este señalamiento elemental constituye un punto de partida mucho más fructífero para analizar el proceso del siglo XIX argentino que los planteos esquemáticos de numerosos historiadores vinculados de una manera u otra con el stalinismo, quienes se limitaron a presentar interpretaciones etapistas, y de aquellos que prefieren discutir si la de mayo fue o no una "revolución burguesa" y son incapaces de considerar la posibilidad de que un movimiento revolucionario resuelva algunas, pero no todas, de las tareas históricas que le corresponden.


 


La integración de buena parte de la historiografía "renovadora" a las filas del alfonsinismo y de las camarillas universitarias, en la década de 1980, llevó a un completo abandono de esta clase de interrogantes y a un pasaje masivo de especialistas al campo de los estudios de la "construcción de la ciudadanía" y otros aspectos de la historia política. Así es que un análisis de la historia rioplatense del siglo XIX, en el sentido de lo anteriormente expuesto, no puede nutrirse de los aportes de las investigaciones más recientes y debe aún basarse en señalamientos preliminares, realizados por trabajos que ya tienen más de tres o cuatro décadas. En el contexto de una reflexión histórica a dos siglos de las revoluciones de independencia latinoamericanas, a continuación presentamos algunos apuntes metodológicos y de discusión historiográfica con el objetivo de contribuir a un análisis de las fuerzas de clase que permita explicar y caracterizar las guerras civiles argentinas del siglo XIX, así como los límites de la "organización nacional" que surgió de ellas.


 


* *


El más tradicional de los señalamientos sobre las características de la estructura económica del territorio rioplatense en el siglo XIX es el que pone de manifiesto la contradicción entre el Litoral y el interior. Es necesario, sin embargo, precisar el carácter de esta contradicción para evitar aquellos planteos simplistas que pretendieron mostrar a las economías regionales del interior del país como posibles agentes de una transformación económica en sentido capitalista, que habría sido bloqueada por la acción del puerto de Buenos Aires.


 


Está claro que había diversas producciones de carácter artesanal en distintos lugares del interior del país, pero también que eran incapaces de enfrentar la competencia de las manufacturas extranjeras que llegaban con el libre cambio. Con el quiebre del espacio económico del virreinato, las modestas economías locales y regionales -por ejemplo, en el Noroeste y en Cuyo- lograron sobrevivir reestructurando sus vínculos mercantiles con Bolivia y Chile, o sea, sin efectuar grandes alteraciones con respecto a los niveles productivos del período colonial. En este sentido, puede decirse que si bien es cierto que, de un modo general, el interior defendía el proteccionismo, y, por lo tanto, se oponía al librecambio pro-inglés de los porteños, también lo es que defendía una producción artesanal atrasada y precapitalista que no tenía mercado ni potencialidades para transformarse en una industria capitalista capaz de desarrollar al país.


 


Asimismo, la reivindicación, por parte de la historiografía nacionalista y revisionista, de los "caudillos" del interior -como representantes de una alternativa "nacional" ante la oligarquía "antipatria" de las ciudades portuarias- oculta que esos caudillos eran miembros de las clases dominantes y no promovían un orden social superior, sino al contrario. Si es verdad que se apoyaban en la movilización popular del gauchaje, no lo es menos que representaban intereses sociales atrasados y contrarios al desarrollo capitalista del país. Sigue siendo válido, en este punto, el planteo de Milcíades Peña:


 


“La oligarquía porteña no podía ser democrática, aunque era indudablemente burguesa, porque era infinitamente minoritaria. La montonera era democrática, como expresión de la mayoría del país, pero era indudablemente contraria a la acumulación capitalista y a la definitiva estructuración capitalista del país” (El Paraíso Terrateniente).


En efecto, eran capitalistas los intereses de las burguesías del Litoral -fundamentalmente Buenos Aires y Entre Ríos, ya que el caso correntino es un poco más complejo y Santa Fe conoció un largo período de estancamiento económico- y eran también, evidentemente, contrarios al proteccionismo; defendían firmemente el librecambio y promovían la vinculación con Gran Bretaña, lo cual habla a las claras de las características "antinacionales" de los sectores más desarrollados y, por ende, de los límites de una independencia de España que había abierto el paso a una nueva dependencia. Es necesario, de todas formas, hacer una precisión mayor, en la medida en que también había contradicciones entre los productores del Litoral. Los ganaderos entrerrianos, aunque favorables al librecambio y al capital extranjero como los porteños, entraban en contradicción con Buenos Aires en la medida en que toda su producción debía pasar, por razones geográficas, por el puerto de esa ciudad. Al interior de la propia provincia de Buenos Aires, por otro lado, existían contradicciones entre la burguesía comercial y una clase terrateniente ganadera que se desarrolló con fuerza a partir de la década de 1820. Si bien ambas eran partidarias del librecambio y del predominio del puerto de Buenos Aires, la primera lo hacía para impulsar la importación de productos británicos y la segunda para exportar los ganaderos -en ese entonces, tasajo y cueros- de la campaña bonaerense. La burguesía comercial era partidaria de impulsar la unidad nacional, aunque lo hacía con un carácter absolutamente parasitario, en tanto comisionista del capital británico. La burguesía terrateniente, por el contrario, no tenía interés, todavía, en malgastar las rentas de su Aduana en la consolidación de un mercado nacional para el cual no producía.


 


* *


Después de la quiebra de la unidad en 1820, la "soberanía" recayó en las diferentes provincias. En este cuadro, Buenos Aires vivió un proceso de crecimiento económico y de relativa estabilidad política bajo el gobierno de Martín Rodríguez. La base de la "feliz experiencia de Buenos Aires" residió, en buena medida, en la utilización de las rentas liberadas por la caída del Directorio, esto porque la construcción del Estado provincial se desenvolvió en el marco del fin de los esfuerzos financieros por las guerras de independencia y por el sostenimiento de un poder central. Pero esa "feliz experiencia" no estaba destinada a perdurar: mientras Buenos Aires se mantuvo fronteras adentro para ordenar el "caos" de la etapa precedente y proceder, de esta manera, a su consolidación y desarrollo, las diferencias pudieron mitigarse. En cambio, cuando volvió a ponerse a la cabeza de un proceso de unificación nacional, las divisiones salieron rápidamente a la luz.


 


El experimento "unitario" de Rivadavia, a mediados de la década, debe entenderse como un intento de la burguesía comercial porteña de intentar una unificación nacional bajo la batuta del capital británico, lo cual pone de manifiesto su carácter antinacional. No hay que olvidar que en esa época se produjo un breve período de exportación de capitales por parte de Gran Bretaña, que en buena medida prefiguraba lo que iba a suceder en la etapa imperialista.


Fue en esos años cuando la burguesía porteña comenzó su lamentable historia como deudora con el famoso préstamo de la casa Baring Brothers, que sólo terminó de pagarse a comienzos de siglo XX. El asunto tiene su lado pedagógico, pues demuestra que la voluntad de honrar la deuda con el hambre y la sed de los argentinos, al decir de Nicolás Avellaneda, ha estado presente desde la génesis de la clase dominante argentina.


 


El intento rivadaviano, en cualquier caso, encontró rápidamente sus límites, los cuales sellaron definitivamente la suerte de la "feliz experiencia" y la de su propio gobierno: todavía no estaban dadas las condiciones para intentar un proyecto de unidad nacional, ni siquiera uno de carácter dependiente y sometido al capital extranjero. Los terratenientes porteños hicieron valer sus intereses y desbancaron a Rivadavia y a los unitarios a través de la imposición de la dictadura rosista, aunque esta caracterización debe ser matizada en un doble sentido. Por un lado, porque los primeros intentos de reemplazar la competencia electoral por la unanimidad, basada en una lista única, se dieron en 1829 con los pactos de Cañuelas y de Barracas entre Lavalle -unitario- y Rosas -federal. Por el otro lado, porque -como nos recuerda Peña- el aparato rosista no estaba dirigido contra las masas sino que se apoyaba en ellas para enfrentar a la oposición. Incluso sus enemigos tuvieron que reconocer este hecho: Sarmiento no dudaba en afirmar que "Rosas era un republicano que ponía en juego todos los artificios del sistema popular representativo. Era la expresión de la voluntad del pueblo, y en verdad que las actas de las elecciones así lo demuestran. No todo era terror, no todo era superchería", mientras que Alberdi sostuvo alguna vez que Rosas "no es un déspota que duerme sobre bayonetas mercenarias. Es un representante que descansa sobre la buena fe, sobre el corazón del pueblo".


 


Se llegó así a la situación contradictoria de que los porteños (Rosas) eran los principales defensores del "federalismo". En realidad, era una contradicción sólo aparente: mientras el federalismo provinciano expresaba la pretensión de proteger sus atrasadas industrias y producciones artesanales de la competencia ruinosa del mercado exterior, el federalismo de los estancieros bonaerenses representaba su interés de no compartir las rentas de la Aduana con el resto de las provincias y de evitar la nacionalización de la ciudad de Buenos Aires que había sido dispuesta por Rivadavia.


 


El gobierno de Rosas, por otra parte, fue rabiosamente centralista: se mantuvo en el poder provincial durante treinta años y controló la situación del resto de las provincias. Lo que sucede es que la prioridad de los terratenientes porteños, base social de Rosas, no era impulsar la unidad nacional sino garantizar sus intereses como productores de ganado para la exportación. Por eso durante el rosismo avanzó el control social sobre el gauchaje y la "conquista del desierto" para obtener tierras que todavía estaban en manos de poblaciones indígenas. Bajo la mano férrea del "Restaurador" se desarrolló la acumulación de tierra y ganado por parte de la burguesía terrateniente pampeana: una auténtica "acumulación originaria" que sería la base del posterior auge agroexportador dirigido por los mismos que criticaban a Rosas. Desde ya que la agricultura, la industria o el mercado interno conocieron escaso desarrollo, simplemente porque ello no entraba en los intereses de la burguesía terrateniente.


 


Es sabido que Rosas ha sido convertido en una de las "bestias negras" de la historiografía oficial elaborada por el mitrismo después de su caída; ni siquiera tiene una calle en la ciudad de Buenos Aires. Por contraste, la historiografía revisionista y los intelectuales "nac & pop" gustan de presentarlo como un paladín del nacionalismo, lo cual no pasa de ser uno de los más grandes macanazos de la historia argentina. La realidad es que Rosas siempre mantuvo buenas relaciones con la burguesía inglesa, que incluso lo apoyó cuando Francia intentó un avance colonial sobre nuestras costas. El gobierno rosista simplemente defendía los intereses de la burguesía terrateniente: una verdadera política independiente y nacional -en términos capitalistas- sólo podía basarse en un desarrollo industrial, tal como la que representaba, por ejemplo, la burguesía del norte de los Estados Unidos en su enfrentamiento con la burguesía esclavista del sur de ese país. En verdad, la dictadura de Rosas preparó el terreno para sus sucesores "democráticos", en tanto aceleró la acumulación de tierras de la burguesía bonaerense, expandió la frontera indígena y profundizó el "disciplinamiento" de la fuerza de trabajo. El repudio que se le deparó a su figura en los años posteriores a su caída no es más que una nueva demostración de la forma en que la burguesía argentina suele pagarle a quienes son sus más fieles servidores.


 


* *


El 3 de febrero de 1852, la batalla de Caseros marcó el final del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Su régimen, sin embargo, estaba agotado desde tiempo atrás. El rosismo había favorecido a la oligarquía terrateniente con su política de apoyo a la concentración ganadera, proletarización del gaucho y fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado. Sin embargo, esta misma oligarquía comprendía que la nueva situación del mercado mundial planteaba la necesidad de estructurar un Estado nacional para aprovechar las oportunidades de la nueva coyuntura internacional. El rosismo había sido útil en tanto se trataba de asegurar el "orden"; ahora la tarea era modificarlo para estar en mejores condiciones de insertarse en el mercado internacional. Los instrumentos de esta nueva política fueron Justo José de Urquiza, como representante de la oligarquía del litoral, y los exiliados en Uruguay, como representantes directos de la burguesía comercial bonaerense. Todo el aparato estatal rosista se pasó en bloque al bando vencedor en Caseros, lo cual demuestra que la caída de Rosas era una necesidad de la clase dirigente y no una contingencia bélica.


 


Urquiza se planteó la rápida organización constitucional del Estado a nivel nacional: en mayo de 1852 se firmó el Pacto de San Nicolás, en 1853 se dictó la Constitución y al año siguiente fue elegido el presidente. El objetivo de la política de Urquiza era la unificación nacional, pero no subordinada a los intereses de Buenos Aires; por eso reclamaba el usufructo común de los derechos de Aduana, la libre navegación de los ríos y planteaba una organización de tipo federal. El proyecto urquicista, claro, entraba en contradicción con los intereses de la burguesía porteña y, en septiembre de 1852, la provincia de Buenos Aires se separó de la Confederación. Tan sólo ocho meses después de Caseros, "federales" ex rosistas y "unitarios" antirosistas ponían por delante su carácter de porteños y se unían, en defensa de la Aduana, contra los "federales" de Urquiza y los intelectuales que se alinearon con él, como es el caso de Alberdi. Se estableció así una tensión entre ambos bloques que duraría nueve años. Por un lado, la Confederación quería doblegar a Buenos Aires en sus pretensiones de control sobre el resto del país, unificando para ello a todas las provincias del interior. Por el otro, Buenos Aires presionaba al resto de las provincias con su control de la Aduana, único punto de salida y entrada de mercaderías a todo el territorio. En Buenos Aires, el régimen de Bartolomé Mitre se convirtió en la continuidad del rosismo, pero ya sin la máscara del federalismo.


El fracaso de la Confederación es muy ilustrativo porque pone de manifiesto todos los límites de las burguesías del interior, que no fueron capaces -aun logrando una unidad política de todas las provincias- de sobrevivir sin Buenos Aires. Todos los esfuerzos federalistas no alcanzaron para hacer de la Confederación Argentina una nación. El ahogo económico y presupuestario era descomunal: las aduanas de Rosario y Corrientes no alcanzaban a recaudar lo suficiente como para garantizar el funcionamiento del aparato del Estado. El auge de la producción lanera de fines de la década de 1850 fue una de las causas importantes de acercamiento con Buenos Aires, ya que para los productores del litoral se hacía imperioso contar con una aduana eficiente; la mayor parte de la producción se vendería entonces por Buenos Aires y no por los puertos de la Confederación.


 


Contrariamente a lo que sostienen los autores revisionistas, que intentaron presentar al "interior" como un bloque homogéneo y capaz de articular una alternativa nacional a la burguesía porteña, es fundamental advertir que se trataba de un espacio económico profundamente fragmentado, cuyas clases dominantes regionales eran débiles y poco desarrolladas. Tal como planteó Waldo Ansaldi:


 


“La debilidad estructural de las clases y fracciones de clase actoras del proceso (es) la que obstaculiza el camino hacia la formación de la nación, del mercado interno y del Estado nacional, objetivos logrados relativamente cuando la fracción terrateniente de la burguesía del litoral logra hacer de sus intereses particulares los generales de la nación.


 


Justamente, ella es la fracción más dinámica de la sociedad argentina: surge a partir de la burguesía comercial -de la que a menudo no termina de separarse del todo- y en estrecha relación con el mercado mundial y la clase dirigente de Inglaterra, vanguardia del proceso de expansión capitalista a escala mundial. Un siglo es el lapso que media entre la aparición de los terratenientes bonaerenses y la conquista de la hegemonía a escala nacional, ínterin en el que se mantiene sin desviaciones la vinculación recién indicada. La fracción nace -como se ha dicho antes- con la crisis del sistema colonial en el Río de la Plata, en el último tercio del siglo XVIII, pero el impulso decisivo corresponde a la década de 1820, momento en que la producción se comienza a subordinar a la distribución en Buenos Aires. Desde entonces, los contradictores principales de los terratenientes bonaerenses serán los terratenientes del litoral fluvial, hasta que, superado el punto más álgido de la contradicción, cuando la secesión de Buenos Aires, entre 1852 y 1862, los primeros impongan su hegemonía sobre los segundos y realicen el primer bloque histórico regional capitalista de Argentina, en el nudo histórico 1859-1862 (Waldo Ansaldi: Notas sobre la formación de la burguesía argentina, 1780-1880).


 


Si el fracaso de la Confederación urquicista puso de manifiesto todos los límites de las burguesías del interior, la secesión de Buenos Aires reveló de manera dramática el carácter antinacional del mitrismo y de la burguesía porteña, que se oponía a todo lo que tenía de progresivo la intención urquicista de unificar el país: votar una Constitución, suprimir las aduanas interiores y nacionalizar el puerto. Aquellos que reivindican que la burguesía argentina "resolvió las tareas burguesas” deberían simplemente analizar lo planteado por Bartolomé Mitre -figura principal, si las hay, de dicha burguesía-, que llamaba "política reaccionaria" a este plan de Urquiza y prefería la separación de Buenos Aires y su independización, es decir la fragmentación nacional antes que la organización nacional con los porteños en una posición subordinada. Que esto implicaba la liquidación de la Argentina como nación, aún antes de haberse realmente constituido como tal, lo había advertido uno de los más implacables críticos del mitrismo, Juan Bautista Alberdi:


 


“Si Buenos Aires quedase como nación independiente o si antes de serlo del todo, como sucedió en Guatemala, empujase a Santa Fe u otra provincia del litoral para entrar en la misma senda, Buenos Aires disolvería a la República, con la mira de no tener por vecino un Estado fuerte, que le impusiera respeto. Estamos, pues, amenazados de ver caer a nuestra hermosa nación en la miserable suerte que ha hecho de la República de la América Central el objeto de la compasión y el menosprecio de todo el mundo” (Póstumos, XIV, p. 603).


 


Hay que agregar que, aunque Urquiza le hizo todo tipo de concesiones, el capital extranjero apoyaba la secesión de Buenos Aires como medida última debido a que su principal relación era con la burguesía porteña y no con la del Litoral, ya que los tenedores de bonos del empréstito Baring de 1824, que había sido suscripto por la provincia de Buenos Aires, presionaban en ese sentido.


 


Lo importante, en última instancia, es advertir que la política de Buenos Aires no llegó hasta las últimas consecuencias -la secesión- precisamente porque tampoco lo hizo la de Urquiza:


 


La oligarquía bonaerense no hubiera quedado dueña del país con tanta facilidad de no mediar la política permanentemente conciliadora y claudicante de su enemigo más poderoso, que eran los estancieros entrerrianos encabezados por Urquiza. En muchas ocasiones pudo Urquiza aplastar militarmente por largo tiempo a la oligarquía porteña -sobre todo después de su victoria en Cepeda- y, sin embargo, prefirió la conciliación permitiéndole rehacer su poderío militar (Peña: La era de Mitre).


 


La alianza estratégica de fondo entre las burguesías terratenientes de Buenos Aires y del Litoral es lo que está detrás de las batallas de Cepeda (1859) y Pavón (1861), en las cuales, como señaló Halperin Donghi, ni Mitre ni Urquiza buscaron una lucha a muerte. Efectivamente, en Cepeda el triunfo de Urquiza no implicó un avance sobre Buenos Aires y una liquidación del mitrismo, sino un reconocimiento de Mitre como el interlocutor privilegiado en Buenos Aires y el encargado de organizar una integración "ordenada" en la Confederación. Más aún, Urquiza integró a mitristas al gabinete de la Confederación: Norberto de la Riestra, fervoroso mitrista y agente del capital inglés, fue nombrado ministro de Hacienda del gobierno de Derqui. A partir de este punto, la victoria de Buenos Aires era sólo cuestión de tiempo: en Pavón, lo de Urquiza fue una retirada "ordenada" que dejó el campo de batalla abierto para el avance de Mitre y su ejército sobre todo el interior… con la excepción de Entre Ríos, cuya autonomía y liderazgo se respetaron.


 


Todo esto es importante para refutar ciertos planteos del revisionismo que afirmaban o bien que Urquiza había representado la alternativa "nacional" y que fue derrotado, o bien que "traicionó" al resto del interior. Se trata, en realidad, de prestar atención a los intereses de clase. Milcíades Peña lo planteaba con claridad:


 


“¿A qué obedece esta claudicación urquicista? (…) Fue reiteradamente maniobrado y contramaniobrado por Mitre, que parecía a veces jugar con él, pero esto es lo que ocurre siempre cuando un político que representa intereses dispuestos a ir hasta el fin para lograr sus objetivos se enfrenta a otro que, como Urquiza, busca la conciliación y no desea entablar una lucha a muerte. Recordemos que Urquiza representaba a los estancieros entrerrianos, clase a la que él mismo pertenecía (…) Esta clase, y Urquiza a su frente, había sido aliada de la oligarquía porteña bajo Rosas, hasta que el monopolio aduanero y de los ríos, fuera de las nuevas posibilidades que se abrían en el mercado mundial, la movieron a romper con Buenos Aires y derrotar a Rosas. A partir de entonces, los estancieros entrerrianos se transforman en eje de la organización nacional, agrupando a todos los sectores del país interesados en impedir que la oligarquía porteña organizara a su modo la Nación (…) Pero la resistencia contra la oligarquía porteña se estaba tornando demasiado costosa para los estancieros entrerrianos, que no tenían por qué seguir jugándose junto al interior y al gauchaje si lograban un acuerdo con el patriciado porteño por el cual éste no se entrometiera en las cuestiones de Entre Ríos -es decir de Urquiza- si en compensación Urquiza dejaba librado a su suerte al interior del país y al gauchaje frente a los patacones y los batallones de Buenos Aires” (Peña: La era de Mitre).


 


Ya lo había dicho Alberdi, casi cien años antes, en un juicio lapidario sobre el ganadero entrerriano:


 


“¿Para qué dio Urquiza tres batallas? Caseros para ganar la presidencia, Cepeda para ganar una fortuna, Pavón para asegurarla. Acaba su vida como la empezó, por ser satélite de Buenos Aires. En Caseros derrocó el ascendiente tiránico de Buenos Aires sobre las provincias. Ese es el mérito de su victoria, no la caída de un hombre. En 10 años se lo ha devuelto todo y duplicado cuanto le quitó en 1852. Representó el nacionalismo argentino: hoy es el brazo zurdo del localismo de Buenos Aires contra la República Argentina” (Grandes y pequeños hombres del Plata).


 


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Con la derrota de Urquiza se reunificó a la Argentina bajo el mando de Buenos Aires, se reformó la Constitución y Mitre fue elegido presidente a partir de 1862. Es habitual que se presente ese momento como el inicio de la "pacificación" y estabilización del país, pero en realidad debería hablarse de su militarización a sangre y fuego. La propia asunción de Mitre fue un auténtico golpe de Estado: el presidente Derqui renunció y el general porteño fue nombrado "Encargado del Poder Ejecutivo Nacional", hasta que algunos meses después -con el país ocupado por sus ejércitos, Mitre ganó las elecciones presidenciales. Con la excepción de Entre Ríos, los ejércitos de Mitre avanzaron por todo el interior, derrotando militarmente a las últimas "montoneras" y estableciendo gobiernos de camarillas adictas en prácticamente todas las provincias. El decisivo avance de los ejércitos mitristas sobre el interior contrasta con la política timorata y de conciliación que habían tenido, una y otra vez, los ejércitos de la Confederación dirigidos por Urquiza, que nunca avanzaron sobre Buenos Aires después de derrotarla en varias batallas. La cuestión es ilustrativa de los límites de la burguesía entrerriana, absolutamente incapaz de llevar una lucha a fondo contra la de Buenos Aires por la sencilla razón de que compartía los mismos intereses sociales.


 


El papel histórico reaccionario del mitrismo queda de manifiesto, antes que nada, por su participación en la guerra de la "Triple Alianza" (1865-1870). Es correcto considerar a la Guerra del Paraguay como una continuidad de la propia guerra civil argentina. Así lo entendieron los más lúcidos de sus contemporáneos:


 


“La política actual del general Mitre no tiene sentido común si se la busca únicamente por su lado exterior. Otro es el aspecto en que debe ser considerada. Su fin es completamente interior. No es el Paraguay, es la República Argentina. (…) No es una nueva guerra exterior; es la vieja guerra civil ya conocida, entre Buenos Aires y las provincias argentinas, sino en las apariencias, al menos en los intereses y miras positivos que la sustentan” (J. B. Alberdi Historia de la Guerra del Paraguay).


 


A la militarización del interior argentino siguió la invasión de Venancio Flores al Uruguay -apoyado por Mitre- que sacó del poder a los blancos e implantó un gobierno afín al mitrismo y al Brasil; inmediatamente después vino la provocación al Paraguay y la guerra de la Triple Alianza. Luego del triunfo en Montevideo, el 20 de febrero de 1865, Flores declaró la guerra contra Paraguay. Mitre buscó evitar que la entrada en la guerra pareciera el resultado de una decisión de su gobierno: cuando Solano López "atacó" Corrientes luego de que se le denegase el paso de sus fuerzas por territorio argentino, logró hacer de su ingreso la respuesta a una "agresión" externa. La reacción ante la guerra es una nueva ilustración de los intereses de las distintas fuerzas sociales: mientras que Urquiza no dudó en solidarizarse con la "nación", las masas populares fueron abiertamente opositoras a la guerra impulsada por el mitrismo. Aunque es otro de los grandes temas "olvidados" por la historiografía contemporánea, hay que decir que se trató de una guerra completamente impopular; así lo demuestra, por ejemplo, el apoyo de la totalidad de los correntinos al ejército paraguayo, la deserción y la sublevación de los combatientes voluntarios o el desbande de los ejércitos de Urquiza.


 


El Tratado de la Triple Alianza -firmado en mayo de 1865 por el imperio brasileño, la oligarquía mitrista y los colorados uruguayos- establecía, entre sus puntos más importantes, quitarle al Paraguay la soberanía de sus ríos, repartirse una gran cantidad de su territorio y hacerle cargar la deuda de la guerra. Es que el Paraguay constituía un adversario peligroso para la oligarquía mitrista, así como para el imperio brasileño y para el capital inglés.


 


Geográficamente aislado e imposibilitado de comerciar con el exterior por el bloqueo impuesto por los puertos del litoral, había desarrollado a lo largo del siglo XIX una política proteccionista que fomentó el desarrollo industrial y puso en manos del Estado el comercio exterior, todo lo cual llevó a bloquear el desarrollo de una burguesía mercantil. Asimismo, la inexistencia del latifundio -la tierra también era monopolio estatal- contribuía al crecimiento de un mercado interno. El gobierno paraguayo, por otra parte, estaba políticamente alineado con los blancos uruguayos y con los federales argentinos.


 


Durante cinco años, las fuerzas de la oligarquía mitrista y el imperio esclavista brasileño destruyeron literalmente al único país que mantenía una relativa independencia económica en el cono sur: Paraguay perdió la mitad de su territorio, casi la totalidad de su población masculina fue masacrada y su territorio fue convertido en un mercado abierto al capital inglés y a la importación de mercaderías extranjeras a través del puerto de Buenos Aires. Tal es así que a poco de terminada la guerra cayó sobre el país su primer empréstito de los bancos británicos. Claro que todo se hizo en nombre de la "civilización".


 


Durante la guerra, la oligarquía porteña hizo grandes negociados con la llegada de empréstitos extranjeros, los cuales aumentaron el sometimiento del país al capital foráneo. Cuando la llegada de metálico comenzó a valorizar demasiado la moneda nacional, la burguesía terrateniente fundó la Sociedad Rural, en 1866, para reclamar una inmediata devaluación. La guerra socavó la popularidad de Mitre, quien fue reemplazado en 1868 por un candidato cuyo principal apoyo era el ejército en operaciones -Domingo Sarmiento. Desde luego, Alberdi no perdió la oportunidad para realizar un balance sobre la herencia dejada por Mitre:


 


“El gobierno de Mitre deja una negra memoria en nuestros anales: ochenta mil argentinos en la tumba, sesenta millones de pesos gastados en esas matanzas, la adquisición del cólera morbus, la desaparición de los archivos nacionales por dos incendios misteriosos, la enfeudación de la República al Imperio brasilero, y ni una, ni una sola, de nuestras viejas cuestiones orgánicas resuelta definitivamente. Pero no le faltarán admiradores…” (Epistolario).


 


Negociados, endeudamiento, devaluación y conspiraciones militares: la guerra del Paraguay marcó a fuego las características de la burguesía "argentina", que se estructuraba como tal con las manos manchadas de la sangre del pueblo latinoamericano y entregada al capital extranjero. Durante las presidencias "históricas" de Mitre (1862-1868), Sarmiento (1868-1874) y Avellaneda (1874-1880), se estructuró el Estado nacional, así como una burguesía de características "nacionales", en tanto se iban imbricando los intereses de las distintas oligarquías regionales, siempre bajo la batuta del capital extranjero y con el predominio de los terratenientes bonaerenses, interesados en la exportación agropecuaria e incapaces de asegurar ningún tipo de desarrollo nacional. La guerra del Paraguay y la represión a las últimas montoneras permitió constituir un ejército, "pacificar" el interior y disciplinar la mano de obra. Los tendidos ferroviarios unificaron el país, pero estuvieron lejos de promover la conformación de un mercado interno desarrollado dado que se estructuraron en forma de abanico, con el único objetivo de sacar la producción exportable y hacer ingresar las importaciones. Con respecto a las fronteras, mientras la guerra del Paraguay delimitó los límites en el norte, las incursiones contra los indígenas en el sur de Buenos Aires y luego en la Patagonia permitieron ensanchar las dimensiones de los latifundios y definir los límites con Chile. La deuda externa de la Confederación fue "nacionalizada" por el gobierno mitrista.


 


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Los años de la llamada "organización nacional" consolidaron la Argentina agroexportadora, de la mano de la consolidación del latifundio y el estrechamiento de los lazos con el capital extranjero -fundamentalmente inglés. Hacia fines de la década de 1870, el latifundio encontró una nueva patria en la Patagonia: a medida que le expropiaba la tierra a los indígenas,


 


Roca la entregaba a la oficialidad del Ejército y a los miembros de su familia. Se inició así un ciclo de fabulosa especulación con las tierras que finalizaría estrepitosamente en 1890. La "relación carnal” entre el Estado argentino y el imperialismo inglés cobró fuerza; las inversiones de capital inglés se dieron por tres vías: los préstamos al Estado, las inversiones directas en obras públicas -ferrocarriles, puerto, etc. – y la especulación con tierras, títulos, acciones. Hacia fines del siglo XIX, Argentina era el país latinoamericano con mayores inversiones inglesas, el que más comercio poseía con dicha metrópoli y quien seguía con más celo las prerrogativas políticas de Inglaterra.


 


Con el Bicentenario se han vuelto a poner de moda planteos ya trillados que sostienen que hacia el primer Centenario (1910), Argentina era una potencia mundial y la burguesía argentina una candidata a alcanzar a las de las metrópolis capitalistas. Se trata de una tergiversación interesada de la realidad que intenta, por lo general, buscar las causas del atraso argentino en el "populismo" posterior y de presentar falsamente a la Argentina de 1910 como un país "armónico" y económicamente desarrollado. No hay tal cosa. En verdad, la burguesía argentina sólo logró constituirse como tal en los comienzos de la etapa imperialista del capitalismo. Como planteó Milcíades Peña, "cuando todavía no estaba plenamente resuelto el problema de la unidad nacional, la Argentina comenzó a enfrentar el problema de la soberanía nacional" (Alberdi, Sarmiento, el ’90). Los procesos de "unificación nacional" y "consolidación del Estado" estuvieron constreñidos por la penetración imperialista, que bloqueó cualquier posibilidad de desarrollo nacional independiente. El gran desarrollo económico que tuvo lugar en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo siguiente se dio en el marco de la dependencia del país al capital inglés: el propio Lenin, en El Imperialismo, usó a la Argentina como ejemplo de los países que, aunque mantenían su independencia formal, estaban sometidos al capital extranjero.


 


El punto es que ese mismo desarrollo económico deformado y dependiente, por otra parte, era el que promovía la llegada de inmigrantes y contribuía a la conformación de una clase obrera. El mismo desarrollo desigual y combinado (Trotsky) explica tanto la debilidad de la burguesía argentina como la estructuración social y política de la clase obrera en un muy breve lapso de tiempo, recorriendo en pocos años las etapas que en Europa habían llevado décadas. El inicio del siglo XX encontró, por lo tanto, a la burguesía argentina definitivamente estructurada como una socia menor del imperialismo y a la clase obrera como un actor irreemplazable de la vida del país: hace ya un siglo que el desarrollo nacional es una tarea que sólo pueden resolver los trabajadores, en el marco de la lucha por la unidad socialista de América Latina.

1910: El proletariado argentino en el Centenario


Una época histórica -con su proyecto fastuoso de dominación social, económica y política- hizo eclosión en los festejos del Centenario de Mayo, que se conmemoró bajo estado de sitio, en huelga general, con centenares de activistas obreros presos, locales sindicales y periódicos anarquistas y socialistas asaltados por la policía y por turbas de la derecha.


 


La Argentina, en 1910, ocupaba el sexto lugar en la economía mundial. A cien años de la instalación de la Primera Junta en el viejo Cabildo, ni París ni Nueva York ni ninguna de las grandes capitales del mundo podían mostrar, por ejemplo, una iluminación como la que se instaló en la Avenida de Mayo para aquellas fiestas. Hasta la infanta Isabel -enorme como un navío- había desembarcado en Buenos Aires, en representación de la corona española, para darle un toque real a la celebración.


 


A pocas cuadras del centro, de las poltronas del Jockey Club -cuyo edificio, según Carlos Pellegrini, debía ser tan imponente que al entrar en él "hasta el indio más guarango se sienta obligado a quitarse el sombrero"- y de las luces de la Avenida, se amontonaban los conventillos hacinados, "alumbraos a querosén", con una bomba de agua por patio, sin nada que se pareciera a un servicio sanitario. En ellos subsistían como podían las familias obreras, sometidas a jornadas de trabajo de 12 ó 14 horas, con transportes malos o inexistentes que obligaban a larguísimas caminatas para llegar a la fábrica y para volver a casa, de modo que la obrera o el obrero salían del conventillo a las 5 de la mañana y no regresaban hasta las 8 ó 9 de la noche, al mediodía comían de apuro una tortilla en el almacén. No había vacaciones y el único descanso era el domingo, con sus bailes en los patios. Tampoco había jubilación, ni seguros de salud: el que se enfermaba no trabajaba y el que no trabajaba no cobraba. La discapacidad o la incapacidad por accidentes de trabajo no tenían indemnización y condenaban a quien las padeciera a la miseria perpetua.


 


Eso sucedía en la franja privilegiada del movimiento obrero, la que encontraba un lugar frente a las máquinas; la que no lo encontraba o los inmigrantes sin ocupación tenían que buscar su plato de sopa en ollas populares, como las instaladas en la zona portuaria, mientras los smokings y los vestidos de gala festejaban el Centenario y los señoritos tiraban manteca al techo entre el humo de los puros y el champán de Armenonville.


 


En esa Argentina del Centenario, un sindicato equivalía a subversión; una jornada normal de trabajo, a simple holganza; y cualquier manifestación de protesta a un atentado inadmisible contra la seguridad del Estado. La relación de aquella oligarquía con el proletariado era básicamente represiva y la "cuestión obrera" -así se la llamaba- constituía, ante todo, un asunto policial.


 


En su novela Soy Roca, Félix Luna pone en boca de Ataliva Roca una frase notable, dirigida en la ficción a su hermano presidente: "Julio, los ganaderos somos ricos; inventaron una máquina que fabrica frío".


 


Esa frase, que posiblemente nunca fue dicha, resume el acontecimiento clave del siglo XIX argentino que determinaría toda su historia ulterior: los mercados del mundo golpeaban las puertas del puerto de Buenos Aires con su demanda de carnes y cereales. Toda la tecnología de la época, aplicada al desarrollo económico del país, estaría subordinada a ese fenómeno. La invención de la "máquina que fabrica frío" era la partera de la industria de carnes congeladas, permitía la exportación masiva y multiplicaba exponencialmente la producción ganadera. Los señorones del Centenario, socios del Jockey Club y del Club del Progreso, ya podían engordar gracias a la parición de las vacas y reír en sus salones con un chiste de la época: "En la Argentina nunca habrá crisis mientras los toros no se vuelvan maricones". Ya verían cómo la crisis los quebraría en astillas aunque no cambiara la predisposición sexual de sus toros.


 


Los ferrocarriles habían hecho perder sentido a las montoneras federales; es decir, a la guerra que sostenían con Buenos Aires los hacendados del interior, cuyas tropas eran su propia peonada. Las vías del tren fueron prolongaciones del puerto hacia las provincias, de modo que los "caudillos federales" podían ahora venderle a Londres, también ellos, sus granos y sus vacas. Cuando Roca hablaba de la supresión del "espíritu de las montoneras" se refería a esa nueva realidad, no a un exterminio militar como, por ejemplo, el que él mismo y su enemigo Juan Manuel de Rosas habían cometido contra los indios del sur.


 


Hasta 1880, el declarar a Buenos Aires territorio federal había sido razón de guerra, porque el interior procuraba, por esa vía, "federalizar" las rentas portuarias. En 1880, el ferrocarril había eliminado ese casus belli: ahora, el Congreso podía declarar capital federal a Buenos Aires y a su puerto -demanda histórica de los hacendados provincianos- sin que nadie tomara las armas contra esa disposición. Los ferrocarriles, junto con la incorporación de los estancieros del interior al comercio internacional, hicieron posible otro fenómeno: el de llevar a la práctica la consigna "gobernar es poblar", proclamada por Juan Bautista Alberdi. Así, el mercado mundial, como había creado a la clase terrateniente, creaba al proletariado argentino: un proletariado de inmigrantes que traería el bagaje de sus luchas en Europa y la influencia poderosa de las ideas socialistas y anarquistas que allá se desenvolvían.


 


La huelga del Centenario, el estado de sitio, los encarcelamientos y la represión policial y parapolicial de aquellos días habían tenido un antecedente inmediato y sangriento: la Semana Roja de 1909, en la que vale la pena detenerse.


 


La Semana Roja 1° de Mayo de 1909.


 


A las dos y media de la tarde, eran algo más de 3 mil los trabajadores reunidos en la plaza Lorea, convocados por la anarquista Federación Obrera Regional Argentina (Fora). Esa plaza estaba entonces partida al medio por la Avenida de Mayo, que llegaba hasta el actual Palacio Legislativo. Todavía no se habían demolido las casas de cuatro manzanas para dejar espacio a otra plaza, la del Congreso, y al "monumento a la Revolución" que se levantaría en ella. Así, las victorias y los tranvías circulaban entre la estatua de Moreno y la de Estrada, pero aquella tarde no.


Según se había decidido, la manifestación de la Fora partiría de Lorea para marchar por la Avenida hasta Entre Ríos y proseguir por Callao, Córdoba, Libertad, Paraguay y Paseo de Julio (hoy Leandro N. Alem) hasta la plaza Mazzini, donde en 1905 una columna obrera había sido baleada por la policía.


 


Aquel 1° de Mayo había conocido vísperas agitadas. El gremio de los transportistas iría a la huelga por tiempo indefinido a partir del lunes 3 por la derogación del nuevo Código de Penalidades que el intendente, Ricardo Güiraldes, había dictado contra los trabajadores del sector. Durante toda la semana hubo asambleas tensas y masivas, y el jefe de policía, Ramón L. Falcón, recibía informes del comisario Vieyra, jefe de la seccional 1a, sobre la actividad de "agitadores". El 30 de abril, Falcón ordenó una treintena de detenciones de dirigentes obreros, lo cual -aunque los liberó casi de inmediato -sirvió para caldear la atmósfera.


 


Ese 1° de Mayo, como era su costumbre, Falcón organizó una provocación en regla. Cuando la columna anarquista estaba a punto de ponerse en marcha, el jefe policial pasó por la plaza a bordo de su carruaje. Los insultos, los gritos airados contra el gran matón, se atropellaron entre los manifestantes. Entonces, el coche se detiene y Falcón baja, custodiado por un centenar de cosacos. Resuenan los mueras al presidente, José Figueroa Alcorta, a Güiraldes y, por supuesto, al propio Falcón, parado ahí, desafiante, en la Avenida de Mayo entre Lorea (hoy Luis Sáenz Peña) y Virrey Ceballos.


 


A todo esto, una columna llega tarde por Entre Ríos. Son unos 300 trabajadores del centro anarquista Luz, que han partido de Río de Janeiro y Triunvirato. Por el camino, tuvieron un par de encontronazos con la policía y eso los ha demorado. Ahora doblan por la Avenida, en sentido contrario a la manifestación que parte de la plaza Lorea.


Cuando los recién llegados ya están en la esquina de Avenida de Mayo y Solís, los policías que los perseguían, al verse reforzados por los custodios de Falcón, cargan contra la columna y tratan de detener a los dirigentes. Justo en ese momento llega la cabeza de la marcha que ha salido de Lorea. Se produce el tumulto, sobrevienen los toques de clarín y la primera carga a sablazos de la policía montada.


 


En ese momento, un hombre corpulento, moreno, a quien nadie había visto hasta entonces, se mezcla entre los manifestantes y dispara un tiro de revólver al aire. Luego, Falcón dirá que se trataba de un anarquista correntino; los obreros, que era un provocador enviado por el jefe de policía. Por supuesto, después del disparo el hombre se esfumó. No fue detenido ni se lo volvió a ver.


 


Ese balazo fue una señal, una orden general de masacre.


 


En apenas un par de minutos, más de 300 tiros de máuser se descargaron contra la columna obrera, que se desintegró en desbandada. Cuando cesó el fuego, unas cincuenta personas habían quedado tiradas en la calle. El primer recuento de víctimas indicó cinco muertos y 45 heridos de bala. No fue peor porque un grupo de seguridad de la Fora se reagrupó como pudo y contestó el fuego, cosa que obligó a la soldadesca a desmontar y cubrirse detrás de sus propios caballos. Cinco agentes recibieron heridas de proyectiles de poco calibre resultaron muertos algunos animales.


 


"Hubo agentes que llegaron hasta a perseguir a los manifestantes en los refugios que buscaron en su huida, y descargaron sobre ellos sus revólveres y agitaron sus machetes. Algunas de las víctimas cayeron en lugares cerrados…".1


 


Hubo más de 200 detenidos y se allanaron varios domicilios particulares y comercios que habían dado refugio a manifestantes.


 


"…encontramos una coincidencia unánime en la opinión pública para condenar la actitud de la policía (…) Según se desprende de los propios partes policiales, la descarga de las armas contra el grupo de revoltosos se produjo sin transición alguna, y los mismos efectos del choque demuestran que no había peligro capaz de dar motivo a semejante violencia (…) (Se) ha dado a Buenos Aires el espectáculo de un ametrallamiento callejero (…) (de) un atropello inmotivado y homicida".2


 


Una hora después de la masacre, a las tres y media de la tarde, parte de Plaza Constitución la columna del Partido Socialista. Las noticias de lo ocurrido en la plaza Lorea llegan por medio de Luis Bernard, que ha estado en la refriega. Los manifestantes colocan crespones negros en las banderas rojas y el furor crece a cada cuadra. En el punto de destino de la marcha, la plaza Colón, habla Enrique Dickmann y propone declarar la huelga general. Lo mismo hace Alejandro Mantecón y, de inmediato, Alfredo Palacios arenga contra Falcón, respalda la convocatoria a la huelga y hace prometer a los manifestantes que "no quedará impune el crimen que acaba de cometer la policía".


 


Esa misma tarde, Falcón hace cerrar los locales obreros, clausura las imprentas donde se editan La Vanguardia y La Protesta, y ordena impedir toda reunión, aun en domicilios particulares.


 


Empero, a la noche la ciudad hierve de encuentros clandestinos. De un modo u otro, logran reunirse el consejo federal de la Federación Obrera, la junta de la Unión General de Trabajadores y el comité ejecutivo del Partido Socialista. El domingo se encuentran las conducciones de la Fora y de la UGT (sindicalista-socialista) y producen la siguiente declaración conjunta:


 


1°) Declarar la huelga general por tiempo indeterminado a partir del lunes 3, hasta que se consiga la libertad de los compañeros detenidos y la apertura de los locales obreros;


 


2°) Aconsejar muy insistentemente a todos los obreros para que, con el fin de garantizar el éxito del movimiento, se preocupen por vigilar los talleres y fábricas respectivas, impidiendo de cualquier manera la concurrencia al trabajo de un solo operario.


 


Había empezado la que pasó a la historia con el nombre de Semana Roja, y la huelga general más larga de la historia del movimiento obrero argentino hasta ese momento.


 


El lunes 3, la ciudad era un desierto. En los barrios más acomodados, el miedo hacía que la gente se encerrara. En Barracas y en la Boca, en cambio, hormigueaban los corrillos de huelguistas. Los diarios hablaban de 200 mil trabajadores en paro, mientras 5 mil soldados del ejército de línea ocupaban Buenos Aires.


 


Al mediodía, en Barracas, frente a los talleres Peuser, una multitud detiene los tranvías que circulan, rompiendo el paro, por la calle Patricios, entre Alegría (hoy Wenceslao Villafañe) y Aristóbulo del Valle. Varios coches son destruidos, hay heridos y el servicio queda interrumpido. Lo mismo sucede con la Línea 102, que va a Lomas y a Lanús. En Santos Lugares, los ferroviarios abandonan en masa los talleres Alianza en cuanto se les comunica que hay huelga.


 


A las dos de la tarde, la caballería carga a sablazos contra un acto socialista en la Plaza de Mayo. Los manifestantes se reagrupan sobre la calle Bolívar, donde todavía no había diagonal. Palacios, encerrado por soldados contra un pórtico, arroja bastonazos a sus atacantes, "mientras un forajido a caballo -diría después- me apuntaba con una carabina". Un grupo nutrido de obreros advierte la situación y acude al rescate. Una lluvia de piedras -y hasta algún balazo- cae sobre los cosacos, que se retiran en desorden. Los manifestantes escoltan a Palacios hasta su estudio, en la calle Victoria (hoy Yrigoyen), y el caudillo socialista habla allí desde un balcón. El discurso termina con una convocatoria:


 


— ¡Todos a Plaza Constitución!


 


Después de la represión en la Plaza de Mayo, Falcón había hecho saber a la dirección del PS que "por razones de tráfico" no podía permitir una concentración allí, pero, añadía, la libertad de reunión estaba asegurada y los socialistas podían hacer su acto en Constitución. Cuando Palacios llegó a la nueva cita, en la plaza ya había más de dos mil obreros -convocados momentos antes en la calle, a voces-, a quienes rodeaba la policía. Eran las cuatro de la tarde.


 


Al ver llegar a los miembros del comité ejecutivo del PS, el cosaco a cargo de la tropa les advierte:


Hagan los discursos que quieran, pero que nadie trate de formar columnas ni hacer desfiles, porque tengo orden de proceder de cualquier forma para disolverlos.


 


Alrededor de ellos estalla la gritería:


 


¡Viva la huelga!


¡Viva el socialismo!


 


Mario Bravo, desencajado, ha perdido el sombrero en la revuelta y el pelo le cae sobre la frente sudada, pero se las arregla para mantener la elegancia de su traje y la compostura retórica a la hora del discurso. Habla parado sobre un banco:


 


"El jefe de policía, interpretando los deseos de la oligarquía, nos impide manifestar. La clase trabajadora de Buenos Aires, en huelga general, ha demostrado poseer fuerza y solidaridad para llevar el miedo a las esferas del gobierno. El gobierno, no sabiendo qué hacer, clausura locales, encarcela ciudadanos, prohíbe reuniones, asesina al pueblo, destroza todas las libertades y llega hasta a amenazar con el estado de sitio ¡En buena hora! ¡Que venga el estado de sitio! El proletariado seguirá desenvolviendo sus energías.


 


Con estado de sitio o sin él, la huelga general proclamada por los sindicatos gremiales y por el Partido Socialista, se mantendrá con todo su vigor.


 


¡Ciudadanos! En nombre de mi partido, os exhorto a cumplir con vuestro deber.


 


¡Abajo los asesinos del pueblo!


 


¡Viva la huelga general!".3


 


Después de Bravo, hablaron dos anarquistas y la multitud empezó a desconcentrarse.


 


En ese momento, un agente, chapa 2621, muestra su revólver a los obreros, los insulta y les dirige amenazas de bárbaro. En las calles, la policía detiene a los canillitas que vocean La Vanguardia y La Protesta. Se confiscan periódicos y volantes. Los muertos por el choque del 1° ya son siete y treinta y cuatro los heridos de bala que siguen internados.


 


El martes 4, el paro es total en Rosario, La Plata, Junín, Lomas de Zamora, San Fernando y Tigre. La huelga se extiende y más gremios se incorporan a ella. A las dos de la tarde, unas 80 mil personas se concentran en torno de la morgue, ese edificio enorme y oscuro en la manzana de Junín, Viamonte, Andes (hoy Uriburu) y Córdoba. Ahí han depositado los cadáveres de los obreros asesinados, y ese día se los enterrará. Pero los muertos, al igual que los periódicos, están interdictos: 200 soldados del escuadrón de seguridad y de los regimientos 2 y 8 de caballería les impiden salir.


 


De improviso, parten del edificio tres carros con otros tantos féretros. Marchan al galope, escoltados por cien cosacos. La multitud advierte que la tropa intenta robarse los cadáveres para impedir el entierro público y cierra el paso a la caravana. En Lavalle y Azcuénaga se produce una batalla campal, con varios detenidos. De un modo u otro, unas 20 mil personas han logrado concentrarse en el cementerio cuando llega el cortejo. También ahí hay corridas y Palacios habla en medio del tumulto.


 


Falcón ya no necesita consultar con nadie sus medidas. La burguesía está al borde del pánico y sólo el gran matón le trasmite seguridad. En esos días, el jefe de policía gobierna el país. Palacios declara:


 


"Cuando el presidente de la República delega las funciones de gobierno en un esbirro, lo demás viene por sí".4


En la avenida Corrientes, cuando el entierro ha pasado, policías borrachos cometen desmanes y saquean comercios. En Hernandarias y Diamante (hoy Arzobispo Espinosa), agentes ebrios beben en un almacén; después, arrojan el agua de unos vasos a la cara del almacenero. Al salir se burlan de un joven que va de luto y, más adelante, detienen por diversión a un vendedor ambulante y lo llevan a la comisaría entre golpes y risotadas. El jefe de esos facinerosos es un comisario, hermano de Figueroa Alcorta, de la 5a. Ese mismo día, el Presidente felicita a Falcón y le pide que "con entereza continúe ejerciendo su autoridad para reprimir las complicaciones que se procurasen producir en el asunto".5


 


A todo esto, la policía reprime actos socialistas aun en locales cerrados. Ni qué decir de los anarquistas. En Córdoba 1315, Enrique Del Valle Iberlucea -quien propondría en su momento que el Partido Socialista se afiliara a la III Internacional- consigue hablar antes de que llegue la policía. En Barracas, Juan B. Justo rompe por la fuerza un cordón policial que pretendía impedir su ingreso en un local partidario, entra y habla desde la azotea. Al salir lo detienen y el tumulto es formidable. En La Boca -la policía llamaba a ese barrio "la Barcelona argentina", en alusión a la extraordinaria organización del proletariado catalán-, los obreros atacan a la policía para exigir la libertad de Justo, sin saber que el director de La Vanguardia estaba otra vez en la calle.


 


En el puerto hay lucha. Rompehuelgas organizados en una "unión protectora del trabajo libre" son apaleados por los estibadores. En los mataderos, un crumiro, el capataz Pablo Cuello, es muerto a puñaladas en duelo criollo por un huelguista. Ahora circulan algunos tranvías custodiados por soldados, pero son sistemáticamente apedreados. En esas horas, viajan a Montevideo enviados de los patrones a buscar esquiroles: ofrecen salarios extraordinarios, pero nadie viene.


 


El miércoles 5, la Avenida de Mayo amanece ocupada militarmente. Después de una refriega, un obrero equivoca el rumbo y entra en el edificio del diario La Prensa a denunciar que los cosacos le pegaron dos sablazos:


Lástima que no te pegaron cuatro— le contestan los escribas de la familia Paz.


 


Ese día, los socialistas hacen otro acto en Constitución. Hablan Palacios y Del Valle Iberlucea, entre otros. Cuando el mitin se desconcentra, un grupo de trabajadores insulta a los soldados que custodian un tranvía de la compañía Gran Nacional. Los soldados disparan, matan a un obrero y dejan herido a otro. De inmediato, la policía carga contra los que quedan vivos.


 


En La Boca y en Barracas hay barricadas, atacadas por las tropas a punta de bayoneta. Los combates son duros, pero las barricadas aguantan. En medio de las refriegas, el telégrafo trae grandes noticias: la Federación Obrera de San Pablo y la de Santos han declarado la huelga en solidaridad con sus compañeros argentinos. En Río de Janeiro hay asambleas en casi todas las fábricas y talleres. Los portuarios de Montevideo no descargan buques argentinos y los tipógrafos uruguayos van a la huelga por tiempo indeterminado, hasta que termine el paro al otro lado del río.


 


Ese mismo día, Falcón se hace preparar una parodia de aplausos en la Bolsa de Comercio y otra frente al Departamento de Policía, que estaba en el viejo Palacio Legislativo, en la esquina de Balcarce y Victoria. Esa última farsa había sido preparada por el diputado Juan Balestra, una mezcolanza de liberal, masón, católico, mangoneador político y caudillo de arrabal, de donde había traído ahora a un centenar de borrachines para que vivaran a Falcón junto a un grupo de policías de civil.


 


Balestra agradece "la obra benéfica de la policía, que ha sabido imponer el principio de autoridad contra los desmanes de la turba. Este hombre (por Falcón) es el salvador de la patria. El general Falcón… ¡porque debe ser general, señores!"


 


Un morochazo sin dientes, feo como él solo, desharrapado, a quien el vino apenas deja sostenerse en pie, grita:


¡Viva el general Falcón! ¡Yo lo hago general! ¡Viva!


 


Falcón ya está incómodo. Mira fastidiado a Balestra, quiere fingir una sonrisa y le sale una mueca dura, da media vuelta y se pierde en los pasillos del edificio policial. Los borrachines van detrás de él, aunque Balestra quiere pararlos. Finalmente, los guardias los sacan a palos.6


 


En dependencias policiales, cuando se hablaba de obreros se decía "los gringos" o "los rusos". Como quedó dicho, el desarrollo industrial argentino había sido sostenido, desde la década de 1860, por fuerza de trabajo extranjera y la inmigración se hizo masiva en las dos últimas décadas del siglo XIX. En 1909, todavía entre el 60 y el 70 por ciento del proletariado industrial estaba compuesto por extranjeros; el otro 30 ó 40 por ciento, casi en su totalidad, por hijos de inmigrantes. Los trabajadores nativos sólo predominaban en el interior -no en el Litoral- y en tareas rurales. En Buenos Aires, la migración interna no se incorporó a las fábricas sino lentamente y con dificultades severas. Una franja de los llegados a la urbe desde las provincias cayó en la marginalidad y se transformó en elemento lumpen: delincuentes, guapos o compadritos, matones del caudillo o policías (Palacios llamaba a la policía "chusma sin oficio"). Por eso, Falcón pudo inculcar en su tropa -más miserable que los propios obreros- un concepto por entonces novedoso: el odio xenófobo al extranjero, la idea de que reprimir al proletariado constituía una suerte de cruzada patriótica contra una invasión foránea.


 


El gobierno alentaba esa tesis y subrayaba en sus informes que la mayoría de las víctimas del 1° de Mayo eran extranjeras. El Partido Socialista contestó el 6 de mayo con un manifiesto:


 


"El patriotismo de los oligarcas les permite pedir a los patrones extranjeros que manden a sus peones argentinos a votar por las facciones de la política criolla; les permite vender el país entero a empresas extranjeras, cuyos abogados son altos personajes políticos y de cuyos directorios salen ministros y presidentes; les permite también valerse de extranjeros para la obra nefanda de la corrupción y anulación del voto argentino. Pero les hace mirar con odio a toda altiva reclamación obrera, a toda tendencia política genuinamente popular, y en su incapacidad para comprender al movimiento obrero (…) no encuentran mejor argumento que acusarlo de extranjero.


 


(…) la tierra argentina, fuera de sus trigos y sus lanas, nada podrá presentar que la acerque tanto a los pueblos cultos como su agitación proletaria. Pese a la clase gobernante, ha de formarse en este país un pueblo trabajador de los más inteligentes y libres del mundo".7


 


Por el comité ejecutivo del partido, firmaron esa declaración Mario Bravo, Juan B. Justo, Nicolás Repetto, Basilio Vidal, Alfredo Palacios, Vicente Rosaenz, Eugenio Albaniz, Iñigo Carreras, Enrique Dickmann, Eduardo Porrini, José Lemos y Domingo de Armas.


 


El jueves 6 hubo otro muerto. Un soldado de custodia en un tranvía de la Línea 96 mató a tiros a Juan Romero, argentino, de 19 años, empleado de comercio. La policía dijo que el vehículo había sido atacado por francotiradores. Durante la mañana de ese día, Palacios fue preso por algunas horas al tratar de forzar el paso en un local socialista clausurado por la policía, en la calle Del Crucero 1162.


 


A esas mismas horas, estaban reunidas las comisiones directivas del Jockey Club y del Club del Progreso. De ese cónclave salió una declaración que era una elegía a Falcón. El escrito aplaudía "las medidas decretadas con motivo de la huelga, incitándolo (al jefe de policía) a que mantenga, resuelta y firmemente, el prestigio de las autoridades constituidas y el orden en la Capital".8 Firmaban esa nota Antonio Pirán, Federico Gómez Molina, José Capdevilla, Arturo Vatteone, Ignacio Gómez, César Gondra, Delfín Vieyra, Carlos Urien y Manuel Beltrán. Aquellos dueños de vacas, asustados, se dirigían a quien en esos días era el verdadero jefe de gobierno, su gran protector y también su cancerbero: el coronel Falcón.


 


El viernes 7, la huelga mostraba algunas fisuras, pero aún era masiva y prometía ir para largo. A esa altura, organizaciones patronales ya sugerían al gobierno en público, y lo presionaban en privado, para que buscara alguna vía de acuerdo. Incluso Ramón Falcón pidió a la municipalidad que derogara el Código de Penalidades, según dijo "para quitar argumentos a la subversión".


 


En la mañana de ese día, cuando la huelga empezaba a vislumbrar una victoria, un hombre de buen aspecto, con sombrero hongo y corbatín rojo, subió a un tranvía en la calle Corrientes. Llevaba un paquete en la mano y pidió al conductor que se lo tuviera, para no molestar a los demás pasajeros.


 


Cómo no… póngalo ahí atrás.


 


Un par de cuadras más adelante, el hombre bajó rápida, casi inadvertidamente. El paquete quedó donde él lo había puesto. Segundos después, la explosión arrancó al tranvía de los rieles. Un chico de 14 años murió. A otro pasajero, un médico, debieron amputarle una pierna.


 


Por la tarde, la indignación por el atentado se había extendido y era feroz. El gobierno supuso que, ahora sí, la huelga quedaría aislada y se la podría doblegar en cuestión de horas. Sin embargo, las cosas resultaron al revés: nadie creyó la versión oficial y el ejecutivo socialista, en un comunicado, puso en términos políticos lo que la calle gritaba con furia:


 


"…la bomba no ha podido salir de los locales obreros, cerrados y custodiados ahora por la policía, y dadas la mendacidad y la falsía con que su jefe, el coronel Falcón, niega ahora al señor juez federal Rodríguez Larreta el haber cerrado esos locales (…), este comité ejecutivo se ve asaltado por la dolorosa sospecha de que el horrible crimen sea obra de la misma policía, para justificar en apariencia su actitud brutal para con la clase obrera".9


 


Según los diarios, los huelguistas ya eran 250 mil.


 


El sábado 8, el presidente del Senado, Benito Villanueva -uno de los "elegantes" más notables de la aristocracia porteña- se reunió con seis representantes obreros: uno de la Fora, otro de la UGT, un tercero por los sindicatos independientes y tres por la Federación de Obreros del Rodado. Villanueva tenía mandato del Presidente para negociar con los huelguistas y llegó con ellos al siguiente acuerdo:


 


Queda abolido el Código de Penalidades;


 


Se dispone la libertad de todos los presos por causa de la huelga;


 


Se reabren los locales obreros.


 


En su edición del domingo 9, El Diario titulaba en tapa:


 


"La clase obrera ha tenido la virtud de doblegar al gobierno".


 


La huelga general más larga de la historia argentina terminaba en victoria, y la victoria tenía detrás de sí una historia abundante.


 


La organización obrera de comienzos del siglo XX


 


"Así, en plena noche, bajo el estado de sitio, con clausuras, incendios y destrucciones de imprentas, diarios y locales sindicales; con centenares de sus militantes detenidos, confinados, deportados y una ley (la de Defensa Social) que sería un nuevo intento de coerción en manos del capitalismo, la clase obrera argentina asistía a la conmemoración del centenario de la liberación nacional".10


 


El proletariado argentino recibió el Centenario en huelga general, una huelga derrotada. La "plena noche" de la que habla Marotta era un producto de esa derrota. Sin embargo, aun así, aquellas luchas de 1910 y las de los años anteriores abrirían una nueva época en la política del país.


 


En 1910, la organización del movimiento obrero argentino estaba dividida en dos centrales y un amplio espectro de gremios independientes. Los sindicatos agrupaban a una minoría ínfima de la clase, pero eran para toda ella su punto de referencia insoslayable.


 


Por un lado, la Fora incorporaba a sus filas sólo a los partidarios del "comunismo anárquico", de modo que se negaba a sí misma la posibilidad de unificar a un proletariado relativamente incipiente y aún disperso.


 


Fundada en 1901 con el nombre de Federación Obrera Argentina (FOA), había reunido en sus orígenes a gráficos, constructores de carros y carruajes, ebanistas, hojalateros, mecánicos, marmoleros, picapedreros, zapateros, talabarteros y algunos más. El listado da una idea aproximada de los rubros que registraban entonces la mayor concentración obrera, sin contar, claro está, al núcleo industrial argentino de la época: los frigoríficos.


 


Todavía influida por el mutualismo, predominante en el siglo XIX, aquella FOA elaboró un programa de reivindicaciones que incluía salario mínimo, límites a la jornada de trabajo, prohibición del trabajo de menores y seguro de accidentes, entre otras.


 


Tres meses después de su congreso fundacional, comenzaron en la FOA sus disidencias internas, en este caso por la figura del arbitraje obligatorio en cuanto medio de resolución de conflictos entre obreros y patrones. El arbitraje era impulsado (no sólo aceptado) por la secretaría de la FOA, mientras otro sector lo rechazaba de plano.


 


Ese debate, más allá del problema en sí que lo originaba, ponía en evidencia, incipientemente, diferentes actitudes frente al Estado por parte de unos y otros. En torno de esa y otras cuestiones, en 1902 se produjo la escisión.


En 1904, en su IV Congreso, la FOA pasó a llamarse Fora. En el preámbulo de su nueva carta orgánica señalaba que se proponía constituir "con los explotados de todas las naciones, la gran confederación de todos los productores de la tierra", que marcharán, "firmes y decididos, a la conquista de la emancipación económica y social".


 


En un proletariado compuesto por inmigrantes en más de un 60 por ciento, el internacionalismo no estaba en discusión. Se desprendía de la naturaleza de las cosas.


 


La otra gran central obrera que operaba en la época del Centenario era la Unión General de Trabajadores (UGT), orientada por el Partido Socialista (PS).


 


La UGT se fundó a fines de 1902, un año especialmente intenso en grandes luchas obreras, huelgas, proliferación de nuevas organizaciones sindicales y, desde ya, de una represión feroz que culminó, como se verá, en un hito histórico en esa materia.


 


Entre muchos otros, en 1902 fueron a la huelga marineros y fogoneros de la Capital Federal, caldereros y mecánicos de la ribera, peluqueros, cocheros, panaderos, estibadores. En mayo se produjo una enorme huelga de los fundidores de Vasena, la metalúrgica cuyos obreros serían ametrallados en los comienzos de la Semana Trágica, en 1919. La mayoría de aquellos conflictos surgieron de demandas salariales, reducción de la jornada y mejores condiciones de trabajo.


 


Paralelamente, la proliferación de organizaciones sindicales se hizo explosiva. Se fundó, por ejemplo, una federación de estibadores después de una gran huelga. También carpinteros, obreros rurales, marineros, portuarios, albañiles, conductores de carros y cocheros, zapateros, bronceros y tantos otros. En su mayor parte, esas huelgas resultaron victoriosas. Esto es: la lucha obrera comenzaba a ponerle límites a la super-explotación aberrante de la época. Los trabajadores construían una línea defensiva eficaz frente al atropello patronal y las patronales buscarían destruirla a puro palo.


 


Noviembre de 1902 fue un mes decisivo, cuyas consecuencias persistirían muchos años.


 


En los primeros días del mes, la policía detuvo en Zárate a un grupo de dirigentes sindicales, la movilización que exigió su libertad fue reprimida con una violencia llamativa aun para la época. Fueron entonces a la huelga, en solidaridad con los reprimidos, los papeleros y una franja obrera determinante: la de los frigoríficos. Parar los frigoríficos equivalía, simplemente, a parar la Argentina tal como ella era. La burguesía no podía permitirlo.


 


El 10 de noviembre empezó la huelga en el otro riñón de la economía argentina: el puerto de Rosario. También en el de Bahía Blanca. El 17, pararon los peones del Mercado Central de Frutos y los conductores de carros. Al día siguiente, la Capital Federal, Bahía Blanca, Rosario y varias ciudades más estaban en huelga general.


 


El 18, en una sesión de pocas horas, el Poder Ejecutivo (era presidente el general Julio Argentino Roca) obtuvo de las cámaras de Diputados y de Senadores la aprobación de una ley propuesta en 1899 por el senador y escritor derechista Miguel Cané. Los dos primeros artículos de esa ley decían:


 


Art. 1°: El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación Argentina a todo extranjero, por crímenes o delitos de derecho común.


 


Art. 2°: El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público.


 


Regía en la Argentina la Ley de Residencia.


 


No fue suficiente, sin embargo, y el 24 de noviembre se declaró el estado de sitio. Entonces sí se sucedieron allanamientos, detenciones en masa, apaleamientos. A los extranjeros deportados no se les permitía ni despedirse de sus familiares y entre los expulsados hubo numerosos ciudadanos argentinos. Se cerraron las publicaciones obreras y se prohibió al resto de la prensa publicar cualquier información sobre la huelga. Fueron clausurados los locales proletarios.


 


Así cerró la burguesía argentina el primer gran proceso huelguístico del siglo XX. En cuanto al Partido Socialista, repudió aquella huelga y su Comité de Propaganda Gremial la atribuyó a la acción de "tenebrosos propagandistas de la violencia, incapacitados para la noción de la realidad". El diario La Nación decía que el PS debía elegir entre ser un "partido de barricadas" o "un partido de Estado".


 


Entre la Fora y la UGT se desenvolvía un espectro amplio de organizaciones sindicales que no adherían ni a los postulados anarquistas ni a los socialistas. Eran los gremios llamados "independientes" o "sindicalistas". Según ellos, el poder político era materia ajena a los intereses obreros.


 


Ya se vería hasta qué punto no era así.


 


La huelga del Centenario


 


Después de años de lucha bajo las condiciones de la Ley de Residencia y una represión implacable de un régimen que sólo veía en el sindicato un problema policial, en 1908 -después de una huelga general frustrada, en enero- volvió a tratarse la cuestión de la unidad obrera.


 


Finalmente, sólo después de la masacre del 1° de Mayo de 1909 y de la Semana Roja que la siguió, el 25 y 26 de setiembre de ese año sesionó un Congreso de Unificación Sindical en el viejo local de México 2070, en la Capital Federal. Allí quedó constituida la Confederación Obrera Regional Argentina (Cora), pero, a pesar del entusiasmo inicial, la unidad duraría muy poco. Apenas terminado el congreso, La Protesta, el histórico periódico anarquista, atacó la fusión y comenzó a impulsar a la Fora para que convocara a otro congreso por considerar inválido el de la calle México. A todo esto, el estado de sitio declarado por el gobierno durante la Semana Roja no se había levantado y proseguían las persecuciones, detenciones y deportaciones.


 


Pero, a pesar de la represión, el año del Centenario comenzó con un reguero de luchas, que nuevamente ponían en crisis esa política puramente represiva.


 


En enero de 1910, después de casi un mes de huelga, los aserradores de la Boca y Barracas lograron imponer la jornada de ocho horas. Ahora, la jefatura de policía actuaba de mediadora en los conflictos, lo cual indicaba un notable cambio en la situación (Ramón Falcón había sido muerto en noviembre de 1909, en un atentado con bomba cometido por el anarquista Simón Radowitzky). Casi enseguida comenzaron conflictos con ebanistas, carpinteros, madereros, torneros y otros. Casi todas esas huelgas resultaron victoriosas y obtuvieron, según los casos, mayores salarios, seguros de accidentes y hasta libertad de agremiación.


 


Entretanto, la Fora reiteraba su rechazo al congreso de unificación y ratificaba la resolución de su V Congreso, en el sentido de propagar la consigna del "comunismo anárquico" y afiliar sólo a quienes estuvieran de acuerdo con esa postura.


 


Sin embargo, un punto clave unía a todo el movimiento obrero: la demanda de derogar la Ley de Residencia. La idea de generar un movimiento huelguístico con ese propósito se hizo más fuerte después de los acontecimientos de mayo de 1909, tanto en la Fora como en la UGT y entre los "sindicalistas". La UGT, en una conferencia del 23 de mayo de 1909, había propuesto desarrollar "una fuerte agitación para promover una lucha en el Centenario de la independencia, con el fin de obtener la derogación de la Ley de Residencia y la vuelta al país de los expulsados".


Téngase en cuenta que algunos de los detenidos durante la Semana Roja seguían en la cárcel un año después, a pesar del compromiso gubernamental de liberarlos de inmediato.


 


Por su parte, la Fora decía: "La única celebración que podemos hacer en las fiestas centenarias es que ellas sean el motivo para que se consagre la conquista de una libertad ¡Será así que la libertad se conmemorará con la conquista de más libertad!".


 


La central anarquista añadía que si las demandas obreras no eran escuchadas, "la huelga general estallará en la víspera del 25 de Mayo, como un mentís a cuantas libertades quieran celebrarse y exhibirse ante el mundo civilizado".


 


El 8 de mayo pudo verse el grado de convulsión alcanzado por las luchas obreras. Ese día, convocadas por la Fora, casi 70 mil personas – la manifestación más grande que hubiera conocido Buenos Aires en su historia- se reunieron en la plaza Colón para protestar contra las autoridades de la Penitenciaría Nacional, acusadas reiteradamente de maltratar a los presos. En esa concentración, se anunció el comienzo de la huelga general para el 18 de mayo. El gobierno tendió puentes de diálogo con el consejo federal de la Fora, pero el intento fracasó. La reacción fue brutal.


El 13 de mayo fueron allanadas las redacciones de los periódicos obreros La Protesta, La Batalla y La Acción. En esas redadas, más de cien militantes fueron detenidos. Paralelamente, manifestaciones de estudiantes recorrían las calles contra los obreros levantiscos y exigían más represión. Ese día, la Cámara de Diputados declaró el estado de sitio.


 


El 14, todo empeoró. Ahora la derecha procuraba ganar abiertamente la calle y marchaba con una agresividad llamativa: obligaba a los transeúntes, aun a golpes, a descubrirse al paso de las manifestaciones y a corear estribillos fascistoides. En su mayor parte, los manifestantes eran estudiantes universitarios.


 


Por la tarde de ese 14 de mayo entraron en acción las bandas de la derecha, que organizaron pogromos contra las redacciones de La Vanguardia -órgano del Partido Socialista, aunque el PS se oponía a la huelga- y La Protesta, cuyos locales, clausurados por la policía durante la mañana, ahora fueron incendiados por la turba. Los atacantes estaban dirigidos por el barón Antonio Demarchi, presidente de la Sociedad Sportiva y yerno de Julio Roca. Con él estaban César Aubone -otro señorito- y los diputados Carlos Carlés -organizador más adelante de la Liga Patriótica, antecedente directo de la Triple A-, Juan Balestra y Pedro Luro, junto con el dirigente estudiantil Alonso Criado.


El local de La Vanguardia, además de incendiado fue saqueado. Antes de prenderlo fuego, los atacantes robaron máquinas de imprenta, máquinas de escribir y hasta la biblioteca entera. El líder socialista Juan B. Justo increpó por aquella barbarie a un comisario de apellido Reynoso, que miraba complacido las llamas y le contestó: "Y, bueno, doctor… los muchachos están entusiasmados", mientras la pequeña muchedumbre de emperifollados celebraba las llamas con gritos de "muera el anarquismo", "abajo la huelga", "mueran los obreros", alternados con vivas a la patria, a la Ley de Residencia y tiros al aire.


 


Todo eso ocurrió en pocos momentos y terminó rápidamente, cuando desde una azotea partieron hacia la chusma algunos disparos de revólver. Eso bastó para que la horda se dispersara velozmente, aunque dejó en el lugar tres heridos, uno de ellos de gravedad.


 


Los pogromos no se dirigieron sólo a los locales obreros. Esa misma noche, una columna de gente bien armada atacó barrios considerados "judíos": en la esquina de Lavalle y Andes (hoy José E. Uriburu) quemaron un almacén y violaron a dos muchachas. En Paseo de Julio, frente a la estación Retiro del ferrocarril Central Argentino, incendiaron la librería de Bautista Fueyo, quien solía editar obras consideradas "subversivas" por esa "oligarquía con olor a bosta de vaca", como la llamaba Sarmiento.


 


Entusiasmados por sus propias tropelías y por la abierta protección y colaboración policial, de la turba brotó un grito: "¡A la Boca! ¡A Barracas!", los grandes barrios obreros. Sin embargo, cuando hacia allá iban, Balestra informó agitadamente que los obreros los esperaban armados y, según añadió en su susto, hasta las mujeres habían preparado ollas con agua hir- viente para arrojárselas desde los techos. Ese informe de Balestra hizo que la euforia fascista se disipara y los facinerosos volvieron sobre sus pasos para ir a la más tranquila Pirámide de Mayo. La huelga convocada para el 18 de mayo, después de los pogromos del 14, se adelantó dos días y comenzó el 16, con tres consignas: derogación de la Ley de Residencia, libertad de los presos sindicales y políticos, y amnistía para los infractores a la ley de enrolamiento. En la Boca y Barracas, en el puerto y los corralones, la paralización fue total.


Fueron puntales de la huelga, además de los portuarios, los conductores de carros, los panaderos, los albañiles y


todos los obreros industriales. Incluso abandonaron sus tareas muchos trabajadores de las exposiciones del Centenario.


 


Sin embargo, antes que en la represión, la huelga tuvo su enemigo decisivo y declarado en el Partido Socialista, que se opuso a ella y la saboteó expresamente. El 21 de mayo, casi todos los dirigentes de la huelga estaban presos y el movimiento decaía a ojos vista. Ese día, en una reunión clandestina, la conducción de la Cora decidió levantarla. El movimiento obrero sufría otra derrota, impuesta por el estado de sitio, la prisión de medio millar de militantes, la destrucción de sus locales y órganos de prensa y el terrorismo de las bandas fascistas. En esas condiciones, la oligarquía argentina festejó el Centenario con una fastuosidad de la que aún se habla.


 


Pasado el Centenario, el 27 de junio, la Cámara de Diputados aprobó otra ley, complementaria a la de Residencia, llamada de Defensa Social, que añadía a las deportaciones la prohibición absoluta de ingreso en el país de cualquier extranjero sospechado de "anarquista" o de "preconizar ataques por la fuerza o violencia contra los funcionarios públicos, los gobiernos o las instituciones". También limitaba -y en algunos casos suprimía- el derecho de reunión. No obstante, aquellas huelgas harían introducir cambios determinantes en la vida política argentina. Ellas fueron decisivas para que el nuevo gobierno, presidido por Roque Sáenz Peña, estableciera el sufragio universal. Esto es: cuando la lucha obrera se volvió más peligrosa que la "democracia", la "democracia" llegó. Antes, no.


 


Aquel movimiento obrero de principios del siglo XX nos deja sus mejores tradiciones: la independencia de clase y el internacionalismo, los métodos de la acción directa, la huelga general, la movilización callejera, la lucha de barricadas. También sus limitaciones: las dificultades sectarias para consumar la unidad de la clase, el desprecio por los partidos políticos común a anarquistas y "sindicalistas", y el reformismo creciente del Partido Socialista, que empezaba a completar su integración al Estado de la burguesía, al régimen político.


 


He ahí el legado de la historia riquísima de aquel proletariado argentino.


 


 


Notas:


 


1. La Argentina, 2/5/1909. 


 


2. La Nación, 4/5/1909. 


 


3. La Vanguardia, 4/5/1909. 


 


4. La Vanguardia, 5/5/1909. 


 


5. La Nación, 6/5/1909. 


 


6. La Nación, 6/5/1909. 


 


7. La Vanguardia, 6/5/1909. 


 


8. La Nación, 7/5/1909. 


 


9. El Tiempo, 8/5/1909. 


 


10. Marotta, Sebastián: El movimiento sindical argentino, Libera, 1975, pps. 439/440.


 


 

La situación internacional y la lucha por la Cuarta Internacional

Resolución del XIX Congreso del Partido Obrero Abril de 2010


Una nueva etapa


 


La crisis mundial ingresó en una nueva etapa. Su expresión más notoria es la posibilidad de una bancarrota formal de Grecia, que anticiparía la cesación de pagos de otros países del viejo continente -una fila en la cual se anotan Portugal, Irlanda y España- lo que plantearía el dis- locamiento de la Unión Europea y un nuevo hundimiento de las bolsas mundiales. Para evitar este desenlace, los gobiernos europeos han planteado un precario esquema para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Grecia con sus acreedores en las próximas semanas y consideran la posible salida del país de la zona del euro, para permitir una devaluación y un ajuste "a la Argentina”. En este caso, sin embargo, habría que salvar a los bancos, cuya situación de quiebra ha impedido reestructurar la propia deuda griega y que han sobrevivido especulando con los fondos estatales otorgados a partir de 2008; inclusive en operaciones financieras de seguro contra la eventual cesación de pagos del país, en la expectativa de que tal eventualidad obligue a nuevas operaciones de rescate.


 


La nueva etapa consiste, por lo tanto, en el pasaje de la quiebra financiera, detonada por la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, a una quiebra de los Estados, provocada por los propios mecanismos capitalistas que buscaron evitar el derrumbe del sistema financiero y del mercado mundial. La emisión de moneda y el crecimiento en flecha de los déficit no han resuelto ninguno de los problemas originales. La crisis inmobiliaria no ha sido resuelta porque en los Estados Unidos sigue en aumento la cesación de pagos de las hipotecas. El parate industrial no fue superado, y la situación de los bancos tampoco ha sido saneada, sino disimulada con una "contabilidad creativa” que le permite mantener créditos incobrables a su valor original, y la nueva onda especulativa con fondos estatales para lucrar con operaciones de corto plazo "a la griega", en las Bolsas y en los países llamados emergentes.


 


En resumen, los veranitos especulativos son cada vez más corto y sus límites más explosivos, porque no pueden anular la tendencia fundamental de toda crisis capitalista: la imposibilidad de una salida sin una quiebra más o menos masiva de capitales, con la consiguiente destrucción de riqueza social y fuerzas productivas, y el aumento del desempleo y de la pauperización. La tendencia objetiva al derrumbe se manifiesta como una competencia entre capitales y sus Estados, y toma el vigor de una ley de hierro. Contra ella chocan los rescates estatales y el mito del poder del intervencionismo estatal. El keynesia- nismo no tiene recetas para esta ocasión: solamente ‘funciona' en fases expansivas, ya que el capitalismo en descomposición no garantiza el pleno uso de recursos y el pleno empleo ni siquiera en la fase ascendente de los ciclos. Fue inútil frente a la crisis del ’30, pero sirvió como un arma de reconstrucción de los Estados, luego de la última guerra mundial.


 


Los nuevos episodios de la crisis han puesto muy tempranamente fin a las afirmaciones relativas a su superación a partir de la segunda mitad del año 2009, un diagnóstico compartido por la mayoría abrumadora de la izquierda mundial, que repudia en masa la tesis del derrumbe y la tendencia a la auto-disolución del modo de producción capitalista. Pero aún antes de la crisis griega, anticipada por una cesación de pagos del emirato de Dubai, era evidente que la contención de la crisis, mediante un volumen billonario de subsidios del orden del 10% del producto mundial, no había revertido las condiciones del quebranto capitalista: el crédito a la producción nunca fue retomado, la inversión continuó paralizada, la desocupación nunca dejó de crecer y la capacidad ociosa del capital se mantuvo intacta.


 


El fracaso de la tentativa de salvar al capital con subsidios y con emisión de dinero a los bancos puede replantear la variante, descartada en el pico de la crisis de 2008, de una nacionalización más o menos integral del sistema financiero. Ésta, sin embargo, es una posibilidad remota frente al ritmo desigual de la crisis en los diversos países y plantearía un choque entre las potencias capitalistas, además de una disolución de los bloques económicos existentes. Sería un último recurso del capital para enfrentar la disolución de las relaciones sociales que se presentan como resultado inevitable de sus contradicciones y de su descomposición histórica. Es claro que una suerte de capitalismo de Estado de esta naturaleza debería vencer la resistencia de los capitales individuales y de los intereses contrapuestos de los diferentes Estados imperialistas, porque las nacionalizaciones deberían generalizarse para evitar un dislocamiento financiero internacional y para coordinar la reactivación. Los conflictos y choques que suscitaría plantearon optar, en su momento, por el plan de rescate que ahora está haciendo agua y que fue impuesto por Wall Street para su propio salvataje, en oposición a las propuestas nacionalizadoras de los economistas académicos. La variante opuesta puede resurgir como resultado de las nuevas derivaciones de la crisis, que pueden plantear una quiebra del mercado mundial por la vía de un derrumbe generalizado de monedas y devaluaciones.


 


El Estado es el monopolio de la violencia y órgano de dominación política del capital. Es en función de esto, no en virtud de una capacidad financiera, que puede imponer a las clases explotadas todos los sacrificios necesarios para restablecer la acumulación capitalista y todos los reordenamientos sociales y políticos necesarios para ello. El supuesto remedio representado por la llamada intervención del Estado es una fantasía de centroizquierdistas a la caza de recetas. De la bancarrota actual no se puede salir con el aumento de la demanda agregada, pues ella entrañaría más gasto y déficit fiscales. De manera inversa, el corte a los gastos sociales y a los salarios acentuará la recesión y la crisis fiscal. Al final del camino, el resultado es el mismo: el capital necesita destrucción de recursos y mayor vulnerabilidad y explotación de la fuerza de trabajo.


 


El curso de la crisis decidirá el destino final de la restauración capitalista, que es el fenómeno clave de nuestra época, y por medio del cual el capital buscó una salida a su impasse histórica en la ilusión de cerrar el ciclo de la revolución socialista. La restauración capitalista en Rusia y en China, incorporando a un gigantesco proletariado al metabolismo de la producción capitalista, amplió el radio de la explotación capitalista en una extensión sin precedentes. Pero por eso mismo puso de relieve los límites históricos y contradictorios del capital. Rusia y China han intervenido como competidores en el mercado mundial y han acelerado la tendencia a la sobreproducción. De factores de reversión de la caída de la tasa de beneficio mundial, se han transformado en impulsores de una nueva curva descendente. La disputa entre Estados Unidos y China para que ésta abra más su mercado a los capitales internacionales y para que revalorice su moneda, el yuan, es el toque de clarín para proceder a una colonización integral, que ponga a disposición del capital los casi mil millones de trabajadores que aún se encuentran confinados en la pequeña producción agraria o en las empresas del Estado. Ni Rusia ni China son los Estados previos a sus respectivas revoluciones. China, por primera vez en su historia, enfrenta una crisis mundial con un Estado unificado. Más aún, China podría integrar con Corea y Japón un área económica rival de los Estados Unidos. China es una sociedad capitalista sui géneris, en transición, es mucho más que simplista reducir su caracterización a una categoría ultrageneral. Un razonamiento diferente, pero metodológicamente similar, se puede aplicar a Rusia, que tiene una de las reservas tecnológicas más importantes del planeta.


 


La dialéctica de la desintegración de la forma última del capital incluye una nueva confrontación política internacional, con claros alcances revolucionarios, pues pondrá a prueba si la restauración capitalista en los ex Estados llamados socialistas ha sido una salida de largo plazo para el capital o el punto de partida (de todos modos inevitable) de nuevas revoluciones sociales. Asimismo, Estados Unidos entra a esta gran crisis mundial con un agotamiento de los recursos que acumuló en su prolongado período de primacía. La lucha de clases en los Estados Unidos será uno de los centros políticos relevantes, si no el mayor, en la presente crisis mundial, cuyas etapas decisivas aún están por delante.


 


La crisis política mundial


 


El ascenso de Obama tradujo el completo empantanamiento de la "guerra contra el terror" de Bush y del intento más general de una recolonización yanqui del mercado mundial. La crisis económica, que actúa como un factor revulsivo de la política mundial, no ha permitido al gobierno de Obama encontrar un nuevo equilibrio. La pretensión de contener el presupuesto militar para liberar recursos al salvataje capitalista se ha hundido. Las guerras significan un drenaje para la economía norteamericana en un contexto de debilitamiento de Obama, mientras se anuncian feroces recortes a todas las políticas sociales. Mientras el gasto en seguridad nacional se lleva el 23% del presupuesto, 49 millones de norteamericanos pasan hambre en un contexto de empobrecimiento masivo. Hay 15 millones de desocupados y el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, señaló que "la tasa de desempleo sigue siendo insoportablemente alta y se mantendrá alta durante un período insoportablemente largo". Los demócratas han perdido las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, y la senaduría de Massachussetts. El Tea Party, un movimiento pequeño burgués ultraderechista próximo al Partido Republicano -una de sus líderes es Sarah Palin- aspira a convertirse en representante por derecha del descontento popular.


 


La política exterior de Obama no ha conseguido sacar al imperialismo del impasse que heredó. El gobierno títere iraquí se encuentra condicionado contradictoriamente por la necesidad de contar con el apoyo de Irán y los choques de Ahmadinejad con los yanquis. El pantano afgano no deja de extenderse. El narco-gobierno de Karzai no logró reconstituir ni un Estado ni fuerzas armadas capaces de controlar la resistencia (a la manera del iraquí Al Maliki), además de coquetear más o menos abiertamente con el régimen iraní. La campaña afgana acentuó la caída de la popularidad de Obama: se triplicaron las bajas norteamericanas respecto de las del año pasado y sólo la guerra en Afganistán ya sumó 260.000 millones de dólares al gigantesco déficit norteamericano. La ofensiva militar sólo podría consolidarse con una suerte de limpieza étnica, o sea trasladando a la población pashtun, que es la base de los talibanes, a otras regiones, convirtiendo a la zona en un protectorado militar permanente. Por eso, el alto mando militar yanqui (los generales Petraeus y McChrystal) propone una solución política con sectores talibán para estabilizar la región y reconstruir un Estado afín a los intereses imperialistas.


 


En el Cercano Oriente la crisis ha tomado una nueva envergadura. El gobierno de Netanyahu representa a los colonos y los rabinos ultra- derechistas, a la pequeña burguesía fascistizante que rechaza la idea de dos Estados aun en los términos planteados por el imperialismo. Es partidaria de un Israel homogéneamente judío desde el Jordán al Mediterráneo (programa del partido Likud), lo que exigiría una limpieza étnica final en Gaza y Cisjordania, incluyendo los árabes israelíes. Esta política precipitó una crisis internacional y un choque con el gobierno yanqui, además de dividir al lobby sionista de los Estados Unidos. La derecha yanqui, por su lado, propone cerrar filas con Israel y avanzar contra Irán, bajo el pretexto del programa nuclear iraní. La alternativa, alentada por Obama y la Unión Europea, de que Netanyahu forme gobierno con los representantes políticos de la burguesía sionista -excluyendo a los partidos de la extrema derecha  podrían dividir al Likud.


 


La desestabilización de los regímenes políticos se concentra particularmente en la Unión Europea. En Francia, Sarkozy acaba de sufrir una derrota plebiscitaria en las elecciones regionales: no logró superar el 35% ni siquiera en el ballotage y perdió en 21 de las 22 regiones del país. El Partido Socialista, con el apoyo de los ecologistas y del "Frente de Izquierda" (PC y otros) en la segunda vuelta alcanzó un 54%. El Frente Nacional del fascista Le Pen obtuvo más del 10% en la primera vuelta, logrando llegar al ballotage en varias regiones. En Italia, en un cuadro de gran crecimiento de la abstención, la coalición de centroizquierda perdió 4 de las regiones que gobernaba, cediendo a la derecha las más pobladas e industrializadas. Berlusconi perdió votos en todo el país y su triunfo en algunas regiones obedece al avance de la ultraderechista Liga del Norte. Los resultados electorales aseguran la continuidad del impasse de la situación política italiana. En Alemania asistimos a una crisis del gobierno Merkel con sus socios liberales, a una acentuación de las tendencias proteccionistas y a un ataque en regla contra las conquistas obreras del pasado. En Gran Bretaña, el gobierno laborista pende de un hilo y han progresado las tendencias euro-escépticas.


 


En las condiciones de la crisis, la clase obrera europea comienza a manifestarse. Huelgas de masas, movilizaciones masivas, ocupaciones de fábricas, patrones tomados como rehenes por trabajadores, revueltas de jóvenes y obreros. Las huelgas generales en Grecia y Turquía, las huelgas y las manifestaciones en Francia y España, las numerosas ocupaciones de fábricas en Italia son una muestra de la creciente combatividad del proletariado, que está obligado a luchar contra el desempleo masivo, la flexibilización laboral, las reducciones salariales, la destrucción de los sistemas jubilatorios. Aunque entre las masas europeas persista la ilusión de que la Unión Europea sería un factor de contención de la crisis, denunciamos que su dislocamiento se encuentra en desarrollo y, por sobre todo, que se descarga sobre las naciones más débiles y dependientes. La lucha contra la imposición de los planes de ajuste que la Unión comienza a imponer a sus integrantes con la colaboración, ahora, del FMI y los usureros, como fue el caso en Grecia, actualiza la reivindicación de la ruptura y separación de la UE y la lucha por la unidad de los Estados Unidos Socialistas de Europa.


 


En Latinoamérica, la crisis capitalista deterioró las bases económicas de los regímenes nacionalistas pequeño-burgueses, que utilizaron los recursos fiscales para financiar limitados programas sociales compensatorios, para subsidiar a los "capitalistas amigos", o como compensación de sus limitadas nacionalizaciones (Chávez, Morales), y hoy los utilizan, como en el caso de Kirchner, para pagar la deuda eterna. La crisis impactó de lleno en el régimen chavista, que avanza hacia la desintegración en un contexto inflacionario. El chavismo combate la autonomía política y sindical de la clase obrera, mientras apela a una jerga radical para capitalizar el voto de izquierda. Chávez enfrenta la posibilidad de una derrota o de un serio retroceso en las elecciones de septiembre, en un cuadro en el que la oposición de derecha no logró consolidarse como alternativa. El fracaso del gobierno reaccionario de la Concertación en Chile y su disgregación, después de dos décadas de gobernar sin desafiar las estructuras sociales y políticas del pinochetismo, abrió el camino de la victoria del derechista Piñera. Este llegó al poder con un paquete de medidas privatizadoras y algunas promesas "sociales" que el terremoto pulverizó antes de nacer (creación de empleo, subsidios para las familias de menores ingresos, etc.). En Paraguay está planteada la posibilidad de un golpe parlamentario, estilo Honduras, contra el gobierno de Lugo.


 


La desestabilización política y la tendencia a giros bruscos en los escenarios nacionales han llevado a un reforzamiento de la presencia militar norteamericana en la región, que tuvo su expresión con el golpe de Honduras y el envío de 20.000 marines a Haití, so pretexto de prestar ayuda humanitaria. También en el establecimiento de bases militares en Colombia y en el envío de la III Flota a patrullar el Atlántico. Esta política produce roces con los planteos de las burguesías latinoamericanas lideradas por Brasil (Unasur) de recomponer una industria bélica con el apoyo de los lobbies capitalistas de la industria armamentista y de las fuerzas armadas locales, pero ya se manifestaron los compromisos con el capital militarista norteamericano.


 


En Cuba, el crecimiento de la miseria social, la burocratización creciente, la diferenciación social y la cada vez menos sorda oposición popular están planteando las bases de una crisis de régimen. Las subas de precios, la baja del crecimiento, la fuerte dependencia de las importaciones, la baja productividad, la dualidad monetaria y la híper-centralización burocrática pesan cada vez más sobre las condiciones de vida. Los márgenes de maniobra financiera para implementar los cambios anunciados con el objetivo de modernizar la economía son limitados. La descentralización de los circuitos agrícolas, el usufructo de las tierras concedido a los pequeños productores, la "sustitución de importaciones" apoyada en la agricultura privada y la nueva política de salarios apuestan a la reactivación de la "economía de mercado", creando las bases para la restauración capitalista. Los trabajadores pasaron a ser pagados de acuerdo con su productividad, con su salario básico fijado sin referencia a las escalas salariales nacionales. Diversos sistemas de remuneración coexisten en las empresas. Solamente una revolución política que desate la libertad de acción de la clase obrera y la juventud puede impedir que la reforma económica sea el tránsito que convierta a la burocracia del Estado en capitalista -como ha ocurrido en la ex URSS, China y Vietnam.


 


La recuperación económica de Cuba y de sus masas tiene como prerrequisito un gobierno de trabajadores.


 


Perspectivas


 


La bancarrota capitalista acentúa la depredación de la naturaleza y la destrucción del medio ambiente. La búsqueda desesperada por recomponer la tasa de ganancia agrava las tendencias a la degradación de los recursos naturales. Si bajo el capitalismo el medio natural siempre fue considerado como un recurso cuyo uso y abuso estaba al servicio de la valorización del capital, las épocas de crisis -y, más aún, de una crisis de envergadura planetaria como la actual- acentúan este carácter. Frente a esto, sectores que se proclaman ambientalistas promueven una involución a formas de producción perimidas, con el argumento que de ese modo preservan el medio ambiente. Eso en momentos en que la propia bancarrota capitalista paraliza la producción, con fábricas inactivas y millones de trabajadores desocupados. Este abordaje conservador expresa el pesimismo que se ha extendido entre amplios sectores que formaron parte, en su momento, de los movimientos antiglobalizadores frente a la crisis capitalista. No es el desarrollo de las fuerzas productivas la causa de la depredación ambiental y el desastre ecológico, sino su uso y distorsión en el cuadro de las relaciones sociales de producción capitalistas históricamente agotadas. No son capaces de ver en la crisis capitalista la oportunidad y la perspectiva de la revolución social y con ella la posibilidad de un desarrollo armónico de las fuerzas productivas y de una reorganización de la economía mundial sobre nuevas bases sociales, de acuerdo con las necesidades de la vida social y no de las ganancias de un puñado de magnates. El optimismo frente a las oportunidades que ofrece la crisis no deriva de un fatalismo objetivista: es la expresión más genuina de la voluntad revolucionaria por transformar la decadente sociedad capitalista y abrir camino hacia el socialismo universal. En ese sentido es la expresión más rica del subjetivismo revolucionario. Es el hombre el que hace la historia, bien que en condiciones históricamente determinadas.


 


La tendencia al empobrecimiento absoluto de las masas durante la crisis no es para nada una fatalidad. Por el contrario, así como el Estado se orienta a utilizar sus recursos en el salvataje de la clase capitalista, puede verse forzado, por la lucha obrera y popular, a destinar recursos para atemperar los reclamos obreros. La idea de que las reivindicaciones mínimas o transitorias quedan abolidas por la crisis es una evaluación extremadamente conservadora y limitada del rol del Estado. Las famosas conquistas del llamado Estado "de bienestar" tuvieron su origen durante la depresión de los años ’30. Esta es la economía política de la crisis. Y es la que debe determinar la acción del movimiento obrero frente a ella. Las reivindicaciones mínimas mantienen plenamente su vigencia y son la vía hacia las reivindicaciones transitorias (control obrero). Nada más alejado de la acción revolucionaria frente a la crisis que el pesimismo conservador. Debemos buscar en las entrañas de la catástrofe capitalista los métodos, la acción y el programa que permita orientar a las masas a una salida. Quienes se limitan a anunciar un negro porvenir no lograrán movilizar a nadie. Nuestra tarea es abrir un horizonte.


 


La crisis vuelve a plantear la vinculación entre las reivindicaciones mínimas y transitorias, y la cuestión de la lucha por el poder. El rol del Estado y la cuestión del poder aparecen más abiertamente en épocas de crisis. Esta es la dinámica de la lucha de clases durante la crisis y la que tiene que guiar la acción del partido revolucionario. No se trata de contraponer abstractamente el socialismo a la crisis y al derrumbe capitalista. La toma del poder, el gobierno obrero y de los trabajadores, es la perspectiva que se deriva de la intervención en la lucha de clases orientando la resistencia de los trabajadores a los embates capitalistas. El optimismo revolucionario surge de las tendencias a la revolución social abiertas con el derrumbe capitalista, y se procesa en la dinámica de la lucha de clases que vincula las reivindicaciones transitorias con la lucha por el poder.


 


En este cuadro, los sindicatos son más necesarios que nunca. Pueden y deben cumplir una función clave a condición de tener una dirección y una política revolucionaria. Son la burocracia sindical y los agentes capitalistas en los sindicatos los que argumentan que la crisis no permite cumplir con las reivindicaciones mínimas de los trabajadores. Hay que denunciar su complicidad con el Estado capitalista, que destina enormes recursos al salvataje de bancos y capitalistas y no atiende los reclamos perentorios de las masas. El rol desmovilizador de la burocracia ha pasado a primer plano, en primer lugar en Europa frente a las movilizaciones que se desarrollan en Francia, Alemania, Italia y especialmente en Grecia, epicentro de la crisis.


 


El problema de la deuda pública va ocupando un lugar central con el desenvolvimiento de la crisis. Estamos ante la posibilidad de default de varios países europeos y frente a la amenaza de confiscación de millones de hogares de trabajadores en todos los países imperialistas. Frente a esta perspectiva debemos desarrollar una campaña internacional por el desconocimiento de todas las deudas, que no sólo interesa a las masas de los países oprimidos, que la pagan con su sangre y su sudor, sino a las propias masas de los países imperialistas que ven confiscadas sus casas y empeñado su futuro. Por la expropiación sin pago de la banca y bajo control obrero. Por la escala móvil de salarios y de horas de trabajo.


 


La izquierda


 


Desde la disolución de la URSS y del "bloque socialista", pasando por las sucesivas crisis capitalistas del viraje del siglo, hasta la crisis actual, la izquierda mundial ha sufrido varias vertiginosas recomposiciones. La regresión programática tomó la forma del movimientismo, cobertura ideológica del rechazo explícito al programa revolucionario y a la necesidad de un partido proletario. El Foro de San Pablo (creado en 1990) fue el teatro de esa ‘evolución' ideológica en América Latina y su preparación para ejercer el gobierno burgués. El Foro Social Mundial (FSM), creado en 2001 -el primer FSM fue organizado por la Asociación internacional para la Tasación de las Transacciones Financieras para la Ayuda al Ciudadano (ATTAC) y el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT)-, estuvo explícitamente organizado en oposición a la lucha por la Internacional revolucionaria de la clase obrera y los explotados.


 


La crisis capitalista provoca ahora una fuerte crisis en el centro mismo de la izquierda, que se expresa en debates y escisiones (aunque no en diferenciaciones revolucionarias). En el FSM, se cuestiona su papel decorativo frente a la crisis y las movilizaciones (su principal ideólogo, por eso, declara que, después del anti-globalismo y del alter-globalismo, se debe pasar ahora al post-alter-globalismo, con la construcción de "sistemas alternativos" -después de haber pasado una década negando esa perspectiva- pirueta ideológica no exenta de ridículo). Algunas voces "internas" han declarado que el propio FSM está totalmente integrado al capitalismo, no sólo en un sentido general sino en sus propias bases más elementales, pues sus actividades básicas y sus famosas "redes sociales" dependen del financiamiento de grandes multinacionales (lo que, sin duda, no es de ahora), llegándose a cuestionar el hábito de los dirigentes del FSM por los vuelos intercontinentales en primera clase y los hoteles cinco estrellas (la reunión del FSM en Nairobi, en 2007, además, tuvo que ser fuertemente protegida por la policía de la "invasión de los pobres"). Los autores de estas denuncias, sin embargo, se rehúsan a sacar las conclusiones políticas obvias.


 


La propuesta de Chávez de crear una "V Internacional" es, en parte, una respuesta a ese desbarajuste, siendo por eso fuertemente defendida por algunos dirigentes del FSM. Para ellos, el FSM debería continuar como una "feria de la sociedad civil", mientras que la "V Internacional" debería ser el "instrumento político" del FSM. Ni hace falta decir que se trata, en este caso, de un fraude al cuadrado, que busca sólo sofisticar la política de manipulación y cooptación (y, de paso, cuestión para nada secundaria, mantener los generosos subsidios del gran capital a los "alter" o "post alter"-globalistas del FSM, privilegio que éstos no quieren perder ni en sueños). Se afirmó que "más de 150 delegados de partidos de izquierda de más de 45 países han suscrito el ‘Compromiso de Caracas’, donde se acoge la propuesta de convocar la V Internacional Socialista". Una "Internacional (Socialista)" convocada con la participación del PJ argentino o el PRI mexicano (responsables por décadas de represión y asesinatos de activistas obreros), con partidos liberales y nacionalistas de Asia, África y América Latina, como el Polo Democrático y el Partido Liberal de Colombia, o el Liberal zelayista de Honduras, o incluso el nacionalista de Zimbabwe, no es una continuidad, siquiera deformada, de las cuatro internacionales precedentes; tampoco una vuelta a la I Internacional, como pretenden una (o dos) de las sectas escindidas del viejo tronco trotskista-morenista, sino un fraude político completo. El FMLN de 


El Salvador proclamó su adhesión a la Internacional, así como Rifondazione Comunista y el Partito del Comunisti Italiani (PdCI). Estos partidos llegaron al gobierno luego de ganarse la confianza de la burguesía y del propio imperialismo por su apoyo a la intervención del ejército italiano en las guerras imperialistas de Bush. Los gobiernos de Nicaragua y El Salvador, igual que el de Venezuela, tienen un contenido netamente capitalista y combaten la autonomía política y sindical de la clase obrera. Presentarlos como "socialistas" o como que "encabezan procesos revolucionarios" es un despropósito. Para el inefable James Petras, la V Internacional sería una instancia "consultiva". No existe un pronunciamiento del PC Cubano, ni del PC Chino, sí en cambio del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), así como de Izquierda Unida, dos partidos en el gobierno. En el caso de los "trotskistas", encabezados por el ex Secretariado Unificado de la IV Internacional, que a ella se integren, inclusive "críticamente", en el congreso de abril, ello significará su completa integración, no sólo política y programática, sino también organizativa, a la política burguesa. El programa de la Internacional está dado por sus principales partidos gubernamentales; o sea, por el Estado burgués.


 


Al plantear una V Internacional, Chávez aparentemente legitimó el rol histórico de las cuatro precedentes -en especial de la más controvertida de ellas, la IV Internacional- o sea, de una continuidad histórica del proletariado internacional con conciencia de clase. Esto ha puesto en ridículo a todos los que, en nombre del chavismo, han hecho gala de un sectarismo contrario a la política y a los partidos en diversas partes del mundo. Se trata, sin embargo, de una maniobra y de una manipulación ideológica, pues las cuatro internacionales fueron fundadas con base al principio elemental de la independencia obrera: la filiación política real de la V Internacional se encuentra, en cambio, en los agrupamientos pequeño burgueses, crecientemente derechistas, de la Olas, el Foro de San Pablo y el FSM. La propuesta completa, "por la izquierda", un ciclo ideológico impulsado por los think tanks del imperialismo, cuando acuñaron el "fin de la historia"; continuó con la proclamación del "fin del ciclo histórico de la Revolución de Octubre" (o sea, de las revoluciones proletarias), proclamado por stalinistas y seudo trotskistas, y concluye ahora con el "fin de la IV Internacional" (instrumento político de la revolución proletaria). Para el régimen chavista, se trata de una "fuga para adelante" frente a su propia crisis (inflación, desabastecimiento, crisis energética y devaluación crecientes): la V Internacional está prefigurada por el partido que ha formado en Venezuela, el PSUV, es manejado en los hechos por los funcionarios del Estado y cuyo programa apuntala un régimen social y estatal inconfundiblemente burgués y capitalista en su contenido. En el proceso chavista, la característica principal es la regimentación de las organizaciones obreras por parte de una burocracia pequeño burguesa y militar corrompida, según lo denuncia el 90% de los propios chavistas. Las masas no se encuentran en el poder en Venezuela, sino una burocracia de origen pequeño burgués y, fundamentalmente, las fuerzas armadas. El capital estatal se encuentra entrelazado al capital extranjero en la industria petrolera y, de un modo general, en la creciente deuda pública y externa, en tanto que las nacionalizaciones no entrañaron una expropiación del capital sino un intercambio entre activos productivos o bancarios por generosas indemnizaciones de fuente pública. Muchos de los burócratas del gobierno de Chávez ayer eran adecos y copeyanos, otros eran de izquierda, pero abandonaron sus principios para sumarse a la comparsa de empresarios, ganaderos, empresas mixtas y multinacionales, que el gobierno chavista llama "socialismo del siglo XXI".


 


En estos términos, una V Internacional para este “socialismo del siglo XXI” supone una regresión respecto de las cuatro internacionales previas, no exclusivamente sobre la IV o III; es, incluso, un contrasentido histórico. No hace falta decir que no tiene nada que ver con la I Internacional, que abogaba por la acción colectiva del proletariado para que la emancipación de los trabajadores fuese obra de los trabajadores mismos. Chávez, pero más que nada sus seguidores "marxistas", confunden interesadamente la centralización revolucionaria que desarrolla un partido de clase con la que ejerce un caudillo bonapartista. El bonapartismo busca siempre un apoyo en las masas, pero lo hace mediante la regimentación y es un opositor violento a su acción libre y auto-emancipadora. La V Internacional, eso se pretende, daría un apoyo y una sanción internacional favorable a esa política, incluso proveniente de la "izquierda marxista". Ésta, a su vez, busca en la "V Internacional", el salvavidas necesario frente al fracaso de sus últimas aventuras políticas, en especial en Europa, con el retroceso electoral del NPA francés y la debacle de la "izquierda comunista" italiana. Se trata de una política en crisis, frente a la crisis de los regímenes nacionalistas latinoamericanos, y la de los agrupamientos internacionales movimientistas y anti-partido, en especial el FSM.


 


Frente a la V Internacional bonapartista, reivindicamos el programa de la IV Internacional, cuya vigencia ha crecido en muchos aspectos, en lugar de disminuir, en especial por la confirmación de su pronóstico sobre la restauración capitalista que la burocracia incubaba en el país del "socialismo real". Esta discusión y las conclusiones que se vayan desprendiendo de ella en términos de acción, son el punto de partida de la Internacional que podrá aprovechar la bancarrota capitalista en desarrollo. Las críticas a la impotencia de la IV Internacional, especialmente aquellas provenientes de los ex trotskistas, se estrellan contra el hecho de que, en el último medio siglo, todas las alternativas "superadoras" del programa marxista se han hecho añicos, o se han integrado por completo al régimen burgués e imperialista.


 


La principal experiencia (mundial) gubernamental de la izquierda reformista-democratizante está ahora en crisis en la sucesión del gobierno del PT, pese a los altos índices de popularidad de Lula: la elección brasileña irá seguramente a un segundo turno, en que el PT deberá pagar, para vencer, concesiones privatizadoras (en especial en materia energética y petrolera) aún mayores que las ya realizadas en sus ocho años de gobierno. Esa crisis debería llevar al fortalecimiento de la izquierda, pero sucede todo lo contrario. Heloísa Helena (PSOL) ha renunciado a la corrida presidencial para garantizar su elección como senadora en el estado de Alagoas. No se limitó a eso, sino que también declaró su apoyo a la candidatura de Marina Silva (PV), 100% burguesa por su programa y base social, sin contar su función de línea auxiliar de apoyo a Dilma Roussef, candidata del PT, contra la izquierda.


 


Frente a esa crisis, el PSTU lanzó la candidatura de Zé Maria (metalúrgico, ex dirigente de la CUT y actual coordinador del agrupamiento sindical Conlutas) como "pre-candidatura obrera independiente", al mismo tiempo que propuso la reactivación del Frente de Izquierda con el PSOL y el PCB, declarando que su candidata presidencial debería ser… Heloísa Helena, como si ésta pudiera ser la "candidata obrera independiente". La confusión política es la más completa, e incluye todas las variantes de la izquierda brasileña. Desde 2009, frente a la crisis y los despidos, se ha producido en el país un repunte de las luchas obreras, incluso en sectores estratégicos, pero todavía lejos de una ofensiva de clase. Sectores de asalariados, como metalúrgicos, bancarios, petroleros (éstos, por primera vez en huelga en 14 años, después de la derrota de 1995), obreros de la construcción, correos, cruzaron los brazos y ganaron las calles en defensa de sus salarios y reivindicaciones. Los agrupamientos Conlutas e Intersindical -independientes de la CUT y de las demás centrales sindicales, burocratizadas y progubernamentales- han sido los más activos en esas luchas y convocaron a un Congreso Nacional de la Clase Trabajadora (Conclat) para crear una central sindical y popular clasista. La dependencia de la izquierda brasileña de los contubernios políticos burgueses y afines cuestiona, sin embargo, la independencia de clase de los reagrupamientos obreros independientes, a lo que debemos oponer la lucha por la independencia clasista en todos los terrenos de lucha.


 


La proximidad diplomática de Cuba (de la dirección castrista) con los regímenes lulista y chavista, ha servido a éstos para cubrirse con un manto ideológico "socialista" para justificar políticas capitalistas, y al castrismo para justificar su política crecientemente restauracionista como una búsqueda del fin de su aislamiento latinoamericano e internacional. El fin del bloqueo a Cuba (reivindicado inclusive por sectores del imperialismo norteamericano, para abrir un nuevo "frente de negocios" frente a la crisis económica) y la "apertura económica" han salido del centro de escenario, substituidos por la creciente crisis política del gobierno de los Castro, en la que hay que encuadrar las huelgas de hambre de los disidentes democratizantes y proimperialistas. El destino de la revolución cubana se juega cada vez más en el tablero de la revolución latinoamericana; los Chávez, Ortega, Evo y Lula son una loza contra la revolución cubana: la lucha contra la restauración capitalista exige la restauración de los vínculos y de la unidad militante de los explotados del continente con la clase obrera cubana. Ninguna "internacional de gobiernos" o acuerdos de bambalinas "de la izquierda" resuelve esta cuestión: sólo la Internacional Obrera reconstruida.


 


La CRCI y la lucha por el gobierno obrero


 


La bancarrota capitalista mundial y sus implicancias sociales y políticas plantean, como nunca antes, la necesidad de una Internacional revolucionaria del proletariado y todos los oprimidos para derrocar al capitalismo y reorganizar la sociedad sobre bases socialistas a escala mundial. Desde el encuentro inicial en 1997 en Génova, la CRCI batalló por un reagrupamiento político de fuerzas bajo la forma de refundar la IV Internacional sobre la base de la clarificación política. La CRCI no fue fundada como una nueva secta o fracción trotskista internacional, sino como una organización que reúne a organizaciones de combate de la vanguardia de los trabajadores. Se trata de profundizar el paso dado en el congreso fundacional de la CRCI realizado en Buenos Aires en 2004, que dotó a nuestro movimiento de un programa y un estatuto. Sin un programa y sin una organización es imposible poner fin a la dominación y la explotación sociales.


 


La situación convulsiva existente a nivel mundial ha acentuado el conservadurismo en las burocracias sindicales y las organizaciones políticas de izquierda que intervienen en el escenario mundial. La eventualidad de giros a la izquierda de los aparatos son fenómenos excepcionales y cuando ocurren son, en general, maniobras. La crisis mundial ha acentuado el conservadurismo de las viejas organizaciones trotskistas y de la izquierda, y ha consolidado su regresión programática, convirtiéndolas en completamente democratizantes. Su electoralismo tardío se ha acentuado como consecuencia de la capacidad de la burguesía para embretar la crisis dentro de los viejos marcos democráticos. Aún hoy, cuando la bancarrota estalla en el centro de los Estados más poderosos, no se observa una renovación política en el campo de la clase obrera o la izquierda, sino más bien un fabuloso retroceso político producido por décadas de empirismo y retrocesos. La reversión de esta etapa política no depende de maniobras de aparato, sino del pasaje de una etapa de resistencia a una etapa de ofensiva en el proletariado de los principales países, así como de una acentuación de la lucha antiimperialista en los países dominados.


 


Los intentos de reagrupamiento de las facciones que pretenden estar a la "izquierda" del SU y de otros grupos trotskistas, que aspiran a crear una organización que tenga una "masa crítica" suficiente, no tienen futuro debido a su método oportunista, o sea sin principios, y su orientación hacia las masas. Planteamos una campaña política internacional de intervención en la crisis mundial, destinada a agrupar fuerzas en torno a la plataforma política revolucionaria e internacionalista.


 


Puesto que el programa es la base para la realización de un trabajo internacional en común (delimitación política, propaganda, agitación, organización), resulta vital la apertura de un gran debate internacional respecto del programa de la CRCI. Para eso, convocamos a una conferencia programática para agosto, que elabore un plan de acción (agitación, propaganda, reclutamiento) de la CRCI.


 


El próximo 70° aniversario de la muerte de León Trotsky debe convertirse en una oportunidad para una gran campaña de difusión de los planteos estratégicos de la IV Internacional, al mismo tiempo que de las nuevas tareas revolucionarias planteadas por la actual crisis histórica del capitalismo mundial. La realización de una campaña de mesas redondas, polémicas y actos permitirá colocar el debate con respecto a las grandes confrontaciones sociales actuales en el marco de la lucha histórica por el gobierno de los trabajadores.


 


El llamado a refundar la Cuarta Internacional como la única alternativa de la clase obrera y los explotados, para enfrentar la barbarie generada por un régimen social en descomposición, debe plasmarse en un programa de acción. Planteamos el desconocimiento de todas las deudas externas de los países oprimidos, la expropiación de los bancos sin indemnización y bajo control de los trabajadores, la prohibición de los despidos, la escala móvil de los salarios, la disolución de la Otan y su bases militares, el retiro de las tropas imperialistas; el fin de la ocupación de Irak, Afganistán y Palestina; la unidad socialista de América Latina. Contra la presión capitalista de los grandes bancos, planteamos el retiro de los países dependientes de la Unión Europea y la unidad socialista de Europa.


 

Neoliberalismo, (anti)neoliberalismo y crisis (el caso argentino)


La economía argentina evoca, una y otra vez, la imagen del desastre. Muchos años atrás, un célebre economista la estigmatizó como caso único cuando caracterizó al mundo capitalista como integrado por cuatro tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Argentina y Japón. Este último porque representaba entonces un supuesto atípico crecimiento secular; nuestro país porque se identificaba con su perfecto opuesto. En verdad, el único secreto sobre esta cuestión reside en el lugar histórico que ocupó la Argentina en el escenario global, en el cual concluyó integrada como semicolonia inglesa (así la consideró Lenin en 1915, explícitamente, en su célebre trabajo sobre el imperialismo). Una renta agraria excepcional permitió a esta economía del Río de la Plata un registro de producción per cápita excepcional a final del siglo XIX y comienzos del XX, que le dio la apariencia de país moderno cuando, al mismo tiempo, echaba las raíces de un atraso muy perdurable en el tiempo. El enigma de su historia es la historia de un enigma que se resuelve en la naturaleza específica de su capitalismo agroexportador y su particular integración al mercado mundial dominado por el capital financiero de los países centrales.


 


La muy débil estructura social del país, sin embargo, sufrió muy tempranamente, desde el siglo XVIII, la presión del mercado mundial. La posibilidad de una acumulación de capital de la burguesía local en función de un rol de intermediario con el centro de la economía colonial en el Alto Perú se vio rápidamente frustrado por las trabas para-aduaneras. Luego de las vicisitudes del proceso independentista, las posibilidades ulteriores de capitalizar la renta agraria enfrentaron los límites de un débil mercado interno, un resultado del régimen de la gran propiedad agraria (más precisamente ganadera, con su correlato, la estancia, en el marco de una escasa población agraria). Esta limitación se manifestaría en la incapacidad de creación de una clase media agraria a partir de la inmigración en masa. La formación de un capital nativo original se dio en el marco comercial y, tardía y limitadamente, en la explotación productiva del trabajo agrario. Si la integración de las Provincias Unidas al mercado mundial fue relativamente prematura, la de la burguesía agraria, primero, e industrial, después, fue definitivamente tardía. El capital nativo no pudo encontrar un lugar propio en su anticipado intento por arrimarse al capitalismo mundial en su etapa de ascenso y llegó tarde cuando buscó superar su base agraria en la etapa de copamiento del mercado planetario por el imperialismo. No es una línea recta la que traza la explicación del atraso del país, respecto de la economía mundial.


 


La imagen del desastre "argentino" se renovó en el umbral del siglo XXI, cuando Argentina sufrió agudamente los efectos de la crisis mundial. Fue a principios de esta década, en ocasión de un hundimiento nacional sin precedentes, resultado de lo que podemos considerar como el primer acto del quebranto general de la economía internacional al cual asistimos en la actualidad; y como testimonio dramático de la historia presente. Por eso mismo, es que ahora la "argentinización" de los países que se dislocan en el torbellino de la presente gran depresión es una apelación recurrente en la literatura especializada, que ya identificó con el país de las Pampas a Islandia, a Letonia y a Irlanda, para tomar los casos más notorios.


 


Es en este contexto que señalamos que, en forma también recurrente, la Argentina es presentada como una víctima emblemática de las llamadas políticas "neoliberales". Pero también lo es de las políticas "antineoliberales" que ahora se habrían extendido al mundo entero. A los representantes oficiales del establishment argentino actualmente en el poder se les ocurre incluso que fueron pioneros en los remedios a los cuales se apela ahora para combatir la pandemia de una quiebra de alcance internacional.


 


Big Bang


 


Esta pequeña historia tiene condimentos propios, porque fue el peronismo -que a no pocos analistas se les antoja también un extraño producto autóctono- el que produjo un gobierno que, como pocos, encarnó la aplicación de los llamados principios del "Consenso de Washington" en los ’90. Fue cuando la rápida conversión de Carlos Menem al credo conservador moderno de los Reagan y Thatcher parecía entonces confirmar un nuevo tiempo. Doble conversión si se tiene en cuenta que el mismo partido de Menem, y muchos de los mismos personajes que lo acompañaron, pasaron luego a abrazar la causa "antineoliberal" y con un entusiasmo similar al que desplegaran para aprobar la política contraria en la década anterior.


 


El "neoliberalismo" criollo se extendió como mancha de aceite en un momento de euforia "global", con Bush padre en la Casa Blanca. El capitalismo mundial celebraba lo que suponía una suerte de victoria definitiva: la restauración que se extendía sin freno en la disuelta Unión Soviética y como una mancha de aceite en China, bajo la tutela de un igualmente restaurado Partido Comunista. Argentina se transformó entonces en un ícono de la nueva religión "neoliberal" que sus gobernantes siguieron con entusiasmo devoto: apertura comercial, privatización sin límites de los servicios y empresas estatales, desregulación de los mercados y, en particular, flexibilización y precariedad laboral que arrasó con muchas décadas de conquistas en la materia. Pero si el neoliberalismo tuvo su acta de bautismo en los años ’80 de Reagan y Thatcher, en Argentina, bajo el gobierno de Alfonsín, se pretendió, con el visto bueno de los kirchneristas de la época (en ese entonces, "renovadores" del peronismo), lanzar un plan de privatizaciones que anticipaban los planes de Menem. Esta primera intentona se consumó luego del derrumbe provocado por los tres procesos hiperinflacionarios que provocaron las dos grandes crisis mundiales en 1987 y 1989.


 


Es la historia conocida de una aventura que también concluyó en desastre. La crisis mejicana de mediados de los 90 y el tsunami económico que se desató en el sudeste asiático en 1997 acabó por recalar en la Argentina provocando un gigantesco derrumbe, una depresión prolongada que llevó a una caída del producto bruto en los años subsiguientes de más del 20%. La desorganización económica del país no dejó de manifestarse hasta culminar en una disolución social sin precedentes: desaparición de la moneda, quiebra completa del sistema financiero, miseria social inédita, bancarrota del régimen político y estallido revolucionario sobre el final de 2001. El llamado "Argentinazo" acabó con la experiencia menemista luego de que su gobierno fuera sucedido, dos años antes, por un frente opositor que en lo esencial continuó los lineamientos de su antecesor. Lo prueba el hecho de que Domingo Cavallo, el artífice de la (contra) revolución neoliberal de los ’90, fue reconvocado al gobierno que ocupó el poder en 1999, presidido por Fernando de la Rúa.


 


El "neoliberal" Cavallo fue siempre un hombre de la burguesía "nacional", a la que rescató ya en la época de la dictadura (1982) cuando estatizó la deuda de los grandes capitalistas nativos. Incluso durante el propio gobierno menemista tuvo sus roces con el FMI, cuando éste pretendía reducir subsidios a los grupos locales y destinar el ahorro "argentino" para pagar a los acreedores externos (recientemente otro "Chicago boy", al frente del Banco Central se opuso al planteo de los Kirchner… y del FMI, de utilizar las reservas del banco para cubrir los pagos de la deuda). Cavallo fue el inspirador de lo que se interpretó en su momento como una de las medidas más sorprendentes de la política económica de la administración menemista a principios de los años ’90, cuando la moneda argentina fue fijada en paridad con el dólar (1 a 1) y, al mismo tiempo, declarada libremente convertible. La medida se fijó incluso por ley, violentando por supuesto el credo oficial del mercado, pero con la excusa de que se trataba de un "ancla" que permitiría el restablecimiento de la circulación de mercancías y capitales, quebrada una y otra vez por estallidos inflacionarios y devaluaciones que habían caracterizado la evolución de la Argentina en el período previo, y en el contexto de un estancamiento crónico espectacular: el nivel del PBI por habitante en los ’90 era inferior al de principios de la década de los ’70.


 


La convertibilidad estableció la intangibilidad de las reservas del Banco Central en la divisa extranjera y el hecho fue presentado como evidencia, no sólo de la supuesta autonomía de la autoridad monetaria sino de compromiso con la población por el respaldo a la moneda nativa, presentada, por eso mismo, como dinero "fuerte" que rompía con una larga tradición de la economía nacional. Lo cierto es que, en realidad, se trataba de lo contrario. En primer lugar porque la convertibilidad a un tipo de cambio fijo funcionaba, de hecho, como una suerte de "seguro de cambio" para metamorfosis varias del capital especulativo, beneficiado astronómicamente por la posibilidad de lucrar con tasas de interés y negocios de altísima rentabilidad. El alcance de esta operación leonina puede medirse en el hecho de que durante la "convertibilidad" el alza de los precios internos superó el 60%, un lucro completamente excepcional que se "dolarizó" por la arbitraria disposición de mantener el valor de la divisa norteamericana "anclada" en ese mismo lapso. Esto significa que un "inversor" extranjero que simplemente hubiera conservado durante algún tiempo un conjunto de bienes, que reflejaran la inflación promedio del período, podría acumular una ganancia de la misma magnitud.


 


En segundo lugar, el fraude del peso "fuerte" y convertible se expresaba en el hecho de que el tipo de cambio era para algunos más igual que para otros, según la ironía orwelliana. Así, en el caso de las inversiones, supuestamente encarecidas por un peso sobrevaluado, o lo que es lo mismo por un dólar barato, el tipo de cambio no era el del 1 a 1. Es que el gobierno aceptaba para la compra de activos estatales los bonos de la deuda argentina a valor nominal o próximo a él, mientras que la compra de esos mismo bonos se hacía a "precio de banana" en los mercados financieros, hasta un 20% de ese valor nominal. De modo que las "inversiones", que en lo sustancial no eran otra cosa que transferencias de activos estatales a capitales privados extranjeros, se podían concretar a un dólar muy valorizado, del orden de 4 ó 5 pesos por cada unidad de la moneda norteamericana, o lo que es lo mismo a un peso baratísimo, beneficioso para los tenedores de divisas. Si se tiene en cuenta la desvalorización gigantesca con la cual el patrimonio público fue entonces ofrecido a la venta, la magnitud de este negocio lo convierte (todavía continúa) en una de las mayores estafas de la historia económica nacional. En tercer lugar, detrás de la apariencia de una moneda fuerte, la realidad era, en definitiva, la opuesta: la convertibilidad implicaba la imposibilidad de una política monetaria propia, revelaba que el peso no servía ni como reserva de valor ni como instrumento de pago. La convertibilidad no fue en este aspecto otra cosa que la "dolarización" de la economía nativa, la conversión de la Argentina en una colonia monetaria del Banco Central norteamericano (la FED). En otro trabajo, dedicado al llamado "plan Cavallo", recordamos hace más de una década que un periodista oficialista se jactaba en aquel momento de que la moneda nativa fuera un "peso balboa", como se denomina la moneda panameña1.


 


Lo que le dio un carácter explosivo al mecanismo de la "convertibilidad" fue que reunió en un dispositivo común dos elementos diversos de la política cambiaria, incluso formalmente contradictorios. Una "caja de conversión" no implica un tipo de cambio fijo, puesto que actúa simplemente como reflejo del aumento o de la caída de la masa de oro o moneda extranjera que sirve como reserva (dinero mundial) y cuyos flujos son la contrapartida del déficit o del superávit de la balanza de pagos; es decir, de los movimientos comerciales y financieros con el exterior. Un saldo positivo, que incrementa la oferta de dólares significa, en este sentido, un aumento de la oferta monetaria extranjera y deprime su precio, como es el caso de cualquier mercancía en una economía mercantil. Al revés, el signo monetario nacional se devalúa cuando se produce el efecto contrario, como resultado de la salida de divisas del país, provocada por los saldos negativos en las cuentas que registran las transacciones con el exterior.


 


El mecanismo muy elemental que acabamos de describir es el que corresponde al que preconiza la llamada "teoría clásica" para la integración de las economías nacionales al mercado internacional. El ingreso de divisas resultante de un balance superavitario en el intercambio externo aumenta la masa monetaria circulante y provoca un ascenso en los precios nacionales que resta competitividad a la producción nativa, corrigiendo hacia el equilibrio la balanza de pagos superavitaria.


Esto en razón de que los precios incrementados estimulan la importación y desestimulan la demanda externa de productos del país (exportaciones). Al contrario, un déficit en las cuentas externas restringe el circulante nativo, deprime los precios y tiende a estimular las exportaciones y deprimir las importaciones, volviendo a impulsar el movimiento hacia el equilibro. La "convertibilidad", en cambio, fijó el precio de la divisa y, en consecuencia, dejó como única variable "de ajuste" a la base monetaria que determina el circulante de pesos en la actividad económica. Una situación de esa naturaleza conduce al quebranto económico en caso de una baja significativa de las reservas, porque vacía de pesos a todo el circuito económico para subsidiar la venta de una demanda de dólares, que fue previamente establecida a un precio fijo y que no se modificaría siquiera en caso de una demanda muy violenta y drástica de la divisa extranjera. Fue exactamente lo que sucedió cuando se produjo una retirada en masa de dólares en 2001, obligando al gobierno a congelar el retiro de depósitos de los particulares ("corralito bancario") y que condujo a la explosión literal del "modelo Cavallo". Que, en verdad, no fue ningún "modelo" sino una improvisación para salir de la crisis hiperinflacionaria que caracterizó el final del gobierno de Raúl Alfonsín (tuvo que adelantar el final de su mandato en 1989) y que se extendió al comienzo de la década de los noventa. Más que una improvisación fue una política -no un "plan", como también se lo denominó- y estuvo dirigida a extremar la explotación de los recursos nacionales y laborales de la nación, sin la menor consistencia entre sus diversos componentes, como sería propio de un "modelo".


 


Lo revela, en particular, el enorme desbarajuste fiscal promovido por el "neoliberalismo" contra sus supuestos principios conceptuales sobre el equilibrio en esta materia. Un eje vertebral de este desbarajuste fue la privatización del sistema jubilatorio con el pasaje de los aportes previsionales del estado a las


Administradoras de Fondos de Jubilación Privada (AFJP) y a supuestas cuentas individuales de "descapitalización". El financiamiento de los haberes de los jubilados que se realizaba con tales aportes de los trabajadores activos quedó de hecho, a partir de la privatización, en manos del presupuesto público que tuvo que destinar hasta el 40% de sus partidas para mantener los penosísimos ingresos de los jubilados. El déficit fiscal resultante obligaba a la emisión de deuda que se colocaba en las propias AFJP a tasas usurarias y en dólares. El financia- miento externo se incrementaba por otro lado debido al déficit comercial en el sector externo, jaqueado por la falta de "competitividad" de un dólar barato que estimulaba todo tipo de importaciones y desalentaba en igual medida las exportaciones.


La deuda externa, entonces, crecía a tasas siderales (aumentó más del 120% entre 1992 y 1999) y su servicio se tornaba impagable. Ni "modelo" ni "plan": la política de Cavallo que se extendió del gobierno de Menem al de De la Rúa era un cóctel explosivo. Explotó, bajo la forma de un levantamiento popular, en el "Argentinazo" de diciembre de 2001.


 


El ajuste y sus condiciones


 


La política económica que siguió a la explosión social y económica se mantuvo, sin embargo, en los cánones clásicos de una política de ajuste, con la peculiaridad de presentarse como la antípoda de la anterior, como sinónimo de "antineoliberal". El mote derivaría de ciertas medidas centrales de esa misma política que formalmente representaba una variante opuesta a la que acababa de agotarse mediante un estallido general. En primer lugar una gigantesca devaluación. De la paridad 1 a 1, el dólar pasó a la de casi 4 a 1 en los primeros meses de 2002, para luego estabilizarse en valores próximos al 3 a 1 que, con leves oscilaciones se mantuvo hasta 2008 cuando volvió a aumentar poco más de un 20%, un tipo de cambio que se mantiene en la actualidad. Los efectos inflacionarios de esta megadevaluación fueron contrarrestados, en un principio, por una demanda deprimida hasta límites nunca alcanzados en el país. El consumo retrocedió en la magnitud que corresponde a un cuadro social caracterizado por niveles de pobreza superiores al 50% y una desocupación global (abierta y encubierta) superior al 40% de la población económicamente activa. Las inversiones por supuesto, quedaron completamente paralizadas. La devaluación condujo a profundizar la depresión.


 


En situación de terapia intensiva, y frente a un estado de insurgencia popular muy extendido, el gobierno lanzó un programa de asistencia social que abarcó en un principio a millones de personas con un ingreso mensual de 50 dólares. Al mismo tiempo y sin otra alternativa, decretaba el momentáneo cese del pago de la deuda externa. En realidad, el default original fue decretado por Rodríguez Saá, que ocupó efímeramente la presidencia durante una semana en diciembre de 2001 y también intentó evitar la devaluación mediante la creación de una doble moneda: una financiera para los activos, el peso de la convertibilidad, y otra para transacciones, lo que hubiera sido el "argentino". La presión del FMI y la burguesía endeudada en pesos provocó su caída y Duhalde procedió a la devaluación lisa y llana. En contrapartida, se pesificaron las deudas en dólares para salvar a los grandes capitalistas y se emitió nueva deuda para compensar a los bancos que habían prestado las divisas originales.


 


Toda devaluación -y la devaluación fue la clave original del nuevo proceso económico bautizado "antineoliberal"- tiene, más allá de sus objetivos formal y mentirosamente declarados, dos funciones básicas: devaluar los salarios y devaluar el gasto público como condición necesaria para recrear condiciones de rentabilidad al capital. Es una variante de las políticas de ajuste clásicas del "liberalismo". La otra es la que observamos ahora en los "argentinizados" países del este europeo, que imposibilitados de apelar a la devaluación, porque están integrados a la zona del euro, tienen que apelar directamente a un draconiano recorte de gastos y salarios, excluidos, por supuesto, los subsidios al propio capital. Como la devaluación, a su turno, era la consecuencia del vaciamiento provocado por el capital financiero, era una manera de sancionar su resultado en lugar de sancionar a los que habían lucrado con ese mismo vaciamiento, y disponer un plan de reconstrucción económica orientado por los intereses de la mayoría. Claro que se trata de una alternativa que supera los límites de una variante capitalista.


 


Este es el punto y no es una cuestión de "tipo de cambio". Con la devaluación argentina en condiciones de una miseria social que no cesaba, el "antineoliberalismo" procuró una salida capitalista que se apoyaba en la desvalorización general de salarios y activos y en la capacidad ociosa creada, pero que, además y decisivamente, encontró una oportunidad en la reversión del ciclo económico mundial que se planteó desde 2002, con un incremento progresivo y en flecha del precio de los "commodities" que dominan la pauta de exportación del país. De tal modo que, desde el final de ese mismo año 2002, la actividad económica comenzó a repuntar impulsada por los negocios del comercio exterior. En circunstancias de un excepcional freno a las importaciones provocada por la megadevaluación, dio lugar a un superávit en la balanza comercial del sector externo inédito en el país. Esto fue acompañado por un superávit fiscal que se apoyó en la ya señalada devaluación de los gastos y, específicamente, de los haberes jubilatorios que habían llegado a concentrar, según lo señalamos, una proporción enorme de la erogación fiscal. Por el lado de los ingresos comenzaron a crecer los correspondientes a los impuestos a las exportaciones, cuyo valor dio un salto monumental, si se tiene en cuenta no sólo la triplicación del valor de la divisa sino la multiplicación, de hasta tres y cuatro veces, en el precio de las materias primas clave en el comercio exterior argentino. Un negocio sencillamente colosal.


 


Los "superávit gemelos", el abandono del dólar barato, lo que se llamó política de "desendeudamiento" fueron presentados entonces como la expresión del "nuevo modelo", postulado por los gobiernos de Eduardo Duhalde y, poco después, por el de Néstor Kirchner. Eran, según sus mentores, la evidencia de una política nacional y popular. Se trata de una impostura. Con el telón de fondo de la moratoria externa, a la cual habían apelado, con anterioridad, gobiernos del más diverso signo, la dependencia del país en relación con el capital financiero se acentuó notablemente. En primer lugar, porque obviamente lo que no se devaluó ni podía devaluarse eran los pasivos externos. La deuda externa, al momento de declararse la moratoria, alcanzaba unos 200.000 millones de dólares. Importa precisar, además, que jamás se habló de desconocerla a pesar de las manifiestas evidencias de su carácter fraudulento, demostrado incluso en los estrados judiciales al cabo de un larguísimo proceso. En consecuencia, el peso de la deuda se triplicó automáticamente en relación con un producto nacional depreciado en dólares hasta representar casi un 200% de aquel. En segundo lugar, la magnitud del endeudamiento no disminuyó a pesar de su reprogramación, que culminaría en 2005 con quitas a la deuda "defaulteada" que el gobierno anunció pomposamente que llegaban al 60% del valor original.


 


El misterio es muy sencillo porque lo que sucedió fue que, en paralelo a la deuda impaga y renegociada, el gobierno lanzó "nueva deuda", en particular para mejorar la situación patrimonial de los bancos que se encontraban en situación de completa bancarrota. Por eso, la nueva deuda fue en gran medida dirigida a "compensar" a los bancos por los efectos de la propia devaluación. Es que, al momento de provocar la triplicación del valor del dólar, el gobierno decretó asimismo la llamada "pesificación asimétrica" por medio de la cual permitió que las deudas contraídas en dólares se pagaran en pesos, mientras la devaluación de los depósitos atrapados en el ya mencionado “corralito” de Cavallo, debían devolverse a 1,40 en un lapso dilatado y también con bonos de la nueva deuda. De esa manera, los depósitos de pequeños y medianos ahorristas sufrieron una enorme confiscación y fue un negocio de la China porque los grandes capitales pudieron licuar su deuda en una magnitud homérica. No sólo respondían con 33 centavos de dólar por cada dólar del crédito original sino porque, además, podían pagar ese mismo crédito devaluado con los títulos aún más devaluados de la deuda declarada en moratoria, y que eran reconocidos a un valor que duplicaba el de su precio en el mercado. Resultado: el capitalista "endeudado" podía cubrir con 15 dólares un valor de 100 de su obligación original. Por otra parte, con el dólar estabilizado en torno de los 3 pesos durante varios años, lo que se reiteró fue la bicicleta financiera propia de la "convertibilidad" a precio fijo del pasado. Este negocio fue estimulado por la "nueva deuda" que sustituyó en 2005 al viejo endeudamiento declarado en default con el pretexto de hacerla "nacional" al emitirla en pesos.


Esto último porque las nuevas obligaciones se ajustan por un índice próximo a la inflación, con lo cual la novedosa convertibilidad, recreada como una suerte de seguro de cambio, volvió a producir ganancias espectaculares para los especuladores.


 


Por último, en lo que respecta a este punto, importa precisar que lo que viabilizó toda la negociación de la deuda externa, a diferencia de lo que se planteaba en el pasado, fue el hecho de que los acreedores ya no eran precisamente los bancos. Las entidades financieras, que en épocas previas eran los prestamistas, ahora habían vendido la deuda argentina que había sido retirada de sus balances por la transferencia de los títulos de la misma al "público". Los estafados en este caso fueron ahorristas (por ejemplo, jubilados europeos y japoneses) que tuvieron que malvender sus bonos, que muchos bancos recompraron otra vez a precio de liquidación y se convirtieron en un gran negocio con la valorización posterior resultante del acuerdo para la reprogramación del pago de la deuda. Así, por ejemplo, un título que llegó a cotizar al 20% de su valor rindió al banco que entonces lo compró, un 100% de ganancia cuando su valor se duplicó al momento de cerrar la negociación para retomar el pago de los servicios de la deuda. Hasta la "quita" fue un fraude. No menor al pago efectuado en 2005 y en un solo acto de 10 mil millones de dólares al FMI, sin ninguna quita y sin romper con el Fondo, al cual ahora se quiere volver a recurrir.


 


Parasitismo… final


 


El resultado del default fue entonces un increíble reendeudamiento alargado en el tiempo; es decir, a costa de una hipoteca creciente hacia el futuro. Todo esto financiado con la quiebra de la economía de la población laboriosa y del gasto social. Fue sobre esa base que los grandes "superávit gemelos" permitieron girar al exterior una cantidad enorme de dólares para cumplir con los servicios de la deuda, reestructurada en una dimensión que serían incapaces de imaginar los… "liberales" adictos al endeudamiento desenfrenado. Entre 2003 y 2008, un total superior a los 60 mil millones de dólares fue derivado al cumplimiento de las obligaciones externas por la "progresista" administración kirchnerista. El carácter parasitario de esta política se revela en el hecho de que el crecimiento económico del sexenio 2008 tendió a encontrar un límite en la misma medida en que el salario real recuperaba valores … de una década atrás, cuando el gobierno de Menem enfrentaba el contexto de la crisis internacional de la época. Un crecimiento que, además, se hizo a costa de un deterioro general del patrimonio público e incluso del capital privado, si se tiene en cuenta que se apoyó largamente en la capacidad ociosa preexistente y que fue acompañado de una "huelga de inversiones" que llegó a afectar el stock de capital acumulado. Como entre 2003 y 2008 el superávit fiscal fue el mayor de toda la historia económica del país (del orden del 3 por ciento del PBI) más de 50 mil millones de dólares fueron dilapidados en pagos a la deuda y en la compra de dólares para acumular reservas y evitar que el ingreso enorme de divisas tirara abajo el precio del dólar. El dólar que, como señalamos, se mantuvo fijo y convertible durante más de un lustro. Las crecientes obligaciones externas con el paso del tiempo y, finalmente, el estallido de la actual crisis mundial, han llevado al colapso al plan antineoliberal de los Kirchner que, como en el caso de sus predecesores liberales, no es sino una política capitalista que no puede superar sus propias limitaciones en un estadio de descomposición muy avanzado del capital, aquí y en el mundo.


 


La expresión más acabada de este final de función es la monumental fuga de capitales que afecta a la economía nacional: suma más de 40 mil millones de dólares desde 2007, excediendo considerablemente la fuga que precedió al final del gobierno De la Rúa-Cavallo en 2001. El gobierno "antineoliberal" de los Kirchner fue la emergencia resultante de una crisis de alcance mundial. La crisis presente es el final de esa misma experiencia gubernamental, de su carácter inconsistente y de su naturaleza profundamente capitalista (ni nacional ni popular).


 


Cuando se oponen de un modo abstracto los elementos de la política del liberalismo y del antineoliberalismo (dólar barato-dólar caro; endeudamiento-desendeudamiento; déficit fiscal externo-superávit, etc.) no sólo se omite el contenido esencial de ambas políticas, sino que se oculta también su rol complementario una vez que se deja de lado la foto y se puede observar la película. Pero se esconde, además, lo que tienen en común: las privatizaciones se mantuvieron, los negociados no se investigaron, los activos mal habidos no fueron expropiados. Cuando se concretó parcialmente una nacionalización fue para proceder a una operación de salvataje del antiguo dueño, como es el caso emblemático de Aerolíneas Argentinas. En esta función, la política del gobierno Kirchner tiene una dimensión internacional si se tiene en cuenta el importante papel jugado por las autoridades argentinas para que el venezolano Chávez acabe de pagar un gran sobreprecio por la siderúrgica Sidor en Venezuela, amén de las prebendas que aseguren los negocios del monopolio argentino de la industria de acero.


 


En los últimos meses el gobierno argentino procedió a nacionalizar el sistema previsional privado que estaba en ruinas y luego de que durante más de una década sus propietarios cobraran "comisiones" de hasta el 40% de los fondos acumulados por administrar un negocio único (sus ganancias se incrementaban a pesar de que las inversiones financieras destinadas a preservar el fondo se desplomaban en forma irreversible). Pero ahora esos mismos fondos manejados por el gobierno están siendo usados para pagar deuda en los límites de un nuevo default, cuya posibilidad ha sido una y otra vez comentada en la prensa internacional. Se posterga el "default" externo con un "default" de los salarios diferidos acumulados por millones de trabajadores y expropiados por el Estado. De modo que en la actualidad el 80% de los jubilados cobra una jubilación mínima de 200 dólares, una cuarta parte del salario promedio de los trabajadores en actividad y que, según el orden constitucional vigente, debiera ser equivalente al 82% de ese mismo salario. Son los mismos fondos que se confiscan al sistema previsional los que también se utilizan para subsidiar al capital privado y camuflar las manifestaciones más evidentes de una muy severa recesión económica, en particular en el período que antecede a las elecciones legislativas de fines de junio próximo y frente a las cuales el gobierno se enfrenta con los límites de su propia descomposición y desprestigio popular. Se trata de un desfalco en línea con la gama de remedios que en el mundo entero se destinan a tratar de rescatar al capital en quiebra.


 


Neoliberalismo y antineoliberalismo son también una expresión del ciclo más amplio de la economía mundial bajo la hegemonía del capital financiero. Frente a una expansión del capital a préstamo y de un creciente y explosivo desarrollo de capitales ficticios que buscaban multiplicar las oportunidades de ganancia sin contrapartida en el crecimiento de la actividad productiva, los países "emergentes" fueron parte del mecanismo de absorción de tales recursos. Es un hecho, sin embargo, que toda inversión o crédito extranjero exige en algún momento la repatriación de ganancias e intereses, como es un hecho también que toda bancarrota implica la utilización de fondos que anteriormente circulaban en ámbitos de los cuales son sustraídos para procurar el salvataje de los capitales en quiebra. Argentina y los países atrasados se adaptan a esas manifestaciones cambiantes del ciclo capitalista en el mercado internacional con políticas igualmente cambiantes, que deben ser apreciadas de conjunto en relación con los espasmos de la economía global. Es en este sentido que neoliberalismo y antineoliberalismo se articulan e incluso se complementan de un modo que sería incomprensible fuera de la apreciación del proceso económico como un todo. Dicho de manera más simple: los liberales crearon una enorme hipoteca en los noventa como agentes del gran capital y el FMI; los antineoliberales pagaron la factura, sin alterar, por supuesto, la lógica general de la gestión social del metabolismo productivo por el capital, que es la cuestión esencial. Bajo la apariencia de políticas económicas opuestas se oculta la función común de planteamientos que deben ser integrados en una comprensión integral de los vaivenes de la economía capitalista nacional e internacional.


 


Se puede decir que el anticipado "antineoliberalismo" o el supuesto keynesianismo de la política económica argentina ilustró de antemano la naturaleza de la ola de "antineoliberalismo" mundial presente: está condenada, en el mejor de los casos, a preparar crisis y explosiones más severas. Con un agregado: Argentina, luego del tremendo pozo en el que cayó a principios de esta década, no fue rescatada para la actividad capitalista por el "antineoliberalismo" sino por la burbuja del mercado mundial, que produjo los años de "mayor crecimiento" de la economía capitalista en muchísimo tiempo. ¿Quién rescatará ahora al capital que es el corazón mismo del mercado mundial? Desastre no es Argentina, es el capitalismo mundial, ahora en la más severa crisis de su historia. Y no hay salida fuera de una política anticapitalista muy sencilla: ninguna suspensión o despido de trabajadores, nacionalización de la banca para rescatar a las víctimas, no a los victimarios; y un plan económico al servicio de los productores, no de los que lucran a costa de su trabajo. Como la estatización de la economía mundial avanza inevitablemente frente al quebranto generalizado del capital, esta salida ha tomado la forma de una consigna popular: salven a los trabajadores, no a los bancos y a los capitalistas.


Está en juego, en definitiva, una cuestión política decisiva, es decir una cuestión de "economía concentrada" decisiva: la naturaleza del Estado, la cuestión del poder. Que gobiernen los expropiados y no los expropiadores. Habrá que sacar, por lo tanto, las conclusiones pertinentes.


 


 


Notas


 


Presentado en la IV Jornada Internacional de políticas públicas.

Universidade Federal de Maranhao. Brasil. Agosto de 2009.


 


1. El tema lo analizamos en "Plan Cavallo, expropiación y crisis", en "En defensa del Marxismo” N° 15, Buenos Aires, diciembre 1996 y en "Violencia y Derechos Humanos", Inés Izaguirre (org.), Eudeba, abril 1998.


 

Argentina: historia y consecuencias de una crisis de la deuda jamás resuelta

Introducción
Para un análisis preciso de la crisis de la deuda latinoamericana (que, entre picos catastróficos(1) y períodos de ocultada vulnerabilidad, se viene arrastrando por más de veinte años), no se pueden dejar de lado los hechos previos generados por el cambio del sistema y de las fuentes de financiamiento mundial. Las transformaciones que tuvieron lugar a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en el sistema económico de los países más desarrollados, la abundante liquidez internacional de los años ’70, la dinámica de la economía norteamericana, son sólo algunas causas y circunstancias de un proceso de endeudamiento que ha evolucionado en un cuadro de progresiva integración económica y financiera, que alcanzó a todos los confines del mundo.

En un período, el de la segunda postguerra, en el que parecía que para activar el desarrollo económico bastaba con atraer capitales externos e invertir en actividades productivas para suplir la falta de ahorro interno, un gran número de países se encontró frente a la imposibilidad de pagar la deuda contraída.

En el ’61 se lanzaba el primer Decenio de las Naciones Unidas por el Desarrollo, que daba a los institutos especializados de la ONU la tarea de crear condiciones favorables al desarrollo para los países del tercer mundo. El debate teórico sobre las cuestiones del desarrollo planteaba que la solución al problema del subdesarrollo se encontraba en el aumento del volumen de las transferencias de recursos a los países periféricos . Desde ese momento se inició la subordinación del crecimiento al reembolso de la deuda y la dependencia de los aportes de capital extranjero; prácticamente se había legitimado el reconocimiento de la responsabilidad de las naciones industrializadas para con los países en vías de desarrollo. La deuda comenzaba a crecer por sí misma y a comprometer al propio desarrollo para el cual había nacido. La teoría dominante al servicio de los potentes Estados occidentales, y de los Estados Unidos en modo particular, planteaba tesis surrealistas con el fin de buscar medios y lugares en los cuales descargar la crisis de sobreproducción y encontrar nuevas fuentes de ganancias. Los organismos internacionales (teóricamente super partes, aunque en realidad dominados por los Estados Unidos) como el FMI o el Banco Mundial, cumplían su rol en el desmantelamiento de las débiles defensas de la industria de capitales nacionales en los países periféricos y, de esta forma, entraba en juego el mecanismo de los préstamos y las “ayudas”. Se decía que faltaban capitales en países en los cuales había sobreabundancia de recursos; se definía como ayudas al saqueo de los préstamos e inversiones extranjeras, y al drenaje de la riqueza que se hubiera conseguido; en América Latina se llamaba a los latifundistas a que realizaran la reforma agraria, o a la oligarquía a que aplicara la justicia social. Sustrayendo de la región muchos más dólares de los que se habían introducido, los prestamistas se enriquecían y los países beneficiarios, en lugar de desarrollarse, se empobrecían.

Considerando que el crédito es el correlativo de la deuda, se puede notar cómo este fenómeno, llamado “espiral de endeudamiento”, es una forma típica de acumulación de ganancias del actual sistema económico capitalista. En esta situación, la única cosa que queda de lo ‘transitorio’ en los movimientos de capital, no es una entrada inicial en pos de un crecimiento a largo plazo (como lo suponen las teorías del desarrollo), sino especulación financiera y, precisamente, volatilidad.

Si se observa la suma efectivamente puesta a disposición del flujo bruto de recursos de entrada menos el flujo bruto de salida debido a los servicios de la deuda, es clara la ausencia absoluta de una relación positiva entre el recurso a los préstamos externos y el desarrollo. Desde el ’83, los flujos de salida debidos al servicio de la deuda se tornaron mayores que los flujos de entrada, verificándose una situación paradojal: el volumen de recursos a disposición de los deudores era inferior a los que habrían tenido en ausencia de la deuda. Esto sucedió en varios países de América Latina, los cuales, tras una serie de vínculos de dependencia con los países más ricos, más que ante el despegue tan esperado se reencontraron ante una vorágine de endeudamiento que prosigue hasta el día de la fecha. En realidad, la caridad internacional no existía, sino que surgía a partir de los asuntos internos de los países donantes, los cuales esencialmente se ayudaban a sí mismos.

Hoy, la extrema volatilidad de las tasas de cambio y de interés, y las recurrentes crisis de insolvencia, llaman la atención sobre la vulnerabilidad del sistema financiero. Desde los años ’80, los tenedores de intereses son principalmente instituciones financieras privadas, y no una infinidad de ahorristas; su exposición es tan alta que confiere un elevado nivel de fragilidad a todo el sistema. Hasta que pudieron, los bancos no dudaron en prestar fondos a los países endeudados; el objetivo era exprimir la mayor cantidad posible de intereses(2). Con los préstamos de un banco, se pagaban los intereses de deudas contraídas con otro y, de esta forma, el sistema bancario de conjunto financiaba el pago de los intereses, pero cada banco particular mantenía la ilusión de obtener el pago de los intereses y el reembolso de sus préstamos otorgados.

A partir de los años ’80, tuvo lugar la más importante transferencia de recursos desde países endeudados hacia el resto del mundo, con el consiguiente agravamiento de los desequilibrios internos, sectoriales y globales de los países más pobres. Desde el ’82, una serie de crisis de la deuda en los países emergentes ha dominado el escenario económico in- ternacional(3), presentándose nuevamente y con toda claridad en los últimos veinte años.

Argentina es uno de estos países.

La crisis argentina
Argentina es un país que, en el curso de pocos años, ha acumulado una deuda de vastísimas dimensiones y que, a finales de 2001, se encontró frente a una crisis tan profunda como previsible. La crisis no fue sino el desenlace de una larga serie de desequilibrios acumulados y dejados de lado durante muchos años. Fue el resultado de un modelo económico conocido como ‘neoliberal’ que, primero bajo la dictadura, luego bajo la democracia, fue instrumentado por medio de la desregulación de los mercados.

 

Los años de la dictadura militar fueron los de la primera apertura consistente del sistema argentino al mercado de capitales. Las políticas económicas de este período promovieron: la apertura comercial y financiera al exterior, la liberación de los precios, la reducción de los subsidios a las empresas, la concentración de la riqueza a través de la redistribución de los ingresos de manera inversa en relación con los asalariados, la internacionalización de la economía en dirección a la agroexportación, la dependencia del financiamiento exterior y el desmembramiento del aparato productivo. La industrialización sustitutiva dejaba su lugar a la especulación financiera, que arrastraría al país en una espiral de endeudamiento cada vez más profunda. La deuda externa del ’76 al ’83, pasó de 8.279 millones de dólares a 45.087 millones, por un valor del 50% del total de las exportaciones y del 9% del PBI. En 1983, el 90% de esta suma estaba constituida por deuda financiera y el 10% por deuda comercial; casi la mitad de la deuda financiera, el 44%, servía a financiar la exportación de capitales y el 33% a pagar los intereses y las amortizaciones.

 

Todo esto tenía lugar en un momento histórico en el cual los superávit financieros producto de los shocks del petróleo brindaban fuentes de financiamiento muy accesibles. El argentino no era el único caso de subyugación de una economía nacional a los intereses extranjeros, sino que se insertaba en un contexto en el cual muchos países latinoamericanos estaban igualmente involucrados en esta lógica de dominio y de capitalismo parasitario. Los regímenes militares, en pocos años, habían drenado gran parte de los excedentes de capitales provenientes de los países dominantes.

 

La modalidad de intervención en los años ’90 siguió orientada a la liberalización de los movimientos de capital y de la política comercial. El gobierno de Carlos Menem dio inicio a una fase que aparentaba ser de renovado bienestar: el último destello de optimismo antes de la catástrofe. Entre el ’90 y el ’91, bajo la bandera del Consenso de Washington, Menem privatizó compañías aéreas, televisión, correo, teléfonos y ferrocarriles; realizó recortes en los gastos públicos (sobre todo en los sectores de salud, educación y justicia), devaluó el austral y realizó una apertura a las inversiones extranjeras. Después de esto, Domingo Cavallo, en el ’91, adoptó la convertibilidad, que fijaba rígidamente la tasa de cambio entre peso y dólar; de esta forma, daba la seguridad de que, al momento de retirar los capitales del circuito financiero argentino, no habría pérdidas vinculadas con las variaciones del cambio. Desde 1991 a 1998, la adopción de este plan parecía demostrarse como un éxito. El programa de estabilización basado en la ley de convertibilidad y el desprendimiento de propiedades públicas por medio de la privatización de las empresas del Estado (el 66,3% de las empresas nacionales fue adquirido por empresas extranjeras) permitieron una temporaria reestabilización de las finanzas públicas. Pero la estabilidad monetaria, la creación de un cuadro normativo favorable a los inversores extranjeros, la flexibilidad laboral, la liberalización del régimen de cambio, la solidez de la política macroeconómica, eran todos instrumentos individuales de un mismo mecanismo especulativo. Cavallo conciliaba los intereses de los grandes financistas mundiales con los grupos económicos internos dominantes. Así como había hecho en el período de la dictadura, daba ventajas a los empresarios y financistas locales y al capital financiero; asociando a unos con el capital extranjero en las privatizaciones de las actividades estatales, y a los otros con la garantía de beneficios y fáciles ganancias.

 

En el mismo período, la economía norteamericana seguía creciendo, a costa de otras economías, utilizando una táctica especulativa bien precisa: creaba las condiciones ideales para que los capitales pudieran ingresar y mantenerse sin impedimentos en los mercados extranjeros, el tiempo justo para extraer ganancias, para después, con la misma facilidad, salir y transferirse a otro lugar. De esta forma, la otra cara de la moneda de la deuda externa argentina, acumulada primero bajo forma de préstamo, luego como inversiones de portafolio, no era otra que el crédito, cada vez mayor, que tenía en los Estados Unidos a su principal beneficiario y acreedor. En pocos años, el crédito privado especulativo, de ningún modo ligado a la producción, había aumentado enormemente.

 

El gobierno menemista concluía con una deuda externa que, en una década, se había duplicado y cuyos intereses absorbían casi el 25% del presupuesto nacional. El déficit fiscal era cercano a los 10 mil millones de dólares y la deuda pública total superaba la mitad de lo que producía el país: pasó del 25% del PBI al inicio de los años ’90 al 52% en 2001.

 

Argentina, en todos estos años, privatizó, recibió inversiones extranjeras, mantuvo la convertibilidad con el dólar y, finalmente, acumuló una deuda de proporciones increíbles. Todo esto fue resultado de un modelo económico liberal; la receta ordenada y monitoreada por el FMI(4) y por los otros organismos de crédito internacional, perfectamente alineados con la estrategia de expansión del sistema capitalista a escala mundial. El FMI se refería al país como “el alumno modelo”, el “mercado emergente sin contraindicaciones”, símbolo del éxito de la integración de la economía en las relaciones internacionales y de la aplicación puntual de las recetas sugeridas(5). Pero, mientras tanto, los problemas macroeconómicos acumulados arrastraban al país a una fase de recesión.

 

La crisis fue precedida por dos años de estancamiento económico, por la excesiva apreciación del peso y el persistente deterioro de los ingresos fiscales. Esa situación hizo crecer los temores sobre la capacidad del gobierno para pagar sus deudas y sobre la posibilidad de una devaluación inminente. A partir de entonces, el fundamento de estas dudas se fue mostrando cada vez más acertado; el financiamiento, tanto nacional como extranjero, comenzó a ser dificultoso. Las condiciones terminaron de agravarse a finales de 2001, cuando los especuladores comenzaron a retirar fondos de sus depósitos bancarios, forzando al gobierno a declararse incapaz de honrar las deudas adquiridas.

 

La era de la convertibilidad no era sólo un esquema monetario; era un verdadero proyecto de dominación, en el cual la estructura económica terminaba enteramente en manos extranjeras. En ese contexto, maduraba el más preocupante clima de desconfianza en la política y en las instituciones. De diciembre de 2001 a enero de 2002 cayeron, uno tras otro, como en un juego de bolos, cinco presidentes.

 

El colapso de Argentina, en términos de repercusiones económicas y sociales, ha superado todas las crisis recientes de los países periféricos: expropiación de los pequeños ahorristas, bancarrota de las fábricas, cierre del comercio, devaluación de la moneda, empobrecimiento masivo, desocupación generalizada, desaparición de la clase media y fuga de cerebros. Jamás había tenido lugar un colapso de este tipo en un país de América Latina con los índices de desarrollo social más cercanos a Europa.

 

La recuperación ilusoria

 

La recuperación de la economía argentina tuvo un curso bastante inmediato; a principios de 2002 se llevaron a cabo reformas financieras y de política cambiaria, cuyo objetivo principal estaba dirigido a la reorganización del marco macroeconómico. Los principales factores de la recuperación de la primera mitad de 2002 se podían encontrar en el ajuste del comercio exterior (la devaluación, el aumento de las exportaciones, el superávit de cuenta corriente y la reanudación de la producción nacional eran claras consecuencias) y en el papel del Banco Central (los préstamos del Banco Central al gobierno y a otros bancos permitían un mayor control sobre el sistema financiero y la circulación del dinero). El mercado de divisas se encaminaba a un proceso de estabilización. A finales de 2002, las presiones inflacionarias comenzaron a disminuir (en junio, el peso se había devaluado un 74,2%, haciendo subir la inflación semestral al 30,5%; con la apreciación posterior del peso, la inflación volvía a disminuir y ya en el segundo semestre de 2002 marcó una tasa de 8%), las reservas internacionales aumentaban (en los primeros meses del año se habían reducido en un 50%) y las tasas de interés disminuían.

 

La situación comenzó a estabilizarse en la segunda mitad de 2002, pero 2003 fue el año en el que realmente se pudo hablar de “recuperación”. Con la elección de Néstor Kirchner parecía que la relación entre la política y la sociedad, fuertemente comprometida en años anteriores, se hubiera restaurado y que finalmente se recomponía un clima de estabilidad política y económica. Sin embargo, para evaluar la situación en su conjunto, no se puede dejar de recordar que la recuperación se inició a partir de niveles muy bajos tras la crisis. La estabilización parecía indicar el camino de una recuperación apreciable, pero efectivamente era más una cuestión propagandística que real; de hecho, mientras la economía volvía a crecer a un ritmo sostenido, la regresividad distributiva seguía afectando al sistema.

 

Evaluando los indicadores económicos del período posterior a 2002 hasta la actualidad, se puede ver claramente una continuidad en el proceso de crecimiento del PBI de la Argentina. En 2005 se tocó un pico del 9,2%, una tendencia entre el 8 y el 9% en el 2006-2007, y una leve desaceleración en 2008. El crecimiento que hubo durante todos estos años fue, en su mayoría, producto del aumento de la producción de bienes destinados a la exportación y de los resultados de las empresas orientadas al comercio exterior que, sin embargo, no crearon ningún beneficio para la población. Es evidente que para este éxito económico contribuyó mucho también la llegada de nuevas inversiones y préstamos bancarios, sin los cuales no se habrían alcanzado los niveles récord de los últimos años. Muchos economistas han analizado con extrema confianza las potencialidades del modelo económico argentino alegando que la situación distaba mucho de la posibilidad de generar más crisis, pero no dijeron nada acerca de la vulnerabilidad del sistema y mucho menos sobre el deterioro de las condiciones sociales.

 

La recuperación de Argentina ha sido una reacción cíclica a la catástrofe precedente, y se produjo en una coyuntura internacional particularmente favorable. Una vez terminada esta etapa, en efecto, frente a una disminución de la demanda extranjera, los viejos temores se han vuelto a manifestar.

 

La nueva crisis de la deuda

 

Hoy, la situación parece evolucionar de una forma totalmente opuesta a las previsiones optimistas del período posterior a la crisis. Desde el último trimestre de 2008, y con mayor intensidad en el primer semestre de 2009, la economía ha comenzado a resentirse fuertemente por los efectos negativos de la crisis internacional. Desde 2007, Argentina sufre una fuga de capitales superior a la que tuvo en la antesala de su última crisis financiera; las exportaciones han caído, los precios de los productos primarios han comenzado a disminuir y el costo de la deuda creció. A esto se añaden problemas locales, como el constante aumento de la inflación y el conflicto del gobierno con el sector agrícola. Al final del primer semestre de 2009, el presupuesto de la economía argentina ha mostrado una consistente inversión respecto de la tendencia positiva de los años anteriores, y el proceso de desaceleración sigue su curso.

 

Al parecer, las perspectivas económicas dependen todavía de la evolución de la situación internacional, de los cambios en la demanda de bienes para la exportación y de la recuperación de credibilidad en los mercados financieros. El esquema actual de la economía evidencia la centralidad del régimen agro-exportador, la prioridad industrial de la sustitución de importaciones y la continuación del sistema de renta financiera. La declinación social se expresa por medio de la disminución de los salarios, el aumento del trabajo informal, la precariedad del sistema jubilatorio y el aumento de la pobreza. La deuda sigue siendo un problema sin resolver, y la dificultad para obtener financiamiento en los mercados internacionales vuelve a plantear la problemática de 2001. Tras la reestructuración de 2005, según las estimaciones oficiales, la deuda se habría reducido de un total de 178,8 mil millones de dólares (diciembre de 2003), alrededor de 140% del PBI, a 126.567 millones (31 de marzo de 2005), que representa 73% del PBI. Según los datos oficiales del BCRA, la deuda total a fines del primer trimestre de 2009 sería de 136,7 mil millones de dólares, es decir, 48% del PBI (este monto excluye a los acreedores que no han aceptado la oferta). La desaceleración de la economía y la reducción de los ingresos fiscales del Estado han hecho necesaria, en 2008, la reprogramación de determinadas cuotas de la deuda que no se habrían podido pagar (una operación que, a largo plazo, la hace más costosa). El recurso a los mercados internacionales se ha convertido en imposible a partir del cierre de relaciones con el FMI, el estancamiento de las negociaciones con el Club de París y el capítulo irresuelto de los holdouts no permiten que Argentina pueda beneficiarse de la credibilidad necesaria para acceder a financiamiento exterior. La agencia internacional de calificación J.P. Morgan llevó el riesgo país de Argentina de 600 a 1.800 puntos de julio a diciembre de 2008.

 

Hoy, Argentina está de nuevo ante la imposibilidad de pagar la deuda y todo hace pensar que, de aquí a poco, la situación desembocará en una nueva declaración de insolvencia. La situación actual es la mayor demostración de la continuidad de un modelo con fuertes desequilibrios internos y vínculos de dependencia externa. En Argentina parecen persistir dos datos estructurales irremediables: la pobreza y la deuda. Para comprender cómo se llegó a estos niveles, es necesario contextualizar la situación en el marco internacional y hacer un racconto de todos los determinantes que tuvieron intervención en el período posterior a la crisis: de la deuda a la restructuración, del colapso de la economía mundial a la caída de las tasas de cambio, y de esta situación nuevamente a la deuda.

 

La reestructuración insostenible

 

Cavallo había dejado, en diciembre de 2001, una acumulación de la deuda pública equivalente a 144.500 millones de dólares(6) (84.600 millones de deuda externa y 59.900 millones de deuda interna), que se habían reducido a 114.000 millones en abril de 2002 por efecto de la devaluación. A partir de ese momento, Lavagna (reconfirmado por Kirchner como ministro de Economía) multiplicó la emisión de títulos destinados a sostener los capitales afectados por la salida de la convertibilidad y el pasivo alcanzó, en diciembre de 2003, 178.800 millones de dólares. Ya en este período habían comenzado las negociaciones para la elaboración de un plan de reestructuración tras la crisis. En septiembre de 2003, el gobierno aprovechó la reunión anual del FMI y del Banco Mundial en Dubai para presentar una propuesta que esbozaba las líneas principales y la agenda a seguir para la renegociación.

 

La oferta de canje de la deuda de la República Argentina comenzó el 14 de enero y finalizó el 24 de febrero de 2005; el 3 de marzo, el gobierno anunció que el grado de aceptación había alcanzado el 76% de la deuda en default. La operación argentina se presentaba como la mayor reestructuración en el país y afectaba a todos los títulos colocados hasta diciembre de 2001 según 152 emisiones diferentes, y en siete monedas distintas. Dada la complejidad de la operación, y con el fin de negociar con los tenedores de los bonos y encontrar un acuerdo satisfactorio, el gobierno decidió hacer participar a siete grupos de bancos extranjeros y tres locales. Kirchner la calificó con satisfacción como “la negociación más exitosa de la historia”. Al parecer, no faltaban elementos para apoyar este entusiasmo; después de todo, se hablaba de una deuda que al 31 de diciembre de 2004 alcanzaba los 191.300 millones de dólares (es decir, 134% del PBI) y que, finalmente, después de un largo proceso de negociación, se reducía en su monto debido a una salida parcial del default más importante del país, que había comenzado ya hacía 38 meses. Se llevó a cabo el intercambio únicamente para la parte en default. Cavallo ya había hecho ese tipo de transacciones con el plan Brady y el megacanje; el mecanismo era el mismo, pero esta vez se adaptaba a un default mayor a 81.800 millones de dólares sobre un total de la deuda que, en febrero de 2005, llegaba a los 181.000 millones. El canje se realizó en un momento en que las tasas de interés internacionales eran excepcionalmente bajas y con pagos en plazos muy largos, con vencimientos de hasta 42 años.

 

Con la reestructuración se renovaban las obligaciones que estaban perdiendo su cuota de mercado; se sustituirían los títulos devaluados con tres tipos de bonos (par, discount y semipar), con descuentos, tasas, plazos y monedas diferentes(7). De los 191.300 millones de la deuda en el 66% estaba denominado en dólares, el 15% en euros, el 3% en yenes, un 3% en pesos argentinos y el 13% en otras monedas. Después de la reestructuración (excluyendo el monto de la deuda de los tenedores de títulos que no aceptaron el canje), sobre 125.200 millones de dólares el 37% estaba denominado en dólares, otro 37% en pesos, 14% en euros, 20% en yenes y el 10% restante en otras monedas. De esos datos se puede observar cómo cambió la denominación de los títulos.

 

Ya en el período inmediatamente sucesivo a este canje, algunos especialistas sostuvieron que la reestructuración de la deuda en default no benefició al país entero (como declaraba el gobierno de Néstor Kirchner), sino que, en realidad, escondía grandes posibilidades de negocios para las sociedades financieras a expensas del pueblo. Efectivamente, el gobierno, con este acto, no inauguró una ruptura con la lógica liberal(8) sino que, por el contrario, acordó muchas concesiones a los acreedores más poderosos; esto resulta obvio si se comparan las propuestas originales de Dubai con la versión final de la oferta de canje. La reducción de deuda fue de 40.000 millones de dólares, es decir el 50% en términos nominales. De cualquier forma, una cuota inferior al 75% que Néstor Kirchner había propagandizado y reconocido como una negociación digna, en defensa de los intereses de la Nación.

 

La salida de la crisis de la deuda por medio de la reestructuración de 2005 fue totalmente ilusoria; la renovada y actual incapacidad de hacer la frente a los intereses contraídos es la prueba evidente de la fundada sospecha que los especialistas alimentaban desde entonces. La vulnerabilidad del actual sistema económico es la consecuencia directa de la renegociación realizada por Kirchner y Lavagna, quienes cometieron una serie de inexplicables ‘errores’, dada la extrema previsibilidad de los resultados que implicaban algunas decisiones. Lavagna hizo un plan de sostenibilidad de la deuda del que se puede decir, como mínimo, que era inadecuado, que habría conducido inexorablemente a recurrir al mercado de préstamos.

 

Para hacer atractivos los nuevos bonos emitidos, se incluyeron cláusulas muy favorables en la oferta de canje. El 76% de los acreedores(9) aceptó la oferta de canje bajo las siguientes condiciones: una tasa de interés garantizada del 10-11% anual en dólares, dos veces y media mayor que las tasas de interés internacionales en 2005; el hecho de que buena parte de la deuda nueva (más del 40%) estuviera compuesta por títulos emitidos en pesos argentinos a una tasa de interés fija del 2% y con capital ajustado según el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia)(10)

 

Estas cláusulas, adoptadas para lograr que los acreedores adhieran al canje, son la base de la nueva deuda: el ajuste del capital por inflación, por ejemplo, significaba que por cada punto adicional de ésta la deuda crecería cerca de 600 millones dólares. Por otra parte, los bonos emitidos en moneda extranjera, que estaban atados a la tasa de crecimiento del PBI, obligaba a pagar intereses en forma geométrica, en función de los buenos resultados de la economía argentina en el período posterior a la crisis; es decir, esto costó (en término de intereses) aproximadamente 1.200 millones de dólares al año, considerando que Argentina, hasta 2008, había tenido tasas de crecimiento superiores al 8%. Además, había otro aspecto, ligado a la evolución del cambio, que influía sobre el endeudamiento argentino: el 86% de la deuda fue emitida en pesos y dólares, pero el 14% restante se realizó en euros, yenes y otras monedas que se estaban apreciando/revaluando respecto del dólar (el cual, mientras tanto, se devaluaba junto al peso). Todo esto producía un ajuste técnico posterior por la diferencia del tipo de cambio, que aumentaría incluso más la deuda.

 

La deuda pública argentina se dividía en tres partes: una era la contraída con los organismos internacionales, que se pagaba normalmente. Una segunda parte era la deuda contraída después de la crisis de 2001 (que permitió resolver el corralito, endeudando a toda la sociedad en beneficio de los bancos y de los inversores), que se pagaba regularmente usando fondos del Estado y restringiendo otros gastos o inversiones sociales necesarios. Por último, la parte de la deuda del canje, con vencimiento hasta 2045, constituía una verdadera y real hipoteca para las generaciones presentes y futuras.

 

La renegociación previó en efecto un alargamiento de los plazos de los bonos desde una media de 27 años hasta algunos que llegan a 42, lo que produjo una redistribución positiva de los pagos en un lapso más largo; además, los nuevos intereses, siendo mucho más altos que los del mercado internacional en 2005, fueron más bajos que aquellos precedentes de la reestructuración. Pero los compromisos para afrontar los vencimientos de la deuda eran de características tales que constituían un verdadero compromiso para las siguientes generaciones, hasta alcanzar una suma igual a 62.500 millones de dólares en los años siguientes a 2005(11), con una fuerte incidencia en los primeros tres: 13.500 millones de dólares en 2005; 14.900 millones en 2006; 13.500 millones en 2007; 9.200 millones en 2008 y 11.400 millones en 2009. Dada esta situación, toda la política económica estaba subordinada a las condiciones que imponía el pago de estas sumas y, sobre la base de tales obligaciones, el país se encontraba obligado a mantener un superávit fiscal mínimo del 3% del PBI durante muchos años, obligando a la población a grandes esfuerzos, al menos por los treinta años siguientes.

 

El plan del ministro de Economía, Lavagna, era el siguiente: crear un superávit fiscal permanente de forma de saldar los futuros intereses de la deuda. El efecto que implicaba este compromiso era una medida parecida a aquella que se adoptaba para convertirse en miembro pleno del FMI; es decir, significaba perpetuar la política de ajuste estructural de los últimos años y reforzar el modelo agroexportador de la economía para mantener algunos estándares económicos. Ligar el sistema económico a la variable predefinida del superávit fiscal fue una medida similar a la del sistema de convertibilidad con el dólar: se buscaba ofrecer garantías de estabilidad a los acreedores con el compromiso de mantener un excedente que impusiera cierta disciplina, pero los límites de un sistema de este tipo eran evidentes para todos. El superávit fiscal de 2004, por ejemplo, fue el resultado de los recursos extraordinarios procedentes de las retenciones sobre las exportaciones de trigo y petróleo, pero sobre todo fue fruto de una reducción de los gastos del orden del 20% respecto de 2001, que ya entonces resultaban insuficientes, y de un sistema impositivo regresivo. Según un análisis de Ismael Bermúdez, el excedente fiscal de los años siguientes al default no se explicaba por una mejoría del sistema de recaudación tributaria sino esencialmente por la reducción de los gastos, que fueron inferiores en valores constantes a los de 2001. El ajuste fue de tales dimensiones que el excedente del 3,9% de 2005, comprometido en los pagos al exterior, fue superior al presupuesto destinado a salud, educación, infraestructuras y agua potable. Por cada peso utilizado para el pago de la deuda, sólo 75 centavos se destinaron a los servicios esenciales para la comunidad. Es obvio que tal medida recaería sobre las condiciones sociales de la mayoría de la población, la que, en un contexto de pobreza generalizada, posteriormente vio reducirse los fondos necesarios del gasto público.

 

Lo que Lavagna omitió en las entusiastas declaraciones sobre el uso del superávit como medio de pago del pasivo fue que la continuidad de la eficacia de un método tal -además de consolidar la explotación del pueblo por varias generaciones- habría requerido las mismas circunstancias internacionales favorables que prevalecieron durante todo 2004. Aquel año, en efecto, hubo una buena situación tanto en el sector comercial, con el aumento de los precios de los bienes exportables, como en el sector comercial, con tasas de interés muy bajas, además de la capacidad del sistema interno de reaccionar rápidamente a la depresión post crisis. En aquel entonces Argentina se encontró en una coyuntura económica propicia, pero en caso de que la tasa de crecimiento hubiera empezado a ralentizarse (como ahora está sucediendo), las dificultades habrían emergido con fuertes repercusiones sobre la sustentabilidad del sistema. Mantener el superávit fiscal del 3% significaba mantener el clima económico predominante en el afortunado período 2003-2004 y respetar una tasa de crecimiento del PBI del 8 ó 9% anual, lo que a su vez habría requerido la duplicación del ritmo de las inversiones justo cuando la restricción fiscal redujo el margen de maniobra para promover políticas económicas que estimularan las actividades productivas. Así, aunque la totalidad del superávit previsto para los años siguientes hubiera sido suficiente para afrontar una parte de los pagos, para el resto Argentina habría tenido que buscar financiamiento en el mercado internacional o en el mercado interno, lo que significaba nuevos negocios para el sector financiero local y extranjero.

 

Argentina ha pagado durante mucho tiempo los intereses adeudados y ha amortizado capital, pero cuando esto no ha sido posible (porque los gastos superaban la alícuota del superávit fiscal destinado a tal fin), los intereses no pagados han sido capitalizados y los plazos refinanciados. Así ha seguido creciendo el círculo vicioso de la deuda. Lo que Kirchner denominaba normalización de la economía, se limitaba en realidad a las relaciones con el exterior: la reestructuración de la deuda tenía como prioridad un traslado de fondos al extranjero, y luego la búsqueda de capitales para el refinanciamiento y para las necesarias inversiones productivas. Lavagna recibió muchos elogios al final de la reestructuración, como Cavallo al principio de la convertibilidad; la salida del default despertó mucho entusiasmo, al igual que la baja de la hiperinflación. Por otra parte, se sabe, no hay mejor negocio que la especulación con los bonos de los países periféricos: mientras los títulos del tesoro norteamericano rendían cerca de 4,06% cada año, los títulos argentinos garantizaron un rendimiento del 11-12%.

 

El sistema de reestructuración adoptado no permitía de ningún modo anular la deuda, mucho menos pagar los intereses de manera indolora y sin recurrir a financiaciones ulteriores; se trataba sencillamente de ‘patear para adelante’ sin ninguna perspectiva futura más que la de asegurar nuevos beneficios a los capitalistas en busca de terreno fértil para sus inversiones. La nueva deuda después de los primeros meses de la reestructuración (considerando la suma de 19.800 millones de dólares de los poseedores que no aceptaron el cambio) fue de alrededor de 145.000 millones de dólares, más o menos el 84% del PBI, mientras que antes de la devaluación esta relación era del 57%. En diciembre de 2001 la deuda llegó a 144.500 millones de dólares; lo que demuestra cómo no se verificó de hecho una real reducción de la deuda sino un aumento de 500 millones sólo en aquel año. El superávit fiscal de Lavagna garantizaría la consolidación de la miseria, la segmentación social definitiva y la exclusión duradera de la mitad de la población por varias generaciones.

 

Con la operación de reestructuración, Kirchner no ha hecho otra cosa que reafirmar su autoridad política dentro de la clase dominante: es emblemático el ejemplo de los Préstamos Garantizados (PG), títulos de la deuda pública argentina recientemente implicados en un proyecto de canje.

 

Estos títulos provienen esencialmente del megacanje(12), el ‘canje estafa’ que permitió efectuar la enorme maniobra financiera que sirvió para hacer salir indemnes de la crisis argentina a los bancos internacionales; los mismos bancos que hoy se han derrumbado con la última crisis internacional. Según un estudio del CADTM (Comité para la anulación de la deuda del tercer mundo), la maniobra de saqueo y fuga de los especuladores en Argentina ocurrió en cuatro actos y con tres canjes sucesivos de los títulos de la deuda, que acabaron con la instauración del corralito.

 

El primer acto fue la creación del blindaje, un paquete de ayudas extraordinarias concedido por el FMI, el BM, el BID y el gobierno español. Estas ayudas sirvieron para crear la ilusión de la reconstrucción de un mejor clima financiero y la existencia de un rescate para la Argentina: los ahorristas interiores fueron persuadidos (con una desinformación general) para invertir en bonos de la deuda soberana próximos a caer en default. Con este acto, el FMI, el Banco Mundial y España se convirtieron en los grandes financistas de la fuga de capitales que estaba a punto de llevarse a cabo; mientras tanto, los bancos y las empresas extranjeras se pusieron a salvo de la catástrofe que se acercaba.

 

El segundo acto consistió en preparar el megacanje, un canje de bonos que serviría para aliviar al Estado del peso de la deuda. En realidad estaba recargándolo aún más, con un incremento de la deuda de 55.000 millones de dólares —preparando así el futuro ‘descuento’ de Kirchner sobre los títulos reestructurados. De este modo, los bonos que estaban en el extranjero entraron en los bancos argentinos, o en las sucursales argentinas de bancos extranjeros.

 

El tercer acto fue el canje de las reservas disponibles en los bancos argentinos (RML -requisito mínimo de liquidez) con los bonos del megacanje o con cualquier otro título público al alcance de la mano. Con esta práctica fueron transferidas al exterior enormes cantidades de dinero en efectivo con el que podía contar el sistema financiero argentino.

 

El cuarto acto fue la decisión del corralito bancario, visto que ni los bancos ni el sistema habrían podido funcionar sin reservas. Cavallo, gracias a estas operaciones, salvaría a los institutos de crédito de la bancarrota, y endosó al país el costo de la crisis. Los pequeños ahorristas fueron quienes, con la trampa de los depósitos, pagaron los costos, mientras las grandes empresas ya habían transferido sus depósitos. Los bancos comerciales a fines de 2000, dada la previsibilidad de la inminente crisis – generada justamente por su usura respecto al Estado, a las provincias y a los ciudadanos- se prepararon para estar a salvo y efectuar la incipiente fuga de capitales. Antes del corralito hubo una fuga de capitales de 22.000 millones de dólares.

 

Al mismo tiempo se realizó el tercer canje autorizado por el decreto de necesidad y urgencia 1387/01, convirtiendo los títulos del megacanje en préstamos garantizados. Con este último canje se cubrió el hurto de las reservas bancarias y se intentó esconder que la fuga de los depósitos bancarios no había sido solucionada, en realidad, con las reservas del sistema -defraudado- sino a través de una feroz reanudación de préstamos bancarios al sector privado que se practicó durante todo 2001, hasta que, colapsada definitivamente la actividad productiva, se precipitó en la crisis de fin de año. Con los PG se logró evitar que los títulos del megacanje cayeran en default, y se consiguió que entraran en la reestructuración de la deuda.

 

Según el estudio del CADTM, fue así que los bancos, con una capacidad de maniobra increíble, perpetraron una triple estafa: ante todo se apoderaron de las reservas pertenecientes a los ahorristas, reemplazándolas por títulos públicos, luego se preocuparon de que estos títulos no cayeran en default y, por fin, se cercioraron de que el Estado se hiciera completamente cargo de los costos del corralito y de la pesificación asimétrica. Los latrocinios como los de los préstamos garantizados no son para nada una realidad nueva en Argentina. Tal maniobra se ejecutó durante un gobierno democrático de molde aparentemente ‘progresista’, en el que presumiblemente funcionaron organismos independientes de control y justicia.

 

En 2007, como era previsible, con la crisis internacional, la situación de la deuda argentina se ha agravado ulteriormente. Muchos analistas y el gobierno nacional sostuvieron largamente que las turbulencias financieras mundiales no golpearían al país y que la economía estaba sólida; al mismo tiempo, sin embargo, se esperaba que la crisis no derribara los precios de los principales bienes de exportación y se miraba con alarma la caída de los bonos y el alza del riesgo país. En virtud de las dificultades para honrar los plazos de los intereses sobre la deuda de 2009, los PG han sido objeto de una ulterior renegociación.

 

En octubre de 2008, el gobierno argentino anunció un refinancia- miento de una parte de la deuda, por 15.000 millones de pesos. El canje implicaba una parte de los préstamos garantizados, mediante la emisión de nueva deuda en títulos públicos a tasas de interés variables, y con vencimiento en 2014. En febrero, el gobierno concluyó la oferta de canje sobre esos títulos en posesión de bancos y fondos de pensión locales e internacionales El canje había cosechado consistentes adhesiones, cercanas al 97%; los principales poseedores de estos títulos eran los bancos Galicia, BBVA-Francés, Ciudad, Nación y Credicoop. Después de la reapertura del cambio con el 3% de los poseedores locales que no aceptaron la oferta, adhirió el 99% de los acreedores por un total de15.500 millones de dólares.

Sucesivamente, se propuso la misma oferta al mercado internacional y consiguió un porcentaje de adhesión del 42,6%. Sumando el sector interno y el extranjero, entraron en la operación de los PG cerca de 19.100 millones de dólares sobre 23.800 millones.

 

A cambio de los viejos títulos, ajustables según la inflación, los bancos recibieron un título en pesos con vencimiento en 2014. Estos títulos el primer año brindarán un interés del 15,4%, para luego (hasta la fecha de caducidad) estar vinculados según la tasa variable Badlar; es decir, la media aritmética simple de las tasas de interés de los depósitos bancarios privados de más de 1 millón de pesos, más 2,75 puntos porcentuales(13).

 

El jefe de Gabinete, Sergio Massa, dijo que pagar la tasa Badlar a los bancos habría sido una solución para conseguir la estabilización automática del sistema financiero; pero en realidad este cambio no sólo prepara una sustancial mejoría en el pago de los intereses, que se duplican prácticamente, del 11% efectivo anual (CER más 4%) a más del 20% anual (Badlar + 2,75% anual), sino que además constituye una sustancial mejoría del flujo de los pagos a favor de los bancos a expensas del Estado. Los servicios de intereses pasarán a ser trimestrales en lugar de semestrales, lo que aumenta finalmente la tasa efectiva de interés. La modificación del tipo de interés y la modalidad de cálculo resulta particularmente ruinosa. Si la tasa Badlar llega al 20% anual, nivel que recientemente ha superado, significará un mayor pago a favor de los bancos, por más de 13.000 millones de pesos, casi equivalente al capital nominal de los PG reestructurados; todo eso se realizará a cambio de una prórroga, de algo más de dos años, del período de pago previsto por los PG con plazo entre 2009 y 2011. El costo de refinanciamiento por un período tan corto es obviamente desmesurado y lesivo de los intereses del país. La tasa variable podría ser muy perjudicial: en el pasado, préstamos conseguidos a tasas variables del 6% anual con los bancos internacionales a menudo acabaron con intereses superiores al 20% anual, dando así vida a las burbujas financieras.

 

Sobre los títulos canjeados, el gobierno ha simulado un descuento simbólico del 2%, aprobando una cuota nominal del 98%. Para los bancos es más provechoso un aumento de los intereses, también a costa de la disminución del capital, porque mientras el capital generalmente se paga al final, los intereses se pagan antes y periódicamente. Se trata de una tasa de interés impagable: el Estado se expone pagando el doble de los intereses a los banqueros, por importes por decenas de miles de millones de pesos. Es evidente que si todo eso es favorable para los banqueros, como siempre, los grandes perjudicados son los ciudadanos y el país, que sale robado. Los resultados de este canje son peores de los del famoso megacanje; pero, mientras tanto, el gobierno se jacta de haber conseguido un gran éxito y de haber reparado los errores de entonces.

 

Según la presidenta Kirchner, el canje habría demostrado las virtudes de la economía argentina y la ‘responsable’ gestión de la deuda pública. Pero el fuerte interés en renovar los PG manteniendo garantías a favor de los acreedores, con un altísimo costo para el país, y a cambio de un leve respiro en términos de plazos, evidencia que en los PG hay algo rancio. El gobierno ha caído en un acto que la justicia debería investigar porque, además de pagar una deuda odiosa, procedente del saqueo bancario de 2001, se pagaría dos veces la misma deuda fraudulenta, lo que sería un fraude todavía peor. La Kirchner, a pesar de la existencia de acciones penales abiertas contra la sucesión de operaciones fraudulentas como el megacanje o el corralito bancario, ha permitido el cuarto canje de la deuda pública.

 

La operación de cambio de los PG, además, esconde otro grave engaño. El gobierno se jacta de haber conseguido una adhesión de casi el 100% de parte de los bancos, pero omite que tanto el Estado como los bancos, en secreta complicidad, fueron prácticamente obligados a renovar los plazos de los PG. Esto sucedió, por un lado, porque el gobierno no tuvo fondos para pagar los plazos y, por el otro, porque los bancos estaban imposibilitados de recibir el pago para cancelar la deuda, puesto que los títulos no estaban en las manos del garante, la Caja de Valores(14), que habría tenido que devolverlos al Tesoro nacional una vez que hubiera anulado los PG. Esta obligación no pudo ser satisfecha porque los títulos, que indebidamente estaban en Nueva York, fueron secuestrados por el juez Thomas Griesa, a causa de la solicitud convenida con los poseedores de títulos argentinos que no aceptaron el cambio de Kirchner y Lavagna -holdsout(15). Tanto el gobierno como los bancos, así como la Caja de Valores, se niegan a dar una explicación plausible de por qué esos fondos estaban en Nueva York. Evidentemente, de 2001 al 2007, de Cavallo a los Kirchner, alguien cometió otra traición contra los intereses del país, que tanto el gobierno como los bancos tratan de esconder con el canje de los PG.

 

Hoy, a pesar de los pagos efectuados y las innumerables renegociaciones, la deuda vuelve de nuevo a crecer y a condicionar el desarrollo del país, justamente cuando éste celebra el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Para salir de la crisis y recobrar credibilidad en el mercado financiero, se habla de reabrir el canje con los holdsout y de saldar la deuda con el Club de París. El pueblo argentino es de nuevo víctima de una administración estafadora. No es casualidad que para la reapertura del canje de 2005 se haya nombrado a los mismos bancos que intervinieron en el famoso megacanje, en la conversión de la deuda a PG en 2001, y que fueron los que lideraron el saqueo de las reservas financieras el último año.

 

Recientemente, con la creación del “Fondo Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad”, el gobierno ha decidido de nuevo privilegiar a los acreedores en detrimento de la mayor parte de la población. Este fondo está compuesto por 6.600 millones de dólares procedentes de las reservas internacionales del país y tiene como fin garantizar al menos la mitad del pago de los créditos que vencen en 2010. El objetivo último es siempre reinsertar al país en el sistema financiero internacional y acceder así a los préstamos con tasas de intereses inferiores a las que se pagan actualmente. Sustancialmente se opera en la misma lógica del famoso Blindaje, y tal como entonces se ponen las reservas del país como garantía de pago. La presidente Kirchner justifica el empleo de tal fondo como la continuidad de una política de desendeudamiento por medio del superávit fiscal y la acumulación de reservas iniciada en 2003.

 

En 2010, Argentina tiene que afrontar vencimientos de la deuda por 13 mil millones de dólares; 6 mil millones y medio probablemente se pagarán al Club de París y al menos otros 30 mil millones se reconocerán y recontratarán con los poseedores de títulos argentinos. De estos presupuestos emerge la absoluta voluntad del gobierno y la oposición de seguir indemnizando a los acreedores antes que gastar recursos en obras públicas y servicios sociales útiles a la población. El uso de estas reservas es sólo la última idea para cubrir la nueva crisis de la deuda.

 

A la luz de las acciones judiciales presentes en el país y del problema del embargo de los títulos garantizados por parte del juez Griesa, lo que debería haber hecho un gobierno honesto sería no efectuar ningún canje, e interrumpir el pago de la deuda al menos hasta que la justicia no haya agotado completamente la investigación sobre lo ocurrido en 2001. En cambio, como siempre ha ocurrido en la historia argentina, la Presidenta y sus ministros han transformado la deuda en ‘préstamos garantizados’ con los bancos en títulos de la deuda pública. Una salida parecida al Plan Brady de Cavallo en 1992, que transformó los créditos conseguidos por los bancos internacionales en títulos públicos. El resultado de esta operación ha mejorado temporalmente las condiciones de solvencia del gobierno pero, al mismo tiempo, está lejos de ser una solución y el país ha recaído en el círculo vicioso de la deuda. Ese círculo vicioso consiste en esto: buscar cada vez una forma de escamotear para seguir adelante y evitar el default.

 

Pero tal como entonces, después de sucesivos canjes y refinanciamientos, estos títulos darán vida a una burbuja financiera parecida a la que golpeó al país en 2001.

 

La crisis internacional y la caída de las tasas de cambio

 

Con la explosión de la crisis inmobiliaria estadounidense terminó la época del dinero a bajo costo. A diferencia de los colapsos económicos precedentes, esta vez la crisis ha encontrado su epicentro en el corazón del primer mundo y su rápida expansión se explica tanto por el peso de la economía estadounidense sobre la mundial como por el hecho de que el endeudamiento global de los Estados Unidos (del Estado, de las empresas privadas y de los inmuebles) era casi tres veces la capacidad de producción anual del país. Es una crisis de naturaleza sistémica que ha golpeado cada esfera del sistema productivo capitalista y que se ha iniciado mucho antes de la explosión de la burbuja especulativa, pero que ahora se muestra en todo su alcance con el retiro de los capitales del mercado y con la consiguiente desaceleración de las otras economías. Ahora se pide a los Estados intervenir para socializar el fraude de los banqueros, de los inversores y de los especuladores del capitalismo construido bajo la hegemonía ‘neoliberal’. Así, el Estado, que en general favorece la concentración industrial y bancaria, adquiere o interviene para sostener a las empresas en dificultad. La socialización de las pérdidas, bajo el nombre de intervencionismo estatal, es el medio al que recurre el capital cuando está en crisis.

 

Luego de agosto de 2007, cambió la situación de la deuda, tanto de los países periféricos como de los centrales. Hasta la segunda mitad de los años ’90, la deuda pública de los países en cuestión creció enormemente. En la actualidad, este aumento está adquiriendo proporciones alarmantes, pero con una tendencia histórica fundamental: los países de renta media ven un crecimiento de la deuda decididamente más consistente que los países más pobres.

 

En este breve período, la crisis del mercado hipotecario estadounidense se ha transferido a los mercados financieros locales de tres formas: con la rebaja de los precios de las actividades locales; exponiendo a los inversores y a los deudores a una suba de las tasas de interés a corto plazo en dólares; y frenando la posibilidad de colocación de la deuda en el exterior para los sectores público y privado, a causa del aumento del costo. Los países periféricos sufrieron importantes secuelas debido al endeudamiento externo. Las agitaciones del mercado internacional y las oscilaciones del dólar han hecho que el costo de los recursos localizables en los mercados internacionales aumentase y que el riesgo de los títulos de la deuda emitida por los países emergentes se ampliase, haciendo de este modo subir las tasas de interés. El aumento del riesgo a su vez ha producido una mayor volatilidad y en consecuencia la liquidación de las actividades especulativas extranjeras en estos países. La aversión al riesgo ha sido un factor relevante para todos los países periféricos porque ha tenido un impacto significativo sobre la dirección de los flujos de capital y se ha traducido en un enfriamiento de las posibilidades de obtener crédito.

 

América Latina ha resultado golpeada tanto en el plano financiero como en el productivo: las exportaciones cayeron debido a la reducción de las compras de parte de los países industrializados y, al mismo tiempo, los precios de las materias primas (los principales productos exportados por los países sudamericanos) han comenzado a bajar(16), el crédito disponible se ha vuelto escaso y la capacidad de maniobra de los gobiernos se ha reducido sensiblemente.

 

En el año 2008, las principales economías de Sudamérica habían tenido una discreta evolución económica con un crecimiento más o menos consistente, que comenzó a redimensionarse en el tercer trimestre del mismo período. La recesión de la región latinoamericana, de hecho, comenzó en el cuarto trimestre de 2008. El PBI de la región (que había crecido en promedio el 5% anual desde 2003 hasta 2008) en el primer trimestre del año 2009 disminuyó en tres puntos porcentuales.

 

El panorama de la deuda externa se ha vuelto más complejo en los últimos años cuando, en el contexto de una integración cada vez más fuerte de los mercados financieros y de las desregulaciones de los movimientos de capital, se ha generado una tendencia a la conversión de la deuda en títulos del mercado financiero interno. Otra característica del proceso de endeudamiento actual, en efecto, ha sido el crecimiento exponencial de la deuda interna pública de los países periféricos. La acumulación de superávit fiscales sólidos ha permitido a muchos países pagar el servicio de la deuda y, así, en muchos casos se ha cerrado el vínculo con los acreedores externos y el FMI.

 

Sobre todo en América Latina se ha observado una reducción importante de las cifras de la deuda externa, mientras la deuda interna ha crecido en forma notable. Si en el año 1998 la región mantenía una cantidad de deuda externa e interna más o menos similar, ya en el año 2006 la deuda interna representaba el triple de la externa.

 

En los últimos años se ha ampliado muchísimo la emisión de títulos nacionales y locales en toda la región. La emisión de este tipo de títulos por parte de los gobiernos de los siete países más importantes de la región ha crecido el 337% en el período comprendido entre finales de 1995 y 2005 alcanzando 895.000 millones de dólares, lo que representa, aproximadamente, el 40% del PBI agregado de todos estos países. Si se compara esa cifra con el volumen de títulos emitidos por esos mismos gobiernos en los mercados de deuda internacional durante el mismo período, se nota un crecimiento de apenas el 65%: 264.000 millones de dólares. Es evidente entonces que el mercado de obligaciones locales se ha convertido en la principal fuente de financiamiento para el sector público y privado.

 

Según Eric Toussaint, tanto la deuda externa como la interna son cuestiones centrales en el sistema económico actual, porque reflejan un arma en la mano de los acreedores (o sea del FMI, el Banco Mundial, los bancos del norte y las clases dominantes de los países ricos y no ricos) para imponer a los pueblos de los países periféricos, con el apoyo de sus gobiernos, políticas liberales; es decir, en favor de las privatizaciones, de la supresión de los subsidios a los productos y a los servicios básicos, por el aumento del IVA y por otras medidas que significan de hecho una verdadera y auténtica recolonización.

 

Pero esta última crisis global demuestra también cómo el problema de muchos países de América Latina no reside exclusivamente en el acceso al crédito internacional sino en el vínculo persistente y estructural del modelo económico agro-exportador; o sea que el sector que sostiene un desarrollo centrado esencialmente en la extracción de recursos naturales para vender en el mercado mundial. Muchos países de la región siempre han tenido un bajo grado de autonomía de la economía, muy condicionada, a nivel financiero, comercial e industrial, por el funcionamiento del mercado mundial. Tal estructura económica, además de tornar precarias las condiciones de desarrollo, crea un vínculo de dependencia muy fuerte y difícil de erradicar con los países importadores. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países latinoamericanos han apuntado al sector agro-exportador para interceptar recursos financieros con destino a la industrialización o al pago de la deuda.

 

La agro-industria ligada al petróleo, al gas natural, a los metales, a la soja, continuó siendo la principal fuente de desarrollo de estas economías. Según la Cepal, las tasas de intercambio de América Latina han caído un 15% en el curso del año 2009. Los precios de las materias primas luego de la gran especulación de 2008 han caído, en febrero de 2009, respecto de su nivel máximo; los precios se han reducido en las siguientes proporciones: 51% para el petróleo, 18% para los productos alimenticios, 50,6% para el arroz, 47,9% para el maíz, 49,9 para el trigo, 37,9 para el cobre, 49% para los metales.

 

Un buen ejemplo de cómo el funcionamiento de la economía está ligado a los condicionamientos externos es el de la soja, el principal producto de exportación de países como Brasil, Argentina y Paraguay. El precio de este producto había tocado picos del orden de los 600 pesos por tonelada, para caer a casi la mitad en 2009. Lo mismo es válido para el precio del maíz, de los granos y de otros productos agrícolas, tanto como para el mercado de los biocombustibles También han caído los precios de los minerales. Los gobiernos y muchos académicos no parecen tomar conciencia de que están frente a una crisis del modelo agro exportador. El desarrollo alimentado por la exportación de bienes primarios encuentra límites externos muy fuertes, que sumados a los límites internos, expresados por los conflictos sociales locales y del impacto ambiental, producen fuertes desequilibrios.

 

Uno de los resultados de esta crisis es la importante cuestión agraria y de los ganaderos, que aflige a muchos países de América Latina. Se busca incentivar la actividad productiva en todo el territorio, hasta donde lo permite la infraestructura existente. La crisis genera un impacto ambiental durísimo y la agricultura familiar y campesina paga las consecuencias.

 

La agroindustria argentina

 

Argentina, como los otros países de la región latinoamericana, se ha orientado siempre a un tipo de desarrollo ligado a la exportación de productos agrícolas, pero fue sobre todo luego de las políticas liberales de Menem que se abrió definitivamente el camino al modelo agro exportador. Menem desmanteló las restricciones al desarrollo de este sector con una serie de decisiones; las más importantes fueron: anulación de los impuestos a las principales exportadoras y cancelación de todos los aranceles sobre la importación de herramientas e ingresos destinados a la agricultura, es decir aquello que había restringido la productividad reduciendo la utilización de fertilizantes, de maquinaria, etc. Un signo evidente del cambio que se estaba desarrollando fue también el incremento del flujo de inversiones exteriores sobre todo en algunos sectores como las oleaginosas (soja, girasol) y de la industria de la alimentación y labranza.

 

En 1997, la Argentina fue el primer país en autorizar la utilización de la soja Roundup Ready, de Monsanto, en sus cultivos. La soja es ahora el principal alimento de cría de ganado, del cual Argentina es un gran productor. Desde 1971 a 2002 los cultivos de campos de soja han aumentado de 37.000 a 11,6 millones de hectáreas y las cosechas han aumentado en sólo cinco años (del ’97 a 2002) en un 173%. El sector agro-exportador creció a ritmos ininterrumpidos durante los primeros años de 2000 (a una tasa del 5,7%), sin tener nunca un freno significativo. Hoy en día, Argentina es uno de los primeros productores de soja y de productos transgénicos del mundo. Impulsado por las ganancias que produce este alimento se han destruido bosques, se han desalojado comunidades indígenas y campesinas y han aumentado los precios para el mercado interno.

 

El impulso modernizante del sector agrícola ha sido de tipo capitalista y ha acentuado enormemente la concentración de la riqueza en manos de pocos. Se ha creado una agricultura sin agricultores, formada por extensiones grandísimas, erradicación de las poblaciones rurales y de los medios y pequeños productores. Las pequeñas propiedades se han reunido generalmente en unidades productivas medianas, grandes o grandísimas que han aplastado completamente a las pequeñas. Una forma de capitalismo agrícola muy difundida es la del joint venture, o sea la coparticipación de empresas de propietarios y financistas argentinos y de grandes compañías internacionales para el alquiler y cultivo de pequeñas propiedades agrícolas. El éxito de este proceso ha sido un incremento enorme de la exportación agrícola.

 

Hoy, casi la totalidad de la superficie cultivada se concentra en la franja más rica de la población y en las manos de la pequeña burguesía media rural, por un total superior al 90%. La franja de los pequeños y pequeñísimos agricultores retiene poco más del 11%. Una amplia franja de la población rural (49%) está compuesta de familias que residen en los campos sin poseer un lote de tierra que les permita garantizar la subsistencia y que, por lo tanto, completa sus ingresos con trabajos asalariados como jornaleros o bien en la ciudad.

 

Muchas empresas internacionales están literalmente desalojando a comunidades indígenas y familias de agricultores para extender sus cultivos o incrementar su actividad extractiva. La Benetton es el más grande propietario de tierras en Argentina: su propiedad abarca cinco provincias y se extiende por centenares de kilómetros cuadrados. Entre las comunidades locales de algunas regiones y el grupo Benetton ha nacido una verdadera lucha por las demandas de parte de los primeros de ver reconocidos sus derechos sobre las propiedades. En el último decenio, esta sociedad se ha lanzado a la compra de latifundios, acumulando 900.000 hectáreas de tierra en varias provincias de la Patagonia. Buena parte de esta inmensa riqueza es, desde hace años, objeto de disputa entre las comunidades mapuches y sus nuevos propietarios. Las expropiaciones y los desalojos forzados han llevado a los indígenas a una situación de extrema pobreza, pero ellos continúan exigiendo la restitución de su territorio. Son muchas las causas iniciadas contra la Benetton y muy pocas las resueltas en favor de los mapuches. La ley actual prevé el derecho de usucapión después de 20 años pero, gracias a los miles de sutilezas legales y a las posibles excepciones que velan los fuertes intereses económicos para la posesión de estas tierras, tal derecho no siempre se aplica. El problema es que en Argentina falta desde siempre una ley de propiedad clara y precisa, que establezca la posesión de los campesinos respecto de la tierra que cultivan por decenios. Es un problema eterno, similar al de otros países de América Latina, y que crea fuertes dramas sociales de gente que, mediante amenazas, maltratos y desalojos, es obligada a dejar casa y cultivos y partir.

 

Muchas de las tierras que ahora se demandan para el cultivo de la soja fueron utilizadas en el pasado como garantía para grandes créditos. Muy a menudo ha ocurrido que se producen quiebras y las parcelas son dejadas allí durante años, sin cultivar, registradas en el catastro y archivadas entre otras posesiones. Luego de que con la subasta pública se desalojaba a los campesinos que, entretanto, se habían establecido (tildados de “usurpadores” de la tierra en la cual residían desde siempre) y se distribuían los terrenos a los grandes compradores, no en pocas ocasiones diputados provinciales o empresas petrolíferas. Durante los años ’90, 300.000 pequeños agricultores fueron expulsados de sus tierras.

 

La comunidad mapuche y los campesinos llevan años de lucha por el reconocimiento legal de los territorios en los cuales viven, pero es muy difícil que resulten exitosos contra la fuerza y tantos intereses -económicos, turísticos y forestales- de los compradores involucrados.

Es claro que de la modernización agrícola se han beneficiado solamente los grandes productores y mientras en el año 2002 la quinta parte de los niños sufría de desnutrición, la producción agrícola registraba tasas de incremento record: 70 millones de toneladas de cereales para el consumo destinado a la exportación.

 

Argentina después de la crisis internacional

 

A partir del último trimestre de 2008, y con mayor intensidad en 2009, la economía argentina comenzó a acusar fuertemente los efectos negativos de la crisis internacional. A esto se agregaron problemáticas locales, como el constante aumento de la inflación; el conflicto del gobierno con el sector agrícola; y —según algunos analistas— los efectos derivados de la pandemia de la gripe A.

 

Al final del primer semestre de 2009, el balance de pagos de la economía argentina mostraba ya una inversión consistente respecto de la tendencia positiva de los años precedentes. Los principales indicadores de este período evidencian claras señales de reducción en los niveles de producción, de la inversión y del intercambio comercial. Durante todo 2009 la economía continuó en el proceso de desaceleración en curso, con un crecimiento de la actividad económica en torno del 1,3%. El crecimiento del PBI en 2008 fue del 6,8%.

Desde el punto de vista del balance estatal, el gobierno pudo mantener, hasta 2008, un importante activo fiscal gracias a un sistema de retenciones móviles sobre algunas exportaciones y a un tipo de cambio que hasta la reciente devaluación del real brasileño permitió una buena competitividad de las exportaciones. Ya a fines de 2008, sin embargo, dadas las precarias condiciones del contexto internacional e interno, era previsible una inversión de tendencia. En el primer semestre de 2009, efectivamente, Argentina acumuló un déficit de 1,7 mil millones de pesos.

 

Desde el punto de vista de las reservas monetarias, el país había registrado una consistente disminución luego del pago por la cancelación de la deuda con el FMI en 2006. Posteriormente, gracias a los buenos resultados del intercambio comercial, aumentó de manera bastante continua el stock de reservas disponibles. Sin embargo, en los últimos meses de 2008, después de la caída de las cantidades y de los precios de las exportaciones de los productos agrícolas, y a causa de las operaciones de mercado abierto del Banco Central (tendientes a contener la devaluación del peso vendiendo dólares a bajo precio) se redujo el ritmo de crecimiento de las reservas. En 2009, esta tendencia a la baja continuó.

 

El aumento de la inflación fue uno de los factores de mayor incidencia sobre la marcha negativa de la economía en 2008. El cambio artificioso de la metodología de cálculo del índice de precios al consumidor – aplicado ya en 2007- permitió concluir 2008 con una tasa de aumento de precios del 7,2%, según los datos oficiales (Indec), y del 2,5% en el primer semestre de 2009. Los principales economistas consideran, sin embargo, en base al cálculo tradicional de la inflación, que la tasa real fue cercana al 25/30% en 2008, y al 10/15% en el primer semestre de 2009. La nueva metodología de cálculo que revelaría la variación de los precios de un conjunto de productos en las ciudades de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires nunca fue expuesta. El enredo en los cálculos es funcional a la necesidad de mantener la evolución de la economía dentro de las estadísticas internacionales, para mantener un cierto grado de confianza y atraer así las inversiones.

 

La aplicación de la tasa a las exportaciones fue contestada duramente por los productores agrícolas. Las asociaciones agrarias, los grandes latifundistas y las multinacionales dieron vida a una serie de huelgas y bloqueos (los piquetes de las 4×4, fueron denominados, por el evidente bienestar que distingue a los promotores). Los medios, que siempre condenaron los cortes de calles, cuando provenían de las clases populares, defendieron la protesta y ninguno hablaba de caos o terrorismo. El conflicto del gobierno con el sector agrícola influyó negativamente en la evolución económica del segundo semestre de 2008. La propuesta (tendiente a la redistribución de la riqueza según el gobierno, pero en realidad útil para hacer caja) no se transformó en ley, pero de todos modos produjo una pérdida de confianza en la economía local, con una consecuente reducción o suspensión de las inversiones programadas precedentemente.

 

La inversión, el consumo, la actividad industrial y la ocupación también experimentaron los efectos negativos de la crisis. La inversión disminuyó un 14,2% en el primer trimestre de 2009, y el consumo aumentó sólo levemente a una tasa del 2,2%. Siempre en el mismo período, muchos sectores industriales colapsaron haciendo disminuir la actividad industrial un 1,5%. En materia de ocupación, 2008 mostró una reducción en el ritmo de crecimiento pero sin embargo la tasa de desocupación registró una disminución, ubicándose en el 8,8%. La desocupación, que era del 20,8% en 2002, fue parcialmente redimensionada gracias a los planes sociales para desocupados y luego con el crecimiento de la economía. Pero estos planes sociales —cuyos beneficiarios por lo demás eran contabilizados como ocupados— contribuyeron a resolver el problema sólo provisoriamente. La tasa de desocupación registró en el primer semestre de 2009 un nivel de 8,8% respecto al 7,3% del último trimestre de 2008.

 

En el primer semestre de 2009 las exportaciones disminuyeron un 19%, pasando de 33,5 mil millones en el primer semestre de 2008 a 27,3 mil millones de dólares. La composición por productos de las exportaciones confirma el rol de Argentina en los mercados internacionales como proveedor de productos primarios con bajo valor agregado -es decir la soja y sus derivados, el crudo y los cereales. Como se explicara precedentemente, ello se debió al impacto de la crisis internacional que produjo sus efectos a partir del último trimestre de 2008. Las importaciones, en cambio, en el primer semestre de 2009 disminuyeron un 38%, pasando de los 28,2 mil millones de dólares del primer semestre de 2008 a 17,4 mil millones. No obstante estas mermas, la balanza comercial mantuvo un saldo positivo de 9,9 mil millones de dólares en el primer semestre de 2009, netamente superior a los 5,1 mil millones de dólares del primer semestre de 2008. Esta mejora se debió a la fuerte merma de las importaciones; de hecho, en reacción a la crisis global, Argentina introdujo nuevas barreras arancelarias para controlar las importaciones.

 

Las perspectivas de la economía argentina dependen de varios factores, como la evolución de la situación internacional y, en particular, del desempeño de la demanda de productos primarios y de los precios relativos; de la recuperación de la credibilidad en los mercados financieros internacionales y del restablecimiento de las relaciones entre el gobierno y los productores agrícolas —aunque la grave y persistente situación de la deuda unida a las tendencias decrecientes recién descriptas podrían llevar a una nueva crisis de financiamiento.

 

De hecho, mientras el gobierno consiguió una reducción de la deuda pública externa gracias a los tres años de la cesación de pagos a los acreedores privados, como hemos visto, la deuda pública interna creció enormemente. Al final del período de reestructuración el resultado fue un nuevo crecimiento de la deuda pública. La deuda pública argentina tiene un componente externo —con los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), deuda bilateral con los países del Club de París, comercial y bonos públicos— y un componente interno —bonos colocados en bancos y otras instituciones (Anses, AFJP y la Lotería Nacional).

 

Hoy, el costo del financiamiento no es el mismo que el de algunos años atrás. Como se apuntara, la crisis hipotecaria de los Estados Unidos y el fuerte endeudamiento de las empresas privadas en los países desarrollados hizo subir las tasas de interés, y Argentina debe ahora refinanciar su deuda a costos decididamente más altos. El país tiene serias dificultades para obtener créditos, y debe recurrir sistemáticamente a Venezuela. Lo hizo, hasta ahora, en diecinueve ocasiones por un total de 6.340 millones de dólares. La primera colocación fue de 100 millones en junio de 2005 a una tasa del 9,52%, luego por 1.000 millones de dólares al 12,94%, casi el doble de lo obtenido en octubre de 2006 al 7,39% sobre 300 millones. La colocación de nuevos títulos en Venezuela tiene tasas de interés cercanas al 10,5%.

 

Entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006 la deuda pública argentina pasó de 128.600 millones de dólares a 136.700 millones. Sin exagerar, se podría estimar que, con las condiciones contraídas con la reestructuración, la deuda ha crecido en promedio 9.000 millones de dólares al año. Para alcanzar un mayor superávit fiscal, necesario para sostener los costos, el gobierno aumentó las retenciones sobre las exportaciones de granos y otros productos agrícolas. Ello llevó a la rebelión de los productores agrarios y a una crisis política de una entidad tal comparable con aquella sucesiva al colapso de 2001, con los consiguientes costos políticos para el gobierno. El 28 de junio de 2009 tuvieron lugar en el país las elecciones parlamentarias de mitad de mandato [medio termine] y el partido de Cristina Kirchner —electa el 28 de octubre de 2007 con el 45% de los votos— perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y quedó con una mayoría muy reducida también en el Senado.

 

Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía, la deuda pública al 31 de diciembre de 2007 era de 144.700 millones de dólares, cerca de millones si se agregan los 29.000 millones de dólares de los tenedores de bonos que no aceptaron el último canje y que accionaron judicialmente contra la Argentina. Pero si se agregan 27.000 millones de dólares de deuda no registrada se llega al total de 200.000 millones de deuda real. De estos 27.000 millones, más de 12.000 millones serían los intereses que se capitalizan automáticamente cuando el deudor no llega a pagar el total de los intereses; esta parte de los intereses, sumados al capital, vuelve a generar intereses. En 2008, la Argentina capitalizó la tercera parte de los intereses a pagar y no amortizó ninguna cuota de capital. Nueve mil millones, en cambio, es el valor de mercado, al 15% del valor nominal, de los títulos ligados al PBI, títulos adicionales que el gobierno emitió -que en 2008 superaron los 1.000 millones de dólares y que crecen en proporción geométrica. Luego está la deuda en pesos indexada por inflación. Una deuda emitida por 57.000 millones de dólares, que según la inflación del Indec, creció cerca de 5.000 millones al año.

 

Así, según Héctor Giuliano, la cifra real de la deuda pública a 2008 habría sido de 200.000 millones de dólares y habría constituido un 80% del PIB, y no el 56% verificado relevado por el gobierno nacional. Ello indicaría que el nivel de la deuda y las tasas de interés han llegado a los mismos niveles que los precedentes a la crisis financiera de 2001. Durante los últimos cinco años la economía argentina ha crecido más que la deuda, pero después de la crisis global esta relación se ha invertido, la deuda aumenta más que el PBI y esta relación también ha comenzado a crecer.

 

La deuda en Argentina es ya una condicionante absoluta de todo lo que concierne a las finanzas públicas y a la política económica. No es un inconveniente sino un factor sistémico; y siendo una parte del sistema es regido por una lógica bien definida: la lógica de la usura. El deudor no deja nunca de ser tal porque el acreedor vive de él. Según Giuliano, la problemática de la deuda se reduce, por lo tanto, a esto: comprender que es un componente del sistema, y que la lógica de la usura que comporta reside en el país deudor, Argentina, que no dejará jamás de serlo. Los Estados nacionales están completamente condicionados en las opciones de política económica y financiera. El círculo vicioso del endeudamiento tiene su propia dinámica: inicialmente se abre un ciclo de endeudamiento fácil, en el cual el deudor encuentra dinero a tasas de interés muy bajas; entonces el especulador comienza a ajustar las tasas; se comienza a renovar la deuda; el deudor está cada vez más ajustado y obligado a acordar mayores concesiones; llega el momento en el cual el deudor no puede pagar, pero no se mata a la gallina de los huevos de oro; por lo tanto, se le arroja un ancla de salvataje que consiste en garantizarle una cantidad de créditos en distintos bancos.

 

Siempre según Giuliano, dada la historia pasada de cada país, se sabe que los países endeudados como Argentina se encuentran obligados inexorablemente a hacer una reestructuración de la deuda cada tres o cinco años porque atraen financiamiento sin capacidad de repago. La deuda crece a un ritmo de casi 10.000 millones de dólares por año: 5.000 por inflación, más de 3.000 por capitalización de intereses y más de mil por el vínculo con el PBI. Es el mismo ritmo de crecimiento que hubo durante el período de los años ‘90.

 

Con la última reestructuración se ha legitimado nuevamente una deuda que el juez Ballesteros declaró “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta” y que ya ha sido pagada con creces. Un acto ilícito no genera consecuencias lícitas, y la deuda que todavía se paga permanece en el marco de este círculo vicioso. El pasivo argentino satisface los tres requisitos jurídicos de cualquier “deuda odiosa”, porque fue contraído sin el consentimiento de los deudores, no ha creado beneficios para el país receptor, y los acreedores han introducido evidentes irregularidades.

 

El gobierno Kirchner, como todos sus antecesores, escondió esta estafa. El mismo gobierno que despotricó contra la corrupción de los años ’90 y que hizo del ‘puño de hierro’ contra los acreedores extranjeros el principal slogan de la campaña electoral, convalidó su principal negocio, es decir la deuda. Todo esto ha pesado fuertemente sobre los gastos sociales y ha castigado mucho la distribución igualitaria de la renta. Kirchner y las personalidades políticas más eminentes involucradas en la reestructuración y, por una razón u otra, cercanas al establishment financiero, han favorecido por completo a la banca internacional, y la oposición no intervino nunca planteando lo insostenible de esta negociación. El resultado fue facilitar una fuga de capitales mayor a la antecedente a la crisis de 2001 y que, con toda probabilidad, llevará dentro de poco a una nueva crisis de insolvencia.

 

Alejandro Olmos Gaona -historiador, hijo de Alejandro Olmos- presentó en 2007 una denuncia penal contra cinco presidentes y sus respectivos ministros de economía. Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner fueron acusados de estafa contra el Estado, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de poder. Las mismas acusaciones fueron dirigidas a sus ministros Juan Sourrouille, Antonio Erman González, Domingo Cavallo, José Luis Machinea, Roberto Lavagna y todos los titulares del Banco Central y los secretarios de finanzas que los acompañaron en la gestión. Entre las empresas investigadas hay grupos nacionales como Macri, Pérez Companc, Menotti Pescarmona; sociedades extranjeras como Mercedes Benz o Swift Armour; y también los principales bancos que operan en plaza como Galicia, Citibank, Francés o Río. Los pasivos que estos entes transfrieron al Estado fueron de 23.000 millones de dólares. A valores actuales representan 80.000 millones, la mitad del total de la deuda argentina.

 

¿Quién obtuvo beneficios de la crisis?

 

Al final de cuentas, nunca se pagó tanto a los organismos financieros internacionales como hicieron en los años sucesivos a la crisis Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Después de esto, Cristina Kirchner continuó en la misma línea. Los cónyuges Kirchner se han ganado el nombre de “mejores pagadores de la historia” a los organismos internacionales de crédito. El FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tuvieron un rol de verdaderos privilegiados en el cobro. Sin embargo, en los discursos oficiales sobre la posición que habría mantenido Argentina respecto a los acreedores externos y las instituciones crediticias, parecía que las intenciones hubiesen estado lejos de favorecer los pagos.

 

A la fecha de la reestructuración, a los organismos multilaterales se les debían cerca de 78.800 millones de dólares, mientras cerca de 36.000 eran los títulos emitidos en el mercado interno después de diciembre de 2001. Desde entonces, las obligaciones con los organismos internacionales se han pagado regularmente, respetando los vencimientos previstos y a veces anticipándolos. En 2004, Argentina había desembolsado ya más de millones de dólares al Fondo y otras instituciones similares. Del 2003 a 2006 se le pagaron al FMI 17.061 millones de dólares. La posición oficial de la administración del presidente Kirchner era la de desvincular a la Argentina de este organismo; se omitía sin embargo que en aquel momento Argentina no tenía ningún vínculo de condicionalidad con el FMI. Así, este último no sólo no estuvo sujeto a suspensión de los pagos ni a descuentos, sino que tampoco fue investigado por la ambigua asistencia provista durante los años ’90, dado que los documentos que prueban tal ayuda desconsiderada parecen no hallarse disponibles.

Prácticamente, el gobierno premió al principal responsable de la crisis económica, sabiendo bien que el FMI no comete errores inocentes. Durante la era Kirchner, al Banco Mundial se le pagaron 5.024 millones, y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2.898 millones de dólares.

 

En 2008, al FMI, al BM y al BID se le habían desembolsado 24.983 millones de dólares. A este número habría que agregar después los 6.706 millones de deuda con el Club de París, con el cual el país está contratando el pago bajo la supervisión del FMI -como prueba de la falta de independencia obtenida. Hoy, además, en tanto miembro del G20, la Argentina es cualquier cosa menos independiente de los dictámenes del FMI.

 

Mientras los privilegios atorgados al FMI apuntaban a reinsertar a la economía en el mundo financiero, las ventajas acordadas a los principales grupos del capitalismo nacional eran favorecidas por la estrecha ligazón que siempre existió entre el gobierno y esos sujetos. Los mismos inversores, acreedores del Estado, que Kirchner favoreció con la reestructuración, son los especuladores que lucraron durante años con la gestión de la deuda argentina gracias al financiamiento público de la fuga de capitales. Durante los años ’90 estos sujetos llevaron al exterior un patrimonio equivalente al crecimiento de la deuda argentina. Con un procedimiento similar al de la estatización de 1982, Lavagna aumentaba el endeudamiento total del país para ayudar a los capitalistas en crisis.

 

De los acreedores nacionales, el grupo más favorecido por la reestructuración de 2005 fue el de las administradoras del sistema de pensiones privado (AFJPs). Uno de los tres bonos emitidos (semi-par) estaba pensado a la medida de las AFJPs, de forma de permitirles el canje de todos sus títulos en default (13.500 millones de dólares). Las AFJPs detentaban el 17% de los viejos títulos; a cambio de éstos recibían un bono en pesos y sin descuento que podía ser contabilizado al 100% en los balances de estas entidades. De este modo se escondían las pérdidas que estas sociedades habían sufrido con la devaluación.

 

El canje de los títulos de 2005 -que había incrementado la deuda pública en 30.000 millones de dólares sólo en aquel año- permitía, además, obtener grandes beneficios a los especuladores que habían adquirido títulos durante la devaluación. En efecto, los inversores extranjeros que habían adquirido bonos al 10-20% de su valor nominal, habrían realizado grandes ganancias canjeándolos por cualquiera de las tres versiones de los nuevos bonos. La mayor parte de los acreedores que figuran como tenedores extranjeros son argentinos cubiertos por el secreto bancario. Este sector, conociendo a la perfección el arte de especular con los periódicos colapsos de la economía, compensaba con las operaciones financieras lo que perdía con el descuento decidido con la reestructuración.

 

Los beneficiarios de la última maniobra financiera de canje de los PG, en cambio, son claramente identificables y fáciles de rastrear entre los bancos intervinientes en el megacanje y tenedores de los PG. Entre éstos se encuentran: Citibank, Boston, BBVA, Galicia, HSBC, Río y la extinta BGN. Algunos, señalados hoy como corresponsables de la crisis financiera internacional, están presentes en Argentina con franquicias menores. Bancos nacionales, como Credicoop o Macro, son tenedores de PG y fueron cómplices pasivos o indirectos de la gran maniobra de saqueo financiero de 2001. Sus dirigentes a menudo y de buena gana fueron partícipes de canjes, de favores políticos y corrupción.

 

Quienes perdieron con la oferta de canje fueron los pequeños ahorristas, que constituían el 44% de los acreedores defaulteados. Estos sujetos ciertamente no recibieron el tratamiento especial reservado al FMI o a las AFJPs. A diferencia de las AFJPs, los cerca de 500.000 pequeños acreedores nacionales que tenían el 20% de la deuda en default no podían, según la oferta de canje de 2005, contabilizar los títulos a su valor original. Así, dado que algunos de los bonos reestructurados llegaban hasta los 40 años de maduración, las personas que tenían la necesidad de recuperar el dinero invertido en los títulos argentinos fueron forzadas a venderlos en el peor momento histórico y a un valor nominal decididamente más bajo que el de adquisición. Esta situación favoreció ulteriormente a los especuladores financieros, prontos a acaparar los títulos a precios bajísimos. También los pequeños acreedores extranjeros tuvieron el mismo tratamiento: los pequeños ahorristas que habían comprado títulos al 100% recibieron la mitad de sus inversiones originales. No estando en la lógica especulativa de las financieras que adquirían los títulos en default al 20-28% para después revenderlos una vez revaluados, estos pequeños ahorristas -a sugerencia de los bancos- compraron y vendieron en el peor momento, sufriendo graves pérdidas. Quien había adquirido un título al 90-100% de su valor entre 1998 y 2000 fue empujado a liquidarlo al 35%.

 

A escala internacional, las principales víctimas fueron los accionistas italianos, muchos de los cuales, no habiendo adherido a la oferta de canje, están aún en juicio contra el gobierno argentino. Los bancos les transfirieron, con la complicidad de las autoridades de bolsa, bonos que pronto estarían devaluados. Berlusconi cubrió a los estafadores con una campaña propagandística de acusación contra la Argentina, mientras al mismo tiempo bloqueaba el decreto legislativo que obligaba a los bancos a asumir una parte de las pérdidas. Posteriormente, se abrieron demandas judiciales para obtener el resarcimiento al cual los bancos oponen tanta resistencia.

 

El apoyo del establishment político argentino a los grupos de capitalistas locales y extranjeros es evidente: cada grupo de acreedores hizo presión por obtener un canje más favorable, pero si se traza un cuadro de los vencedores y los vencidos salta a la vista cómo la operación favoreció a los especuladores y penalizó a los pequeños acreedores, y también a los ciudadanos argentinos que cargan con los costos de las reestructuraciones. En el conflicto entre los pequeños y grandes acreedores, Lavagna se alineó desde el vamos con los poderosos; para no enemistarse con sus socios en el canje aceptó las leyes del secreto bancario y rechazó diferenciar la oferta -como había sido vanamente reclamado por los pequeños ahorristas- en base al tamaño del patrimonio de los acreedores. En vez de promover una acción para todos -comprendidos los pequeños accionistas argentinos y de cualquier nacionalidad- elaboró una oferta dirigida solamente a satisfacer los intereses de los capitalistas argentinos y a los bancos internacionales. Lo que el canje produjo fue una nueva era de los capitales golondrina que, gracias a la inmensa liquidación de los títulos por parte de los pequeños accionistas, volvieron a exprimir beneficios en Argentina.

 

Conclusiones

 

Aunque el PBI en los años sucesivos a 2001 haya experimentado cierta continuidad en el crecimiento, ningún indicador social ha recuperado los niveles previos a la crisis. Hoy, uno de los graves problemas que persiste es la deuda social. Los salarios se mantuvieron bajos. La desocupación se redujo muy lentamente y la pobreza persiste en un cuadro general de gran desigualdad. Mientras, el problema de la deuda sigue pesando sobre la población entera y para las futuras generaciones. En este último período de la economía argentina la distribución se tornó más desigual y la clase dominante recuperó beneficios a expensas de los trabajadores.

 

Al parecer, la pobreza en la Argentina es un dato estructural del modelo; los principales desequilibrios que golpean el actual sistema no tienen que ver con las contradicciones heredadas de la convertibilidad, ni descompensaciones normales de cualquier recuperación; son contradicciones intrínsecas a un esquema económico vulnerable y socialmente regresivo. La recomposición del salario, la creación de puestos de trabajo y el fin de la pobreza son incompatibles con el esquema económico prevaleciente, basado en instrumentos regresivos como el superávit fiscal, la inequidad impositiva, la reestructuración de la deuda y el salvataje de la banca. El desequilibrio más visible es la inflación, dado que cada aumento de la misma sin una compensación salarial equivalente empuja a nuevas franjas de la población por debajo de la línea de la pobreza.

 

En estas reflexiones para la conclusión se muestran los indicadores que confirman la dinámica regresiva perpetrada en el reciente período de crecimiento. Para mostrarlo se analizan las tasa de pobreza y de indigencia de la población extrapolando los datos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) elaborada por el Indec, el instituto nacional de estadística argentino. Los datos utilizados corresponden al último semestre del último período en el que sus indicadores se consideraron fiables.

 

El fenómeno de la pobreza en Argentina se presenta en forma cíclica y con una tendencia ascendente. Esto se demuestra ampliamente en el hecho de que hace sólo 25 años la población en condiciones de miseria era alrededor de un cuarto de la actual. La evidencia empírica demuestra que desde mediados de los años ’70 hasta al menos el año 2002 se ha verificado una firme tendencia, para un largo período, creciente tanto en relación con la pobreza como con la indigencia. En octubre de 1974, el porcentaje de familias en condiciones de pobreza en el GBA era del 4,4%; en octubre de 2002, del 44,2%.

 

En el cuadro de esta tendencia de larga duración, el aumento de la pobreza siempre coincidió con las crisis cíclicas de la economía nacional. Los años ’82, ’89, ’96 y 2002 han sido aquellos con una mayor incidencia en los niveles de pobreza. Con excepción del ’96, los niveles máximos fueron generados por fuertes procesos inflacionarios, que hicieron pedazos los ingresos reales de las familias más vulnerables, envolviéndolas en la miseria. Luego de la crisis de 1982, en la que los niveles de pobreza pasaron del 7% al 35%, el nuevo porcentaje osciló entre el 16% para, desde ahí, dar inicio a un espiral ascendente que culminó en 1989 con un nivel mayor al 47%. Con el inicio de la convertibilidad, la pobreza se redujo nuevamente en relación con la última crisis hiperinflacionaria, pero también esta vez se colocó en niveles superiores respecto de la media de los años ’80 (alrededor del 18%). Luego se verificó un nuevo pico en el ’96, cuando se llegó al 28%. La recuperación posterior mostró una reducción en el ’98, con tasas del 28%, para luego explotar en la crisis

 

La tendencia común a todas estas crisis, a las que le sucedieron períodos de estabilidad y crecimiento económico, es que el nuevo nivel de pobreza siempre ha sido superior al que precedió a la crisis. Los niveles de los períodos anteriores a las crisis no se recuperaron jamás plenamente; sí se verificó que cada derrumbe concluyera en un aumento progresivo de la pobreza y la indigencia. En el gráfico de más abajo se puede notar esta tendencia creciente interrumpida por los períodos de ‘reactivación’ de la economía.

 

Si bien desde hace algunos años la tasa de pobreza está descendiendo, queda aún un gran número de personas que se encuentra en situación de precariedad. En 2002, la pobreza alcanzó su pico histórico llegando a tocar el 45,8% de las familias y el 56,8% de los argentinos. Desde entonces, ha habido una caída sostenida y en 2006 la cantidad de familias y personas pobres se redujo a menos de la mitad. En el segundo semestre de 2006 la pobreza alcanzaba el 26,9% de la población y el nivel de indigencia se revertía en forma más marcada, pasando del 29% de 2002 al 8,7% de 2006. Según estimaciones privadas, la tendencia para el primer trimestre de 2007 se mantuvo estimadamente en esos niveles. Si bien contamos con los datos oficiales de 2007, debido al alto grado de descrédito que tienen, no los difundiremos.

 

Lo que se quiere poner de relieve con estos datos es que incluso, como parte de este mejoramiento, la pobreza continúa siendo uno de los grandes problemas de la sociedad argentina. No sólo sigue existiendo un gran número de personas involucradas en los porcentajes de pobres e in- digentes(17) (un individuo sobre cuatro), sino que estos niveles se mantienen por encima de los niveles registrados tanto en los comienzos de los ’90 como en los comienzos de los ’80 y ’70. Pareciera que la tendencia a largo plazo de aumento de la pobreza solamente se suspendió, siendo imposible hablar de bloqueo provisorio o reversión de la tendencia cuando las posibilidades de consolidar una reducción del fenómeno choca contra uno de los presupuestos principales; es decir la expansión de la ganancia, que verifica, por el contrario, una fuerte contracción.

 

Si bien la desocupación cayó mucho desde 2003, la recomposición de la capacidad de consumo fue mucho más lenta, tanto que los salarios actuales se sitúan en los mínimos históricos de 2001. El veloz ritmo de crecimiento del PBI, según parece, no sirvió para sanear esta situación y será aún más difícil que eso ocurra según el ciclo recesivo que enfrenta el país. El continuo aumento de precios expone a franjas enteras de trabajadores, cada mes, al riesgo de caer en condiciones de pobreza. Actualmente las turbulencias macroeconómicas internacionales tienen un alto impacto en el mercado de trabajo. Como sabemos, cuando hay una crisis de grandes dimensiones, como la actual, los trabajadores y los sectores populares, los pequeños propietarios y productores soportan una carga notable, a menos que intervenga el Estado. La salida capitalista a la crisis supone siempre fuertes incrementos en la productividad, que como contrapartida generan pérdida de puestos de salario y caída del salario. Esto es así porque el capital de esta manera se apropia de la mayor cantidad de trabajo para convertir un porcentaje del mismo en “superávit” para la acumulación capitalista.

 

En Argentina, hasta el fin de 2007, la ocupación creció cada vez más lentamente pero hoy las cifras parecen ser aún más preocupantes y, en el caso de algunas ramas de la actividad, ya se registra una tendencia inversa.

 

Al comienzo de la fase de recuperación de 2002-2003, cada punto de aumento del PBI se traducía en un porcentaje equivalente de incremento de trabajo, pero esta relación se quebró. Entre 2003 y 2007, la creación de puestos de trabajo declarados al sistema previsional creció a una tasa anual del 8,6%, en 2008 el ritmo se desaceleró alcanzando una tasa del 5,8%. Para cada trimestre de 2008, la tasa resultó siempre menor pero en un sentido de todas formas positivo (desde el 7% del primer trimestre al 3,8% del último). La desaceleración en la creación de trabajo se refleja también en un retroceso de los salarios en términos reales. Si bien algunas estadísticas lo esconden, la crisis mundial impacta fuertemente en la actividad económica y sobre el mercado de trabajo, con características diferentes según la rama de actividad. Hay despidos, suspensiones de salarios y la demanda de trabajo está prácticamente parada. Según el Ministerio de Trabajo, los procedimientos de crisis presentados por las empresas desde enero de 2009 involucran a 8.700 trabajadores.

 

La destrucción de la confianza en las estadísticas públicas hace prácticamente imposible el análisis objetivo de la realidad económica y social. De cara a este escenario incierto incluso las contrataciones salariales retroceden o sufren una suspensión. Es difícil elaborar reivindicaciones ante la falta de datos reales de inflación; esta última es un instrumento básico para la elaboración de una política de desarrollo que promueva el mejoramiento de las condiciones sociales. La EPH, como ya se ha dicho, es la encuesta específicamente diseñada para el estudio del mercado de trabajo. Esta base permitía obtener información representativa de los pobres en los conglomerados urbanos del país; analizar la situación del trabajo de miembros de este segmento: condiciones de trabajo, características de los trabajadores, tipo de ocupación, ingresos según el tipo de contratación (asalariados registrados, y no en el sistema de seguridad social, trabajadores por cuenta propia, y dadores de trabajo, etc.). Para conocer el impacto de la variación en los ingresos sobre las condiciones de vida de los trabajadores sería imprescindible valuar el poder adquisitivo, o sea la cantidad de bienes y servicios que los trabajadores pueden comprar con sus propios salarios. En respuesta a esta situación se elaboraron una serie de indicadores diferentes que, si bien no reemplazan los datos oficiales, podrían dar cuenta de la evolución de los precios. Los resultados alcanzados con estos análisis alternativos muestran que, contrariamente a lo que muestra la dudosa información oficial, el escenario del trabajo no es muy optimista. Comparando los datos de la EPH con las informaciones provenientes de otras fuentes, también oficiales (en la medida que sean comparables porque surgen de cálculos diferentes), se llega a conclusiones diferentes. La evolución de los salarios en los últimos años, según diversos indicadores oficiales comparados en ramas de actividad de diferentes sectores, muestra que el salario nominal de los trabajadores creció constantemente desde el principio de 2003. Además, la comparación con datos no oficiales muestra una clara tendencia positiva en el desarrollo de los salarios nominales. Lo que se ha modificado ciertamente es el salario real: a partir de 2007, utilizando diferentes indicadores para la valuación de los precios, los salarios reales no sólo no crecieron sino que han comenzado a reducirse, entre el 1 y el 3%. El gráfico siguiente muestra la evolución de los salarios reales comparados con diferentes indicadores de precios; en este caso se utilizan el IPC de San Luis y el IPC -7(18) provincias. Los datos del IPC GBA se usan sólo con fines comparativos.

 

De esta investigación surge que los trabajadores no mejoraron sus condiciones sino que los salarios reales promedio quedaron estancados desde comienzos de 2007 o, peor aún, en retroceso(19). Estos datos provienen de análisis económicos y sociales del Cenda (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino). La baja recuperación de los salarios, la persistencia de la desocupación y el desarrollo del empobrecimiento son la consecuencia de un modelo estructural contrario a la redistribución.

 

La reactivación argentina ha sido un paréntesis en un contexto internacional particularmente ventajoso, pero los problemas en su momento dejados de lado, ahora están reflotando.

 

Hoy existen algunas problemáticas sociales similares a las de la fase inmediatamente posterior a la crisis: muchos niños viven en la calle y con una frecuencia muy alta mueren de desnutrición; muchos individuos viven en villas miseria, privadas de servicios sanitarios básicos; otro tanto trabaja en negro y no tienen acceso a los servicios sanitarios y a la asistencia social (está aumentando las personas excluidas de los tratamientos médicos de alta complejidad y del acceso a medicamentos de alto costo). Estas problemáticas golpean directamente la vida, la salud y la libertad de las personas privadas de elegir una alimentación adecuada, un servicio de salud eficaz, o un lugar razonable donde vivir. Lo que caracteriza hoy al país es la extraordinaria concentración de la riqueza en manos de unos pocos privilegiados. La tendencia estructural de la economía consolida la distancia entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre. En 2006, esta relación era de 31 veces comparado con las 15 veces de la década del ’80 (un nivel comparable con 2002) y el del 12,3 del 74 (primer relevamiento estadístico). La desigualdad se afirma como un problema estructural del actual modelo. Hoy existe una enorme porción de pobres que se encuentran en el mercado de trabajo, una situación que era desconocida en la Argentina antes de que se introdujera la doctrina liberal, comenzada por la dictadura e intensificada durante el período menemista con la desregulación del Estado y la flexibilización del trabajo. La flexibilidad significa trabajo de baja calidad, mal remunerado, que lleva a las familias a caer fácilmente en la pobreza.

El esquema actual presenta más puntos de continuidad que de ruptura con el que lo precedió; se recomponen los intereses de la clase dominante con un modelo social regresivo a expensas de los trabajadores. El gobierno propuso la iniciativa de un “superávit fiscal”, como si esa suma se pudiera juntar sin el sacrificio del pueblo. El destino fundamental de los fondos de la caja del Estado es el pago de la deuda.

Para terminar de raíz con la pobreza sería necesario reducir la injusta concentración del ingreso, con impuestos que graven con más eficiencia e intensidad las grandes ganancias. La distribución del ingreso más importante es aquella que surge de la proporción del valor agregado que se destina a los salarios en relación con la que se destina a las ganancias, y la política fiscal debiera servir para corregir aquellas situaciones que la distribución funcional no puede resolver. Podrían definirse como progresistas aquellas políticas públicas que coloquen en el centro del discurso la emergencia del trabajo, que prohíban los despidos por el tiempo que dure la crisis, que reduzcan la jornada de trabajo para crear más empleo, que promuevan subsidios estatales para las empresas recuperadas y las actividades productivas, que protejan la capacidad de consumo de los ingresos populares (ajustando los salarios según la inflación, incrementando los subsidios a los desocupados, eliminando el IVA sobre los artículos de primera necesidad), que favorezcan la producción local, que bloqueen la salida de capitales. Es obvio que cuanto más tiendan estas políticas a reducir estructuralmente los márgenes de beneficio de algunas clases dominantes menos serán tomadas en cuenta.

El debate entre heterodoxos y ortodoxos(20) en Argentina se concentra en los instrumentos macroeconómicos, en la gestión del Estado y en la reglamentación impositiva. Pero el debate evita cualquier análisis de la economía capitalista como un proceso productivo y social controlado por la clase dominante porque ambos la apoyan. La redistribución no ocurrirá con el transcurso del tiempo si la decisión política es la de salvaguardar el rédito financiero y la acumulación capitalista.

Notas

1. Para citar algunas de las crisis cambiarias más recientes, piénsese en la mexicana del ’94, la brasileña del ’99 y luego en el 2001, en la crisis de Argentina. 

2. Y así, mientras un puñado de bancos comerciales e intermediarios financieros se enriquecían, aumentando su poder político en todo el mundo, muchos países sufrían crisis económicas que deterioraban el nivel de vida de la población. Existe un consorcio (una suerte de grupo informal político-financiero) compuesto de grandes bancos, gobiernos y bancos centrales de los países acreedores, Banco Mundial y FMI, que colaboran en el sistema financiero actual. En una lógica absurda, quienes han creado desastres financieros son los mismos institutos que los ministros de los países ricos envían para elaborar políticas de resolución de las crisis. Una pequeña minoría recoge los frutos de las concesiones de préstamos, mientras las grandes masas sufren las consecuencias y los costos personales, sociales y políticos. Muchos de los bancos más importantes, probablemente han recolectado de los países pobres una suma aproximadamente equivalente a la que han prestado. Su función, en definitiva, ha sido la de obtener capitales de los Países en Vías de Desarrollo y volver a prestárselos. Sobre todo, los países latinoamericanos han canalizado una gran cantidad de préstamos concedidos por los organismos financieros internacionales públicos o privados; la restitución de una parte de los dólares que se fugaron de Latinoamérica hasta el día de hoy bastaría para resolver el problema del servicio de la deuda de esta región. 

3. Estas crisis se iban configurando como un desmantelamiento de los países de renta media altamente endeudados, frente a los cuales, el sistema crediticio internacional estaba particularmente expuesto: por esto se buscaba encontrar soluciones, entre ellas las reestructuraciones, de forma de encontrar una solución indolora para los acreedores comerciales. La estrategia concertada de la deuda tenía sólo marginalmente como objetivo el crecimiento de los Países en Vías de Desarrollo; el fin principal era el de restablecer la estabilidad del sistema financiero internacional y dar garantías a los acreedores mediante los principales medios de reestructuración y de las políticas de ajuste estructural. Esta fase de reestructuración coincidía con los programas de austeridad estadounidenses impulsados por Reagan, orientados a la lucha contra la inflación y a la suba de las tasas de interés. La estrategia de los préstamos concertados servía sólo para refinanciar la deuda y para dilatar la agonía de los deudores. Las renegociaciones de la deuda servían para revitalizar un gran volumen de fondos que se consideraban perdidos, bajo la forma de títulos públicos. Mientras tanto, el FMI, con el pretexto de una estabilización fantasma, continuaba a debilitar las economías latinoamericanas, a exacerbar los equilibrios ya existentes y a aumentar el estrangulamiento de los países desde el exterior, con la desnacionalización económica y financiera. 

4. No es, de ningún modo, un sistema de libre mercado el que promueve el FMI, sino simplemente un nuevo modelo de intervencionismo aplicado gracias a las denominadas ‘reformas de ajuste estructural’. Las mismas recetas económicas, aplicadas a todos los países, crean un ambiente favorable para los bancos globales y las sociedades multinacionales. FMI, BM y OMC son entes reguladores que actúan a cuenta de potentes intereses económicos y financieros (por ejemplo, del Club de Londres o de París); a las espaldas de estas instituciones se encuentran los banqueros y los capos de los mayores conglomerados multinacionales. Todos los países latinoamericanos juntos no tienen ni siquiera la mitad de los votos de los que disponen los Estados Unidos dentro de este organismo; del mismo modo, en el Banco Mundial, que colabora estrechamente con el FMI, los Estados Unidos tienen un cuarto de los votos, mientras que los países de América Latina no tienen ni siquiera un décimo. 

5. Hoy, las mayores críticas realizadas al FMI se refieren a la rigidez de las medidas que solicita en términos de contención de la demanda, devaluación de la tasa de cambio, privatización, austeridad y liberalización de los frenos a la importación. Los programas de ajuste estructural promueven exactamente lo opuesto a sus propósitos declarados; la solución para la crisis de la deuda se torna la causa de un endeudamiento ulterior; los nuevos préstamos provocan el aumento del monto de la deuda; la liberalización de los intercambios comerciales empeora las cuentas externas; la posibilidad de un proceso endógeno de desarrollo se destruye por completo; el estado se desintegra, la economía nacional es remodelada, la producción interna orientada al mercado externo y los servicios sociales privatizados. Después de los eventos de 1982, el Fondo se convirtió en el principal punto de referencia en la gestión de las relaciones entre deudores y acreedores. Ambos planes, Baker y Brady, tanto en Argentina como en los otros países, fueron una estrategia para salvar al sistema bancario internacional de la bancarrota; el mercado internacional obtuvo ganancias insuperables con las privatizaciones, mientras los recursos argentinos fueron depredados salvajemente. 

6. De esta deuda, el 40% era en títulos públicos; el 26% de organismos financieros internacionales y el 34% de bancos comerciales y otros acreedores principalmente locales. 

7. Los bonos par conservaban el valor nominal pero tendrían fechas de vencimientos más lejanas (hasta 35 años) y tasas de interés fijas (de un 1,33% anual en los primeros 5 años al 5,25% en los últimos 10. Los otros bonos estaban sujetos a un descuento nominal y a tasas de interés más altas. El discount sufriría un descuento del 66,3%, con vencimientos a 30 años y tasas de interés fijas crecientes; el semi par (pensado para las necesidades de los tenedores institucionales locales, como las AFJP) implicaba un descuento del 30,1%, con vencimientos de hasta 42 años, y una tasa de interés fija en pesos del 3,3%. 

8. En el discurso de asunción como presidente de Kirchner el 25/5/03, éste argumentó la necesidad de ‘reconstruir un capitalismo nacional’, ‘normal’ y ‘serio’; la salida de la moratoria habría servido para crear las condiciones para la restauración de un clima de confianza favorable a los negocios y a la inversión por parte de los principales actores económicos, así como para interactuar con el sistema internacional 

9. El restante 24% de los tenedores de títulos en default (principalmente italianos y japoneses), no aceptó el intercambio. El gobierno dijo que la oferta no se volvería a abrir y que estos acreedores no tendrían otra oportunidad más que la vía judicial. 

10. Una cifra que se calcula de acuerdo a la evolución de la tasa de inflación. 

11. Sin contar los posteriores préstamos que se han tomado en estos años. 

12. El canje por el cual fueron procesados penalmente sus responsables: el ex Ministro de Economía Domingo Cavallo y el Secretario de Finanzas Daniel Marx 

13. El índice BADLAR se calcula considerando las tasas publicadas cada trimestre por el Banco Central de la República Argentina.

14. La Caja de Valores es un depósito colectivo que detenta la custodia de los valores negociables tanto públicos como privados, y que facilita la transacción de los gastos en un cuadro de seguridad y reserva dictado por la ley 20.643 y por otras normas complementarias. En 2001, a tal ente se le atribuyó la garantía de los Prestamos Garantizados. 

15. Muchos inversores privados que no aceptaron la oferta de cambio de 2005 se dirigieron a la justicia para conseguir el reembolso integral de las obligaciones en su posesión. Este embargo de los viejos títulos argentinos por las infracciones de los bancos y sus intermediarios no es el primero; en los años’ 90 las noticias sobre la alta tasa de riesgo de estas inversiones fueron notificadas a todos los operadores, quienes, en lugar de notificar a los suscriptores siguieron transmitiendo informaciones engañosas. 

16. La reducción de las exportaciones ha ocasionado, obviamente, un drástico empeoramiento de los saldos positivos de la balanza comercial de los países latinoamericanos. 

17. En relación a las personas más pobres, se concentran en las concentraciones del norte del país y en las granes ciudades, debido a la gran densidad de población. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 47,9% de la población del país, se ubica el 50,5% de la población pobre de la nación. Entre otras cosas, hace falta recordar que la información de la EPH en 28 concentraciones urbanas del país, donde viven 23,6 millones de personas, no tienen en cuenta las zonas rurales, donde presumiblemente los niveles de vida son incluso más bajos. 

18. El IPC-7 provincias es un índice de precios al consumo elaborado por el CENDA, sobre la base de informaciones de las Direcciones Provinciales de Estadística de siete provincias (Jujuy, Neuquén, Paraná, Rawson-Trelew, Río Negro, Salta, Santa Rosa y Viedma), cuyos índices de precios no están sospechados de manipulación. Los IPC-San Luis e IPCMendoza, publicados por el Indec y las provincias en cuestión, parecen también estar fuera de la manipulación. La serie histórica de estos indicadores muestra un comportamiento similar al IPC-GBA antes de la manipulación; por esto se los toma como referencia. En cambio, según un análisis privado, el IP-Interior, una media de los índices de nueve concentraciones urbanas (Neuquén, Paraná, Resistencia, Salta, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, Viedma, Trelew-Rawson y Ushuaia), ponderada de acuerdo al peso de su población, la inflación acumulada de diciembre de 2001 a diciembre de 2006 era del 101,8% contra el 91,2% del IPC-GBA, una diferencia de 10 puntos; pero sólo un año después los valores eran respectivamente del 159,1% contra 107,5%, mostrando así una diferencia superior a los 50 puntos porcentuales. En 2008, la diferencia siguió creciendo. 

19. El SIJyP (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) proporciona los datos, con cobertura a nivel nacional, sobre la ocupación registrada en las empresas del sector privado y en algunas agencias del sector público. Ofrece información sobre los salarios de los empleados registrados en el sistema de seguridad social. Obviamente, los límites de esta fuente residen en que excluye a todos los empleados no registrados en el sistema de previsión social, trabajadores y empleadores. 

20. A menudo, con el término “ortodoxos” se menciona al bloque de acreedores externos y con “heterodoxos” a los exportadores-industriales locales.

La crisis de 1873 y la Gran Depresión


Con la apropiación, por parte del capital, de la esfera de la producción (superando su confinamiento anterior a la esfera comercial y financiera), surgió en el horizonte histórico un nuevo tipo de crisis económica. En el período pre-capitalista, los desastres naturales, tales como heladas, inundaciones, sequías, plagas y epidemias, o incluso la guerra, provocaban la caída en la producción, generando escasez y miseria generalizada. Eran "crisis por sub-producción”.


 


Entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del siglo XIX, los países industriales de Europa, que dominaban la industria textil, en especial Francia e Inglaterra, verán surgir "crisis mixtas". Ellas se distinguían de las primeras por no estar totalmente determinadas por la coyuntura agrícola, aunque el "mercado de cereales" todavía ejercía una fuerte influencia sobre la dirección y el ritmo de la actividad económica en su conjunto, y de la industria ligera, de una manera particular. Algunos autores consideran a la crisis de 1848 como la última de su clase. El propio Marx, al analizar la revolución de 1848 en Francia, vinculó el estallido de la circulación con la crisis del comercio mundial de 1847.


 


El primer gran momento para el descubrimiento de los componentes de crisis específicamente capitalistas llegó con la Revolución Industrial que, con sus características originales, introducirá una serie de alteraciones en el capitalismo. Los primeros en ocuparse de ellos fueron los economistas clásicos, cuyo campo de observación fue, concretamente, Inglaterra y Francia. Para la mayoría de los economistas clásicos que dominaron el pensamiento económico en la primera mitad del siglo XIX, las primeras crisis industriales observadas aparecían como accidentes de naturaleza coyuntural en el transcurso de la acumulación de capital.


En la obra de Adam Smith, por ejemplo, no está presente el problema de los puntos necesarios para que la producción se amplíe. En su concepción, todo el producto anual bruto es igual a la suma de salarios, ganancias y rentas. El ahorro está destinado a convertirse, en el mismo período en que se forma (un año), en una demanda de bienes de inversión. En suma, no hay sustracción de renta a ser usada en el futuro. En esas condiciones, la sobreproducción no encontraba un lugar teórico específico.


 


Desde la perspectiva de la economía política clásica, en la "ley de Say," el equilibrio es el estado natural de la economía; la producción podría crear su propia demanda, y cualquier desequilibrio sólo podía venir de afuera del sistema. La "ley de Say" sólo tendría validez en un sistema de oferta y demanda perfectas, sin la posibilidad de ahorro individual de los capitalistas. Entretanto, los efectos más notables de las innovaciones técnicas fueron la reducción de los costes y el aumento del volumen de producción, pero no necesariamente el aumento de la tasa de ganancia. Siendo la ganancia considerada como una renta de la clase dominante, los factores que la propiciaban adquirían relevancia. Cualquier alteración en los beneficios podría ejercer una gran influencia en los acontecimientos.


Dentro de esa perspectiva, el problema de la tasa de ganancia surgió como el primer elemento teórico causante de las crisis modernas. David Ricardo, representante de los intereses de los industriales frente a los propietarios rurales de Inglaterra durante la Revolución Industrial, intentó explicar el problema a partir de factores externos al sistema industrial, a través de la "ley de rendimientos decrecientes": la ganancia dependería de la proporción de trabajo social requerido para la subsistencia de los trabajadores (la diferencia entre los salarios y el valor del producto) y el coste de producción de los productos en general. La tasa de ganancia dependería de esas dos cantidades. Cualquier cambio en el beneficio sólo podría ser hecho trastocando la proporción entre los salarios y el valor del producto bruto.


 


Como las innovaciones técnicas redujeron los costos de producción, cualquier alteración sólo podría venir del aumento o reducción del costo de los artículos de subsistencia. Para aumentar los beneficios era necesario bajar los salarios, lo cual sólo podría hacerse si los productos de subsistencia también fueran rebajados (principalmente por medio de las importaciones, que perjudican los intereses de los propietarios de la tierra).


 


Más allá de eso, la riqueza para él consistía sólo en valores de uso o, según Marx, "convirtiendo la producción burguesa en mera producción para el valor de uso (…) considera la forma específica de la riqueza burguesa algo puramente formal que no alcanza el contenido del modo de producción. Así también niega las contradicciones de la producción burguesa, las cuales se tornan evidentes en las crisis". La crisis de 1816, considerada la primera crisis industrial, trajo consecuencias a la discusión de los postulados clásicos y para el avance del conocimiento sobre estos fenómenos. Tuvo su centro en el Reino Unido, causada por el fin de las guerras napoleónicas. Durante los conflictos, determinadas ramas industriales, principalmente las ramas ligadas con la fabricación de material bélico y logístico (siderurgia y textiles), experimentaron un gran desarrollo. Sin embargo, con el fin de las hostilidades y la desmovilización subsiguiente, las empresas en estos ramos pasaron a no tener más demanda asegurada. Por otra parte, los exportadores ingleses, que durante el período de conflicto habían acumulado grandes cantidades de productos coloniales, se encontraron después de 1815 en una Europa empobrecida, incapaz de absorber el inventario.


 


Fue apenas el primer caso. En 1816, 1825, 1836, 1847, la economía de los países más industrializados (Inglaterra) y también de otros que pasaban por la revolución industrial, conocieron una serie de accidentes recurrentes, con una frecuencia de aproximadamente diez años. En la segunda mitad del siglo XIX, crisis industriales acontecerán en los países más desarrollados, en 1857, 1865, 1873, 1882-84 y 1890-93. Lo que afectaba la actividad era la sobreproducción y el exceso de productos industriales. También en la agricultura, ya mecanizada, no había escasez, pero sí un exceso de productos invendibles y perecederos.


 


La atención comenzó a fijarse en la crisis. Con la industrialización inglesa se establece la distinción entre empleados y desempleados. El desempleo cíclico ya había golpeado a Inglaterra en el siglo XVIII, pero sólo en el siglo siguiente se tomó conciencia del hecho, calificándolo de "ciclo económico".


 


Si durante cierto período las crisis aparecían como un fenómeno anormal y sin explicación, la concepción cíclica las integraba en un movimiento pendular que afectaba los ritmos económicos. La crisis pasaba a ser "normal", integrada al ciclo; era esto lo que debía ser estudiado en la forma de 'trade cycle' o 'business cycle'. Sismondi y Malthus fueron los primeros en notar las crisis como algo más que un fenómeno coyuntura! Sismondi advirtió, sobre todo, la contradicción fundamental del capitalismo entre valor de uso y valor de cambio: la creciente acumulación "restringe cada vez más el mercado interno, en virtud de la concentración de las riquezas en manos de un pequeño número de propietarios, y la industria cada vez más forzada a procurar salidas para sus productos en los mercados extranjeros, donde los aguardan perturbaciones aún mayores". Malthus criticó a Ricardo, y aceptó, como Sismondi, que las crisis pudiesen ser causadas por factores intrínsecos al capitalismo. De la misma forma, entendía que la producción creciente, junto a la acumulación, no crearía automáticamente su propia demanda, analizando el problema a través del principio de la población, argumentando que la clase obrera sería siempre excesiva en relación con los medios de subsistencia.


 


Según Marx, los estudiosos ingleses mostraron una profunda intuición porque veían en la caída de las ganancias un serio obstáculo para la acumulación. La comprensión de la realidad social, con todo, estaba limitada por las condiciones históricas -sus principales representantes se posicionaban favorablemente por la expansión de la economía burguesa. La producción social poseía también un carácter marcadamente agrario, y era igualmente de gran importancia económica el comercio ultramarino. El capitalismo no había desarrollado su forma económica plena, caracterizada por la producción industrial en gran escala y por la lucha de clases, cada vez más acentuada entre capitalistas y trabajadores. Así, a pesar de dedicar su atención a los antagonismos de intereses de clase, como lo hace conscientemente Ricardo, colocaban en el conflicto de intereses entre capitalistas y terratenientes la contradicción central de la economía capitalista. Los antagonismos de clase -como también la división del trabajo, las clases sociales, el mercado y la acumulación- fueron vistos como una ley natural de la sociedad, no sujetos a determinaciones históricas.


 


Marx cambió el enfoque de la interpretación de los clásicos pasando de la esfera del consumo (la economía política clásica significaba la única producción como la creación de valores de uso) a la esfera de las condiciones de inversión y producción (creación de valores). En el volumen III de El Capital sostiene que "el volumen de las masas de las mercancías producidas por la producción capitalista es establecido por la escala de esa producción y por el imperativo de la expansión continua de ella, y no por una órbita predeterminada de la oferta y la demanda de las necesidades por satisfacer". Con eso, Marx rompió con la noción de equilibrio económico estático resultante de la Ley de Say, que tornaba imposibles las crisis de carácter endógeno, y principalmente las de producción, para él la forma natural de las crisis capitalistas. No sólo eso: Marx estableció también la vinculación de la crisis económica con una revolución política, o, en palabras de Engels (en su introducción a la reedición de Las luchas de clases en Francia, en 1895): "Marx extrajo, con toda claridad, de los mismos hechos, lo que hasta entonces no fuera sino deducido, semi-apriorísticamente, de materiales insuficientes, esto es, que la crisis del comercio mundial, ocurrida en 1847, era la verdadera madre de las revoluciones de febrero y marzo".


 


La crisis de 1848, la primera en influir los trabajos de Marx y Engels, fue en cierto modo la última y tal vez la peor catástrofe económica del Antiguo Régimen. Sin embargo, en ella se encontraban presentes, simultáneamente, elementos del capitalismo moderno. La siguiente crisis se produjo en 1857 y estaba relacionada con el desarrollo de grandes cantidades de oro en circulación en los mercados mundiales, elevada en alrededor de un tercio entre 1848 y 1856, debido al descubrimiento de depósitos minerales en California y Australia. Las tasas de interés sufrirán una fuerte caída, condicionando el movimiento internacional de capitales y mercancías. La crisis comenzó en los Estados Unidos, que había recibido una gran cantidad de población inmigrante y una gran cantidad de capital invertido en la especulación de tierras y ferrocarriles. El primer síntoma de la crisis aparece con la quiebra, en julio de 1857, del banco The Ohio Life Insurance and Trust Company, dedicado a especular en ferrocarriles, causando pánico financiero en la bolsa norteamericana, que se extendió a las bolsas de valores de Europa, y afectó a sectores de la industria siderúrgica y textil, causando desempleo. En 1859 sus efectos se habían reducido, el aumento del desempleo se había detenido y los precios empezaron a subir nuevamente.


 


Las crisis capitalistas tendían a ser mundiales. El locus histórico de la crisis era el mercado mundial, que es la base de existencia del capitalismo aunque éste lo ha precedido históricamente. La lógica del capital es el desarrollo dialéctico (contradictorio) de su génesis histórica. Dice Marx: "No hay duda de que las grandes revoluciones de los siglos XVI y XVII, así como los descubrimientos geográficos y sus consecuencias sobre el comercio y el desarrollo del mercado de capitales, constituyen un factor que aceleró el paso del modo de producción feudal al capitalista… La base de este último es el propio mercado mundial. Por otro lado, la necesidad inmanente del capitalismo de producir una escala cada vez mayor requiere de una extensión permanente del mercado mundial, de modo que no es más el comercio que la revolución de la industria, sino todo lo contrario".


 


Del auge a la crisis


 


A partir de la década de 1870, los mecanismos que vinculan los precios agrícolas y la crisis industrial desaparecerán definitivamente. La escasez de alimentos será sustituida por la sobreproducción relativa. Comenzarán así las crisis modernas, ordenadas por su propio ritmo cíclico interno. Aunque cada crisis tiene características específicas, de modo general ellas se hacían notar por la contracción brutal de la economía, por la dificultad de la eliminación de la producción industrial, por la caída de los precios, las quiebras de muchas empresas, la quiebra del mercado de valores, el desempleo y la reducción de los salarios; en definitiva, las tensiones sociales.


 


En el siglo XIX, la mundialización del capital fue ampliando el alcance y la profundidad de las crisis comerciales y financieras. La crisis económica iniciada en 1873, con el crack de la Bolsa de Viena, alcanzó dimensiones mundiales para llegar a la economía inglesa, centro indiscutido del capitalismo mundial. De inmediato, el crack "austriaco" fue seguido por quiebras bancarias en Austria y luego en Alemania; la industria pesada alemana acababa de conocer, debido al esfuerzo provocado por la guerra franco-prusiana (con la construcción de vías férreas y barcos), un fuerte crecimiento, que se atascó con la elevación de los costos y la caída de rentabilidad; la producción de hierro fundido cayó un 21% en 1874, y su precio tuvo una caída del 37%. El desempleo provocó el regreso de muchos nuevos trabajadores industriales al campo.


 


Luego de 22 años de prosperidad (con algunas interrupciones) entre 1851 y 1873, el capitalismo conoció una crisis de grandes proporciones, su primer crisis contemporánea, que originó una larga depresión, hasta 1895. Para Maurice Dobb, "lo que fue conocido como la Gran Depresión, iniciada en 1873, interrumpida por saltos de recuperación en 1880 y 1888, y continuada hasta mediados de la década de 1890, se convirtió en una línea divisoria entre dos etapas del capitalismo: una etapa inicial y vigorosa, próspera y llena de optimismo aventurero, y más tarde otra apocada, vacilante y, algunos dirían, mostrando ya las marcas de la senilidad y decadencia".


 


La crisis en su inicio fue financiera y estalló en Viena, con la caída de la bolsa de valores, seguirá con quiebras de los bancos de financiamiento austriacos, alemanes y norteamericanos. En los Estados Unidos, la depresión se relacionará con la especulación ferroviaria. La aparición simultánea de dificultades, tanto de un lado como del otro del Canal de la Mancha y del Atlántico, ilustra la integración de las economías industriales en materia comercial, y más profundamente traducida a los movimientos de capitales.


 


En 1873, la crisis no tiene, en principio, un carácter agudo en Gran Bretaña, pero en tanto la prosperidad industrial se interrumpe en ese país se inicia un largo período de depresión. El número de quiebras aumentó constantemente en Inglaterra. En 1878 muchos grandes establecimientos bancarios decretaron la suspensión de pagos; las quiebras bancarias, en lugar de preceder a la crisis industrial, se produjeron en el transcurso de la depresión. Los precios cayeron, las exportaciones inglesas se redujeron en un 25% entre 1872 y 1879, y el desempleo aumentó en una forma sin precedentes en el país pionero de la Revolución Industrial.


 


La rentabilidad cayó abruptamente. La realización del valor producido por cada empresa se tornó más difícil, la competencia era feroz, la situación de las empresas se volvía cada vez más precaria. Así, cualquier cosa podía desencadenar en crisis: un rumor en la bolsa, un mercado perdido, una empresa o un banco que interrumpe los pagos, eran suficientes para activar un engranaje incontrolable. Pero la "chispa" apenas dejaba entrever un fenómeno profundo, determinado por la sobreproducción y por la caída tendencial de la tasa de ganancia. En palabras de Marx, en el Libro III de El Capital, la acumulación, la sobreproducción y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia son dos caras de una moneda: la "caída de la tasa de ganancia y la aceleración en la acumulación son sólo expresiones diferentes de un mismo proceso, ambos indican el desarrollo de las fuerzas productivas. La acumulación acelera la caída de la tasa de ganancia, causando la concentración de trabajo en gran escala y, en consecuencia, una composición mayor de capital. Por otro lado, la disminución de la tasa de ganancia acelera la concentración de capital, su centralización mediante la expropiación de los pequeños capitalistas, de los productores directos sobrevivientes que conservan algo para ser expropiado. La acumulación como masa se acelera, mientras que la tasa de acumulación disminuye junto a la tasa de ganancia".


 


Se desarrolló una nueva era tecnológica, determinada por las nuevas ramas industriales. Surgirán nuevas fuentes de energía (electricidad y petróleo, turbinas, motores de combustión), una nueva maquinaria basada en nuevos materiales (hierro, aleaciones, metales no ferrosos), y las industrias sustentadas en las nuevas ciencias, como la química orgánica. También en una época de mercado de consumo doméstico, iniciado en los Estados Unidos y desarrollado por el aumento de los ingresos de las masas trabajadoras, impulsado por el crecimiento sustancial de la población en los países desarrollados. De 1870 a 1910, la población de Europa creció de 290 a 435 millones, en Estados Unidos de 38,5 a 92 millones. Llegó el período de producción en masa, incluidos algunos bienes de consumo duraderos.


 


La "depresión del comercio" fue, ciertamente, universal. Sin embargo la producción mundial, lejos de estancarse, continuó en aumento entre 1870 y 1890. El crecimiento del comercio internacional continuó siendo impresionante, aunque ahora con tasas menos vertiginosas que antes. Fue precisamente en esas décadas que las economías industriales estadounidense y alemana avanzaron a pasos agigantados, y la revolución industrial se extendió a otros países, como Suecia y Rusia. Muchos de los países ultramarinos recientemente integrados a la economía mundial conocerán un salto en su desarrollo. En palabras de Hobsbawm, "lo que estaba en cuestión no era la producción, sino su rentabilidad".


 


La era liberal había sido la del monopolio industrial inglés, dentro del cual las ganancias están garantizadas por la competencia de las pequeñas y medianas empresas. La era "post-liberal" se caracterizó por una competencia internacional entre las economías industriales nacionales rivales (la inglesa, la alemana, la norteamericana); una competencia feroz por las dificultades que las empresas enfrentaban dentro de cada uno de estos países (en el período de la depresión) para obtener ganancias adecuadas. La competencia dio lugar a la concentración económica y al control del mercado. Todo esto reforzaba las crecientes rivalidades


políticas, fundiéndose en la lucha por territorios y la caza de "esferas de influencia", que fue llamada imperialismo.


 


La nueva estructura de organización económica fue, después, denominada "capitalismo monopolista". La crisis abrió espacio para la monopolización creciente de las economías nacionales, y permitió la intensificación de la expansión imperialista, afilando la tensión entre las principales potencias capitalistas. Los límites del liberalismo económico aparecerán definitivamente. La teoría del laissezfaire triunfó en tanto perduraron las condiciones históricas favorables a la adopción de una política y una economía liberales. En Gran Bretaña de mediados del siglo XIX, más que cualquier otro país del mundo, estas condiciones estarán presentes, hasta que la gran depresión de 1873-1896 los golpeó, como había alcanzado a todos los países o colonias integrantes del sistema económico capitalista. La expansión geográfica del capital y la exploración de los mercados extranjeros que da inicio al imperialismo capitalista, fue, para Europa, la solución a la crisis.


 


El neo-colonialismo


 


Más allá de una tendencia al proteccionismo económico (con la excepción importante de Gran Bretaña) se desarrolló una nueva suerte de conquista colonial, en dirección de Asia y África. La conexión entre estos fenómenos tomó algún tiempo para establecerse. En la década de 1890, Friedrich Engels, en el prólogo de la primera edición de los volúmenes II y III de El Capital, trató de situarlo en el contexto del desarrollo histórico general del capitalismo: "La colonización es hoy una efectiva filial de la Bolsa, el interés por el cual las potencias europeas parten al África, es entregarla enteramente a sus empresas". Es decir, no era una colonización como las anteriores. El ritmo de expansión (560 mil km2 por año) tampoco tenía precedente.


 


La base del proceso fue la madurez del capitalismo metropolitano. En el siglo XIX, el capitalismo se convirtió en el modo de producción dominante, destruyendo formas pre-capitalistas en varios países europeos de modo desigual. La depresión de 1873-1895 no fue una caída, pero sí una desaceleración. El capital penetró también en los países con escaso desarrollo industrial, conservando su soberanía nacional (la ya mencionada Rusia, o la mayoría de América Latina), sino también otras regiones -Asia y África, sobre todo- que se convertirán en colonias. Por último, penetraron en territorios vacíos, o vaciados por medio de genocidios, en las Américas. Sobre la base del desarrollo del comercio mundial (cuyo volumen se multiplicó por diez entre 1848 y 1914) el movimiento fue desigual y contradictorio: en los países adelantados la industria avanzó, especialmente la pesada; los países se urbanizan, la renta nacional progresa, así como el porcentaje de los trabajadores industriales. En otros países la "modernización" llegó a un ritmo más lento, y en algunos casos con estancamiento e incluso regresión. El violento movimiento de re-colonización del planeta permitió al capitalismo (europeo, principalmente) salir de la Gran Depresión. Pero el "remedio" ampliaba las contradicciones a escala inédita.


 


Para Bujarin, el imperialismo era "la reproducción ampliada de la competencia capitalista". Al comenzar el siglo XX, más de la mitad de la superficie terrestre, y más de un tercio de la población mundial, se encontraba en las colonias. El 56% de la superficie estaba colonizada por potencias cuya superficie apenas superaba el 12% total de las tierras emergidas, esto pese a que las potencias incluyen dos naciones de dimensiones continentales (Estados Unidos y Rusia). En los territorios directamente colonizados habitaba más del 34% de la población de la tierra, sin incluir la de las llamadas semicolonias (China, Argentina o Brasil, por ejemplo).


 


Las bases económicas del imperialismo


 


Dentro de Europa, el antiguo monopolio industrial de Inglaterra se debilitó en el último cuarto del siglo XIX, ya que otros países metropolitanos, por medio de las políticas arancelarias proteccionistas, se habían transformado en Estados capitalistas independientes que competían exitosamente con Inglaterra en las ramas de producción más importantes. En los albores del siglo XX asistimos también a la formación de asociaciones monopolistas de capitalistas en todos los países de capitalismo desarrollado; y al creciente monopolio mundial de unos pocos países ricos, en los cuales la acumulación de capital alcanzará proporciones gigantescas.


Se constituye un "enorme excedente de capital" en los países avanzados. En un famoso folleto, publicado en 1916, Lenin resumió: "Lo que caracteriza el viejo capitalismo, el cual dominaba plenamente la libre competencia, fue la exportación de mercancías. Lo que caracteriza al capitalismo moderno, donde impera el monopolio, es la exportación de capital". Entre 1848 y 1875, las exportaciones (de mercancías) europeas se habían más que cuadruplicado, mientras entre 1875 y 1914 sólo se duplicarán.


 


El capitalismo genera un "exceso de ahorro", las oportunidades de inversión eran más raras en los países capitalistas. La alternativa de invertir en el extranjero, donde la tasa de ganancia del capital era mayor, era lo "mejor" para los capitales excedentes en las metrópolis, para invertir en espacios económicos vacíos con mano de obra y materias primas baratas y en abundancia. Marx llegará a la conclusión de que se producía un movimiento de capitales desde los países más adelantados hacia los más atrasados, en la búsqueda de mayores tasas de beneficio. Se generaba una tasa de beneficio medio internacional, en el que las tasas de ganancia de los países ricos están por debajo de la media internacional y la de los pobres por encima, de lo que era la base de los superbeneficios de los monopolios.


 


Según Lenin, el capital monopolista expresaba las leyes básicas del movimiento del capital en condiciones históricas específicas: "Este cambio se debe al desarrollo, expansión y ampliación de las tendencias más profundas y esenciales del capitalismo y de la producción de mercancías en general. El intercambio comercial crece, aumenta la producción. Estas marcadas tendencias fueron observadas a lo largo de los siglos en todo el mundo. Pero, en cierto nivel de desarrollo del intercambio, en un cierto grado de desarrollo de la gran producción, el movimiento del comercio determinó una internacionalización de las relaciones económicas y de capital; la gran producción adquirió tales proporciones que los monopolios sustituyeron a la libre competencia". La tendencia de los movimientos de capitales fue definida por la diferencia en la tasa de ganancia de región a región, de país a país. Hasta que, finalmente, la división económica y política del mundo se completó, incluyendo las últimas zonas no ocupadas. Entonces comenzó la lucha por la redistribución entre las asociaciones monopolistas y sus Estados, en busca de nuevos mercados y fuentes de materias primas: "Las etapas de reparto pacífico fueron sucedidas por el impasse en que no hay nada que distribuir. Los monopolios y sus Estados proceden entonces a una repartición por la fuerza. Las guerras mundiales inter-imperialistas se transformarán en un componente orgánico del imperialismo".


 


Para que eso suceda, fue necesaria una fusión inédita entre el capital (monopolista), el interés privado y el Estado, supuesto representante del interés público, subordinando el segundo al primero, transformando cualitativamente la función del Estado en un proceso en que la apariencia invertía la esencia, pues se manifestaba como la "estatización de la vida social": el Estado absorbiendo las funciones antiguamente desempeñadas de modo independiente por la "sociedad civil", se transformó en un monstruo multitentacular, proceso que fue estudiado por Nikolai Bujarin en Elimperialismoy la economía mundial (donde el teórico bolchevique utiliza la imagen del "nuevo Leviatán" para referirse al Estado imperialista).


 


El monopolio industrial cambió la composición y la organización de la clase obrera, así como su composición política. La organización del movimiento obrero acompañó, rápida pero tardíamente, la concentración económica. Los sindicatos formados en la expansión de finales de la década de 1880 reclutarán a los trabajadores de todos los niveles de cualificación, y adoptarán muchas formas de organización. Muchos sindicatos se fusionaron para formar "sindicatos gigantes" (dos de los cuales incluirán alrededor de una cuarta parte del total de miembros de los sindicatos británicos). La clase obrera se transformó en una fuerza social incontenible, en una manera sin precedentes. La política en las metrópolis capitalistas cambiaría definitivamente debido a este hecho.


 


Fue en el apogeo del imperialismo británico que surgió en Inglaterra, antes que en Europa continental, el primer movimiento reformista de políticos socialistas, a saber: el abandono de la vía revolucionaria para oponerse a la explotación capitalista. El gradualismo reformista de la "Fabian Society", por ejemplo, se contraponía explícitamente al socialismo revolucionario marxista. Los fabianos participarán en numerosas luchas por la mejora material y moral de la clase obrera. Pero harán esto apoyando explícitamente la política imperialista de Inglaterra, que era, supuestamente, benéfica a la economía inglesa en su conjunto y, por lo tanto, también para las clases populares. Junto con los trade-unions (sindicatos), la Fabian Society fue un punto de apoyo para la creación del Labour Party en 1906.


 


Inglaterra no pudo, durante el período de auge económico de 18901914, responder al desafío de la "segunda revolución industrial". Su industria estaba vinculada con los viejos productos, no con los nuevos. En el mismo período, el sistema financiero se desarrolló de forma similar al industrial y comercial. Inglaterra perdió importancia en relación con el período 1870-90, en que Londres dominaba absolutamente los mercados financieros; París había desaparecido, y Berlín no era todavía un candidato para centro financiero internacional. Nueva York, capital financiera de los países deudores, todavía estaba poco desarrollada en ese sentido.


En los veinte años siguientes, al contrario, las grandes instituciones se desarrollarán en los principales países europeos y en los Estados Unidos. El sistema oro se extendió a todas las naciones. En esos años asistimos a la transformación de un sistema monetario internacional basado en la certeza de la paz, por otro que expresó la esperanza de la explosión de una guerra de dimensiones mundiales.


 


Debates teóricos


 


En ausencia de una teoría marxista general sobre la época, ya que no faltaban autores liberales como Hobson, la tarea correspondió a Rudolf Hilferding. El la formuló en su Capital financiero, de 1910, donde analizó de modo pionero la nueva figura del capital, resultante de la fusión entre el capital bancario y el capital industrial. Respecto de la crisis, Hilferding sustentó la idea de que, si se produce en las proporciones correctas, la producción podría crecer indefinidamente sin que ello conduzca a una sobreproducción de mercancías. Las crisis no podrían explicarse por subconsumo. Hilferding atribuye especial importancia a los movimientos acumulativos como a los efectos de los desequilibrios parciales de los diferentes cambios de precios, los momentos de atraso y los factores institucionales. Observó, por ejemplo, el efecto de aumentos irregulares de la oferta, los cuales deben ser atribuidos a largos plazos de maduración de las inversiones, y que multiplican, a su vez, el peligro de inversiones exageradas cuanto más dure el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Ya había, en la obra de Marx (en la teoría sobre la plusvalía) fragmentos claros que vinculaban la sobreproducción con el consumo: "El excedente se deriva precisamente del hecho de que la persona promedio no puede consumir más que una cantidad media de los medios de subsistencia; ya que su consumo no crece en proporción a la productividad del trabajo". La demanda de un "equilibrio dinámico" del capitalismo a partir de los esquemas de reproducción de Marx no se justificaba teóricamente, sin embargo, a partir de ellos.


 


La Gran Depresión reposicionó el problema del estatuto teórico de la crisis en la teoría económica. Para Fritz Sternberg, "en el capitalismo, el problema de la


reproducción en escala ampliada no puede separarse del fenómeno de la crisis. Es evidente que la crisis hace su aparición como resultado de la reproducción ampliada. Cuando tiene lugar la reproducción simple -como ocurrió durante siglos en estamentos económicos precapitalistas (tanto en Egipto como en la India, China y Europa en la Edad Media)- quiere decir, cuando el plustrabajo es absorbido por el consumo personal de la clase de los señores, la crisis, que es específica del capitalismo, resulta imposible. Cuando se producían desequilibrios en el proceso económico, éstos se originaban en factores extra-económicos".


 


Entre tanto, en medio del auge económico producido por la consolidación del imperialismo, M. J. Tugan Baranowsky sostuvo que: 1) El sistema capitalista no se enfrentaba a problemas de realización y que, por lo tanto, podía reproducirse de manera ampliada de modo indefinido; 2) Puesto que no existían problemas de realización, las crisis y los desequilibrios debían ser interpretados como simples "desproporciones"; 3) Si el sistema se desarrollase, debían ser consideradas falsas las otras teorías de la crisis que Tugan creía reconocer en la obra de Marx; a saber, la teoría de la caída tendencial de la tasa de ganancia y la teoría del sub-consumo. Aunque muy criticado, Tugan tuvo una influencia decisiva en toda una generación de economistas marxistas, al deducir el equilibrio tendencial del capitalismo de modificar los esquemas de reproducción ampliada de Marx. La posición de Tugan encontraría partidarios incluso muchos años después.


 


Para Otto Bauer, sólo la anarquía de la producción (la ausencia de un plan) sería responsable por las crisis. En Kapitalismus und Sozialismus nach dem Weltkrieg, de 1931, escribió: "Ninguna profundización de las investigaciones sobre la situación, de los análisis de mercado, la planificación dentro de cada fábrica, puede detener esa fuente, de la que emana una gran cantidad de elementos antieconómicos; al menos en cuanto la propia sociedad no dirige sus aparatos productivos, y no regula su renovación y ampliación con base en un plano social, uniformemente repartido para cada año y proporcionalmente redistribuido a cada una de las ramas de producción". Años más tarde, en Zwischen Zwei Weltkrieg, de 1936, vincularía la caída de la tasa de ganancia con la tasa de plusvalía: "Cuando la tasa de plusvalía ya no aumenta, o no aumenta lo suficientemente rápido como para compensar el incremento de la composición orgánica del capital, comienza a descender la tasa social de beneficio. Tan pronto como los capitalistas descubren que la tasa de ganancia desciende, los dividendos de las empresas por acciones comienzan a caer, se presenta el desastre financiero. La crisis es verificada apenas cuando comienza a descender la tasa de ganancia, luego ella tiene que descender debido a que el aumento de la composición orgánica del capital no puede ser ya compensado por el aumento de plusvalía".


 


Para la economista polaca Natalie Moskowska, más radical en ese punto de vista, en Das Marxzche System, de 1929, la caída tendencial de la tasa de ganancia simplemente no existía. Pero, independientemente de citas aisladas, la estructura interna de la argumentación de Marx sobre las crisis se refería a la caída de la tasa de ganancia, que a su vez deriva de las contradicciones de la reproducción del capital. Lo máximo que sería posible decir en este plano, es que la economía capitalista está en equilibrio cuando la producción de bienes de producción causa una demanda de bienes de consumo igual a la demanda de bienes de producción, causada por la producción de bienes de consumo, lo que tiene un valor puramente lógico.


 


En los artículos de Die Neue Zeit, de 1901-1902, Karl Kautsky, máximo ideólogo de la Internacional Socialista tras la muerte de Engels, atacó las teorías de Tugan-Baranowsky, sin atacar, sin embargo, la "teoría de la desproporcionalidad" (como causa fundamental de las crisis). Este autor señaló que toda la producción tiene como objetivo final la producción de bienes de consumo. El equilibrio, en sí mismo, carecía de significado práctico, ya que "los capitalistas y los trabajadores que explotan, proporcionan, con el crecimiento de la riqueza de los primeros y del número de los segundos, lo que constituye ciertamente un mercado para los medios de consumo producidos por la industria capitalista; el mercado crece, sin embargo, menos rápidamente que la acumulación de capital y el aumento de la productividad del trabajo. La industria capitalista debe, por lo tanto, procurar un mercado adicional fuera de su dominio en las naciones no capitalistas y en los grupos de población en la misma situación. Encuentra tal mercado y se expande cada vez más, pero no con la velocidad necesaria… De esa forma, cada período de prosperidad, que sigue a una significativa ampliación del mercado está destinado a una vida breve, y la crisis se convierte en un fin necesario".


 


Llegaría, entonces, una época en que "la sobreproducción será crónica para todas las naciones industriales. Incluso entonces, los altibajos de la vida económica son posibles y probables; una serie de revoluciones técnicas, que desvalorizan la masa de los medios de producción existentes exigen la creación a gran escala de nuevos medios de producción, el descubrimiento de nuevos yacimientos ricos en oro, etc. Incluso pueden, por un tiempo estimular el ritmo de los negocios. Pero la producción capitalista requiere una expansión ininterrumpida, rápida, para que el desempleo y la pobreza de los trabajadores, por una parte, y la inseguridad del pequeño capitalista, por el otro, no lleguen a una tensión extrema. La existencia continua de la producción capitalista perdura incluso en ese estado de depresión crónica, pero se vuelve completamente intolerable para la masa de la población; ésta es forzada a procurar una salida a la miseria general, y sólo puede encontrarla en el socialismo". Esbozada esta teoría de una "depresión crónica" como futuro del capital, Kautsky no fue más allá.


 


Imperios en colisión


 


La principal consecuencia del imperialismo fue intensificar los conflictos entre las potencias europeas. Hasta 1870, la única potencia realmente mundial era Inglaterra, que poseía un imperio que comenzó a formarse en el siglo XVII, con una marina cada vez más eficiente, y una política económica liberal a partir de mediados del siglo XVIII. La condición histórica que diferenciaba al país era que la burguesía había hecho una revolución victoriosa, que le permitió crear condiciones institucionales favorables. Después de las revoluciones del siglo XVII, Inglaterra se consolidó como un imperio colonial.


 


Desde 1870, cuando Italia y Alemania concluían su unificación nacional, la competencia internacional y las relaciones entre los países se tornaron más complejos. Surgirán grandes bloques de poder. Los Estados, llevados a una concurrencia política creciente con los vecinos, establecerán alianzas para evitar el aislamiento. La primera alianza internacional fue la austro-alemana de 1879, que se transformó en la Triple Alianza en 1882, con el ingreso de Italia. Francia, aislada, buscó sus propios aliados: primero Rusia, con la que firmó una alianza en 1894, y en seguida, en 1904, Gran Bretaña. Finalmente, el acuerdo anglo-ruso de 1907 hizo surgir la Entente Cordiale. Los bloques beligerantes de la Primera Guerra Mundial estaban ya formados.


 


Las potencias llegadas tardíamente en la carrera colonial enfatizarán, política e ideológicamente, la idea de su superioridad nacional. En 1894 se creó la Liga Pan-germánica (All-Deutscher Verband). Comenzó por reivindicar los territorios en que se hablaba alemán, o un dialecto germánico: teoría de la Muttersprache (lengua materna) y, después, de los territorios que en el pasado habían sido "alemanes" (teoría de la "Gran Alemania"). Ya se manifestaba también la teoría de la raza selecta.


 


Los conflictos inter-imperialistas no se limitarán a las potencias coloniales dominantes. La principal rivalidad anglo-francesa ocurrió en Indochina. Los ingleses buscaban asegurar su imperio en la India, avanzaron al este (Birmania), y a Malasia, al norte. Los franceses, intentando llegar a China, ocuparon sucesivamente Camboya, Cochinchina, el Golfo de Tonquin y Laos; a medida que se instalaban, sus intereses se fijaron en la exploración de recursos naturales: minerales, carbón, seda, arroz, etc. Los rivales se enfrentaron en Siam (Tailandia), disputa resuelta por los acuerdos de 1896 y 1907 que establecieron áreas de influencia en la región.


 


La rivalidad anglo-rusa, a su vez, había sido una constante en la cuestión relativa al Imperio Otomano. Esa rivalidad se reflejó en Asia, debido a la decisión de Rusia de expandirse al Asia Central (Turquestán) en la década de 1880, aproximándose así a las fronteras de la India, principal colonia inglesa. En respuesta, Inglaterra impuso un cuasi protectorado sobre Afganistán, que se constituyó así en un Estado tapón entre dos potencias. La tensión llevó a la inminencia de una guerra anglo-rusa, provisoriamente sofocada.


 


La rivalidad ruso-japonesa por la supremacía en el Pacífico eclosionó en la guerra de 1905, ganada por Japón. La guerra concluyó con el tratado de Portsmouth (New Hampshire, Estados Unidos), el 5 de agosto de 1905. Los Estados Unidos inauguraron, con la mediación del presidente Theodore Roosevelt, su ascenso como potencia con aspiraciones mundiales. En su intervención en la guerra hispano-americana (1898), con la ocupación de las Filipinas, en la represión de los Boxer en China (1902), y en su arbitraje en el conflicto ruso-japonés, se diseñaban las bases del imperialismo norteamericano. La victoria sobre Rusia permitió a Japón, a su vez, ascender a la categoría de potencia mundial: su gobierno invirtió en la industria militar, el imperialismo japonés se desenvolvió aún más.


 


En Europa, desde Alemania, Francia agitaba la cuestión de Alsacia- Lorena preparando a su opinión pública para una guerra (el trasfondo fue una disputa franco-germánica por el norte de África). Inglaterra, principal potencia colonial, pretendía mantener el statu quo, apareciendo como defensor de la paz (británica). Rusia abogaba por una cuestión nacional, con un ojo en el inminente desmembramiento del obsoleto Imperio Otomano. Italia, potencia menor, reivindicaba territorios del decadente imperio de los Habsburgo (austríaco), y algunos despojos del propio Imperio Otomano (la Entente le ofreció Trentino, Trieste y Valonia).


 


La tendencia a la guerra mundial no era, por lo tanto, más aleatoria que la propia crisis económica. La contradicción entre el desenvolvimiento mundial de las fuerzas productivas capitalistas y el estrecho marco de los Estados nacionales era la forma en que la crisis capitalista asumía dimensiones mundiales. La guerra "europea" sería, por lo tanto, la primera guerra mundial. La tendencia básica de la crisis del capital (la sobreproducción de mercancías y de capital) tiende a ser equilibrada por la exportación de capital: con el entrelazamiento creciente entre monopolios y Estado, la competencia capitalista, en el plano mundial, se transformaba en una competencia entre Estados y en su consecuencia lógica: la guerra.


 


Cuando la guerra de hecho estalló, no era por lo tanto en terreno virgen que Lenin afirmaría: "La guerra europea, preparada durante decenas de años por los gobiernos y los partidos burgueses de todos los países, reventó. El crecimiento de los armamentos, la intensificación de la lucha por los mercados, en la actual fase de desarrollo imperialista de los países capitalistas avanzados, los intereses dinásticos de las monarquías más atrasadas -de Europa Oriental- tenían que, inevitablemente, conducir a la guerra, y dirigirla. Apoderarse de territorios, y subyugar a las naciones extranjeras, arruinar la nación competidora, robar sus riquezas, desviar la atención de las masas trabajadoras de las crisis políticas internas de Rusia, de Alemania, de Inglaterra y de otros países, dividir y engañar a los trabajadores con la mentira nacionalista, diezmar a su vanguardia para debilitar al movimiento revolucionario del proletariado; tal es el único contenido real, o verdadero significado de la guerra actual. La burguesía alemana se encuentra a la cabeza de un grupo de naciones beligerantes. Engaña a la clase obrera y a las masas laboriosas, asegurando que hacer la guerra para defender la patria, la libertad y la cultura, para liberar los pueblos oprimidos por el zarismo, para destruir al zarismo reaccionario". La guerra mundial sólo podría ser entendida como revuelta de las fuerzas productivas sociales contra el marco, vuelto históricamente estrecho, de las relaciones capitalistas de producción y de los Estados nacionales, que abría la era histórica de la revolución socialista.


 


 


Este libro se terminó de imprimir en abril de 2010 en Impresora Balbi SA, Av. Crisólogo Larralde 5820, Wilde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina