El 11 de septiembre de 2023 se cumple medio siglo del golpe genocida que derroca a Salvador Allende, instalando un régimen de terror basado en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de trabajadorxs y estudiantes -en su mayoría muy jóvenes- organizado por el gran capital chileno junto al imperialismo, en el que tuvo un papel fundamental la CIA. Las consecuencias de este golpe fueron un arrasamiento sin igual de los derechos de la clase obrera, la liquidación de sus organizaciones sindicales y políticas, la destrucción del régimen jubilatorio mediante su privatización que se expresó en las AFP, la destrucción del salario, la privatización de la salud y de la educación.
Tras 17 años de gobierno de facto, la misma clase social que promovió el golpe, la burguesía nacional y trasnacional, buscó un cambio de frente, que en sus diferentes variantes tuvo como finalidad una salida gatopardista, esto es, un pinochetismo sin Pinochet. La “transición democrática” a cargo de la Concertación principalmente, pero también de la derecha, sostuvieron en esencia el régimen pinochetista, sin alterar un ápice las medidas antiobreras que mencionamos. Las reformas posteriores a la constitución de Pinochet sólo buscaron remozarla rescatando su núcleo neoliberal y represivo para culminar con el objetivo de imponer los lineamientos de la dictadura contra la clase trabajadora. La clase capitalista que se benefició con el golpe, adopta un ropaje “democrático” para salvaguardar los beneficios que les reportó. El clan Edwards, la familia Yerur como ejemplos insignias de la burguesía golpista que en la actualidad usan su poderío para defender con uñas y dientes el legado pinochetista. Siguen recolectando los cuantiosos beneficios de las privatizaciones iniciadas durante la dictadura y profundizadas en la transición democrática. En definitiva, la misma clase que promovió y sostuvo a Pinochet es que sigue manejando, en la actualidad, los hilos económicos y políticos del país.
La enorme rebelión popular que se inicia el 18 de octubre de 2019, cuyo detonante fue el aumento del transporte en 30 pesos, expresó el hartazgo de trabajadorxs, estudiantes y oprimidxs que se sintetizó en la máxima ”No son treinta pesos, son treinta años”, es decir, una manifestación contundente respecto al significado que tuvo el relevo de Pinochet por parte del conjunto de las expresiones políticas que pasaron a dirigir el destino de la política del país.
Esta publicación contiene artículos críticos de la política de la Unidad Popular y de Allende, cuyo gobierno cumplió la función de desarmar política y organizativamente a la clase obrera, debilitándola de modo sistemático, mientras la clase capitalista y el imperialismo preparaban minuciosamente el golpe de estado. El “pacto de garantías” firmado por Salvador Allende comprometiéndose a que su gobierno no iba a ser un gobierno obrero y campesino, fue el primer paso en ese sentido, la aplicación de la ley de requisa de armas contra los cordones industriales, en circunstancias del boicot y desabastecimiento de la gran patronal camionera fue un paso decisivo, con la colaboración de la dirección stalinista de la CUT, que desarmó una organización obrera capaz de enfrentar y derrotar el golpe. Del mismo modo que la designación de militares en su gabinete, destacándose en el mismo el genocida Augusto Pinochet, con el agravante de su llamado a confiar en las fuerzas armadas por considerarlas democráticas. Es que la Unidad Popular fue la expresión cabal de un gobierno de Frente Popular, cuya función es someter a la clase obrera y a los oprimidos a la política de la burguesía estrangulando su independencia política, su iniciativa y una salida revolucionaria y socialista, que sólo puede obtenerse mediante la ruptura con el estado y los partidos burgueses.
Cincuenta años después del golpe, y cincuenta y tres después de la asunción de Allende a la presidencia, la mayoría de las organizaciones de izquierda continúan reivindicando el gobierno de la UP o definiéndose como allendistas directamente, hecho cuyas implicancias son objeto de nuestra preocupación en nuestra condición de organización socialista y revolucionaria. Consideramos elemental un balance crítico del período para extraer las conclusiones necesarias acerca del papel que le cupo a Allende y su gobierno en la maduración de la contrarrevolución y en la derrota catastrófica sufrida por la clase obrera y el aplastamiento del conjunto de sus conquistas. La mentada “vía chilena al socialismo”, no fue otra cosa que un monumental despliegue para evitarlo.
Ello considerado a la luz de que la rebelión popular del 2019 ha retrocedido y ha logrado ser estrangulada por quienes han conducido la fracasada convención constituyente, que de forma deliberada colocó a las aspiraciones de las masas en un callejón sin salida porque en primer lugar no fue soberana ya que se realizó en coexistencia con el gobierno de Piñera, sin su destitución, y con un parlamento antiobrero funcionando, y, por lo tanto, no ejerció todo el poder. Hoy la fuerza policial carabineros no sólo no fue reformada sin que cuenta con facultades para ejecutar chilenas en los procedimientos y lograron una impunidad retroactiva a raíz de la Ley Naim Retamal; el régimen jubilatorio continúa en manos de las AFP; los salarios en su mayoría están por debajo de la línea de la pobreza; las reivindicaciones de los pueblos originarios son combatidas con la militarización desde el gobierno de Boric; las condiciones de trabajo son esclavizantes tienen como característica común la flexibilidad laboral… todas rémoras del pinochetismo. Como resultado de la política del gobierno del FA/PC la derecha se ha fortalecido, fenómeno que se ha expresado en las últimas elecciones. Boric, lejos de apoyarse en el movimiento obrero y en la lucha de la juventud, ha venido a debilitar y desorganizar el enorme ímpetu de la rebelión de 2019, adaptándose claramente a la derecha, retrocediendo incluso respecto a los planteos allendistas, que al menos de palabra han repudiado el golpe y el genocidio. El gobierno de Boric ya no puede disimular su finalidad estratégica de defender a como sea el estado burgués, sobre la base de una nueva derrota de las masas chilenas, en principio pacífica. En definitiva, tempranamente ya dió muestras de ello a partir del rol protagónico que jugó en el pacto del 15 de noviembre de 2019 contra el pueblo movilizado. Las declaraciones de los funcionarios del presidente, como las suyas propias expresan sin disimulo este propósito. La senadora comunista Ana Pascual dijo esperar que la conmemoración , en septiembre próximo, sirva a Chile para “sanar la herida institucional” que provocó el quiebre democrático. En noviembre de 2022 Boric encabezó una reunión que tenia la finalidad de considerar la conmemoración del golpe de septiembre de 1973, en la que reclamó que ésta “ no sea una conmemoración nostálgica ni tampoco polarizante”y ya en 2023 agregó un concepto con similar intención pidió “que la conmemoración de los cincuenta años del golpe no sea una cuestión de trincheras” sino que “se valore la democracia y el diálogo”. Nos pretenden reconciliados con quienes masacraron a miles, cuyos crímenes siguen impunes. Y que nos resignemos a la injusticia frente a las masivas violaciones a los ddhh perpetradas no sólo durante la dictadura, sino hace poco más de 3 años. No hay en las declaraciones de Boric y sus funcionarios, ni siquiera un intento de disimulo. El gobierno de Allende, al menos hablaba de socialismo y pretendió que alcanzarlo sería por la via institucional; llevó así a una de las peores derrotas a los trabajadores y oprimidos chilenos. Boric ha llamado al pueblo chileno a abandonar la lucha y someterse a la explotación y miseria, a lxs jubilados a morir de hambre, a los sin techo a vivir en la indigencia, en nombre de la democracia.
La Fuerza 18 de octubre sostiene lo contrario y llamamos a un frente único de quienes se reclaman socialistas y revolucionarios a oponerle el combate que defienda la independencia política de la clase obrera respecto al estado burgués, aun el más democrático, a destruir toda remora del pinochetismo, a poner en pie la organización de explotadxs y oprimidxs para preparar el camino hacia un gobierno de las y los trabajadores, lo cual implica enfrentar a todos los gobiernos del capital, incluido el de Boric para obtener un salario igual al costo de la canasta familiar, la estatizacion de las jubilaciones bajo gestión de trabajadores activos y jubilados, la educación estatal, laica y gratuita única, suprimiendo la educación privada en todos los niveles, la ruptura con el FMI y los organismos financieros internacionales, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la defensa de las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en hospitales públicos. Solo un gobierno de la clase obrera podrá terminar con el pinochetismo bajo cualquiera de las formas en que se exprese. Esto demanda la delimitación no solo del gobierno de Boric sino que también con el allendismo. Con este texto vamos a fondo a un debate fundamental que, en rigor, es determinante para el futuro de la clase obrera y el pueblo chileno, pero también para los trabajadores de América Latina.
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