Con la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de los correos, el escándalo de la “mensualidad”, la caída del ministro-jefe de la Casa Civil, y la caída catastrófica de la dirección del PT, la crisis política brasileña entró en un tramo inédito, obligando a Lula da Silva a una reforma ministerial que, al mismo tiempo que se inclina más hacia la derecha, evidenció el desvanecimiento del proyecto político centroizquierda. Para el editorial de O Estado de Sao Paulo (26/6), “el presidente dio muestras de comprender que la conquista de un nuevo mandato ya no puede ser más su proyecto prioritario”: lo que se impone es la simple supervivencia del propio gobierno.
La Bolsa festejó con una notable recuperación el anuncio de la renuncia del jefe de gabinete y mano derecha de Lula. Al día siguiente, el ministro de Economía, Antonio Palocci, anunció un ambicioso plan de exenciones fiscales, que implican subsidios por 625 millones de dólares para empresas exportadoras e inmobiliarias. El propio Palocci fue considerado como reemplazante del derrumbado José Dirceu; lo que no se concretó para no sembrar dudas sobre la continuidad de la política económica. Palocci fue uno de los ministros denunciados por el diputado Roberto Jefferson en el festival de corrupción: serán los propios corruptos los que decidirán los cambios en el equipo de gobierno de Lula.
El régimen de compra de diputados y negociados tiene como base el capital financiero, que alcanzó beneficios históricos con el gobierno del partido llamado “de los trabajadores”. A mediados de junio, “una reunión de los principales banqueros del país y de la oposición” (PSDB) concordó en que las denuncias de corrupción debían ser controladas, para no “afectar la economía”. “Los inversores no ven claramente cuál sería el rumbo abierto por los acontecimientos”, dijo el Financial Times, portavoz del gran capital financiero internacional.
Dentro de la burocracia petista, la situación es de implosión. Una parte de la bancada parlamentaria desobedeció la orden de bloquear la conformación de una CPI en el Congreso. Se proyecta la perspectiva de un gobierno de Lula cada vez más distante de su propio partido. El gerente de los fondos de pensión, Luiz Gushiken, había sugerido en la Dirección Nacional del PT que Lula saliese del PT y gobernase como “sin partido”, para ampliar su margen de maniobra. La descomposición del PT y de su gobierno fondomonetarista se impone a todos los protagonistas de la crisis.
Dirceu era afín a la gran burguesía y los monopolios que reclaman una mayor desvalorización del real. Palocci, “blindado”, es un agente del gran capital financiero internacional. Según el analista Tarcísio Holanda, existe la posibilidad de impeachment del presidente, y “el PSDB espera que Lula llegue al final sangrando de tal modo que desista de la intención de luchar por la reelección”. La alternativa “sería construir una candidatura capaz de garantizar la continuidad del programa petista: el nombre contemplado sería el de Antonio Palocci, cuya sensatez y equilibrio son reconocidos hasta por la oposición” (13/7). La continuidad del neoliberalismo sería, entonces, total y explícita.
Para evitarlo, lo que quedó del gobierno de Lula (ahora con la presencia cada vez más importante del PMDB) intenta imprimir desde ahora un rumbo semejante, procurando sellar alianzas con la Fiesp y llegando a enarbolar el plan de Delfim Neto, de “déficit nominal cero”, que elevaría sin techo previsible el superávit primario, transformando el Estado brasileño en un rehén directo del capital financiero internacional, y de las tasas de interés fijadas por la FED (Banco Central) de los EEUU.
En América Latina, el gobierno de Lula (a través de Petrobrás) ha sido el principal “bombero” de la in-surgencia de masas contra las multinacionales en Bolivia, así como de la resistencia antiimperialista en Venezuela, sin hablar de su fallido papel de sustituto de las tropas colonialistas yanquis en Haití. En retribución, el Parlamento paraguayo acaba de votar el permiso de asentamiento de tropas norteamericanas en la región de la Triple Frontera: Brasil quedaría rodeado de tropas de los EEUU, por el Sur (Paraguay) y por el Norte (Plan Colombia).
Debido a la crisis, se profundizó también la política de cooptación y colaboración de clases. A ese objetivo obedece la nominación del dirigente cutista Luiz Marinho para ministro de Trabajo, confirmando la completa integración de la CUT al Estado.
Con la crisis, la política de desgaste de la militancia popular alcanzó su ápice, llevando una reunión de los movimientos sociales, realizada en la misma noche de las denuncias efectuadas por el diputado Jefferson, a emitir una “Carta al pueblo brasileño", que se pronuncia “contra la desestabilización política del gobierno y contra la corrupción: por cambios en la política económica, por la prioridad a los derechos sociales”. La “Carta” lleva las firmas de la CUT, del MST, de la UNE, de la CMP, además de decenas de ONG y otros movimientos sociales.
Ahora, en el medio de la crisis, el gobierno de Lula comenzó a “estabilizarse”, abriéndose más para la derecha, y “blindando” la política económica a través del retuerzo (“blindaje”) de su principal representante. Ese es el rumbo del gobierno: la defensa del gobierno conduce a los “movimientos sociales" a tornarse cómplices de la orientación neoliberal y derechista, que interactúa con la corrupción que se declara querer combatir.
En verdad, la propia corrupción es un producto de esa orientación, pues es el único método posible para gobernar con los representantes del gran capital internacional y nacional, bajo las recetas del FMI. En la reunión referida, solamente la delegación del Andes-SN combatió explícitamente la aprobación de una “Carta” de semejante tenor, que el sindicato nacional no firmó, rescatando un camino independiente para el sindicalismo combativo. Defender el gobierno de una supuesta “conspiración de derecha” en curso, en nombre de un “proyecto de cambio”, significa olvidar que el gobierno de Lula encabeza, no un proyecto de cambio progresivo, sino de regresión social e histórica de Brasil.
Debemos denunciar todas las tentativas de “empujar la crisis”, transformándola en una gigantesca pizza a través de CPI controladas por los congresistas de la “mensualidad”. La suerte de Brasil depende más que nunca de la acción independiente del movimiento de masas. Es necesario abrir una perspectiva política independiente para el movimiento de los trabajadores urbanos y rurales y de la juventud. Impulsando nuestra lucha específica, debemos convocar a todos los movimientos sociales a romper con el gobierno de Lula y con el Estado, y contribuir a abrir un debate en la sociedad toda que atienda la base de esos movimientos, independientemente de la orientación política de su dirección. La “defensa de la ética”, marco restringido en el cual se pretende encerrar la reacción popular contra el espectáculo descarnado de la monumental corrupción política, debe ser colocada en términos de lucha antiimperialista y contra el capital: no habrá ética en un país en el que los corruptores, en primer lugar al gran capital financiero, continúen apropiándose privadamente de la riqueza social producida por los embajadores.
